Eduardo Herrera Velarde
Defensoría Nacional Anticorrupción
Director Ejecutivo
Para Lampadia
En el Perú vivir “cogoteado” es un estado permanente.
Si quieres que un político haga algo -por ejemplo, una ley- tienes que persuadirlo de que eso le generará réditos (y no hablo de dinero).
Si por x circunstancia se te venció el SOAT o, por un día, la revisión técnica, deberás tener mucho cuidado porque podrías encontrarte con un mal policía dispuesto -previo análisis costo beneficio- a proponerte una sabrosa aceitada antes que la multa de ley.
Y si hablamos de “sostenibilidad”, aquel concepto que veo -con todo respeto- algo alejado por el momento de nuestra realidad, la pregunta cae de madura ¿cómo se puede ser empresarialmente sostenible si mucho de la interacción con el Estado depende del manejo extorsivo de algunas autoridades?
El panorama descrito anteriormente me hace pensar si es que vivimos en realidad con genuina intensidad patriótica esa parte de nuestro himno nacional que dice “largo tiempo el peruano oprimido”. Contradiciendo el lema nacional debo de sostener que dudo mucho que seamos víctimas consolidadas y masoquistas frente a la extorsión cotidiana. No, me resisto a creer que a alguien le guste vivir con la sopa de Herodes al cuello.
¿Por qué preferimos pagar antes que denunciar?
Por la misma razón por la que no se denuncia el robo de un celular: tenemos la convicción de que será en vano. Si el acto de denunciar el robo de un celular se convierte en un hecho histriónico y acaso formalista, denunciar un caso de corrupción se vuelve, además, arriesgado y contra natura porque puede inmiscuir al bien intencionado en el lío tormentoso de los pasillos del sistema de justicia. Eso, sin contar el peso de una palabra que ha sido mal dibujada en el imaginario colectivo ya que si denuncias eres un soplón.
Será contra intuitivo decir lo que propongo, pero no se me ocurre otra salida más que empezar a limpiar desde adentro y esto involucra pasos arriesgados y pensar un poco “fuera de la caja” porque la receta tradicional no está funcionando.
Por eso lo primero es fomentar la denuncia, la buena denuncia. Esto podría hacerse mediante la creación de incentivos al que denuncia actos de corrupción. Lo que existe actualmente es una protección -algo sosa- al denunciante y, prácticamente, se le da una palmadita en la espalda por la gracia de meterse en líos. Nadie en su sano juicio lo haría. En cambio, si reconocemos un porcentaje determinado de monto de dinero al que denuncia con éxito fomentaremos que más personas lo hagan y lo hagan bien. Esto, que no es inusual en nuestro país, ya que existe, por ejemplo, un mecanismo similar de incentivos para el caso de denuncias por cartelización ante INDECOPI[1].
Podemos ir más allá incluso. En la India existe una ingeniosa aplicación llamada “I paid a bribe” [yo pagué una coima] que, aprovechando la fuerza de la denuncia colectiva, resalta las denuncias de personas que reconocen haber pagado sobornos. Este es un esfuerzo honesto y sincero para reconocer lo que es, a todas luces patente, muchos pagan sobornos porque no les queda de otra.
Desde luego hay que saber diferenciar acá quienes sobornan extorsionados y quienes se valen del sistema vigente para ser “coimeadores” activos y profesionales.
Obviamente estas iniciativas requieren de una reforma indispensable, integral y apolítica del sistema de justicia porque -y esto lo abordaré en otro artículo- existe mucha “denuncia basura” que, lejos de colaborar con un país mejor, termina por empantanarlo motivando otras corruptelas colaterales. Lampadia
[1] Recuperado de https://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/RES%20N%20037-2019CLC-INDECOPI.pdf
