Jorge Chamot
Diciembre 18, 2024
Para Lampadia
No se trata de hacer un balance, pero no hay mucho que celebrar en el sector minero-energético a finales de este 2024.
Por ejemplo, el gobierno ha adoptado una actitud ciega ante la clara evidencia y las muchas opiniones por demás informadas en afrontar el problema de PETROPERU. Todo parecería que va a ser más de lo mismo y la decisión ya está tomada de “patear la lata” para que la solución salga del siguiente gobierno.
En el ambiente minero si bien se ha avanzado en aprobaciones de trámites pendientes para ampliaciones y modernizaciones de minas existentes, no hemos visto nuevas inversiones ni inversionistas que indiquen claramente el compromiso del gobierno actual en darle el impulso que se debería a los famosos proyectos en “cartera”. Si bien Tía María parecería tener el camino trazado para ser una realidad, nos hubiera gustado que se fuera más específico en que esa “realidad” lo sea de tal manera que un calendario nos indique cuándo finalmente Tía María entrará en producción. Mientras tanto, como ya dijéramos en nuestro artículo # 34 “Acuerdo minero con USA”, entre otros temas, los ojos están puestos en el éxito de PROINVERSION en adjudicar “El algarrobo” en Tambogrande, Piura, pero todavía tenemos que esperar hasta mediados del 2025.
Hay que reconocer el avance en proyectos de generación eléctrica, así como los proyectos de trasmisión en alta tensión exitosamente implementados por PROINVERSIÓN. Nuestro potencial es enorme, la demanda de electricidad seguirá aumentando y las posibilidades de exportación a nuestros países vecinos, todos ellos deficitarios de energía, “está sobre la mesa”, por lo que también hay mucho por hacer en este rubro.
Ya se ha discutido ampliamente los beneficios que traerá Chancay (yo diría, que ya está trayendo), la integración regional que ya comenzó, se habla ya de cabotaje con Chile, y el aumento de la actividad económica que repercutirá en otros sectores, como beneficio de nuestra inserción aún más, en el mundo globalizado en que vivimos. Además de pensar en la infraestructura para aumentar nuestra exportación de minerales en ese y otros puertos, quizás es momento de encontrar oportunidades y planear para aprovecharlas ante la coyuntura en la que nos encontramos, que todavía podemos aprovechar durante el próximo año, antes de que nos domine el tema político de las elecciones del 2026 a partir de mediados del año que está por comenzar.
Desgraciadamente nuestro sector minero-energético está una vez más vapuleado internacionalmente ante la difusión reciente de las noticias sobre la minería ilegal. Lo hemos visto y experimentado con la censura del Ministro de Energía y Minas y la invasión de mineros ilegales a Lima, para algunos medios interesados (¿?) que increíblemente reportan la situación como “las protestas de los pobres mineros, pequeños y artesanales, olvidados por el gobierno”, y lo que más daño nos hace internacionalmente, “la presión y fuerza de la minería ilegal que paraliza al gobierno” que es como muchos otros lo han reportado en decenas de medios en todo el planeta.
Cuando deberíamos estar disfrutando de la repercusión de la inauguración de Chancay, esto desgraciadamente duró muy poco por los sucesos de la minería ilegal que rápidamente se convirtió en el tema internacional prevalente sobre el Perú. Y es como ya hemos dicho, reflejo de la preocupación del mercado mundial sobre el futuro minero del país. Con este tipo de “propaganda” no se ayuda a conseguir que regresen las inversiones extranjeras.
En el tema de la minería ilegal, otro de los grandes forados y de repercusión en el sector además del de PETROPERU, ambos ya tratados extensamente, hay muchas acciones que se han propuesto y deben tomarse. Pero esto va más allá de ser actividad ilegal y criminal. Es también un serio problema de seguridad que el Estado, como razón principal de su existencia, no está garantizando (Art. 44 de la Constitución) y que se agudiza alarmadamente con la actividad de la minería ilegal en ciertas áreas.
Esperamos que se esté diseñando una estrategia integral que no solo continue y mejore los efectos de los operativos policiales, las declaraciones de emergencia y la incautación de equipos y materiales en las operaciones ilegales conocidas sino en supervisar estrechamente las plantas de procesamiento de minerales, y lo que debería ser fácil de detectar, determinar quién abastece de combustibles a estas operaciones. Tema aparte es el de los explosivos, que, dicho sea de paso, es discutido recientemente por la prensa boliviana sobre el abiertamente expuesto contrabando en la frontera en Desaguadero. Aparentemente se trata de explosivos que van y vienen pues el tema de la minería ilegal en Bolivia también es de escándalo, así como el flujo de oro a través de nuestra frontera hacia el país vecino. Y no hablemos de simples análisis de las estadísticas, ya que la comercialización y movimientos de oro señalan mayores cifras que las de producción, por ejemplo, y en los dos países.
Nos hemos olvidado que los recursos naturales son de la Nación (Art. 66 de la Constitución), es decir de todos los ciudadanos. En realidad, la minería ilegal está drenando nuestra riqueza, nos está robando a todos, me está robando a mí personalmente como ciudadano dueño de esos recursos.
Al permitir el Estado que la actividad continúe, el Estado se convierte en cómplice de ese robo, igual que el Congreso que no actúa como le corresponde.
El que se permita, se tolere y se disimule no es un acto democrático simplemente porque las decisiones las tomen, o no las tomen, instituciones democráticas.
Esto no es la idea de tolerancia que nos trajo el Ilustrismo desde ya hace siglos, esto es parte del caos y la falta de gobernabilidad en la que vivimos.
Es decir, la población se encuentra desprotegida una vez más, ante el robo de nuestra riqueza a la luz de todos, y esto nos afecta directamente a todos, queramos o no.
Mi propuesta, esta vez no es para el sector, sino simplemente de sentido común pero que tendrían efecto sobre el mismo:
- La formación de una unidad especial, permanente y de desplazamiento inmediato dentro de la Policía Nacional con el único objetivo de afrontar el tema de la minería ilegal. No se necesita ninguna norma para constituirla, solo escoger una unidad élite con el entrenamiento adecuado.
- Declarar en emergencia la frontera con Bolivia reforzándola con efectivos de las Fuerzas Armadas en una acción perfectamente compatible con su misión ya que son responsables de la integridad territorial (Art. 165 de la Constitución). Esta está siendo puesta en peligro al perder el Estado el control de áreas ya conocidas.
- Iniciar una acción legal en defensa del contribuyente, del consumidor, del ciudadano común, responsabilizando a los que no están cumpliendo sus obligaciones ante la evidente falta de acción de parte del gobierno para proteger nuestros recursos que se traduce también a la larga en fondos que el Estado debería recolectar de acuerdo a ley (Art. 162 de la Constitución se lo encarga a la Defensoría del Pueblo).
Lampadia
