Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Los peruanos debemos tener claro, que la minería a pequeña escala no tiene por qué ser sinónimo de actividad ilegal. El problema radica en que, muchos congresistas y autoridades regionales y municipales, tratan de encubrir a gente dedicada al delito de la extracción ilegal de minerales, tráfico de explosivos, ladrones de material minero proveniente de operaciones formales, con pequeños mineros y mineros artesanales formales.
Es preocupante que, por un lado, tengamos congresistas pretendiendo que no se respete las concesiones mineras otorgadas a empresas formales, legalmente establecidas y que cumplen con todas las obligaciones que manda la ley. Mientras, por otro lado, se pretende en el congreso, que se imponga servidumbre minera en favor de los ilegales.
Es importante que los congresistas y la ciudadanía en general, comprendan que el proceso minero se inicia con un arduo, incierto y riesgoso trabajo de exploración.
Que las compañías han pasado años invirtiendo en exploración y haciendo numerosos descartes, antes de optar por establecerse en una zona y desarrollar un recurso minero.
Hay mucha inversión, trabajo técnico y científico, que hace que, luego de reconocer un potencial, lo transformen en un recurso cuantificado, para luego desarrollar la ingeniería adecuada para ese yacimiento.
Todo ese trabajo permitirá establecer el método de explotación, según la conformación del depósito, las características de la mineralización (vetas o diseminado) y, según eso, se establecerá un plan de minado para los años futuros.
Lo que no entienden los congresistas que propugnan tales servidumbres, es que:
- Los derechos mineros obtenidos, son producto de gran trabajo e inversión de riesgo.
- Que las empresas mineras concesionan áreas de interés con un horizonte de décadas de operación y que, ciertamente,
- Requieren áreas de protección de sus concesiones, puesto que, en el tiempo, se convertirán de parte de la mina.
No, los congresistas hacen creer, que las empresas mineras cubren grandes extensiones, sólo para “apoderarse” de los recursos que por suerte encontraron o les cayó del cielo y que, en consecuencia, deben permitir servidumbre minera a todo aquel que lo solicite, sólo por ser catalogado como minero a pequeña escala, porque le dieron un REINFO. Obviamente, estos no hicieron ningún esfuerzo exploratorio, ni descubrimiento alguno. Tampoco pretenden cumplir ninguna regulación medioambiental, ni de seguridad.
Por sus características, la minería es una actividad de alto riesgo de accidentes y, para quienes no se han puesto a pensar, todos los seres humanos tenemos el derecho de regresar sanos y salvos a nuestras casas, al término de la jornada. Es por esta última razón, que no se debe permitir que cualquier persona, no calificada, pueda acceder a operar y explotar una mina. Deben cumplir con condiciones de: (i) Ventilación y evacuación de gases adecuada, (ii) Sostenimiento acorde a las características de la roca del área de explotación, (iii) Equipo de protección adecuado y, finalmente, (iv) Debe cuando menos contar con Planes de Contingencia para atender a sus trabajadores ante un siniestro.
De igual forma, se debe contar con estudios de impacto ambiental y planes de mitigación y remediación de sus actividades. No es posible, que en el congreso se estén preparando dispositivos para exonerar a la minería a pequeña escala, de tales exigencias. Cuando menos, deben tener planes de vertimientos de aguas, limitaciones al uso de reactivos químicos, pues el desastre medio ambiental generado en Madre de Dios, en Tambogrande, en La Rinconada, sólo por mencionar algunos, no se puede permitir. Igualmente, se debe exigir, no sólo una certificación que muestre las capacidades para el manejo adecuado de explosivos, sino que, además, debemos exigir, que quien adquiera y manipule explosivos, no tenga antecedentes policiales ni judiciales, prohibiéndose absolutamente la transferencia de excedentes de tales explosivos.
Yo temía que, el populismo y el “buenismo” demagógico los ganaba, por supuesto pensando en las próximas elecciones, pero viendo las “joyitas que tenemos en el Congreso” (no que lo diga yo, sino que viene siendo mostrado cotidianamente por la prensa), es clarísimo que tenemos congresistas en casi todas las bancadas, gobernadores regionales y alcaldes, puestos en esos cargos por mafias dedicadas a todas las actividades ilegales, quienes han pagado sus campañas electorales y hoy les exigen resultados.
Por supuesto, una vez aprobadas las normas que promueven, nadie asumirá las responsabilidades de sus consecuencias: en términos de vidas, contaminación ambiental, impactos colaterales de lavado de dinero del narcotráfico, extorsión, sicariato y trata de personas, entre otras.
Me temo que hay otros congresistas “inocentones”, que están coordinando dispositivos para formalizar a los ilegales, asumiendo que, “los pobrecitos, no tienen recursos para estudios”. Recordemos que la extracción ilegal de minerales, a los precios de hoy (US$2,300 la onza de oro) mueve entre 4 y 5 mil millones de dólares (US$5,000´000,000). Se los escribo en números, para que no crean que me he equivocado y para que se den cuenta que, de pobrecitos, no tienen nada.
En términos generales, preocupa, que gente que llegó al congreso sin ningún conocimiento de ciertas actividades, se deje presionar y accedan a promover algunas leyes en favor de las mafias.
Esto, lamentablemente, nos está pasando en diversos sectores.
Señores congresistas, están jugando con fuego y, cuando quieran remediarlo, será muy tarde. Lampadia
