Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
El Perú se está desangrando, diariamente, a manos de organizaciones criminales nacionales y transnacionales. Como sabemos, debido al endurecimiento de algunos países frente al delito en los últimos años, se ha generado una importante corriente migratoria de organizaciones criminales, cada vez más avezadas y sanguinarias, hacia nuestro país. No tengo que explicar que, hasta hace unos años, los delincuentes recurrían a la actitud amenazante para ejecutar un robo o asalto. Hoy te matan a sangre fría, para robarte un celular, sin darte ninguna oportunidad.
No sólo eso, sino que, organizaciones criminales con cada vez mayor potencia de fuego, han extendido tanto la actividad de extorsión y sicariato que, las empresas dedicadas a la construcción, transportistas, mototaxistas, bodegueros, grupos musicales y hasta carretilleros, entre otros, están sometidos a esta presión constante, la que se ha traducido en cerca de 180 asesinatos en el primer mes de 2025. O acceden a pagar un cupo (un impuesto creado por el crimen) o mueren. Si esas serán las reglas, no necesitamos al Estado cobrándonos impuestos por servicios que no puede brindar y, en cambio, que las mafias nos den la “seguridad”.
En mi artículo anterior, hago una propuesta de cómo debería confrontar el Estado, toda esta actividad delictiva. Por supuesto que no será fácil, pues tenemos que enfrentar la mala legislación vigente y los procedimientos inadecuados para esta actividad desbordada. También debemos depurar a los operadores políticos del ejecutivo, la inapropiada calidad de congresistas, los que sólo llegaron al congreso porque se promovió reformas políticas absurdas y se abrió el financiamiento político de las mafias para ese lumpen.
No menos importante es la mala calidad de jueces y fiscales, de la mano de reglas y criterios de procesamiento y juicio, desarrolladas para condiciones normales, para una sociedad, básicamente respetuosa de la vida.
Cuando la sociedad se enferma, tal como ahora, la relación delincuente-policía-fiscalía y justicia, deja de ser convencional.
Los delincuentes, perciben que ellos son más, que tienen más poder de fuego y que, además, la autoridad policial está restringida en el cumplimiento de sus funciones, por la aplicación de reglas y procedimientos creados para ser aplicados en una sociedad sana.
Mientras tanto, ellos actúan libremente, con vesania y sin límites, bajo leyes diseñadas para favorecerlos, so pretexto de la protección a sus derechos humanos.
En esas condiciones, se pierde la autoridad, se destruye el principio del monopolio de la violencia por parte del Estado y se destruye la razón básica para la existencia del propio Estado, que es garantizar la seguridad a sus ciudadanos.
Cuando las mafias y organizaciones criminales internacionales, penetran la sociedad y la ponen en zozobra, las reglas tienen que adecuarse a la nueva realidad, caso contrario, el Estado y los ciudadanos, nos veremos sometidos a sus reglas y dictados.
Dentro de las propuestas hechas, está el retorno a los “jueces sin rostro”. Medida indispensable para que los fiscales puedan investigar y acusar, mientras que, por otro lado, los jueces puedan procesar y sentenciar a estos delincuentes, sabiendo que no podrán ser amenazados ni atacados, ni ellos ni sus familiares, por la labor que desarrollan en bien de la sociedad.
Me preocupa escuchar las respuestas de la Dra. Janet Tello, presidente del poder judicial, diciendo:
(i) “Jueces sin rostro sería inconstitucional”; (ii) “Ya tuvimos la experiencia con los juzgamientos para casos de terrorismo. Fracasó”; (iii) “Se consideró que la garantía de la administración de justicia es que el ciudadano, el procesado, necesita saber quién es el juez que lo está juzgando”; (iv) “Esto ya fue considerado no respetuoso de los estándares mínimos de la protección de los derechos fundamentales, de tal manera que eso es una respuesta populista”.
Aquí me quedan pocos caminos. La Sra. Tello no ha enfrentado jamás a mafias, organizaciones criminales sanguinarias ni terroristas, o ella está del lado de la impunidad y sometimiento de la sociedad a esos grupos criminales, o tal vez, ella es muy valiente, pero no le importa la seguridad ni la vida de sus familiares cercanos o remotos.
- Decir, a secas, que la propuesta es inconstitucional y punto, significa que prefiere mantenerse en su zona de confort, sin atreverse siquiera a hacer una propuesta de reforma constitucional.
- Afirmar que el juzgamiento a terroristas “fracasó”, sin decir cuál fue el fracaso, distinto a la manipulación de Paniagua y García-Sayán para liberar a sus afines, no es suficiente.
- Afirmar que el procesado “tiene que saber quién lo juzga”, es creer que el asesino y su organización criminal, tienen derecho a saber a quién tendrán que matar si los sentencian.
- ¿Quién calificó de no respetuoso de la mínima protección a los derechos fundamentales, el actuar de jueces protegidos?
Pretender que organizaciones criminales, con sicarios y asesinos sanguinarios sin remedio, puedan ser sometidas a juicios, con jueces y fiscales a rostro descubierto; es decirles a esos funcionarios que liberen a todos los delincuentes, o que se atengan a las consecuencias y que, con cada sentencia emitida, firmen sus propias sentencias de muerte y las de sus familiares.
No podemos ser tan necios y debemos cubrir todos los vacíos legales, para curar a nuestra sociedad. Lampadia
