Introducir un acápite contra la corrupción en la Constitución

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Durante meses hemos exigido que el Congreso se aboque a temas de fondo como la reforma política para buscar soluciones a los problemas estructurales de nuestro sistema democrático, y cuando por fin se decide a hacerlo con el proyecto de reforma constitucional que establece la bicameralidad, un grupo de congresistas y bancadas plantean una moción para que este tema no se discuta en el pleno. Es lo que ocurre cuando la discusión de los temas de fondo se subordina a la coyuntura política: para ese grupo más importante que la reforma en cuestión es hacer valer la bandera de la asamblea constituyente como vehículo para discutir y aprobar esa clase de temas, cuando ya sabemos que la asamblea no es constitucional y que la carta magna prevé en el artículo 206 la manera de reformarse. 

Pero el retorno a la bicameralidad no es la única reforma constitucional que este congreso debería debatir y aprobar. Debería introducirse cambios no, por cierto, en el capítulo económico, que es la envidia de los demás países de América Latina, sino, más bien, en el capítulo del trabajo para incluir ciertos derechos económicos que están ausentes, y en lo relativo al Estado, en el capítulo relativo a la función pública.

Juan Fernando Correa, coordinador del grupo de Defensores, plantea la necesidad de incluir en ese capítulo un parágrafo sobre la corrupción, que ya vemos que se ha convertido en una enfermedad casi incurable en nuestro país. En esa línea, Alberto Castro ha argumentado la necesidad de modificar el texto constitucional “para reconocer de manera expresa el derecho fundamental a una buena administración. Ello permitirá que los ciudadanos puedan cuestionar judicialmente, mediante un proceso de amparo, la designación de funcionarios que no cumplan con criterios de idoneidad o que no cumplan con sus responsabilidades de acuerdo a ley, entre otras obligaciones que derivan de este derecho”.[1]

En ese sentido, el texto constitucional debería consagrar, además, explícitamente la meritocracia como principio rector para la contratación, evaluación, ascenso y permanencia de los funcionarios públicos, así como la obligación de las entidades estatales de operar mediante gestión por resultados o por desempeño. Las entidades públicas gastan el dinero de los contribuyentes, y en ese sentido debe exigírseles contratar y remunerar a los funcionarios por méritos, y trabajar para los ciudadanos, por objetivos y metas, no para sí mismos, como ocurre con enorme frecuencia en la actualidad. Esto es clave para pasar de un Estado patrimonialista a uno profesional y meritocrático. 

En esa línea, resultaría fundamental otorgarle poderes y rango constitucional a SERVIR, como órgano rector del servicio civil. Por supuesto, la transparencia es un principio fundamental que debería también ser recogido en la Constitución. 

Debería incluirse, asimismo, en el acápite sobre la corrupción, dentro del capítulo de la Función Pública, otras disposiciones preventivas tales como la obligación permanente de la simplificación administrativa y regulatoria, aplicando análisis de impacto regulatorio, a fin no solo de facilitarle la vida a los ciudadanos sino de eliminar peajes burocráticos que son ocasiones para la corrupción. La sobrerregulación es el instrumento de la corrupción para exigir pagos para operar, donde las principales víctimas son los pequeños, los micro y pequeños empresarios que sufren la extorsión de los inspectores de todo tipo. 

Por lo demás, como sabemos, la sobrerregulación en todo orden de cosas es la causa principal de la informalidad, que en el Perú es escandalosamente alta, al punto que tenemos un Estado legal absolutamente divorciado de la población. La formalidad en nuestro país es excluyente, inabordable para los pequeños. 

En ese sentido, la Constitución tiene que incorporar el derecho a la formalidad, como derecho ciudadano fundamental y como parte del derecho al trabajo. El derecho a una formalidad inclusiva. Hoy la altísima informalidad es la principal injusticia estructural del país.  

Por último, vinculado a lo anterior está la propuesta de reconocerle rango constitucional al Indecopi, cuyas funciones tienen que ver con lo anterior, no solo por su lucha contra las barreras burocráticas, sino por la defensa de la competencia, que es el equivalente en el mercado de la meritocracia en el Estado. 

Todos estos son cambios constitucionales que impactarían claramente en el crecimiento con justicia en el Perú. Lampadia