Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es cierto que el capitalismo tiene que ser renovado, revisado. Pero no en el sentido que usualmente se propone.
Piero Ghezzi escribe, por ejemplo, en Gestión (6-12-19) que “hay una contradicción entre el liberalismo político y el liberalismo económico. El liberalismo político tiene como objetivo fundamental la igualdad de oportunidades. Pero el liberalismo económico actual, ese que pide que el Estado apenas regule, no genera por sí solo la igualdad de oportunidades que el liberalismo político pregona. Y ha devenido, a menudo, en mercantilismo y capitalismo clientelista. Por eso, debemos revisar el liberalismo económico actual: el capitalismo de libre mercado”.
En realidad, es al revés: allí donde hay mercantilismo y capitalismo clientelista, es que se ha interferido el libre mercado para introducir ventajas rentistas para algunos en desmedro del resto. Esa era la esencia del modelo proteccionista e intervencionista anterior, donde los ingresos de las empresas dependían más de alguna ventaja otorgada por el gobierno que de la preferencia de los consumidores en un mercado de libre competencia.
Lo que ha pasado en nuestro país es que la libertad económica introducida a partir de los 90 ha sido crecientemente intervenida y trabada por sobre-regulaciones que han restablecido una suerte de intervencionismo de baja intensidad. Esto ha ocurrido en todos los sectores de la economía y en el trabajo.
La consecuencia de eso es que no solo se ahoga la iniciativa individual, se inhibe la inversión y se asfixia el crecimiento principalmente de las empresas pequeñas y medianas, sino que se produce algo aún más perverso: cada regulación es precisamente una protección potencial a un grupo en desmedro de otro. Por lo general, favorece a las empresas grandes que pueden afrontar el costo de cumplir con las exigencias. Favorecen la monopolización del mercado.
Y favorecen algo más perverso aun: la informalidad de la economía y del trabajo, que es la mayor injusticia estructural del país, y que agrava nuestro dualismo económico. Entonces, si queremos evitar que el Estado sea la jungla en la que intereses particulares o de grupo luchen por obtener ventajas o protegerse de las ventajas de otros, pues debe restablecerse la libertad económica y facilitar reglas de juego simples que permitan la incorporación de todos al crecimiento formal. Que la economía de mercado sea para todos, efectivamente. Romper las barreras que impiden el acceso.
De esa manera habrá más ingresos fiscales –porque habrá más empresas ganando más- para tener mejores servicios públicos. Libertad económica y redistribución por medio de buenos servicios sociales: esa es la fórmula y el principal ajuste que hay que hacer al modelo.
Piero Ghezzi propone otro, que también es positivo, pero complementario al anterior. El describe el dualismo económico como un dualismo productivo-tecnológico, donde un pequeño grupo de empresas modernas de alta productividad y tecnología convive con una miríada de empresas pequeñas informales y de baja productividad. Propone entonces políticas productivistas que, mediante colaboración público-privada, pongan en valor los sectores con potencial, fortalezcan los actuales e incluyan a las mypes en las cadenas de valor formales.
De acuerdo. Pero es una solución complementaria a las reformas económicas y laborales que permitan la inclusión económica, pues la causa de ese dualismo está en el elevadísimo costo de la formalidad antes que en la debilidad de las “políticas productivistas”.
En realidad, su propuesta es puro sentido común, siempre y cuando se tenga la disciplina liberal suficiente para no inventar sectores rentables sostenidos en beneficios legales.
Allí está pendiente todavía la discusión sobre los beneficios tributarios. Parece claro que el éxito espectacular de la agroexportación moderna fue facilitado más por el flexible régimen laboral que por la menor tasa de impuesto a la renta.
La experiencia de las mesas ejecutivas es buena –aunque aún no terminan de dar frutos– y deberían servir no solo para los “nuevos motores” sino para el más potente de todos, medio apagado: la minería. Y es increíble que el Estado peruano no priorice un programa agresivo de transferencia tecnológica a la economía campesina andina con metodologías probadas como las de Sierra Productiva, que transformarían esa economía en muy poco tiempo.
Pero una vez que estos campesinos andinos se hayan convertido, gracias a esas intervenciones, en empresarios conectados al mercado, y tengan que formalizarse para crecer e incorporarse en cadenas formales, se toparán nuevamente con el muro si es que el régimen especial laboral agrario se vuelve a cargar de costos no salariales y rigideces de algún tipo.
Y si es que no se aligera en general el peso regulatorio en el país. ¿En qué quedaron los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) y de Impacto Regulatorio (RIA) que la PCM estaba realizando para restablecer la libertad económica, para que los trámites y normas que existentes y las que se den sean aquellas que realmente se justifiquen, que no generan más costos que beneficios y que no beneficien a nadie en perjuicio de otros? ¿El futuro Congreso fiscalizará el avance de ese programa? ¿Qué pasa que el gobierno no saca mediante decretos de urgencia las reformas de productividad contenidas en el Plan Nacional de Competitividad que el propio gobierno aprobó?
El capitalismo peruano necesita ser remozado. Permitirle volver a respirar para que vuelva a generar crecimiento y redistribución. Lampadia
