Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Encontramos frecuentemente, artículos de gente a la que le encanta pontificar sobre el déficit fiscal peruano. Claro, siempre comparan nuestra “Presión Fiscal” con la de los países de América Latina y el Caribe (ALC) o de la OCDE.
Analizan “las causas de la baja recaudación fiscal”; que si las deducciones personales para el Impuesto a la Renta (IR); la baja tributación a las rentas de capital y, “de taquito” mencionan la evasión tributaria. Igual con las contribuciones sociales para salud y pensiones o impuestos a la propiedad.
Se quejan del gasto deducible para fines tributarios de empresas y personas naturales, de las tasas impositivas diferenciadas o preferenciales, atribuyéndoles una menor recaudación de hasta 2.2% del PBI.
Igual se quejan del hasta 40% de evasión del IGV, comparándonos nuevamente con Chile y la Unión Europea. Y, como no, de una evasión de hasta 50% del IR, lo que totalizaría cerca del 4% del PBI.
Con estos indicadores, siempre “proponen”, tener “una política nacional para mejorar la recaudación fiscal”, pero concentrados en “factores que impiden cerrar la brecha de incumplimiento”.
Siempre miran el árbol del incumplimiento tributario, pero no quieren tener una mirada del bosque. Así, no quieren ver, que:
- Cerca del 75% de la PEA (población económicamente activa) está en la informalidad y que, como consecuencia, no emiten factura, no hay IGV por sus servicios y menos IR.
- No ven las rigideces laborales que impiden incorporar trabajadores a la formalidad, especialmente jóvenes: Un sobrecosto laboral de 50%, no ayuda; 36 días no laborados y pagados por año, tampoco. Los informales no tienen tanto descanso pagado.
- Las “interpretaciones auténticas” de la SUNAT, de las normas de gasto deducible para los formales, son draconianas. Hay múltiples ejemplos, que ahuyentan de la formalidad.
Puedo asegurar, que flexibilizar los regímenes laborales, fomentaría la contratación formal. Recordemos que lo importante es la R (Recaudación resultante), pero que esto es producto de P x Q (P recaudación individual multiplicado por Q o cantidad de aportantes). Aquí los fiscalistas quieren maximizar “P”, pero sacrifican el “Q” y, debiera ser al revés: menor P y mayor Q.
Además, nadie quiere mirar la foto completa. Independientemente de una recaudación limitada de un Estado que no brinda servicios, tenemos un gasto sin criterio y derrochador, en todo el aparato del Estado (aquí nadie se salva):
- Hemos multiplicado el gasto presupuestal y aumentado en 24% el componente de las planillas entre 2019 y 2026, sin haber mejorado en nada los servicios de salud, educación y seguridad.
- El Congreso ha, prácticamente, cuadruplicado su presupuesto entre 2019 y 2026, multiplicando personal. Pero la legislación es desastrosa y “los asesores” no trabajan.
- Han crecido las remuneraciones en la Fiscalía y el Poder Judicial, pero NO se aceleran los procesos judiciales. Se quejan de aumento de la carga procesal, obvio, cada día reciben nuevos casos, pero nunca terminan los procesos. Debemos sancionar a jueces y fiscales, que procrastinan en su tarea.
- Han subido sustancialmente las planillas del sector salud y educación sin mejora alguna de los servicios correspondientes.
Dramático es el manejo de la inversión. Según un informe del Banco Mundial (BM), “las decisiones con impacto fiscal están en manos de novatos”. Hay demasiada flexibilidad para la incorporación de proyectos que no figuran en la programación multianual, ni en los presupuestos de apertura, al punto que 80% de ellos se incorporaron sin plan ni presupuesto. Por eso es que, según información del MEF y la Contraloría, tenemos 62,000 proyectos de inversión en abandono, nada menos que 45% de los proyectos iniciados, llevan más de 18 meses sin ningún gasto. Y la cuestión es, que tenemos invertido/gastado cerca de S/120 mil millones sin beneficio para la nación, pero son base para la ratería congresal y de gobiernos municipales, regionales y hasta nacionales.
Por si no nos hemos dado cuenta, este desfalco, equivale a US$ 36,000 millones o 12% del PBI. Se estima que, el Estado peruano podría manejar proyectos de inversión pública por el orden de S/ 40,000 millones/año o 4% del PBI, si la mitad se queda inconclusa y no aporta valor al ciudadano, queda clara la incapacidad profesional y falta de idoneidad para acometer esta tarea.
Debemos entonces cambiar el enfoque y hacer un cambio radical, establecer un “debido proceso” para: (i) Identificar los proyectos; (ii) Justificarlos; (iii) Priorizarlos; (iv) Planificarlos; (v) Presupuestarlos; y (vi) Gerenciar su ejecución.
Pero, dada la envergadura de la tarea, esto no es sólo cosa de números. Esto significa asignación de responsabilidades, premios y castigos, incluyendo atribución de delitos penales a quienes incorporen la ejecución de proyectos, fuera del debido proceso establecido para su ejecución.
Finalmente, pero no menos importante, es que ese estudio del BM, identifica claramente una gran dispersión de precios en la compra de productos homogéneos, tales como combustibles, cemento e insumos médicos, entre otros y, estima que podría hacerse ahorros de hasta 19% en sus adquisiciones.
En conclusión, en lugar de “parlotear” y compararnos con otros, pongamos manos a la obra y tomemos las decisiones acordes a nuestra realidad:
- Reducir días no laborables remunerados.
- Flexibilicemos costo y reglas laborales.
- Que la SUNAT aplique las reglas de contabilidad aceptadas para fines tributarios.
- Ajustemos el gasto de remuneraciones, reduciendo personal del sector público.
- Acotemos los plazos judiciales y castiguemos la procrastinación.
- Ajustemos procesos de inversión pública y castiguemos el abandono.
- Eliminemos la dispersión de precios de compra, bajo responsabilidad.
Debemos callar a los parlanchines improductivos. Lampadia
