Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Acabo de recibir dos mensajes por WhatsApp preparados por Virgilio Acuña, hasta hace poco, viceministro de Transportes en el gobierno de Castillo, tratando de explicar el por qué, él se opone a los contratos de gobierno a gobierno (G2G). Entre otras cosas, este señor pretende responsabilizar a este mecanismo de contratación, de las deficiencias observadas recientemente en el norte del Perú, tras las lluvias generadas por Yaku. Responsabiliza también al G2G por no haber atendido prioritariamente las obras de prevención, protecciones en ríos, canales, reservorios y defensas ribereñas
Es imposible negar el error de enfoque y priorización de obras por parte de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC), sin embargo, es importante que se diga la verdad.
El siniestro del FEN ocurrió en el primer trimestre de 2017 y en mayo del mismo año se designó al primer director ejecutivo. El convenio G2G cubría el lapso de julio 2020 a junio 2022 y, posteriormente, se amplió dicho plazo hasta diciembre 2023.
Esto quiere decir, que la ARCC definió los planes de trabajo, alcance de obras y su prioridad, tomándose tres años antes de suscribir el convenio G2G. En consecuencia, para el momento que el convenio se activó, a la entidad del gobierno británico sólo le quedaba verificar que los expedientes técnicos de las obras planteadas sean adecuados, y de ahí en adelante, facilitar los procedimientos, bajo legislación inglesa, para contratar y ejecutar tales obras.
Cierto es, que se ha priorizado colegios, postas médicas y hospitales, antes que las obras de prevención para futuros desastres, lo que es responsabilidad exclusiva de la ARCC. Pero también es cierto que los proyectos asignados se están concluyendo en tiempo y costo previstos, que los hospitales y postas médicas están debidamente equipados y listos para operar, y que, estas edificaciones, se han construido sobre plataformas elevadas, para prevenir el posible efecto de futuros desbordes de los ríos.
Si bien es cierto que la ejecución de las obras está a cargo de ingenieros peruanos, también es cierto, que los expedientes técnicos presentados por los gobiernos regionales y municipales, no tenían la calidad debida (por decirlo de una manera elegante) y, en consecuencia, tuvieron que rehacerse.
No es cierto que se haya reconstruido lo mismo en los mismos lugares originales, la verdad es que se han construido hospitales, postas médicas y colegios, en poblaciones lamentablemente desatendidas por muchos años. No obstante, debemos reconocer que, hiere a la población, que recién en el año 2023, ellos puedan recibir las instalaciones públicas que tanta falta han hecho durante esos seis años.
Cuando Acuña insiste en resaltar el por qué se opone a los contratos G2G, apelando a que “no pueden intervenir ni la contraloría, ni la fiscalía, ni el ministerio público, ni el congreso”, lo que a sus ojos “es muy peligroso”, oculta la verdad. Lo que nuestro inefable ex viceministro no transparenta, son las verdaderas razones, y estas son:
- Los evaluadores de las propuestas son profesionales de distintas partes del mundo, quienes son anónimas para contratistas y políticos.
- Que, al ser anónimas para esta gente, no pueden ejercer ninguna presión sobre ellos.
- Que los postores no pueden acogerse a las mil leguleyadas a las que recurren en el Perú para descalificar la designación del ganador.
- Que, dentro de las normas establecidas, se han definido procedimientos para que las diferencias entre propietario y contratista, se resuelvan en el plano técnico, durante el curso de la obra y que, consecuentemente, el proyecto no se detenga.
Estas son las principales razones, para que mientras la definición del qué hacer tomó tres años, la tarea de rehacer expedientes técnicos, selección de los ejecutores de obra, construcción y equipamiento, incluyendo verificación de funcionamiento de equipos (commissioning) y entrenamiento del personal que los recibiría, tomó un tiempo similar.
Puedo asegurar que, bajo la legislación y procedimientos peruanos, los costos se hubieran multiplicado varias veces, las licitaciones se hubieran dilatado por muchos meses, los proyectos se hubieran detenido y retrasado por falta de acuerdo entre contratistas y supervisores y, finalmente, estaríamos en riesgo de tener proyectos abandonados, como Chavimochic, Majes-Siguas o largamente demorados como las líneas 2 y 3 del metro, por mencionar sólo algunas perlas.
Otro tanto se podría hablar de la calidad de la ingeniería, correspondencia real entre la calidad de los materiales planteados en las especificaciones técnicas y los utilizados realmente en obra.
Creo que el ex viceministro debiera usar sus mensajes para decir la verdad, en lugar de sembrar infundios y, si no ha entendido cómo funciona este mecanismo G2G, pregunte y se informe.
Pero por favor, no desinforme a la ciudadanía. Lampadia
