Jorge Toyama
Gestión, 3 de diciembre del 2025
La informalidad se ha convertido en el gran cuello de botella estructural y nos impide desplegar una protección integral frente a contingencias.
«Cuando el eje pasa del «puesto de trabajo» al «ciclo de vida de la persona», las políticas públicas encuentran un terreno más fértil, y las empresas, un nuevo marco para diseñar bienestar integral y competitividad».
Tras varias décadas de debates, estudios y cientos de leyes y proyectos, la situación laboral de los peruanos no cambia: la informalidad continúa en cifras elevadas (70%), el subempleo afecta a casi el 40% de la PEA, persisten trabajadores «escondidos» en recibos por honorarios y cuarta-quinta categoría, el desempleo supera el millón de peruanos y solo 1 de cada 3 trabajadores formales son estables.
Surge la pregunta: ¿debemos persistir en seguir haciendo lo mismo? ¿El foco debería seguir siendo los beneficios laborales en planillas? o ¿debemos buscar nuevos paradigmas y cambiar el eje de la discusión para lograr una mayor formalidad y protección de la mayoría de los peruanos? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales. La informalidad se ha convertido en el gran cuello de botella estructural y nos impide desplegar una protección integral frente a contingencias como el desempleo, enfermedades, accidentes y la vejez, afectando la cohesión social, la economía y hasta la política.
Una protección integral para una persona y su familia frente a una contingencia no debería depender únicamente si está o no en planilla (protección laboral), debería estar presente a lo largo de su ciclo de vida personal (protección social). Este no es un matiz semántico; es un giro estructural. Cuando el eje pasa del «puesto de trabajo» al «ciclo de vida de la persona», las políticas públicas encuentran un terreno más fértil, y las empresas, un nuevo marco para diseñar bienestar integral y competitividad.
El Índice Regional de Protección Social (IRPS) de la PEA, presentado recientemente por Horizonte Laboral y el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la PUCP, es un gran esfuerzo en ese cambio de paradigma. No se enfoca en el trabajador formal sino en toda la PEA. Para una persona, lo más importante no es estar en planilla formal por un tiempo, sino la certeza concreta de estar protegida a lo largo de su vida. En salud, esto significa un acceso oportuno y de calidad, menor gasto de su bolsillo, redes de atención cercanos o, cuando la geografía lo impone, telesalud y brigadas médicas. En pensiones, un ingreso digno en la vejez —por la vía contributiva, semicontributiva o con esquemas flexibles de aportes voluntarios— e incluso que le permita dejar de trabajar por elección y no por necesidad. En riesgos laborales, asegurar coberturas contra accidentes y enfermedades, sin importar el tamaño de la empresa o la forma de contratación. Una verdadera protección social.
HAY 26 PERÚ
En esa línea, un aporte potente del IRPS es que los promedios nacionales ocultan diferencias profundas. Cuando el promedio uniformiza, las políticas públicas y empresariales no funcionan. El índice confirma que hay 26 Perú, lo que obliga a abandonar el piloto automático de políticas y beneficios homogéneos y mirar al Perú con los lentes correctos: 26 realidades que exigen respuestas distintas. La Libertad, por ejemplo, combina mayor formalidad y mejores ingresos relativos con un acceso a salud más distante y costos de bolsillo elevados. Piura, una región con similar población laboral que La Libertad, muestra menor estabilidad en el empleo, bajas tasas de afiliación previsional y, a la vez, mejoras en acceso comparativo a salud. Madre de Dios evidencia una informalidad aún más extendida, ingresos frágiles y servicios de salud que, aunque más cercanos, mantienen brechas de calidad y continuidad.
Las políticas generales deben «tropicalizarse», es decir, afinarse según la realidad de cada región. La formación dual tiene más sentido donde el tejido productivo puede absorber capacidades técnicas; los incentivos a la formalización son más efectivos cuando se adaptan a las cadenas de valor locales; la pensión semicontributiva resulta crítica donde la densidad de aportes es baja y la necesidad de seguir trabajando en la vejez es alta; y el refuerzo de la atención primaria o la telesalud es indispensable cuando la geografía dificulta la atención presencial. Así, los indicadores de protección social focalizados cumplen el rol de «GPS» para la política pública y la gestión empresarial.
El IRPS es una herramienta clave para que las empresas tengan planes de bienestar regionales. Un trabajador con cobertura de salud oportuna falta menos al trabajo y la familia estará mejor atendida; un colaborador que ahorra y proyecta su pensión, toma decisiones más sanas; un equipo menos expuesto a riesgos estará mejor cuidado y valorará más su lugar de trabajo. Además, permite que las empresas tengan planes comerciales según las necesidades, valores y recursos de cada región.
El eje de la «protección laboral» nos atrapa en un debate que, lejos de converger, polariza y sólo impacta en el 30% de la PEA. Es un paradigma insuficiente. En cambio, el lente de la protección social aporta una visión mucho más integral, genera mayores consensos e impacta con una mayor eficacia en la reducción de la alta informalidad que nos desafía como país.
