Jaime de Althaus
El Comercio, 24 de mayo del 2025
“La idea es destruir todas las operaciones ilegales. Los legales podrán reanudar su producción apenas identificados”.
La batalla de Pataz es decisiva para el futuro del país. Aunque parezca imposible, este gobierno tan desaprobado ha logrado esta vez poner en marcha una estrategia integral y seria. Por eso, mayor necesidad de convocar a la unidad nacional para que esta batalla resulte victoriosa.
Se ha formado un comando unificado. Se ha enviado 1.000 policías y 500 militares. Los militares no son soldados sino fuerzas especiales que, junto con fuerzas policiales, están ingresando y destruyendo los socavones –que pueden ser trampas mortales– de los ilegales (que no tienen contrato con la empresa o Reinfo vigente). La idea es destruir todas las operaciones ilegales. Los legales podrán reanudar su producción apenas identificados.
Pero más eficaz que el brazo militar-policial va a ser el brazo legal-fiscalizador. Se ha excluido del Reinfo a todos los que tenían la inscripción suspendida en tres distritos, lo que equivale al 66% de los suspendidos de la provincia. En teoría, entonces, se estaría reduciendo en (algo menos de) 66% el oro ilegal que sale de la provincia. Solo con esa medida.
Y cuando en pocos días se vaya reanudando la producción, ya estarán en operación los tres puestos de control en los que habrá 86 personas incluyendo personal policial, de la Sunat, Sucamec y Minem, y una balanza, para verificar que el volumen transportado y el origen de mineral correspondan con lo declarado en el Reinfo y que los explosivos sean legales. De lo contrario, se pierde el Reinfo. Eso se facilitará con el sistema interoperable y el aplicativo “Kori” con GPS aun en desarrollo en el que todos los agentes registran sus movimientos, desde el origen hasta la planta procesadora. Para tener trazabilidad. Y habrá un control también en las plantas procesadoras. Sin donde procesar, la minería ilegal muere.
Pero todo esto está generando resistencias. Para manejarlas, el comando instalará mesas de trabajo con empresas, alcaldes y comunidades, comenzando la próxima semana por el menos complicado distrito de Parcoy, donde Marsa y Horizonte tienen contratos con las comunidades de modo que los ilegales no ingresan. Se espera lograr acuerdos en uno o dos días para inmediatamente después reanudar la producción. Poderosa, en el distrito mismo de Pataz, no tiene contrato con comunidades sino con mineros individuales. Entonces, como decíamos, tienen que verificar socavón por socavón. Son más de 400. Y se instalará también una mesa pero con los mineros y el comando dialogará con la población.
Simultáneamente debe empezar la formalización de quienes tienen Reinfo vigente o contrato. Si todo esto funciona, se podrá aplicar en otras partes del país, para depurar el Reinfo, eliminar la minería ilegal y formalizar a los formalizables. De allí la importancia de esta batalla. En ese sentido es inconcebible y punible que la Asamblea de Gobernadores Regionales haya exhortado a no entregar al Minem los expedientes de formalización, desacatando la ley que amplió el Reinfo y le encargó al Minem culminar el proceso de formalización para poder pasar al régimen regular de la nueva ley MAPE. Pequeños intereses, incalificables algunos, no pueden estar por encima del país. Repetimos: esta batalla tan difícil requiere unidad nacional.
