El cese de la Procuradora Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y de la procuradora Ad Hoc Katherine Ampuero ha creado una crisis institucional  que es solo el colofón de una cadena de errores. Es sorprendente que el gobierno de PPK no tenga buenos asesores y que, peor aún, no escuche los consejos y advertencias que se le hacen desde la civilidad. Veamos:

Error #1: Otorgar Autonomías Constitucionales

El 6 de setiembre de 2016, advertimos en Lampadia sobre lo inadecuado que era dar plena autonomía a la Procuraduría. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.

• La mayoría de países occidentales no tienen una Procuraduría en absoluto, sino una Fiscalía.
• Mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso (salvo que su poder esté limitado por el de otras instituciones), y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una fuente de corrupción adicional. (…) ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).
• En lo referente al ‘abogado del Estado’, el abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.
• El gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Posteriormente, el 13 del mismo mes publicamos: La ‘balcanización’ del Estado. Entonces extendimos nuestra preocupación a los casos del Contralor y el Defensor del Pueblo. “En el caso del Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres del Estado”.

En Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor, agregamos:

• Darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le dé la gana y que se convierta en una especie de monarca, es  una barbaridad, nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos.
• Todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Príncipe-Nadine.
• Aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú.  Si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar alguna otra figura con los fiscales.

A raíz de la salida de Yeni Vilcatoma de la presidencia de la comisión de Fiscalización del Congreso, insistimos en nuestras advertencias: Autonomía constitucional de la Procuraduría.

• El proyecto de ley propone que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo (al nivel del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Defensoría del Pueblo), integrado por un Procurador General de la República y un colectivo de Procuradores designados directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un plazo de siete (7) años renovables. Un verdadero Poder del Estado.
• El Poder Ejecutivo, ha recibido facultades legislativas para “Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, con la idea de crear una Procuraduría como organismo público, dotándola de altos niveles de autonomía.  
• El art. 159º de la Constitución peruana establece que el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad, conduce la investigación del delito y ejercita la acción penal. Por lo tanto, crear una Procuraduría autónoma, duplicaría y sobrepondría funciones muy delicadas.   
• En el Perú, según la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 1068), los procuradores tienen una función diferente a la del Ministerio Público: representan y defienden jurídicamente al Estado, no a la sociedad. Por eso, los Procuradores están localizados en cada Ministerio, en cada Región y en cada municipalidad, porque representan los intereses de las entidades públicas de las que forman parte. Cumplen dos funciones: i) son los abogados de dichas entidades para su defensa jurídica y, a la vez ii) son los representantes de dichas entidades en los procesos judiciales.
• Carecería de sentido la creación de una Procuraduría General (como insiste en proponer Fuerza Popular), como organismo constitucional de carácter autónomo de los tres poderes del Estado, porque la mayor parte de su función es la defensa jurídica del Estado. Ya existe el Ministerio Público (MP), que sí tiene precisamente autonomía constitucional. Una alternativa sería más bien fortalecer al MP.

Estallada la crisis, el ex congresista Ántero Flores-Araoz dijo que fue el propio gobierno el que se hizo ‘harakiri’ al otorgarle autonomía plena a los procuradores. “En enero del presente año, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual modificó integralmente el Sistema de Defensa del Estado, dándose indebidamente autonomía a los procuradores”. Agregó: “Según la Constitución, los procuradores son los abogados del Estado, (…) no pueden ser autónomos, pues tienen que depender de quién les da el encargo de defensa”.

Es igualmente preocupante que Keiko Fujimori insista en dar mayores autonomías al Procurador General de la Nación.

En resumen, se les dijo, se les advirtió pero no escucharon.

Error #2: El pobre manejo de la crisis del Lava Jato

Cuando estalla la crisis del Lava Jato, en Lampadia (19/01/2017), advertimos la necesidad de establecer acciones efectivas e inteligentes para evitar la cacería de brujas y el desorden, que podían traernos aún más daños. Publicamos nuestro editorial: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), donde afirmamos:

• Esta situación establece una crisis muy profunda y compleja de manejar en el Perú.
• Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía.
• Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.
• Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.
• En vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.  
• Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias.
• ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales, pero evitando también que todas las acciones de las empresas estén dirigidas a cautelar el mejor interés nacional, y no a salvaguardar los intereses de los corruptos.
• De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad.

Ver también: La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad (2 de febrero, 2017).

Como todos conocemos, la falta de visión y decisión del gobierno originó que diferentes estamentos del Estado inicien acciones descoordinadamente y sin responder a una estrategia general, como las desarrolladas por la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, las Procuradurías y la Sunat. 

Hoy día tenemos que lamentar la interrupción de proyectos, los impagos del personal y proveedores de muchas empresas, una mayor parálisis de los funcionarios públicos, y como consecuencia de todo ello, un mayor debilitamiento de la economía y el riesgo del corte de la cadena de pagos. Y debemos notar que el Decreto de Urgencia 003 fue tardío e inadecuado para enfrentar la crisis.

Error #3: El pésimo manejo del licenciamiento de la procuradora Ampuero

Una vez empoderada la doctora Julia Príncipe como Procuradora y presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con todos los aspavientos de un supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción, y dados los nombramientos de las otras procuradoras, se hizo evidente que, por ejemplo, la doctora y procuradora Katherine Ampuero, era absolutamente inadecuada para el cargo. Tanto por sus soberbias y groseras expresiones, y su afán de notoriedad, como por su absurda y descoordinada acción en el caso del proyecto Olmos.

Evidentemente, la responsable de los nombramientos, la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, no coordinó los lineamentos del manejo de las procuradurías en temas cruciales.

No solo eso, cuando se hace necesario salir de la doctora Ampuero, no explica previamente a los ciudadanos, la naturaleza del entrampamiento de los proyectos y el tipo de acciones de control que debían llevarse a cabo.

Además, les miente a los ciudadanos afirmando que la doctora Príncipe había renunciado, pues se oponía a cesar a la doctora Ampuero.

En nuestra opinión era necesario licenciar a la doctora Ampuero, pero sin chambonadas. Pésimo manejo de la ministra, que ha creado una nueva crisis de gobernabilidad.

Conclusión:

Este grave desmanejo y la serie de errores descritos, todos del ámbito del Ministerio de Justicia, solo pueden empezar a corregirse luego de ‘agradecer a Marisol Pérez Tello por los servicios prestados a la Nación’. Lampadia

El ‘odio’ ha sido uno de los más importantes protagonistas de las dos últimas elecciones generales en el Perú. En la primera de ellas, en que se eligió como Presidente de la República a Ollanta Humala, el odio, el desprecio y la desconfianza invadieron el juicio de buena parte de los ciudadanos y especialmente del establishment limeño, de los jóvenes que solo vivieron en nuestros mejores años de desarrollo y del mundo académico tuvimos el aporte la ominosa frase del caviar importado por la PUCP, Steven Levitsky: “Sobre Ollanta Humala hay dudas; sobre Keiko Fujimori hay certezas”, que según Perú21, marcó la campaña electoral de la segunda vuelta [2011] que ganó el nacionalista.

Con el ingreso a prisión de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ha terminado de alguna manera, su ciclo político y debiéramos preguntarnos qué llevó al país a votar por ellos, y empezar a recoger los testimonios de reconocimiento del error y los consiguientes pedidos de perdón.

Empecemos por los padrinos o garantes de Humala-Heredia, los Vargas Llosa, con Álvaro que salió primero y parece ahora representar al padre en los juicios políticos.

Afirmación de Álvaro Vargas Llosa y respuesta del director de Lampadia

El daño es inmenso

El daño a los peruanos es más que un presidente vergonzoso y corrupto. Veníamos de un ciclo virtuoso de crecimiento económico y mejoras sociales que fue interrumpido en el 2011 con lo que en Lampadia hemos llamado ‘Punto de Inflexión’, gracias a la administración de Ollanta Humala, el Partido Nacionalista y su gabinete de izquierda presidido por el ubicuo Salomón Lerner.

La asunción de Humala al poder interrumpió la inversión privada, el crecimiento, la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Generó el regreso de la ideología al Estado. Se sembró la desconfianza en la inversión privada en todos los sectores. Se infló la planilla estatal y se regresó a vivir con déficit fiscal.

Este es el daño al que nos referimos; y es que en el 2011 se produjeron dos cortes muy graves en el proceso virtuoso que estábamos viviendo, tanto en aspectos sociales como económicos. En el aspecto social, se cortó la reducción del nivel de anemia en niños menores de tres años, luego de una sostenida reducción entre el 2007 y el 2011. En lo económico, el cuadro inferior muestra claramente la caída de la inversión privada, principalmente en la minería moderna que detuvo el crecimiento pro-pobre y pro-clase media, que trajo consigo una importantísima disminución de la pobreza, desnutrición, mortalidad infantil y desigualdad en la última década.

Una de las peores consecuencias de haber abierto las puertas del Estado a esta gente, fue la confusión en las relaciones causa-efecto sobre la inversión y el desarrollo socio-económico, que se inculcó entre los ciudadanos, funcionarios del Estado y los medios de comunicación.

Inconsecuencia moral

Lo menos que se puede esperar de quienes propiciaron el gobierno de Humala y de los que participaron en él, es que se reconozcan los errores. Qué pena que tengamos garantes de tan mala calidad como los Vargas Llosa.

El ‘odio’ en la política

En la historia universal, el odio ha llevado a los mejores pueblos a cometer atrocidades. En el caso del Perú, gracias a Dios se limita a las opciones políticas, pero es claro que ciega al punto de dañar el desarrollo del país, algo que afectará mayormente a los jóvenes que no tienen suficientes elementos de juicio para evaluar los acontecimientos sin dejarse llevar por los ánimos de venganza y resentimiento.

La mejor expresión del odio en la política peruana es el último artículo de Mario Vargas Llosa, publicado ayer en La República: “¿Indultar a Fujimori?”. Hagan su propio juicio: ‘Enlace‘. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

En nuestro Editorial del 11 de abril pasado, un día después de la elecciones, Fiesta electoral y gran oportunidad de avance cívico, dijimos que la segunda vuelta se presentaba como una extraordinaria oportunidad para vivir una lección de civismo y un período de aprendizaje sobre propuestas de gobierno consecuentes con el mandato popular de cuatro quintas partes del electorado: ‘Construir sobre lo avanzado’.

El mandato popular estableció obviamente que se fortaleciera la economía de mercado que había logrado reducir la pobreza, la desigualdad y crear una nueva y gran  clase media emergente. Además, el electorado pidió cambios y reformas, pero no aquellos que días antes de las elecciones presentaron maniqueamente las encuestadoras GFK y Datum, que dejaron consentir que la mayoría de peruanos buscaba un ‘cambio de modelo’, sino como comprobó días después de la primera vuelta IPSOS, los ciudadanos pedían mayormente cambios vinculados a la educación, que combata la delincuencia y la corrupción y que mejore la salud. Ver en Lampadia: El voto del sur: IPSOS, Carranza y la paradoja de Webb.

Lamentablemente lo ocurrido ha sido todo lo contrario.

Al día siguiente de las elecciones, sin haber felicitado al ganador de la primera vuelta, PPK abrió las puertas a acercamientos con la izquierda radical, ofreciéndose a visitar a Santos en la cárcel, para terminar recibiendo un portazo en la cara.

Esta equivocada táctica continuó con las declaraciones de Martín Vizcarra: “Coincido plenamente con los planteamientos de Arana sobre la pobreza”, (el ex cura anti minero nunca hizo un planteamiento para derrotar la pobreza) increíble. Peor aún, repitió lo mismo en varias ocasiones. Cosas parecidas dijo Mercedes Araoz y Gino Costa tuvo la insensatez de reunirse con Salomón Siomi Lerner, líder y supuesto financista de buena parte de la izquierda radical.

Una segunda línea táctica fue la de asociarse con los líderes de los movimientos que no llegaron a la segunda vuelta, Acuña y su gente, Toledo, Urresti, Acción Popular y dejar que el gobierno se fuera vinculando al movimiento de PPK, ya sea a través de la Primera Dama Nadine Heredia o de la intervención abierta de varios ministros  cuestionando los planteamientos de Keiko Fujimori.

La tercera táctica es descalificar el eventual gobierno de Fuerza Popular (FP) por el ‘inconveniente’ control del ejecutivo y legislativo, por que Keiko Fujimori sería una suerte de reencarnación de su padre, por representar la corrupción, el autoritarismo y ser anti democrática. Finalmente, desde PPK para abajo han proferido insultos de diverso calibre.

O sea, en vez de acercarse al líder electoral acogiendo el mandato popular; dejando de tomar en cuenta que PPK solo ganó en tres de 196 provincias; sin registrar que FP controla el legislativo con un contundente número de congresistas, 73 de 130; sin entender que FP es hoy el único partido nacional con presencia transversal con un promedio de 46% del voto en 16 departamentos donde obtuvo el primer puesto, 27% en siete con el segundo lugar y 24% en los dos restantes donde llegó en tercer lugar; PPK y PPK optaron por un enfrentamiento generalizado que está abriendo brechas difíciles de remontar.

Por su lado en Fuerza Popular se produjeron algunas declaraciones muy torpes, como las de la congresista Cecilia Chacón “Fujimori saldría por la puerta grande”; las de Kenji Fujimori “en el supuesto negado que Keiko no gane (…) yo postularé el 2021”; las del congresista Becerril “el Perú no está pidiendo consensos de minorías”; las del congresista electo Petrozzi “con mayoría parlamentaria, las leyes correrán como por un tubo” y otras que se suceden continuamente.

Además, algunas de las propuestas de campaña que no figuran en el plan de gobierno de FP han generado controversias muy importantes. Entre ellas tenemos la de reponer el régimen de “24 X 24” en la Policía Nacional, un retroceso difícil de entender para muchos; y el acuerdo con los mineros ilegales que aparentemente podría despenalizar esa nociva actividad. En ambos casos se ven estas acciones como de corte electorero más que de gobierno.

Por otra lado, KF FP, además de desarrollar una excelente campaña pueblo por pueblo,  también han criticado fuertemente algunas propuestas de PPK, como la de la CTS, y han desarrollado enfrentamientos de corte personal. Por ejemplo: atacar a PPK como traidor por el tema del gas, cobarde por fugarse del país por el terrorismo (“como lo hicieron 3 millones de peruanos” según el propio PPK) y por representar a los grandes empresarios a quienes favorecería (sin embargo, en este caso fue PPK quién puso el tema en agenda cuando dijo: “me dicen que la Confiep apoya a rabiar a KF”).

A diferencia de lo que se dice en los medios, nosotros vemos una andanada desproporcionada de ataques contra KF y FP pues, no solo vienen desde el propio PPK, “yo pagué la educación de mis hijas”, también vienen de su gente, de Mario Vargas Llosa, “(…) se abrirán las cárceles. Los ladrones y asesinos saldrían de los calabozos al poder”, del gobierno, de la mayoría de politólogos y de la gran mayoría de los medios de comunicación. Veamos los extremos a los que se llega:

“(…) al mismo tiempo que los medios que controla han ido cimentando la ficción según la cual el encarcelado ex dictador derrotó a Sendero Luminoso, envió a su líder Abimael Guzmán a la cárcel y sacó al país de la devoradora inflación que lo estaba deshaciendo. Puro mito.” (Mario Vargas Llosa, La Hora Gris, La República, 17 de abril, 2016).

Para variar una de las declaraciones más sabias sobre la coyuntura electoral es la de Don Luis Bedoya Reyes:

“Me preocupa el Perú si PPK gana porque no podrá gobernar. Por eso recordé los casos del 45 con Bustamante y del 63 con Belaunde: las grietas de rivalidad y odio que deja la campaña son gravísimas y el Perú vive un instante extremadamente delicado. Yo creo que ninguno de los dos va a dejar gobernar al otro: si bien es cierto que Keiko va a tener la fuerza del Parlamento, a PPK lo va a heredar la prensa libre. Lo que vamos a tener va a ser una guerra civil no declarada, desde el punto de vista del toma y daca, durante 5 años más”. (El Comercio, 15 de mayo, 2016, página 4).

Más allá de establecer quien es más culpable, el hecho es que la campaña ha tomado un cariz negativo, que como dice Bedoya Reyes afectará al gobierno de los próximos cinco años y además, en nuestra opinión, afectará también las elecciones del Bicentenario, del 2021, pues un gobierno atracado, plagado de inquina no será efectivo para emprender las reformas que necesitamos con carácter de urgencia. Peor aún, al malograrse el entendimiento entre las fueras pro mercado, como lo mandó el voto popular del 10 de abril, y al validarse las posiciones de la izquierda radical anti mercado, dadas las tácticas de PPK y PPK, es muy probable que el 2021 tengamos una final entre las opciones anti mercado.

Para variar, parece que buena parte de nuestra clase dirigente se siente cómoda con los desarrollos del corto plazo, pues no participa del debate nacional, ni exige a los candidatos el cuidar los intereses de largo plazo de la nación.

Finalmente, debemos recordar a PPK que el le dobla la edad a Keiko Fujimori y que es él, quién debe parar esta convergencia anti país. Lampadia 

Nota: Expresamente, no hemos querido tocar hoy los eventos de anoche, el debate técnico, que fue más allá de lo técnico, ni la denuncia de Cuarto Poder (Poder de Cuarta) sobre una investigación de la DEA al congresista de FP, Joaquín Ramírez, que los medios han extrapolado maliciosamente “La DEA investiga audio que relaciona a Keiko Fujimori con lavado de activos”, cuando la representante de la DEA no mencionó a KF (RPP, esta mañana). Ver las escandalosas carátulas de El Comercio y La República sobre el tema (parece que se amplió la ‘concertación’):

En Lampadia creemos que hay momentos en que uno debe recogerse a reflexionar para poder aportar a la sociedad la mejor información y evitar hacer daño a la honra de las personas, sin el debido cuidado y contrastación previa. 

El haber llevado a cabo una regionalización apresurada, irresponsable y politiquera viene representando un enorme costo social, político-institucional y económico al país.  Como hemos señalado “el gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García”. De alguna manera el actual gobierno se hace cómplice de este fenómeno básicamente por omisión (ver en Lampadia (L): La fragmentación política favorece ineficacia y corrupción). 

Anteriormente, hemos señalado que comportamientos disfuncionales como corrupción, gastos absurdos (piscinas, estadios, monumentos), autoritarismo (ver en L: Stalinismo en Cajamarca) se deben a un mal proceso de regionalización que, no contempló establecer los debidos “checks and balances”, en especial los referidos a rendición de cuentas y a la discrecionalidad absoluta de la que gozan. Tampoco consideró la elemental designación de segundas instancias para evitar que los (pésimamente denominados) presidentes regionales actúen como reyezuelos.

A eso se sumó el surgimiento de mafias dispuestas a capturar los gobiernos locales a sangre y fuego. Por eso los elevados atentados contra candidatos en las última elecciones. Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora, “la descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Para colmo de males, con esta debilidad institucional se les asignó inmenso recursos fiscales del canon, regalías y “aportes extraordinarios”, justo en un momento en que luego del apagón de treinta años la inversión privada llegó a las provincias (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Esta situación, como lo señalan diversos estudios es indeseable para la democracia y, puede ser una de las causas del autoritarismo subnacional. Como asegura el politólogo argentino de la universidad de Notre Dame, Carlos Gervasoni, las transferencias fiscales serían una especie de rentismo  (“las rentas entendidas como ingresos (generalmente elevados) percibidos a cambio de un pequeño esfuerzo productivo”). Estos montos convierten a los gobiernos subnacionales en rentistas y al producirse esta relación, por lo general, genera un autoritarismo latente.

Mediante un análisis estadístico para el período 1983-2003 en la argentina Gervasoni estableció una correlación negativa entre renta fiscal y democracia en las provincias de esta nación. De esta forma este politólogo concluye que, las excesivas transferencias que se realizan a determinadas provincias “contribuyen decisivamente al establecimiento de  regímenes subnacionales poco democráticos”. Si bien reconoce que el establecimiento de una democracia saludable se debe a diversas causas, queda claro que el bajo nivel democrático de muchos municipios y provincias y regiones latinoamericanas se debería a este fenómeno que denomina rentista.

Pero en el Perú, no solo ha generado esta situación que explicaría bien lo ocurrido en Áncash y Cajamarca, sino que ha impedido que se entienda que esos ingresos provienen de la inversión privada. De allí el inentendible grito de “canon sí, minería no”.

Si una autoridad regional cree que tiene derecho a seguir recibiendo ingentes fondos sin relación con ningún esfuerzo de su parte, termina asumiendo que no debe: dar cuentas, entender el verdadero origen de los fondos (canon y regalías de los impuestos de las inversiones privadas), usarlos a su libre albedrío para acrecentar su poder o imagen, no necesita de nada más, como promover más inversión privada y, finalmente, comportarse con respeto por lo ajeno y más bien, muchas veces, caen en la corrupción más descarada.

Felices con los recursos, que prácticamente “les caían del cielo”, poco les importó e importa a las autoridades locales esforzarse por atraer y contribuir a que la inversión privada se instale en sus jurisdicciones, por el contrario se han dedicado a obstaculizarla, ponerles gravámenes, trabas e incluso como en Cajamarca, financiar (con dinero público) la oposición a proyectos mineros. Es hora de repensar la regionalización. Lampadia