Los abajo firmantes creemos en la posibilidad de una minería que cumpla con estándares globales, proteja el ambiente, dinamice el desarrollo nacional y beneficie a las poblaciones locales.

El gobierno ha aprobado la licencia de construcción de Tía María. La noticia ha sido bien recibida por unos y con preocupación por otros, debido a la ausencia de una institucionalidad que favoreciera acuerdos. En aras a viabilizar un diálogo constructivo, hemos creído necesario pronunciarnos sobre las tareas que los tres grandes actores involucrados en el proyecto deben asumir para evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables.

 1. La empresa:

a. Que asuma el compromiso de cumplir en forma rigurosa las exigencias de la Evaluación de Impacto Ambiental, y crear mecanismos de monitoreo participativo que aseguren su cumplimiento estricto.

b. Que se comprometa a impulsar programas de desarrollo de la agricultura, la salud y la educación, y que maximice la contratación de mano de obra local en todo lo que sea viable.

 2. La empresa y el gobierno nacional:

a. Que en forma conjunta se comprometan en crear un Fondo de Desarrollo del Valle de Tambo con un mecanismo de gestión con independencia y competencia técnica para adelantar los beneficios que la minería puede traer para la calidad de vida de la población.

 3. El gobierno:

    Que brinde a la población y a las autoridades de la provincia de Islay dos garantías:

a. Que el EIA fue evaluado y es confiable y que, operando dentro sus marcos, el proyecto Tía María no va afectar ni contaminar el agua ni el ambiente del Valle de Tambo.

b. Que va implementar mecanismos de supervisión de las actividades de la empresa para prevenir cualquier incumplimiento y evitar hechos que pudieran perjudicar a la población o al ambiente.

 4. Las autoridades y líderes locales: 

    Que, lejos de acoger discursos polarizantes, tomen la minería moderna como una oportunidad de desarrollo y se enfoquen en dos objetivos:

a. Construir las capacidades necesarias para aplicar bien los recursos generados por la minería (canon, regalías, etc.) para que se transformen en obras y servicios para su población.

b. Vigilar al gobierno y Southern Perú para que cumplan los compromisos asumidos, especialmente respecto al cuidado del agua, el ambiente y la ejecución de los proyectos de desarrollo.

Si la empresa, el gobierno nacional y las autoridades y líderes locales asumen esos compromisos en forma pública y explícita, el diálogo servirá́ para que las tensiones se disipen, abriendo una nueva fase de desarrollo para la provincia de Islay, Arequipa y el Perú.

Los abajo firmantes estaremos atentos al avance de las partes en el cumplimiento de estas obligaciones.

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los beneficios económicos y sociales del proyecto minero Tía María son indiscutibles. El proyecto de Southern Peru, tiene un horizonte de 20 años, con los actuales yacimientos. Se estima que va generar más de 4,000 empleos (directos e indirectos) por los 20 años, otros 3,000 empleos directos más durante la construcción, va entregar un total de 5.5 mil millones de soles en canon y regalías, 100 millones de soles en canon anual solo para la provincia de Islay (con poco más de 50 mil habitantes), 215 millones de soles anuales de impuesto a la renta para el Estado peruano, además de la dinamización y modernización de la economía de la provincia, del valle de Tambo y del entorno de Mollendo. Y como todo proyecto minero moderno, su EIA ya tiene previsto el control ambiental para no afectar el valle cercano del Río Tambo y la recuperación del área perturbada una vez culminada la actividad minera, minimizando así su impacto ambiental en la zona desértica donde operaría. Este proyecto puede ser el inicio de una serie de inversiones adicionales que el Grupo México (Socios controladores de Southern Peru) tiene planificada llevar a cabo en Perú, totalizando cerca de 8.0 mil millones de dólares.

Además, la puesta en marcha de Tía María puede significar una señal positiva para toda una cartera de ampliaciones y de nuevos proyectos mineros por un total de 59 mil millones de dólares, que están esperando que el actual gobierno sea capaz de garantizar el estado de derecho en todo el país para poner en marcha sus inversiones, dinamizando así la economía nacional. No hay que olvidar que cerca de 17% de esta cartera de proyectos se encuentra paralizada a causa de conflictos sociales.

A pesar de esos grandes beneficios, el riesgo de bloqueo del proyecto es alto, y de acá a pocos meses podemos estar asistiendo un nuevo fracaso de los gobiernos peruanos para posibilitar el aprovechamiento del extraordinario potencial mineral, especialmente metálico, del Perú. Este artículo explica brevemente los riesgos y posibilidades de desenlace del tercer intento de implementación del proyecto, actualmente en curso (2011, 2015 y 2019), y qué hacer para evitarlos. Estas notas se basan en un análisis del proceso estratégico detrás del conflicto de Tía María escrito por Camilo Ferreira y Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, y que se encuentra actualmente en prensa.[i]

Los conflictos mineros son fenómenos complejos, de larga duración, con múltiples factores causales y una diversidad de actores involucrados. ¿Cómo analizar entonces la situación y perspectivas de Tía María? El enfoque utilizado por el Centro Wiñaq se basa en la teoría de juegos y combina tres perspectivas.

• La primera se refiere a las estrategias de los movimientos sociales para derrotar poderes establecidos, desarrollado por Gene Sharp, del Albert Einstein Institute.[ii]
• La segunda es una generalización del marco analítico de Paul Davis, de Rand Corporation, para analizar los factores que determinan el soporte público a los movimientos políticos:[iii]
• La tercera perspectiva se basa en los estudios de Scartascini et al. (2008) del Banco Interamericano sobre cómo las instituciones políticas realmente funcionan en los trópicos.[iv]

Estudiando los colapsos de proyectos mineros en Perú y en varios otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Costa Rica, El Salvador, etc., hemos encontrado que la viabilidad de los proyectos mineros depende de cuatro pilares de soporte y que, si cualquiera de esos pilares colapsa, el proyecto se vuelve inviable, aún que los demás estén sólidos (las cadenas se rompen por el eslabón más débil).

El Poder Ejecutivo y el Proyecto Tía María

La postura favorable o desfavorable de los pilares de soporte hacia un proyecto minero depende de los sistemas de incentivos que ellos enfrentan, es decir, si les conviene o no les conviene apoyar la puesta en marcha de dicho proyecto.

En el caso de Tía María, la postura del poder ejecutivo es la variable crítica para el futuro del proyecto, pues no se observa situación con alguna posibilidad relevante que pudiera inducir al congreso, al poder judicial o a la empresa a afectar la viabilidad del proyecto. Si el Poder Ejecutivo es el pilar clave, se hace importante entonces identificar qué factores pueden incidir sobre el sistema de incentivos del actual gobierno peruano. Es decir, ¿qué condiciones o sucesos pueden influenciar las preferencias del gobierno en relación a Tía María?

Los 14 meses de este gobierno indican que no tiene una ideología hostil a la minería (post-extractivismo, pos-modernismo, neo-marxismo, etc.), pero también indican que sus intereses son exclusivamente políticos y ha dado señales que no está dispuesto a ponerlos en riesgo por un proyecto minero, por más importante que dicho proyecto pueda ser para el desarrollo económico del país.

Un gobierno así quisiera cosechar los frutos políticos y económicos de un nuevo proyecto minero, pero tiene un umbral muy bajo para los riesgos que está dispuesto a correr para ejecutarlo. Conviene tener en mente que este gobierno no tiene el soporte de un partido político, no tiene respaldo parlamentario y el apoyo de los medios varía mucho según el tipo de conflicto que enfrenta. Es decir, este es un gobierno cuyos intereses políticos dependen críticamente de su popularidad y de la amplitud de su coalición, y que está enfrentando dificultades para que éstas no se reduzcan. Un gobierno así tiene poca profundidad estratégica para enfrentar los conflictos sociales y políticos que pueden surgir durante la implementación del proyecto.

La empresa ha hecho gran parte de lo que le correspondía hacer para revertir los factores locales que determinaron los colapsos anteriores. Ha llevado a cabo todo un programa de educación de la población, visitando casa por casa y disipando los temores ambientales que los grupos hostiles habían diseminado en la población. Los resultados de su labor han sido positivos: la opinión pública de la provincia de Islay está mayoritariamente favorable al proyecto (59%, según Vox Populi). Ello es importante porque la población en el entorno al proyecto tiene un rol crítico en su viabilidad. No hay proyecto minero viable sin apoyo de la población del entorno.

Sin embargo, la opinión de la población del entorno no es suficiente para garantizar su implementación y una encuesta reciente de Idessia indica que, en la provincia de Arequipa, fuera del ámbito del proyecto, el 62% de la población está mayoritariamente en contra.[v] Además, el Comité de Regantes del Valle de Tambo, la principal organización de los agricultores, se mantiene en contra del proyecto y los grupos hostiles a la minería están activos y buscan la radicalización de la población.[vi]

La fuente principal de los riesgos para el proyecto proviene de los factores políticos: El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, el alcalde provincial de Islay y los alcaldes distritales de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía y Deán Valdivia se han pronunciado en contra del proyecto. Además, los congresistas de izquierda están activamente oponiéndose al proyecto y para muchos periodistas y los medios de comunicación ellos son voces calificadas para explicar los conflictos. Ello significa que, en los próximos meses, los opositores a Tía María van contar con plataformas mediáticas gratis para atacar al proyecto y van poder hacer campañas contra el proyecto y a favor de la conflictividad.

La experiencia anterior de Tía María indica que, cuando los conflictos de desarrollan, la situación de la opinión pública tiende a deteriorarse. En 2015, al inicio del segundo conflicto, la opinión pública a nivel nacional (Según GFK) era 55% a favor de la ejecución del proyecto.[vii] Pero, cuando el conflicto avanzó, la opinión pública nacional se inclinó mayoritariamente en contra de la implementación inmediata del proyecto: 45% prefería una suspensión definitiva y 23% opinaba por la cancelación definitiva, totalizando un 68% en contra del proyecto.[viii] En la situación actual los márgenes son más angostos que en el 2015.

También hay que considerar los costos políticos que el conflicto puede tener para el gobierno. En el 2015, antes de la escalada del conflicto la popularidad de Humala era de 24% y su desaprobación era de 72%, al final, su popularidad había caído a 16% (una queda de 8%) y su desaprobación había aumentado de 77% (una subida de 5%). Ello significa que, cuando hay un conflicto minero, la popularidad de los presidentes tiende a caer. Para un gobierno que prioriza su popularidad, esa tendencia es preocupante.

¿Qué se puede hacer para aumentar las posibilidades de éxito de Tía María?

Quienes deseen que Tía María se implemente (Southern, SNMPE, CONFIEP, periodistas, políticos y analistas) deben tener claro que lo que tienen por delante es un conflicto político, que el desenlace va depender de las decisiones del poder ejecutivo, y que esas decisiones van a depender a su vez del sistema de incentivos que el ejecutivo enfrente. En otras palabras: ¿Con cual desenlace el gobierno gana o pierde más? ¿Es con la implementación del proyecto o es con su abandono? La principal forma de incidir sobre la viabilidad de Tía María hoy es afectando el sistema de incentivos que enfrenta el gobierno.

Esa batalla tiene que darse a nivel nacional, regional y local, con voceros serios y creíbles con una narrativa adaptada a los diversos segmentos de la población. Dicha narrativa a Tía María debe basarse en el actual sistema de creencias de la población, evitando las explicaciones que sobrevaloran los elementos técnicos o que subvaloren la inteligencia de la gente, respondiendo a sus intuiciones y temores. No hay que olvidar que Lima es la caja de resonancia del país y que lo que se difunde en Lima llega a todas las regiones y se vuelve un instrumento para las luchas locales.

El apoyo social a Tía María va depender de que el gobierno, de que la empresa y de que las instituciones del sector logren responder bien a algunas preguntas que la población tiene en su cabeza:

• ¿Es Southern una empresa confiable? ¿por qué puedo confiar en Southern?
• ¿En qué ha cambiado Southern para que sea confiable? Si la empresa antes no era confiable, ¿qué señales indican que ahora ella es distinta?
• ¿El proyecto actual representa o no un riesgo real para la agricultura del valle de Tambo? ¿cómo puedo saber que el agua y el aire del valle no van ser afectados por la actividad minera cercana?
• Si Tía María no es una amenaza, ¿por qué entonces la población y las autoridades locales se oponen al proyecto? Si la gente se moviliza debe tener una razón para hacerlo, ¿cuál es la verdadera razón de las movilizaciones?
• ¿Cómo tiene el gobierno previsto garantizar la protección ambiental del valle de Tambo? ¿Qué mecanismos confiables ofrece el gobierno para proteger el ambiente del valle?
• Si Southern no cumpliera sus promesas y comenzara a contaminar, ¿tiene el gobierno la voluntad política y la capacidad institucional para obligarle a hacer lo correcto? ¿Cómo el gobierno garantiza que la empresa no le va manipular en caso de contaminación?
• ¿Qué razones tengo para confiar en las promesas de este gobierno? Si el gobierno va ser el garante de la población, ¿Qué señales muestran que el garante es confiable?

En la medida en que la población encuentre respuestas claras y convincentes a esas preguntas, sus preocupaciones se reducirán y los grupos hostiles a la minería perderán influencia. Por ello, la batalla de fondo no puede reducirse a elementos transaccionales (obras, proyectos de desarrollo, donaciones, etc.). Tiene que apuntar a ganar la confianza, pues el grado de confianza de la población local, regional y nacional será la principal carta para definir si Tía María va o no va. Lampadia

Los últimos días y meses han mostrado un gobierno peruano ensimismado en la puesta en marcha de su reforma política, presionando y confrontando constantemente al Congreso y solicitándole cuestión de confianza para llevar a buen término los 6 proyectos de ley planteados que involucran un cambio a la Constitución vigente.

Sin embargo, su misma obsesión por el tema institucional no solo ha generado ruido político – ante la posibilidad latente de un eventual cierre del Congreso – sino que además lo ha desenfocado por completo de los ejes económico y social, fundamentales para una buena gobernanza y para seguir propiciando desarrollo a nuestros pobres (ver en Lampadia: Confrontación sin Gobernanza).

Centrándonos en el eje económico, hay una total incertidumbre respecto a los lineamientos de política a emprender por el gobierno de Vizcarra para lidiar con una desaceleración económica que ya data del 2014 (ver en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, El 2014 terminó nuestro círculo virtuoso – ahora necesitamos acumen y una agenda de desarrollo efectiva) y que se ha agravado en los últimos meses con el conflicto comercial EEUU-China (ver en Lampadia: Cuidado con el desplome de las exportaciones).

Peor aún, recientes declaraciones del Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, han dejado entrever la intención del gobierno de retornar al Estado empresario en industrias estratégicas como la minería y la de aerolíneas, lo cual resulta sumamente peligroso para nuestra economía, a la luz de la experiencia histórica del gobierno velasquista en los años 70, que, planteando políticas similares hasta finales de los años 80, nos llevó al colapso de las cuentas fiscales.

Por otra parte, si nos enfocamos en la coyuntura, las recientes cifras de crecimiento de la inversión, tanto pública como privada, publicadas por el BCRP, no muestran signos de reactivación; por el contrario, el crecimiento se torna cada vez más endeble e incluso negativo. Veamos.

Fuente: BCRP

Como se muestra en la siguiente tabla, en el caso de la inversión privada, el crecimiento del primer trimestre ha pasado de 5.3% el 2018 a 2.9% este año; y en el caso de la inversión pública, este crecimiento ha pasado de 6.8% a -10.9%.

Fuente: BCRP

Este alicaído comportamiento de la inversión ha provocado una caída en la tasa de crecimiento del primer trimestre del PBI de 3.2% el 2018 a 2.3% el 2019, que, de mantenerse por el resto del año, estaría muy lejos del potencial requerido para absorber la mano de obra entrante y para reducir sostenidamente la pobreza (ver Lampadia: Crecimiento, pobreza y desigualdad). De hecho, como informó recientemente El Comercio, el crecimiento de abril (ver el siguiente gráfico), situado en 1.7%, reconfirmaría este hecho al generar un crecimiento anualizado del 3.3%, muy por debajo del potencial de la economía peruana (3.7%) así como del proyectado por el MEF (4.2%).

Fuente: INEI

Por otra parte, la inversión directa extranjera, importante generadora de empleo y principal fuente de acumulación de reservas internacionales (ver Lampadia: El Perú se aleja de los circuitos internacionales de inversión), tampoco presenta signos de reactivación al 2018 en gran parte por el poco empuje y animadversión que sigue habiendo hacia el sector minero. Y pese a que aún no se cuentan con datos al cierre del 2019, los últimos meses, caracterizados por el conflicto social del proyecto cuprífero Las Bambas, augurarían una notable reducción de la inversión minera extranjera también para este año.

Fuente: BCRP

Dado los niveles actuales en los que se encuentra el conflicto Ejecutivo-Congreso, es difícil proyectar cual sería el comportamiento futuro de la inversión privada en el corto plazo. El presidente del BCRP, Julio Velarde, hizo las siguientes declaraciones en un reciente evento regional de Cajamarca ante la posibilidad de una disolución del Congreso: “Durante cuatro meses se gobernaría por decreto. La incertidumbre se disiparía cuando se hayan elegido a los congresistas y ver quiénes serían. Habrá cuatro meses de incertidumbre que puede afectar a la inversión privada”

En ese sentido, consideramos que tal incertidumbre podría ser superada si el gobierno se propusiera poner en marcha los proyectos mineros de envergadura como Tía María, Las Bambas, Galeno, por destacar los más importantes, cuyo enorme potencial podrían reactivar la inversión privada. La puesta en marcha de dichos megaproyectos le daría señales claras al sector privado tanto nacional como internacional de que en nuestro país sí se respetan los contratos, lo cual eventualmente aumentaría la confianza empresarial, tan venida a menos en los últimos años. Además, el impulso de la minería, la cual esta encadenada a por lo menos 6 sectores indirectos (ver Lampadia: El sorprendente valor agregado de la minería), apuntalaría el crecimiento del empleo desde las regiones, que es donde más desarrollo requieren nuestros pobres.

Es hora que el Ejecutivo deje de confrontar y se ponga a gobernar por el bien del país. Los peruanos se lo exigimos. Lampadia

Gobernanza
Arte o manera de gobernar que se propone como
objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil
y el mercado de la economía.
Real Academia Española

El gobierno parece no entender que su rol es amplio e integral. Como especifica la RAE, la buena gobernanza no puede desentenderse de ninguno de sus componentes, desarrollo duradero en lo económico, social e institucional. Lamentablemente el gobierno de Martín Vizcarra está a la caza de cualquier oportunidad para confrontar con el Congreso y esperar un rebote de su mermada popularidad.

Inclusive en lo institucional político, exacerba las contradicciones más allá de lo realista. En el caso de la última pechada al Congreso, si bien fue torpe archivar sumariamente la reforma de la inmunidad, el gobierno se quedó en la envoltura, pues ya se había anunciado que el tema se ajustaría vía el reglamento del Congreso. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de forzar la mano.

Vizcarra malogró así lo avanzado en la reciente reunión de coordinación con los voceros de los partidos políticos.

En lo social, el gobierno se muestra incapaz de emprender una efectiva y urgente gesta para movilizar al país en pro de reducir la anemia infantil.

En la económico es evidente que el manejo de los conflictos sociales es muy pobre, tanto en los temas petroleros como en el caso de Las Bambas, que después de cien días aun no se resuelve definitivamente.

Lo mismo va por el caso de Tía María, un proyecto que evidentemente no trae consigo problemas ambientales, y que en lo social ha tenido avances sustanciales. Acá solo resta explicarle al país el balance del proyecto y devaluar los falaces argumentos de los minoritarios grupos anti-mineros.

Volviendo al tema político institucional, el mayor problema del país, según la opinión ciudadana e indicadores palpables, es el tema de seguridad ciudadana. El gobierno se tapa los oídos y el ministro del Interior no pierde ocasión de entrar a los juegos políticos. El colmo.

Además, ahora nos encontramos en una campaña pro cierre del Congreso, promovida por la encuestadora del IEP, ahora secundada por varios medios de comunicación.

Llegar al cierre del Congreso forzando una cuestión de confianza sería una gravísima irresponsabilidad, pero hasta el Primer Ministro mantiene el tema en el horno.

“La Magdalena no está para tafetanes”, o no está el ánimo para vanidades o adornos. La situación del país es difícil. No se puede seguir jugando la suerte del país en los extramuros. Es hora de asumir los retos que manda la buena gobernanza. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 31 de julio –dentro de 9 semanas- se vence el plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María, y aun el proyecto no recibe luz verde de parte del gobierno. En febrero, poco antes del foro mundial de minería PDAC en Canadá, ocasión en que las grandes empresas y los fondos de inversión están viendo el Perú, hubo declaraciones del ministro Francisco Ísmodes y del propio presidente de la República que sugerían la posibilidad que se diera por fin la licencia de construcción, pero ello no ha ocurrido hasta ahora.

Los que aquí se enfrentan son, por un lado, el Perú entero que necesita activar su enorme potencial minero para dar un salto de crecimiento y bienestar para convertirnos en país desarrollado, y un pequeño grupo de opositores ideologizados que no atiende razones sino solo pequeñas posiciones de poder. Que se oponen, en suma, al desarrollo del país.

Porque, como se ha demostrado mil veces, no hay acá afectación ambiental. Pero ese pequeño grupo, que logró infundir temor en la población del valle del Tambo, es cada vez más pequeño y la población le hace cada vez menos caso. Ello ha sido consecuencia del cambio de conducta de la empresa Southern, que desde hace más de dos años estableció en el valle una serie de programas sociales y de apoyo productivo que han ido sembrando confianza en la población. Uno de ellos, por ejemplo, consistió en un convenio con el Gobierno Regional para que las postas médicas del valle, que solo atendían de 8 am a 4 pm, lo hicieran las 24 horas del día. La empresa asumió el costo adicional. Fuera de eso, ha entregado los estudios definitivos para dos hospitales y para agua potable en todo el valle, programas de capacitación en ganadería y en algunos cultivos, matemáticas para todos digital, etc.

El proyecto tiene más aceptación

Esta nueva política de la empresa ha tenido resultados tangibles. Los 6 alcaldes distritales anteriores de la provincia de Islay eran anti-mineros, pero en las elecciones de noviembre pasado, salvo uno, no se oponen al proyecto si se resuelve el problema hídrico, como veremos. Eso cambia radicalmente la correlación política porque parte de la financiación y el apoyo logístico a las movilizaciones anti Tía María en el pasado provino de las municipalidades.

En noviembre y diciembre el Ministerio de Energía y Minas realizó 7 talleres informativos sobre el proyecto sin resistencia alguna y con participación ciudadana. Las oficinas informativas de la empresa en los pueblos del valle no son hostilizadas.

Opositores están disminuidos

Ante los anuncios algo ambiguos arriba mencionados de que se podría dar licencia de construcción al proyecto, en marzo, 130 personas se reunieron para formar el Frente Amplio Defensa del Valle del Tambo. Este Frente ha venido organizando marchas semanales, pero con un número reducido de participantes que, al decir de informantes, ha venido cayendo semana a semana. En la última marcha realizada el jueves pasado, desfilaron unas 250 personas en lugar de las 1,200 o más que marchaban dos o tres años atrás.

El principal líder anti Tía María del valle, Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego, ha sufrido un duro golpe: su Junta se ha partido y se ha formado una nueva, valle arriba, que lo ha desconocido. Esta nueva Junta está a favor del proyecto minero. Además, Cornejo está sometido a “reglas de conducta” dictadas por el Poder Judicial, de modo que no puede participar en manifestaciones. Por lo demás, de acuerdo a nuestras informaciones, los anti-mineros en Islay están divididos.

La represa de Yanapuquio

Los alcaldes de Islay emitieron el 27 de marzo un comunicado señalando que “no puede haber un proyecto minero sin haber solucionado el problema hídrico”, y solicitaban buscar los mecanismos para concretar la represa de Paltuture. Era, en buena cuenta, un visto bueno a Tía María condicionado a la construcción de la obra hidráulica.

El problema es que parte del espejo de agua de esa eventual represa estaría en la región Puno, cuyo pasado gobernador, como si se tratara de otro país, presentó una medida cautelar contra la obra en el Poder Judicial. No se puede realizar. Ante ello, sin embargo, el ministerio de Agricultura ha identificado otra represa cuyo espejo de agua se encontraría íntegramente dentro de la región Moquegua. Se trata de la represa de Yanapuquio. Sus aguas habría que dividirlas entre Moquegua y el valle del Tambo, que queda en Arequipa, pero eso no sería problema.

De modo que la condicionalidad puesta por los alcaldes estaría resuelta. Pese a ello, el viernes, luego de una reunión con el Primer Ministro, han expresado reservas, pero puede ser una posición negociadora. Sólo hace falta, en realidad, la decisión política del gobierno, y solo quedaría planificar bien una estrategia policial para prevenir actos de violencia que eventualmente pudieran ocurrir, pese a que el grupo contrario es cada vez menor y que la oposición al proyecto se ha reducido.

Beneficios

Por lo demás, sería conveniente ir difundiendo los beneficios que traería el proyecto a la zona. Para comenzar, la regalía y el canon se multiplicarían por 10. El canon para la municipalidad distrital de Cocachacra pasaría de 3.4 millones de soles al año a 33 millones de soles.

Esto sin contar el empleo que generaría esta inversión de $1,400 millones de dólares: 9,000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 4,800 empleos permanentes entre directos e indirectos.

Por supuesto, la señal nacional e internacional para el clima de inversión sería extraordinaria. Los fondos de inversión globales están mirando lo que ocurra con Tía María, que se ha convertido en un proyecto icónico. Su lanzamiento sin duda significaría un punto de inflexión, sobre todo si a ello se suma la creación de condiciones institucionales para la inversión minera en otras zonas del país.

La llave

Por lo demás, Tía María es la llave para un paquete de nuevas inversiones de la propia Southern que, de salir, aprobaría invertir en otros proyectos tales como una nueva fundición y refinería en el sur ($1,350 millones de dólares), además de proyectos de otros operadores, como los de Zafranal, la expansión de Toromocho, La Granja, Cañaris, y Apurímac Ferrum, entre otros.

Además, el Perú tiene que aprovechar la incertidumbre que existe en México para la inversión, que podría llevar a la Southern a poner casi todas sus fichas en nuestro país.

Tía María tiene una importancia estratégica para el relanzamiento de la inversión minera en el Perú y para la consolidación del clima de inversión en general. El gobierno tiene la obligación de autorizarla. Y no podría sino beneficiarse de ello. Lampadia

Líneas abajo reproducimos el excelente artículo de Jorge Baca Campodónico sobre el impacto de los errores de gestión de los gobiernos de Humala, Kuczynski y Vizcarra, que entre el 2011, donde se dio el ‘Punto de Inflexión’ del proceso virtuoso de crecimiento, y el 2021, malograron la posibilidad de crecer y reducir la pobreza, entre otros beneficios sociales y económicos.

Próximamente, completaremos este análisis con una nueva mirada al mandato estratégico de gobierno para los siguientes 20 años.

Las caídas de las exportaciones (11.8%) y de las importaciones (7.3%) en el mes de marzo confirman la desaceleración de la economía y ratifican nuestro pronóstico de que el PBI no crecerá mas de 3.6% este año y no mas de 4% en los años 2020 y 2021. Con estos resultados cerraremos una década de pobre desempeño económico que nos quita la ilusión de llegar al bicentenario de la independencia habiendo superado la trampa del ingreso medio.

Lamentablemente el pobre desempeño de esta década se lo debemos a decisiones erradas tomadas por el gobierno de Humala que las administraciones de PPK-Vizcarra no solo no han sabido revertir, sino que las han acentuado.

• Desde el día en que Humala tomó el poder juramentando por la constitución socialista de 1979, las autoridades han venido tomando medidas populistas que socaban el modelo económico consagrado en la constitución de 1993.
• Se han priorizado proyectos de inversión de dudosa rentabilidad económica como la Refinería de Talara, los Panamericanos y Gaseoducto del Sur.
• Al mismo tiempo que se han puesto trabas a la ejecución de proyectos mineros como Conga, Tía María, La Granja, El Galeno, y muchos otros.

Las autoridades de las diferentes administraciones de esta década han esgrimido diferentes justificaciones para explicar el pobre desempeño de la economía como la crisis mundial, el fenómeno del Niño Costero, la corrupción, la obstaculización del Congreso, etc. Muy pocas autoridades reconocen los errores cometidos. Por el contrario, se insiste en medidas populistas como el incremento del salario mínimo, de las pensiones, de los programas no contributivos de salud y pensiones, de los programas de sociales de transferencia monetaria, en incremento de la burocracia no productiva. Como en la época de la bonanza del guano, las autoridades están mas interesadas en el gasto no productivo que en cómo hacer crecer la economía.

¿Cuánto nos está costando los errores de política económica de los gobiernos de Humala y PPK-Vizcarra? Para responder esta pregunta hemos utilizado nuestro modelo PREDICE para simular que hubiera pasado con la evolución del PBI si se hubieran concretado en forma progresiva la inversión minera postergada por las decisiones erradas del gobierno. Para fines comparativos hemos utilizado la evolución del PBI chileno para el periodo 1997 – 2021. En el caso chileno, las proyecciones para el periodo 2019 – 2021 son las proyecciones del FMI.

En el Gráfico 1 se presentan las evoluciones del PBI real chileno y peruano en miles de millones de dólares de 2018 para el periodo 1997 – 2021 juntamente con el escenario alternativo correspondiente a la evolución del PBI peruano si se hubiesen puesto en ejecución los proyectos mineros que se han paralizado o se vienen aplazando por diferentes trabas burocráticas o conflictos sociales.

La conclusión que se llega del ejercicio de simulación es que el aumento de inversión asociado a la puesta en marcha de los proyectos de inversión mineros adicionales hubiese generado un PBI que superaría ligeramente al PBI de Chile en el 2021. Es decir, que hubiésemos llegado al Bicentenario con un PBI ligeramente superior al PBI de Chile.

Este PBI implica un crecimiento promedio anual para el período 2011 – 2021 de 6.8%, que contrasta con el magro crecimiento promedio de 3.7% que obtendremos con las políticas que venimos implementando. En el 2021, hubiésemos llegado a tener una economía de US$ 330 mil millones en lugar de los US$ 250 mil millones que tendremos con la política actual.

La inversión minera adicional también hubiese significado un crecimiento de nuestras exportaciones muy por encima del observado en los últimos años. En el Gráfico 2 se presentan las evoluciones de las exportaciones chilenas y peruanas en millones de dólares americanos juntamente con el escenario alternativo que describe la evolución de las exportaciones peruanas si se hubiesen concretado los proyectos mineros paralizados o postergados por las trabas burocráticas o conflictos sociales. En el escenario “Perú sin década perdida”, nuestras exportaciones hubiesen crecido al ritmo de la evolución de los precios de los minerales para ubicarse en el 2021 a la par con el valor de las exportaciones de Chile.

La puesta en marcha de los proyectos de inversión mineros hubiera significado un aumento de la inversión bruta fija total a lo largo de la década. Este aumento de la inversión es la que explica el mayor aumento del PBI a lo largo de la década y el aumento de las exportaciones. En el Gráfico 3 se presenta la evolución de la inversión bruta fija medida como porcentaje del PBI para Chile y Perú para el período 1997 – 2021.

Observamos que la puesta en marcha de los proyectos mineros paralizados o postergados representa en promedio 1.5 puntos porcentuales del PBI por encima de lo sucedido a lo largo de la década 2011 – 2021. Los 1.5 puntos porcentuales adicionales son equivalentes en promedio a 3,000 millones de dólares americanos adicionales de inversión por año. Esta cantidad es equivalente a la inversión de dos Tía María o a la mitad de Conga o La Granja.

Si no hubiésemos tenido la década perdida, para el 2021 no solo hubiésemos superado el PBI de Chile, pero podríamos haber eliminado la pobreza extrema y reducido la pobreza monetaria a un dígito y podríamos haber recibido el Bicentenario en un clima de optimismo que significa romper la trampa del ingreso medio. Lampadia

Líneas abajo reproducimos la importante conferencia de Guillermo Shinno en el Instituto de Ingenieros de Minas y Petróleo en la que urge al gobierno a tomar decisiones. La conferencia fue reproducida por el semanario Minas y Petróleo. También adjuntamos la respectiva presentación.

Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y ex vice ministro de minas afirmó: “Ya es hora que Conga y Tía María salgan adelante”. Él junto a Miguel Cardoso, primer vicepresidente de dicha institución, ofrecieron brillantes conferencias en la tercera jornada de la semana de la ingeniería de minas 2019, realizada en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. 

Asimismo, destacaron que si bien es cierto que el Perú logra mantenerse como un importante destino para las inversiones de capitales privados en la minería –ocupando el cuarto lugar en el mundo– es preciso tomar acciones determinantes para potenciar el desarrollo minero del país que, a pesar de los vaivenes políticos en los que se encuentra y de la vulnerabilidad institucional que afronta, conserva un óptimo posicionamiento como potencial productor polimetálico.

¿Cómo se vislumbra el futuro económico del Perú en el panorama mundial, signado por la guerra comercial entre EEUU y China cuyo crecimiento tecnológico demanda, cada vez más, oro y cobre?

¿Qué implicancia tendrá el crecimiento de la industria de la joyería en India en relación al Perú frente a la demanda de ese metal precioso?

¿Cuál será el impacto del incremento de las tasas de interés establecidas por la FED, en EEUU, que podrían hacer menos atractiva la inversión de capitales en oro o plata consideradas como inversiones de refugio? Estas y otras interrogantes fueron  absueltas  a través de sendas ponencias cuyas partes más importantes reproducimos.

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MIGUEL CARDOZO:

“NECESITAMOS INSTITUCIONES FUERTES Y SÓLIDAS”

“En un país como el nuestro, donde afrontamos una serie de problemas para lograr alcanzar el consenso político, para tener planes conjuntos de desarrollo, donde no podemos ponernos de acuerdo en las cosas más simples que implica el esfuerzo del desarrollo del territorio, en un país como éste lo que nosotros necesitamos son instituciones fuertes y sólidas”, manifestó el primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Miguel Cardozo.

“Los profesionales del sector minero tienen un alto nivel de conocimientos que deben, justamente, reflejar a través de la solidez de sus proposiciones el firme compromiso con el desarrollo de nuestro país y la visión de largo plazo y de futuro que tenemos que tener, como ingenieros, para que podamos lograr el avance de nuestro país”, enfatizó.

“Instituciones como el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) tienen que ser instituciones muy fuertes y coherentes tratando de trabajar, siempre, por el bienestar nacional. Pienso que ese es el principio fundamental que tenemos que respetar a nivel institucional y personal y eso nos va a llevar a mejorar las instituciones y el país en general”, precisó.

LA MINERÍA NO ES EL SECTOR MÁS DESTACADO EN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN”

“En el Instituto queremos contribuir con una serie de aspectos: el crecimiento profesional, el conocimiento y la innovación tecnológica. Recuerden que la minería no es el sector más destacado en desarrollo tecnológico, ni en innovación en el mundo.

También debemos promover prácticas responsables en la industria minera porque eso es lo que necesitamos para que los conflictos disminuyan y para que la industria sea cada vez más reconocida como un agente de desarrollo. Nosotros queremos avanzar no sólo como institución, queremos avanzar como país, queremos preocuparnos por nuestros asociados. Queremos estar vinculados con la industria, pero también con la academia”, puntualizó.

“DEBEMOS TENER LINÉAS DE VISIÓN MUY CLARAS”

En relación a la fase de la exploración como parte medular de las operaciones mineras, el destacado conferencista destacó que se debe fomentar la misma evitando que sea desvirtuada por intenciones políticas de oscuros intereses. “Nuestro colega Ricardo Cáceres mencionó el tema de la importancia de la exploración.  Eso es muy cierto. Es una actividad clave para el desarrollo minero del país, es la madre de la minería y no debemos permitir que sea menoscabada a través de la oposición política, de las inacciones o las acciones equivocadas”, resaltó.

Por otro lado, respecto al agua manifestó que ese recurso “es parte de la minería: consumimos una parte mínima del agua del país. Sin embargo, asumimos una responsabilidad muchísimo más grande que otros sectores que la desperdician. Los pasivos ambientales mineros son un tema importante y van a adquirir mayor importancia en el futuro. Estamos avanzando hacia el cierre de minas y eso va a ser un tema sumamente delicado para todos nosotros”, resaltó.

LA IMPORTANCIA DE LOS CLÚSTERS MINEROS

“Hay el tema de los clúster mineros del que todos reconocemos su importancia, porque es lo que ayudará a que la minería no sólo crezca más rápido, sino que además sus beneficios se proyecten hacia todos los sectores y todos los proveedores que trabajan con la industria.

Tenemos que hacer muchos estudios. Tenemos que ser entidades dedicadas al estudio, a la discusión, conectados con la academia y con la industria y necesitamos que nuestros planteamientos sean escuchados. Por eso es que hay que ser muy activos en ese campo”, resaltó.

En relación a los foros que se realizan como espacios de debate público en el sector minero, manifestó que “los congresos que en el IIMP y el CIP estamos desarrollando, son un medio importantísimo de comunicación. Sin embargo, no hay que olvidarnos que tenemos que comunicarnos con la población. A ella nos debemos con claridad y transparencia en nuestros mensajes.

Ustedes conocen qué es Perumín, Proexplo, Congreso de Relaciones Comunitarias, lo que ha sido, hasta ahora, el Congreso de Gestión Minera que está en un proceso de transformación, dentro del Instituto. Asimismo, conocen todos los estudios que estamos publicando: algunos acerca de la historia de la actividad minera, otros acerca de los beneficios macroeconómicos y microeconómicos que trae la minería al país.

Hay que tenerlo claro para que todos lo tengan claro. No hay minería de corto plazo. Esta es una industria de largo plazo y el desarrollo del país también lo es. Nosotros vivimos enfrascados en el corto plazo, plazo inmediato y lo negativo que existe en él, que son los conflictos y las discrepancias”, subrayó. “La mirada de largo plazo nos debe ayudar a planteamientos de consenso que cambien la agenda de la minería y con ello la agenda del desarrollo de nuestro país. Cuando se reconozca que la minería es un motor de desarrollo que debe seguir impulsándose bajo un crecimiento sostenido y no sobre constantes altibajos en los cuales vivimos debido a algunos sinsabores políticos, entonces habremos asumido un real compromiso”, resaltó.  

“DEBEMOS ANALIZAR NUESTRA COMPETITIVIDAD”

“Estamos haciendo seguimiento al Índice Fraser, todos los años, tratando de ver dónde debemos mejorar. Por otro lado, tenemos la honra de poder anunciar que se va a realizar, en el Perú, el 27 Congreso Minero Mundial, que se llevará a cabo el 2024.  Esto va a ocurrir 50 años después del año 1994 en el que nosotros albergamos el Congreso Minero Mundial.

Este año, además, la Comisión Organizadora de ese congreso va a estar en Perumín. Estamos dando pasos importantes que nos proyectan, de manera positiva, a nivel mundial. De igual modo, participamos en el Congreso de Toronto, que es uno de los eventos más grandes de la minería en el mundo. Organizado por la Cámara de Comercio de Canadá. Aquí, por supuesto, participamos en el interior del país. Esa es la tarea que queremos imponernos y con ese compromiso seguimos trabajando, colaborando y estrechando lazos con el CIP.

Es importante resaltar que tenemos al Presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del CIP, como parte del Consejo Directivo del IIMP, y eso nos permite una cercanía mayor, así como compartir estos eventos de celebración de la ingeniaría de minas del Perú, lo cual estrecha lazos de acercamiento y nos hace más hermanos, más compañeros y más colaboradores.”, finalizó.

GUILLERMO SHINNO:

“PERSPECTIVAS DE LA MINERÍA AL 2019”

En general, el mundo debe crecer alrededor de 3.6% en el presente año. Latinoamérica registrará, aproximadamente, un crecimiento de 2.1%; Japón y la Eurozona, están entre 1% y cerca del 2%, respectivamente. China –como siempre– ha estado creciendo más que los demás: 6.3% aunque se ve que su crecimiento es cada vez menor. Por su parte, EEUU muestra un crecimiento de alrededor de 2.2%. Con esta introducción, el ex vice ministro de minas y gerente general del IIMP, Guillermo Shinno, inició su conferencia: “Perspectivas de la minería al 2019”.

A continuación, manifestó que: “uno de los temas clave, en el contexto económico mundial, que debemos seguir es el de la tasa de interés que puede establecer la FED la cual, aparentemente, todo indica que se iría hacia el alza. El hecho de que ellos (sic) suban la tasa de interés, hará menos atractivo el que los capitales se inviertan en metales como el caso del oro o la plata (que son inversiones de refugio) y prefieran otro tipo de commodities u otro tipo de valores para efecto de asegurar sus inversiones”, destacó.

CRECIMIEMTO DE CHINA ES CADA VEZ MENOR

“En el caso de China podemos ver que el 2011 tuvo un crecimiento de 9.5%, éste cada vez ha ido bajando y si bien China todavía demanda mucho en infraestructura, su crecimiento es cada vez menor  y eso incide en la demanda de materias primas incluidas la de los metales”, subrayó.

GUERRA COMERCIAL CHINA – EEUU

“Otro de los principales riesgos que se toman en cuenta para el crecimiento de este año es la guerra comercial que hay entre EEUU y China. Aun cuando ya ha habido un acercamiento entre esos países, el enfrentamiento es algo que está latente. Ello, de alguna manera, puede marcar algunos problemas en relación al crecimiento mundial y con respecto a presiones inflacionarias que se pueden dar por el incremento de los aranceles de sus productos dentro de EEUU”, enfatizó.

OFERTA MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES MINERALES

“En el caso del cobre, si se ve desde el lado de la oferta, se prevé un crecimiento, dado que en Chile ha habido dos plantas electrolíticas que tuvieron una paralización y se espera que en el presente año puedan volver a operar normalmente. Por el lado de la demanda, se estima un crecimiento sostenido de ésta por el desarrollo de infraestructura, sobre todo, de China e India. En el Gráfico Nº 1 podemos ver cómo la oferta está, ligeramente, por encima de la demanda y están creciendo ambos componentes”, precisó.   

EN EL CASO DEL ZINC

“La demanda estuvo creciendo en los últimos años. La oferta no lo hizo sino hasta el año 2017- 2018 que empezó a crecer.  Se espera que el presente año se incremente un poco más ya que hay un fuerte crecimiento de la producción. Hay nuevos proyectos y reinicio de minas que han estado paralizadas. Respecto a la demanda, va a seguir creciendo, aunque a una menor velocidad (ver Gráfico Nº 2)”, afirmó.

EL ORO

“A pesar que se ha invertido mucho en exploración, no se han encontrado grandes yacimientos de este metal y por lo tanto la oferta está cayendo; mientras que la demanda tiende a crecer un poco más debido al desarrollo tecnológico de China y la industria de  la joyería en India que cada vez precisa un poco más de este metal precioso (ver Gráfico Nº 3)”, explicó.

LA PLATA

“Hasta el último año la demanda ha estado en descenso mientras que la oferta creció un poco. Se espera que el próximo año ésta se incremente, sobre todo en México donde han entrado –recientemente– algunas nuevas unidades de producción. En relación a la demanda hay, cada vez, una menor tasa de crecimiento porque ha disminuido la fabricación de paneles fotovoltaicos, que es donde más se utiliza ese metal (ver Gráfico 4)”, detalló.

LA MINERÍA EN EL PERÚ

Para el Perú, el sector minero representa algo más del 50% de las divisas generadas por el país, 20% de los ingresos fiscales y el año pasado ha representado 11% del PBI.

La importancia que tiene este sector en la economía nacional no es solo por la ingente cantidad de divisas que genera, también permite desarrollar a los demás sectores y contribuye con sus impuestos a satisfacer cierta infraestructura básica en aquellas zonas en las cuales sabemos que la inversión privada, difícilmente, va a llegar, especialmente en lo que se refiere a educación y salud.

Nuestra producción estuvo creciendo en cobre, pero el 2018, estuvimos ligeramente por debajo de lo que fue el año 2017, aparentemente por problemas técnicos que tuvo la producción en Las Bambas.

La producción de oro estuvo bajando sobre todo en Lagunas Norte, la mina de Barrick, que es una importante productora de ese metal en el Perú. Como ya explotó las zonas más ricas está produciendo menos. A ello se suma el cierre de Pierina, su otra mina de Barrick, en Ancash.  

En relación al zinc, la producción de este metal se mantiene estable con ligeras variaciones en los últimos años.

Respecto a la plata, ésta estuvo creciendo hasta el 2016, pero ha tenido un ligero descenso en los últimos dos años.

VALOR DE LA OFERTA EXPORTABLE

Nuestras exportaciones mineras, entre 2014 y 2018, se expandieron 34%. Hasta noviembre del 2018 se habían exportado más de US$ 26 mil millones, mientras que en el 2017 se exportaron en todo el año US$ 27,159 millones, principalmente en cobre, oro, zinc y plomo, que representan cerca del 90% del valor de las exportaciones mineras.

CARTERA DE PROYECTOS

De acuerdo a la cartera de proyectos que hoy día maneja el MEM, ésta se compone en un 30% de proyectos que están en Cajamarca, 17% en Apurímac, 10% en Moquegua y 8 a 9% en Arequipa. Apurímac –hasta antes que apareciera Las Bambas– no estaba en el mapa de la producción de minerales ni en proyectos, pero a raíz de ese y otros proyectos, ahora destaca.

NO TODOS LOS PROYECTOS LLEGAN A SER UNA REALIDAD

“Siempre hablamos de la cartera de proyectos (cuando yo estaba de vice ministro también se hablaba de una cartera de 48 mil millones de dólares) como un asunto de vital importancia para el sector, pero hay que ser sinceros: la mitad de esa cartera está en exploración, muchos en una etapa muy temprana; por lo tanto, no sabemos si se van a implementar o no. Asimismo, varios no cuentan con información actualizada por parte de las empresas mineras. Muchas veces éstas, ante un proyecto en exploración muy temprano, sueltan una cifra de algún proyecto que quien sabe si se llegará a terminar, evaluar o madurar para que entre en producción. Por lo tanto, referirse a una cartera de 59 mil millones de dólares… es incierto”, destacó.

“Se ha divulgado que hay 17 proyectos que van a mover la economía del país de aquí al 2022, con un monto de inversión más o menos considerable. Sin embargo, muchos de ellos, a pesar que tienen EIA aprobado, autorización de construcción e ingeniería de detalle tienen problemas de viabilidad técnica y financiera. Entonces, es difícil pensar que se puedan ejecutar en el plazo que se indica en la cartera. Yo les aseguro que varios de esos proyectos no llegarán a concretarse por diferentes motivos: entre otros factores los conflictos sociales”, señaló.

EL RETO DE TÍA MARÍA

“Por ejemplo, Tía María debería entrar en producción en el 2022. Se ha anunciado que este año empezaría su construcción. Todos sabemos que este proyecto perdería su certificación ambiental este año si no inicia su construcción y eso implicaría volver a hacer un estudio de factibilidad, volver a hacer todo el trámite ante el SENACE para poder aprobar un nuevo EIA con toda la participación ciudadana que se requiere. Eso significaría un daño para el país. Ya es tiempo de tener que afrontar estos problemas y ver cómo resolver los conflictos sociales para sacarlos adelante”.

Asimismo, manifestó que: “proyectos como Tía María y Conga, por ejemplo, ya están listos. Lo único que falta es la voluntad de seguir adelante entre todos: gobierno, la empresa y comunidades y no dejarnos llevar por aquellas opiniones o intereses de organismos y personas totalmente ajenas a la actividad, que lo único que buscan es su propio interés en desmedro de esta actividad tan importante. No voy a decir nombres, pero existen –inclusive– abogados que están detrás de grandes proyectos tratando de venderle la idea a las comunidades, de que ellos los van a asesorar para sacarle mayor rentabilidad al proyecto, dándoles información equivocada”.

Por otro lado recalcó que “ya es hora de tener una estrategia para desvirtuar toda esa información que, de alguna manera, está haciendo daño al país y esto no es nuevo. Durante mi gestión también había esos problemas. Esta gente está tomando mucho protagonismo. Ya hay que tomar una acción frontal y decidida para hacer viables muchos de los proyectos mineros”, afirmó enfáticamente.

TRES PROYECTOS MINEROS QUE IMPULSAN LA ECONOMÍA DEL PAÍS

“No hace falta mirar toda la cartera, sino aquello que ya tiene un gran avance: Tía María; Antapaccay que tiene una ampliación de Coroccohuayco, que también tiene sus problemas de tramitología; Corani que tiene un problema de financiamiento, Pacha Paqui, que   tiene muchos años trabajando la reactivación de su unidad minera y   hasta ahora no ha podido salir adelante.

Por otro lado, se habla este año de una optimización de Lagunas Norte. Tengo entendido que aún está en revisión. Todavía no es algo seguro.  Asimismo, Poderosa tiene una ampliación pequeña.

La economía del sector minero si bien se está moviendo y va a haber mayor inversión el presente año, es gracias a tres grandes proyectos: Quellaveco cuya responsabilidad de su desarrollo es ahora netamente empresarial. En su momento Angloamerican estuvo en una situación muy difícil. Tuvo que vender muchos activos. Tomaron como meta que el 2017 tenían que llegar con un nivel de deuda y que si llegaban ahí distribuían utilidades e iban con el proyecto. Menos mal que sucedió así”, afirmó.

Respecto a    Minas Justa, refirió que, por fin, logró su factibilidad. “Es un proyecto que está moviendo la economía junto con la ampliación de Toromocho. Esa sí es una intervención de este gobierno. Recordemos que por 34 hectáreas Chinalco no podía llevar adelante la ampliación de Toromocho. Si no se resolvía el hecho de poder transferirle esa área a la comunidad, el proyecto se paralizaba”, recalcó.

Luego tenemos otros proyectos de menor envergadura como Yanacocha (Quecher Main) o Minsur con el tratamiento de sus relaves como Bofedal 2, otros proyectos como “Ariana”, en fin, tengo aquí un listado (Cuadro Nº 1). Hay que mirar las cifras proyecto por proyecto. Muchos están en una etapa muy temprana, no podemos generar demasiadas expectativas”, precisó el ex vice ministro de minas.

MINERÍA Y ENERGÍA

Prosiguiendo con su alocución, Guillermo Shino resaltó que: “la minería es un gran sector que demanda mucha energía. En el 2018 ha representado más de 1/3 de la demanda de energía a nivel nacional. Motiva el hecho de tener que generar energías limpias, porque parte de lo que debería hacer el sector es ver cómo promovemos este tipo de tecnologías, que son más amigables con el medio ambiente. Estamos hablando, básicamente, de solares y eólicas que son algunas de las alternativas que pueden impulsar este sector.

Hoy en día, han entrado las grandes centrales solares porque ha bajado mucho el costo de generación, pero están haciéndolo sin baterías, es decir, los paneles solares funcionan mientras hay sol, en la noche no porque no tienen baterías de almacenamiento…, estas todavía tienen un costo muy alto.” afirmó.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO PARA EL 2019

“Se podría decir que las perspectivas con respecto a la demanda de los minerales son conservadoras, básicamente, por la guerra comercial que hay entre China y EEUU. Hay una mayor inflación proyectada en ese país, lo cual puede implicar la subida de las tasas por parte de la FED por lo que puede ser menos atractivo seguir invirtiendo en este sector”, refirió.

Respecto al mercado del cobre, afirmó que éste tendrá un exceso de unas 750 mil toneladas en el presente año, “lo cual puede presionar los precios, ligeramente, a la baja. El reinicio de varias operaciones de refinación electrolítica en Chile y China que estaba cerradas, temporalmente, estaría detrás de este resultado”, aseveró.

“En el caso del zinc habrá un ligero exceso de demanda de unas 221 mil toneladas métricas, en el 2019, por los mayores requerimientos que tiene China para la galvanización de acero ante la necesidad de suministrar de este material para su economía interna en el proceso de urbanización.  Sin embargo, el constante aumento de la oferta primaria del zinc cerrará este exceso de demanda en el 2019, induciendo una retracción de los precios de este metal”, precisó.

INVERSIONISTAS DEJARÍAN EL ORO COMO ACTIVO DE INVERSIÓN DE REFUGIO

“En el caso del oro hay un exceso de demanda de más de 4 millones de onzas que se explica tanto por el incremento tecnológico de China como por el desarrollo de la industria de la joyería en India.  Hay que considerar, también, que hay varios proyectos de exploración que no han sido exitosos a pesar que se ha invertido mucho dinero en ellos. No obstante, el efecto de la política monetaria contractiva de la FED que subirá su tasa de interés de referencia impactará, negativamente, este mercado reduciendo los precios de metal, ya que los inversionistas dejarían al oro como activo de inversión de refugio y apostarían por invertir en instrumentos como bonos de corto y largo plazo”, precisó.

En relación a la plata, afirmó que va a haber un exceso de oferta de 23 millones de onzas al 2019, debido al crecimiento en el suministro de las minas productoras de plata (principalmente en México) y, por otro lado, a un menor crecimiento esperado en la demanda debido a la baja del 12.2% en las preferencias por las barras y monedas elaboradas con este metal y de las celdas fotovoltaicas que se elaboran con plata.

Sin embargo, el Perú sigue siendo atractivo para los capitales de inversionistas como sucede en Canadá, país que tiene gran expectativa por el Perú para seguir invirtiendo.

PERÚ ES EL CUARTO PAÍS MÁS ATRACTIVO EN EL MUNDO PARA LAS EXPLORACIONES

Perú es el cuarto país más atractivo para invertir en exploración. Hemos cerrado en 6% la captación del volumen en inversiones y esa posición expectante que tiene el país, tenemos que aprovecharla, pero solamente lo vamos a lograr si es que afrontamos los conflictos sociales

“El hecho que Tía María salga adelante, sería una noticia de enorme importancia en el ámbito mundial; como lo fue en su momento cuando se aprobó el EIA en el 2014. Este año no solamente por el hecho de que va a vencer su certificación ambiental, sino que sería la oportunidad de consagrarnos como que no rehúye sus problemas, sino que los afronta y enfrenta”, refirió.

“No hay que quitar el hecho de que las comunidades campesinas tienen una natural preocupación por una actividad tan grande y eso hay que saber entenderlo. … y evitar que estos agentes terceros, sigan teniendo influencia sobre aquellas personas… debemos aprovechar la coyuntura, las expectativas… yo les aseguro que podríamos dejar una gran oportunidad detrás. Todavía estamos a tiempo de evitarlo”, finalizó.

Ver la presentación de Shinno:

Perspectivas de la minería al 2019

Lampadia

Como ya hemos comentado anteriormente (ver Lampadia: La Minería en el 2019, Mesías Guevara desconoce la realidad minera de su región) varias regiones con alto potencial minero al interior del país, tanto en el sur (Arequipa, Moquegua y Puno) como en el norte (Cajamarca) y el centro (Junín)  del territorio nacional,  se encuentran pasando por una situación política compleja, desde que las nuevas autoridades regionales asumieron funciones el pasado 1 de enero.

El discurso anti-minero que durante el gobierno de Humala provocó un aumento considerable de la conflictividad social en las regiones y que redundó en la paralización de grandes proyectos del sector como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca – que eran fundamentales para el crecimiento de la economía peruana – ha resurgido en mayor y menor medida en varios de los discursos de los gobernadores regionales de las regiones anteriormente mencionadas. Veamos:

• El pasado 19 de enero en TV Perú, Mesías Guevara, gobernador regional  electo por la región Cajamarca afirmó “La minería solo ha traído conflicto, pobreza y desigualdad en Cajamarca”.
• El 18 de noviembre del 2018, en las postrimerías de las campañas electorales, el ahora gobernador regional electo por la región Arequipa Elmer Cáceres, declaró: “Tía María, no va; Zafranal, no va; Tambomayo, no va”.
• El pasado 20 de enero en una entrevista en Canal N, el gobernador regional electo por la región Puno, Walter Aduviri se mostró a favor de crear una nueva Constitución ya que consideró que en las zonas geográficas donde opera la minería se viola el derecho legítimo de las comunidades como el derecho a la consulta previa. 
• Vladimir Cerrón, gobernador regional electo por la región Junín, además de haber denunciado públicamente a empresas mineras de no pagar regalías ni canon, pretende imponer la creación de un nuevo currículo escolar regional, rechazando el currículo escolar del MINEDU.
• En Moquegua, el nuevo gobernador, Zenón Cuevas, pretende aplicar un impuesto a las utilidades de las industrias extractivas, en el orden del 10%, aumentando la contribución que actualmente pagan estas empresas por concepto de impuesto a la renta (29.5%).

Todas estas declaraciones claramente reflejan una completa incomprensión y una falta de entendimiento del potencial que ha generado y podría seguir generando la minería en esas regiones en materia económica y social. Antes bien, pareciera que quisieran impulsar agendas políticas extra regionales con las que pretenderían ganar notoriedad nacional, sacrificando a la población de sus propias regiones.

La minería ha demostrado ser una importante fuente de generación de empleo formal (directo e indirecto) y un motor protagónico de la reducción de  la pobreza fuera de la capital – tal como, por ejemplo, lo ha evidenciado el impacto del desarrollo minero en Apurímac y Arequipa. Mientras que, aquellas regiones que no han impulsado su potencial en este sector, como es el caso de la agenda anti-minera de Cajamarca, han terminado con un mayor empobrecimiento de sus comunidades.

Sin embargo ¿Por qué es especialmente relevante esta discusión para la economía nacional, específicamente, hacia al 2020?

Como bien ha advertido Macroconsult recientemente en uno de sus reportes económicos semanales, probablemente este  fenómeno, que eventualmente podría paralizar más proyectos en los próximos años-  es uno de los grandes riesgos que enfrentará la economía peruana en el corto-mediano plazo – por no decir el más álgido – conforme la cartera de proyectos  mineros aprobados se va agotando y el stock de proyectos de envergadura a la fecha ya experimentaron su fase máxima de producción.

Por otra parte, como hemos señalado también en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad , el sector minero se encuentra paralizado, tras haber caído en 1.1%  en el 2018, producto de una debilidad del gobierno por promover la inversión minera. Esta debilidad se ha puesto en evidencia con la marcha atrás del proyecto Tía María, que a pesar de que las encuestas sugerían que más de la mitad de la población de Arequipa estaba  favor del proyecto a setiembre del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas no le otorgó la licencia de construcción a la empresa Southern (ver en Lampadia: El Gobierno no da luz verde  a Tía María pese a cambios en el valle).

Todo ello con el agravante de que el FMI prevé para este año y para el próximo una desaceleración de la economía mundial – principalmente por una mayor tensión comercial entre EEUU y China – lo cual indudablemente impulsará los precios de las materias primas a la baja, agravando aún más las condiciones de crecimiento de nuestra economía.  (ver Lampadia: Perú crece por debajo de su potencial).

En este escenario, consideramos que el presidente Vizcarra, dado el enorme capital político que ostenta, además de darle luz verde al proyecto Tía María, haría bien en desarrollar un discurso que promueva la minería y que explique a todos los peruanos los beneficios que ha tenido esta actividad, de manera que las poblaciones en las regiones entiendan que para que nuestra economía pueda retomar la senda del crecimiento alto de años pasados, el desarrollo minero es esencial.

No podemos seguir perdiendo la generación de riqueza y menos en las regiones, que es donde la pobreza está más presente. Si se promueve frontalmente la minería desde el Ejecutivo, los gobiernos regionales eventualmente podrían alinear su discurso al del presidente, considerando su enorme popularidad en varias regiones del país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El viernes 11 de enero el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, comunicó a los representantes de Southern Cooper Corporation (SPCC), que no les dará la licencia de construcción para el proyecto Tía María. No mientras el porcentaje de aceptación del proyecto en el valle del Tambo no sea considerablemente mayor al actual.

El ministro basó su decisión en una encuesta aplicada en el mes de setiembre que la propia Southern encargó a IPSOS y que revela que, si bien la aceptación ha mejorado en la provincia de Islay entre abril y setiembre, en el valle del Tambo mismo solo 2 de cada 5 encuestados manifiesta estar a favor del proyecto.

El temor del ministerio es que se produzca una resistencia similar a la que ya ocasionó muertos en el pasado. Pero, según la empresa, ese temor es infundado. Raúl Jacob, alto funcionario de Southern, señala que ese dato de septiembre se explica más como una anomalía estadística que como una tendencia, porque las anteriores encuestas (6 en total) han mostrado más bien una situación de empate. “En los últimos meses hemos iniciado varios programas comunitarios que han conectado bien con la población. Pensamos que el resultado de septiembre no es representativo de lo que ocurre en el valle. En general la aprobación a los proyectos mineros antes de iniciarse es baja. Las Bambas, por ejemplo, tenía sólo 22% de apoyo antes de su construcción, mucho menos que Tía María”.

En buena cuenta, si bien hay una la proporción apreciable de personas que responde estar en contra del proyecto, en la práctica esas personas ya no se movilizarían voluntariamente contra él, por varias razones. Primero porque la SPCC ha desarrollados varios programas de apoyo social y mejoramiento productivo que han tenido impacto y  han sido bien recibidos por la población, que ya no rechaza la presencia de representantes del proyecto ni hostiliza sus actividades y oficinas, y segundo porque esto se ha manifestado en la reciente elección municipal en la que ya no fueron elegidos alcaldes anti-mineros de modo que, adicionalmente, los dirigentes opositores al proyecto –desmoralizados, divididos y procesados la mayor parte- ya no contarían ahora con el apoyo financiero y logístico de las municipalidades que fue decisivo en el pasado para pagar y transportar a los manifestantes y activistas. Por lo demás, crecientemente sindicatos y asociaciones están enviando cartas al Presidente de la República solicitando la autorización al proyecto.

Programas sociales y productivos

Jacob nos informa que SPCC puso en marcha desde mediados del 2016 una política de “buen vecino”, que consistió en la ejecución diversos programas orientados a la mejora en la calidad de vida (salud, saneamiento, educación, etc.) y al apoyo a las actividades productivas (agricultura, ganadería, etc.).

En salud firmó un convenio con el gobierno regional para financiar la ampliación del horario de atención de las postas, que era solo de 8.00 am a 4.00 pm, a las 24 horas del día. También realizó diversas campañas médicas. En educación, se aplicó el programa “Matemáticas para Todos” que este año escalará a todas las instituciones educativas del valle. También se desarrollaron pasantías Pre-profesionales.

En lo productivo, se ejecutó un programa de acompañamiento al 90% de los ganaderos para que sus animales cuenten con un estricto control sanitario ganadero. También se difundió una técnica que permitió reducir en un 90% la mortalidad del ganado porcino y se capacitó en la producción de arroz con el método SICA, entre otras capacitaciones técnicas.

Agrega que, fuera de eso, ha financiado con 22 millones de soles los estudios de agua potable y saneamiento para toda la provincia de Islay (ver imagen)

También está financiando los estudios de pre inversión e inversión para el Hospital de Mollendo (Alto Inclán) y el Centro de Salud de Cocachacra. Incluso ha formulado propuestas de inversión que no han merecido respuesta: en el 2017 propuso al MINAGRI financiar la construcción de 4 pozos tubulares de 120 litros por segundo a un costo unitario estimado en US$ 250,000, sin resultados.

Nuevos alcaldes ya no son anti-mineros

Ese conjunto de acciones de apoyo social y productivo, junto a una política de información en oficinas abiertas en las distintas ciudades del valle, probablemente influyeron en el resultado de las elecciones municipales, donde las candidaturas anti-mineras fracasaron todas y solamente en una de las seis alcaldías triunfó un candidato del Frente Amplio, que ni siquiera es en realidad un hombre militantemente opuesto a Tía María. De los anteriores 6 alcaldes, 4 eran abiertamente contrarios al proyecto minero.

Sindicatos piden el proyecto 

No solo ha cambiado el escenario político, también el sindical y gremial. Diversos sindicatos, como el de Construcción Civil de la provincia de Islay y los sindicatos de Toquepala, Cuajone e Ilo, y otras organizaciones, han enviado cartas al Presidente de la República o al ministro de Energía y Minas solicitando la autorización al proyecto Tía María (ver anexo). Esto no ocurría antes.

Capacidad de movilización se ha reducido

Como consecuencia de todo lo anterior, la ascendencia, influencia y capacidad de movilización de los dirigentes anti mineros ya no es ni remotamente la misma que pocos años atrás. Según la empresa están desmoralizados, divididos y muchos de ellos procesados. De hecho, ante una eventual movilización, ya no contarían con el apoyo financiero y logístico de las municipalidades, ahora en manos de alcaldes favorables a la inversión. Las eventuales convocatorias que realizan registran muy poca asistencia.

De la hostilización a la acogida

Lo que sí registró considerable asistencia y acogida, en cambio, fueron 7 talleres informativos sobre Tía María organizados por el ministerio de Energía y Minas en los meses de noviembre y diciembre en los distintos pueblos del valle, incluso en Deán Valdivia, el distrito “más problemático”. Normalmente hubieran sido hostilizados o impedidos. Ahora no hubo resistencia alguna sino más bien amplia participación, como puede verse en las fotos que se nos ha alcanzado:

Por eso, en la misma encuesta que reseñamos al comienzo, realizada en setiembre del año pasado, antes aun de los talleres mencionados, son más los que piensan que Tía María mejorará la situación del empleo en la zona:

De hecho, Tía María es una inversión de $1,400 millones de dólares cuya construcción durará dos años generando 9,000 empleos (3,600 directos + 5,400 indirectos), y durante sus 20 años de operación generará 600 empleos directos y 4,200 indirectos.

Por eso, la mayoría piensa que los jóvenes deberían aprovechar la oportunidad si Tía María les ofrece empleo:

Y cuando se les pregunta en qué se debería invertir el canon que produzca la mina, solo un 16% opina que en nada porque la mina no debe operar:

De hecho, la empresa nos informa que los ingresos de Arequipa por impuestos a la renta y regalías subirían por año en S/ 273.4 millones a los actuales precios del cobre.

Habrá protestas, pero…

Ya sabemos, sin embargo, que en esta clase de contextos, algunos participan voluntariamente en las movilizaciones pero muchas personas pueden ser obligadas a participar bajo distintas formas de coacción. Un pequeño grupo sin duda intentará activar alguna clase de resistencia. Pero dicho grupo carecería de los recursos económicos y logísticos que antes le brindaban las municipalidades del valle, y las relaciones de la empresa con grupos de productores que antes también apoyaban las movilizaciones, sin duda han mejorado. Y cualquier plan que entrañe niveles de violencia o coacción indebida debería poder ser anticipado por una buena estrategia de inteligencia policial preventiva, interviniendo si es necesario, de modo que las protestas, si las hay, transcurran dentro de los límites del Estado de Derecho.

El gobierno, por lo demás, debe salir a explicar las bondades y beneficios del proyecto, así como una propuesta de desarrollo integral de la provincia que se hará factible con los ingresos fiscales generados por Tía María. Los recursos mineros son estratégicos para el desarrollo del país y de las propias regiones mineras (aunque haya que reformar el manejo del canon, para que produzca desarrollo integral). Por lo tanto, es deber del Estado diseñar y aplicar estrategias que hagan posible estas inversiones defendiéndolas de las fuerzas destructivas que quieren impedirlas. 

Conclusión

En conclusión, dado el cambio producido en el valle tanto en lo político como en las relaciones de la empresa con la población, el gobierno no debería tener temor de dar la licencia de construcción a Tía María, si es que coordina una estrategia de comunicación efectiva basada, por ejemplo, en las oportunidades que brindará la mina, como empleo e infraestructura, y diseña una estrategia de seguridad que prevenga cualquier intento, improbable a estas alturas, de generar violencia ante la autorización del proyecto. 

ANEXO:

Lampadia

En su discurso de Fiestas Patrias, el presidente Vizcarra incluyó el tema de los sectores productivos, mostrando una visión política tradicional y quitando el cuerpo a los temas más importantes, como el referido a la extensión del régimen agrícola para favorecer la agro-exportación y desconociendo la importancia de impulsar el proyecto de cobre de Tía María en Arequipa.

Evidentemente, el gobierno no quiere desarrollar una mirada estratégica de nuestra economía, como la que propusimos oportunamente el 2 de julio pasado con nuestro análisis: ‘Estrategia para la creación de empleo y generación de riqueza en el Perú durante los próximos 20 años’.

En dicho análisis que alcanzó a 133,529 personas, recibió 3,734 likes, se compartió 925 veces, tuvo 1,421 interacciones y 148 comentarios, decíamos que para superar la pobreza debíamos desarrollar una estrategia para generar el máximo de riqueza en el mínimo de tiempo y así nivelar a nuestros pobres con los ciudadanos del mundo y evitar que sean condenados para siempre a los arrabales de la globalización. Ello implicaba que el Perú se apoyara en la fortaleza de sus sectores productivos, con especial énfasis en la agro-exportación y la minería.

Pero, lamentablemente, parece que el gobierno (con tal de llevar la fiesta en paz) prefiere no leer ni liderar.

En su discurso, el presidente no tocó el régimen agrario y, en cuanto al desarrollo minero, nos dijo:

No podemos ser un país que tiene una gran riqueza bajo la tierra y pobreza en la superficie. La industria minera y de hidrocarburos son una oportunidad para el desarrollo, sin embargo, como hemos señalado muchas veces, este desarrollo no puede darse sin un compromiso social y ambientalmente responsable. En ese contexto resaltamos importantes inversiones mineras anunciadas en el presente año:

• Proyecto Michiquillay, por US$ 2,500 millones
• Ampliación Toquepala USD 1,200 millones
• Ampliación Marcona USD 1,300 millones
• Ampliación de Toromocho, por US$ 1,300 millones.
• Quellaveco, con una inversión de USD 5,300 millones.
• Mina Justa, por USD 1,300 millones.
• Corani USD 580 millones
• Pampa de Pongo USD 2,500 millones

Inversiones que superan los USD 15,000 millones, que contribuirán a reactivar nuestra economía.

Pero no solo la gran minería es importante, sino la pequeña minería y la minería artesanal. (…).

¿Curiosamente? El presidente Vizcarra excluyó de su lista el proyecto de cobre a Tía María, que se anuncia todos los años y está prácticamente listo para iniciar su mayor fase de inversión.

¿Qué puede explicar semejante omisión? -Pues, la ‘maldición de Arana’

¿Quiere decir eso que los demás proyectos están en la lista mientras no reciban la ‘maldición de Arana’?

Si alguno de los demás proyectos, el día de mañana, recibe la ‘maldición de Arana’, ¿dejará de estar en la lista de proyectos en un nuevo discurso?

No, Señor presidente, así no se lidera. Eso no es lo que nuestros peruanos más pobres necesitan.

De la ‘maldición de Arana’ sabemos hace mucho tiempo. Veamos lo que nuestro director de Lampadia le dijo en Perumin Convención Minera 32, en setiembre del 2015:

Señor presidente, no podemos perder mucho tiempo para emprender la gesta del desarrollo de nuestros sectores productivos, la generación de riqueza y la derrota de la pobreza. ¡Leamos y lideremos! Lampadia

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

La minería en el Perú está esencialmente parada desde el inicio del gobierno de Humala-Heredia. PPK fracasó clamorosamente en la necesidad de reposicionar a la minería como una actividad positiva para el desarrollo del país, empezando por los pueblos cercanos a los proyectos. Esperamos que el gobierno de Vizcarra logre enmendar rumbos.

Hace una semana, mientras en Chile se realizaba la Conferencia Mundial de Cobre 2018, organizada por CRU, y todos los representantes de la industria, así como de las compañías de ingeniería y maquinaría minera, compartían su entusiasmo por el potencial del sector y la disposición de Chile para desarrollar sus proyectos, en el Perú se empezaba a perfilar una inconsecuente falta de visión y valentía, por parte de los miembros del nuevo gobierno de Vizcarra con respecto a las inversiones en minería y energía, empezando por el propio primer ministro.

El primer ministro, Cesar Villanueva, con su proverbial bonhomía, hizo una declaración, festejada por el diario La República, sobre la necesidad le lograr ‘licencia social’ y como requisito previo al desarrollo de los proyectos mineros: “Tía María (…) es uno de los proyectos que (…) no tienen la aprobación de las poblaciones adyacentes al centro minero y que, además, no demuestran un respeto absoluto al tema ambiental en sus propuestas de operación deben esperar.”

Lamentablemente, en vez de asumir el reto de explicar a los ciudadanos, la necesidad de apoyar los proyectos mineros y sus beneficios para el país, el gobierno prefiere, aparentemente, jugar a la política tradicional y postergar las decisiones cruciales de gobierno, en haras de asegurar el voto de las izquierdas anti-inversión y anti-minería, para la investidura del gabinete.

Cuidado, que así es como se malogran las oportunidades de avance del país. Así sucedió,  cuando recuperamos la democracia luego de la dictadura militar, cuando el presidente Belaunde, con su tradicional bonhomía, postergó todas las decisiones que debieron corregir las barbaridades de la dictadura estatista, para cuidar la candidatura municipal de Eduardo Orrego. Salió Orrego, pero nunca se pudo enrutar al Perú, hasta diez años después, luego de mucho sufrimiento y costo de vidas.

No podemos arriesgar el destino de los peruanos, postergando las inversiones que deben disminuir la pobreza y corregir siete años de despropósitos.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq

Para Lampadia

El 20 de febrero pasado fue asignado el proyecto minero Michiquillay (Cajamarca) a Southern Peru Copper Corporation, este proyecto implica una inversión de US$ 1,950 millones y entraría en operaciones el año 2025. Se trata de una noticia sumamente relevante puesto que es el primer nuevo proyecto minero a ser iniciado en el Perú en muchos años.

La reacción entre los actores económicos ha sido positiva, aunque se considera que, por sí solo, Michiquillay no implicaría un cambio significativo en la trayectoria del crecimiento económico de largo plazo del país.

Como ya es común en el Perú, el riesgo principal que enfrentan proyectos de esta envergadura no proviene de aspectos económicos y/o financieros, sino de tipo socio-político. El proyecto Michiquillay no es la excepción. El mero hecho que se encuentre ubicado en la región Cajamarca lo expone abiertamente a esta posibilidad. En Cajamarca las fuerzas políticas hostiles a la minería[i] obtuvieron 51% del total de votos válidos en la última elección presidencial[ii], más específicamente se encuentra en el distrito de “La Encañada” en el que dichas fuerzas obtuvieron un agregado de 52%. Otro a dato a considerar fue el crecimiento explosivo en el número de miembros de las comunidades de Michiquillay y la Encañada (ver tabla siguiente). Esto nos señala la existencia de múltiples personas interesadas en obtener una porción de las rentas generadas por este proyecto extractivo.

Como se puede observar el proyecto se encuentra en una zona en la que la hostilidad minera puede significar un incentivo para el posicionamiento político de múltiples actores locales y sociales, alineados contra el proyecto. Tal como hicimos hace unos meses para Lampadia en el artículo “¿Tía María va?”, en el presente texto hemos identificado algunos de los riesgos sociales que enfrenta el Proyecto Michiquillay y que podrían erosionar su viabilidad:

1. Manejo del Fondo Social Michiquillay: La generación de instituciones benefactoras con recursos mineros ha sido un instrumento de legitimación social aplicado en múltiples casos. Se tiene en Cajamarca el antecedente de la ALAC la cual fue implementada por Minera Yanachocha, en Espinar se creó la Fundación Tintaya. Esas instituciones manejan importantes recursos y la disputa por el control de los mismos puede llegar ser sumamente conflictiva. En el caso de la Fundación Tintaya el 29 de mayo del 2012 el local fue incendiado por un grupo de manifestantes en medio de acusaciones respecto a que la Fundación servía para dividir a la comunidad en favor de la mina. En el caso del Proyecto Michiquillay cuando el mismo era administrado por Anglo American, a inicios de junio de 2013 el local del Fondo Social Michiquillay fue tomado por personas que reclamaban el pago a las universidades donde estudian sus hijos y que se cumplan los acuerdos de un año de trabajo para cada uno de los comuneros. Recientemente se acusa los dirigentes locales favorables a la realización del proyecto de estar comprometidos “en las irregularidades del Fondo Social Michiquillay que consta en los informes de auditoria”[iii] es acusación ha sido divulgada por el congresista post-extractivista Marco Arana.

En el caso de Fondo Social Michiquillay el mismo dispone, actualmente, del 50% del total de las contraprestaciones de la empresa hacia el Estado, el mismo que asciende a un monto cercano a los US$ 200 millones. Estamos hablando de fondos significativos a ser controlados de manera conjunta por la empresa y por representantes de comunidades sin experiencia en la gestión de fondos de dicha magnitud.

Las disputas respecto al Fondo Social pueden ser aprovechadas por los postextractivistas, ellos podrían brindar a facciones en disputa por el Fondo soporte discursivo. Es decir, una facción de la comunidad deseosa de controlar parte del fondo podría presentarse como víctima de abusos por parte de la empresa o afectada ambientalmente ello con la esperanza de legitimar socialmente acciones de presión contra el Fondo. El aparato de comunicaciones post-extractivista en múltiples ocasiones ha mostrado efectividad en convertir intereses rentistas de grupos y organizaciones en discursos en que lucen a los ojos del público como víctimas de las empresas mineras.

Por ejemplo, existen voceros y organizaciones que buscan polarizar con los representantes del Fondo Social y con los representantes de las comunidades.Una estrategia que anti-mineros han usado con anterioridad es la creación de organizaciones paralelas (Frentes de Defensa, comités, confederaciones, etc.) que se presentan y hablan en “representación de la población”.Estas organizaciones confunden a la opinión pública acerca de cuáles son los representantes legítimos de la población.El siguiente cuadro muestra declaraciones de voceros de algunas organizaciones.

Una diferencia importante con las coaliciones formadas en otros conflictos, es que los representantes de la población se han mostrado abiertamente a favor de la continuidad del proyecto, y han rechazado la presencia de elementos ajenos a la comunidad.  (“En cuanto a las protestas anunciadas por los anti-mineros, [Jesús Díaz Casahuamán, presidente de la comunidad campesina de Michiquillay] dijo que están en su derecho, sin embargo, aclaró que los comuneros no permitirán el ingreso de terceros a querer desestabilizar la ejecución del proyecto, porque todos están de acuerdo con esta oportunidad de desarrollo que representa”.  Habla Cajamarca- Radio la Beta- 13/02/2018).

2. El Anillo Externo: Un proyecto extractivo puede estar en buenas relaciones con su entorno directo y aun así ser socialmente inviable. Esto puede darse cuando el proyecto enfrenta un anillo externo que es hostil al proyecto. Un caso relevante en el que esto se dio fue en el del Proyecto Conga. En este caso las comunidades más cercanas al proyecto en múltiples ocasiones habían manifestado su apoyo a la realización del proyecto; sin embargo, la movilización en zonas más lejanas al proyecto generó una dinámica de conflicto que lo inviabilizó.

Este fenómeno del anillo externo puede verse agravado por el accionar mismo de la Empresa y sus prácticas sociales. Algunas empresas con el fin de obtener la “Licencia Social” en su entorno destinan ingentes recursos a una Área de Influencia (AI) definida con criterios técnicos sin considerar las dinámicas sociales de la zona. Esta asignación de recursos es entendida, en muchos casos, como una compensación frente a los efectos ambientales de las operaciones mineras. Esto genera una clara diferencia entre beneficiarios y excluidos de un proyecto minero, diferenciados por quien queda a un lado u otro de la ribera de un río, en una u otra ladera de un monte, o cualquier otro límite geográfico determinado por la empresa.

Un mecanismo para justificar la inclusión en el AI sería que los miembros de este “Anillo Externo” sean percibidos como perjudicados por el proyecto minero. Es en esta circunstancia que los pos-extractivistas encuentran terreno fértil para su narrativa, puesto que proveen de discurso y asesoría a los dirigentes que requieren ser percibidos como afectados ambientalmente para lograr sus objetivos. En este caso, los que se perciben como afectados son la población de Polloc y Namora, audiencia que anti-mineros locales han encontrado para inocular su narrativa. 

Una vez que empiezan a trabajar con dirigentes y líderes de opinión locales, los pos-extractivistas tienen convocatoria local para sus “Talleres Informativos” destinados a maximizar el temor entre la población local (ver en Lampadia: “Manual de formación de líderes anti-mineros”). Las movilizaciones por parte del Anillo Externo pueden devenir en actos violentos y vandálicos, cierre de carreteras, y en plataforma para el envío de mensajes hostiles a la minería. En el caso de Conga las movilizaciones de comunidades no pertenecientes a los Anillos más cercanos del proyecto fueron determinantes para generar las tensiones que paralizaron dicho proyecto. Por ello más allá del apoyo del AI, hay que estar pendiente del clima social fuera de ella y su potencial de movilización contra el proyecto. Es relevante mencionar que la ONG anti-minera Grufides ya ha empezado a visibilizar la resistencia al proyecto por parte de pobladores en insatisfechos en los alrededores del proyecto.[iv]

Por el momento, los esfuerzos por generar movilizaciones contrarias han sido infructuosos, tanto de manera contraria como favorable.(“El dirigente rondero Ydelso Hernández [candidato al congreso por el MAS, con 23,048 votos mientras Arana obtuvo 8,576] dijo que miles acudirían a la movilización en contra del proyecto Michiquillay, pero no fue así, y el político cajamarquino Miguel Rojas tampoco tuvo la convocatoria con su marcha en apoyo a las inversiones, por lo que ambas convocatorias pasaron desapercibidas”- La rotativa regional, RPP – 20/12/2018).

3. Utilización Político-Electoral del Proyecto: La polarización frente a proyectos mineros puede resultar un conveniente mecanismo de posicionamiento electoral. En Tambogrande Piura, Francisco Ojeda resultó ser electo alcalde de su distrito tras oponerse a la inversión minera como dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande en 2003. En la provincia de Bambamarca en Cajamarca, Edy Benavides fue electo alcalde provincial tras liderar el Frente de Defensa en 2014. En Espinar Cuzco, Oscar Mollohuanca fue elegido alcalde de su provincia tras liderar el Frente de Defensa y liderar violentas protestas contra la minera Xstrata Tintaya en 2013. Finalmente, Gregorio Santos fue reelecto como gobernador de Cajamarca tras una gestión precaria en obras o servicios gracias a su polarización anti-minera. Como se pude observar en múltiples ocasiones el posicionarse como luchador frente a los supuestos abusos de las empresas mineras resulta ser políticamente rentable.

La utilidad de la polarización contra la minería ha sido reconocida por los dirigentes del MAS-Cajamarca. Cesar Aliaga[v], posiblemente el pensador más sofisticado de dicha organización, considera en su libro “La Batalla por Cajamarca”, que haber planteado las elecciones regionales como un referéndum respecto a Conga fue una de las principales causas de su victoria. De manera adicional, en un escrito interno reciente del MAS-Cajamarca el dirigente Johnny Tejada[vi] se lamenta que en este proceso electoral de octubre del 2018 no se estuviera vislumbrando una polarización anti-minera regional que impulsara la victoria del MAS.

Con la asignación del Proyecto Michiquillay a Southern, estos intereses se mantienen y se da la posibilidad de una polarización que permita que el eje de disputa de la compaña del 2018 sea uno entre “Pro-mineros versus defensores del agua” único escenario en el cual el MAS podría resultar triunfante dada su baja capacidad de gestión pública y constantes escándalos de corrupción.

Es en ese sentido, las declaraciones de Gregorio Santos respecto a Michiquillay en las que afirma que es un proyecto “Que nació muerto”, las del Gobernador Regional Porfirio Medina en las que afirma que ha sido impulsado “al caballazo” y las del líder rondero Ydelso Hernández mostrando su absoluta oposición, pueden ser entendidas como un intento de capitalizar electoralmente a partir de una potencial polarización social contra Michiquillay. Existe por ello un riesgo relevante de la instrumentalización de la oposición a Michiquillay como plataforma política por parte de ciertos actores locales. Es especialmente relevante en el caso del MAS-Cajamarca que requiere que la agenda electoral se aleje de su gestión lo más posible.  De igual manera, un posible candidato a la región como Miguel Rojas, intentó organizar una movilización favorable que serviría como plataforma política; sin embargo, no tuvo éxito.

4. Deslegitimación del Proceso de Socialización: Los activistas anti-mineros tienen procedimientos bastante estandarizados para erosionar un proyecto, paulatinamente. En un primer momento intentan movilizar a la población contra los procesos de exploración minera como se dio el caso del proyecto Cañariaco, si esto no es posible trataran de bloquear y deslegitimar el proceso de adquisición de tierras por parte de la Empresa. Los primeros ataques de Marco Arana a Yanacocha fueron con esa temática. Si esto no se logra, se tratará de descalificar el proceso de socialización del proyecto en especial a las Audiencias Públicas y el EIA. Las Audiencias Públicas son atacadas con argumentos bastante homogéneos: se afirmará que se excluyó a los sectores opuestos al proyecto, que las firmas de asistencia fueron dadas con engaños y que el supuesto consentimiento de la población al proyecto ha sido producto de amenazas y prebendas por parte de la Empresa Minera. También se tratará de descalificar el EIA con estudios alternos, como los realizados por Robert Moran.[vii], estudios de cuestionable calidad y enfocados en sembrar temores sobre los potenciales efectos ambientales.

La legitimidad del Proceso de Socialización es un componente no visible de la disputa por la viabilidad de los proyectos mineros, si bien no incluye manifestaciones públicas o tomas de carreteras, de la legitimidad de estos procesos dependerá de manera crítica la postura de las comunidades cercanas y la posición de líderes de opinión.

En el caso del conflicto alrededor del Proyecto Las Bambas, un componente de la narrativa anti-minera consistió en considerar que los mecanismos mediante los cuales se socializaron cambios en el proyecto resultaron no ser legítimos. Se afirmó que el cambio de la modalidad de traslado del mineral de un mineroducto al uso de camiones no siguió los estándares de consulta previa que hubiera sido necesario aplicar. Este discurso fue repetido en múltiples ocasiones por voceros tales como Richard Arce, Marco Arana y Marisa Glave quienes se enfocaban en atacar la socialización del proyecto más que los efectos ambientales del mismo.

En el caso de Michiquillay es necesario que el Proceso de Socialización tenga características tales que no abran flancos de vulnerabilidades que puedan ser aprovechados por los pos-extractivistas. La participación debe ser amplia, darse de manera frecuente, en términos comprensibles para la población local, y con un criterio de construcción de legitimidad social más que del mero cumplimiento de requisitos legales.

5. Correlación de Fuerzas Locales Hostiles: La inviabilidad de un proyecto minero se da como resultado de una dinámica de enfrentamiento político. Es clave para determinar el resultado de este enfrentamiento la correlación de fuerzas enfrentadas respecto a la viabilidad de un proyecto. Un proyecto como Michiquillay que implica una inversión de US$ 1,950 millones es sin duda un hecho de gran importancia económica y política para la región Cajamarca, y aún más para la provincia de Cajamarca y para el distrito de La Encañada. Ello genera una dinámica en los que diversos actores políticos y sociales locales tienen que tomar posición respecto al proyecto. El siguiente cuadro muestra la postura asumida por diversos actores frente al proyecto.​

Es importante observar el rol que ha asumido las comunidades cercanas en hacer visible su postura favorable al proyecto. Su apoyo visible es importante para disuadir a los activistas anti-mineros nacionales e internacionales de focalizar sus recursos políticos contra el proyecto, a falta de “contraparte” local. Por otro lado, golpea la narrativa anti-minera en la que se considera que la Empresa y el Estado pretenden “imponer” el proyecto. Por ello es importante la batalla por la representatividad social de la población en el entorno del proyecto. Como se menciona anteriormente, los anti-mineros ya están desplegando iniciativas de articulación de insatisfechos en el entorno del proyecto, además de tratar de maximizar el área a la que se le atribuye algún grado de afectación ambiental (Polloc, Namora, etc.). Ello con el fin de incrementar la cantidad de población “afectada” posible de ser movilizada contra el proyecto.

La correlación local no incluye únicamente la configuración social en el área de influencia del proyecto, incluye a empresarios, académicos, autoridades sub-nacionales, organizaciones de la sociedad civil, medios locales de comunicación etc. Todos estos actores pueden jugar un rol en la viabilidad de un proyecto minero la sobrestimación de la criticidad del área de influencia lleva a casos como los de Conga o Santa Ana en los que los proyectos son socialmente inviables a pesar del apoyo de la población cercana al proyecto.

Como se puede ver en la tabla anterior, el apoyo al proyecto tiene representantes en diversos estratos de la sociedad, mientras las iniciativas hostiles se concentran en periodistas y políticos principalmente.  Sin embargo, cuando vemos la diversidad de temas con las que buscan defender al proyecto, éstas están centralizadas en aspectos económicos, mientras los anti-mineros consideran fallas en el proceso institucional, el impacto ambiental, la reputación de Southern, etc.  Un proyecto puede perder su legitimidad en diferentes frentes y los movimientos hostiles a la minería han comprendido eso y lo ejecutan en sus luchas políticas. (menciones en el 2018)

Conclusiones

La legitimidad de Southern y de su operación está amenazada tanto por errores propios como por intereses políticos que ven una oportunidad en la posición hostil a la minería.  El proyecto Michiquillay tiene el potencial de relanzar la inversión minera en Cajamarca y en el norte del Perú; en donde varios otros proyectos se encuentran paralizados o sin la suficiente confianza para ser desarrollados. Para que este potencial se cumpla se hace necesario un monitoreo cercano de los riesgos sociales y políticos que enfrenta el proyecto. Es necesario implementar una visión que reconozca que los riesgos se originan no únicamente en el entorno del proyecto sino en la sociedad local en el que se haya involucrado.

También es importante considerar que el conflicto no se da únicamente durante las movilizaciones sociales, que es una consecuencia de todo un trabajo previo y de un flujo diario de mensajes en los medios de comunicación.  La disputa por la legitimidad de un proyecto se da en el día a día: entender el sistema de creencias que posee actualmente la población local (urbana y rural), comprender los agravios que los grupos hostiles a la minería intentan inocular en la población, identificar la búsqueda de rentas que ciertos grupos intereses persiguen, formar una coalición social que soporte el proyecto, implementar controles ambientales y sociales que protejan legitimidad del accionar de la empresa y sus empleados, etc.  Del resultado de esa lucha diaria dependerá si Michiquillay será una importante fuente de riqueza para el país o si será uno más de los casos de proyectos mineros paralizados en el Perú.