Algo extraño ocurrió con el proyecto de antepuerto (espacio anterior al puerto) del Callao que iba a construirse y funcionar mediante una concesión que se otorgaría en un terreno de la Marina de Guerra del Perú, en una ubicación ideal colindante al propio Puerto. El proyecto fue desarrollado por Pro-Inversión, y contaba ya con cartas de intención de varias empresas extranjeras que mostraban su interés en participar, pero misteriosamente, sin explicación alguna, Pro-Inversión anunció en noviembre  del 2015 su suspensión y luego, el 27 de julio de 2016, un día antes del fin del gobierno anterior, anunció su cancelación.

Fuente:  www.comunidadandina.org

El proyecto consistía en habilitar y operar un antepuerto en un área de 39 hectáreas perteneciente a la Marina situada a menos de dos kilómetros de los terminales portuarios. Dicho antepuerto permitiría el ingreso, estacionamiento, inspección de aduanas y salida de los camiones desde y al puerto del Callao. Tendría también una Zona Logística para tareas de almacenamiento y otras y una zona administrativa para oficinas públicas y privadas.

Fuente:  www.comunidadandina.org

Ubicación estratégica del proyecto

Lo que se conseguiría con este proyecto, según Pro-Inversión, sería ofrecer servicios de apoyo al comercio exterior de manera organizada, integrada y eficiente en una plataforma especialmente concebida para tales fines, con estándares internacionales, ubicación estratégica y gestión integral. La idea fundamental es mejorar la calidad de los servicios relacionados al comercio exterior y agilizar los procesos y el flujo de la carga a fin de reducir los costos logísticos, que en el Perú, como sabemos, son muy altos. De paso, perseguiría mejorar la fluidez y orden del tránsito de vehículos hacia y desde el Puerto del Callao.

Se trataría de una Asociación Público Privada (APP) auto-sostenible sin garantías del Estado, por 30 años, con una inversión de aproximadamente US$ 186 millones. Si ya había postores interesados con esas condiciones, la pregunta es, ¿por qué se canceló el proyecto?

Un ex funcionario del MEF, que prefirió guardar su nombre en reserva, nos dio la siguiente explicación: “El proyecto como estaba concebido requería una legislación ad-hoc (que incluía cambios en la ley de aduanas) y una vía elevada muy costosa. Además la Marina pedía ciertas liberalidades para el uso de los recursos que iba a generar”

El Almirante Carlos Raygada, por su parte, vinculado al proyecto, explica que esa vía elevada es un proyecto adicional que ya existía y que mejoraba el proyecto pero no era indispensable. No estaba considerada dentro de los US$ 186 millones. De hecho, hace dos o tres años el gerente de APM Terminals propuso que varias empresas se juntaran para hacer ese viaducto mediante Obras por Impuestos (OXI), pero la iniciativa no prosperó. Y sin duda podría financiarse parcialmente mediante un peaje.

En cuanto a las “liberalidades” solicitadas por la Marina, estas se refieren a que los ingresos generados por la concesión se destinen a la reubicación de la Base Naval más al norte, liberando una zona adicional para fines portuarios, es decir, para que el puerto del Callao pudiera crecer. Una idea sin duda positiva. Según el almirante Raygada, nunca se les dio la oportunidad de exponer el proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas.   

Por su parte, Alfredo Prado, jefe de prensa de Pro-Inversión, nos informó que el Concurso de Proyectos Integrales de ZALAC fue cancelado “a solicitud de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), al manifestar la necesidad de reevaluar el alcance del referido proyecto”.

Consultada, entonces, Verónica Zambrano, gerente general de la APN, nos explicó que el Proyecto fue cancelado para ser reevaluado “tomando en cuenta que como resultado del estudio de factibilidad se identificó la necesidad de realizar modificaciones a la legislación aduanera, respecto de las cuales el MEF no otorgó opinión favorable y la SUNAT realizó observaciones. Otro aspecto considerado fue la falta de disponibilidad de la totalidad del área necesaria para la ejecución del Proyecto, que actualmente se encuentra en posesión de PetroPerú…” (pero, según Proinversión, dicho terreno fue transferido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para estos fines, aunque al cancelarse el proyecto, el terreno fue devuelto a PetroPerú). Por último, informa Zambrano, “la decisión de cancelarlo contó con la aprobación del MTC”.

No obstante, la gerenta general de la APN termina diciéndonos que “A la fecha la APN se encuentra reevaluando este tema, por ser de nuestro interés y por encontrarse dentro de nuestra política portuaria el que el Callao cuente con una zona de actividades logísticas”.

De modo que debemos suponer que las objeciones que se hicieron eran perfectamente subsanables o fueron pretextos. Sería interesante averiguar qué presiones hubo, de haberlas habido, para cancelar un proyecto autosostenible que, tal como fue presentado, apuntaba a reducir los costos logísticos del comercio exterior peruano y mejorar así nuestra competitividad internacional.

Lampadia

La siguiente reflexión de Peter Sanguineti, que presentamos líneas abajo sobre como tratar el deseable paso entre la informalidad y la formalidad, nos revela una serie de elementos de la realidad de la mayoría de esos peruanos trabajadores a los que no les dimos otra oportunidad de vida.

La idea llevarlos al mundo de la formalidad es hoy día muy necesaria, pero esto debe hacerse rescatando sus capacidades y sus sustentos de vida, sin destruir una realidad que, tal como está definida nuestra profusa y ciega normativa, puede ser incompatible con ella.

Fuente: Instituto Continental

El tema de la formalización es crucial para el desarrollo futuro del país. En Lampadia hemos presentado anteriormente esta realidad en: La Realidad del Perú Informal y el retorno a la miopía. Más recientemente, hemos propuesto ligar este objetivo de formalizar al tratamiento del IGV y el de las pensiones, ver: Sobre formalización, pensiones e IGV. 

Peter Sanguineti

Para Lampadia

Lo que hace décadas era un tema tabú deliberadamente soslayado en los planes de gobierno, se ha convertido finalmente en una fuente de preocupación ineludible y no es para menos. Se hace indispensable incorporar la economía informal a la formalidad.  Es evidente por tanto que una de las tareas fundamentales del presente gobierno consista en dictar las políticas necesarias para enfrentar este problema del que depende la viabilidad del Perú como nación.

En su habitual columna dominical Richard Webb (Un debate informal) se ha referido a la informalidad desde otro enfoque, haciéndonos notar el error de declarar una guerra contra la informalidad al mirarla desde la perspectiva del blanco puro y el negro puro como si en esta realidad no existiera un sinfín de gradaciones de gris.  

A mi juicio la informalidad no es todo lo malo que los economistas, académicos y politólogos nos quieren pintar. Se trata más bien de la respuesta creativa y pujante de una inmensa mayoría de la población peruana en edad de trabajar que por diversas razones se ha visto marginada por la economía formal. No creo que exista una expresión más cabal de la preferencia de la población peruana por la economía de mercado que la demostrada por los empresarios informales.

Fuente: gestionpyme.com

Sucede que nuestra realidad formal, la oficial, ha optado por mirar a la realidad informal como a un enemigo al que hay que combatir y eliminar. Pero las armas que utiliza para ello consiguen el efecto contrario. Falta inteligencia y empatía. Una manera de comprender uno de los muchos matices de gris de este fenómeno es verlo desde la óptica del empresario informal. En el discurso académico y oficial se lo suele ver como a un delincuente que evade impuestos, infringe las leyes laborales y perturba a la sociedad y por ende hay que castigarlo, reprimirlo y sancionarlo. En este discurso hay cierta tendencia a imaginarlo torpe y menospreciarlo por no acogerse a los evidentes beneficios de la formalidad.  

Pero las aplastantes estadísticas indican que algo no anda bien en el diagnóstico de los que solo ven entre el blanco puro y el negro puro. La propuesta de PPK de rebajar los niveles del IGV para motivar a los informales a dejar la informalidad toca uno de esos matices de gris. Puede ayudar no cabe duda. Pero hay otros matices de gris en mi concepto no menos importantes de observar que separan al empresario formal del informal. Uno de ellos es la excesiva tramitología resultante de un marco regulatorio desproporcionado que bloquea al informal y promueve la corrupción. Urge implantar una auténtica y cabal simplificación administrativa a todo nivel.

Otro de esos matices generalmente ignorado por los analistas y al que me voy a referir es la Contabilidad. La expresión cabal de la formalización es llevar una contabilidad en orden. ¿Qué significa la contabilidad para el empresario informal?

Este empresario sobrevive en base a su esfuerzo e ingenio creativo, a su perseverancia y su instintiva capacidad de hacerse productivo en un medio hostil. Para crecer y desarrollarse contrata al personal que le es indispensable, muchas veces reclutado entre los miembros de su propia familia. Siendo informal, no necesita de la contabilidad tradicional, le basta con un minucioso seguimiento de sus ingresos y gastos. Sin embargo sabe que si algún día se le ocurriese formalizarse necesitará de un contador, el que será su nexo con la formalidad, representada por la SUNAT. Esa condición es un disuasivo para formalizarse ya que si esa vinculación no es positiva el contador será una carga ingrata de sostener. Normalmente las pequeñas empresas informales por su volumen de operaciones no pueden contratar a un contador full time, ergo para formalizarse lo contratará por horas.

Del contador dependerá la presentación oportuna y exacta de las declaraciones mensuales ante SUNAT y eso es algo que el empresario informal rehúye por intuición. Todos los que tienen alguna experiencia empresarial saben de los errores de los que son capaces los contadores. Esos errores se convierten en multas a veces impagables impuestas por la SUNAT y quien paga esos errores no es el contador sino el empresario, que da la cara ante SUNAT.

Es cierto que hay un régimen simplificado (RUS) que exonera a quien allí se inscribe de llevar libros y registros contables, pero no les permite emitir facturas y por ende sus clientes no pueden deducir el IGV. Las personas jurídicas sí deben llevar contabilidad completa aunque la obligación de presentar libros es parcial para los de menores ingresos. Lo cierto es que luego de varios años de la aplicación del RUS la informalidad continúa rampante.

La necesidad de un contador público resulta ineludible para el informal que busca formalizarse. La tramitología engorrosa y la necesidad de conocer de Windows, manejo del internet, Office, Excel y dominio de computadoras y conocimientos de la contabilidad por partida doble (libros Diario, Mayor etc.) le impide resolver este requisito formal por sí mismo. Su tiempo está dedicado a producir, a ver no solo el hoy, sino el futuro; el contador se dedica a ver el pasado, a registrar los hechos contables ocurridos en su empresa. El empresario informal tiene demasiadas otras cosas de las que ocuparse.

Hace poco vimos en un programa dominical un caso que grafica esto y que lamentablemente no es una excepción sino la regla. Un modesto ganadero informal de Cajamarca es empujado por la empresa lechera que le compra a formalizarse a fin de descontar el IGV de sus facturas. Contrata a un Contador, quien para mala suerte comete un error en una de sus declaraciones ante la SUNAT la que le impone una multa de S/. 80,000.00 que para él, con una venta bruta mensual de no más de S/.10,000 resultó descomunal e impagable. Trató de razonar con la SUNAT, quien le dijo que como requisito previo para revisar su caso, debía primero pagar la multa.

Asombrado por esta absurda lógica (pero infortunadamente usual) de la implacable SUNAT, acude al poder judicial de Cajamarca donde le dan la razón, pero la SUNAT, con todo el poder que tiene, apela ante varias instancias en un proceso que por lo difundido en ese reportaje televisivo lleva más de 9 años mientras le ha congelado sus cuentas e hipotecado su casa. Angustiado y con su vida familiar rota el reportaje televisivo daba cuenta de que ahora la multa era de S/. 200,000 por los intereses acumulados.

La experiencia de este humilde empresario es expresión de una cruda realidad. Fue manifiesta su indignación cuando resaltó la injusticia de su caso frente a empresas multinacionales que deberían miles de millones al fisco y no son tocadas por la SUNAT debido a su enorme peso específico en la sociedad y su capacidad de defenderse con poderosos estudios de abogados. Desigualdad inaceptable ante la ley.

Mientras un informal que se formaliza sea tratado como un delincuente será un ejemplo para todos los informales de lo hipócrita de un sistema que busca formalizarlos para someterlos a un sistema de recaudación injusto y prepotente. Un cambio de visión estratégica frente a este problema es urgente. El empresario informal debiera merecer todo el respeto posible porque tiene la grandeza de procurar empleo al 70% de la población peruana, siendo que en la práctica constituye un colchón que asegura la paz y la tranquilidad en un país por ahora incapaz de ofrecer puestos de trabajo formales a toda su población.

Se necesita una nueva cultura que valore la recaudación pero simultáneamente reconozca el valor del empresario informal en nuestra economía. Una idea sería invitarlo a formalizarse pero desde una perspectiva de genuina empatía con su situación, que sienta que se le toma en cuenta con respeto. Ello sería un paso fundamental para incorporarlo sin trampas ni emboscadas propias de un sistema punitivo y abusivo.

Una medida práctica seria permitirle deducir el IGV en sus operaciones.  Semejante respetuosa invitación supone un esfuerzo de dos vías, tanto de la formalidad como del lado de la informalidad. Tal vez para ello se deba crear una SUNAT 2, una filial o subsidiaria de la SUNAT 1 a crearse con la finalidad de acoger transitoriamente a los informales en un entorno tributario menos severo y con una filosofía de transición –más tolerante– mientras se le educa y capacita en sus obligaciones tributarias y contables.

Con este aprendizaje en dos vías, por un lado, el gobierno que honra la palabra empeñada e invierte en infraestructura física y social y, del otro, el informal que ingresa a la formalidad, se logrará una relación win-win en la que el informal, al ver que su esfuerzo se traduce en mejoras concretas en su nivel de vida, se sentirá más comprometido moral y socialmente en contribuir con sus tributos al gobierno. Este es tan solo uno de los aspectos de gris en este complicado fenómeno de la informalidad pero que merece una mirada particular si se desean resultados concretos.

Lampadia 

Editorial de Lampadia

En Lampadia, amparados en la opinión de expertos en educación de distintas partes del mundo, hemos explicado en detalle que la educación escolar pública no solo adolece de ínfimos niveles de calidad, sino que también está basada en metodologías obsoletas, inhibidoras de la innovación y la creatividad. El magisterio sigue adscribiendo a la ‘lucha de clases’ (por estatuto) y las regulaciones son de filosofía castrense, verticales y centralistas. Todo lo contrario de lo necesario para formar ciudadanos capaces de progresar en el siglo XXI.

Además, hemos denunciado que el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, nunca reconoce el aporte del sector privado a la educación y solo se refiere a ella para destacar la supuesta “mala calidad” de algunas escuelas privadas.

Durante el proceso electoral, cuestionamos la voceada permanencia de Saavedra en el ministerio. Explicamos que el ministro más importante para los próximos cinco años es el de educación, pues a diferencia de los demás, sus falencias pueden hacer daños estructurales y de largo plazo. Luego de la ratificación de Saavedra en el cargo por el gobierno de PPK, supusimos que el ministro por lo menos morigeraría su inclinación contra el sector privado. Sin embargo, pareciera que está sucediendo lo contrario: ahora tenemos a un Saavedra ‘recargado’ que, aunque lo niegue, pretende hacerse de armas que le permitan constreñir la educación privada o someterla a una suerte de aplanadora regulatoria.

En un momento histórico en que la tecnología permite una formación individualizada en el Perú, se pretende regimentarla (ver: Más propuestas disruptivas para la educación). Ahora nos enfrentamos a un novísimo proyecto de reglamento de la educación privada que el mismo ministro defendió en RPP y que a pesar de las críticas no retira aún. Veamos la situación creada:

La proporción de alumnos que estudia en las escuelas privadas viene subiendo aceleradamente. Pasó de un 21% el 2005 a casi un 30% el 2015. Y en Lima Metropolitana el trasvase a la educación privada es aun más veloz, alcanzando nada menos que un 53.6% en la actualidad.[1] La inversión del sector privado en educación escolar supera el 3% del PBI. Es posible que algunos funcionarios en el ministerio de Educación vean este crecimiento con preocupación, y quizá por esa razón redactaron un proyecto de reglamento de la educación privada que buscaría contener esa expansión a la mala, imponiendo regulaciones imposibles de cumplir no solo por la escuela privada sino menos aun por la pública.

Es cierto que el Ministro  Saavedra, luego de las críticas, ha declarado que el mencionado texto, que contiene 48 páginas de faltas y sanciones, no es más que un borrador que va a ser modificado con  las observaciones formuladas por los privados, pero lo que preocupa es que una propuesta así haya podido nacer en el seno del ministerio. El destacado experto en educación, León Trahtemberg, ha declarado que el reglamento es “un horror”. Dicho proyecto no solamente persigue y acosa al sector privado, tratando siempre de encasillarlo, obstaculizándola innovación y socavando libertades, sino que además lo regula hasta en lo más nimio. Veamos:

1. El proyecto de reglamento establece, en su artículo 5.4, que es condición indispensable “Contratar únicamente como docentes a personas que cuenten con un título profesional en educación o en pedagogía, o con un título profesional de carreras afines a los cursos que van a dictar…”. Pero ocurre que muchos profesores de la educación privada son egresados o bachilleres universitarios o incluso magisters sin título profesional que, sin embargo, tienen más conocimientos y enseñan mejor que profesores con título pedagógico y no pueden enseñar “legalmente”. 

   Según el proyecto de reglamento, si un profesor no tiene título profesional, por más que sea bachiller o incluso tenga una maestría, la institución podría ser clausurada. Esto es absurdo.  ¿Qué va a pasar con todos estos profesores “no profesionales”? ¿Van a quedarse sin trabajo? 

No olvidemos, que una escuela es tan buena como la calidad de sus maestros. Estadísticamente no son los mejores estudiantes quienes estudian educación; ni siquiera los que tienen vocación por esta disciplina optan por ella. Sin embargo, algunos al terminar su carrera terminan trabajando en escuelas.  ¿En un país con escasez de profesores de calidad no es mejor modificar la ley para permitir este aporte o, en todo caso, crear ciclos cortos de capacitación “pedagógica” en las universidades o institutos que permitan regularizar esta situación? 

1. El proyecto de reglamento dispone también clausurar los colegios que incumplen los metros cuadrados exigidos por ambiente, pero los parámetros son tales que son incumplibles para la mayor parte. Así, por ejemplo, si tenemos una secretaría en un ambiente de 9 m² y no 10 m², pues el colegio queda clausurado.  Lo mismo si no se tiene cinco metros cuadrados por alumno en un laboratorio, taller o biblioteca, algo que carece de sentido: con 30 alumnos, por ejemplo, un laboratorio tendría que medir 150 m².  El Ministerio debería preocuparse por modificar la norma que establece esos metrajes, que es en definitiva la que genera estos excesos.  De otro lado, si en un aula hay un alumno de más en relación a lo establecido en la norma técnica, se clausura el colegio de inmediato.

1. Se disponen sanciones si se aumenta el número de horas lectivas. Resulta que los colegios privados, que tenían que cumplir con el programa educativo oficial, recurrieron a dictar más horas para introducir innovaciones. Así se pasó de 40 a 48 horas semanales. Pues el nuevo reglamento, después de que se han incorporado las innovaciones al estándar, prohíbe dictar una sola hora más, amenazando con grandes multas.

1. Los colegios no pueden tomar ninguna medida contra los deudores más allá de judicializar el tema. ¿Es correcto que un alumno asista todo el año sin pagar? ¿Cómo hacen los colegios para cumplir puntualmente con sus obligaciones si los padres no pagan las pensiones? Es como ir a una clínica y estar internado por varios meses, pero sin pagar ni tener seguro o ningún tipo de garantía, o salir de compras al súper mercado y llevarse la carretilla llena sin pagar… ¿No debería el Minedu defender a los colegios privados?

1. Las sanciones a los colegios privados llegan hasta 100 UITs (S/. 395,000), monto impagable para casi la totalidad de colegios del Perú. No se respeta el principio de proporcionalidad entre la multa y la gravedad de la falta o la reincidencia. Y, por cierto, no vemos cómo eso podría desterrar la informalidad; solo afectará a los colegios serios.

Como toda actividad de producción de bienes y servicios nacionales, una cierta proporción de la educación  se desenvuelve de manera informal, es decir, al margen de muchas de las leyes y reglamentos que regulan su funcionamiento (Minedu, Mintra, Sunat, Municipalidades, etc.). Sin embargo, día a día, compite victoriosamente con la educación pública a pesar de que la primera es pagante y la pública es gratuita. Sería interesante ver qué pasaría con los colegios públicos si se les aplicara la misma normatividad que a los privados. ¿Cuántos evitarían ser clausurados?  

La política general del gobierno del presidente Kuczynski tiene como importante finalidad combatir la informalidad, no destruirla. En su caso, el ya famoso “proyecto de reglamento de la educación privada” convierte a Ministerio en el gran perseguidor de la educación privada informal y, de paso, acosador del formal, dotándolo de las armas más contundentes para anularlo. ¿No es mejor tolerarlo y más bien mejorar la educación pública para que, aprovechando la ventaja de la gratuidad de la enseñanza, obligue a las escuelas privadas a subir sus estándares?  Sobre todo, si día a día la población le ratifica su “confianza” pagando lo que puede ser un servicio gratuito. 

En el último CADE por la Educación hemos visto al Ministro Jaime Saavedra y a su Vice Ministro Juan Pablo Silva insistir en la misma actitud regulatoria y persecutoria. Como existen informales, regulemos y acosemos a los formales. A pesar de ser ambos destacados economistas, hasta el momento no se han percatado de que a mayor  regulación, mayor informalidad. La regulación implica aumento de costos y ello lleva, ineluctablemente, a expulsar a los colegios con menos recursos de la formalidad. No es con regulación como vamos a desaparecerlos. Es mejorando la oferta de la educación pública, que en muchos casos ni siquiera existe allá donde campea la informalidad. El Minedu regula siempre pensando en los colegios más caros de Lima, establece normas  o permite que las cree el Congreso sin oponerse a ninguno de esos atropellos en contra del sector. Es claro que no ven con buenos ojos la participación del sector privado en educación, sea con o sin fines de lucro. 

A muchos educadores les preocupa el tema de la innovación en educación y el proyecto de reglamento no lo contempla para nada. El Ministerio debería promover más la innovación en lugar de convertirse en un ente policial dedicado a perseguir colegios y a parametrarlos completamente. El Minedu, dado que no puede cubrir toda la demanda, podría promover más la intervención de privados en la gestión pública. Por ejemplo, fomentando Asociaciones Público Privadas para administrar redes de colegios públicos, al estilo Fe y Alegría, algo que se resiste a hacer.

El Perú requiere un Minedu que lidere la educación y no un ente policial más. Respecto al sector privado, debería ser un ente promotor y facilitador. Debería además agradecerle todo lo que hace por la educación de nuestros niños y jóvenes. El Estado tiene ya demasiados problemas en el sector público como para estar destinando su tiempo a un sector donde los padres saben defenderse y pueden acudir al Indecopi, incluso anónimamente.

Lampadia

La desaceleración de la economía peruana es cada vez más pronunciada. Como hemos señalado (ver en Lampadia (L): Hay que prender el motor de la inversión privada), esta se debe en gran medida por la caída de inversión privada y  pública que el año pasado tuvieron un ratio negativo de 1.6% y 3.6%, respectivamente. El freno de la inversión privada se debe en gran medida a que varios proyectos del clave sector minero y de infraestructura no salieron.

Una demostración de que la inversión privada ha caído es que, “las expectativas empresariales se han deteriorado dela mano de la fuerte desaceleración económica. La prueba más palpable de esta situación es que el número de empresas cerradas ha llegado a su mayor nivel desde que se tiene registro.El año pasado se cerraron 163,729 empresas, 6.7% más que en el 2013, en una coyuntura de menor demanda tanto interna como externa, según el boletín “Demografía Empresarial en el Perú”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Pero fue hacia el cuarto trimestre del año en que se llegó al punto más álgido,con hasta 46,370 empresas dadas de baja, lo que representó un 58.6% más que en el mismo periodo del 2013”, según Gestión.

Habría que hacer notar que los “sectores más vulnerables al cierre de empresas fueron el comercio al por menor (17% del total de bajas en el último trimestre), seguido de comercio al por mayor (16.6%), servicios prestados a empresas (14.7%) y otros servicios (12.5%)”. Este golpe se ha sentido mayormente en Lima que concentra el 44.3% del total de compañías desaparecidas. Las regiones parecen haber soportado mejor esta situación aunque las más golpeadas,entre ellas, son “Arequipa (5.3%), La Libertad (5.2%), Cusco (3.8%) y Junín (3.6%), zonas donde se registra un alto dinamismo empresarial”.

La situación económica, como no podía ser de otra manera “afectó el ritmo de creación de empresas.El año pasado se registraron 262,973 firmas nuevas en todo el país, un 8.2% menos que durante el 2013”. Esta situación está, indudablemente, afectando la creación de empleo.

Asimismo, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas, trata de dejar más dinero en  manos de los ciudadanos y empresas, la Sunat hace lo contrario, al crear mayor rigidez para los procesos de fraccionamiento de las deudas tributarias. Esto obliga, como hemos señalado, a que muchas empresas cierren, despidan trabajadores o terminen informalizándose. Además, la Sunat está restringiendo los gastos que se pueden imputar como descuentos fiscales, con lo cual, se retira, adicionalmente, más caja a las empresas.(Ver en Lampadia: El MEF y la Sunat tiran de la cuerda en distintas direcciones).

En el tema laboral, una primera reforma podría ser el evitar lo que Pedro Olaechea llama “el valle de la muerte”, que es el abismo en que cae una empresa que decide formalizarse. El problema es que una vez formalizada es posible de que una eventual inspección laboral termine acotando a la empresa multas y recargos por los incumplimientos laborales en que incurrió mientras era informal. Como es fácil de entender, las eventuales cargas pueden ser tan onerosas que ninguna empresa se arriesga a pasar por el proceso. Las más ingeniosas abandonan su RUC y empiezan a trabajar con uno nuevo. Pero eso crea otros problemas y costos. ¿Cómo hacer? Pues, mediante cierto compromiso de la empresa, se le debería eximir de los eventuales cargos, estableciendo un plazo límite para que estas se acojan a una promoción práctica de la formalidad.

En cuanto a la Sunat, esta debiera desandar sus recientes acciones para dificultar los fraccionamientos. Además, cómo cualquier acreedor bancario, no debiera limitar la posibilidad refinanciar las pérdidas de fraccionamientos, una y otra vez, cobrando algo de cuotas iniciales cada vez que el deudor tributario necesite refinanciar. De lo contrario, si los deudores no cuentan con recursos suficientes para pagar de una sola vez el íntegro de sus deudas, no les queda otra alternativa que volverse informales o quebrar.

En las actuales circunstancias, es necesario que se haga una estrecha coordinación del objetivo de las normas del MEF, el Ministerio de Trabajo y la Sunat para establecer un período de facilitación de la formalización laboral y tributaria. Lampadia

En noviembre pasado, el Ministro de Economía, Alonso Segura, lanzó uno de sus paquetes reactivadores cuyo corazón era un conjunto de medidas tributarias (reducción del impuesto a la renta personal, del impuesto selectivo al consumo y otros) destinadas a dejar en manos de los ciudadanos unos 4,500 millones de soles el 2015. La idea era  reactivar el consumo y por ende la economía. Por eso, no se entiende como la Sunat (la cual depende del MEF), haya prepublicado días atrás una nueva reglamentación para el fraccionamiento de las deudas con el fisco que endurece las condiciones para acceder a esta figura. Un contrasentido total, pues el ahorcar a los contribuyentes, especialmente a los más afectados por el menor crecimiento de la economía, va en contra de la política expansiva que impulsa Segura en representación del Gobierno.

Si se reducen los plazos máximos de fraccionamiento (de 72 a 48 meses), como se indica en el nuevo reglamento y, ahora este será condicionado al pago de cuotas iniciales y garantías (carta fianza o hipoteca), dependiendo del comportamiento del contribuyente, está claro que a las personas naturales y jurídicas con problemas les será más difícil salir de ellos, pues contarán con menor liquidez o no podrán acceder a un mecanismo facilitador de la recaudación y la formalidad.

Por si fuera poco, como se ha denunciado en varias oportunidades (la más reciente, por Rosa María Palacios), “la Sunat, ¡vivísimos ellos! no reciben solicitudes [de fraccionamiento],  porque no activan los formularios para solicitar el fraccionamiento hasta dos meses después de la fecha original de pago. ¿Mientras tanto? Te mandan resoluciones de cobranza coactiva a pagar en 7 días. ¿Qué te queda? Vaciar la cuenta del banco de la EIRL, que felizmente en mi caso, está vacía porque no tengo ingresos o romper el chanchito y pagar la deuda completa. Es decir, te quedas sin fondos o capital de trabajo”. Como señalamos líneas arriba todo lo contrario a lo que aspira la política de expansión del MEF.

La denuncia, obviamente no ha sido atendida. Para la Sunat la cosa es cobrar como sea, al mejor estilo del Sheriff de Nottingham (la némesis de Robin Hood). Incluso como este personaje de la Inglaterra medieval, torciendo la Ley acosta de los ciudadanos. Como bien ha señalado Palacios: “El Fraccionamiento de una deuda tributaria no es un dádiva, un regalo, o un premio. Es un derecho otorgado por la LEY (sí, en mayúscula, a ver si la señora Tania Quispe entiende) con el que la administración tributaria no puede hacer lo que le da la gana para cercenarnos ese derecho”.

Ante las críticas a este proceso, la Sunat acaba de anunciar una flexibilización de sus nuevas normas de fraccionamiento. Lamentablemente, lo único que ha hecho es discriminar entre los que tengan deudas menores a 38,500 soles (10 UIT) y los que superen dicho monto. Esto, que puede parecer aparentemente justo, en verdad sigue condenando a los pequeños y medianos empresarios a mayores dificultades financieras y  fomentando, indirectamente, la informalidad.

Además, como ha reportado el diario Gestión el 21 de abril pasado, de ahora en adelante “Solo los gastos ineludibles serán deducibles del Impuesto a la Renta”. Según la nota de Gestión: “La Sunat desconoce como gasto de las empresas los pagos de indemnizaciones contractuales o gratificaciones extraordinarias de trabajadores, ya que considera que pueden evitarse. (…) El fisco, dispone que para aceptar un gasto como deducible del pago del Impuesto a la Renta (IR), debe ser ‘ineludible o inevitable’. Es decir, cuando no exista otra posibilidad que solo efectuar el gasto. (…) Otro ejemplo ocurre cuando una empresa contrata con otra un servicio y luego, por discrepancias entre los contratantes, llegan a un arbitraje y la primera de ellas pierde el caso. (…) En este caso, la Sunat no aceptará el pago de la indemnización [ordenado por el laudo], ya que pudo evitarse si la empresa cumplía el contrato”. Este criterio contaría ahora con un presedente de la Corte Suprema, informa Gestión.

Aparte del abuso que representan estas medidas de la Sunat, lo que se persibe son enormes contradicción es en el Gobierno. Por ello, cabe preguntarse: ¿En el Ejecutivo se coordina la política económica? ¿La señora Tania Quispe, Superintendente Tributaria, no lee los periódicos? ¿El Ministro de Economía no se entera de este tipo de cosas? ¿Están realmente comprometidos con devolverle el crecimiento al país?

¿No sería bueno, por el bien del país; la imagen de las instituciones que tienen la suerte y responsabilidad de dirigir; e incluso, por su prestigio profesional que se sentaran a evaluar los objetivos a los que aspiran?.  Lampadia

Entrevista a Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas

Por: Julio Lira Segura y Luis Hidalgo Suárez

(Gestión, 31 de julio del 2014)

El último mensaje del presidente Humala en el Congreso ha generado temores de populismo y críticas de falta de audacia en adoptar algunas medidas, por ejemplo tributarias, en el Ministerio de Economía. El titular del MEF en entrevista a Gestión responder a los cuestionamientos y revela los número del mayor gasto.

Una de las críticas a las medidas reactivadoras es que es por el temor a que sean populistas. ¿Cuál es costo fiscal de dichas medidas?

Descarto, tajantemente, cualquier manejo populista de la economía peruana si de algo nos podemos preciar, en los últimos quince o más es un manejo responsable de la política fiscal, lo que nos ha valido el reconocimiento de las calificadoras de riesgo. Si hubiera algún indicio de populismo, no tuviéramos estas mejoras; y de hecho, esto hay que verlo en el contexto en que se modificaron las reglas fiscales.

¿Se refiere a los cambios que se hicieron el año pasado?

Así es. Se aprobó, el 31 de octubre del 2013, un nuevo marco de reglas fiscales que ya estará en vigencia plena en el 2015, el cual elimina el componente cíclico y da mayor predictibilidad a las fuentes de ingresos permanentes para, justamente financiar gastos permanentes.

¿Qué dice la regla?

Permite hasta un déficit estructural de 1% del PBI, como tope, lo cual fue aprobado vía decreto supremo y donde ya se ha establecido cuáles van a ser los topes de gasto de acá hasta el 2017.

¿En cuánto se incrementará el presupuesto del 2015?

Tiene un crecimiento para el 2015 de más o menos 11% en términos nominales. Son unos S/.11,000 millones de incremento, de los cuales ya se han asignado los presupuestos de educación y salud: S/.4,000 millones y S/.2,500 millones respectivamente. El resto va a ser repartido en otros sectores. Evidentemente la seguridad será el tercer pilar de esta agenda priorizada.

¿Cuál es la proyección de crecimiento económico para el próximo año?

Mantenemos una tasa del 6%, que fue el dato que se utilizó para la formulación del presupuesto inicial, los techos de gasto que se dieron en junio se mantienen.

¿Son sostenibles algunos gastos que se están autorizando a raíz de las medidas que se han adoptado?

Descarto también que muchos de los proyectos de inversión vayan a introducir gastos que no se puedan mantener en el tiempo, porque estamos dando un empuje fuerte a las asociaciones público privadas, lo cual libera recursos públicos, y son contratos de largo plazo, que permiten mantener niveles de servicio en sectores clave.

¿A cuánto asciende el Fondo de Estabilización Fiscal?

No se ha tocado un céntimo de esos recursos. Hay reglas para tomar esos recursos: que hayan trimestres que haya contracción en el PBI, o que haya un terremoto de alta dimensión o un fenómeno El Niño complicado. Somos conscientes de la necesidad de tener colchones de ahorro público, las medidas anunciadas por el presidente están en el marco de nuestra previsión.

¿Se han tomado recursos del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) para financiar los nuevos gastos?

El FEF actualmente está en 4.2% del PBI, en una cuenta en el Banco Central.

En esa perspectiva, ¿en cuánto se está previendo el déficit fiscal para éste año y para el próximo?

Para este año, se prevén cuentas balanceadas (0% del PBI). Para el próximo año, estamos previendo ir hacia un déficit no mayor a 1% observado, es un déficit de 0.7%, congruente con un déficit estructural de 1% del PBI.

Si se desacelera el crecimiento, cómo se explica que los ingresos fiscales, justamente cuando la actividad económica está cayendo. Por tanto, ¿no se tocará el FEF?

No puedo descartar que no se toque, pero ese fondo tiene reglas muy claras y hay que respetarlas. Estamos en una fase coyuntural de menor crecimiento, pero las fuentes de menor crecimiento se van a disipar.

Ya se comienzan a disipar, especialmente en lo que resta del año, y se espera en todo el año entrante. Entonces, mal haría en tocar nuestros ahorros para crisis, cuando no estamos en una crisis. La proyección que tenemos de los ingresos (fiscales) indica que irán de la mano con los gastos.

¿La nueva regla macrofiscal también fija un tope para el crecimiento de los gastos corrientes?

Sí, para las remuneraciones y a las pensiones, y eso se va a cumplir. El crecimiento de la planilla de remuneraciones y pensiones no puede crecer más que el crecimiento del PBI potencial.

Hay el temor que la expansión del gasto público tendrían un objetivo electoral. ¿Ud. puede descartar esto?

Tajantemente. Porque si yo tuviera problema de deuda, diría hay que ser mucho más cuidadoso. Si cerrar la brecha en capital humano se llama populismo, eso no tiene mucho asidero, porque eso no es aumentar a rajatabla los ingresos, como sería un aumento de 100% de sueldos para funcionarios públicos. No es eso. Son aumentos en el marco de las reformas que estamos haciendo.

En cuanto al crecimiento del gasto, ¿con las medidas ya estamos en el tope establecido?

No. Todo está encajado de tal manera que haya un cumplimiento de las reglas fiscales. Obviamente, hay cláusulas de salida, en casos que haya una recesión, o un fenómeno natural. Si uno desvía del techo de gasto, que es lo vinculante, existe la necesidad de poder tomar medidas correctivas, tanto a nivel de gobierno nacional como los subnacionales.

¿Cuál es la preocupación central en cuanto a la expansión fiscal?

Acá el tema central es cómo logramos gestionar el impulso fiscal, que de hecho, cuando hicimos el presupuesto para éste año ya venía con un impulso fiscal importante, de 0.7% del PBI.

¿Ahora cuánto será?

Ahora le añadimos casi un punto, estará en 1.7% (el impulso fiscal) para este año, el impulso fiscal fue 2% del PBI en la crisis financiera global del 2009). Pero, el tema central es cómo lograr la efectividad, es decir, que este impulso fiscal efectivamente se materialice.

Entonces, el diseño de los últimos decretos de urgencia ha estado dirigido a evitar ser pro cíclicos.

La vez pasada (2009) se inyectaron muchos recursos públicos a la economía, pero hubo un rezago en la ejecución y se vio recién en el 2010 cuando la economía ya creció de vuelta entre 8 y 9%, es decir, fue procíclico.

¿Cuál es el objetivo del último decreto de urgencia publicado el 28 de julio?

Tiene como finalidad varios temas, pero se trata de adelantar tramos de reformas que ya estaban establecidas. El caso más representativo es el adelanto del tercer tramo de la reforma de las remuneraciones de la Policía y las Fuerzas Armadas previsto para diciembre de este año. Lo adelantamos para agosto significa una inyección de S/.500 millones.

Pero eso no significa un mayor gasto…

Entre agosto y diciembre, pero es un impulso, es una inyección de recursos. Lo mismo ocurre con bonificaciones en el marco de la reforma de salud, y una serie de medidas en el sector de educación.

Quizá las dos medidas de costo (fiscal) permanente, pero que en términos de monto no son grandes cosas fundamentales, que es la actualización que se ha hecho de la pensión mínima para las viudas del régimen de la Ley 19990, donde se sube la pensión mínima de S/.270 a S/.350.

Inversión pública

¿Por qué se ha contraído tanto la inversión de los gobiernos regionales?

Una razón que se aplica a la inversión de gobiernos regionales y locales es la disminución de los recursos provenientes del canon.

¿En cuánto se estima que cerraremos el año en lo que se refiere al crecimiento de la inversión pública?

Queremos llegar a un grado de ejecución similar al del año pasado, que fue más o menos 75% del presupuesto de inversión pública, pero esto va a ser determinado de la forma como las regiones puedan volver al tren de gastos anterior -se están recuperando muchas de ellas-, y del retraso que hubo en algunos proyectos que estaban previstos que se implementen por parte del gobierno nacional a principios de año.

¿Qué ejemplo puede dar?

Es el caso de la Línea 2 del Metro de Lima. Inicialmente, cuando se formuló el presupuesto para este año, se preveía que el proyecto sería adjudicado en diciembre del 2013 y empezaba la ejecución.

Pero se adjudicó meses después, y se van a hacer los primeros adelantos en el último trimestre del año. Entonces se ha corrido un poco.

¿Cree que al gobierno le faltó audacia para aplicar medidas tributarias además de las anunciadas?

A veces, por ser demasiado audaces, podemos introducir elementos de incertidumbre y los inversionistas quieren reglas claras que les permita reanimar sus expectativas e invertir. Nuestro país es atractivo a la inversión y siempre lo ha sido con el marco tributario que tenemos. Los problemas pasan por la permisología y los trámites que pueden ser muy onerosos. Hasta hace muy poco no estuvo en discusión la tributación, salvo la corrección que estamos haciendo a algunos temas. El proyecto de ley que hemos enviado al Congreso tiene cuatro medidas tributarias muy puntuales.

¿Por qué no rebajar, por ejemplo, un punto porcentual el IGV, o el Impuesto a la Renta?

Tenemos que son muy consecuentes en no reducir nuestra base de ingresos permanentes, que son los que se gastan, y no los ingresos transitorios, que son los que se ahorran. Hay que ampliar la base tributaria, no gravar a los mismos contribuyentes. Hemos empezado a racionalizar todo el esquema de percepciones y detracciones, no se puede hacer de golpe sino de manera gradual porque representan un monto importante de la recaudación.

Pero tenemos que ser un país competitivo para captar inversiones, lo que implica una revisión de nuestro marco tributario y otras regulaciones.

Tuvimos una misión hace poco del FMI a quienes les solicité que revisaran las tasas tributarias y su competitividad. Según el estudio, las tasas están en el promedio y debemos procurar seguir luchando contra la evasión.

¿Somos más competitivos que Chile o Colombia entre los países de la Alianza del Pacífico?

Si Chile aprueba su reforma tributaria vamos a ser más competitivos que ellos, con Colombia estamos en los mismos niveles de competitividad tributaria.

Pero tenemos que proyectarnos más allá de los países de la Alianza, por eso vamos a revisar no solo para las personas jurídicas sino también naturales, pero eso no es parte de una política de reactivación sino una reforma estructural porque estamos viendo cómo pueden cambiar los ingresos permanentes hacia el futuro.

Esta revisión requiere un consenso político importante porque pasa por el Congreso, no se puede sacar decretos de urgencia en materia tributaria, debe haber un proyecto de ley.

¿Cree que eso se pueda hacer en este gobierno?

Estamos en la fase de evaluación pero donde pensamos que puede haber un efecto reactivador es en las medidas que hemos aprobado y las que presentamos al Congreso, que tienen un efecto inmediato.

¿Cómo se van a mantener los ingresos tributarios si la economía se está desacelerando? ¿Se va a usar el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)?

El FEF tiene reglas muy claras y estamos en una fase coyuntural de menor crecimiento, pero las fuentes de menor crecimiento se están comenzando a disipar y especialmente lo harán en los últimos meses del año, y en todo el año entrante.

Mal haría en tocar los ahorros para crisis ahora que no estamos en crisis. Estamos en una fase del ciclo en el que se han alineado un conjunto de factores que hacen que el crecimiento esté por debajo de lo que debería.

¿La Sunat va a presionar más?

No es que la Sunat vaya a presionar más, la proyección de ingresos que tenemos va a ir de la mano del gasto. Hay cuentas balanceadas, lo que nos da un poco de espacio es que se ha subejecutado la inversión pública, pero al final vamos a tener ingresos del sector público no financiero al igual que los gastos cumpliendo la regla fiscal que tenemos para este año de transición.

Uno de los reclamos empresariales es hacer cambios en la legislación laboral

Hay una revisión de todas las regulaciones que impiden que las empresas puedan crecer, no queremos que incentiven el enanismo porque finalmente pongo la valla baja e incentivo que se partan en dos o tres empresitas para poder cumplir la legislación.

En el marco del Plan de Diversificación Productiva, en el pilar de la productividad y desregulación, hay normas y estamos haciendo evaluaciones, se requiere consenso político pero también una propuesta que sea viable.

¿Qué están trabajando al respecto?

El MEF, con los ministerios de Trabajo y de la Producción, estamos planteando cambios que serán anunciados en su oportunidad.

En el tema tributario y laboral trabajamos en algunas reformas pero reconociendo que estamos en el año cuatro del gobierno y el capital político que uno tiene es menor que en el año uno.

No nos vamos a correr a los desafíos y, por lo menos, comenzaremos el debate de estos temas.

Algunos economistas y líderes de opinión que se resisten a aprender de los procesos económicos y sociales que han dado lugar a la reducción de la pobreza y a la creación de una nueva clase media -tanto a nivel global como en el Perú- siguen alimentando mitos sobre las características del proceso de desarrollo peruano de los últimos años.

“Exportamos piedras”, dice Waldo Mendoza (1); ” el neoliberalismo nos ha llevado de regreso al modelo primario-exportador, que -como en los 50s- genera enclaves de grandes empresas mineras”, señala Pedro Francke (2), “es un modelo primario exportador, extractivista y desindustrializador”, asevera Félix Jiménez (3); “su desarrollo intenso genera divisas y utilidades pero poco empleo y articulaciones con el resto de la sociedad”, afirma Germán Alarco (4); “el desarrollo económico basado en vender piedras  tiene sus límites”, agrega León Trahtemberg (5).

“El problema es que la exportación primaria minera o petrolera no genera eslabonamientos internos, en consecuencia sus efectos multiplicadores de empleo e inversión van más bien al exterior”, sostiene Efraín Gonzales de Olarte (6).

Efectivamente  el 78% de los ingresos monetarios de nuestras exportaciones corresponden a productos tradicionales (sobre todo minerales),  pero lo riguroso es distinguir entre precios y volumen. En volumen (toneladas), entre el 2002 y el 2011, nuestras exportaciones no tradicionales han crecido en 222% mientras que las tradicionales solo aumentaron en 90%. (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1

Hablando de precios, no se atreverían a afirmar lo mismo de Noruega con su 84% de exportaciones tradicionales, Australia con 77%, Nueva Zelanda con 73%, y Canadá con 44%, países muy exitosos que han sabido sacar provecho de sus recursos naturales y donde nadie se atreve a menospreciar una de las bases más importantes de  su éxito económico.

Además, nuestras exportaciones tradicionales incorporan un alto valor agregado. Por ejemplo, si en el 2010 hubiéramos exportado cobre refinado en vez de concentrados, solo hubiéramos obtenido 3.3% más de valor y en el caso de alambrón 8.2%.  (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

Abundando en rigurosidad podemos ver que según la Tabla Insumo Producto (TIP –  base 2007) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y publicada por el IPE (Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú), la minería aporta solo el 13.2% del PBI, mientras que nuestro renovado sector manufacturero contribuye con el 16.5%, siendo ahora una industria más grande, exportadora y competitiva a nivel global.

Asimismo, a semejanza de los países más desarrollados, nuestro sector servicios es el de mayor contribución al producto con un 49% de participación. ¿Somos entonces un país primario exportador?

Nuestro sector industrial produce ahora maquinaria y equipo,  alimentos y bebidas,  confecciones, productos químicos, caucho y plásticos e industria del papel e imprenta. Pedro Olaechea, ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, destaca por ejemplo la enorme importancia del clúster minero-industrial que genera más de 300,000 empleos formales. A su vez, como explica el IPE, éste demanda el 10% de la producción industrial y genera nueve empleos en otros sectores por cada puesto de trabajo minero.  

Una mirada desapasionada a la economía debería llevarnos a encontrar en la explotación racional de nuestros recursos naturales una gran palanca de desarrollo.

Lamentablemente en el Perú, en las décadas de los 60, 70 y 80 paralizamos la inversión privada, especialmente la vinculada a los recursos naturales. El consiguiente empobrecimiento de nuestra economía generó brechas económicas y sociales que hasta ahora no podemos cerrar. Así tenemos que entre otras falencias, las remuneraciones de los maestros, enfermeras y policías no alcanzan aún un buen nivel adquisitivo.

La explotación racional de nuestros recursos naturales debe ayudarnos a cerrar dichas brechas. Si desarrolláramos la cartera de proyectos mineros, que suma  US$53,000 millones,  se generarían 2.4 millones de empleos estables, el PBI crecería adicionalmente en US$44,505 millones, las exportaciones en US$30,276 millones anuales y los ingresos fiscales en S/. 25,727 millones cada año. Es evidente que con estos recursos podríamos construir muchos hospitales, postas, escuelas y  carreteras, así como aumentar las remuneraciones de los servidores públicos.

¡Basta de mitos y más respeto por la ciudadanía!

1/ Diario Gestión, 18 de octubre, 2012
2/ Coordinadora Nacional de Radio, 13 de marzo, 2010
3/ La República, 14 de febrero, 2010
4/ La Primera, 27 de octubre, 2012
5/ Programa Chema a las 10, Canal 10 RPP, 10 de setiembre, 2012
6/ Blog.pucp.edu.pe, 03 de diciembre, 2009