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Producción Intelectual Anti-minera

Producción Intelectual Anti-minera

Veamos cómo se construye la base estratégica de la conflictividad anti-minera.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Las organizaciones anti-mineras tienen entre sus líneas de acción la generación y publicación de contenidos. A través de sus publicaciones estas organizaciones buscan posicionarse, frente a la sociedad, como “voces autorizadas”, como expertos para opinar sobre conflictividad social. Los contenidos también sirven como fundamento discursivo para la narrativa anti-minera. La ONG anti-minera CooperAccion es prolífica en la generación de esta clase de materiales. Un ejemplo ilustrativo de ello es el libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino”.

Introducción

El libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino [1], de César Flores et al y publicado por CooperAccion y OXFAM, ilustra la perspectiva que esas dos organizaciones tienen de los conflictos y las negociaciones vinculadas a los proyectos mineros. El libro presenta una interpretación de tres casos de conflicto en el sur peruano: Espinar, Cotabambas y Chamaca, para luego hacer generalizaciones antojadizas. 

Como investigación, el libro es precario, describe una versión incompleta y parcializada de los hechos. Las únicas perspectivas que se observan en el libro son de las organizaciones y líderes ligados a la conflictividad. A lo largo del texto no se observa ningún esfuerzo de los autores por conocer y presentar, en forma medianamente imparcial, la perspectiva de los actores favorables a la minería o de las empresas mineras. Los principios de la objetividad, como conocer las perspectivas, intereses y versiones particulares de los diversos actores, están completamente ausentes en todo el libro.

No se observa en el libro ningún reconocimiento de los impactos positivos de la minería en el desarrollo de las economías locales, ello a pesar de la abundante evidencia sobre el tema[2], ni en la calidad de vida de las poblaciones, ni siquiera alguna acción intencional de las empresas mineras orientadas hacia objetivos sociales positivos. Si algún hecho no negativo es detectado, el mismo es presentado como una estrategia de manipulación o como el resultado de un conflicto, es decir, como resultado de una exitosa presión del movimiento social y en contra de la voluntad de la empresa.

Los autores dicen defender la convivencia pacífica con la minería, pero lo que presentan es una narrativa hostil a las empresas mineras, seleccionando la información y los testimonios en forma sesgada, de manera a atribuir las causas de todos los problemas y conflictos sociales al “modelo de desarrollo de libre mercado” (p. 10) y a la cultura de relaciones sociales de las empresas mineras.

Curiosamente, el 5 de febrero pasado, el autor del libro comentado, César Flores, escribió un artículo en cooperaccion.org.pe: ¿Con qué rigurosidad técnica se analiza la conflictividad social minera en el Perú?, en el que critica la publicación de Lampadia: “Cómo se organizan los conflictos mineros”, afirmando: “Al respecto, consideramos que el documento publicado por Lampadia trasgrede estándares mínimos de rigurosidad analítica en el campo de las ciencias sociales al no incluir evidencia directa que sustente sus numerosas hipótesis y aseveraciones”.

Seguramente Flores se refiere a que, a diferencia de su libro, Lampadia no presenta interpretaciones parcializadas de casos específicos de conflictos, y más bien contribuye al análisis de los conflictos con un aporte conceptual. En el artículo dijimos:

En este texto pretendemos describir una visión que sea capaz de recoger la complejidad inherente a los conflictos sociales, pueda describir de manera precisa el rol de los antimineros en los mismos, y al mismo tiempo recoja la importancia del sistema de creencias locales frente al sector extractivo. Para ello haremos uso del concepto de SPIN (Acrónimo en inglés para redes integradas, segmentadas y poli-céntricas) aplicado por L.P. Gerlach a movimientos sociales ambientalistas en EEUU. (The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 289-310 – 2001).

El concepto del SPIN ayuda a entender el desarrollo de los conflictos anti-mineros, que, al no presentar evidencias de comandos centrales, generan dudas sobre su origen, diseño y despliegue; diluyendo, para los medios y la opinión pública, la percepción de las relaciones causa-efecto de los mismos.

Así es pues como los anti-mineros, y especialmente los disfuerzos editorials de Cooperacción van dejando sus nada rigurosos comentarios. Veamos otro ejemplo: recordemos su programa de formación de líderes comunitarios:

Algo alarmante de esta publicación, como anotamos en su momento, es que haya sido auspiciada por la Unión Europea y la Cooperación de España.

El marco interpretativo del libro de Flores

Según los autores, la existencia de la minería moderna y el modo de relacionamiento de las empresas mineras son las causas principales de los conflictos. En la narrativa presentada, ninguno de los actores de los conflictos, ni siquiera los promotores de la conflictividad, tiene motivaciones ideológicas o políticas, o intereses de busca de rentas. Para ellos, los conflictos nacen a causa de las amenazas que la minería moderna y la forma de hacer minería de las grandes mineras representan para el ambiente y para los derechos de la población local.

La razón de esta conflictividad fue la sostenida expansión de las inversiones en estos rubros [minería y petróleo] desde la década de 1990” (p. 11)

la imposición de un modo de hacer minería y relacionarse con su entorno puede mantener o acentuar el nivel de conflictividad experimentado en los últimos años” (p. 8).

Tipifican los conflictos en dos grandes categorías: de rechazo y de convivencia. Los conflictos calificados como “de rechazo” se ejemplifican en las acciones que paralizaron los proyectos Conga y Tía María. Ellos son conflictos agudos y con alta carga de violencia. Los conflictos eufemísticamente llamados “de convivencia” son en realidad conflictos de desgaste, con frecuentes episodios agudos, pero no tan masivos como los conflictos “de rechazo”. Los tres casos tratados en el libro corresponden a conflictos de desgaste.

CooperAccion apoya ambos tipos de conflictos, pero opera diferente en cada caso. Si falla en promover un conflicto “de rechazo”, pasará a promover uno de desgaste, aunque siempre tendrá como primera opción inviabilizar la existencia misma de los grandes proyectos mineros.

La actuación de CooperAccion no está incluida como parte de los hechos narrados en el libro, pero CooperAccion tiene una oficina en la zona, realiza una intensa actividad de formación de activistas y de difusión de materiales. Por la narrativa del libro se puede percibir que su apoyo a los conflictos es presentado y justificado como defensa de los derechos colectivos de las poblaciones: económicos, sociales, ambientales, culturales.

Para los conflictos de desgaste el libro plantea maximizar la capacidad de presión de los actores locales y dar protagonismo a las posturas extremas.

Para orientar la construcción de una institucionalidad local que dé sustento de la conflictividad, los autores han dedicado 41 páginas a una larga lista de recomendaciones bajo tres categorías también eufemísticas: (1) favorecer el diálogo, (2) favorecer el desarrollo, y (3) favorecer el funcionamiento de la mesa. En esas recomendaciones los autores describen el tipo de marco institucional que buscan promover.

La mayor parte de las 32 recomendaciones repiten lecciones ya conocidas de procesos de negociación y de planificación local: participación tripartita (estado, empresas y sociedad civil), planificar el proceso, combinar corto y largo plazos, informar a la población, aplicar criterios de priorización de proyectos, capacitar a los participantes, montar mecanismos de monitoreo de la ejecución, etc. Muchas de estas recomendaciones forman parte del paquete estándar de generación de condiciones para el dialogo.

Sin embargo, a esas lecciones ellos introducen elementos que apuntan a incrementar la capacidad de presión de los grupos conflictivos y a escalar la conflictividad. Por ejemplo:

  1. En su concepto de sociedad civil incluyen a los Frentes de Defensa, y otros tipos de organizaciones creadas por los grupos conflictivos para ampliar y legitimar su representación social y hablar a nombre de la población local (p. 37), sin haber sido elegidos, poniéndolos con un peso equivalente al de los representantes de sectores sociales, como las comunidades, comités de regantes, etc.
  2. Entienden el concepto de preparación de los participantes como una especie de adoctrinamiento en base a su narrativa hostil a la minería y a la economía de mercado y de entrenamiento en el uso de herramientas para la promoción del conflicto.[3]
  3. Presentar a las empresas mineras y el gobierno nacional como los únicos actores con responsabilidades en el proceso, y obligados a financiar la implementación de todos los temas traídos a la mesa (p. 186).
  4. Restringir la libertad de expresión de las empresas ante la población local para neutralizar los instrumentos de incidencia de las empresas sobre las comunidades y sus dirigentes y facilitar que los grupos conflictivos puedan propagar temores y rumores sin que nadie aclare a la población (p. 187). Para los autores la incidencia hacia la población por parte de las empresas mineras es manipulación, mientras que aquella realizada por los anti-mineros es empoderamiento a la población local. Así, su labor de adoctrinamiento se presenta como si fuera empoderamiento ciudadano.
  5. Dar a la conflictividad y a la presión social sobre las empresas mineras un carácter permanente, y estructurar una institucionalidad legitimada para realizar frecuentes campañas de movilización social en contra de las empresas (p. 192).
  6. Con el concepto de territorialidad ampliada buscan Incluir en forma creciente e ilimitada a organizaciones de otras zonas que no son áreas de influencia de la mina. Esos grupos externos son muchas veces los más inclinados a la conflictividad, para forzar a las empresas a incluirlos en los beneficios de la minería (p. 195, 198, 126) a pesar de no tener ninguna relación real con la actividad minera.

Comentarios finales

Aunque el libro está dedicado a tres casos específicos de conflicto y negociación, el lenguaje y tratamiento dado a los eventos, transmiten elementos importantes de su concepción sobre los conflictos y sobre su narrativa.

El libro ilustra bien un hecho: en el contexto rural peruano, donde haya actividades mineras, los conflictos sociales estarán presentes. Los autores del libro están muy claros sobre ese hecho, se proponen desempeñar un rol de promoción de dicha conflictividad, y han desarrollado una narrativa para justificar ese rol como si fuera de búsqueda de diálogo.

Los tres casos permiten ver que la lógica operativa de los grupos e instituciones promotoras de conflictos consiste en:

  1. Propagar temores y cultivar agravios en la población local.
  2. Estimular un conflicto social tan grande, como sea posible, tanto en radicalidad como en la extensión geográfica y social del conflicto.
  3. Promover Mesas de Diálogo, bajo condiciones de conflicto y usando metodologías que maximicen la capacidad de amenaza y presión sobre las empresas.
  4. Aprovechar las Mesas para renegociar condiciones anteriormente establecidas y consolidar un bloque social proclive a la conflictividad.
  5. Aprovechar conflictos específicos para cumplir objetivos nacionales de políticas públicas: leyes, marco institucional, procedimientos, etc. correspondientes a su ideología antiminera.
  6. Descalificar los puntos ganados mediante las negociaciones y presentar los puntos pendientes de las Mesas como agravios, para iniciar un nuevo ciclo del conflicto.

El marco institucional que CooperAccion promueve tiene por objetivo dinamizar y dar permanencia a la conflictividad, y asumir un papel protagónico en esos procesos.

En términos de estrategia general, se ha podido observar que, en los procesos de negociación, CooperAccion busca ampliar los grupos interesados en la conflictividad, canalizar sus exigencias en los espacios de negociación, incluyendo las propuestas extremas, y reclamar que los acuerdos sean de consenso. De esta manera buscan mover las decisiones hacia los planteamientos de los grupos más beligerantes.

Los conflictos en que se involucra CooperAccion buscan siempre desencadenar procesos que les permita renegociar dos elementos centrales: los EIA y los Convenio Marco. Es en torno a esos dos elementos que CooperAccion busca maximizar la renta disputada con los conflictos y con las negociaciones que les siguen.

Es común que CooperAccion inicie sus campañas de promoción de conflictos escribiendo un libro sobre el tema, como el que comentamos. Las entrevistas en los medios y las presentaciones múltiples del libro a diversas instituciones y actores son utilizadas para difundir su versión de los hechos y lograr apoyo para los conflictos que están promoviendo.

Usos del texto

El análisis de la lógica general de la narrativa del libro y de sus mensajes centrales sugiere que el texto fue escrito para ser un instrumento orientado hacia cinco objetivos:

  1. Posicionar a CooperAccion y OXFAM ante líderes de opinión, medios de comunicación, organismos de cooperación y el Estado peruano como organizaciones defensoras de la convivencia pacífica entre las empresas mineras y las sociedades locales, camuflando sus concepciones hostiles a la minería moderna[4] [5] y su práctica diaria de promoción de conflictos sociales.
  2. Colocar a CooperAccion como una referencia, con apariencia académica, en base a tres casos de conflicto social para su uso por periodistas, diseñadores de política y académicos interesados en el tema, entregando referencias parcializadas de los hechos y cargada de ideología.
  3. Descalificar éticamente a las empresas mineras, como organizaciones sin sentido de los valores sociales ni ambientales, y que buscan aprovecharse al máximo de los desequilibrios de poder en su relacionamiento con la población local.
  4. Utilizar el estudio como insumo para la elaboración de materiales de adoctrinamiento de nuevos activistas dedicados a la promoción de la conflictividad en la minería, y de voceros a ser utilizados por los medios de comunicación.
  5. Promover un marco institucional para la gestión de la conflictividad que favorezca la permanencia de los conflictos, la unificación de las demandas, el incremento de la presión sobre las Empresas Mineras, la legitimación social de posiciones extremas, y su propia capacidad de influencia sobre la evolución y el desenlace de dichos conflictos.

Sugerencia de acción cívica

La permanencia, sin respuesta, de la versión presentada en este libro por CooperAccion y OXFAM sobre los procesos de conflicto y negociación ocurridos en las tres experiencias descritas, es un factor permanente de distorsión de los hechos, de ocultamiento de los impactos positivos y reales de la minería sobre las economías y la calidad de vida de las poblaciones de las zonas alto-andinas, y de erosión de la imagen ética de las empresas mineras.

Sería conveniente que las empresas involucradas, el gremio minero y entidades de desarrollo de las regiones mineras elaboren versiones alternativas de los hechos referidos en el libro, que permitan a las autoridades, periodistas, estudiantes y personas interesadas en el desarrollo minero del país contar con una historia más objetiva de los procesos de conflicto y negociación que sucedieron en esos tres sitios mineros. Lampadia

[1] Texto disponible en: https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Conviviendo%20con%20la%20mineria%20en%20el%20sur%20andino.pdf

[2] Una buena exposicion de los efectos sobre el desarrollo fue elaborada por Luis Carranza esta disponible en: http://iimp.org.pe/boletines/informes/Beneficios-macro-y-microeconomicos-de-la-mineria.pdf

[3] Los cursos de Cooperaccion para formacion lideres locales incluyen componentes de adoctrinamiento postextractivista.

[4] En caso de OXFAM su posicion frente a la mineria se visibiliza por su rol protegonico en la exitosa campaña en favor de la eliminacion de la mineria en El Salvador, campaña analisada en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/los-pos-extractivistas-cancelaron-la-mineria-en-el-salvador/

[5] Respecto a la postura antiminera de Cooperaccion la misma esta documentada en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/manual-de-formacion-de-lideres-anti-mineros/




Publicaciones Académicas Anti-Mineras

Publicaciones Académicas Anti-Mineras

Para el Estado nacional y para las empresas mineras:

  • No basta hacer inversiones que adopten los mejores estándares operativos del mundo;
  • No basta que sus instalaciones y procesos cumplan con las mayores exigencias ambientales aplicadas en los países más exigentes;
  • No basta que desplieguen los mejores esfuerzos para relacionarse con los pueblos y comunidades alrededor de sus instalaciones;
  • No basta que cumplan con todas las regulaciones de autoridades nacionales y locales;
  • No basta que paguen sus impuestos y contribuciones;

Si la legitimidad del sector y su viabilidad política, se juega y define en el campo de generación y difusión de contenidos, basados en ideas-fuerza que alteran la realidad.

Mientras unos producen riqueza para todos los peruanos, respetando la frondosa normativa nacional, otros –los anti mineros- producen mitos y ocupan los espacios mediáticos, creando un ecosistema reacio y hasta contrario a la inversión minera.

Peor aún, esta prolífica labor de creación de contenidos anti mineros, no termina en la captura del quehacer de múltiples agentes mediáticos; llega y captura la acción política de autoridades regionales y locales, como se hizo patente en el caso de los alcaldes de la costa sur de Arequipa, y de su gobernadora, Yamila Osorio, en relación al proyecto de Tía María.

El siguiente artículo de nuestro colaborador, Camilo Ferreira, hace una clara descripción de este proceso:

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para
Lampadia

Cada cierto tiempo, las organizaciones contrarias a la minería realizan publicaciones con títulos tales como “Mitos y Realidades de La Minería en el Perú”[i], “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras”[ii],“Poder Político y Gobierno Minero”[iii], o “¿Pagaron los Justo? Política Fiscal en los Tiempos del Boom Minero”[iv]. Estas publicaciones son realizadas por organizaciones y autores tales como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Durand y Cooperacción.

Existe una prolífica producción intelectual por parte de individuos y organizaciones hostiles a la minería. Esto genera una pregunta respecto a si esta clase de publicaciones termina impactando de algún modo sobre la viabilidad, tanto del sector extractivo en general como de proyectos o en específicos. En este artículo describimos los canales de transmisión mediante los cuales estos estudios terminan impactando sobre la legitimidad del sector extractivo y la amplia superioridad editorial y mediática desplegada por los pos-extractivistas en la generación de ideas y argumentos, así como en su comunicación.

La publicación de documentos, informes, manuales anti mineros y otro tipo de publicaciones, se repiten en todos los países donde los anti mineros encuentran financiamiento, que por lo general proviene de ONG’s anti minería, así como de organismos de cooperación internacional, como hace la Unión Europea en el Perú.

Características y Uso

Una publicación que encuentre falencias o efectos negativos del sector extractivo, no necesariamente es una herramienta anti minera. Una publicación con un espíritu de crítica constructiva podría servir para ayudar al sector minero a superar sus deficiencias y avanzar en su desarrollo, pero ese no es el caso. Definimos como una publicación académica antiminera a aquellas que tienen entre sus mensajes principales, componentes centrales de la narrativa pos-extractivista.  Esta narrativa está presente en la disputa por la legitimidad del sector extractivo tanto a nivel del sector en general como de empresas específicas.

La lucha por restar legitimidad al sector extractivo se da en cuatro aspectos principales:

  • Efectos sobre el desarrollo del sector
  • Caracterización ética de las empresas
  • Independencia y confiabilidad de las instituciones públicas dedicadas al sector
  • Impactos medio ambientales

Como veremos cada uno de esos componentes ha sido atendido por el esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas.

Por un lado, tenemos aquellas publicaciones que minimizan el impacto fiscal de la minería y afirman que el sector enfrenta un sistema de amplios incentivos tributarios. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero”[v] es un claro ejemplo que esta clase de publicaciones. Estas publicaciones sirven para reducir la percepción positiva sobre el desarrollo atribuido al sector minero.

Hay publicaciones que apuntan a acusar a las empresas mineras de ser responsables de la violencia ocurrida durante los conflictos sociales. “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” es un documento en el que se sostiene que la policía en la zona de influencia de las empresas mineras se encuentra sometida a estas empresas. Este sometimiento lleva, según el documento, a permanentes abusos por parte de la policía contra la población movilizada contra la minería. El nivel de estos abusos llega a la ocurrencia de fatalidades entre la población local. Acusar a las empresas mineras de ser responsables de golpizas y muertes socava su caracterización ética. Otro documento como “El Oro No Brilla para Todos”[vi] apunta en un sentido semejante al sostener que la minería tiene un rol promotor de la violación de derechos humanos en Cajamarca.

Siguiendo con los componentes de la legitimidad hay publicaciones como “Poder Político y Gobierno Minero” en el que se afirma que las empresas extractivas tienen sofisticados mecanismos de cooptación de las instituciones públicas que deberían fiscalizarlas. Si se considera que las instituciones que deberían controlar la minería se hallan controladas por el sector entonces las declaraciones del Estado y sus funcionarios respecto a controles e impactos ambientales no serán creíbles, como tampoco lo serán respecto a aporte tributario del sector, o sobre denuncias de abusos por parte de las mineras. Así buscan crear la percepción de que las instituciones del Estado ya no representan o velan por la población.

El componente del impacto medio ambiental, tampoco ha sido dejado de lado por los pos-extractivistas. La publicación “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú”[vii]señala que existe una gobernanza opaca de los recursos hídricos en las zonas mineras en favor de las grandes empresas extractivas. 

Los estudios mencionados son solo una ligera fracción de la producción intelectual por parte de instituciones hostiles a la minería. Esta producción es prolífica, y tanto medios de comunicación como varias instituciones públicas y privadas les dan una gran importancia a las publicaciones de las ONG’s anti mineras. La siguiente tabla nos muestra el número de publicaciones disponible en las páginas web de diversas organizaciones anti mineras peruanas.

Estas publicaciones pueden ser ensayos breves, documentos de trabajo o libros. En su gran mayoría ellas son de libre descarga para los interesados y se les aplica el marco de “CreativeCommons” en vez de los registros clásicos de propiedad intelectual, para que sean de libre distribución, y aumente así su lectoría.

Una vez editadas, estas publicaciones pasan al proceso de difusión.  El objetivo es que las conclusiones o los principales mensajes de sus publicaciones lleguen a la opinión pública a través de diferentes medios, entre los cuales se encuentran:

  • Presentación de la publicación: esta puede darse en repetidas ocasiones y espacios geográficos. Es común la presentación de la publicación en Lima seguida de otras presentaciones en diversas ciudades del interior junto con un panel de intelectuales pos-extractivistas.
  • Generación y divulgación de contenidos derivados a través de redes sociales, tales como videos cortos de la presentación de las publicaciones, infografías, memes, etc.
  • Entrevistas en medios de comunicación locales y nacionales motivados por la publicación de documentos.
  • Artículos en medios de comunicaciones físicos y digitales referidos a la publicación.
  • Uso de las publicaciones como material de capacitación en la formación de nuevos activistas hostiles a la minería.

Implicancias Estratégicas

Es común considerar que estas publicaciones terminan siendo leídas y celebradas entre cerrados círculos de activistas pos-extractivistas y que sus efectos finales sobre los stakeholders decisivos para la viabilidad de la minería sean limitados. Consideramos que, por el contrario, el sostenido esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas termina siendo un factor crítico para deslegitimar al sector extractivo en el largo plazo y a proyectos específicos en el mediano. Entre los efectos de estas publicaciones se encuentran:

  • Calificación de Voceros y de Instituciones: Estas publicaciones permiten presentar a organizaciones antimineras como expertas e investigadoras en los temas ambientales y sociales, y a legitimar los voceros de estas instituciones. Atienden las necesidades de quienes dirigen a los medios de comunicación de mostrar voces expertas para opinar respecto a la minería y a la conflictividad social ligada a ella. Las publicaciones posicionan a organizaciones anti mineras y a sus voceros como referentes en estos temas. Por ejemplo, la presentación del documento “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” logró a una entrevista de 14 minutos a Ana Leyva directora de Cooperacción en Radio Exitosa y a una de 7 minutos en Radio San Borja. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero” llevó a un artículo en un diario de negocios como Gestión titulado “Expertos demandan revisar beneficios tributarios a mineras”. Los “expertos” citados son pos-extractivistas que han obtenido ese título y el espacio mediático para la difusión de sus ideas gracias al estudio referido.
  • Generación de Discursos: En octubre del 2015 se dieron violentos enfrentamientos entre policías y comuneros en las inmediaciones del proyecto cuprífero “Las Bambas” en los cuales ocurrió el fallecimiento de un comunero. Estos sucesos pusieron los reflectores en la relación existente entre las empresas mineras y la policía. Algunos líderes de opinión y periodistas estuvieron expuestos a “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” como resultado de lo cual se difundió mensajes en el que se consideraba que la policía se hallaba sometida a algunas empresas mineras a partir de los Acuerdos de Cooperación firmados entre ambos.

La publicación de documentos brinda argumentos en el debate a nivel de líderes de opinión. Cuando existe algún evento, como lo puede ser un conflicto social, algunos líderes de opinión y periodistas sirven de cajas de resonancia de estos argumentos ante el público en general.

  • Municionamiento. Un conflicto político se da en múltiples escenarios.  El debate público se da a nivel de medios de comunicación, foros y eventos, y en el boca-a-boca. La legitimidad del sector extractivo se juega en estos diversos escenarios de manera simultánea. El tener una narrativa más efectiva es una ventaja estratégica en un conflicto político. La eficacia depende de la diversidad de argumentos disponibles, su capacidad para apoyarse en las creencias preexistentes, y en su capacidad para movilizar emociones. Las publicaciones antimineras son determinantes en la formación de la -muy efectiva- narrativa antiminera. Conceptos críticos para la conflictividad social tales como “Cabecera de Cuenca”, “Entrega de territorios a las concesiones mineras”, “Criminalización de la Protesta Social” se han originado en publicaciones antimineras. Ellos poseen una cantidad muy numerosa de producción académica comparada con la producción de las instituciones que no son hostiles, y aún más preocupante si consideramos la cobertura mediática de dichos productos.

La legitimidad del sector extractivo se juega a largo plazo, y la batalla de ideas es determinante en ese desenlace. La producción intelectual de los anti mineros es un activo estratégico en estas disputas, y permiten ir acumulándolo las bases para el momento de la conflictividad social. El sector favorable a las industrias extractivas está abandonando un campo crítico para su viabilidad de largo al no fomentar un esfuerzo intelectual comparable al de sus rivales. Lampadia

[i] Disponible en: http://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/Mitos-pdf.pdf

[ii] Disponible en: https://issuu.com/grufides/docs/policia_mercenaria_al_servicio_de_l

[iii] Disponible en:http://extractivismo.com/wp-content/uploads/2016/07/DurandPoderPoliticoGobiernoMinero.pdf

[iv] Disponible en: https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Pol%C3%ADtica%20fiscal%20peruana%20en%20tiempos%20del%20boom%20minero.pdf

[v] Disponible en: http://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2017/08/Recaudaci%C3%B3n-Fiscal-y-Beneficios-Tributarios-en-el-sector-minero.pdf

[vi]Disponible en: http://www.grufides.org/sites/default/files//documentos/publicaciones/EL%20ORO%20NO%20BRILLA%20PARA%20TODOS%20%282%29.pdf

[vii]Disponible en: http://cooperaccion.org.pe/main/images/derechos_colectivos/GOBERNANZAAGUA.pdf




Las Ordenanzas Sub-nacionales anti minería

Las Ordenanzas Sub-nacionales anti minería

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para
Lampadia

En Neuquén Argentina, la Municipalidad de Vista Alegre emitió la Ordenanza 783/16[i] la cual prohibía el uso del fracking(gas esquisto) en dicho territorio. En esta zona se encuentra el yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta cuyo aprovechamiento implicaría una inversión cercana a los 4,000 millones de dólares para el 2018 y podría inclusive llegar a 20,000 millones hacia el 2019.[ii] EL frackingsería la principal modalidad de acceso para estos recursos.

Fuente: YouTube

En Cajamarca, Perú, el Gobierno Regional emitió la Ordenanza Nº 036-2011 la cual declaraba inviable la realización del proyecto minero Conga. Esta ordenanza fue útil para paralizar un proyecto que implicaría una inversión de 4,800 millones de dólares.

Ambas ordenanzas fueron declaradas improcedentes, en el caso argentino, por el Tribunal Supremo de Justicia,y en el peruano por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sus efectos jurídicos de largo plazo fueron nulos, ello no implica que estas medidas hayan tenido resultados irrelevantes desde el punto de vista político. En ambos casos, las ordenanzas sirvieron para confundir a la población acerca del marco normativo válido y para dar legitimidad institucional a una iniciativa contraria a la legislación del país.

CARACTERÍSTICAS Y USO

Los antimineros concentran su activismo en aquellas zonas en la que existe el potencial de una profunda conflictividad ligada a proyectos extractivos. Para generar un consenso local hostil al sector extractivo, ellos buscan combinar la concentración de recursos políticos por parte de los activistas antimineros y condiciones sociales proclives a la conflictividad.

Este consenso se traduce en efectos sobre el sistema político particular de un determinado territorio. Los antimineros son capaces de ser políticamente fuertes en algunos sectores subnacionales de un país, ya sea un municipio argentino, una región peruana, un cantón ecuatoriano o un departamento en el Salvador. Ello permite o bien, la elección de autoridades hostiles a la minería, o que las autoridades locales se encuentren sumamente condicionadas por los activistas antimineros.

Esta hegemonía política local se traduce en la instrumentalización de las autoridades locales y de las instituciones que controlan a favor de los objetivos políticos de los antimineros. Estas autoridades emiten ordenanzas o resoluciones que inviabilizan proyectos mineros específicos o, si es posible, de la totalidad del sector como lo hicieron en El Salvador. Estas ordenanzas pueden declarar intangible para las operaciones mineras determinadas áreas (cabeceras de cuenca), prohibir el uso de ciertos insumos críticos (como lo sería el cianuro), o la aplicación de determinada tecnología minera (por ejemplo, el tajo abierto o el fracking). Estas ordenanzas pueden darse a pesar de que seancontrariasal orden jurídico y que impliquen el ejercicio de facultades no existentes.

En muchos casos, estas ordenanzas se encuentran tan lejos del rol de estas autoridades, que han sido emitidas sin ninguna expectativa racional de que las mismas puedan ser aceptadas por los poderes del Estado en el nivel nacional. Los autores de esas ordenanzas saben muy bien que, en el marco jurídico del país, estas son inválidas, pero ello no les preocupa. Los efectos de estas ordenanzas permiten arribar a la conclusión de que no se trata de medidas infructuosas para ilegalizar operaciones mineras, estas ordenanzas son actos de comunicación política que forman parte de la lucha de largo plazo, de los antimineros, por deslegitimar las operaciones mineras y cuestionar al marco institucional nacional que norma al sector.

IMPLICANCIAS ESTRATÉGICAS

La emisión de estas ordenanzas tiene un conjunto de efectos sobre el proceso de conflicto político prolongado que caracteriza la resistencia a las actividades extractivas. Entre ellos se encuentran:

  • Envío de mensajes antimineros: Al momento de la emisión de la ordenanza las autoridades antimineras obtienen espacio mediático local y nacional. Brindan entrevistas en los medios, se publican artículos, etc. Este espacio mediático es ocasión para que los defensores de la ordenanza puedan justificar esta medida emitiendo un discurso hostil a la minería.

La emisión de estos mensajes no se da únicamente durante la emisión de la ordenanza, el proceso judicial que se genera a partir de la misma, ante instancias superiores de justicia. Cada audiencia y emisión de fallos se transforma en un evento con relevancia noticiosa lleva a los voceros antimineros a obtener espacio gratis en losmedios de comunicación.

  • Deslegitimación de la Institucionalidad: Uno de los anillos de protección de la legitimidad de un proyecto minero consiste en la legitimidad y credibilidad social de las instituciones que la fiscalizan. Instituciones creíbles tienen un fuerte impacto sobre el potencial de credibilidad de las causas del conflicto.

La falta de credibilidad de las instituciones públicas ante la población local en hacen más creíbles las acusaciones de los antimineros respecto a impactos nocivos de las actividades mineras. Por ejemplo, un EIA pasa a ser menos creíble si se considera que los poderes del gobierno central están cooptados por las empresas mineras. A los ojos de un amplio segmento de la población local, el pronunciamiento del poder judicial o del ejecutivo, considerado como ampliamente corrupto, en contra de sus ordenanzas y favorable a la actividad minera es la comprobación de la cooptación de los poderes del Estado por las empresas mineras.

Las ordenanzas locales también permiten a los antimineros afirmar que las operaciones de un proyecto extractivo son ilegales y que el respaldo de otras ramas del Estado es ilegal, producto de la corrupción o expresión del centralismo.

Con base en las ordenanzas locales se atribuye ilegalidad a las operaciones de las empresas mineras y a las instituciones públicas que las respaldan, se consideraran como ilegitimas las acciones de la empresa, y se justifica el apoyo a la realización de acciones violentas en su contra. Se denuncia que las acciones de la Empresa se hacen en desacato a las ordenanzas locales, que devienen en ilegales. Los actos violentos se vuelven socialmente más legítimos si se realizan contra de una Empresa que ha subvertido el orden legal local, y se argumenta que fuerzas del orden que buscan hacer que se cumplan las leyes son mercenarias al servicio de las empresas mineras.

RECURSO DISCURSIVO

La conflictividad asociada al sector extractivo tiende a ser una lucha política prolongada en la que las coaliciones enfrentadas van construyendo narrativas en procesos de acumulación graduales. Cada lado va acumulando argumentos que vuelven sus posturas más sólidas y creíbles a los ojos de la población.

Las ordenanzas referidas, permiten que los antimineros hagan afirmaciones tales como: “Este proyecto se asienta sobre un ecosistema frágil como lo declara la ordenanza X” o “Se van a usar sustancias que implican un riesgo para la salud de acuerdo a la ordenanza Y”. Las ordenanzas brindan un soporte de institucionalidad pública a componentes de la narrativa antiminera. Las ordenanzas son presentadas como prueba de que sus posturas hostiles se sustentan en hechos científicamente verificados por autoridades legítimamente elegidas.

En conclusión, estas ordenanzas no son únicamente esfuerzos para prohibir la minera; son instrumentos de lucha política. Los sectores preocupados por el futuro del sector extractivo deben tomar en consideración los efectos políticos de estas medidas y no solo sus consecuencias legalesLampadia

[i]http://www.8300.com.ar/2017/03/14/la-comunidad-de-vista-alegre-exige-que-se-cumpla-con-la-ordenanza-que-prohibe-la-hidrofractura/

[ii]http://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2017/05/22/vaca-muerta-recibira-inversiones-por-hasta-usd-4-000-millones-este-ano/

 




Conflictos ‘político-sociales’ destruyen nuestro futuro

Conflictos ‘político-sociales’ destruyen nuestro futuro

Los llamados conflictos sociales, en esencia, más conflictos ‘político-sociales’ que puramente sociales, vienen impidiendo buena parte de la inversión en minería (principal motor de nuestra economía). Esto se asienta durante el gobierno del nacionalismo y no se ha podido revertir con el actual gobierno. Peor aún, desde el inicio del gobierno de PPK, esta modalidad de ‘lucha’ ha enfilado sus ataques al sector turismo.

A raíz de la llamada huelga de los maestros del sector público, hemos podido comprobar el nivel de penetración de movimientos radicales y extremistas, incluso vinculados, y hasta dirigidos, por la nueva estrategia de Sendero Luminoso, de penetrar gremios laborales y diversas instituciones del país, como medio alternativo de acercarse al poder político.

Tanto la continuación de los conflictos anti mineros, como los dirigidos contra el turismo, y el “PUTSCH” de Movadef-Sendero”, se han facilitado por el permisivismo de un gobierno, a todas luces, muy débil y sin estrategia para enfrentar los niveles de conflictividad actuales. Situación agravada, además, por el absurdo enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo.

Hace un tiempo, publicamos el siguiente cuadro para expresar el riesgo de perder nuestros proyectos mineros, con el desarrollo en el mundo, del desarrollo de nuevos materiales, de otras fuentes de recursos, como las operaciones submarinas y hasta la explotación de asteroides.

Desde esta perspectiva, se puede decir que el gobierno de Ollanta Humala perdió la minería. Esperemos que no tengamos que decir que el gobierno de PPK perdió el turismo (sin recuperar la minería).

La situación política de los últimos meses, en que hemos tenido que soportar conflictos no contrastados por el gobierno, hacen propicia la ocasión para publicar entre nuestros documentos, nuestro libro sobre la conflictividad anti minera, que permite entender la naturaleza de todos los conflictos ‘político-sociales’, asunto que consideramos debe pasar a ser de conocimiento de todos los estamentos influyentes de la sociedad.

En marzo pasado, presentamos el primer libro de Lampadia: “Para Reducir la Conflictividad Minera”, con los comentarios de Renzo Rossini, Gerente General del BCR, Carlos Gálvez, entonces Presidente de la SNMP, y el autor, Sebastiao Mendonca Ferreira (ver: Lampadia presentó su primer libro). El libro recoge un largo esfuerzo de sistematización del análisis de la naturaleza de la conflictividad minera que hemos desarrollado en Lampadia con. El material de base del libro, forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo, en la que hemos dado una importancia especial al aspecto de conflictividad.

En uno de sus mejores momentos históricos, el Perú de la primera década del siglo XXI, ha sido víctima de una hábil maniobra para desdibujar los beneficios de su desarrollo, acusándolo de tener un ‘pernicioso modelo primario exportador’ y, caracterizando a la minería, su principal motor de crecimiento, como una actividad que no agrega valor económico, no genera empleo, como una actividad de tipo enclave que descuida el medio ambiente, succiona nuestra riqueza para las multinacionales sin dejar nada a las poblaciones locales y, además, no cuida los impactos sociales de sus operaciones.

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Buena parte de la explicación de este proceso, difícil de entender, es que hemos permitido que para ciertos grupos de interés, sea más económico extraer (conseguir) ingresos del sector de mayor productividad, el primario, que lograrlos desarrollando actividades productivas. Para ello se han especializado en extorsionar a las empresas y al Estado o en conseguir subvenciones para sus ONG.

En otras palabras, estos grupos, se asocian a donantes extranjeros que promueven formas de vida bucólica lejos de sus tierras; o promueven ideas trasnochadas, como Oxfam; o en aras de supuestos comportamientos nobles, promueven la parálisis de la explotación de recursos naturales, como lo hacen la Unión Europea y la Cooperación del Reino de España. Desde esa base, extraen recursos de las empresas extractivas o crean conflictos (político) sociales, generan ingresos y/o posicionamiento mediático o movilidad política, incluso sin que los delitos que puedan cometer, conlleven costos que inhiban dichos comportamientos, permitidos por lo que el Basombrío, el Ministro del Interior, califica como “democracia boba”.

En el libro se explican los elementos que permiten acercarse a un mejor entendimiento de estos conflictos, que ya han hecho mucho daño en el Perú. Justamente la inspiración de desarrollar este estudio surgió de la necesidad de desvelar qué hay detrás de la conflictividad minera, de los mitos y mentiras abiertas que vienen resonando tan seguido en los medios de comunicación y que han creado un proceso político que ha sido difícil de entender, al punto que los gobiernos se han visto acorralados sin un eco positivo de la opinión pública, optando una y otra vez por parar los proyectos mineros.

Esta siembra de mitos, la agudización de agravios y la violencia abierta, facilitada por la impunidad y la extracción de rentas han sido analizadas y comparadas con la tesis de L.P. Gerlach sobre la estructura de los movimientos sociales, para explicar la convergencia de acciones, en el tiempo y en el espacio de confrontación, contra el desarrollo anti minero. Así nació el concepto de SPIN (Segmented Polycentric, Integrated Networks), o redes integradas, segmentadas y poli-céntricas, el cual permite entender el sofisticado proceso de sabotaje de la actividad minera, sin que exista o se requiera unidad de comando. Ver en Lampadia: ‘SPIN’ explica la convergencia de fuerzas anti-minería. Documento que hemos publicado junto con el libro de conflictividad.

En Lampadia consideramos que la superación de la conflictividad es clave para la viabilidad del Perú. El desarrollo de la minería, no solo depende de nuestras exportaciones y la generación de divisas, sus impactos más importantes se dan en la generación de recursos fiscales, esenciales para superar la pobreza y en sus encadenamientos con los demás sectores de la economía.

Ahora que todos vislumbran mejores cotizaciones de los metales, especialmente del cobre y del zinc, es imperioso superar la conflictividad anti inversión minera, pues de lo contrario, solo veremos pasar la oportunidad de invertir, crecer y mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Por eso compartimos con nuestros lectores el contenido completo de este libro, incentivando la libre difusión de su publicación. Para ver el libro completo, ver: Para Reducir la Conflictividad Minera y Cómo se organizan los conflictos mineros.

Esperamos que el gobierno supere sus limitaciones en el manejo de conflictos, y esté a la altura de sus responsabilidades, permitiendo que los peruanos nos beneficiemos de los recursos que disponemos. Para ello, debe empezar por comunicar los beneficios de la minería, reenfocar el llamado ‘Adelanto Social’, y aplicando la ley en nombre de los millones de peruanos que podemos sacar de la pobreza con la minería. Lampadia




‘SPIN’ explica la convergencia de fuerzas anti-minería

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