Como lo demuestra el comportamiento de una serie de indicadores económicos y sociales de la actividad agraria en el país, desde la entrada en vigencia de este régimen especial en el año 2001, se ha observado un crecimiento inusitado y exponencial de la agroexportación, algo jamás antes visto en toda nuestra historia republicana. Estos hechos los ha reflejado muy bien la Sociedad de Comercio Exterior – ComexPerú en una reciente presentación que compartimos al final del artículo.

Veamos los indicadores más destacables:

• Un incremento de la formalidad en el empleo del sector, que ascendió a casi 20 puntos porcentuales en la costa.

• Posicionamiento de las empresas agrarias entre los principales empleadores a nivel nacional. Entre las empresas del rubro a destacar se encuentran Complejo Agroindustrial Beta (5°), Camposol (7°), Danper Trujillo (8°), Sociedad Agrícola Virú (9°) y Sociedad Agrícola Drokasa (19°).

• Un aumento considerable de la participación de la mujer en la fuerza laboral del sector, la cual está considerada entre las más altas en toda la economía.

• Un incremento significativo de la contribución a las arcas del Estado por parte del agro gracias al crecimiento económico experimentado por dicho sector.

• Un crecimiento exponencial de las agroexportaciones las cuales se multiplicaron por 10 en las últimas dos décadas.

• Exportaciones que además son altamente productivas, lo cual se sustenta en su formidable capacidad para equilibrar la balanza comercial (ver Lampadia: La Nueva Agricultura Peruana), y por ende, en constituirse como importantes fuentes de divisas. Así, en el Perú usamos tan solo 180,000 hectáreas de cultivo de productos agroindustriales, a cambio de 2’570,000 hectáreas de cultivo en productos tradicionales que se cultivan en el resto del mundo, lo cual nos hace 14 veces más productivos respecto al resto del globo en este rubro.

• Ello sin mencionar nuestro posicionamiento como líderes mundiales en varios de los mercados internacionales de agroexportación.

Así, recientemente se vienen discutiendo algunos cambios a la ley, así como su prórroga por 10 años más, a propósito del dictamen emitido por el Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, Minagri); sin embargo, ambas iniciativas no están encausadas hacia lo que debiera ser por amplio margen la prioridad de este sector: la vigencia permanente del régimen especial agrario.

Según cálculos de ComexPerú, la renovación de la Ley de Promoción Agraria, dándole un horizonte de largo plazo, permitiría alcanzar un millón de puestos de trabajo directos y dos millones de puestos indirectos, en un sector (agroexportación) que además representa el 3% del PBI y el 11.4% del trabajo formal del sector privado. Asimismo, permitirá:

• Duplicar el empleo formal en los próximos 5 años.
• Potenciar los beneficios para los peruanos en las zonas más alejadas del país ej. Inversiones de palmito en selva (Amazonas).
• Acercar al ciudadano oportunidades de empleo y esperanza de un futuro mejor.
• Otorgar seguridad jurídica y predictibilidad a las inversiones para asegurar la ejecución de los proyectos de irrigación.
• Consolidar al Perú como potencia agroexportadora y proveedor de alimentos a nivel global.

Por otra parte, es menester señalar que entre los aciertos de esta discusión impulsada por el Minagri, es que la ministra ha mostrado la intención de hacer efectiva su aplicación al sector forestal y acuícola. Consideramos que de darse tal suceso, se promovería una mayor dinámica económica a ambos sectores, cuyo enorme potencial aún ha sido poco explorado por nuestras autoridades, en particular, el sector forestal.

Lamentablemente la ministra ha declarado: “El dictamen es por 10 años y nosotros hemos conversado con el Congreso, porque lo que tenemos que encontrar es un régimen, que vaya acercándose al general, porque ya sabemos que es temporal”.

Lo que quiere decir que Fabiola Muñoz no entiende la importancia del sector para las más caras necesidades del país, empleo y formalización.

Esperamos que la discusión en torno a la vigencia permanente del régimen especial agrario pueda ser ponderada en las sesiones próximas que se darán en el Congreso. Aún estamos a tiempo de seguir generando desarrollo en el sector que más empleo genera en nuestro país. Lampadia

A continuación, compartimos la presentación completa elaborada por ComexPerú respecto del éxito del sector agroexportación en las últimas dos décadas.

¿Por qué Estados Unidos y China insisten en una guerra comercial que compromete el valor comercial de más de medio billón de dólares y miles de millones en ganancias corporativas en un sinfín de sectores económicos? ¿Será posible llegar a un acuerdo comercial entre ambos países que permita establecer condiciones arancelarias tales que puedan ser respetadas en un plazo previsible, de tal forma que se de tranquilidad a los mercados?

Responder ambas preguntas son fundamentales porque como hemos escrito previamente en Lampadia:  Desaceleración global es altamente probable en 2019 , El Perú crece por debajo de su potencial, el desempeño del conflicto comercial EEUU-China será un factor determinante en la coyuntura económica mundial del presente año, la cual estará caracterizada por una desaceleración global sincronizada. De tornarse más agresiva esta confrontación, comprometerá el crecimiento de países emergentes como el Perú, siendo ambos países sus principales socios comerciales.

Al respecto, resulta útil leer un reciente artículo escrito por Minxin Pei en Project Syndicate (ver líneas abajo), el cual da mayores alcances respecto a la verdadera naturaleza del conflicto comercial en mención.

Pei enfatiza el hecho de que, si bien un acuerdo comercial es altamente deseable y probable para menguar la incertidumbre en torno al futuro de las relaciones económicas entre ambos países, ello de ninguna manera implica poner fin a lo que él denomina como “la guerra fría chino-estadounidense”. Ello porque el origen de este conflicto, además de tener cierto carácter ideológico, se encuentra en el aspecto de la seguridad, ya que para EEUU, China constituye una verdadera amenaza en este rubro particular, por lo menos en el largo plazo.

“En EEUU, existe un consenso cada vez mayor de que China constituye la amenaza a la seguridad a largo plazo más grave que enfrenta el país. Acuerdo comercial o no, es probable que esto conduzca a más políticas centradas en lograr un desacoplamiento económico integral. Romper una relación económica construida durante cuatro décadas puede ser costoso, pero continuar con el fortalecimiento de su principal adversario geopolítico a través del comercio y las transferencias de tecnología es suicida”.

Entonces la solución a este conflicto comercial, sugiere inteligentemente Pei, no pasaría por levantar los aranceles anteriormente establecidos o por aumentar las compras de ciertos productos por parte de China a EEUU, sino necesariamente por aplacar de una vez por todas las preocupaciones de EEUU respecto a los avances del sector de seguridad en China.

Si bien este escenario es poco probable dada la particular personalidad del presidente chino Xin Jinping, ya que implicaría desmantelar ciertas instalaciones militares de China hacia EEUU, podría verse la posibilidad de establecer un acuerdo entre ambos países para compartir los avances y/o innovaciones en este sector particular en cada uno de los países. Esto podría dar paso al fin de la “segunda Guerra Fría”. Lampadia

¿Por qué un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China no es suficiente?

Minxin Pei
Project Syndicate
18 de febrero, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Si EEUU y China no logran alcanzar un acuerdo comercial integral, el comercio bilateral caerá en picada, y el desmoronamiento de la relación económica entre ambos países se acelerará. Pero incluso si se llega a un acuerdo, ese desenlace continuará, porque, en el fondo, la guerra comercial siempre ha sido sobre el tema de seguridad.

Cuando los negociadores comerciales chinos y estadounidenses se reúnen en Washington para tratar de forjar un acuerdo sobre comercio, los observadores se centran en gran medida en los desacuerdos económicos de los países, como los subsidios de China a sus empresas estatales. Pero pensar que un acuerdo sobre comercio protegerá al mundo de una guerra fría chino-estadounidense sería tan prematuro como ingenuo.

Por supuesto, un acuerdo comercial es altamente deseable. El colapso de las negociaciones comerciales desencadenaría una nueva ronda de aumentos de aranceles (de 10% a 25%, en $ 200 mil millones de productos chinos exportados a Estados Unidos), lo que provocaría la caída de los precios globales de las acciones y estimularía a las empresas a mover más sus actividades fuera de China. En medio de los aranceles, el comercio bilateral se desplomaría y el desmoronamiento de la relación económica entre Estados Unidos y China se aceleraría, creando una incertidumbre generalizada y mayores costos.

Pero incluso si se alcanza un acuerdo general, ya sea antes del 1 de marzo o dentro de unos meses, el proceso continuará, aunque de una manera más gradual y menos costosa. La razón, que muchos inversionistas y ejecutivos corporativos no han reconocido, es que la guerra comercial no tiene nada que ver con el comercio; más bien, es una manifestación de la creciente competencia estratégica entre las dos potencias.

Es cierto que Estados Unidos tiene quejas legítimas sobre las prácticas comerciales de China, incluidas sus violaciones de los derechos de propiedad intelectual, que, después de más de una década de fallidos compromisos diplomáticos, justifican una postura más dura. Pero si EEUU Y China no fueran adversarios estratégicos, sería poco probable que se inicie una guerra comercial en toda regla que ponga en peligro el valor comercial de más de medio billón de dólares y miles de millones en ganancias corporativas. Si bien China puede perder más en tal conflicto, las pérdidas estadounidenses difícilmente serán triviales.

Estados Unidos está dispuesto a sacrificar su relación económica con China, porque los riesgos que plantean los intereses e ideologías nacionales en conflicto de las dos potencias ahora superan los beneficios de la cooperación. En un momento en que China, que ha estado ganando rápidamente influencia internacional en Estados Unidos, sigue una política exterior agresiva, el énfasis de Estados Unidos en el compromiso ya no es sostenible.

Un número creciente de otras partes interesadas, incluidos los vecinos más cercanos de China, parecen estar de acuerdo con el movimiento del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la confrontación. Este cambio está personificado por los ataques de Estados Unidos contra el gigante chino de telecomunicaciones Huawei. Más allá de que Canadá arreste al CFO de la compañía, Meng Wanzhou, quien ahora espera un proceso de extradición, Estados Unidos ha estado advirtiendo a los aliados que no usen la tecnología Huawei para sus redes inalámbricas 5G, por razones de seguridad.

Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China no puede resolver estos problemas. De hecho, incluso si se resuelven las manifestaciones más agudas del conflicto comercial actual, ambos países internalizarán una de sus lecciones clave: comerciar con un enemigo geopolítico es un asunto peligroso.

En EEUU, existe un consenso cada vez mayor de que China constituye la amenaza a la seguridad a largo plazo más grave que enfrenta el país. Acuerdo comercial o no, es probable que esto conduzca a más políticas centradas en lograr un desacoplamiento económico integral. Romper una relación económica construida durante cuatro décadas puede ser costoso, pero continuar con el fortalecimiento de su principal adversario geopolítico a través del comercio y las transferencias de tecnología es suicida.

Del mismo modo, para China, la guerra comercial ha expuesto la vulnerabilidad estratégica creada por la dependencia excesiva de los mercados y las tecnologías estadounidenses. El presidente chino Xi Jinping no volverá a cometer el mismo error, ni ningún otro líder chino. En los próximos años, China, aprovechando cualquier período de calma en la guerra comercial, también trabajará para reducir drásticamente su dependencia económica de Estados Unidos.

Pero, por muy convincente que sea la razón estratégica para China y Estados Unidos, el desacoplamiento económico de las dos economías más grandes del mundo, que en conjunto representan el 40% del PBI mundial, sería desastroso. No solo fracturará el sistema de comercio global, sino que también eliminará cualquier restricción a la rivalidad geopolítica chino-estadounidense, lo que aumenta el riesgo de una escalada potencialmente devastadora.

La única forma de evitar este resultado es que China se levante de manera creíble para mitigar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos. Esto significa que en lugar de centrarse en, digamos, comprar más soya estadounidense, China debería desmantelar las instalaciones militares que ha construido en sus islas artificiales en el Mar de China Meridional. Solo un movimiento tan audaz puede detener, si no revertir, el rápido descenso a una guerra fría chino-estadounidense. Lampadia

Minxin Pei, es profesor de gobierno en el Claremont McKenna College y el autor de China’s Crony Capitalism. Es también Presidente inaugural de la Biblioteca del Congreso en Relaciones Estados Unidos-China.

Jaime de Althaus

Para Lampadia

¿Qué reformas institucionales y económicas debemos hacer para prevenir  casos de mega corrupción como los que hemos tenido y reducir la corrupción masiva y generalizada que sufre el país?

Lo primero, por supuesto, es hacer caso omiso del ardid ideológico oportunista de la izquierda, que responsabiliza a la economía de mercado y a la tecnocracia de la corrupción y señala que  las Asociaciones Público Privadas (APP) están diseñadas para robarle al Estado.

Alberto Adrianzén, por ejemplo, acusa en La República a “un modelo económico que mantuvo las desigualdades, que alentó la corrupción y las prácticas lobistas, y que permitió la captura del Estado grandes grupos económicos, como hoy lo podemos constatar…”.

Por supuesto, nadie se toma el trabajo de explicar cuál sería ese modelo económico alternativo sin mercado libre, sin tecnocracia y sin APP, intrínsecamente refractario a la corrupción. Obviamente no existe. Mejor dicho, sí existe y lo hemos tenido y lo tiene ahora Venezuela, por ejemplo, con la diferencia de que ese modelo sí es una fábrica de corrupción, o funciona gracias a la corrupción.

Ese modelo (Venezuela) consistiría en intervenir el mercado fijando precios y subsidios, dirigiendo las inversiones y estatizando sectores estratégicos. El resultado es la corrupción generalizada, porque se benefician los que tienen acceso a los que deciden qué empresas son prioritarias y quiénes reciben entonces ventajas y concesiones de todo tipo, y porque en una economía llena de peajes, permisos, subsidios, beneficios rentistas y castigos, la única manera de funcionar es pagando a los funcionarios responsables de las autorizaciones o de dispensar los beneficios o los maleficios.

En un esquema en el que la libre competencia en el mercado es sustituida por las decisiones de la burocracia o del Ministro o del Presidente, ganan quienes más llegada tienen u ofrecen compartir con el funcionario una parte mayor de la renta regalada. Es decir: yo te garantizo un mercado seguro, un subsidio o un dólar barato o lo que fuera, pero tú me devuelves una parte de la renta que te obsequio. La competencia entre las empresas no se da en el mercado para ver cuál obtiene más utilidades o mayor proporción de ese mercado mejorando su productividad, sino cuál ofrece un soborno más alto para obtener una ventaja rentista. 

Eso era lo que teníamos durante el primer gobierno de Alan García, por ejemplo. Más bien la liberación de la economía de todos los controles y subsidios intervencionistas a partir de los 90 produjo el resultado de eliminar toda esa corrupción derivada del poder discrecional del funcionario. Este poder fue reemplazado por reglas de juego iguales para todos. Claro que esa corrupción fue sustituida luego por otro tipo de corrupción, mucho más focalizada y perversa, derivada no del modelo económico sino de la concentración del poder político, pero esa es otra historia.

Repotenciar el modelo

Entonces ya vemos cuál es el modelo más proclive a la corrupción y cuál es el que tenemos más bien que profundizar para tratar de minimizarla. El problema que hemos tenido a partir de los 2000, es que gradualmente se ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad expresado en la sobre regulación de los sectores económicos, que no solo ha frenado el crecimiento sino que ha restablecido en alguna medida los pagos para obtener o acelerar permisos, licencias y autorizaciones.

Por eso, la primera medida para luchar contra la corrupción no es menos mercado libre, sino más. No es cambiar el modelo económico, sino repotenciarlo. Es también terminar de instalar lo que no se hizo, una reforma institucional que acompañe y de sustento a la economía de mercado.

El modelo económico como tal necesita más bien un over haul, un mantenimiento profundo que libere nuevamente todos los circuitos de la economía trabados por regulaciones y trámites absurdos, eliminando así peajes que sólo se superan pagando para que trámite salga o se acelere. Las municipalidades –aunque no solo ellas- se han convertido en un bastión casi inexpugnable de esta forma de extorsión.

Esa limpieza es lo que está haciendo el gobierno con el conjunto de decretos legislativos orientados a la simplificación administrativa y la eliminación de trámites, desde la estandarización de los Tupas municipales hasta el empoderamiento de Indecopi para derogar barreras burocráticas pasando por la obligación de demostrar la utilidad de toda norma a los tres años de dada y la revisión, con ese criterio, de todas las normas actuales que contienen procedimientos. Todavía hace falta, sin embargo, desregular algunos sectores específicos, en los que regulaciones excesivamente rígidas o limitativas terminan escogiendo ganadores, normalmente grandes empresas que sí pueden pagar el costo de tales regulaciones, condenando a las pequeñas y medianas a la informalidad o a la desaparición.

La obra pública y público privada

Por supuesto, hay un aspecto de la gestión económica en el que inevitablemente es el Estado quien debe escoger a los ganadores: la obra pública y público-privada. Es por eso que es allí donde se aloja el mayor volumen de corrupción y donde se han producido los escandalosos casos protagonizados por las empresas brasileñas.

Pero hay que señalar que en los casos más notorios lo que ha ocurrido es que el poder político, el presidente de la República o la Primera Dama, según el caso, es el que ha desplazado las decisiones técnicas para imponer proyectos casi al caballazo. No falló la tecnocracia, que en esos casos fue avasallada, sino el poder político, que se corrompió.

¿Cómo dificultar la injerencia política cuando esta no responde a criterios técnicos? En cuanto a las Asociaciones Público Privadas (APPs), El decreto legislativo 1251, recientemente aprobado, establece para Proinversión un Directorio integrado por tres directores independientes, además de tres ministros, que, al decir de Álvaro Quijandría, Director Ejecutivo de esta entidad, “debiera blindar a Proinversión de presiones políticas por sacar proyectos que no estén suficientemente maduros o que no respondan a las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura que se elaborará en los siguientes meses”.

Una constante en los casos de mega corrupción ha sido el grado insuficiente, muy preliminar, de estudios con los que fueron convocados esos procesos. Por eso, según Álvaro Quijandría, una vez aprobado el reglamento se establecerá un lineamiento en el sentido de “iniciar los concursos sólo una vez que se tengan estudios definitivos y con un porcentaje significativo de los terrenos necesarios saneados con expropiaciones avanzadas, lo que podrá manejarse adecuadamente con la creación del Proyecto de Acceso a Predios para Inversiones Priorizadas APIP creado en el DL 1333”. 

El lanzamiento de convocatorias con estudios avanzados es indispensable  para evitar la mala práctica de las ofertas temerarias que ganan ofreciendo un bajo cofinanciamiento del Estado, para luego aumentar considerablemente la parte estatal vía una sucesión de adendas. En relación a esto último, Quijandría nos informa que en el reglamento se establecerá un porcentaje máximo del valor del proyecto para adendas, a partir del cual se debería rescindir los contratos.  “Esto es usual en muchos países y el porcentaje es usualmente 15-20%”, precisa. Y añade: “a fin de eliminar ofertas temerarias y/o colusión de postores en los concursos, en la mayoría de países con sistemas de APP avanzados, se establecen reglas para los concursos que permiten eliminar las ofertas muy bajas o muy altas, así como mecanismos para la presentación de ofertas y su evaluación que reducen al mínimo la posibilidad de ¨comportamientos estratégicos¨ o franca colusión entre los postores.  Por ejemplo, en Colombia se sortea en el momento de presentación de los sobres cuál será la fórmula de calificación de los factores de competencia, entre varias alternativas”.

Quijandría refiere otras medidas que se está adoptando: “Estamos creando una Dirección de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.  Ya está trabajando en Proinversión una experta en este tema.   Adoptaremos estándares internacionales y prácticas que suelen seguir las agencias de APPs de primer nivel internacional”. Además, añade, “desde el primer día de mi gestión he dado la directiva que todos los contratos deben incluir cláusulas anti-corrupción.  Además, de hecho, se han introducido en la Ley de Contrataciones del Estado dos artículos que eliminan la posibilidad que empresas que hayan tenido cargos de corrupción o que se hayan autoinculpado puedan participar en nuevos procesos.  El reglamento está en camino”.

Hay otros aspectos igualmente importantes: Quijandría explica que a lo largo de los años, “los esquemas de contratación utilizados por Proinversión han hecho menos atractivo, o incluso han limitado severamente, la posibilidad de contratar asesores de transacción de primer nivel internacional, que pueden evitar el tener proyectos con diseños que abren la puerta a la corrupción.  Desarrollaremos lineamientos para la contratación de asesores de transacción que hagan posible que nuevamente tengamos en estos procesos la participación de los mejores asesores globales en estos procesos”.

Gobiernos subnacionales y reforma de la descentralización

Queda por enfrentar, sin embargo, la enorme corrupción que existe en torno a la obra pública en los gobiernos subnacionales, por la cual varios ex gobernadores regionales y ex alcaldes vienen pagando penas de cárcel. En realidad, el monto total de los sobornos pagados en este tipo de corrupción mediana y pequeña es mayor que el pagado en los casos de mega corrupción. Si calculamos un 10% de unos 18 mil millones de soles, que es aproximadamente el monto de la inversión pública sub nacional, estamos hablando de 1,800 millones en coimas cada año. Por supuesto, este número es hipotético.

José Escaffi señala que el nuevo “Invierte PERU”, que sustituye al SNIP, establece que en la etapa de planeamiento, no recibirá presupuesto ninguna inversión que no haya sido aprobada por el sistema de prioridades en base a brechas. Además, durante la ejecución de los proyectos habrá un mejor sistema de seguimiento y monitoreo, que antes no había, que estará desconcentrado en los ministerios y no sólo centralizado en el MEF, y, una vez terminado el proyecto, se evaluará resultados e impactos.  

No obstante, la crítica que se ha hecho es que si bien la priorización en base a brechas es correcta, el nuevo sistema relaja los controles técnicos que antes tenía el SNIP. Al respecto, Claudia Cooper, vice ministra de Economía, responde que en la práctica tales controles ya no existían, el MEF no rechazaba nada. Lo que había en cada localidad era un gran negocio de estudios de pre-factibilidad que consultores locales vendían a los gobiernos subnacionales para que estos les dieran viabilidad y llenar así el presupuesto asignado. La viabilidad la daba el propio gobierno sub-nacional y luego era supuestamente revisada por el sector y el MEF, pero esto último ya no ocurría.

Cooper explica que el fenecido SNIP estaba centrado exclusivamente en la  formulación y la adjudicación. Luego de eso no se sabía qué pasaba. Ahora el MEF va a evaluar el proyecto una vez terminado: cuánto costó en relación a lo planeado, cuánto tiene para mantenimiento, etc. Se va a poder hacer un seguimiento actualizado del estado en que está. Lo que el nuevo sistema va a generar es información que antes no existía, disponible para todos, en la web, de modo que la fiscalización será mucho más fácil para cualquiera. “Reduces corrupción generando mucho masInformación en todas las etapas”, sentencia Cooper.

Además, según la vice ministra, la nueva ley de contrataciones introduce tres cambios fundamentales que ayudarán a disminuir la corrupción en la adjudicación misma: primero, habrá mucha más información acerca del ‘track récord’ de proveedor (ratio del costo de ejecución versus el costo propuesto, por ejemplo, en los últimos diez años). Segundo, la empresa que hace el estudio adquiere responsabilidad por el tipo de estudio que haga, con sanción hasta de inhabilitación si se manipularon o falsearon datos. Y, tercero: se ha elevado considerablemente el costo de las impugnaciones y los arbitrajes.

Escaffi, por su parte, agrega que debe mejorarse el tipo de intervenciones de la Contraloría y de los procuradores con sistemas de auditoría forense (capaz de detectar fraudes), mejores controles internos y reglas de gobierno corporativo en las entidades públicas, adoptando las reglas de compliance (cumplimiento) del sector privado internacional. La Comisión Anti Corrupción (CAN), por su parte, ha anunciado el acuerdo de que todas las instituciones adquieran el ISO 37001 anti soborno.

Ahora bien, el problema no se resuelve solo con cambios en el sistema de inversión pública que faciliten más racionalidad y monitoreo. Estamos ante un problema gestado por una descentralización apresurada que transfirió muchos recursos y decisiones a los gobiernos subnacionales sin el contrapeso de sistemas de control, sanción, planificación  y monitoreo adecuados, sin acreditar sus capacidades para asumir esas funciones,  sin una adecuada delimitación de funciones entre los tres niveles de gobierno, y todo esto en el contexto de la descomposición del sistema de partidos políticos, de modo tal que la proporción de alcaldes y gobernadores regionales que pertenecen a partidos nacionales es cada vez menor y por lo tanto no están sujetos tampoco a ninguna clase de control partidario nacional.

Lo que ha ocurrido es que muchos gobiernos subnacionales se han convertido en botines presupuestales asaltados por políticos oportunistas eventualmente vinculados a mafias de proveedores, de usurpadores de terrenos y de extorsionadores de obras públicas, y que imprimen una gestión patrimonialista a sus mandatos.

La solución a este problema complejo es también compleja: pasa por restablecer la autoridad central en los procesos de inversión pública y de gestión de servicios públicos básicos (educación y Salud), donde también hay corrupción, es decir, por una reforma de la descentralización que restablezca mecanismos de control (mejorando el tipo de intervenciones de la Contraloría), sanción e intervención central ante deficiencias serias de gestión en los servicios descentralizados; que recertifique las capacidades de los gobiernos sub nacionales y delimite bien funciones y competencias entre los tres niveles, cuando menos por líneas de servicios.

Reforma del servicio civil

Algo fundamental es llevar adelante la reforma del servicio civil en los gobiernos subnacionales, sustituyendo el patrimonialismo por la meritocracia y la gestión profesional, así como profundizar los presupuestos por resultados. Estas reformas deben aplicarse, por supuesto, también en el gobierno central. Es indispensable que los cargos medios y altos estén ocupados por buenos profesionales bastante mejor remunerados que en la actualidad, pero elegidos por concurso y sujetos a evaluaciones de desempeño con la posibilidad de ser retirados en el caso de desaprobación,  tal como establece la ley del Servicio Civil, que debería merecer mayor prioridad y empuje de parte del gobierno.

En realidad, habría que empezar a instalar la idea de que no debería haber contratos indefinidos en el Estado, sino a plazo fijo. Es la única manera de garantizar eficiencia, rendimiento, honestidad y buen servicio al ciudadano, que es lo que importa. Esto, por supuesto, mientras se mantenga la rigidez laboral que cobija no solo al buen trabajador, sino también el incapaz y al corrupto.

Recientemente se ha legislado la muerte civil y la creación de un registro de sanciones a funcionarios públicos. Debería lanzarse una gran campaña de denuncias ciudadanas de actos de corrupción, una verdadera movilización. Algo de eso ha sido anunciado por el Presidente.

Reforma política

Pero se requiere además del complemento indispensable de una reforma política que permita la reconstrucción del sistema de partidos de modo que los gobiernos subnacionales vuelvan a ser dirigidos por políticos pertenecientes a organizaciones políticas nacionales, para que haya alguna clase de control político nacional. En Lampadia hemos formulado una propuesta al respecto. El Congreso está avanzando en esta reforma, pero todavía no sabemos qué forma tendrá. Un aspecto de esto es, por supuesto, el control del financiamiento de las campañas. No se debe prohibir el financiamiento privado -salvo el de las empresas extranjeras- pero éste debe ser transparente. 

Reforma del sistema judicial

Por supuesto, tampoco estará esto completo si no se emprende una reforma profunda del sistema judicial que comience por limpiar el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía de sus elementos vinculados a las mafias existentes en el territorio. En Interior se ha puesto en marcha una profunda reforma de la Policía que contiene diversas medidas anticorrupción, que ya hemos comentado en Lampadia. También está en marcha el Acuerdo por la Justicia, pero este tiene el límite de estar dirigido por los líderes de las instituciones a ser reformadas. Allí un instrumento fundamental será el expediente digital único en el tema penal, que garantiza celeridad y transparencia en los procesos, algo que todavía no ha sido proyectado. El MEF debería dar todo el apoyo a ese proyecto.

Se trata de una acción  múltiple y compleja, que toque todos los aspectos del problema. De lo contrario, no funcionará. Lampadia

Entrevista a Carlos Lozada Mendívil, Presidente de CADE Universitario.

Autor: Gonzalo Pajares.

(Perú 21, 04 de Septiembre del 2014)

“El Perú que queremos, #cómolahacemos” es el nombre del CADE Universitario 2014. Reunirá, del 10 al 13 de setiembre, a más de 700 universitarios de todo el país. Su objetivo es pensar en el Perú del futuro. Conversamos con Carlos Lozada, presidente del comité organizador.

¿Cómo nace su interés por la educación?

Siempre he estado vinculado en proyectos de distintas instituciones preocupadas por el Perú y sus problemas. En 2013, Gonzalo Quijandría me invitó a formar parte del CADE Universitario e hicimos muchísima química, pero, sobre todo, con el grupo de jóvenes que integran el comité organizador: de los 12 que lo integramos, ocho no llegan a los 30 años, lo que nos obliga a retarnos constantemente y, así, transmitir adecuadamente el mensaje del CADE Universitario.

¿Cuál es ese mensaje?

Queremos que los jóvenes reflexionen sobre sus condiciones y responsabilidades de líderes para sacar adelante al país. No podemos esperar que el trabajo lo hagan otros, que nos demos cuenta tarde de lo que debimos hacer para estar mejor. Por eso, el CADE Universitario es un espacio de reflexión, de motivación, de capacitación, para que, así, los jóvenes que destacan en las universidades miren con más entusiasmo el país.

¿Tenemos jóvenes líderes?

Sin duda.

¿Nos faltarán líderes en el mañana?

No, y queremos que esos “líderes del mañana” empiecen a ser líderes hoy: este es su momento.

Se acusa a esta época de nihilista, egocéntrica…

El CADE Universitario promueve la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo. Desde la experiencia le digo que hay muchísimos jóvenes dispuestos a sacrificarse y a entregar parte de su vida para una causa más grande que la propia: el país. Repito: uno de nuestros principales objetivos es fortalecer el liderazgo, ayudar a que los jóvenes se sientan más seguros y que, en efecto, “sí se puede”. ¿Cómo? Teniendo como ponentes y presentándoles a personas que triunfaron como profesionales, empresarios, etcétera.

¿Los jóvenes de hoy tienen la cancha más pareja? Ya no hay violencia subversiva, crisis económica…

Tenemos las condiciones adecuadas para que el joven que quiera atreverse ‘la haga’. Hoy tenemos un país con una estabilidad envidiable, con una cantidad inmensa de oportunidades por desarrollar. Sin embargo, nuestro principal problema es que somos una sociedad muy egoísta e indiferente. Mientras no rompamos estas taras, se hará más difícil salir adelante. No obstante, tenemos algo que nos ayuda: están cambiando los modos de relacionarse de las personas. Para mi generación el cara a cara era indispensable. Hoy los jóvenes tienen al Internet, una conectividad distinta. Nuestro desafío es ser capaces de ingresar a su mundo y hablarles en su lenguaje. De lo contrario, quedaremos afuera.

¿Los jóvenes de hoy ven con optimismo el futuro? ¿Son más emprendedores, con mentalidad empresarial?

Hay muchos que quieren ser empresarios, que se ven como emprendedores, que quieren hacerla solos y conectarse al mundo por su cuenta. Ahora son muchos, pero no son los más. Tenemos un país muy grande, muy diverso, y no todos tienen esa visión compartida de éxito. Uno de los desafíos que nos hemos planteado es ayudar a que los jóvenes del CADE vean y entiendan un solo país. Este país con carencias… pero también con bondades. En resumen, el Perú es un país con oportunidades, pero que exige sacrificios: unos la van a tener más fácil, a otros les va a costar más, pero lo importante es compartir una misma idea de país.

CADE Universitario 2014 habla del futuro…

En CADE nos preguntaremos qué tipo de país queremos y cómo lo construiremos. No queremos quedarnos solo en plantear un ‘modelo bonito’ de Perú, uno donde todos somos felices. Eso no es realista. Lo que planteamos es ‘qué vas a hacer para construir el Perú que deseas’. Por eso, escuchar a los 700 jóvenes que asistirán al CADE es muy importante. Hemos creado un segmento al que hemos llamado “Veinte sesiones para cranear #cómolahacemos”. En estas 20 sesiones, los jóvenes se reunirán con especialistas de diferentes sectores –minería, banca, agricultura, turismo, medio ambiente, etcétera– para analizar, primero, cómo está cada uno de ellos y, luego, cómo los ven los jóvenes y, sobre todo, cómo los desarrollarían.

¿Hay mucha diferencia entre la educación de un universitario limeño y la de uno de provincia?

Hay diferencias, estas se notan, pero no son diferencias de capacidades, sino de oportunidades. Nuestra gran tarea educativa es hacerla mejor y más pareja, que todos en verdad recibamos una educación de calidad. Hay muchachos llegados de provincia que son espectaculares, de gran proyección y creatividad.

Y en cuanto a sus preocupaciones, ¿son las mismas?

Hay diferencias. Primero, porque la forma de vivir en Lima es distinta al del resto del país, pero sí hay preocupaciones comunes que quizá hoy no son tantas, pero este es otro de nuestros desafíos: encontrarlas para, sobre ellas, construir. Ahora, nuestra tarea tampoco es uniformizar, las diferencias son saludables.