Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Mientras Ecuador y Chile están en pleno proceso de vacunación, el gobierno sigue meciendo a los peruanos con una vacuna (china) que no llega, e impide que el sector privado ayude comprando un buen lote de vacunas.

Veamos información sólida sobre las vacunas:

La revolución biofarmacéutica se afianza

El anuncio de varias vacunas COVID-19 prometedoras ha sido una inyección de buenas noticias muy necesaria. Habrá desafíos para implementar estas vacunas en la escala necesaria, pero eso no disminuye el logro.

A diferencia de las vacunas anteriores, muchas de las cuales usan una forma inactivada o atenuada de un virus para crear resistencia, las vacunas creadas por Moderna y la asociación BioNTech-Pfizer usan ARNm. Esta plataforma ha estado en desarrollo durante años, pero estas son las primeras vacunas que han obtenido la aprobación regulatoria. La “m” es por “mensajero” porque las moléculas llevan instrucciones genéticas a las células para crear una proteína que provoca una respuesta inmunitaria. El cuerpo descompone el ARNm y su transportador lipídico en cuestión de horas. (La OMS enumera 60 vacunas COVID-19 candidatas que han avanzado a ensayos clínicos; muchas no usan ARNm).

Así como las empresas han acelerado sus operaciones en respuesta a la crisis de COVID-19, la pandemia podría ser el punto de partida para una aceleración masiva en el ritmo de la innovación médica, con la biología encontrando la tecnología de nuevas formas. No solo se secuenció el genoma de COVID-19 en cuestión de semanas, en lugar de meses, sino que la vacuna se lanzó en menos de un año, un logro asombroso dado que el desarrollo normal de la vacuna a menudo ha llevado una década. La urgencia ha creado un impulso, pero la historia más importante es cómo se han unido una amplia y diversa gama de capacidades, entre ellas, bioingeniería, secuenciación genética, informática, análisis de datos, automatización, aprendizaje automático e IA.

Los reguladores también han reaccionado con rapidez y creatividad, estableciendo directrices claras y fomentando una colaboración reflexiva. Sin relajar los requisitos de seguridad y eficacia, han demostrado cuán rápido pueden recopilar y evaluar datos. Si esas lecciones se aplican a otras enfermedades, podrían desempeñar un papel importante en sentar las bases para el desarrollo más rápido de tratamientos.

El desarrollo de las vacunas COVID-19 es solo el ejemplo más convincente del potencial de lo que el McKinsey Global Institute (MGI) llama la “Biorevolución”: biomoléculas, biosistemas, biomáquinas y biocomputación. En un informe publicado en mayo de 2020, MGI estimó que “el 45 por ciento de la carga mundial de enfermedades podría abordarse con capacidades científicamente concebibles en la actualidad” 22. Por ejemplo, las tecnologías de edición genética podrían frenar la malaria, que mata a más de 250,000 personas al año. Las terapias celulares podrían reparar o incluso reemplazar células y tejidos dañados. Se podrían aplicar nuevos tipos de vacunas a las enfermedades no transmisibles, incluidos el cáncer y las enfermedades cardíacas.

El potencial de la Bio Revolución va mucho más allá de la salud. Hasta el 60 por ciento de los insumos físicos de la economía global, según MGI, podrían teóricamente producirse biológicamente. Los ejemplos incluyen agricultura (modificación genética para crear cultivos resistentes al calor o a la sequía o para abordar condiciones como la deficiencia de vitamina A), energía (microbios genéticamente modificados para crear biocombustibles) y materiales (seda de araña artificial y telas autorreparables). Esas y otras aplicaciones factibles a través de la tecnología actual podrían generar billones de dólares en impacto económico durante la próxima década.

Fuente: McKinsey & Company Home: The next normal arrives: Trends that will define 2021—and beyond (Llega el nuevo normal: tendencias que definirán el 2021). La pandemia del covid-19 ha cambiado el mundo y sus efectos serán duraderos.

Por Kevin Sneader y Shubham Singhal

4 de enero, 2021

El ejemplo de Israel en el manejo de la vacuna

Impresionante los resultados de Israel, un pequeño país de 8.8 millones de habitantes que ya vacunó al 30% de su población con la vacuna Pfizer que es la vacuna con plataforma Genética ARNm que todo el mundo quisiera tener. Así son también otras vacunas como las de Moderna (USA) y CUREVAC de Bayer (Alemania), entre otras.

Increíble que el Perú la tuvo, 10 millones de vacunas, y finalmente al gobierno no le interesó firmar por pretextos que otros países superaron sin problemas. ¿Ideología o estupidez?

En Israel, el 85% de los mayores de 70 años, al día de hoy 22 DE enero, ya recibió la primera dosis y el 40% ya recibió la segunda.

Miren en las gráficas que se adjuntan la drástica e impresionante caída de los casos de mayor gravedad. Pronto desaparecerán totalmente y será el primer país libre de COVID19. Impresionante el avance de la campaña de vacunación en Israel.

De los mayores de 70:

– Cerca del 85% recibió por lo menos la primera dosis

– Más del 40% ya recibió la segunda dosis

Ahora, por lo pronto, desde hace unos días, el número de casos severos ya no crece. 

El éxito de Israel será la mejor campaña pro-vacunación que se pueda tener.

Lo bueno de esta vacuna y en general las que tienen este tipo de diseño de plataforma denominada Genética de ARNm es que por su diseño son todas más eficientes y flexibles para adaptarse a cualquier variación y/o mutación del virus que cambie algunos pocos de sus aminoácidos, que son más de mil y en caso de ser una mutación muy fuerte que las comprometa rápidamente, se modifican en cuestión de pocas semanas para agregarle la cobertura genética que genere la proteína deseada y con ello la identificación para el aprendizaje en el organismo para la generación de anticuerpos de mayor cobertura (boosters) , hasta que se logre moléculas adjuvants que será el próximo paso.

Israel será por su poca población, organización y gerenciamiento y fortaleza institucional en el Estado, el primer país en ganar la inmunidad de rebaño inducida por la vacuna, que es la que finalmente logrará derrotar y erradicar al virus. ¡Envidia sana!!!

Fuente: Raúl Delgado Sayán, miembro del Comando Vacuna (originado tras su artículo: VACUNACION COVID 19. En el mundo ya tiene fecha: Setiembre 2020. Y en el Perú (¿?), publicado en Lampadia el 3 de junio, 2020).

Ver más información sobre las vacunas en Lampadia: Todo sobre el covid-19 y las vacunas.

Ver también entrevista de los jóvenes de The Try Guys al doctor Fauci de EEUU
 

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Primer Ministro Walter Martos ha confesado que ya no es posible llevar a cabo una estrategia inteligente contra la Pandemia. Afirmó el domingo pasado en Agenda Política que la estrategia de aislar a los contagiados, atenderlos y alimentarlos “se utiliza al inicio de una pandemia, cuando se tiene muy pocos infectados, pero es muy difícil cuando el contagio ya es comunitario”.

En realidad, sí es posible, si se hace de manera diferenciada e inteligente y con los recursos logísticos y organizacionales del sector privado y la sociedad civil, que es lo que el gobierno no ha hecho en los dos programas de esa naturaleza que tiene, Te Cuido Perú y Operación Tayta, que despliegan muy poco alcance precisamente porque actúan sin hacer uso de los recursos mencionados, pese a que desde hace meses se reclama un trabajo colaborativo.  

Si el gobierno se da por vencido, la sociedad civil (empresariado, sindicatos, academia, iglesias) debe asumir la responsabilidad de formular una propuesta para manejar la lucha contra la pandemia con el apoyo del Estado y en coordinación con las organizaciones vecinales o barriales.
Se trata de articular bien los recursos institucionales, sociales, logísticos y tecnológicos que tenemos.

Conectar equipos de respuesta rápida con aislamiento de contagiados

De lo que hace el Estado, lo que parece funcionar bien son los 1,300 equipos de respuesta rápida, que han tomado pruebas a cerca de tres millones de personas. El problema es que la acción de esos equipos de respuesta rápida no está conectada con acciones posteriores de seguimiento de contactos y aislamiento y alimentación de los infectados, para romper la cadena de contagios.

De nuestras conversaciones en el General Jorge Chávez, ex jefe de Indeci y hoy ministro de Defensa, y el exministro Víctor Zamora, concluimos que ello ocurre así por tres razones:

• Por la reducida capacidad logística de Indeci para llevar canastas de alimentos y medicinas a todas las familias de los contagiados.
• Por la dificultad para ubicar al 20% de los infectados, pues en esos casos la dirección que figura en su DNI no es real.
• Y por la dificultad para controlar que efectivamente los contagiados y sus familiares no salgan de sus casas, a pesar de recibir alimentación y medicinas.

Los tres problemas tienen solución. El primero, haciendo uso de la capacidad logística privada de empresas como Backus, Ransa y otras que, vía la SNI, ya han formulado una propuesta para distribuir canastas a 200 mil familias cada 14 días, propuesta que -dicho sea de paso- increíblemente está pendiente de ser ejecutada hace más de dos meses. Se trataría de reorientar parte de esa distribución hacia los contagiados o los barrios o manzanas donde haya concentración de contagiados.

El segundo no es grave, porque dejar de atender al 20% no sería determinante. Pero podría resolverse por medio de los celulares, lo que implica coordinar con las empresas de telecomunicación. 

El tercero se resuelve movilizando a los alcaldes y a las organizaciones vecinales o barriales, que son las que harían el control -incluso en coordinación con los establecimientos de Salud de primer nivel, que asumirían un rol de monitoreo-, y colaborarían en la distribución de alimentos y eventualmente en la preparación de ollas comunes. Esto es perfectamente posible y ya está ocurriendo parcialmente.

Estrategia conductual y de rastreo de contactos

Paralelamente es indispensable pasar a una estrategia conductual como la presentada a la Secretaría de Gobierno Digital por Enver Figueroa (ver en Lampadia: La hora de una estrategia conductual para formar hábitos), para inducir hábitos automáticos preventivos en las personas y darles indicaciones de donde ir o no ir, por medio de los celulares, a partir del conocimiento que estos brindan de los desplazamientos de las personas. Esto es vital, y supone una coordinación con las empresas de telecomunicación. El rastreo de contactos también es posible por estos métodos, y Ragi Burhum ha presentado una propuesta digital que también ha sido echada al tacho. Para no hablar de una buena campaña de comunicación, movilizando los recursos creativos de las empresas de publicidad. 

En suma, nuestro país no puede rendirse antes de haber usado todas las armas de las que dispone. Allí están, esperando una estrategia conjunta e inteligente. La sociedad civil tiene que proponerla. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 31 de julio de 2020
Para Lampadia

Las noticias respecto de la vacuna contra el Covid 19 son muy esperanzadoras. Los más calificados científicos del mundo están haciendo denodados esfuerzos para descubrir la vacuna que permita a la humanidad salir de esta terrible pandemia.

Los más importantes laboratorios internacionales están tras el descubrimiento más esperado de los tiempos presentes. Me refiero a laboratorios de países como Gran Bretaña, Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, entre otros. La prestigiosa Universidad de Oxford en Gran Bretaña, en alianza con el laboratorio Astra Zeneca, están ya probando una vacuna contra el Covid 19 en miles de voluntarios de Gran Bretaña, Brasil, y Sudáfrica. Y – repito – los resultados a la fecha son muy esperanzadores.

Como era de esperar, muchos países están negociando con dichos laboratorios la compra de – literalmente – miles de millones de dosis.

La pregunta es ¿y nosotros? ¿Estamos preparados para que todos los peruanos podamos vacunarnos apenas salga la vacuna al mercado? ¿Tenemos 20 o 40 millones de jeringas en stock? Porque todo parece indicar que se requerirán dos dosis para lograr la inmunidad. ¿Y nuestra infraestructura de frío? ¿Tenemos las cámaras de frío para guardar tal cantidad de dosis de vacunas?

Formulo estas preguntas porque los peruanos tenemos sobradas razones para dudar de nuestras autoridades. Es que ya perdimos la batalla de las pruebas moleculares. Eso ocasionó que la pandemia no se pueda cercar y que la cuarentena fuese un fracaso.

Perdimos también la batalla de los respiradores y de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI´s), lo cual ocasionó una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Perdimos la batalla de las mascarillas y los equipos de protección especial. Cientos de médicos y enfermeras murieron por falta de protección dentro de los hospitales del Estado.

Perdimos la batalla del oxígeno. El Estado fue – y sigue siendo – incapaz de comprar nada bien, y rápido. ¡Qué me dicen de las Tablets! Incluso, perdimos la oportunidad de la alianza con el sector empresarial, y con la ciudadanía en general. Soy testigo de las numerosas propuestas de colaboración del sector privado que fueron denegadas por el propio Gobierno. La explicación de por qué demoró tanto la donación de oxígeno por parte de la empresa minera Southern Copper para los pacientes de Covid 19 en Arequipa es – verdaderamente – cantinflesca.

Me refiero – ciertamente – al Gobierno durante la penosa gestión del ex Premier Zevallos y su ex Ministro de Salud Zamora. Hoy – valgan verdades – estamos mucho mejor, en manos del Premier Cateriano, y – sobre todo – de la ministra Pilar Mazzetti.

Dicho todo lo anterior ¡cómo no preocuparnos por la vacuna! ¿Acaso no es verosímil que saliera la vacuna… digamos en octubre entrante, y que nosotros – por inoperancia del Estado – estemos últimos en la cola? ¿Y que mientras el mundo entero se haya vacunado – y librado del virus – nosotros sigamos enfermándonos y muriendo de Covid 19?

¡No señores! Esta vez no podemos fallar. El complejo anti empresarial privado debe quedar de lado. Vamos abasteciéndonos de jeringas y agujas. Vamos identificando la infraestructura de frío que se requerirá para guardar las vacunas. Nuestra industria exportadora de frutas y hortalizas sabe de cámaras de frío más que nadie en el mundo. Nuestras empresas distribuidoras de alimentos y víveres saben llegar – bien y rápido – a los lugares más remotos de nuestro país.

Que el Gobierno negocie con los laboratorios que están por sacar la vacuna al mercado. Entiendo que nuestra Cancillería está haciendo un buen trabajo al respecto. Y que juntos – Gobierno y sector privado – ganemos la batalla de la vacuna. Y que el virus de marras ¡acabe de una vez por todas! Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

El sector privado tendrá que ser mucho más proactivo socialmente si quiere recuperar influencia en las decisiones públicas.

Hace poco mencioné la importancia de que el Estado incluya, por el bien del país, al sector privado y asociativo en la elaboración de decisiones (sistema de advisory boards) y en su ejecución (estrategia de canales de ejecución). Mejorará así la calidad de la gestión pública. Para ello, afirmaba, es necesario un cambio de mentalidades en la clase política.

Algunos objetan que el empresariado también debe cambiar. No les falta razón. Lamentablemente, a lo que se refieren con esto es que los empresarios deberían apoyar las “buenas” causas, no oponerse a tratados internacionales (viene en mente el reciente acuerdo de Escazú) ni a regulaciones, donar generosamente a las ONG correctas, y realizar regularmente actos de contrición, estilo CADE 2019 – en suma, ser buenos niños.

En vez de eso, lo que el empresariado debe hacer es ganar el apoyo de la población a través de acciones de alto impacto. Las voces más liberales objetarán que las empresas, por el solo hecho de existir en su actividad lucrativa, tomando riesgos, invirtiendo, innovando, etc., ya le hacen bien al país. Aunque esto es cierto, ya no es suficiente.

La estrategia que proponemos tiene tres aristas principales:

1) Servicios sociales directamente financiados y manejados por el sector privado. Hay muchos campos en los cuales el empresariado puede intervenir. Citemos por lo menos uno, en el ámbito educativo. Cientos de miles de estudiantes deben trabajar para pagar sus estudios. Un alto porcentaje los abandona. En el contexto actual de alto desempleo, y de clases virtuales que exigen inversión en material informático, el problema se ha agudizado. Las becas de continuidad del Estado solo alcanzan a 10,000 estudiantes. Hace falta un programa privado hoy – ¡ayer! – que beneficie al 5to superior en sectores clave (computación, electromecánica, técnicos agrónomos, etc.), y sin mucho papeleo. Hacer esto realidad, como lo hacen las cámaras de comercio en Francia, tendría un impacto considerable, tanto real como perceptual.

2) Diseño de políticas públicas. Aunque el Gobierno en estas épocas no le pida mucho su opinión, nada impide al sector privado desarrollar propuestas. Mi recomendación aquí es que cada empresa y/o gremio elabore un programa detallado en las áreas que mejor conoce y las haga de conocimiento público – lo que nos lleva al tercer punto:

3) Comunicación agresiva. El discurso antiempresa funciona por saturación. Un cierto número de periodistas, consciente o inconscientemente, lo repiten día y noche en varios canales de televisión y en los periódicos. Las redes, a su vez, lo amplifican. En ese contexto, simplemente esperar que la contribución del sector privado se vea por sí sola es ingenuo. Hay que dar a las obras y a las ideas de nuestro empresariado amplia difusión. Tal vez se debería crear un nuevo canal televisivo. Como mínimo, se debería ejecutar una estrategia de redes agresiva.

Una mayor proactividad permitirá al sector privado adquirir – recuperar, en algunos casos – el grado de influencia que debería tener en los asuntos públicos. La indiferencia, la pasividad y el silencio de la sociedad civil son tan nocivas como el estatismo, y le dan pie. Lampadia

Ni estatismo ni estricta subsidiariedad: necesitamos un Estado que sepa liderar

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Ante el fracaso estrepitoso del Perú en la lucha contra el COVID-19 (alta propagación y mortalidad, alto impacto económico) la prensa televisiva y un sinnúmero de comentaristas se han esforzado en culpar al pueblo, a la informalidad, o a las carencias en el sistema de salud.

Esta tentativa, frecuentemente motivada por una voluntad de exonerar al gobierno de toda responsabilidad, así como por agendas ideológicas, ignora la naturaleza misma de la labor de gestión, ya sea pública o privada. Esta requiere entender el contexto en el que se opera, y adaptar su accionar en consecuencia.

Todos conocíamos desde hace mucho antes de la pandemia cuales eran nuestras debilidades estructurales. La labor del gestor público era entonces encontrar maneras de esquivar esas dificultades y no, como se hizo, simplemente adoptar el paquete enlatado de la OMS anunciando que si este no funcionaba sería culpa de la población.

Para ello, era necesario un diálogo con los actores económicos y de la sociedad civil afín de anticipar los problemas, encontrar soluciones y planear la mejor manera de implementarlas. Sin embargo, el Gobierno no optó por esta vía. Los ejemplos de oportunidades perdidas abundan, desde involucrar rápidamente a laboratorios privados en el esfuerzo de testing a apoyarse en asociaciones caritativas y empresas para reparto de ayuda.

Incluso el caso de las UCI en clínicas privadas – tan mediatizado como prueba de codicia excesiva del privado – es uno en el que, si el Estado hubiera sido mas proactivo en buscar apoyo, hubiera podido evitar conflictos destructivos y salvar vidas.

Esta falta de consultas y de cooperación que hemos observado se debe a una concepción errónea del Estado como entidad que debería solucionar problemas con sus propios medios. Subyacente a esta carencia está una desconfianza generalizada en el sector privado y la sociedad civil, y una idealización – antigua, pero renovada cíclicamente por personajes que no aprenden las lecciones de la historia – del Estado como repositorio único de la virtud y del desinterés.

Esta concepción de un Estado como gestor monopólico debe substituirse por la de un Estado que demuestra liderazgo, en un sentido moderno del término. Es líder quien sabe situarse al centro de una red de conceptores y de implementadores. Así:

1) Todo paquete de medidas de importancia debería necesitar el trabajo de un amplio comité consultativo (como los Advisory Boards en Estados Unidos) reuniendo actores públicos y privados – no solo “expertos” – para recabar ideas, inteligencia de terreno y diagnósticos de un amplio pool no solo de talento sino de conocimiento local.

2) Del mismo modo, la implementación de un paquete de medidas debería exigir responder previamente a la pregunta: ¿Quién – dentro y fuera del Estado – tiene las capacidades de ejecutar estas acciones? Y luego se debería coordinar la implementación entre diversos actores públicos y privados.

No se trata, por cierto, de reafirmar el carácter subsidiario de la intervención estatal enunciado por la constitución de 1993. Es perfectamente concebible tener un Estado proactivo – en el contexto de una sociedad civil que tiene dificultades en generar sus propios equilibrios – pero que se apalanque sobre el sector privado y asociativo para alcanzar sus objetivos.

Es más, en cierto modo, la idea misma de subsidiariedad genera una división conceptual contraproducente, que, así como limita el rol del Estado, hace lo mismo para el sector privado. Basta así que algunos consideren que el sector privado ha “fallado” – muchas veces por miopía o por equilibrios subóptimos – para que se justifique el que el Estado asuma directamente la responsabilidad de concebir y proveer servicios que están por encima de sus capacidades de concepción y de ejecución. En realidad, no tiene por qué haber campos en los que el Estado no pueda ejercer liderazgo, ni áreas de las que el sector privado deba ser excluido. 

Este nuevo modo de gobernanza que proponemos permitiría no solo lidiar mas eficazmente con situaciones de emergencia, sino también encontrar mejores soluciones a largo plazo a nuestros problemas estructurales – en salud, educación, infraestructura, diversificación económica, y reducción de la informalidad. Evitaría también caer en una experiencia estatista que, con los recursos y competencias existentes, estaría condenada al fracaso. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso nacional podría ser objeto de un estudio de caso sobre populismo y clientelismo. Un número excesivo de bancadas en el contexto de la pandemia y proyectadas hacia la carrera electoral, ha desatado una competencia populista sin precedentes. Pero hay algunas más activas en ese terreno que otras y el tipo de populismo que expresan, en ocasiones muy creativo, tiene variaciones interesantes que conviene diferenciar en aras del mejor conocimiento del fenómeno.

Observamos tres grandes categorías de proyectos de ley:

1. Los propiamente populistas, que afectan a empresas supuestamente malvadas o insensibles para beneficiar a los usuarios. Dentro de ella podemos distinguir dos subtipos:

1. Los proyectos que rompen o intervienen contratos, afectando la seguridad jurídica, los derechos de propiedad y la libertad de empresa, es decir, las bases mismas del crecimiento (eliminar peajes, congelar deudas, suspender o reducir pagos, devolver aportes a las AFP);
2. Los que afectan mecanismo operativo de la economía de mercado, es decir, el sistema de precios: controles de precios.

Ambos subtipos tienen en común que poseen un alcance horizontal o transversal en la sociedad.

2. Los proyectos más propiamente clientelistas, que favorecen a grupos de empleados específicos de ciertos sectores (trabajadores de la Salud, de la educación, etc.). Buscan captar bolsones electorales delimitados. Su alcance es vertical o sectorial.

3. Los proyectos que podríamos llamar ideológicos, que buscan directamente cambiar el capítulo económico de la Constitución (el modelo) o dar una nueva Constitución.

Las propias bancadas se inclinan más por una u otra modalidad. Podemos de Daniel Urresti, por ejemplo, opta principalmente por la primera categoría. El fue el impulsor de la ley de retiro del 25% de los fondos de las AFP, y del proyecto de ley de congelamiento de deudas al sector financiero. Y haciendo gran promoción de sus iniciativas en las redes, pretende así anchar su intención de voto. Apunta a segmentos horizontales, multi ocupacionales, de la población.

El partido de César Acuña (APP), en cambio, es claramente clientelista. Impulsó primero la ley que regala ascensos automáticos y nombramientos sin meritocracia en Salud y Essalud. No le importa generar un gran costo fiscal y anular cualquier posibilidad de reforma que se quiera hacer: su objetivo es captar el voto de todo el personal de ese sector. Su última movida fue exigir que se incluyera en agenda la reforma constitucional del 6% del PBI para Educación, como condición para aceptar que se votara la ley de impedimentos. Es inviable, pero su intención es buscar el voto de los maestros y sus familias. Clientelismo puro y duro.

Una revisión de los proyectos de ley presentados por las distintas bancadas desde el 26 de junio hasta el 7 de julio, revela que de lejos la más prolífica en esta clase de proyectos es la de Alianza para el Progreso (APP), con una carga fuerte en proyectos de tipo clientelista.

Los proyectos de tipo clientelista que presentó APP solo en ese corto periodo fueron los siguientes:

• Ley de reforma parcial de los factores de evaluación para el ascenso en la Policía Nacional del Perú (para facilitar los ascensos de la mayor cantidad de policías) 
• Ley que promueve la reactivación sostenida de la industria del calzado, cuero y afines del departamento de la libertad (para los fabricantes de calzado)
• Ley que habilita a los ex aportantes de la ley 30003 -régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros-, a solicitar la devolución de sus aportes al sistema público de pensiones (para los pescadores)
• Ley que modifica la ley 30512, ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes (para los docentes de los institutos)
• Ley que modifica la ley de creación del Colegio Médico del Perú (para los médicos)
• Ley que deroga los decretos supremos 16-2020-EM y 17-2020-EM que aprueban contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-67 y Z-68 (para las poblaciones de pescadores)

Hay uno adicional que clasificamos como populista pero que en realidad está a medio camino: el proyecto que promueve la paridad y alternancia de las mujeres en cargos de dirección en los sectores público y privado (para las mujeres).

El partido de Acuña apuntó primero a beneficiar a todo el personal de Salud con la ley arriba mencionada, y luego a todo el personal de educación con el proyecto del 6% del PBI. Ahora pretende favorecer, aunque con una ley menos escandalosa, a los policías. Entre Salud, Educación y Policía Nacional, tiene buena parte de las familias del sector público. Luego, va por grupos ocupacionales específicos (pescadores, fabricantes de calzado, etc.). Es un experto en segmentar la sociedad para ofrecerle algo a cada segmento.

El Frente Amplio tiene un perfil distinto: sus proyectos de ley son de corte ideológico, destinados a cambiar el modelo económico como tal.

UPP es más práctica. Tiene tres proyectos clientelistas: pago de la deuda social magisterial; modificación de la carrera pública magisterial (para flexibilizar las evaluaciones de desempeño); y declaración de Emergencia Nacional el Sector Agrario. Y dos populistas, uno de los cuales dispone el congelamiento de deudas incluso con las cajas municipales y rurales.

Ojalá este análisis sirva para contener la avalancha populista y clientelistas del Congreso. Lampadia

Entrevista de Lampadia
Liliana Rojas-Suárez
Directora de la Iniciativa Latinoamericana: Center for Global Development

Para Liliana Rojas-Suárez, la única forma de reactivar la economía es mejorar la confianza en que la situación se va a manejar de la mejor manera posible. La crisis es fiscal. El gobierno tiene que compensar a la gente con bonos, transferencias directas, no con moratorias o controles de tasas de interés, medidas que distorsionen el sector privado y financiero y que pueden afectar el acceso a financiamiento externo, que es vital. Debería planificarse un segundo bono, pues para los pequeños los mecanismos de garantías a los bancos no funcionan.

Pero se necesita que el sector privado sea mucho más proactivo, que comparta la carga. Debe plantearse qué hacer para ayudar al país a salir del problema, por su propio bien. Podría proponer un plan de recuperación, un listado de proyectos de inversión. El Perú no tiene cultura de reuniones público-privadas, pero esa no debería ser una restricción para el sector privado, no necesita la convocatoria. 

“No veo sentido de unidad, como ayudo. Sólo veo críticas”.

Añade que el proceso electoral será positivo si los partidos confluyen hacia lo que la gente demanda: inversiones en salud, resolver la informalidad. La gente se formaliza cuando siente el beneficio de la formalidad. Con los bonos la gente ha visto los beneficios de formalización digital. Hay que construir sobre esos beneficios.

Gonzalo Prialé
Presidente de IIG
Para Lampadia

Recientemente, Warren Buffet dijo que no tiene la menor idea de lo que pueda pasar en los próximos dos años. Que en las circunstancias actuales uno se puede imaginar el peor de los escenarios y, por supuesto, tener la esperanza que no llegue a suceder.  Que esa esperanza y la esperanza de todos, no evitará que lo que puede ocurrir llegue a ocurrir, aunque sea totalmente indeseable.

Moraleja: en una coyuntura como la que atraviesa el mundo no se invierte en base a una esperanza. Se deja de invertir en base a la realidad. Por eso Buffet está líquido y prefiere el cash.

El gobierno peruano más allá de la esperanza, espera que el país lo apoye no por sus resultados en el combate a la pandemia, sino por un acto de fe. Hay que creer ciegamente para salir adelante. Y recurre a argumentos contra fácticos, no verificables, del estilo si no hubiéramos hecho lo que hicimos estaríamos peor.

En los primeros dos meses del encierro, la política de salud se presentaba como exitosa porque se había evitado algo peor. Sonaba lógico. Pero llegó lo peor y Perú ocupa el puesto seis en el ranking mundial de infectados por países. Ese argumento oficial fue abandonado, se volvió inservible.

Entonces, cambió el libreto y ahora el ministro de salud afirma que si no se hubiera hecho lo que se hizo, habría 145,000 muertos en vez de los 9,504 fallecidos por el coronavirus.

Lo cierto es que la pandemia no ha sido controlada, hay riesgo de rebrote y el largo encierro no ha dado resultado. Hace meses que 70% de la población abandonó la cuarentena. La pandemia se va a superar cuando adquiramos la inmunidad de rebaño y aparezca la vacuna. Eso va a suceder tarde o temprano, al margen de la deficiente gestión del ministro de Salud.

Las cifras de resultados del manejo económico de la pandemia son fácilmente verificables en fuentes oficiales y privadas. Decrecimiento de 40% del producto en abril. 2.3 millones de empleos perdidos en Lima, según INEI.

La fallida gestión de la salud pública en la pandemia le costará al país miles de millones de dólares, millones de desempleados, y un retroceso que tomará muchos años recuperar. Con elecciones generales ad-portas, populismo desbocado en el Congreso y el gobierno en trance estatista, es ingenuo pensar que en dos años estaremos de vuelta en donde estábamos el 2019.

Atravesamos una terrible situación económica. Las proyecciones ubican a Perú entre los países de América Latina y del mundo con las peores cifras esperadas a fin de año.

Sin embargo, el Gobierno persiste en pasarle la responsabilidad a los ciudadanos, y llena de trámites y requisitos a los formales para permitirles que reactiven sus empresas y salgan de sus casas a trabajar. El sector minero y las grandes obras de infraestructura han perdido el ritmo. La anulación del cobro de peajes espanta las nuevas inversiones. Parece que ahora siguen los bancos y se les golpeará duramente condonando el pago de intereses a sus deudores.

Es necesario un cambio de gabinete y resulta urgente corregir el rumbo. Es imperioso detener la avalancha populista del Congreso. Si se sigue desconfiando del sector privado formal, las actividades económicas no se recuperarán a la velocidad necesaria.

Una vez que se entra cuesta abajo en la pendiente económica y se empieza a destruir valor, es muy difícil recuperar el sentido común. El manejo ideológico estatista de la pandemia en salud, ha contagiado el manejo económico. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Finalmente se anunció la cifra oficial de variación del PBI para abril 2020 y, como no podía ser de otra forma, el resultado fue una caída de 40.49%, lo que nos ha llevado en los primeros cuatro meses del año a caer 13.1%. Lo más lamentable, es que estos números han venido acompañados de una pérdida de 2.3 millones de puestos de trabajo, sólo para Lima metropolitana en el mes de mayo.

Lo más triste es que todo este sacrificio, hecho en nombre del control de la pandemia, no ha servido de nada, pues estamos “rankeados” entre los países del mundo con mayor número de infectados y número de fallecidos, entre otros indicadores. Más impactante aún, cuando lo medimos en índice por cada 100,000 habitantes. Es decepcionante este resultado, después de haber aplicado una de las cuarentenas más extensas y rígidas del planeta.

Entonces es legítimo preguntarse, ¿qué pasó? ¿Hemos sometido a la población a un encierro de más de 90 días, orden de inamovilidad y toque de queda, con apoyo de las Fuerzas Armadas, uso de toda la Policía Nacional con suspensión de garantías constitucionales y declaratoria de emergencia, para no tener ningún obstáculo en esta “Operación COVID-19” desde el 16 de marzo 2020, para nada?

Creo que la respuesta es sencilla, hemos querido manejar este problema con un equipo de “Aprendices de brujo”, con no poco aire de corrupción. A la cabeza de la operación, un presidente y un primer ministro que seguro pensaron estaban atendiendo un problema del tamaño de la municipalidad de Moquegua, que no convocaron a un equipo de expertos en todos los campos y experiencia suficiente para hacer un planeamiento adecuado (¿o no deseaban observadores extraños?). Aún sin un planeamiento integral, desecharon el esfuerzo hecho por la exministra Hinostroza, quien mal que bien, aprobó con Resolución Ministerial N. 039-2020/MINSA del 31 de enero de este año, el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV”, con apego a las recomendaciones de la OMS y considerando el uso de pruebas moleculares.

No pretendo que este haya sido “el plan a ejecutar”, lo que podemos notar es que, si para enero ya se tenia una Resolución Ministerial al respecto, al menos dos semanas antes ya era un tema de discutido en el sector salud y compartido a nivel del gabinete, pero nadie (presidente, ni PCM) lo acogió debidamente, hasta que el 15 de marzo optaron por lo más efectista y sin mayor análisis; la cuarentena total por quince días. ¿Quién en su sano juicio, después de observar lo que venía ocurriendo en los países afectados más tempranamente, incluyendo a China, hubieran pensado en ese plazo?

Por otro lado, la cuarentena, en la historia, se concibe como el confinamiento de un enfermo para evitar que este transmita sin control la enfermedad contagiosa. Eso obligaba a ser muy estricto en la identificación de los portadores del virus, desde el momento más temprano posible e identificar a sus contactos, hacerles pruebas moleculares y si estaban contaminados, ponerlos también en cuarentena. Cerrar fronteras desde el primer día y hacer pruebas moleculares a quienes retornaron al país, en lugar de pagarles dos semanas en un hotel a ver cómo evolucionaban (más efectivo y económico).

Como hemos dicho, no se convocó a un equipo para el planeamiento integral y se cambió de ministro en el sector salud. Supongo habrán tenido muy buenas razones para el cambio (la ministra Hinostroza no aceptó cambiar las pruebas moleculares a rápidas, como en efecto se hizo), pero ¿nombrar a un médico que nunca ejerció como tal, sin experiencia en gestión y gerencia de ninguna institución, sino que se ha pasado la vida de asesor de organismos regionales, MIDIS u otros, que no tiene que ver con el sector?

La primera disposición de este ministro fue no comprar pruebas moleculares (mintió desde el primer día diciendo que Trump las había acaparado todas, mientras la representación diplomática de Corea del Sur ofrecía, sin limitación y con disponibilidad inmediata, las de empresas de su país) y dispuso “usar pruebas rápidas aplicadas sólo a quienes tengan síntomas”. Como sabe cualquier ciudadano, alguien puede estar infectado, no tener síntomas y estar contagiando a todos los que interactúan con él, aunque la prueba serológica reportará negativo durante los primeros 6 a 7 días de infectado.

Sobre ese “error” se optó por la cuarentena masiva. Un grave error, porque no se contempló las condiciones de vida de la población, de las casas habitación, ni las condiciones sanitarias de las mismas. Y como respuesta al encierro sumamente restrictivo (semana Santa y “pico y placa” por sexo incluidos), se desbordó la población, en particular los de menores recursos.

Para darles dinero crearon el bono, del cual hasta hoy, hay cerca de un millón de ciudadanos que no lo reciben, pero con eso destruyeron el principio básico de “la distancia social”. El MIDIS a cargo de una persona sin ninguna capacidad, el ministerio de la mujer igual. Ciertamente con gente incapaz de concebir y menos de manejar un proyecto logístico de entrega de alimentos o de alimentación con cocinas populares o distribución de dinero, como soluciones alternativas a ser aplicadas según el caso. Búsqueda de soluciones de agua potable que les permita lavado de manos frecuente, tampoco se plantearon y hasta hoy no se dan.

Mención especial merece el MEF, pues, por su gran inexperiencia, no sólo no fue capaz de darle velocidad al plan de rescate financiero concebido por el BCRP, sino que lo burocratizó demorando su aplicación. Tampoco fue capaz de analizar qué sectores de la actividad económica debían seguir operando. Verificar con países de estructura productiva similar a la nuestra qué harían. Tomar el liderazgo del aparato productivo para convocar a los gremios y ministerios sectoriales a un trabajo de equipo. Pedir a los gremios que establezcan protocolos de operación en lo inmediato para ponerlos a trabajar y que no se nos caiga la economía del país. El MEF no sólo tiene que manejar la caja y los presupuestos, es responsable fundamental de la marcha de la economía del país, por lo que, ante lo evidente, ha debido tomar medidas correctivas. Pero les faltó entender su rol…

Cuando designaron a la ministra, algún periodista me preguntó qué pensaba de su designación y comenté: “Entiendo que es una profesional con muy buena formación, grandes valores, pero su falta de experiencia podría ser una debilidad”. No me equivoqué, pues esto no hubiera ocurrido con alguien de más experiencia y peso personal.

Lo preocupante es que, hasta el día de hoy, insisten en tratar de solventar la salida de esta catástrofe económica amparados en la inversión pública. No dudo que es una oportunidad que trabajen por fin la reconstrucción con cambios que, el señor Vizcarra no trabajó como es debido durante su tiempo de ministro y menos como presidente, pero deben tener en cuenta que la inversión pública es sólo la quinta parte de la inversión total.

Otra preocupación es la reiteración de este gobierno en  pretender hacer inversión pública entregando dinero a los gobiernos locales y regionales, quienes no tienen capacidades técnicas,  les falta control y claro reporte de cumplimiento de metas, además de su altísimo nivel de corrupción.

Hasta aquí ya tenemos mucho material de trabajo para la Contraloría General de la República y para la Fiscalía de la Nación. Sería importante que lo vean ahora que el tema está fresco.

Finalmente, el Perú cuenta con un enorme portafolio de proyectos en el sector privado (varias veces mayor al de “Arranca Perú”), es tiempo de convocar y promover esa inversión privada y diseñar un plan de recuperación muy potente para salir de este caos. ¡El Perú lo necesita! Lampadia

Enrique Felices
Ingeniero
Para Lampadia

El Estado ha ensayado durante décadas diferentes leyes y reglamentos para contrataciones, así como sistemas para eludir su cumplimiento. El DU-021-2020, por ejemplo, insiste en crear un nuevo sistema especial de contratación de servicios y obras, eximido del cumplimiento de la ley de contrataciones.

Pero ese régimen especial no sería necesario si se cumplieran tres requisitos:

• elevar las calificaciones de los profesionales estatales y privados en las inversiones públicas;
• crear condiciones adecuadas para su desempeño profesional y el reconocimiento de su trabajo; y
• reformular e incrementar los plazos y costos de los estudios técnicos (de factibilidad a ingeniería de detalle) que hasta hoy son artificialmente bajos.

En cuanto a lo primero, vemos que en los países desarrollados la ingeniería para las inversiones públicas es una actividad regulada, con rigurosos estándares técnicos y éticos, y reservada a los que poseen la acreditación de ingeniero profesional. Para ser ingeniero profesional es necesario aprobar exámenes sobre los conocimientos que se debieron adquirir en la universidad, y evaluaciones periódicas sobre las calificaciones obtenidas en la experiencia laboral y el desempeño registrado en la misma. Esta selectividad promueve las buenas prácticas y dificulta la impropiedad. No existe en nuestro país, pero es necesario que el Estado aplique filtros.  

La selectividad existe hace más de dos siglos. En Francia se formó en 1794 la Escuela Central de Obras Públicas, que hoy es la muy exigente Ecole Polytechnique de París.  En el Reino Unido, la Institution of Civil Engineers (ICE) impulsó la ingeniería profesional para asegurar una práctica de altos estándares que protegiera a la sociedad. En el Perú se formó en 1862 el Cuerpo de Ingenieros Civiles del Estado, con exigencias de ingreso proporcionalmente mayores a las de hoy.

En resumen, se necesita mejores ingenieros y remuneraciones competitivas, pero eso no basta. Se requieren, en segundo lugar, condiciones adecuadas para el desempeño profesional.  En el servicio público, tan importante como la remuneración es el reconocimiento del trabajo, el cual solo será posible si el Estado adquiere compromisos básicos. A saber: i) Sustraer a los profesionales de las arbitrariedades del control y sus secuelas judiciales, ii) Suprimir la noción de que incurre en falta quien al aplicar su criterio profesional o juicio técnico en asuntos que combinan calidad, plazos y costos, obtiene conclusiones distintas a las del auditor, iii) Considerar buena práctica que las conclusiones contengan análisis y sustentos registrados en borradores y hojas de cálculo apta para revisión; iv) Asegurar, ante indicios de impropiedad, que los revisores sean ingenieros de calificaciones similares, v) Suprimir la pretensión de una CGR con capacidad sancionadora, y vi) Velar que los ingenieros que incumplen la ley reciban la máxima sanción.

Y se necesita, en tercer lugar, reformular e incrementar los plazos y costos de los estudios técnicos que hasta hoy son artificialmente bajos, en perjuicio del propio Estado y de sus obras. Las características físicas y sociales el país señalan que las investigaciones básicas deben ser más profundas y detalladas; que los estudios de factibilidad deben tener un grado de elaboración que permita determinar si el proyecto es ejecutable, y estimar cabalmente el costo y plazo que demanda realizar expropiaciones, eliminar interferencias, disponer de terrenos y canteras, y obtener servidumbres; también, debe ponderar si el trabajo de replanteo previo a las obras viales debe realizarlo el consultor y no el constructor.

El DU-021-2020 no asegura ninguna de estas tres condiciones.

La ingeniería de los proyectos de inversión comienza por la definición de los alcances de los trabajos por realizar y continúa con la administración de los mismos mediante contratos de servicios y obras. Tener capacidad para definir dichos alcances es una obligación básica del Estado. Dado que el gasto público es del 20 al 25% del PIB, es indispensable que sepa como contratar y comprar. De hecho, organismos internacionales como el PNUD-Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (1965) se crearon para asistir a las nacientes repúblicas de Asia y África en la formación de dicha capacidad.

El DU 021/2020, en cambio, da por sentado que el Estado no sabe definir alcances ni administrar contratos, y necesita para sus Proyectos Especiales de Inversión (PEIP) la asesoría técnica de una empresa extranjera y los servicios de administración de organismos internacionales. Esto implica, por un lado, que al cabo de treinta años de intervenciones del PNUD y otros el Estado no ha podido aprender tareas elementales de gobierno y, por otro, que se desconoce la realidad del país y de su ingeniería.

Basta un ejemplo para mostrar que la realidad es distinta. El Perú acabó mal los años 80, la llamada “década perdida” de América Latina. El Estado no invirtió en infraestructuras de transportes y a principios de los 90 había que rehabilitar toda la red vial nacional, comenzando casi de cero. Era una tarea enorme, pero se hizo. Con apoyo financiero del BID y del Banco Mundial se formularon programas, se priorizaron proyectos, se definieron sus alcances y se contrató mediante concursos y licitaciones la ingeniería y construcción de las obras. Durante ese proceso el Asesor Técnico del Estado peruano fue una empresa peruana de ingenieros consultores.

Los conocimientos de la ingeniería nacional no se han esfumado. Si, como era lógico, se hubiese convocado a los peruanos que saben, la norma resultante habría incorporado los tres requisitos antes mencionados. En cambio, el texto del DU-021-2020 trasluce que el papel principal en su preparación lo tuvieron profesiones distintas a la ingeniería. Sólo así se explican los errores de concepto que contiene, por ejemplo, en la gestión de calidad; y el desacierto de aplicar contratos estandarizados que prevén la ejecución de obras sin supervisión, sin cuaderno de obra y sin control de los avances del trabajo para autorizar los pagos al constructor.

Aparte de lo anterior, el esquema del DU-021-2020 para los PEIP (inversiones de US$ 420 millones o más) es costoso y opaco. Los organismos internacionales cobran por administración entre 3.0 y 4.0% del costo total del proyecto y el Asesor Técnico probablemente el doble; el Estado reserva habitualmente 3% para su gestión y la CGR pretende el 2%. A la suma de todo hay que añadirle el costo de la ingeniería y supervisión del proyecto, porque aún no está incluida.

La alternativa de convocar a nacionales es más económica y técnicamente mejor para el Estado, si se cumplen las condiciones que hemos mencionado. El Estado debe convocar a los privados para trabajar conjuntamente y lograr que las inversiones públicas tengan mejores procesos de selección con una ley de contrataciones que acabe con la cultura del temor, la sospecha y la denuncia insensata. Mientras ésta perdure continuarán los sistemas especiales, opacos de por sí, que reducen las oportunidades de trabajo para los profesionales peruanos competentes. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En febrero de este año planteaba la necesidad de desarrollar en el Perú un equipo de funcionarios de Estado, que tengan la posibilidad de ser formados con altas calificaciones, valores y tradiciones, a quienes se les dé la oportunidad de desarrollar una carrera pública.

En mi opinión, es muy importante contar con un cuerpo técnico, no político, estable en el tiempo y que perdure por varios gobiernos. En esa lógica, sólo los ministros y los viceministros serían figuras políticas, parte del gobierno de turno. La “planta estable” serían los Directores Generales y Directores que llegarían a estas posiciones por méritos a lo largo de tal carrera pública. Son los que conocen el aparato y sus normas reglamentarias, aquellos que trabajan permanentemente en la mejora continua de la cosa pública y que cuentan con el conocimiento que le permita advertir a ministros y viceministros de las normas y los márgenes dentro de los que el poder político se puede mover.

El Perú no ha hecho el más mínimo esfuerzo por desarrollar este esquema que, ciertamente, sí funciona en la cancillería, en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con muy buenos resultados. Valga resaltar que profesionales calificados y preparados por el BCRP han sido la cantera que ha nutrido al Estado de muchos técnicos y especialistas para cubrir posiciones relevantes en organismos públicos.

Como lo antes mencionado no ha sido una doctrina en el aparato público, nos hemos visto obligados a convocar a profesionales debidamente calificados para ser incorporados como asesores y altos ejecutivos de los distintos ministerios y organismos reguladores y supervisores. Resulta a estas alturas una mezquindad negar los grandes aportes de profesionales jóvenes al Estado, los que llevaron consigo no sólo su profesionalismo, sino toda la experiencia acumulada en el sector privado y comprensión de la actividad empresarial privada, para volcarla luego en favor del aparato público, tanto en lo normativo como en la actividad regulatoria y de supervisión. Cuanto quisiera que, también en lo concerniente a la gestión y gerencia de las actividades del Estado se hubiese hecho el mismo esfuerzo y aplicado la misma receta; si fuera así, no hubiéramos tenido los fracasos que venimos afrontando en el manejo de las actividades para controlar el COVID-19 y la conducción de los programas de bonos, distribución de alimentos, facilidades de agua a poblaciones vulnerables, compras centralizadas y eficientes, solución rápida de instalaciones y facilidades médicas, así como la logística integral de esta crisis y las anteriores. Hubiéramos sido capaces de aplicar soluciones de sistemas de información, geomática, aprovechamiento de bases de datos, conectividad a sistemas de banca telefónica, etc. Y por supuesto, no nos encontraríamos a cada paso con actitudes reactivas y de desconfianza de los funcionarios respecto a propuestas de; sistemas y procesos ya desarrollados en el sector privado, que, han recibido como respuesta, “vamos a desarrollar nuestro propio sistema”. Por Dios, ¿en pleno zafarrancho querer inventar la rueda que ya está disponible en el mercado?

En este marco y hasta que formemos con “Servir”, probablemente, a los gerentes requeridos para una gestión eficiente del aparato estatal, tenemos una legislación que impide a los funcionarios del Estado incorporarse a la actividad privada en empresas que actúan en el mismo sector por un lapso de 1 año y cuando estos vienen del sector privado,  deben abstenerse de participar en temas en los que pueda haber información privilegiada o conflicto de intereses. Lo dicho está normado en el artículo 97 del texto único ordenado de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, debidamente reglamentada. Obviamente, si incumplen la ley se debe aplicar las sanciones correspondientes.

Pero ahora resulta que un congresista ha planteado un proyecto de Ley para impedir que se produzcan las “puertas giratorias” entre el sector público y privado, impidiendo que se pueda incorporar a los niveles más altos de la gestión pública a quienes hayan actuado, en un plazo previo de menos de 10 años como gerentes, directores o accionistas de empresas relacionadas al sector, así como, impedir que, al cese de tales funciones públicas pueda retornar a la actividad privada por 10 o 5 años (a ser definido por reglamento del ejecutivo) según el caso.

Lo primero que quiero resaltar es que, para poder normar, regular y supervisar una actividad se requiere un profundo conocimiento de tal actividad y experiencia en ella. En segundo lugar, ya hemos mencionado que no hemos formado gerentes ni directores que hayan logrado la excelencia profesional requerida para estas funciones a nivel del Estado. En tercer lugar, es un hecho conocido que hay una gran diferencia económica entre las compensaciones del sector público y privado, por lo que si no hay una adecuada carrera pública (caso BCRP y SBS), será muy difícil atraer y retener profesionales jóvenes y de altas calificaciones en el Estado y si a eso queremos agregarle el impedimento de poder trabajar en el sector privado sino hasta pasados 10 años de haber ejercido función pública, estaremos haciendo más difícil aún la captación de profesionales del más alto conocimiento y experiencia.

Finalmente, pero no menos importante, quien promueve este proyecto es egresado de la universidad de su papi (no licenciada por cierto y altamente cuestionada), con altas sospechas de corrupción, muy ligado al escándalo de “Los cuellos blancos del puerto” (según la prensa 500 llamadas a los “personajes” involucrados directamente y 159 a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura). Debo agregar que su experiencia profesional ha sido siempre de Gerente General de las entidades educativas de su papi y con acusación de apropiación ilícita de dineros de sus trabajadores, pues retuvo el 10% de la remuneración de estos para aporte a las AFP, pero no las pagó.

Nunca mejor aplicada la expresión: El ladrón cree que todos son de su condición.

Ya es tiempo de dejar de fomentar esta, no sólo desconfianza sino animadversión del sector público por el sector privado. Creo que debemos aprender unos de otros y que, en beneficio del Perú juntemos esfuerzos y aprovechemos las fortalezas y capacidades de ambas partes. Aprendamos a ser equipo. Lampadia

Anuncia cambio de estrategia

En esta entrevista el general Carlos Chávez Cateriano, jefe de Estado mayor del Comando Conjunto y coordinador del grupo Te Cuido Perú, afirma que es imposible aislar, atender y abastecer a 4 o 5 mil contagiados diarios y sus familias, que era la idea inicial, y que por eso se está reorientando la estrategia hacia proteger a las poblaciones vulnerables en las zonas de mas alto riesgo de contagios, cosa que ya ha comenzado con un censo y empadronamiento en el barrio de Manzanilla. Una estrategia defensiva. Nosotros creemos que sí es posible ejecutar la idea original si es que se convoca a empresas del sector privado que poseen redes de distribución de alimentos que llegan a todos los rincones, y si se trabaja con plataformas geomáticas adecuadas para hacer el monitoreo que existen en el sector privado.  

Lampadia