Jaime de Althaus
Para Lampadia

Estamos a un año de las elecciones generales y todavía no tenemos ni idea de cuáles van a ser las reglas que regirán esa elección ni cuál es el diseño político que queremos para nuestra democracia. La disolución del Congreso anterior interrumpió un proceso de reformas y el nuevo Congreso no se ha mostrado entusiasmado por el tema institucional y más bien prefiere pescar a río revuelto de la terrible Pandemia para proponer leyes oportunistas que rompen una estrategia que debe ser coherente.

Pero ya es hora de tomar en serio la definición de las reglas del juego político. Se requiere un acuerdo en el Congreso para ello. La pandemia ha venido a alterar los plazos y la aplicabilidad de algunas reformas ya aprobadas. Pero entonces hay que definir qué cambios vamos a efectuar.

La fecha

Lo primero que ha saltado es la fecha de las elecciones. Omar Chehade (APP) y Ricardo Burga (AP) han considerado la posibilidad de alargar un año o más el periodo presidencial, alegando que no hay condiciones para desarrollar campañas electorales apropiadas y que resultaría mucho más barato juntar en una las elecciones presidenciales, regionales y municipales el 2022. Pero, así como no era procedente recortar el mandato presidencial, menos aún se lo puede alargar. Sin tanto mitin y caravana, quizá esas elecciones sean más programáticas y menos clientelistas, como ha señalado Carlos Meléndez. Justo lo que los tiempos demandan: propuestas de reformas de todo orden.  

Fernando Tuesta ha sugerido realizar la elección presidencial en una sola vuelta. Quizá podríamos regresar, por esta vez, al 35% del voto, vigente hasta la Constitución de 1979, para ganar en primera vuelta, lo que podría llevar desechar el voto perdido y concentrar la votación. Si no se alcanza, realizamos la segunda vuelta. Y ambas en junio y julio.

Inscripción

Otro tema indefinido es el de la inscripción y habilitación de los partidos. El JNE suspendió el plazo, que era el 16 de abril, para que los partidos se adecuaran a la ley de inscripción acreditando 24,800 afiliados, y para que los partidos aspirantes presentaran lo propio. Pero, que se sepa, no hay nuevo plazo. Mientras tanto hay un proyecto de ley en el Congreso para anular el requisito mismo de los 24,800 afiliados permitiendo que los partidos ya inscritos participen en las venideras elecciones tal como están ahora. ¿Y las agrupaciones nuevas que estaban completando su lista de afiliados y comités para inscribirse?

Elecciones internas

Martín Tanaka sugiere no eliminar el requisito sino bajar la valla: 12 mil afiliados, por ejemplo. Pero eso tiene que jugar con las elecciones internas en los partidos que, tal como está establecido hasta ahora, son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Estas contienen un filtro: sólo siguen en carrera los partidos que obtienen más del 1.5% del padrón, para evitar que haya multitud de candidatos presidenciales.

Pero ahora hay incertidumbre también respecto de las PASO. Parece haber consenso entre la mayor parte de bancadas para suspenderlas por esta vez. Son muy costosas en momentos de aguda carestía, y hay poco tiempo. Fernando Tuesta ha propuesto aplicarlas recién para la elección regional y municipal del 2022. Incluso hay partidos que no creen en las PASO y hay estudiosos (Ian Shapiro y Frances MacCall, por ejemplo)[1] que desconfían de estas reformas pretendidamente democratizadoras de los partidos porque resultan -sostienen- contraproducentes: debilitan la capacidad de los partidos y sus líderes de conducir campañas y proponer programas de gobiernos consistentes y abarcadores, pues los partidos necesitan tener un grado de verticalidad precisamente para servir mejor a los intereses de la sociedad. En fin, no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero la suspensión de las PASO abre un espacio de tiempo para analizarlas y discutirlas mejor.   

El asunto inmediato es que si suspendemos las PASO –y, por lo tanto, el filtro- y al mismo tiempo hemos flexibilizado la inscripción de nuevos partidos, podemos terminar con decenas de candidatos presidenciales y listas el congreso en las elecciones del 2021, confundiendo al elector.

Entonces sería necesario que el régimen que sustituya a las PASO contenga también un filtro. La única forma de que ello ocurra es que la elección interna sea mediante el sistema un militante un voto, de modo tal, como sugiere Martín Tanaka, que pasen a la elección general solo los partidos en los que la concurrencia a votar superó un determinado porcentaje del número de afiliados o un determinado número de ellos. Habría que ver bien la fórmula porque hay partidos, como Acción Popular y el APRA, por ejemplo, que tienen más de 200 mil afiliados, pero solo concurren a votar no más de 20 o 30 mil. Quizá tendrían que sincerar su padrón interno o tendría que establecerse un número como alternativa a un porcentaje.

Y es una elección que se puede realizar a través de Internet. El JNE tiene experiencia en ello.

Pocos partidos serios: voto preferencial, distritos electorales pequeños y think tanks por impuestos.

Pero hay otros temas que requieren definición, de la que dependerá la calidad de la democracia que tengamos. Debemos hacer un esfuerzo por pensarlos bien. Tenemos que apuntar a un número pequeño de partidos serios, con capacidad propositiva.

Para eso hay que eliminar el voto preferencial -que fomenta la lucha fratricida, el individualismo programático y el clientelismo-, canjeándolo por distritos electorales más pequeños -uni o binominales- en los que yo elijo a mi representante -es el mejor voto preferencial posible- y me relaciono con él, dándole carne y hueso a la democracia representativa, única manera de competir con la democracia directa y empobrecedora de las redes y las encuestas, o de ponerla a su servicio.

De paso, este sistema ayuda a reducir el número de partidos porque incentiva a los partidos pequeños a juntarse con otros para aspirar a ganar en alguna circunscripción electoral.  

Establecer distritos electorales más pequeños sería más fácil aun si vamos a la bicameralidad, pues son ideales para elegir a los diputados.

Para que los partidos posean capacidad programática, debería facilitarse la fórmula que propuso Carlos Meléndez: think tanks o centros de estudios por impuestos. Es decir, que las empresas puedan destinar parte de los impuestos que pagan a financiar esos centros en los partidos. O puedan hacer donaciones transparentes a los partidos, lo que ahora ha sido absurdamente prohibido. Tendríamos partidos de otro nivel, capaces de formular planes de gobierno serios, para no improvisar cuando llegan al poder. 

Gobernabilidad para reconstruir el país

Por último, deberían los congresistas hacer un esfuerzo para pensar en las reformas de gobernabilidad. El próximo gobierno tendrá que reconstruir el país, y por lo tanto el Ejecutivo necesitará tener mayoría en el Congreso. Para ello, elegir al Congreso junto con la segunda vuelta o después de ella, como en Francia, es indispensable. Y si, pese a ello, no alcanza mayoría, debe tener capacidad de veto. Es decir, que la insistencia del Congreso en leyes observadas por el Ejecutivo tenga que aprobarse con los 2/3 de los votos -como es en todas partes- y no con la sola mitad como es ahora. De lo contrario, no podrá gobernar. Eso ya lo sabemos.

La bicameralidad también es fundamental para la gobernabilidad y para mejorar la calidad de las leyes. Existía un cierto consenso entre varias bancadas, pero ahora hay dudas respecto de la pertinencia de dar ese debate en las circunstancias actuales. Omar Chehade ha sugerido elegir el Senado junto con las elecciones del 2022, de modo que luego de ello el Congreso electo el 2021 se convertiría en Cámara de Diputados. Pero entonces tendría que ir desde ya con los distritos electorales rediseñados. 

Conclusión   

Discrepo del argumento de que estos no son tiempos para debatir las reformas institucionales. Por el contrario, ante una situación de cuasi guerra como en la que estamos, el Congreso debería dejar en manos de Ejecutivo la dación de medidas legales que deben tomarse dentro de una estrategia que tiene que ser coherente, para lo que se requiere de mando único, concentrándose -el Congreso- en el tema que solo le compete al órgano propiamente legislativo, que es la reforma institucional. Eso solo lo puede hacer el Parlamento. Tiene que asumir su responsabilidad. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Presidente Martín Vizcarra aprovechó el envío al Congreso de los proyectos de reforma política y los acuerdos logrados con las comunidades en el diálogo en Chalhuahuacho para pasar al contraataque: no solo retomó el evangelio de las grandes reformas institucionales, sino que sacudió al Congreso por demorarse en la aprobación de los proyectos de reforma del sistema judicial y fustigó a los malos empresarios y las grandes corporaciones que eluden el pago de impuestos y a los poderosos que se oponen a su lucha contra la corrupción y a sus reformas.

“Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político, judicial y tributario, ha afectado grandes intereses y grupos de poder que han reaccionado atacando sistemáticamente al gobierno y a su presidente”, resumió. Acudió así al clásico mecanismo populista de inventar enemigos poderosos que lo atacan por defender los intereses del pueblo y del país.

Pero hay algo de desorbitado e impostado en esta retórica. Sería interesante saber cuáles son esas grandes empresas y corporaciones qué él imagina conjurándose para digitar ataques contra él. Pareciera estar siguiendo el guion de una obra que ya no tiene público, porque, en realidad, el también atacó al punto que el supuesto “enemigo” político fue descabezado, perdió la mayoría en el Congreso y luce ahora dividido y más bien proclive a los entendimientos. El mayor esfuerzo de construcción partidaria de la última década ha sucumbido ante una criminalización de la política que resultó cuando menos funcional al gobierno.

Y, lamentablemente, lo que sí podemos decir es que el presidente resultó el principal enemigo de sí mismo en su intención de mejorar la institucionalidad política del país. Vamos a terminar, como temíamos, sin bicameralidad y sin reelección de congresistas, la peor combinación posible. El presidente ha sacrificado la construcción de la institucionalidad política del país en aras de una popularidad efímera. Proponer la no reelección de los congresistas y oponerse luego a la bicameralidad con el argumento del contrabando que el Congreso había introducido, le valió subir a un pico extraordinario de aprobación popular, que le duró apenas tres o cuatros meses. Por esa gloria pasajera de unas cuantas semanas el país quedará condenado lustros o décadas a una institucionalidad política tullida.

El Congreso debería aprobarla

Salvo, por supuesto, que el Congreso reconozca su parte de culpa en este desenlace y tenga la entereza y la superioridad moral de aprobar la bicameralidad con el mismo argumento que el presidente debió usar para proponerla: que el voto por el No a la bicameralidad en el referéndum no fue contra la bicameralidad como tal, sino contra el supuesto contrabando que el Congreso había introducido. Fue eso lo que el presidente explicó para inducir a los ciudadanos a votar de esa manera.

Donde sí no habría argumento válido para contradecir el resultado del referéndum, es en el tema de la no reelección de congresistas. Sobre eso no se puede hacer nada por ahora, pero sí debería cuando menos aprobarse la posibilidad de la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales. Es un derecho del pueblo que no puede ser recortado, y ya existía un consenso antes de todo esto para restablecerlo.

Ahora bien, hay que decir que, en este contexto, la comisión Tuesta hizo un trabajo meritorio para compensar y tratar de morigerar los efectos de esas amputaciones. Y el Ejecutivo ha recogido la mayor parte de ese trabajo.

Acabamos de ver que un congreso unicameral con mayoría opositora puede hacer muy difícil la gobernabilidad. Por lo tanto, la reforma política debe estar orientada a fortalecer al Ejecutivo y prevenir que algo así ocurra. La no reelección, por su parte, conspira contra la consolidación de los partidos y de una clase política experimentada. La reforma debe estar orientada entonces a crear la mayor cantidad de condicionamientos posibles para que los partidos funcionen realmente pese a esa limitación.

Fortalecimiento del Ejecutivo

Y podemos decir que las reformas propuestas cumplen esos cometidos. Esos son, en realidad, los dos objetivos principales de la reforma planteada. Es claro que ella busca fortalecer el Ejecutivo cuando propone:

• Elegir al Congreso junto con segunda vuelta
• Dos tercios del número legal de congresistas para la insistir en una ley observada por el presidente, lo que refuerza el veto presidencial
• Eliminar la censura a los ministros. Sólo cabe la censura al gabinete, pero cuando se produce todos deben renunciar.
• Eliminar la vacancia presidencial por incapacidad moral, que se presta a la arbitrariedad. Solo es posible por incapacidad física permanente.
• Que cuando el presidente del congreso convoca a elecciones éstas sean para la presidencia de la república y también para el congreso de la republica

Fortalecimiento de los partidos

Y es claro también que la reforma busca que haya partidos reales, no cascarones, cuando propone:

• Que la inscripción de un partido ya no se haga con firmas de adherentes sino presentando una lista de afiliados o militantes que sea como mínimo el 0.075% de los que sufragaron última elección. En el caso de los movimientos regionales el requisito es más exigente: 1%, lo que está bien.
• Elecciones abiertas con participación obligatoria de todos los ciudadanos para elegir candidatos a elección popular, organizadas por la ONPE, a fin de reconectar a la ciudadanía con los partidos.
• Que el candidato a la presidencia debe ser afiliado
• Eliminar el voto preferencial, lo que suprime la lucha fratricida que dicho voto incentivaba
• Obligar a una participación y presencia permanentes, pues se pierde la inscripción:
  • Al no presentar candidatos en 4/5 de los gobiernos regionales, ½ de los provinciales y 1/3 de los distritales
  • Al no alcanzar 5% de los votos (8% en caso de las organizaciones regionales)
  • Al no alcanzar 1.5% de los que sufragaron en la elección anterior en las elecciones internas (4% en organizaciones regionales)

Lo que sí parece ya una intromisión excesiva, es obligar a la paridad de género en los cargos de dirección del partido político.

Think Tanks partidarios X Impuestos

Una medida que no ha sido propuesta, pero resultaría decisiva para consolidar partidos con capacidad de propuesta, es la de “partidos X impuestos” o, más específicamente, “think tanks partidarios X impuestos”. Es decir, que las empresas puedan financiar, con parte de los impuestos que pagan, think tanks o centros de estudios en los partidos. Esto permitiría, de un lado, que los congresistas que ya no pueden reelegirse, puedan reciclarse en su periodo sabático en el centro de estudios del partido para estudiar la realidad y formular propuestas de política. Así la no reelección no elimina ni corta la carrera de los buenos cuadros.  Y, de otro lado, el partido adquiere capacidad de análisis y discusión de los problemas nacionales y de formulación de planes de gobierno, para que no llegue al poder a improvisar. Tendríamos partidos políticos serios, pensantes.

Por lo demás, tampoco tiene sentido prohibir que las empresas privadas formales aporten a los partidos –como lo hace el proyecto-, si es que este aporte es público y transparente. Eso no solo fortalecería aún más a los partidos, sino que contribuiría a que las empresas desarrollen su compromiso con el país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Acabada la guerra con el Congreso por conseguir la aprobación de las reformas institucionales, que le permitió elevar su popularidad, el presidente Vizcarra deberá conducir ahora otras cruzadas, pero esta vez para resolver los problemas de la población, si quiere mantener indefinidamente los altos niveles de aprobación que ha conseguido. Y uno de esos problemas es la atención de la salud. En el siguiente gráfico, por ejemplo, vemos que el porcentaje de la población que considera que el gobierno viene manejando bien o muy bien los servicios de salud en postas y hospitales, ha bajado de 12% en junio del 2017 a 9% en setiembre del 2018. Es decir, la gente percibe que los servicios de salud, lejos de mejorar, se vienen deteriorando.

Los extraordinarios resultados de Lima Este

Lo increíble es que el gobierno tuvo a la mano y empezó a aplicar el instrumento para mejorar radicalmente los servicios de salud, pero incomprensiblemente se deshizo de él. Y el piloto de ese instrumento ya se había probado el 2006. Es lo que descubrimos asistiendo al Congreso Peruano de Administración de Salud, llevado a cabo en el colegio médico, donde el 20 de julio el Dr. Moisés Rosas Febres hizo una presentación titulada: “Reforma de Financiamiento vs Reforma de Pago”. Allí el doctor Rosas explicó el piloto que el SIS ejecutó el año 2006 en la Dirección de Salud (DISA) Lima Este, con resultados extraordinarios. Esta región estaba conformada por un hospital nacional (Hipólito Unanue), 4 hospitales de menor jerarquía y 99 centros y puestos de salud. Y atendía a alrededor a de 400 mil beneficiarios directos (afiliados al SIS), y 1.6 millones de personas viviendo en Lima Este como beneficiarios indirectos.

Como sabemos, los problemas de nuestro sistema de salud se expresan en que:

• No hay los medicamentos que debería haber
• Muchos pacientes del SIS deben pagar por medicinas y exámenes
• No hay cupos para atención en los hospitales porque el primer nivel de atención no funciona

Pues bien, la intervención que se hizo en la región Lima Este mejoró todos estos problemas el año 2006. Como se pudo apreciar en los gráficos mostrados, el porcentaje de pacientes a los que se les cobró por la atención, medicamentos, exámenes de laboratorio y/o imágenes, o no se les entregó todos esos servicios de manera completa, disminuyó dramáticamente en sólo 60 días. También disminuyó abruptamente el no cumplimiento de guías o protocolos de atención, así como el número de historias clínicas que no tuvieran todos los actos médicos registrados de acuerdo a las normas del MINSA.

La realidad hasta ese momento en la DISA Lima Este era que casi el 40% de los pacientes que se atendían por el SIS tenían que pagar por los exámenes, imágenes y medicamentos recetados, o estos sencillamente no existían en los establecimientos, y por lo tanto tenían que comprarse fuera. Gracias a la reforma implementada ese déficit se redujo casi a cero. La atención plena y gratuita mejoró sustancialmente. Esto está documentado en el sistema de auditoría de SIS de entonces.

Este resultado, realmente espectacular, quedó confirmado por la encuesta ENAHO del INEI: comparando con el año previo, el porcentaje de atendidos por el SIS que declararon que les dieron sus medicamentos completamente gratis durante la experiencia subió 44% (de 29% a 73%) en Lima Este, mientras que en el resto de Lima y Callao solo subió 4% (de 54% a 58%).

No solo eso. También mejoró el problema estructural de falta de cupos para atención en los hospitales. El primer nivel de atención empezó a funcionar. De hecho, la ENAHO confirmó que el porcentaje de pacientes que declaró que los servicios de salud en Lima Este le habían resuelto el problema por el que acudió a dichos servicios aumentó 23% (de 53% a 76%), mientras que en el resto de Lima y Callao disminuyó 10% (de 78% a 68%).

Y además, resulta que esa mejora absoluta en la calidad del servicio de salud se hizo con menos recursos presupuestarios que los que se hubiesen usado si se seguía con la metodología tradicional, liberando 30% del presupuesto anual del SIS destinado a la DISA Lima Este para que pueda ser reinvertido en la propia DISA. De modo que, con este nuevo modelo de gestión del SIS, se lograba mucho mejores resultados a menor costo. Más no se puede pedir.

Lamentablemente esta experiencia no se pudo continuar en los años siguientes porque la denuncia de corrupción en la adquisición de raciones por el SIS luego del terremoto de Pisco, generó un quiebre en la gestión, de modo que se regresó a las prácticas anteriores.

El secreto: cambio en la forma de pago y administración de riesgos

¿Cuál fue el secreto de este nuevo modelo de gestión del SIS? Hubo varios cambios, pero acaso el principal fue el que se produjo en la manera en que el SIS pagaba a los establecimientos de la DISA Lima Este, que modificó radicalmente el sistema de incentivos.

El SIS pagaba –y sigue pagando- por atenciones médicas, no por resultados. Lo que eso fomenta, por supuesto, es que se multiplique el número de atenciones, encareciendo el presupuesto y muchas veces sin que se le resuelva al paciente su problema de salud, y que además estas atenciones se concentren en los hospitales. 

Lo que hace el SIS es devolver la plata por todo lo que se gasta en medicamentos, insumos, análisis, imágenes, etc. Esto, naturalmente, fomenta el gasto. Y, además, de una manera perversa, porque no es solo que pague, digamos, por una operación quirúrgica, sino por todo lo que los médicos digan que gastaron en esa operación. Por supuesto, aumentará la cantidad de insumos usados a placer, y por eso es que el presupuesto del SIS nunca alcanza hasta final de año. Como me decía un experto: “Si uno compra una mesa, no hay forma que te engañen, pero si uno le dice al carpintero que le pagará lo que gaste, él dirá que le puso mil clavos a la mesa y habrá que pagarlos”. Entonces, cuanto más desagregado es el gasto que hay que devolver y más fragmentada la atención, más dispendio y fraude habrá y más difícil controlar insumos y calidad.

La experiencia del 2006 cambió radicalmente el modo de pago. Ya no se pagaba por atenciones ni por insumos, etc., sino por resultados. La consecuencia inmediata de no pagar por atenciones, es que desaparece el incentivo a inflar el número de atenciones, análisis, exámenes e insumos de todo tipo. El nuevo modelo de pago contemplaba el pago de una cantidad determinada para reposición de insumos (cuyo costo bajaba) y un pago adicional por gestión si es que se cumplía con los siguientes objetivos:

• Que no se le cobrara al paciente
• Que se entregaran todos los medicamentos e insumos
• Que se resuelva la enfermedad por la que consultó
• Que no se tercericen los servicios si se puede evitar hacerlo
• Dar mantenimiento a los equipos
• Trabajo coordinado y complementario entre los niveles de atención

La idea era que si el porcentaje de pacientes al que no se le cobra nada, al que se le entrega todos los medicamentos, al que se le resuelve la enfermedad por la que acudió, etc., desciende por debajo de un cierto nivel, previamente acordado, pues se le entrega una cantidad a la red o a la región por el cumplimiento de esa meta. Lo que se produce entonces es un alineamiento de los actores en la dirección de adquirir más medicamentos a mejor precio y no venderlos por lo bajo, así como resolver el problema del paciente en lugar de ordenarle múltiples atenciones. También a no tercerizar sino solo lo indispensable y a dar mantenimiento a los equipos.

Con el nuevo modelo de pago, al hospital ya no le conviene concentrar todas las atenciones –porque no percibirá más por eso- sino desconcentrarlas a los centros y postas, fortaleciéndolos, porque al final, al gastar menos como hospital, le quedará más dinero para adquisiciones de equipos, por ejemplo. Se produce así una redistribución de la carga hacia los niveles básicos de atención, de modo que desaparece la congestión para los turnos en las operaciones quirúrgicas y en la atención ambulatoria en el hospital, ya que mejora la prevención.

Verificación

¿Cómo se verifica el cumplimiento de esos indicadores? Pues con auditorías muestrales directas a la historia clínica, a diferencia de las auditorías actuales que no son muestrales y que demandan mucho gasto de las entidades prestadoras para subsanar miles de observaciones relativas a supuestas fallas en los llamados “formatos de atención”, donde se suele copiar defectuosamente lo que el médico ha prescrito y lo que ha recibido el paciente.

Normas anti corruptelas

Además, se implementan normas y mecanismos para reducir el costo de reposición de medicamentos, insumos y equipos. Para comenzar, se diseñaron mecanismos para atar el inventario de medicamentos e insumos al número de ítems reportados en los formatos de atención de cada paciente. Es decir, se establece un control informático del uso del inventario en función de las recetas de los médicos.

Porque lo que ocurre en los hospitales es que de pronto medicamentos caros empiezan a desaparecer y aparecen en farmacias cercanas. Una de las razones por las que ocurre esto es que muchos hospitales compran esos medicamentos caros al menudeo, pagando, de paso, mucho más por ellos. Allí ya puede haber arreglos. Pero desaparecen. Terminan en farmacias cercanas. La solución que el modelo ha planteado para esto es obligar al hospital a comprar para todo el año cualquier medicamento que el año anterior se haya comprado. Así, el SIS paga por adelantado para compra medicamentos todo el año. Esto abarata considerablemente las compras. Hay que tener en cuenta que el sector como tal realiza compras corporativas de 400 ítems, pero el SIS paga 26,000 ítems, comprados por los hospitales. 

Pero la razón principal por la que los medicamentos pagados por el SIS terminan en las farmacias vecinas, es que cualquier vecino, asegurado o no, puede ir a comprar medicamentos en un establecimiento público, con receta. Entonces lo que ocurre es que se genera gran cantidad de recetas falsas, y mediante compras hormiga, pacientes o supuestos pacientes sacan los medicamentos, sobre todo los caros. Y después los venden a las farmacias.

Una solución propuesta es dar una ley que establezca que los medicamentos que se venden en los establecimientos de Salud son solo para pacientes del SIS, y que, si se quiere mantener una venta subsidiada al público en general, esta se haga, por ejemplo, en farmacias municipales.

Otra corruptela es la que se da en el pago a los proveedores. Cuando el 2017 el SIS pagó la deuda a los hospitales, esto no se expresó en un pago inmediato por parte de los hospitales a los proveedores privados. Había una cola de facturas por pagar, situación que podía prestarse para que algunos quizá cobraran algún porcentaje de la factura al proveedor para pagarle antes que a otros.  Lo que intentó hacer el SIS el 2017 fue dar una norma según la cual con dinero del SIS solo se podía pagar en orden de ingreso. Pues esa norma no llegó a salir. Los intereses corruptos lo impidieron.  

En cuanto al mantenimiento de equipos, los contratos adquisición deben venir con un paquete de mantenimiento. Además, en el convenio que firma el SIS con la unidad prestadora (una región) debe colocarse una cláusula que establezca que, si el equipo sufre un desperfecto o queda inutilizado, y el establecimiento no cumplió el protocolo de mantenimiento, entonces sufre una penalidad económica. Y ante una penalidad económica, la intervención de control interno es inevitable para identificar y sancionar a los responsables de hacerle causado una pérdida de ingresos a la entidad. 

Por supuesto, todas estas normas generan resistencias en las redes que viven de estas corruptelas. Por eso es que, hasta ahora, no se aplican.

Conclusión

La verdadera reforma de la Salud, entonces, comienza por poner en marcha una reingeniería del SIS como la que se aplicó el 2006 y como la que empezó a ejecutarse el 2017, que lamentablemente abortó. Si se hiciera, habríamos hecho una revolución. Los pacientes serían atendidos, se les resolvería el problema por el cual acudieron al establecimiento de salud, y recibirían sus atenciones y medicamentos de manera gratuita. Habríamos dado un salto histórico. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Hace unos meses, en el Encuentro Económico – Región Arequipa 2016, organizado por el Banco Central de Reserva, luego de mi presentación, un arequipeño me preguntó por el hecho de que los empresarios locales se habían mudado a Lima después de vender sus negocios.

Mi comentario fue algo así como lo siguiente: Mire, a mi me parece que es producto de haber enfrentado las consecuencias del ‘Golpe’ y del ‘Goce’.

El ‘Golpe’, porque por varias décadas, entre los años 60 y 80s, fueron las generaciones sacrificadas de un país estancado, donde la iniciativa individual estaba limitada por una dictadura de izquierda castrante y, empobrecidos, en esencia, ya habían perdido hasta la esperanza de tiempos mejores.

Sin embargo, sorprendentemente, cuando el Perú renació de sus cenizas en los años 90, no solo se recuperó la ilusión de tiempos mejores. Todo se recuperó, los ingresos, las ventas de sus empresas y el valor de sus activos. Y así es como pasaron a sentir el ‘Goce’. La sensación de ser ciudadanos del mundo, con capacidades de consumo e inversión no imaginadas.

Esas generaciones de empresarios arequipeños, del mismo modo que los del resto del país, tienen hoy más de 60 años y de alguna manera están obnubilados por su tardía riqueza. Están alejados de la cosa pública y han olvidado que tienen hijos y nietos. Nos guste o no, es difícil llamarlos al orden para que se comprometan con una vida cívica activa.

Pero el Perú necesita el aporte de su clase empresarial, como necesita la de los otros estamentos de la clase dirigente, académicos e intelectuales, para terciar en la vida pública y terminar la construcción de nuestro país.

En el mediano plazo, solo queda esperar que la tarea grande,  la tarea pendiente de hacer país, sea recogida por nuestro líderes más jóvenes, y se dé durante nuestra tercera centuria.

Pero en las actuales circunstancias, en medio de una suerte de tormenta perfecta, insuficiente crecimiento económico, acentuada pérdida de popularidad del gobierno, desastres naturales, crisis de corrupción, falta de inversiones, desentendimientos políticos y debilitamiento del espacio global con los exabruptos de Trump, ‘las siete plagas de Egipto’, necesitamos el aporte de todos, especialmente de los más viejos, aquellos que estén por encima del bien y del mal, para llamar a la reflexión por la convergencia de nuestras fuerzas, y a la acción que nos impulse a construir patria desde la perspectiva del vaso medio lleno.

Hoy sucede todo lo contrario. La cacería de brujas a escalado a la descalificación de estamentos de la sociedad, como se quiere hacer con la tecnocracia, y de estructuras económicas, como se quiere hacer con nuestro limitado modelo de economía de mercado.

Por supuesto, no sorprende que los activistas de izquierda, fragmentados, sin padrinos extranjeros y atrapados en las ‘ideas muertas’, quieran tirar barro con metralleta y tratar de cosechar un espacio de poder en medio de la devaluación de todos los demás. Lo pobres han perdido financiamiento, la vela de Venezuela se tornó ancla, Lula, el ‘padrino’ de las izquierdas latinoamericanas está camino a la cárcel. Sin nada en que apoyarse, solo les queda el pretender dar un salto adelante y matar todo lo que sustente lo alternativo a su fracaso.

Lo que no se entiende tanto, es que algunos intelectuales y académicos menos comprometidos con una militancia política de izquierda, caigan en lo mismo. No se puede decir que un par de libritos escritos en la oscuridad del vaso medio vacío para ganar notoriedad (‘¿Qué se puede hacer con el Perú?’ Y ‘El Perú está calato’), representaron un solitario llamado a la reflexión sobre las debilidades y carencias de nuestro modelo de desarrollo.

Una sola prueba al canto de que lo mejor de la sociedad civil siempre estuvo presente, que la reserva intelectual y moral siempre reclamó emprender reformas institucionales profundas y una verdadera revolución educativa, entre otras gestas importantes, con propuestas concretas, es el conjunto de los temas tratados durante más de 50 años en los CADE de IPAE.

En Lampadia ya hemos tenido que contrastar el tipo de descalificaciones que nos quieren vender  estos días, ver: ¡Qué “calato”… ni que ocho cuartos!

Este no es el momento para tirar barro, sino para converger y eso solo puede hacerse con propuestas. Solo puede hacerse desde la base de lo ya avanzado y desde la perspectiva del vaso medio lleno.

Por otro lado, a pesar del ‘Goce’, también es el momento de fajarse por equilibrar la situación del país, recuperar el crecimiento y el progreso social, y emprender las reformas institucionales y educativas que reclama la población. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Necesitamos definir primero el marco orgánico general y desprender de allí las normas electorales

Vale la pena resaltar la noticia de que el Congreso viene avanzando los trabajos para una reforma política y electoral. Cuando se conformó, dentro de la comisión de Constitución, el sub grupo de reforma electoral presidido por Patricia Donayre, surgió el temor de que dicha Comisión se abocara solo a la reforma electoral y no a la reforma política, que es la que realmente importa. Pero el discurso pronunciado por el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, en la Audiencia Pública que se convocó el viernes 11 sobre reforma electoral, despejó todas las dudas: “Quiero poner de relieve que estamos ante una tarea de corto, mediano y largo plazo, que implica no solo modificar normas de cara a los próximos procesos electorales, sino de afirmar las bases para posibilitar las reformas institucionales, que produzcan un cambio significativo en nuestro sistema político, desde el diseño institucional, el sistema de partidos políticos  y la cultura política del país”. Y agregó: “…tenemos instituciones poco representativas y partidos políticos muy débiles, con una aguda y creciente fragmentación política”. Resumió así los temas que se vienen planteando y sobre los que la comisión deberá debatir:

• Un “shock institucional” o una revolución institucional
• La democracia interna de los partidos políticos y su institucionalización
• El control del financiamiento privado en las campañas electorales
• El rediseño de los distritos electorales y la creación del distrito electoral para los peruanos residentes en el extranjero
• La promoción de partidos “light” o el “sistema de partidos por impuestos”
• Las reformas necesarias a realizarse para los comicios electorales más próximos

Patricia Donayre, por su lado, informó que en la primera quincena de diciembre presentará a debate en la Comisión de Constitución el proyecto de Código Electoral que contiene los derechos y deberes de la ciudadanía, los candidatos y los partidos políticos. Pero solicitará a la Comisión de Constitución del Congreso una ampliación de 120 días para concluir con el conjunto de reformas que permitirán al país contar con un adecuado sistema de elecciones. Ese conjunto de reformas incluye posibles cambios constitucionales en los siguientes temas:

• Bicameralidad
• Voto preferencial
• Voto voluntario
• Renovación por mitades o tercios
• Circunscripciones electorales (distritos uni o bi nominales)
• Reelección  municipal y regional 

1. Construir un sistema de pocos partidos estables, superando la altísima fragmentación y volatilidad actual
2. Construir adecuados sistemas de representación, es decir, canales eficientes de relación y comunicación entre representantes y representados, de modo los ciudadanos puedan canalizar adecuadamente demandas y preocupaciones.
3. Mejorar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo a fin de afianzar la gobernabilidad

El primer reclamo de los contendores de Fuerza Popular, al día siguiente de la primera vuelta, fue que la población optara por un balance de poderes. La elección presidencial terminó estableciéndolo así. El ejecutivo estará en manos de Peruanos Por el Kambio de Pedro Pablo Kuczynski y el Legislativo será controlado por Fuerza Popular de Keiko Fujimori.

Después de una larga y azarosa campaña de más de cinco meses, que parecía más un ‘thriller’ hollywoodense que una justa electoral, los peruanos eligieron como Presidente de la República para el período 2016 – 2021, a Pedro Pablo Kuczynski, a quien corresponde felicitar y desear el mejor de los éxitos.

De igual manera hay que felicitar a Keiko Fujimori por haber formado un partido político con presencia nacional que ahora tendrá mayoría absoluta en el Congreso.

Como hemos comentado en anteriores publicaciones, el resultado de las elecciones nos parece ‘sub-óptimo’, pues el país ha perdido la oportunidad de un gobierno convergente o incluso, de coalición entre las dos fuerzas que pasaron a la segunda vuelta electoral y que adscriben la defensa de la economía de mercado, el fomento de la inversión privada y un serio compromiso con la superación de la pobreza, para lo cual, ejecutarían un paquete de reformas institucionales.

En nuestra opinión, un gobierno de esa naturaleza nos habría permitido enfrentar, en las mejores condiciones posibles, los grandes retos que tenemos que superar, tanto los referidos a las brechas económicas, sociales, institucionales y de infraestructuras que arrastramos como consecuencia de los 30 años que nos robaron los malos gobiernos que tuvimos desde los años 60 hasta la promulgación de la Constitución de 1993; como los retos que en forma de oportunidades y riesgos, nos trae la ‘cuarta revolución industrial’. Ver en Lampadia: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario.

Lo que enfrentaremos los próximos cinco años supera en imprevisibilidad y complejidad, a cualquier período anterior. No es broma ni exageración. Los que siguen de cerca nuestros análisis de los últimos 18 meses, podrán apreciar que nuestra alarma es producto de contrastar nuestra nueva línea de base, deteriorada durante los últimos cinco años, con nuestro potencial y el ambiente planetario en el que deberemos triunfar. Esto implica un esfuerzo extraordinario, pues sobrevivir, más mediocridad, o la convivencia con minorías antisistema, solo nos augurarían que se abra una nueva brecha, esta vez con los países más inteligentes, que sepan aprovechar la cuarta revolución industrial, algo fatal para nuestros pobres. Recordemos la advertencia del historiador israelita Noah Yuval Harari: “Esta vez, quienes pierdan el tren [de la nueva revolución] no tendrán una segunda oportunidad. Hoy en día, si un país, un grupo de personas, se queda descolgado, no tendrá una segunda oportunidad, en particular porque la mano de obra barata no tendrá ninguna relevancia”. (Ver en Lampadia: Del Homo Sapiens al Súper-Humano).

Como reza el antiguo dicho inglés: “Necessity is the mother of invention” (la necesidad es madre de la invención), esperemos que una mayor toma de conciencia de las dificultades que se nos avecinan, permita que las dos principales fuerzas políticas del país, que ejercerán los mayores poderes del Estado, puedan acercarse a un mejor plano de colaboración que el que ha producido una campaña llena de agravios e intrigas.

Además, deseamos que el partido ‘no-partido’ de gobierno, pueda también abocarse a crear un verdadero partido político que pueda, junto con Fuerza Popular, tener una presencia nacional relevante. 

Lampadia  

El proceso electoral que estamos viviendo se da en un contexto muy especial, el de tener que enfrentar dos grandes brechas que impiden el bienestar general de todos los peruanos: la del pasado que se llevó treinta años de nuestro desarrollo y la del futuro, que se abrirá con la ‘cuarta revolución industrial’ si no nos ponemos las pilas.

En estas elecciones nos estamos jugando mucho más que la propia elección, estamos definiendo la calidad del gobierno de los próximos cinco años, las elecciones del 2021 y la posibilidad de evitar que nuestros pobres queden lejos del nuevo mundo que se está formando con los avances tecnológicos.

En la agenda del país tenemos dos grandes retos: el de las reformas institucionales, mejoras de la educación, salud e infraestructuras; y el de la inversión, crecimiento de la economía y el empleo.

Para enfrentar ambos retos necesitamos un elemento común, el único que permite superarlos: el crecimiento económico. Tenemos que duplicar nuestro PBI cada diez años, para ello tenemos que crecer al 7% anual. Solo así podemos invertir más en educación y salud, en los salarios de los maestros, enfermeras y policías y en infraestructuras sociales y económicas.

A continuación presentamos el diálogo de Alfonso Baella con el Director de Lampadia sobre estos temas en el programa Redes y Poder del 18 de mayo pasado:

Lampadia

Es indudable que la percepción de corrupción en el Perú es hoy una de las mayores preocupaciones de la población, debidamente sustentada en sólidos fundamentos de nuestra debilidad institucional y social.

Transparencia Internacional acaba de publicar su índice al respecto para el año pasado y por lo tanto es muy importante revisarlo y difundir sus implicancias sin hacer tergiversaciones ni falacias.

En el siguiente cuadro podemos apreciar la ubicación del Perú en el conjunto del continente americano. Como podemos apreciar, el Perú se ubica en el puesto 13 de 26 países de la región, con un puntaje de 36 en una escala de 0 a 100, donde 0 es el máximo de corrupción y 100 es lo más limpio. 

En Lampadia, muy preocupados con este aspecto de nuestra vida ciudadana, hemos creado una biblioteca virtual o repositorio sobre: El Estado del Siglo XXI, en el que estamos creando y consolidando contenidos que nos ilustran adecuadamente sobre la naturaleza y contenido de las reformas institucionales que necesitamos priorizar a fin de superar esta gran falla institucional.

Líneas abajo compartimos el índice de Transparencia Internacional y analizamos sus componentes e implicancias. Pero tenemos que llamar la atención sobre esa vocación derrotista de nuestros medio que, o no informan debidamente los indicadores nacionales o que los distorsionan para crear angustia una suerte de auto-flagelamiento.

Por ejemplo: en el programa de Las 5 a las 7, de RPP, del pasado 27 de enero, los productores del programa le alcanzaron a su conductora, Patricia del Río información equívoca que la llevo a afirmar que  según Transparencia Internacional “El Perú aparece entre los países más corruptos de América Latina (…) Venezuela es el peor, pero eso no es un consuelo”. Lo que es más, publicaron el mensaje erróneo en la leyenda del programa y la propalaron durante largos minutos. Ver la imagen:

Una emisora de ese nivel, con la gran audiencia que disfruta a nivel nacional, debe tener más cuidado con la calidad de la información que hace suya.

Como hemos mostrado más arriba, el Perú no figura entre los países más corruptos de la región. Estamos a media tabla. Eso, por supuesto no es un consuelo ni una negación de nuestras falencias. Veamos algo más de información:

El índice de Corrupción 2015 analiza la percepción de la corrupción en el sector público en 168 países. Se basa en las opiniones de expertos de corrupción en el sector público. Los países pueden obtener un puntaje más alto si mantienen un gobierno abierto donde el público confía en sus líderes, mientras que una puntuación baja es un signo de prevalentes sobornos, falta de castigo a la corrupción e instituciones públicas que no responden a las necesidades de los ciudadanos.

Dinamarca ocupó por segundo año consecutivo el primer puesto en el índice, mientras que Corea del Norte y Somalia tuvieron el peor desempeño, anotando tan sólo 8 puntos cada uno. Los países con los mejores puntajes comparten características fundamentales: altos niveles de la libertad de prensa; acceso a la información presupuestaria para que el público sepa de dónde viene el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre las personas en el poder; que los poderes judiciales no diferencien entre ricos y pobres y que sean verdaderamente autónomos de las demás identidades del gobierno.

Los países con los peores puntajes en los últimos 4 años incluyen a Libia, Australia, Brasil, España y Turquía. Brasil es el país que más cayó en las Américas (siete puestos), principalmente por el escándalo de Petrobras, la cual ya ha llevado a la detención de más de 100 personas, entre políticos y ejecutivos de algunas de las empresas constructoras más grandes del país.

Por otro lado, Uruguay y Chile son vistos como los países menos corruptos de América Latina (puestos 21 y 23, respectivamente), aunque este último anotó tres puntos menos que en la última encuesta.

En el caso del Perú, obtuvo el puesto 36, que está a la mitad de la lista. Sin embargo, como se puede observar, hay mucho por mejorar. Específicamente en el ámbito político, los partidos políticos, el parlamento y el sistema judicial. Hemos caído dos puestos con respecto al año pasado (puesto 38) y debemos cambiar esa tendencia, volviéndonos más ‘limpios’.

Además, como afirma el informe, el 85% de las personas que participaron en la encuesta consideran que las medidas del gobierno para luchar contra la corrupción en el país son ineficaces y consideran que el nivel de corrupción ha aumentado en los últimos años.

Esperamos que las elecciones den inicio a una nueva gobernanza, más limpia y transparente, y que nos permita desarrollar todo nuestro potencial. Lampadia

La Asociación Civil Transparencia, liderada por Felipe Ortiz de Zevallos, acaba de publicar sus propuestas preliminares sobre las más importantes reformas institucionales que debiéramos acometer los peruanos.

Lampadia, en su nuevo ‘Repositorium’ sobre “El Estado del Siglo XXI”, la recoge en su integridad, ver: “Propuestas de Reforma Institucional”.

Transparencia ha agrupado su trabajo en cuatro ejes:

1. Sistema electoral
2. Funcionamiento del Congreso de la República
3. Funcionamiento del sistema de justicia
4. Medidas para favorecer la transparencia y mejorar la gestión en la Administración Pública

Las siguientes imágenes presentan el índice de este importante trabajo:

No deje de ver nuestro nuevo ‘Repositorium’: “El Estado del Siglo XXI”. Lampadia

Comentario de Lampadia

En el Perú estamos a días de la reunión anual del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del BM (Banco Mundial), que se desarrollará en Lima, en el complejo del nuevo auditorio del Banco de la Nación, el Museo de la Nación, el Gran Teatro Nacional y la Biblioteca Nacional. Reunión que se llevará a cabo en Latinoamérica después de cincuenta años.

El la historia política global y muy claramente en la peruana, el FMI y el BM han sido una suerte de ‘punching balls’ de las izquierdas anti mercado. Ambas instituciones han sido demonizadas y junto con el llamado ‘Consenso de Washington’, acusadas de haber propiciado programas de ajuste y privatizaciones (que terminaron siendo muy exitosos y explican los buenos años de crecimiento de Latinoamérica, hasta hace pocos años).

La verdad, como explica Ricardo Hausmann en el artículo que presentamos líneas abajo, es lo contrario. Si bien faltan algunas reformas a este tipo de instituciones, como mejorar los pesos de sus miembros en función del mundo de hoy, si han tenido contribuciones muy importantes para la salud económica y social de muchos países,  desde el Reino Unido en los años 70, hasta prácticamente todos los países menos desarrollados como el Perú.

En nuestro caso, el deterioro de nuestra economía que empezó a labrarse en los años 60, nos llevó a que  a principios de los años 80, nos alejáramos de estas instituciones y nos convirtiéramos en un paria internacional. Fue justamente con el apoyo del FMI y del BM, que regresamos al mundo global y que pudiéramos recuperar la economía del país. Ver en Lampadia: Detalles no revelados de cómo se liberalizó la economía en los noventa – Crónica de una Reinserción.

Compartimos a continuación el artículo de Hausmann:

No teman al FMI

Por Ricardo Hausmann

Publicado por Project Syndicate el 28 de setiembre 2015

En muchos lugares del mundo, el Fondo Monetario Internacional es la organización a la que todos aman odiar. Según algunos, el FMI es malo para los pobres, las mujeres, la estabilidad económica y el medio ambiente. Joseph Stiglitz, cuya influencia es más amplia debido a su premio Nobel, culpa al FMI de causar y luego empeorar las crisis económicas que se le pidió que resolviera. Supuestamente, hace esto para salvar a los capitalistas y a los banqueros, no al ciudadano de a pie. Si bien no es cierta, esta creencia hace enorme daño y limita el bien potencial que el FMI puede hacer.

Para empezar, consideremos la forma en que el mundo enfrenta las crisis de refugiados, como la de Siria, y la forma en que enfrenta las crisis económicas. Como su nombre lo indica, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados no es una institución, sino una persona, quien está a cargo de una “oficina”, no de una organización plenamente dicha. Es esta debilidad la que llevó a la Canciller de Alemania, Angela Merkel, a apremiar a sus socios de la Unión Europea para que respondieran de una manera más coherente al incesante flujo de personas en busca de asilo.

Por el contrario, el sistema para evitar y resolver las crisis financieras está anclado en una institución plenamente constituida: el FMI. Puede que ésta no sea perfecta, pero en comparación con cuestiones como las de los refugiados, los derechos humanos o el ambiente, está a años luz.

Es fácil no comprender bien lo que hace el FMI. La mayor parte de sus esfuerzos están dirigidos a la prevención de crisis. Como lo expresara Franklin D. Roosevelt en 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, donde se establecieron el FMI y El Banco Mundial, “Las crisis económicas son fuertemente contagiosas. Por ello, la salud económica de cada país es un tema de preocupación para todos sus vecinos, próximos o distantes”.

Es por esta razón que los 44 países asistentes, y los 188 que hoy día pertenecen al FMI, acordaron que: “Las naciones deben consultar y acordar los cambios monetarios internacionales que afectan entre sí… y deben ayudarse mutuamente para superar las dificultades cambiarias de corto plazo”. A nivel operacional, esto se expresa en las llamadas consultas del Artículo IV. Estas discusiones formales sobre políticas económicas entre el FMI y los gobiernos de los países miembros, que por lo general se realizan anualmente, se redactan, pasan por la revisión de la Junta de Directores Ejecutivos del Fondo (donde están representados los 188 países) y se publican para que cualquiera pueda acceder a ellas en línea. Esto constituye un estándar de vigilancia y de transparencia colectiva al que deberían aspirar las organizaciones que se ocupan de otros temas.

El FMI ha sido instrumental en el desarrollo de las herramientas que los países emplean para medir, evaluar y mejorar su posición macroeconómica en un momento determinado: la política fiscal y monetaria, así como la estabilidad financiera, cambiaria y de precios. Además, ayuda a los países a encontrar mejores maneras de implementar medidas en todos estos aspectos, y procura identificar lecciones amplias provenientes de la experiencia de muchos países que sirvan para iluminar las opciones que cada país en particular pueda tener.

A través del diálogo, así como de la investigación, asesoría, asistencia técnica y capacitación, el FMI ha contribuido a la creación de una comunidad de prácticas a nivel mundial. Hoy día, es más fácil ser presidente de un banco central o ministro de hacienda, que ser ministro de salud o de justicia. Esto no se debe a que los desafíos sean menores, sino a que la comunidad de prácticas a nivel internacional, liderada por FMI, proporciona un apoyo que simplemente no existe en otros ámbitos.  

Las actividades más polémicas del FMI se producen durante los momentos de manejo y resolución de crisis. Los países solicitan la ayuda financiera del FMI cuando están en problemas y han perdido, o temen perder, su acceso a los mercados internacionales. El FMI puede movilizar cientos de miles de millones de dólares de sus países miembros con el fin de darles a los deudores tiempo para recuperarse. Sus recursos eclipsan los montos que la comunidad internacional puede movilizar para otros objetivos, debido a que su dinero se presta y se supone que se debe devolver.

A cambio de su apoyo financiero, el FMI típicamente exige que los países corrijan los desequilibrios que condujeron a sus problemas, no sólo para que puedan repagar su deuda, sino también para su propio bien, para restaurar su solvencia y, por lo tanto, su acceso a los mercados de capital. Pero es muy fácil confundir el dolor causado por la crisis misma con el que causa el remedio.

Sin lugar a dudas, es inevitable que el FMI cometa errores, lo que obedece en parte a que los problemas y las cuestiones que debe enfrentar cambian constantemente, de modo que nunca sabe si el estado actual del conocimiento es adecuado para los nuevos desafíos. Sin embargo, siendo una organización lo suficientemente abierta, puede y debe responder a las críticas.

Ahora, consideremos la alternativa. Un mundo sin el FMI sería muy parecido a lo que hoy es Venezuela. Hugo Chávez pasó a ser el regalón de los detractores del FMI, incluso Stiglitz, cuando suspendió las consultas del Artículo IV en 2004. Como consecuencia, los venezolanos perdieron el acceso a la información económica básica que el país tiene la obligación de compartir con el mundo a través del FMI. El quiebre impidió que la comunidad internacional se expresara cuando el país emprendió políticas verdaderamente irresponsables, gastando en 2012 como si el precio del petróleo estuviera a US$197 por barril en lugar de US$107.

Con el colapso del precio del petróleo desde entonces, la economía está cayendo en picada: el PIB se contrae a un ritmo récord, la inflación sobrepasa el 200%, la moneda se ha hundido a menos del 10% de su valor previo, y ha surgido una escasez masiva.

Venezuela ha tratado de financiarse con la ayuda del Banco de Desarrollo de China, el que se abstiene de imponer el tipo de condiciones que desagradan a quienes despotrican contra el FMI. El BDC otorga préstamos en términos secretos, para usos corruptos que no se divulgan, y que incorporan privilegios para empresas chinas en sectores como telecomunicaciones (Huawei), línea blanca (Haier), automóviles (Chery) y la perforación de pozos petrolíferos (ICTV). Los chinos no han exigido que Venezuela haga nada para aumentar la probabilidad de recuperar su solvencia, tan sólo exigen más petróleo como garantía. Sean cuales sean las deficiencias del FMI, en comparación, el BDC es una vergüenza. 

La tragedia es que la mayor parte de los venezolanos (y muchos ciudadanos de otros países) creen que el papel del FMI no es ayudar sino perjudicar. En consecuencia, evitan los recursos masivos y los conocimientos que la comunidad internacional puede ofrecer en un momentos de crisis económica con el fin de disminuir el dolor y acelerar la recuperación. Esto los ha hecho quedar en una situación mucho peor de la que los detractores del FMI pueden llegar a reconocer. L

Ahora que la economía dejó de crecer, debilitando la disminución de la pobreza y la desigualdad, la izquierda tradicional acusa al “modelo económico” de nuestras debilidades institucionales. Este, que hasta el 2013 mostró resultados espectaculares en términos de desarrollo económico y social (ver en Lampadia: Las Cifras de la Prosperidad).

Varios académicos, periodistas y analistas caen en lo mismo. Por ejemplo, Eduardo Dargent (La República, 4 de abril, “Carranza y las instituciones”), afirma que el ex Ministro Carranza: “Rechaza que sea el modelo económico el que esté mostrando sus limitaciones. (…) El problema es el gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno ‘cambió el modelo de crecimiento que tenía el Perú’”.

Indica,además, que: “Carranza nos ilustra sobre el estancamiento: (i) ausencia del Estado para preservar los derechos de propiedad y efectividad de los contratos, (ii) desconfianza de la población en la efectividad del Estado para defenderlos de potenciales daños medioambientales y garantizar la dotación de agua y (iii) falta de capacidad del Estado para usar bien los impuestos, mejorando las condiciones de vida de la población por buenos servicios y no por gasto asistencial es fundamental para reducir la desigualdad de manera permanente”.

Y concluye: “¿Heredadas de quién? (…) La verdad [dice Dargent] yo veo mucha mas continuidad que cambio y si, más bien, creo que los arquitectos del modelo harían bien en evaluar en que medida no ha servido para atacar esta debilidad institucional diagnosticada”.

Estas acusaciones nos permiten evaluar el “porque” del divorcio entre economía e instituciones.

Veamos:

1. A 1990 llegamos en “artículo mortis”, destruidas la economía y las instituciones.

2. La verdadera Gran Transformación del Perú se inició en 1993, cuando adoptamos una Constitución más moderna que nos permitió llevar al país al mundo global, abrir las puertas de la inversión privada y liberar la capacidad de los peruanos para construir su propio futuro. Este proceso se produjo sin un plan específico y sin el liderazgo de nuestros gobiernos ni de nuestra clase dirigente. Fue una suerte de “accidente”.

3. Ninguno de los gobiernos, desde el segundo de Fujimori, Paniagua, Toledo y García (2), lideraron conscientemente la revolución económica y social que transformó el país y nunca emprendieron las reformas institucionales que debieron ser parte del proceso.

4. No hay modelo de crecimiento económico sostenible que deje en segundo plano, o ignore el avance institucional.

5. Nuestro modelo requiere: Estado de Derecho (protección de los derechos de propiedad e imperio de la Ley), un mejor Sistema Político (con Partidos Políticos representativos), un buen Sistema Judicial y una Policía efectiva y correcta, así como un Estado Meritocrático.

6. Esto no se hizo, pero no por carencias del modelo económico, sino por la falta de visión e incompetencia de la clase política. El sector privado tuvo las condiciones para recuperar la economía, pero los sucesivos gobiernos jamás emprendieron la reforma institucional.

7. El segundo gobierno de Fujimori no entendió el nuevo marco institucional de la Constitución del 93. El 96 paró las reformas. Cayó en un neo-populismo electorero y una corrupción desenfrenada, además de generar una innecesaria recesión (1998) que desdibujó buena parte de los logros de su gobierno.

8. El gobierno de Paniagua (víctima de circunstancias políticas extremas) no fue capaz de dibujar un nuevo marco institucional. Nos atascamos en el pantano de la revancha y el resentimiento. Además, abrió la posibilidad de retornar a la nefasta Constitución del 79. Ver en Lampadia: La Constitución del 79 consolidó el empobrecimiento general de los peruanos – Quieren bajarle la llanta a la prosperidad.

9. Toledo heredó el final de la recesión del 98. La del “corte de la cadena de pagos”, que desató el Ministro Baca Campodónico.

Posteriormente Toledo, gracias a sus buenos ministros, se montó en la ola del aumento del precio de los commodities que iniciaron el ciclo de abundancia que vivimos hasta hace poco. Por otro lado,  inició una regionalización apurada que desarticuló la estructura del Estado y siguió coqueteando con la Constitución del 79.

Felizmente, con algunos de sus ministros y un buen grupo de empresarios modernos, cerramos el TLC con los EEUU, que consolidó el proceso de inserción de nuestra economía al mundo global.

10. El Presidente García llegó al gobierno acusando a Lourdes Flores de ser la “candidata de los ricos” y amenazando con revisar el TLC con EEUU. Felizmente, las circunstancias de la economía global: altos precios de los commodities, abundante financiamiento internacional, crecimiento espectacular de la inversión privada (mayormente en provincias) y la polarización política con Hugo Chávez, permitieron que García apoyara la economía de mercado.

Así profundizamos la integración comercial y se fomentó la inversión privada. Pero, García nunca hizo el balance entre el pasado de estancamiento (del que fue parte importante), y la nueva realidad. No se hicieron, ni se explicaron, las relaciones causa-efecto que trajeron al Perú desde la oscuridad y el desaliento a la explosión de bienestar y confianza del nuevo siglo.

Tampoco se hicieron las reformas políticas e institucionales pendientes, en parte por miedo a la agresiva oposición del humalismo.

Así llegamos al 2011, al gobierno de la “inclusión”, justo después de una década de inclusión jamás soñada. Es cierto que el Presidente Humala tuvo que abandonar su programa radical de gobierno para ser elegido en la segunda vuelta. Para ello juró lealtad a la “Hoja de Ruta”. Pero casi todo su equipo era parte del proyecto radical (felizmente duró poco). Pero,  durante el premierato de Salomón Lerner G. se oficializó el lenguaje anti-minero, perdimos el proyecto de Conga y se paralizó la inversión minera, la locomotora que había jalado el tren de nuestra economía. Además, el Presidente hizo evidente su desconfianza en el sector privado que percoló en toda la administración pública.

El siguiente gráfico demuestra cómo el 2011 se inició la parálisis de nuestra economía:

El resto vino solo, le echamos la culpa a la caída de precios de las exportaciones, cuando pudimos compensar con volumen lo que perdíamos con precios. Después quisimos inventar nuevos motores de crecimiento y nunca más dimos pié con bola.

Este proceso se puede profundizar en los siguientes análisis de Lampadia:

– Otra vez La Parada (esta vez en la inversión)

– “¡Es el Estado, …estimado!”

– El país resbala después de muchos años

– El 2014 terminó nuestro ciclo virtuoso de desarrollo – ahora necesitamos
acumen y una agenda de desarrollo efectiva

– Des (Grecia) y reflexiones para el Perú

– La economía peruana en perspectiva

– Visión de Futuro antes que un Acuerdo Nacional

Todo lo expresado demuestra que hasta antes del gobierno de Humala tuvimos un modelo muy exitoso en lo económico y lo social y, que nunca se quiso abordar las reformas institucionales. Mal se puede ahora, culpar al modelo económico por nuestras carencias. Sería muy torpe, ahora,   dejar de hacer lo sí hicimos bien. Lampadia

Es indudable que la percepción de riesgo sobre la economía peruana ha venido cayendo a lo largo de los años. Instituciones internacionales de prestigio han destacado en múltiples ocasiones, incluso con más confianza que los propios peruanos, la solidez de nuestra deuda (ver: Midiendo la solidez de la deuda del Estado Peruano). En Lampadia, ya hemos reseñado en diversos artículos cómo el buen manejo macroeconómico, la acumulación de reservas, la favorable posición financiera externa y la salud de nuestro sistema financiero han reducido la vulnerabilidad de nuestra economía (ver: Deuda peruana es la menos vulnerable). Hasta ahora, lo que ha primado para avanzar en la calificación ha sido la seguridad sobre nuestra capacidad de servir la deuda.  Sin embargo, nuestra calificación se encuentra en el rango B, mientras que Chile y México tienen calificaciones en el rango A. ¿Qué necesita el Perú para dar ese importante salto en su apreciación de riesgo externo? 

En una reciente entrevista publicada en Gestión, Jaime Reusche, vicepresidente y analista senior de Moody’s Investor Service explica por qué Chile tiene una calificación Aa3, cinco escalones más altos que el Baa2 del Perú. El especialista señala que las diferencias son cualitativas y están asociadas a la calidad institucional, al nivel educativo de la población, al nivel de confianza en el Poder Judicial, un aceptable nivel de gobernabilidad y tener un consenso social básico sobre la estabilidad del modelo. Estos son aspectos en los que el Perú viene fallando sistemáticamente y en los que Chile ya ha avanzado.

Reusche señala además que no solo se trata de atender los temas relacionados a la competitividad. “Por ejemplo, está el hecho de que no hay tanta cohesión social. Siempre existen trabas a estas mejoras [reformas estructurales] en los distintos poderes del gobierno; o todavía no hay consenso en lo que se quiere hacer para incentivar a la inversión”. Esta batalla ya la ganaron México y Chile (los únicos países Latinoamericanos con calificación A). En el caso mexicano, el especialista remarca que hace un mes elevaron la calificación crediticia hasta el nivel A3, debido a las fuertes reformas estructurales que emprendió Peña Nieto, lo cual fue tomado por Moody’s como un cambio determinante del país frente a sus debilidades estructurales.

Debido a nuestra sólida posición fiscal, las perspectivas de crecimiento, y la buena trayectoria de los indicadores de deuda, en la próxima evaluación crediticia, el Perú debería mantener la actual calificación o mejorar un peldaño, pasando a Baa1. En cualquier caso, Reusche enfatiza que aún estaríamos lejos de llegar a la categoría A.

Nuestra Agenda Pendiente va más allá de los temas económicos. Comprende, fundamentalmente, la necesidad de mejorar la educación, nuestras instituciones (Sistema Judicial, Policía, Sistema de Partidos Políticos, etc.) y, cerrar las brechas en infraestructuras. Todo esto, sin descuidar el clima de inversión, que, cómo hemos visto viene deteriorándose continuamente (ver: Otra vez La Parada, esta vez en la inversión). Esta agenda no solo debe establecer los fundamentos para un desarrollo durable, sino que también debe atacar los obstáculos que Moody’s ha identificado para que el Perú alcance la categoría A. El gran reto es: i) impulsar esta agenda, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado; ii) acercarnos a un consenso social sobre el diseño y dirección del modelo de desarrollo; iii) lograr la cohesión de los distintos poderes del Estado y su articulación con los gobiernos sub nacionales.