A diferencia de otros países que supieron fijar prioridades y cautelar sus intereses, luego de las revelaciones de corrupción de Odebrecht en el Perú, nuestro gobierno (PPK), hizo todo mal, a pesar de que, un mes antes del DU 003, se le recomendó cómo proceder y evitar riesgos.

Ya que la orientación del DU 003, ‘empoderaba’ al ministerio de Justicia, y tanto PPK como el primer ministro Zavala no dominaban el tema, tenemos que asumir que el decreto fue inspirado por quién entonces estaba a cargo de la cartera, Marisol Pérez, una ministra con agenda propia, que no supo servir los intereses nacionales.

El diseño del DU 003 fue fatal, paralizó obras esenciales, destruyó empleo y quebró empresas, dejando al país sin capacidad de enfrentar la reconstrucción de los impactos causados por el ‘niño costero’, ni de relanzar las inversiones esenciales para recuperar el crecimiento económico.

Peor aún, tuvimos muchas oportunidades para enmendar los errores, pero tanto el gobierno como la oposición de FP se mantuvieron en un juego político suicida. El gobierno de PPK no atinaba a nada, y en FP estaban obnubilados con el deseo de castigar al supuesto monstruo de José Graña MQ y su aludido manejo del (por su lado) absurdo anti-fujimorismo de El Comercio.

Finalmente, a la hora undécima, el MEF logró articular, la Ley 30737, que se conversó con tirios y troyanos, y a la cual no se plantearon mayores objeciones por parte de varios agentes económicos vinculados al problema de la parálisis generada por el DU 003, porque la nueva ley, con todos sus defectos, era mejor que el DU 003 y que el eventual vacío del vencimiento del DU, sin el imperio de una nueva norma.

Pero, como ‘el diablo está en los detalles’, la nueva ley no se ha podido reglamentar hasta ahora, manteniendo un espacio de incertidumbre que solo agrega más daño a todo lo acumulado hasta hoy.

A estas alturas, es mejor ir adelante con el reglamento, pero organizando un grupo de trabajo que incluya al Ejecutivo, Congreso, un par de gobiernos regionales, consultores y constructores, para, en paralelo, ir diseñando un nuevo mecanismo que recoja las observaciones planteadas y se oriente a conjugar los resultados de la norma en función de un arreglo sensato de prioridades.

Anoche el gabinete habría aprobado el reglamento de la ley. Veremos si recoge algunas propuestas de cambio. Mientras tanto, veamos nuestras observaciones:

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 30737

I. SU ORIENTACIÓN

La Ley 30737 parte de una base errónea, pues prioriza fundamentalmente mecanismos que tratan de asegurar el pago inmediato de las reparaciones civiles a favor del Estado, fijando un 10% del presupuesto de todas las obras públicas manejadas por las empresas sometidas a casos de investigación.

No recoge la importancia para el país, trabajadores, proveedores, de la economía en general, de la necesidad de que las obras públicas paralizadas por los efectos del DU 003, se reanuden y que las distintas entidades del Estado puedan llevar adelante nuevas obras.

Se mantienen bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, múltiples instancias de gestión vinculadas a los fideicomisos, algo para lo cual no está capacitado y será, sin lugar a dudas, una traba infranqueable para el manejo de las obra y proyectos.

Los otros objetivos declarados en la norma son puramente declarativos, pues el primer objetivo de la norma se opone a su consecución: no incentiva la colaboración eficaz, no evita la paralización de las obras públicas ni las de las asociaciones público privadas, y no evita la ruptura de la cadena de pagos.

II. ¿POR QUÉ NO FUNCIONARÁ EL REGLAMENTO?

• No se prioriza la obra pública y se queda únicamente en cálculos económicos de la reparación civil sin tomar en cuenta la realidad de las obras paralizadas, ni de los proveedores y trabajadores impagos de construcción civil.
• El monto a colocar en un fideicomiso del 10% del presupuesto de reparación civil es casi siempre superior a la utilidad de las obras contratadas investigadas. Es decir, el pago de la reparación es muy alto respecto del patrimonio, lo cual solo conduce a la quiebra de la empresa. Este monto no debería ser superior al 20% del patrimonio.
• Las empresas al incurrir en montos que exceden el patrimonio no son sujetas a crédito por carta fianza y crean problemas de caja que concluyen en la ruptura de la cadena de pagos y el abandono de las obras. Tengamos presente que si las obligaciones son 2/3 de su patrimonio son declaradas en quiebra formal ante el INDECOPI.
• Las empresas estarían propensas a pérdidas con efectos en el empleo y puestos de trabajo. No olvidemos en las reuniones de las comisiones de Economía y de Justicia que antecedieron a la aprobación de la Ley 30737 se pudo conocer de propia voz del sindicato de trabajadores obreros de construcción civil una pérdida de 100 mil puestos de trabajo debido a la paralización de obras y 60,000 trabajadores impagos, así como de la Asociación de Proveedores de Odebrecht que señaló que a esa fecha ya habían quebrado 169 empresas peruanas que habían dado servicio a la contratista brasileña.
• No se puede cumplir los objetivos de la norma por exagerar la reparación civil. Por esta razón, sigue creciendo el círculo vicioso de la incertidumbre ante los actores económicos, quienes no podrían definir el riesgo de una organización pues sería irrelevante saber si ejecutó un proyecto cuestionado o no, y tiraría por los suelos la posibilidad de recuperar la confianza de los decisores económicos para el sector construcción.

III. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE FUNCIONE?

Se necesita un régimen simple aplicable a las empresas investigadas que permita asegurar la separación de activos y los recursos a un fideicomiso que garanticen al Estado la reparación civil en caso resulten culpables, pero a su vez debe evitar que esas mismas empresas terminen estranguladas por la ley y quiebren. Porque una empresa quebrada no paga reparación civil, ni proveedores ni trabajadores, y mucho menos concluye los proyectos de infraestructura a su cargo.

El proyecto de reglamento debe incluir:

• El incentivo a la colaboración eficaz
• La estrategia para evitar la paralización de las obras
• El blindaje de la cadena de pagos

Las empresas investigadas deben sobrevivir, concluir sus proyectos, pagar sus deudas y destinar todo recurso que no se use para pagar la reparación civil. Solo así se logrará la meta integral de la ley. No al revés.

Con ese objetivo propusimos en Lampadia, en enero de 2017, la figura del interventor, recogida a medias en la ley, sin darle el peso adecuado como veedor, el interventor tendría que auditar la contabilidad de cada empresa y/o proyecto, y verificar el buen uso de los recursos. Que una empresa que está siendo investigada no pueda usar ni un centavo para repartir dividendos o utilidades. Que ningún accionista pueda recuperar los préstamos hechos. Y que año a año esos recursos remanentes sean destinados al fideicomiso que garantiza el pago de la reparación civil. Y no por 5 años como indica el reglamento, sino por todos los años que se requiera, hasta llegar a completar el 100% de la reparación civil calculada.

Solo así se logrará recuperar la confianza del sistema financiero, que hoy se encuentran a espaldas al sector construcción.

Ver en Lampadia:

A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

DU 003, fiducias, confusiones e irresponsabilidades

Del 003 a la Ley Frankenstein

Lampadia

Francia está en búsqueda de una serie de reformas laborales. La ley apodada ‘Loi El- Khomri’, tras el nombre de la ministra del Trabajo, es un intento de hacer frente a un problema estructural con el desempleo y el ridículamente anticuado e inflexible mercado laboral que domina el país, y está contribuyendo a su incapacidad para promover el crecimiento económico mantener a raya la inflación. Desafortunadamente, el gobierno no ha logrado gran avance y en las últimas semanas ha habido muchas huelgas. Cerca de medio millón de personas acudieron a las manifestaciones en toda Francia, según cifras estimadas por varios sindicatos. La CGT afirmó que sólo en París se concentraron 100,000 personas.

Esta revolución que ha planteado el gobierno socialista nos debería hacer reaccionar sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores. (Ver en Lampadia: El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’ y Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad). Nuestras regulaciones laborales y sus impactos en el mercado de trabajo son muy similares a las de Francia, quienes ahora consideran indispensable emprender una profunda reforma flexibilizadora.

Así como seguimos a Francia cuando levantamos los muros que desincentivaron la creación de empleo, nos toca ahora, acompañarlos en una reforma efectiva que corrija nuestra rigidez laboral, una de las más extremas del mundo. (Ver en Lampadia: Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses). No sigamos promoviendo los malos ejemplos de los opositores a la reforma francesa, liderada por los jóvenes que no tienen empleo, tal como sucedió el año pasado en el Perú con la llamada Ley Pulpín, lo que determinó que los jóvenes se quedaran sin ninguna protección laboral en el mundo de la informalidad.

Existen muchas razones por las que se considera necesaria la reforma. En los últimos años, Francia, con la excepción de España, ha quedado sistemáticamente detrás de sus pares de la zona euro en términos de creación de empleo y tasa de desempleo en Francia, que actualmente es de 10.2%. El mercado laboral está afectando la competitividad y el bienestar de la población.

Revisando un poco de historia, Francia ya ha venido sufriendo este problema desde hace mucho. En 1992 Francois Mitterrand pronunció la célebre frase: “en la lucha contra el desempleo, lo hemos intentado todo”, que resumía el desconcierto de los poderes públicos ante el desarrollo aparentemente ineludible del desempleo masivo a lo largo de los últimos cuarenta años.

Desde entonces, la clase política francesa, ya sea de derecha o izquierda, ha intentado hacer frente al problema número uno del país. Empleos subvencionados, la reducción de tiempo de trabajo, la reducción de impuestos para los empleadores, despidos más fáciles: ninguna de estas medidas ha tenido un impacto sustancial. Más preocupante aún, el desempleo a largo plazo en los jóvenes es particularmente alto, y el problema del mercado laboral es real: el 87 % de las contrataciones son los contratos temporales (al 2015) y, desde el año 2000, su número se ha disparado, mientras que las de los contratos indefinidos se han estancado.

Como afirma un informe de la HSBC: “En nuestra opinión, la falta de reformas en el mercado laboral explican el bajo rendimiento de la economía. El problema más obvio es el alto nivel de los costes laborales, que pueden subdividirse a los siguientes factores.” Esos factores son los altos niveles de impuestos, una falta de incentivo para trabajar y el débil crecimiento salarial.

Como muestra el gráfico inferior, una de las grandes razones por las que el mercado laboral de Francia está fracasando es que, en pocas palabras, muchas personas sin empleo no tienen un incentivo real para trabajar en un trabajo mal pagado. Las cargas fiscales sobre los trabajadores franceses son las más altas de cualquier país de la OCDE.

Además, los salarios en Francia no responden a los cambios en el desempleo y se crea un mercado de trabajo donde los costos son simplemente demasiado altos. Sobre esto, la HSBC afirma que: “El alto costo de la mano de obra está obstaculizando considerablemente la competitividad de la economía francesa. De hecho, a diferencia de varios otros países, Francia no ha frenado significativamente el crecimiento de sus costes laborales unitarios desde el año 2008, lo que ha llevado a una pérdida de competitividad en comparación con muchos de sus principales competidores comerciales.”​

El principal objetivo de la reforma planteada por el gobierno socialista francés para salir de la trampa del desempleo, es dar más espacio para la negociación a nivel de empresa con respecto al tiempo de trabajo e indemnización con el fin de facilitar la adaptación a los nuevos entornos de mercado. La legislación del trabajo y los estándares establecidos a nivel sectorial serían menos importantes. En otras palabras, el proyecto de ley sería un gran avance en la flexibilidad interna de la empresa, en lugar de modificar los parámetros principales de la legislación laboral francesa.

Específicamente, las empresas tendrían la posibilidad de implementar una menor tasa de pago en las horas extras. Hoy en día, las horas extraordinarias tienen un sueldo 25 % mayor por las primeras 8 horas (a la semana) y 50 % más si es por más tiempo. 

El otro aspecto importante de la reforma es facilitar el despido. Hoy en día, los empleados con contrato permanente sólo pueden ser despedidos por razones económicas en caso de quiebra (riesgo) o cambio tecnológico. La ley de El-Khomri ampliaría el alcance de los “despidos económicos frente a cualquier caso de dificultades económicas” probadas (como una disminución sostenida de órdenes de compra o un deterioro del balance general). Por otra parte, una compensación económica por despidos injustos ” sería más estrictamente regulada”.

En un esfuerzo para equilibrar las cosas, se ha añadido una extensión de la “Garantía Juvenil” de 50,000 a 200,000 jóvenes en 2017. La garantía ofrece una red de seguridad financiera y asesoramiento especializado a cualquier persona joven (menor de 26 años) que no esté empleada en formación.

Está comprobado que la sobreregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente que Francia, y el pueblo francés, tomen decisiones drásticas al respecto y realicen las reformas que el país tanto necesita. Lampadia

Ver más artículos de Lampadia al respecto:

Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses

Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad

Comentario de Lampadia

Excelente análisis de Joaquín Estefanía sobre el manejo de la crisis financiera del 2008 en EEEUU y Europa. Como explica Estefanía, EEUU fue consistente en la aplicación de políticas de soporte financiero a las entidades, financieras y no financieras, invirtiendo importantes recursos fiscales. Estos no solo han sido ya recuperados, inclusive han generado utilidades al tesoro norteamericano, han logrado una mejor salud del sistema financiero, mejores balances del sector privado en su conjunto y una sustancial reducción del desempleo, a niveles de, prácticamente, full empleo.

En cambio, Europa, con sus dificultades políticas de la unión no muy uniforme de varios países, con situaciones fiscales divergentes y las típicas dudas cartesianas de los europeos, nunca se avino a establecer y mantener un programa de apoyo financiero y productivo. Como consecuencia de esto, Europa se debate aún cerca de la recesión, agravada por el riesgo de la deflación, con altísimos niveles de desempleo y altas cargas fiscales.

Estefanía plantea que esta situación es una prueba palpable de la eficacia de una versus otra política monetaria y fiscal.

Los frutos de la adversidad

Por Joaquín Estefanía

(El País, 12 de Enero de 2015)

El permanente debate de política económica, que ha durado toda la Gran Recesión, entre los partidarios de ajustar las economías primero para que luego creciesen (los ortodoxos), y los que defendían que era imprescindible crecer antes para ajustar después (los pragmáticos), ya tiene un vencedor claro: EE UU, el representante más genuino de la segunda opción. Sus datos macroeconómicos (el crecimiento y, sobre todo, la creación de puestos de trabajo) avalan esa victoria con gran holgura.

Este debate no fue tal en los momentos más duros. Después de la quiebra de Lehman Brothers y de la implosión del sistema financiero en otoño de 2008, los líderes de los países más ricos del mundo (G-20) se reunieron en Washington (noviembre de 2008), Londres (abril 2009) y Pittsburg (septiembre de 2009) y convinieron que la única forma de evitar el pánico bancario y estimular una economía mundial mortecina era fomentar los rescates a las entidades en dificultades e inyectar dinero público en el sistema para crear empleo y para que la coyuntura no llegase a parecerse a la de la Gran Depresión de los años treinta (la forma en la que se entendió eso en España fue el epidérmico Plan E de Zapatero). A partir de junio de 2010 (cumbre de Toronto), las sensibilidades se modificaron: mientras una parte del mundo liderada por EE UU continuó con una política monetaria laxa y medidas de estímulo para que su economía continuase creciendo y detuviese el sufrimiento de un paro masivo, otra parte – Europa- cambió radicalmente su visión de las cosas, implantó el dogma de las políticas de austeridad autoritaria y del equilibrio presupuestario frente a cualquier otra prioridad.

El resultado de ambas opciones se ha hecho visible ahora. Los EE UU de Obama, que crecieron a un ritmo del 5% de su PIB en el tercer trimestre del año, ya ha recuperado todos los puestos de trabajo perdidos durante la crisis y terminaron el curso con una creación de empleo de casi tres millones de personas, lo que sitúa su tasa total de paro en el 5,6%, a punto de llegar al pleno empleo. Por el contrario, la Europa del euro, la de la señora Merkel, dobla la tasa de desempleo estadounidense (11,5%) en una coyuntura de estancamiento económico y deflación de sus precios. Esta media es, como casi todas, engañosa: mientras Alemania tiene un paro del 6,5%, el menor desde la unificación del país a principios de los años noventa, la Europa del Sur (Grecia, España y Portugal) se encuentra en porcentajes insufribles (25,7%, 23,9% y 13,4%, respectivamente). No es de extrañar que cuando le preguntaron a Matteo Renzi, primer ministro italiano, por las reformas españolas, respondiese: atrás, Satanás, “nuestro modelo es Alemania, no España”.

Mientras que aquí todavía se espera, inquietos por las presiones alemanas en contra, que el Banco Central Europeo anuncie en su reunión de dentro de 10 días el inicio de la expansión cuantitativa (la compra masiva y directa de bonos públicos de los países europeos con más dificultades), EE UU ya la abandonó el pasado mes de octubre después de 37 meses aplicándola, mientras mantiene el precio del dinero (tipos de interés) próximos a cero.

Una y otra parte del planeta tienen que observar con atención los riesgos geopolíticos existentes, que pueden limitar el comportamiento de sus economías: el precio y la especulación sobre el petróleo, el deterioro de los mercados de materias primas, el resultado de las elecciones griegas, y el frenazo de los países emergentes. Y dentro de estos últimos, la situación de Rusia. George Soros advertía hace unos días que Rusia es la mayor amenaza para la evolución económica del mundo ya que el colapso de los precios del petróleo se une al efecto de las sanciones económicas impuestas por la anexión de Crimea, por lo que “no sería sorprendente” el impago de la deuda rusa.

Un aspecto unifica los mercados laborales estadounidense y europeo: la baja calidad del empleo creado (temporal, parcial, sin garantías,…) y la devaluación salarial, principal causante, junto con el paro, del incremento exponencial de la desigualdad en esta época. La Gran Recesión se recordará por la distribución de la renta y la riqueza en sentido contrario al progreso. 

En las economías de mercado que funcionan, las empresas toman inversiones arriesgadas. Cuando salen bien, se quedan con los beneficios. Y cuando salen mal, se tragan las pérdidas. Si las pérdidas son muy grandes, van a la quiebra y cierran las puertas. Así es como el capitalismo elimina las malas ideas del sistema y se queda con las buenas. De hecho, este es uno de los mecanismos que aseguran que el sistema capitalista es superior a todos los otros sistemas económicos que han existido hasta ahora.

En algunos países, muchas empresas viven del favor del estado, de la regulación del BOE, de la influencia política, de la protección de los amigos del sector público. Esto viene a colación porque el pasado viernes, en España, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el Estado pagará unos 1.350 millones a una empresa privada que intentó construir un almacén de gas que acabó saliendo mal (un almacén bautizado como proyecto Castor que generó terremotos en las costas de Alcanar y Vinaròs). En vez de perder el dinero invertido y enfrentarse a la quiebra, que es lo que dictarían las reglas del mercado libre, el Estado compensará las pérdidas a esta empresa. Y no lo hará con dinero que la señora Soraya y sus colegas pondrán de su propio bolsillo. Lo hará con los impuestos que el Estado expropiará a los contribuyentes durante los próximos 30 años. ¡Sí! Lo habéis leído bien: ¡30 años!

Esta es una demostración más de que la española no es una economía de mercado sino que más bien es lo que César Molinas bautizó como “capitalismo castizo”: un capitalismo en que algunas empresas utilizan el poder del Estado para robar el dinero del contribuyente en beneficio propio. Un capitalismo en que, en lugar de ir a la quiebra y dejar lugar a quien pueda hacer las cosas mejor, algunas empresas consiguen sobrevivir y enriquecerse gracias al favor político.

Molinas asegura que muchas de estas relaciones se forjan en el Palco del Santiago Bernabéu. ¿El Palco del Santiago Bernabéu, dice usted? ¡Caramba! ¡Qué casualidad! Resulta que la empresa rescatada ayer por el Estado y que recibirá 1.350 millones de euros es una empresa que se llama Escal UGS y está participada en un 66,7% para ACS. ¿Y quién es el propietario de ACS? Pues (sorpresa, sorpresa) don Florentino Pérez, amo y señor del Real Madrid. ¡Miren qué casualidad! ¡Al final resultará cierta la sospecha de Molinas y que el Palco del Bernabéu es el epicentro del capitalismo castico español!

El espectáculo ministerial del pasado viernes es una nueva demostración que el sistema económico español no tiene nada que ver con un modelo económico liberal de mercado sino más bien con un sistema en el cual unos cuantos listillos consiguen, a través de relaciones incestuosas con el poder político, parasitar las rentas de los ciudadanos.