El 19 de enero pasado publicamos nuestro Editorial sobre la crisis desatada por la corrupción política y empresarial de Lula y sus empresas constructoras en el Perú: ‘Decisión y firmeza en el combate de la corrupción – A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)’. Dijimos:

Esto configura una situación muy difícil de manejar. Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.

En nuestra opinión, en vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.

Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias. ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales, pero evitando también que todas las acciones de las empresas estén dirigidas a cautelar el mejor interés nacional, y no a salvaguardar los intereses de los corruptos.

De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad.

Parece que nuestra propuesta de intervenir las empresas involucradas en el escándalo no ha sido entendida por el gobierno. Veamos:

· Hay una confesión de parte de Odebrecht en una corte de justicia de EEUU, en la que reconoce el uso de coimas en proyectos específicos

· Esta declaración de culpa y de malos manejos en el Perú ha sido confirmada en los procesos judiciales llevados a cabo en Brasil

· Ya no hay que confirmar si hubo delito o no. Estos han sido declarados por Odebrecht.

· En todos los procesos, Odebrecht ha aceptado otorgar compensaciones económicas por los daños causados.

· Mientras se determinan todos los detalles de los delitos y se establecen las compensaciones, multas y cargos de toda naturaleza, es menester cuidar las fuentes de los recursos que deberá recibir el Estado y no enterarnos, como hoy, que Odebrecht envió maquinaria a Brasil.

· Las fuentes de recursos a cautelar son los activos físicos y los recursos financieros de las empresas y los proyectos operados por Odebrecht.

· ¿Cómo se cautelan recursos en una situación así?
– ¿Haciendo embargos preventivos que pueden destruir la fuente de recursos?
– ¿Cerrando las empresas y paralizando los proyectos?

· ¡NO!

· La mejor manera de cautelar los intereses del Perú es tener la capacidad de controlar los activos y recursos financieros vinculados al tema.

· Para ello, si además se requiere cuidar la continuidad de las operaciones y proyectos mientras se vayan desarrollando las acciones finales, y dar tiempo al poder judicial para separar la paja del trigo y encausar a los verdaderos responsables, lo mejor es intervenir las empresas y proyectos.

· Esto significa, poner un interventor en cada empresa y proyecto de Odebrecht, con poderes especiales para cautelar los intereses del país.

· Dada la autoincriminación de Odebrecht, se debe poder articular los sustentos jurídicos para hacerlo o, incluso, negociar la presencia de interventores con el propio Odebrecht, puesto que la figura es mejor que embargos o paralizaciones descontroladas.

· Esta medida permitiría mostrar una acción decidida y sólida a la ciudadanía por parte del gobierno para enfrentar esta tremenda crisis.

Hoy coexisten en el Perú múltiples crisis. La inversión privada sigue cayendo. La economía, más allá de las colas del aporte minero, y la demanda interna, dejan mucho que desear. La conflictividad (política) social está atrapando al actual gobierno, como lo hizo con los anteriores. La corrupción de Lula y sus empresas en la política y la economía peruana ha creado una crisis de credibilidad en todas las esferas del país. La popularidad del gobierno está en picada y la economía global se debilitará por acción del ominoso Trump.

Hay que decirles a los vicepresidentes de PPK que se dejen de jugar a la pequeña política, a sus parlamentarios que sean más responsables, y al propio PPK, que estamos jugando con fuego en medio de una situación explosiva. Les toca a ellos romper la inercia de la confrontación. Hoy se requiere de la unión y sentido de propósito de todos los peruanos de buena voluntad. Esperemos que así sea. Lampadia

Como veremos líneas abajo en el informe de Macquarie Research, Chile que depende en gran medida del cobre, ha perdido los últimos diez años de crecimiento y probablemente también la próxima década. Un caso que debe llamarnos a reflexión, pues Chile pocas veces pierde sus oportunidades y toda la sociedad tiene muy claro, la importancia del cobre. El gobierno lo promociona hasta en las garitas de migraciones e inclusive Salvador Allende lo tenía claro cuando afirmó: “El cobre es el sueldo de Chile”.

Como vemos en el siguiente gráfico del mismo informe, mientras Chile se estancó, el Perú y otros pocos países lograron mantener el crecimiento. En el caso del Perú, durante la última década crecimos en promedio, un magnífico 8.1% por año.

El cobre peruano es uno de los más competitivos del mundo, como afirmó el Presidente PPK en el último CADE: “el cash-cost del cobre en el Perú es de US$ 1.25”. Pero lamentablemente, estamos haciendo todo lo necesario para perder el desarrollo futuro del cobre y de toda la minería, además del ‘pet-project’ del Presidente de la República, ‘los siete millones de turistas para el 2021’.

A estas alturas del gobierno, tenemos unas seis minas gravemente afectadas por los llamados conflictos sociales, que más bien son, en gran medida, conflictos políticos. Así mismo, desde inicios del gobierno, se ha paralizado el acceso a Machupicchu en más de seis ocasiones.

El crecimiento de corto plazo de la economía es menor, algo agravado por el enfriamiento dispuesto por el MEF, que da una señal de contracción al sector privado. Entre enero y setiembre del 2016, la demanda interna ha crecido solo 1.1%. Si no se supera la conflictividad social-política pronto, tampoco tendremos recursos para impulsar el crecimiento en el mediano y largo plazo.

Increíblemente, en los casos más representativos de esta realidad, el de Las Bambas y Machupicchu, las intervenciones del Primer Vice-Presidente han sido fatales. En el caso de Las Bambas fue primero concesivo, luego afirmó que el problema no era el polvo, sino que todos los días les pasaran la riqueza por sus caras. Se permitió la impunidad con todo tipo de delitos y finalmente tuvo que reconocer que habían agentes políticos que azuzaban a la población para exigir 600 millones de soles en vez de los 17 ofrecidos por el gobierno para afirmar los derechos sobre el terreno de la carretera. En el caso de Machupicchu dijo que los reclamos de los violentistas eran entendibles, cuando más bien se trataba de una mafia que controla monopolísticamente el acceso en bus a la ciudadela.

Sorprendentemente, en el Perú se sigue insistiendo en el fin del ciclo que permite el aprovechamiento de los commodities para generar crecimiento y recursos fiscales. Como ha dicho el Presidente PPK, eso es falso, seguimos siendo muy competitivos. La demanda por nuestros productos se mantiene y en pocos años, se volverán a dinamizar los precios. Ver el siguiente gráfico:

Es urgente que el gobierno desarrolle una estrategia efectiva para enfrentar la conflictividad social-política, que tiene que empezar por explicar a todos los ciudadanos la situación que nos afecta, nuestras potencialidades y capacidades para salir adelante con un crecimiento inclusivo que genere empleo de calidad y reduzca la pobreza y la desigualdad. Lampadia

La década perdida de cobre en Chile

Macquarie Research/Macquarie
14 de diciembre, 2016 
Traducido y glosado por Lampadia

En los últimos diez años se han producido cambios significativos en los mercados mundiales de materias primas, con la crisis financiera mundial, el aumento de la demanda china y el auge y caída de las inversiones en maquinaria y equipo (capex). Pero hay un elemento clave que se ha permanecido notablemente constante: la producción chilena de cobre. Cuando todos están creciendo, esto no es algo bueno. De hecho, con la producción de cobre minado de 2016 cayendo un 4.7%, será casi exactamente igual a la producción de 5.5 millones de toneladas en 2004, lo que sería una pérdida de 12 años no una década perdida. Para dar un poco de contexto, la producción mensual más alta de cobre de Chile fue de 6.47 millones de toneladas en diciembre de 2005, mientras que los datos recientes de Cochilco muestran que en octubre de 2016 había sido de sólo 5.2 millones de toneladas métricas anuales.

Al ser el país productor de cobre más grande del mundo, lo que sucede en Chile es importante para el mercado mundial del cobre. Esperamos un crecimiento acumulado de 8.5% en los próximos tres años, equivalente al 21% del crecimiento mundial durante ese período. Este crecimiento es crucial para mantener el concentrado de cobre bien suministrado y proviene, mayormente, de la mina más grande del mundo, Escondida. Sin embargo, a medida que las grandes minas continúan agotándose y los planes de Codelco siguen siendo rechazados, la producción de 2021 parece estar por debajo de la media observada en los últimos cinco años. Por lo tanto, podríamos terminar con una segunda década perdida a mediados de los 2020s.

La continua lucha por el crecimiento del output

La sorprendente debilidad de la producción chilena ha sido común en los últimos años. Aun así, la publicación de la data de octubre de 2016 por la comisión estatal chilena de cobre Cochilco fue notable. La producción de 5.22 millones de toneladas fue la más débil este año, un 11% menos que el mismo mes en 2015. De hecho, fue el octubre más débil en más de una década, con caídas significativas en Spence, Ministro Minas Hales y Escondida. Esta última, siendo la mina de cobre más grande del mundo, es particularmente significativa, tras un proceso de recuperación después de una caída en el tercer trimestre. Con sólo 58.2kt para Escondida, octubre fue la producción más baja desde agosto de 2011 y obtuvo menos de la mitad de las tasas de ejecución observadas a principios de 2015. Esto también ayuda a explicar el reciente endurecimiento del mercado de concentrados de cobre.

Con los débiles datos de octubre, la disminución de la producción en el primer semestre parece estar asegurada para 2016. Prevemos una caída de 4.7% interanual a 5.5 millones de toneladas, muy por debajo del máximo de 5.84 millones de toneladas de 2013 y casi exactamente igual a la producción real de 2004 y la producción media desde entonces. Esto pone de relieve los desafíos que la producción chilena de cobre ha tenido en términos de crecimiento, un factor que es fundamental para muchas de las cuestiones de suministro que el cobre tiene y sigue enfrentando.

Esta producción estancada ha cubierto aproximadamente todo el período de auge de China en términos de demanda. Por lo tanto, sin el crecimiento de los países pares, el cobre habría tenido una importante problema de suministro. Mientras que la producción chilena ha registrado sólo un 0.1% de TCAC (tasa de crecimiento anual compuesta) desde 2006, Perú ha visto un 8.1%, China 5.5%, EEUU 1.5% y la República Democrática del Congo más del 20% (desde una base baja). Sólo Indonesia, debido a las múltiples cuestiones de Grasberg, ha visto un crecimiento más débil en su producción. Como resultado, la participación de Chile en la producción mundial de cobre ha caído de casi un 40% de su punto máximo en 2004 a menos del 30% actual. Y, según nuestras proyecciones, esto caerá aún más.

Si se analizan las minas individuales, sale a la luz la raíz de este problema. No es que no se hayan desarrollado nuevas minas; de hecho, se han realizado siete nuevas operaciones de 75kt + en los últimos diez años (MMH, Centinela, Spence SXEW, Caserones, Gaby SXEW, Sierra Gorda y Andacollo). Sin embargo, el desempeño en las minas existentes ha sido pobre. El siguiente gráfico muestra el cambio en la producción de las nueve operaciones principales entre 2006 y el pronóstico del 2016. Las dos minas más grandes – Escondida y Chuquicamata – cayeron en un total de 540kt, mientras que de las otras sólo Collahuasi y Los Pelambres crecieron.

Esto, quizás, se considera mejor al observar a Codelco, la mayor minera de cobre del mundo. Ellos saben desde hace muchos años que las minas existentes tendrán una tendencia hacia la baja y que se necesitan nuevos proyectos, razón que explica la pesada inversión de capital planeada en el período posterior a la crisis financiera global. Estos proyectos no son para impulsar el crecimiento neto – como muestra la siguiente figura, MMH no ha logrado más que mantener estable la producción, incluso con Chuquicamata e incluso suponiendo que ocurra la expansión de Andina a finales de esta década (que parece cada vez más improbable), ya no puede compensar la disminución en las operaciones existentes. De hecho, si estos nuevos proyectos fueran retrasados, Codelco tendría una producción más cercana a 1mt que a 2mt para fines de la década.

Con la producción plana durante la última década, los volúmenes de exportación naturalmente también han sido relativamente planos. Ha habido un cambio continuo en la mezcla: la proporción de exportaciones refinadas ha disminuido mientras que el cobre en concentrado ha crecido. Los volúmenes absolutos de refinado han crecido en los últimos dos años, y todo el incremento va a China. Por el contrario, las exportaciones refinadas que van a Europa son ahora sólo el 35% de lo que eran en 2008.

Parece que el cobre dirigido a las exportaciones de concentrados caerá en ~ 4% año a año en 2016 dado los problemas de Escondida. Sin embargo, los volúmenes de peso bruto, de acuerdo con los datos de aduanas, son de hasta ~ 3%. Esto señala una tendencia en curso: la caída del contenido de cobre en los concentrados en Chile. Como se observa en el gráfico 8, los envíos de peso bruto se han incrementado en ~ 60% desde 2011, de nuevo todo el crecimiento va a China. Esto se compara con sólo una ganancia del 50% en cobre contenido en el mismo período.

¿Y ahora qué pasa con la producción chilena? En nuestro modelo actual, tenemos un crecimiento que sucederá cada uno de los próximos tres años (pre-interrupción). Si se logra, esto llevaría a la producción chilena a apenas 6 millones de toneladas para 2019, y representaría el 21% del crecimiento global de volumen durante este período – una cantidad que no es insignificante.

¿De dónde viene este crecimiento? Mucho viene de la normalización de la producción de Escondida después de las faltas vistas este año. Esperamos más de 300kt de cobre contenido de la planta en los próximos años – de lejos el delta más grande. No se puede subestimar la importancia de Escondida en el mercado global del cobre en los próximos años.

El crecimiento del concentrado es importante, dado que la producción de SXEW en Chile está ahora en declive terminal, habiendo caído de 2.1 millones de toneladas en 2009 a 2 millones de toneladas en 2012, 1.6 millones de toneladas este año y 1.3 millones de toneladas para 2021. Esto no es inesperado (escribimos al respecto en 2013), pero con las depleciones en Escondida y Radomiro Tomic y la eliminación de más de 100kt de la producción, esto es ahora un tema estructural.

El otro importante proyecto de “crecimiento” en Chile es el cambio de la mina subterránea de Chuquicamata. Esto debería resultar en una ganancia neta para el año 2020 (sobre la caída de la mina a cielo abierto), pero no está exenta de riesgos. Como hemos destacado en una reciente nota de ‘caving’ de nuestro equipo de recursos globales, proyectos como Chuquicamata y su compañero, El Teniente (que estaría pasando un proceso de transición de nivel de mina durante la próxima década), se ven bien sobre una base de incentivos, pero los riesgos involucrados en Las operaciones de espeleología son altas.

El impacto neto es que, siempre y cuando la producción de Escondida se recupere del débil nivel actual, es probable que el mercado global del cobre tenga suficiente concentrado en los próximos 2-3 años. Sin embargo, cualquier debilidad o alteración elevada podría eliminar este avance. Más adelante, vemos que la producción chilena nuevamente declina debido a la falta de nuevos proyectos y disminuciones de SXEW (proceso de extracción por solvente y electrolítica), hasta el punto de que estará muy por debajo de los niveles actuales en 2021 y en camino a otra década perdida en términos de crecimiento. Para el período 2019-21, el riesgo clave a observar es la transición en Chuquicamata.  Lampadia

Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro Wiñaq

Para Lampadia

Introducción

Ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac y operada por MMG Limited, de China, “Las Bambas” es el mayor proyecto minero, actualmente, en operación en el Perú, representando una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Tras los retrocesos de los proyectos Tía María y Conga, el futuro de “Las Bambas” representa la más crítica señal respecto a la viabilidad de la gran minería en el Perú en etapa de operación, siendo el sector minero, una de las principales fuerzas detrás de la recuperación del crecimiento económico de los últimos meses.

Como toda gran operación minera, “Las Bambas” se ha dado dentro de un complicado entorno social. La población en la provincia de Cotabambas llega a 46,000 habitantes, eminentemente rurales (81.6%[^1]). A esto se adiciona que el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua,^[2] la tasa de pobreza llega al 88% y a 70% en el caso de la pobreza extrema.^[3] En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en esta provincia, el Frente Amplio obtuvo un 56%, Democracia Directa de Gregorio Santos obtuvo 16% (totalizando, las fuerza anti-mineras un 72%), y Fuerza Popular 17%.

Es de esperar que los profundos cambios económicos y sociales desencadenados por una inversión de esta magnitud en semejante entorno esté a asociada a fuertes dinámicas sociales. Estas dinámicas llegaron a un nivel dramático en setiembre del año 2015 cuando se dio un conflicto social en el que lamentablemente, se produjeron enfrentamientos que generaron un saldo de 6 fallecidos[⁴] y la posterior instalación de una Mesa de Diálogo.

Hasta hace poco “Las Bambas” se encontraba amenazada por otro conflicto social. Manifestantes de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca bloquearon uno de los accesos a la mina, aunque la empresa fue capaz de sacar su producción por una vía alterna. Y más aún, la empresa logró llegar a acuerdos con los dirigentes para desbloquear la vía.

Las fuerzas anti-mineras están desplegando líneas de acción que, de ser exitosas, llevarían a que el actual gobierno enfrente su primer conflicto social de gran dimensión, intentan que “Las Bambas” enfrente una conflictividad que implique un permanente riesgo para sus operaciones y que se constituya en un “cerco social” inviabilizando cualquier posible expansión u modificación futura de la operación. Además, estas líneas de acción son un riesgo potencial de seguridad para las personas, para vidas humanas y por último, podrían infringir costos a la Empresa que afecten los niveles de producción y por ende los impuestos que abona al Estado. 

Sin entrar en juicios de valor, en el presente artículo detallaremos algunas de las principales líneas de acción de los anti-mineros hacia las Bambas y describiremos algunas de las implicancias estratégicas de dichas líneas. Por anti-mineros no nos referimos a organizaciones o actores que se encuentren dedicadas en la plenitud de sus esfuerzos a la abolición de la minería, damos este apelativo a aquellos actores que de manera consistente –y con una agenda oculta- porque públicamente dicen una cosa y en privado hacen otra, promueven y financian  actividades que reducen la viabilidad social de la actividad minera formal.

La Nación Yanawara

La población del entorno de “Las Bambas” es masivamente quechua hablante, rural y con un bajo nivel de conectividad con el resto del país. Esto facilita la consolidación de una identidad local alrededor de la idea de la “Nación Yanawara”. Se está impulsando la idea de que las poblaciones en el entorno de “Las Bambas” deben luchar por su reconocimiento como pueblo indígena por parte de las instituciones del Estado.

Si el Estado reconociera a estas poblaciones como pueblos indígenas, esto tendría amplias consecuencias sobre la legitimidad de las Bambas, las resoluciones del Estado y los acuerdos con las comunidades que viabilizaron el proyecto. Aceptar a la población del Área de Influencia como pueblo indígena, permitiría el despliegue de un conjunto de “herramientas de lucha” que facilitaría enormemente el accionar hostil hacia “Las Bambas”.

En primer lugar se podría reclamar que los acuerdos con las comunidades cuyas tierras fueron adquiridas para poder realizar el proyecto no han cumplido con los requisitos de la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas^[5]. Ambos cuerpos jurídicos detallan un conjunto de principios y prácticas en el relacionamiento entre Estado, Empresa y Pueblos Indígenas. Estos principios y prácticas no fueron requeridos al momento en el que la Empresa llegaba a acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, según la legislación aplicable.

Una vez dado el reconocimiento como pueblo indígena a la “Nación Yanawara”, los radicales podrían estar en mucho mejores condiciones para exigir, como ya lo vienen haciendo, la nulidad de TODOS los acuerdos entre la empresa minera y las comunidades. Los mecanismos de presión podrían ser tanto las acciones directas tales como marchas y tomas de carreteras, la incidencia mediática y el Litigio Estratégico.[⁶]

Un momento crítico para esta línea de acción es el próximo censo a ser realizado el año 2017 el cual incluiría una pregunta (¿sembrada?) de auto-identificación como pueblo indígena.  Es de esperar que en aquellas zonas en las que una mayoría se reclame como indígena, se genere una fuerte campaña política para que las mismas se añadan al Registro de Pueblos Indígenas que lleva el Ministerio de Cultura. A esto se agrega la interpretación de los radicales tienen respecto a al significado de “Derecho de Autodeterminación” mencionado en el Acuerdo 169.

Existen fuertes incentivos para que las poblaciones del entorno de los proyectos extractivos se proclamen indígenas, independientemente de cual sea su identidad cultural.  El ser declarado como indígena brinda a las comunidades una posición de mayor fuerza respecto a las empresas y al gobierno central. Facilita iniciar Litigios Estratégicos[⁷], tener acceso a recursos internacionales para las movilizaciones, genera una mayor empatía en la prensa, pone en duda la totalidad de acuerdos previamente negociados, y permite que se pretendan ubicar al margen del marco normativo y jurídico del país.

Hay una confluencia de actores interesados en fomentar la construcción de una fuerte identidad indígena en el entorno de las Bambas. ONGs ecologistas e indigenistas que podrían tener un mejor caso para justificar desembolsos de la cooperación, buscadores de rentas locales y políticos radicales ligadas al nacionalismo indígena^[8] verían facilitado el avance de sus objetivos políticos o “lentejeros”. Esta convergencia por el reconocimiento de la “Nación Yanawara” reúne las características necesarias para ser el mejor propiciador de conflictividad asociada a “Las Bambas”.

La Acumulación del Agravio

Juzgar los impactos ambientales de un proyecto enorme como “Las Bambas” requiere de un conocimiento técnico y de una disponibilidad de tiempo que muy pocos tienen como para revisar expedientes de mil 500 folios. Un Estudio de Impacto Ambiental tiene miles de páginas difíciles de evaluar por quienes no tienen una formación especializada. Por ello, la eventual decisión de una mayoría de personas respecto a la idoneidad de un proyecto extractivo no se da dentro de la esfera técnica. A pesar de que el discurso político menciona los impactos ambientales como elemento central no es ahí en donde se disputa la postura que asumirán los diversos públicos involucrados en un conflicto social.

En buena medida, el público y los líderes de opinión se decantarán por aquellos que tengan una aparente mejor caracterización ética. En simple, apoyarán a los “buenos” frente a los “malos”. Por ello, son tan importantes las denuncias de abusos hacia la población local que los anti-mineros realizan de manera sistemática y que difunden en tiempo real principalmente en las mismas redes sociales, en formato de mensajes mandados a través de las redes sociales, con baja llegada al gran público. Sin embargo, estos mensajes, sí son observados por periodistas y líderes de opinión y podrían afectar la actitud de los mismos hacia los proyectos y operaciones mineras.

El efecto de las denuncias sobre los conflictos emergen cuando la conflictividad incrementa y pasa a tener relevancia política nacional, ahí es que las consecuencias de este proceso de demolición de la caracterización ética se hacen visibles. La predisposición negativa de algunos periodistas y líderes de opinión llevan a una cobertura negativa por parte de la prensa, a entrevistas favorables a los anti-mineros, reportajes que sirven de propaganda para los radicales, entrevistas hostiles a los voceros de la empresa, etc. Esto lleva a una erosión del soporte de la opinión pública a una operación minera mientras el conflicto se mantenga[⁹].

En el caso de Las Bambas, frente a la opinión publica nacional, se están dando denuncias respecto a MMG Limited en múltiples aspectos. Se le ha acusado de haber comprado las tierras en las que opera a 20 céntimos el metro cuadrado, de haberse apropiado de las tierras de los campesinos abusando de su ingenuidad, de realizar audiencias públicas trayendo personas ajenas a las comunidades e impidiendo el ingresos de los lugareños, de tener a la Policía Nacional como “mercenaria” a sus órdenes, modificaciones inconsultas al proyecto, hacer firmar a niños y ancianos a favor del proyecto, hacer lobby con el Estado para aprobar cambios en su Estudio de Impacto Ambiental junto con un largo etc. No es la primera vez que se ve este “paquete” de acusaciones contra una empresa minera. Podemos ver los mismos argumentos y hasta los mismos adjetivos en el entorno de otros proyectos que estas mismas organizaciones han tratado o están tratando de obstaculizar en el Perú. Es que el conflicto como la probreza también sus fuentes de ingresos para aquellos que hablan en nombre de los peruanos más excluidos y necesitados.

Además, se están elaborando los contenidos “académicos” tales como estudios u conferencias, entrevistas a supuestos técnicos para intentar invalidar cambios en Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Estado, cuyos nombres no pueden revelar por razones de seguridad ¿de quién y por qué necesitan  protegerse?, reportajes escritos y audiovisuales que facilitan caracterizar a la MMG Limited como una empresa que abusa de manera sistemática de los campesinos y vulnera sus derechos. Una vez que la caracterización ética haya socavado la imagen de la empresa, las acusaciones respecto a ‘impactos’ medio ambientales aumentan en credibilidad.

La construcción de un historial de abusos por parte de MMG Limited facilita la coordinación de diversos actores sociales en su contra. Una vez que una empresa ha sido caracterizada como un abusador en serie de campesinos, se hace más fácil que diversos actores políticos se articulen en la realización de acciones en su contra.  Aquellos actores sociales a los que les resulta conveniente que se les vea como opositores al “monstruo” minero convergerán naturalmente en la realización de acciones hostiles al ente caracterizado como abusador.

No basta con tener una conducta socialmente responsable para evitar que se caracterice a una empresa como generadora de agravios contra la población de su entorno. El caso de Máxima Acuña nos muestra claramente que es posible generar artificialmente un agravio[¹⁰] y que buena parte de la prensa está dispuesta a participar activamente en la propagación de una mentira que de tanto repetirla se convierte en verdad.

En el caso de las Bambas dado su valor simbólico como mayor emprendimiento minero del país, ello no sólo genera grandes expectativas en una población de ha vivido por décadas sumida en la pobreza ante la poca presencia del Estado sino que provoca el natural alineamiento de quienes consideran que hay que golpear al “Modelo Primario Exportador” en su puntos más débiles.

Afectación Ambiental

El núcleo de la narrativa anti-minera consiste en la visión de la actividad minera a gran escala como antagónica a la actividad agrícola. Esa supuesta contradicción es repetida, aunque exista evidencia de que ambas pueden convivir de manera armónica no sólo en el Perú sino en otros países con presencia de gran minería. En especial como una amenaza a la cantidad y calidad de agua disponible para la población. En el caso de “Las Bambas” lo reciente de su puesta en operación reduce la credibilidad entre la prensa nacional de versiones respecto a que la explotación minera estaría acabando con el suministro agua en la cuenca en la que este proyecto se encuentra ubicado. La minería moderna usa tecnología de punta, la misma que permite reciclar el consumo de agua en el procesamiento del mineral.

Si bien todavía no se han acumulado los “estudios técnicos”[¹¹] que brinden credibilidad en el aparato mediático nacional respecto a la acusaciones de impactos medio ambientales en el suministro agua, ya se están realizando las primeras denuncias al respecto al impacto del polvo levantado por los camiones que trasladan mineral desde las Bambas.[¹²]

Sin embargo, en la zona rural de Cotabambas y su vecina provincia de Grau los ataques a las Bambas en el frente ambiental son sistemáticos y sostenidos. El discurso de los dirigentes de los Comités de Lucha y Frentes de Defensa hace hincapié permanentemente, en los supuestos efectos devastadores de las operaciones mineras sobre el ambiente local. Estos efectos imputados son los que legitiman los pedidos compensatorios tales como “una participación de 50% en las utilidades” y un “justi-precio” de 5,000 dólares por metro cuadrado en los territorios adquiridos por MMG.

Con el paso del tiempo la ideología de la “cabecera de cuenca” y las “fuentes naturales de agua” puede mutar de ser un mero recurso discursivo para presionar a MMG Limited hacia una creencia con la que la población se encuentra profundamente comprometida y que guiará su acción social y política a futuro. Los resultados de años de “concientización” anti-minera se pueden ver en Majaz, Quilish, Conga y Tía María donde los radicales han conseguido una masa movilizable local que ha logrado bloquear las inversiones.

Conclusión

En el corto plazo las actuales movilizaciones contra “Las Bambas” están asumiendo un carácter eminentemente distributivo en el que los movilizados tienen como principal motivante el acceso a una fracción de la renta generada por el proyecto. Sin embargo, ello va mudar.

En el mediano plazo existen un conjunto de dinámicas que pueden llevar a consecuencias aún más negativas, tanto para Las Bambas como al resto del sector minero y el país. En primer lugar la instrumentalización de la lucha por la identidad indígena como un mecanismo de pugna permanente con las empresas extractivas bajo una correlación de fuerzas claramente más favorable a las fuerzas radicales de la que se da actualmente. En segundo lugar, se puede generar una carga de agravios atribuibles a Las Bambas que deje el proyecto sumamente vulnerable a los conflictos sociales para convertirlo en una piñata mediática. Finalmente, la propagación de la ideología de la “cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua” entre las poblaciones rurales del entorno de un proyecto puede llevar a que el mismo termine enfrentando “un cerco social” que inviabilice cualquier expansión posterior de la operación.

Lampadia

Terminada la campaña electoral debemos revisar y fortalecer las propuestas políticas de la campaña y llevarlas al contexto de las acciones de gobierno. El tema de la conflictividad social que ha paralizado buena parte del sector extractivo y reducido el ritmo de crecimiento de la economía, así como la consiguiente disminución de la pobreza, es uno de los temas más delicados de la estrategia de gobierno que el partido Peruanos Por el Kambio deberá considerar.

En esta nota ofrecemos al nuevo gobierno una revisión contextualizada de sus propuestas de campaña. Además, recomendamos ver un análisis cuidadoso de cada uno de los determinantes de los conflictos sociales, en nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

Del mismo modo, ofrecemos al equipo de gobierno que se designe para enfrentar este tema, nuestra disposición para revisar con ellos, el valioso material que hemos desarrollado.

El próximo presidente tendrá que enfrentar retos significativos en el plano de la conflictividad social. Actualmente hay conflictos en etapa de incubación, como el de las Bambas, Conga y Tía María. La capacidad del nuevo gobierno para enfrentarlos es importante desde dos puntos de vista: el político y el de la recuperación del crecimiento económico. Fenómenos como el conflicto de Conga, crisis que se llevó a los dos primeros ministros, la paralización del proyecto y el aumento del riesgo para toda la inversión minera en el país, podría repetirse con este gobierno si el mismo no está a la altura del reto, con el agravante de su eventual debilidad, por la influencia de grupos de izquierda en su equipo. Ver en Lampadia: Puede ser el gobierno más débil de la historia. 

El crecimiento económico que ha gozado el Perú desde la entrada en producción de las Bambas, evidencia el impacto que estos grandes proyectos tienen sobre nuestra economía, aun mayor para las zonas donde se desarrollan, como lo demuestran los indicadores de Apurímac.

Durante la campaña, el mismo Pedro Pablo Kuczynski ha reconocido la importancia del tema y afirma que su gobierno pretende encararlo con una alta prioridad (“Mis dos vicepresidentes van a dedicarse de lleno a los conflictos sociales, que es el problema número uno en el país” / “(evitar) seguir derramando sangre con enfrentamientos inútiles, que generan desconcierto y zozobra en la población y que perjudica la imagen del país”). Pero no basta con eso. Ollanta Humala invirtió mucho capital político en el desarrollo del proyecto Conga, apuesta que le costó muy caro y que fue determinante para mellar la alta aprobación política con la que comenzó su gobierno. PPK coloca en su plan de gobierno que “el Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de los Conflictos Sociales será creado como un sistema de naturaleza multisectorial dotado de una estrategia preventiva, que permita la anticipación y la gestión pacífica de los conflictos sociales”.  A pesar de que el fraseo y la intención suenan muy bien, queremos revisar algunas de las propuestas de PPK ante los conflictos sociales, para sacarlos de la campaña electoral y traerlos al contexto de gobierno.   

¿Cuáles son las propuestas que tiene el Partido Peruanos Por el Kambio para prevenir o solucionar los conflictos sociales?

Consulta Previa

Durante el debate, PPK se dirige a Keiko Fujimori evidenciando su postura sobre la consulta previa: “Nosotros vamos a respetar la consulta previa.  En su plan de gobierno dice que la aplicarán en ciertos casos ¿no cree usted que esto llevará a conflictos sociales, que es lo que estamos tratando de evitar?”. Si PPK critica que Keiko Fujimori haya limitado la consulta previa a ciertos casos, ¿él por contraposición está proponiendo que se aplique a todos como mecanismo de prevención de los conflictos sociales? Esta afirmación deja un alto nivel de  incertidumbre:

• ¿Se ampliará la lista de poblaciones consideradas como originarias a los que se aplicaría la Consulta Previa tal como la izquierda ha estado buscando durante los últimos años? Con este enfoque se podría ampliar la lista a las comunidades campesinas y casi todos los proyectos mineros tendrían que pasar por el mecanismo de Consulta Previa, lo que sería fácilmente politizable. Hay que recordar que la principal línea de incidencia de los anti-mineros en las Bambas consiste en proclamar la nulidad de los acuerdos con las comunidades al no cumplir, los mismos, con las condiciones de la Consulta Previa.  La discusión entonces caería en mayor medida en el campo de la disputa retórica y política, y menos en el fundamento técnico. Sería un mecanismo adicional a los procesos de consulta que actualmente existen, que son a través de asambleas con las comunidades.
• ¿Cómo se limitará la zona geográfica en la que se hará la consulta? Si una Consulta Previa se hubiera hecho para el proyecto Conga, las comunidades en los alrededores habrían dado su aprobación.  Es más, lo hicieron a través de los mecanismos actuales de consulta en asamblea, previas al estallido del conflicto.  Sin embargo, los participantes en las manifestaciones que desembocaron en la paralización del proyecto fueron miembros de otras comunidades, inclusive de otras cuencas que no eran afectadas por Conga.  Las motivaciones de estas personas para participar en estas manifestaciones son suficientes para escribir otro artículo, sin embargo, queda claro que el mecanismo de Consulta Previa no habría prevenido el conflicto del caso Conga.

Adelanto Social

Otra de las propuestas que esgrimió durante la campaña es la del Adelanto Social.  (“Tenemos que tener minería ambientalmente responsable. Los problemas en la minería son ambientalmente agrícolas. Tiene que haber anticipo social, adelanto social“). Consideramos que el diagnóstico es incompleto: considerar que los problemas en la minería son únicamente de afectación a la producción agrícola es una visión limitada.  Los problemas en la minería tienen muchos otros elementos a tomar en cuenta: la búsqueda de rentas de aventureros políticos que ven el conflicto como fuente de “lentejas” o el sistema de creencias que tiene la población afectada y el sesgo cognitivo que sufren. Esperamos que los de PPK tengan en cuenta elementos adicionales, y que estas declaraciones queden únicamente en el contexto electoral.

Durante el debate presidencial PPK también se refirió a este Adelanto Social: “Vamos a promover el adelanto social a todas las zonas de posibles conflictos (…)”. Lamentablemente plantear de esta manera el mecanismo genera incentivos que pueden ser dañinos. Si el beneficio lo obtendrán las zonas de posibles conflictos… ¿se debe amenazar con un conflicto para recibirlo? Semejante política promueve que una zona se vuelva conflictiva con el fin de recibir el adelanto, es decir, incentiva la conflictividad.

Más allá del fraseo público, queda por determinar qué comunidades recibirían el beneficio. En su plan de gobierno, PPK afirma que el Adelanto Social consiste “en que el gobierno realice obras sociales que beneficien a las comunidades en donde se realizará el proyecto minero. Éstas deberían incluir,  colegios,  postas  médicas,  afirmado  y  viviendas  para  sus pobladores y sus familias”. Las dudas caen por su propio peso, respecto a que tan “adelantado” es este Adelanto Social:

• ¿Cuándo un poblador sabe que se realizará un proyecto minero? ¿En el momento que se realiza una concesión minera? ¿En el momento que se realiza la exploración? ¿En el momento que se encuentra un yacimiento? ¿En el momento que una empresa minera decide que invertirá? ¿En el momento que comienza la construcción de la mina? Este punto no es claro en el plan de gobierno, sin embargo, sí genera expectativas en la población, que tendrá diferentes interpretaciones de si merecen o no el Adelanto Social y cuando debe darse.
• ¿Cuáles son las comunidades que se beneficiarán del Adelanto Social? ¿Las que se encuentran en la zona de influencia del proyecto minero?  Tomando nuevamente el caso emblemático de Conga, estas comunidades ya estaban a favor del proyecto y las que realizaron las manifestaciones no hubieran recibido el Adelanto Social. ¿Las comunidades que se mantienen en la frontera de la zona de influencia no se sentirán tentadas a exigir también, a través de conflictos sociales, beneficiarse del Adelanto Social?
• ¿Quién pagará por el Adelanto Social? Queda claro que el gobierno lo haría de manera directa, pero ese presupuesto podría ser exigido a la empresa minera involucrada como impuestos adelantados. Pero dado que el mecanismo se aplica previamente a la instalación del proyecto, ¿cómo saben las partes cual es la dimensión del yacimiento, su potencial económico y el impuesto esperado que se producirá? Es decir, podría ser complicado determinar cuál es la dimensión del monto que debería ser invertido en la zona de influencia si la inversión se hace de manera muy adelantada.

Cabe aclarar, que consideramos que es responsabilidad del gobierno proveer a toda la población de los servicios y las infraestructuras que PPK ofrece como Adelanto Social, independientemente de si “es una zona de posible conflicto” o no. Pero esto no es suficiente para solucionar los conflictos mineros.

Una forma adecuada de definir el ‘adelanto social’ es que este se de en paralelo al desarrollo de la inversión productiva, así podría dimensionarse en relación a una proporción del estimado del flujo futuro del canon. De esta manera se tendría un sustento económico y financiero que justifique la habilitación del ‘adelanto’ y soporte su eventual fuente de financiamiento. 

Acciones represivas

Dentro de su plan de gobierno, PPK destina 2 de sus 5 acciones estratégicas para prevenir y resolver conflictos sociales a fortalecer las herramientas de control represivo. Uno de ellos es “Profesionalizar la labor policial en el uso de la fuerza” en la que se buscará mejorar las capacidades de la policía para el control a través de capacitación. Es crítico que este esfuerzo sea dirigido en especial a minimizar la probabilidad de pérdidas humanas en los enfrentamientos con los manifestantes. En primer lugar por el valor intrínseco de las vidas pero también porque las fatalidades generan un clima de hostilidad generalizada al Estado y las empresas en el entorno local y porque estos trágicos eventos, muchas veces buscados  por las fuerzas anti-mineras, son capitalizados políticamente.

En segundo lugar, “Fortalecer la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público, de manera de promover la denuncia, investigación y sanción por la justicia de los responsables de desórdenes públicos y hechos de violencia”. Tanto los promotores como las organizaciones que incitan a la violencia durante los conflictos sociales han gozado de un nivel de impunidad.  Acciones abiertamente violentas no son castigadas, y los intentos de denuncia son defendidas públicamente por ciertos voceros como “criminalización de la protesta social”. Un componente importante de la radicalización de los conflictos sociales, es que a las personas generadoras de actos de violencia (por ejemplo los Espartambos) saben que enfrentan una baja probabilidad  de penalización. En el campo del establecimiento del imperio de la ley las propuestas de PPK apuntan en el sentido correcto.

Conclusiones

PPK candidato ha mostrado preocupación y ha puesto la solución de los conflictos sociales como una alta prioridad. Si PPK como presidente mantiene esta posición y la voluntad política para enfrentar los conflictos sociales, tiene que perfeccionar sus propuestas pues, las soluciones propuestas durante la campaña distan de ofrecer una solución sistémica. Consideramos que no existe una bala de plata para solucionar los conflictos sociales. Si las soluciones aplicadas no responden a las principales causas de la conflictividad, es poco probable que tengan éxito. Mientras la población siga pensando que los proyectos mineros dañan su estilo de vida a través de contaminación del agua o del aire, que las instituciones públicas y las empresas mineras no recuperen la confianza de la población, mientras sigan operando organizaciones e individuos que ven un conflicto minero como una oportunidad de lucro, difícilmente se podrá reducir de manera significativa la conflictividad social a largo plazo. 

Lampadia  

Un reciente estudio de EY “Las Asociaciones Público-Privadas y el desafío global en infraestructura”, brinda una visión de las APPs y los modelos más exitosos a nivel internacional. Grandes ejemplos de desarrollo e inversión en infraestructuras para el Perú. Las APP son una herramienta fundamental para superar las brechas de infraestructuras en todo el mundo y es la herramienta que están usando los países más desarrollados desde hace muchos años.

En el Perú tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión, entre ellos los de infraestructuras. Primero por las demoras entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.  

En el estudio de EY, se afirma que “entre los años 2008 y 2014, se adjudicaron 60 proyectos de infraestructuras a través de APPs, por un importe de US$22.6 mil millones, los cuales crecieron a una tasa promedio anual de 51.5%, reflejando el gran interés del sector privado y público en establecer esta modalidad de proyectos, sobre todo en los sectores de transporte y energía (electricidad) que representaron el 34% y 29% de los proyectos adjudicados, respectivamente. (Ver gráfico inferior)

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras en el Perú quedaba en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas. Ver en Lampadia: Asociaciones Público Privadas: Una solución efectiva ‘HOY’.

Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes asegurados por plazos de hasta 30 años. Según Gonzalo Prialé, Presidente de AFIN, en una entrevista con Lampadia, afirmó que “esa es la gran diferencia entre una obra público-privada y una obra pública que no tiene mantenimiento asegurado y termina perdiéndose lo invertido. Es la historia del Perú: carreteras rotas, obras destrozadas o inútiles, y ese capital perdido se debe a la falta de mantenimiento. Las APP son el vehículo que le permitiría al país atacar este problema con la mayor celeridad.”

Sin embargo, gracias a la maraña burocrática, a la desidia del aparato público y a las angustias fiscales del MEF, en el 2015 se ha reducido extremadamente el monto de inversión (ver gráfico superior), más aún si se considera que el número de proyectos adjudicados es el mismo que en el 2014 (10 proyectos).

En el estudio de EY, se presentan 5 tendencias clave que todo gobierno debe considerar para mejorar su participación de APPs en el mercado:

1. Incentivos para desplegar el modelo APPs

Los mercados de APPs más dinámicos del mundo son aquellos en los que el gobierno apoya y desarrolla proyectos a través de incentivos, ya sea desde el acceso a recursos especializados y la supervisión del gobierno u otra ayuda financiera, como las garantías.

2. Estandarización de principios, procesos y documentos

Los mercados que adoptan posiciones y documentos estandarizados desarrollan una mayor participación del sector privado y portafolios de proyectos más sólidos. Además, la estandarización vuele más sencillas las negociaciones del contrato, conduce a plazos de contratación más cortos y menores costos de licitaciones tanto para los socios del sector público y privado.

En el cuadro inferior se puede observar un claro ejemplo de la estandarización y facilitación de inversiones de APPs en 4 principales economías:

3. Intervención proactiva en los mercados de capital

La crisis financiera mundial ha dañado a los mercados de financiamiento de proyectos; sin embargo, esta tendencia ya está cambiando. En muchos países, las APPs están recuperando su participación en los fondos de pensiones y aseguradoras. Este aumento de la participación no ha sido un fenómeno instigado puramente por el mercado, sino también por intervenciones del gobierno, tales como el pago de intereses subvencionados.

4. Evaluación del Valor por Dinero

La evaluación ex – ante del Valor por Dinero (VPD) del modelo APP con respecto a los enfoques de licitaciones tradicionales sigue siendo un tema de mucho debate. En la mayoría de los ámbitos de la contratación, el “costo de oportunidad” para el gobierno y el mayor impacto sobre la economía son, a menudo, pasados por alto.

5. Evaluación retrospectiva de los proyectos de APPs y la contratación

El escrutinio retrospectivo de los proyectos es un medio importante para monitorear el desempeño continuo, el VPD y garantizar la transparencia.

En Lampadia, hemos analizado un ejemplo muy exitoso de las APP que lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, tenemos los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD: Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. (Ambos iniciados en el gobierno anterior). Ver: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en toda nuestra historia.

Esperamos que con estos consejos de EY y la contrastación de las mejores experiencias internacionales, el gobierno adopte de manera permanente y continua el uso de APPs para cerrar las brechas de infraestructuras económicas y sociales. Solo así, podremos ofrecer a nuestros ciudadanos y empresas, los espacios de desarrollo de sus necesidades y ambiciones. Lampadia

Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras sociales y económicas. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a la modernidad, a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado.

Es por eso que análisis como el recientemente publicado por el IPE (ver en nuestra sección Documentos: IPE – Infraestructuras), son tan importantes. Eliminar las brechas de infraestructuras no solo permitirá reducir los costos de transacción de las empresas y los ciudadanos, sino que también ayuda a los pobres a tener acceso a electricidad, caminos y telecomunicaciones. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Como muestra el gráfico superior, existe una gran diferencia en el bienestar (sobre todo por el acceso a servicios básicos) entre las zonas rurales y urbanas. Una mejora de las infraestructuras ayudaría a reducir la pobreza en el país, especialmente en las zonas rurales. Lo más apremiante es acceso al desagüe, que es la brecha más importante (tan solo el 15% cuenta con este servicio básico).

Un trabajo que subraya que las infraestructuras tienen un enorme impacto en la reducción de la pobreza es el reciente libro de Richard Webb, Conexión y despegue rural que demuestra que los avances en infraestructuras en la sierra rural han producido una revolución económica en la región más pobre del Perú. La conclusión de esta investigación es clara: mientras en el período 1900-1994 (casi 100 años) el crecimiento de los ingresos fue de solo 1.4% por año, pero entre el 1994 y el 2011, los ingresos se incrementaron a un ritmo de 7.2% anual, una prueba de que los beneficios de la economía de mercado llegaron a todas las zonas del país. Lo que no es óbice para reiterar que lo que falta por hacer es aún inmenso.

Según el IPE y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, la brecha total de infraestructuras es de US$ 160,000 millones, de los cuales el 36% se centra mayormente en el sector transporte (gran parte en carreteras), 19% en energía y 17% en telecomunicaciones. Esto se puede observar a más detalle en el siguiente cuadro:

Sin embargo, la cartera de proyectos de ProInversión al 2016 es de tan solo US$ 6,346 millones. Y, de los proyectos que se han concesionado, una buena parte no logra ejecutarse por diferentes trabas y trámites burocráticos.

El principal problema, según el IPE, es la inexistencia de un plan nacional de infraestructuras en el Perú. Países como Colombia, Chile y México sí los tienen (Chile cuenta con un plan hasta el 2025). Es así que hasta ahora no mejoramos en el pilar Infraestructuras del Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial y nos mantenemos por debajo de otros países de la región.

Un plan nacional de infraestructuras ayudaría a planificar de forma integral y expansiva los proyectos en el país, además de orientarse al mediano y largo plazo. Una reciente publicación de McKinsey sobre el último foro de Iniciativas Globales de Infraestructura (GII por sus siglas en inglés), sugiere que casi el 40 % de los US$ 9 millones de millones invertidos en infraestructura anualmente se mal gasta debido a los cuellos de botella, la falta de innovación y fallas administrativas. El plan ayudaría a tener una visión conjunta al futuro, necesaria ya que tiene que ser diseñada para cumplir con su función durante sus 30 a 40 años de vida, con una capacidad de adaptación para satisfacer una demanda cada vez más cambiante.

El IPE afirma que existirían “prácticas inadecuadas en el proceso de inversión pública”. La inadecuada formulación de proyectos explica que haya 560 obras públicas paralizadas. El 74% son de administración directa y se concentran en gobiernos locales.

Otro punto importante es que se proponen muchos proyectos pequeños en vez de grandes proyectos. El informe del IPE afirma que en 2011 los gobiernos regionales programaron proyectos,  que implicaron la contratación de 285 perfiles, expedientes técnicos, contratos de obra y contratos de supervisión, generando finalmente 1,140 contratos en poco más de un año.

También existe un exceso de trabas burocráticas. La falta de coordinación gubernamental genera severos obstáculos para la provisión adecuada de los servicios públicos. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. IPE cita un ejemplo publicado en el Diario El Comercio, en el que se explica como el inicio de las obras de instalación del aire acondicionado en el aeropuerto de Piura demoró cerca de 4 años debido principalmente a una gestión ineficiente. 

El IPE termina su informe proponiendo unas recomendaciones, como la elaboración de un plan de mediano-largo plazo, con un horizonte mínimo de 10 años y sujeto a revisiones periódicas. Dicho plan debe priorizar las necesidades de los servicios públicos y empaquetar múltiples proyectos en uno solo. Con respecto a la inversión rural, se debe propiciar una inversión en “combos”, en vez de realizar inversiones individuales en sectores y tiempos diferentes. La complementariedad demostró tener mayor impacto.

Esto es importante porque, como afirma McKinsey, los planes de infraestructuras sirven para “cumplir con las necesidades de los ciudadanos actuales y futuros, impulsar la mejora del crecimiento económico y reducir al mínimo las disparidades socioeconómicas. Pero para ello es necesario traducir las ideas de pequeños proyectos en mega proyectos viables, políticamente resistentes y adaptables en una dinámica cambiante. Para lograrlo, es fundamental: trabajar con los tomadores de decisiones a nivel local para llevar a cabo los proyectos; involucrar a todos los actores y socios potenciales desde el principio, una visión de futuro y de los potenciales beneficios; trabajar con los gobiernos para generar apoyo público y gestionar las expectativas de los mega proyectos; y el fomento de la experimentación y el procesamiento en paralelo del diseño, ingeniería, estudios ambientales y contratación para reducir el tiempo de planeamiento y ejecución para permitir la innovación que tanto se necesita.”

Para lograrlo, el IPE sugiere restructurar ProInversión, complementando sus funciones para diseñar, promover y ejecutar los proyectos de inversión. Deberá coordinar con las autoridades pertinentes para la pronta ejecución de los proyectos, eliminando posibles trabas, así como realizar evaluaciones expost de los proyectos.

Como se pude observar, entonces, resolver los déficits de infraestructuras es un asunto urgente y requerirá de grandes reformas. Ya hemos dicho que no hay desarrollo sin crecimiento económico. Ver en Lampadia: Infraestructuras: menos pobreza y más desarrollo

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Para ello es necesario diseñar un esquema de financiamiento de las contrapartes del Estado en los proyectos concesionados, no se puede estar buscando soluciones caso por caso. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Esperamos que este análisis y el esfuerzo del IPE, conlleven a un planteamiento efectivo y a ejecutar las reformas necesarias que faciliten el desarrollo de nuestras infraestructuras. Lampadia

Editorial

Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos? ¿Qué les pasa a los Magistrados del Poder Electoral para exigir tantos requisitos y demorar tanto sus laudos?

Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.) de la cual solo se puede salir cambiando las normas y mientras tanto, nos guste o no, aplicando leyes y procedimientos. ‘Dura es la ley, pero es la ley’.

Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.

Igualmente sucede con las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Así es el ‘vía crucis’ para sacar una licencia, ya sea del letrero de un nuevo negocio, las inspecciones de Indeci, las licencias municipales, la aprobación de un nuevo programa universitario, la autorización para poner una clínica, un colegio, un centro comercial, una fábrica, una antena de celulares, un proyecto minero, pesquero, maderero, etc., etc., etc.

Esa es la locura que se ha urdido a pulso con el afán normativo de los funcionarios públicos, fundamentalmente desde el gobierno de Paniagua, con distintos ritmos de creatividad, hasta el ultra-paralizante gobierno de Humala.

Sí queridos lectores, por eso es que todo demora, por eso es que se frenó el crecimiento de la economía, por eso es que la corrupción está a la orden del día, detrás de cada requisito. Por eso cayó la inversión privada y la productividad de la economía. Ver el siguiente gráfico:

Como hemos dicho muchas veces, la inversión de la nueva minería ha sido uno de los motores más importantes del crecimiento, no solo por sus impactos directos, también por los indirectos, producto de su encadenamiento con los demás sectores de la economía. Veamos en los siguientes dos gráficos, la evolución de la normativa minera:

Lo mismo que determina la dinámica del sistema electoral y del sector minero, afecta todas las inversiones y la vida de todos los ciudadanos.

Evidentemente, esta frondosa realidad tramitológica origina que muchos ciudadanos y empresas opten por la informalidad. Pero ese no es el camino, ni de los partidos políticos, ni de las empresas. El camino es emprender una poda masiva y generalizada de las ligaduras que están asfixiando la economía nacional y la sociedad en conjunto.

El camino no es el del irrespeto que registra el comportamiento del partido político ‘Todos por el Perú’ (que está dando un ejemplo clamoroso de falta de civismo). El camino es la reforma institucional detrás de una visión compartida de desarrollo integral que nos lleve a recuperar la capacidad de ser una sociedad exitosa en el mundo que nos toca vivir.

Estamos por elegir nuevas autoridades nacionales, aprovechemos la experiencia que el proceso electoral ha puesto a la luz, para entender nuestros males y comprometernos con el rediseño institucional. Es un mandato urgente del que ahora nadie puede esconderse. Lampadia  

Comentario de Lampadia

En el Perú tenemos la vocación de construir mitos y buscar siempre dónde está la trampita. Durante los últimos años ha mejorado mucho la imagen de los empresarios, pero todavía nos falta entender las características y cualidades de los empresarios modernos.

Hemos decidido republicar la entrevista que compartimos líneas abajo, pues Mario Alvarado respira la sencillez de un peruano comprometido con el trabajo que le tocó desempeñar y transmite entusiasmo por la vida y por su gestión.

Seguramente, las décadas de empobrecimiento que vivimos hasta el inicio de los años 90, nos llevaron a los peruanos a creer que la vida y el trabajo era un modelo ‘ganar-perder’. En un ambiente de escasez y de carencia de oportunidades, probablemente fue lógico que nuestro sentido común nos llevara a la desconfianza de los ciudadanos más exitosos.

Felizmente, los últimos 20 años en que aprendimos a crear riqueza y a apostar por el futuro, en que desarrollamos una importante clase media, años en los que no era raro escuchar que lo que sobraba eran recursos, nos hayan hecho entender que la vida es un proceso de suma y, que el modelo mental es más bien uno de ‘ganar-ganar’.

Todavía nos falta entender que en la aventura de la vida y el desarrollo estamos juntos todos los peruanos. Aún necesitamos fortalecer la confianza entre nosotros y en el futuro, creer en nuestras capacidades y, algo muy importante, participar en la vida nacional con sencillez, apertura y transparencia. Ver en Lampadia: Tres caminos al Bienestar General.

Líneas abajo compartimos la entrevista de Portafolio:

“Siempre he sido ejecutivo. Mi reto hoy es ser más pensante”

“No soy usted, soy Mario”, interrumpe el gerente general corporativo de Graña y Montero. Un entrevistado que corre tabla, viaja en metro y aún no termina de aprender cómo usar su Apple Watch.

Entrevista de Gonzalo Carranza a Mario Alvarado

Gerente General Corporativo del Grupo Graña y Montero

El Comercio – Portafolio, 10 de enero de 2016

¿Cómo es tu agenda?

Te voy a responder por hoy, que no es lo mismo que hace cuatro o cinco años. Trato –y la palabra ‘trato’ es muy importante porque no siempre puedo– de trabajar una cantidad determinada de horas al día. Antes trabajaba 12 horas diarias, incluso venía los sábados, pero ya no.

Tengo como gerente del grupo 18 años y últimamente ha bajado la cantidad de tiempo que dedico a trabajar. Uno va ganando credibilidad, confían más en uno y necesitas menos esfuerzo para sacar adelante muchas cosas. Entonces, te diría que hoy trabajo menos y también está cambiando el tipo de cosas que hago. La mayor parte del tiempo que paso en la oficina estoy en reunión con alguien, discutiendo cosas. Y ahora leo el periódico en las mañanas, concentrado, después de hacer deporte, en mi casa. Hace un buen tiempo que no lo leo en físico, sino que lo hago en el iPad. Otra cosa que he hecho a propósito es comprarme esta cosa [muestra su Apple Watch], que no me gusta y que tengo que aprender a usarla. ¿Por qué uno se obliga a hacer esto? Porque tiene que estar al día.

¿Cómo es tu relación cotidiana con tus reportes?

Por mail, por WhatsApp, por todas las vías. Es muy importante para eso que el diseño de las oficinas ayude, que haya puntos de reunión.

¿Cuánto tiempo pasas dentro de tu oficina?

Ahora casi todo el tiempo estoy dentro de mi oficina, pero sé que está mal. Estoy tratando de cambiarlo y de salir más. En una remodelación reciente hicimos más chicas las oficinas y las volvimos transparentes.

¿Cómo es tu relación con el directorio actual?

Es buenísima. Hemos tenido una suerte enorme, es un directorio involucrado, fluido y sofisticado. Ir al directorio tiene que ser un reto intelectual.

¿Qué decisión te ha marcado más en estos 18 años al frente de la empresa?

Es una pregunta difícil. La crisis que comenzó en 1999 fue muy dura. Ahí envejecí mucho. Tenía mucho que coordinar con Europa, entonces debía trabajar de día y de noche. La compañía estaba bien, pero cuando las entidades financieras están mal, te cierran todas las líneas [de crédito]. El episodio terminó el 2003, cuando emitimos unos bonos titulizados y comenzamos a crecer muchísimo. Tengo un montón de cicatrices, pero esa es profunda. En el lado positivo, las personas me han marcado mucho. Que sean tan dedicadas, tan ‘camiseta’, te juro que te conmueve.

Y ahora que se vive un momento de austeridad y disciplina, ¿qué es lo que más duele?

Las personas. Es una compañía muy grande y hay áreas que deben reducirse.

¿Quiénes o qué cosas son tus “cables a tierra”?

Lo primero es burlarte de ti mismo. Aquí todo el mundo se burla sin agresividad. Se maneja bien el equipo gerencial. La realidad también te obliga a estar atento, porque te das cuenta de que te descuidas, y te agarra.

El reto para mí ahora es pasar a ser una persona mucho más pensante que actuante. Siempre he sido muy ejecutivo, rápido, agresivo, empujador. Antes tenía arriba de mí, como presidente ejecutivo, a José Graña, que es muy pensante. Pero él ya se jubiló. Entonces mi rol ahora debería ser más pausado.

¿Has tenido mentores en estos años?

Sí, y también –perdona la palabra horrible, pero es la única que hemos encontrado– ‘mentorizados’. El principal mentor es José Graña, y antes que él, mi padre.

¿Trabajaste con tu padre?

Es una historia curiosa. Él tenía una empresa constructora, pero nunca trabajé con él. Entré a Graña y Montero como practicante hace 35 años, porque era considerada la mejor escuela. Y cuando yo ya trabajaba acá, mi padre vendió su compañía. Pasó el tiempo y cuando tenía 29 años –era un chiquillo, pero tenía tiempo trabajando y había manejado la primera parte del proyecto Camisea–, surgió la oportunidad de montar una empresa nueva dentro de Graña y Montero. Le dije a José Graña que quería traer de socio a mi padre y él aceptó. Recién trabajé con él después de todo ese tiempo.

También es curioso que hayas llegado de practicante a gerente general.

Hoy día ya no se puede, pero yo era el último en el colegio y también soy disléxico. No podía con esa disciplina de la enseñanza antigua que te obligaba a que aprendas cosas sin sentido. Hasta que un día cambié, le empecé a encontrar sentido a las cosas y ahora soy completamente al revés: me he vuelto un fanático del conocimiento. Tenemos la academia GyM, por ejemplo. Me encanta que la gente estudie, que aprenda, que lea y que analice.

¿Cómo te relacionas con los más jóvenes, que tienen la tendencia de ir probando diferentes trabajos?

Yo no he cambiado [de trabajo] por una sencilla razón: este ha sido fascinante. Todo lo que hago me apasiona. No solo en esto, también en los deportes y en otras cosas.

¿Qué deportes practicas?

¿Por dónde empiezo? Tabla. También vela y bicicleta de montaña.

¿Hay alguna relación entre esos deportes y tu vida profesional?

Siempre te dan un enfoque diferente. El deporte más bonito que he hecho en mi vida es la tabla. He corrido con mi hijo muchos años hasta que ya no me dio el cuerpo para correr las mismas olas que él. Sigo corriendo, pero ahora también me dedico más a la vela.

¿Qué indicador no puedes dejar de ver diariamente?

Hay uno que veo todos los días: cuántas personas han subido al metro y a cuántas estaciones hemos llegado con alguna impuntualidad. Todos los días recibo un e-mail con ese indicador.

¿Y por qué?

Nosotros tenemos una cultura de cumplimiento y cuando tomamos el metro, que es parte del transporte público donde todo es incumplido, vimos que la puntualidad era muy importante. Tenemos una obsesión con que el metro llegue a cada estación a la hora precisa.

¿Los has usado?

Claro, pero me pasan la voz cuando puedo entrar. Es increíble la cantidad de gente que lo usa, tenemos que aumentar la flota. Pero en mi caso, es horrible subirme, porque apenas lo hago, me ven mayor y me ceden el asiento [risas].

Pensé que veías a diario el precio de la acción.

Pensé que me preguntarías por el precio de la acción.

¿Lo ves?

Sí, también lo veo todos los días, pero lo dijimos cuando salimos a la Bolsa de Nueva York: nuestra visión del negocio es de muy largo plazo.

¿Han pensado en recomprar acciones?

He estudiado el tema y lo he llevado dos veces al directorio. Pero la mejor respuesta es la que da Warren Buffett: necesitas dos condiciones para tomar esta decisión. Una es que tu acción esté muy barata, y la nuestra lo está. Pero la otra es que no necesites el capital para proyectos de mediano plazo, y nosotros sí lo necesitamos. Hoy tenemos muchos proyectos por delante. Lampadia

Viene un nuevo gobierno y los peruanos necesitamos elevarnos sobre la coyuntura política para conocer cuáles son nuestros caminos al Bienestar General con Prosperidad y Oportunidades para todos. Necesitamos un desarrollo integral, sostenido y duradero. Los candidatos se desviven haciendo diagnósticos, recalcando los ¿QUÉ?, pero la clave está en los ¡CÓMOS!

Muchos plantean largas listas de proyectos y enfatizan la necesidad de hacer mayores inversiones en educación y salud, en desarrollar más infraestructuras, etc., pero pocos explican los ¡cómos!

Por ejemplo, para invertir en educación, salud e infraestructuras se requieren importantes recursos económicos, pero se minimiza la necesidad del crecimiento económico, indispensable para hacerlo posible. Tenemos algunos ahorros, pero son insuficientes para afrontar el gran salto en calidad de vida que queremos. 

En verdad los recursos que necesitamos están a nuestra disposición: en el crecimiento. Con un 7% de crecimiento anual, podemos duplicar el presupuesto público cada diez años, más allá de lo que se pueda lograr formalizando la economía e incorporando a los pobres al mercado.

En Lampadia vemos tres grandes avenidas que debemos transitar para tentar un desarrollo integral, sostenible y duradero:

• Gobernanza
• Sentido de pertenencia y compromiso ciudadano
• Crecimiento económico

GOBERNANZA

Según el Diccionario de la Lengua Española, gobernanza significa:

“Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.

En otras palabras, si no tenemos un gobierno que trabaje, sin excusas o ataduras ideológicas, por un desarrollo integral en lo económico, social e institucional y, que actúe buscando el equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el ‘mercado de la economía’, no podrá ofrecernos una ‘Buena Gobernanza’.

El buen gobierno no puede ser la búsqueda del poder por el poder mismo. Tampoco puede ser para unos pocos, ya sean los partidarios, los amigos, los familiares o para los que piensen como el mandatario. El buen gobierno debe despojarse de sus relaciones políticas y dedicar su administración al conjunto de la ciudadanía, rojos y blancos, ‘amigos y enemigos políticos’, pobres, clase media y ricos. A todos los peruanos, sin distinción alguna.   

SENTIDO DE PERTENENCIA Y COMPROMISO CIUDADANO

Estamos a puertas del Bicentenario y aún no hemos logrado un nivel mínimo de identidad nacional, un sentido de pertenencia. Como decía hace unos años Juan Abugattás (QDDG), “los peruanos no estamos seguros si queremos seguir juntos la aventura del desarrollo”.

Al mismo tiempo, como los ciudadanos estamos insatisfechos con la calidad de nuestra República, nos sentimos alejados del quehacer nacional y poco comprometidos con su avance. Dejamos el futuro en manos de la providencia y de políticos en los que no confiamos.

Por ello, es indispensable un gobierno que sepa desprenderse de sus ropajes político-partidarios, para vestirse con los colores de la Patria. Patria que es de todos y para todos. De allí la importancia de una buena gobernanza.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

El objetivo del desarrollo no es el crecimiento económico como pueden creer los que tienen una visión economicista o como, confundiendo medios y fines, malinterpretan los que no entienden o no quieren entender, las dimensiones del desarrollo.

El que mejor explica las diferencias en términos de políticas públicas, y ayuda a evitar una trampa conceptual, es Hans Rosling, el profesor sueco creador de Gapminder, el modelo estadístico que incorpora la información de todas las variables de todos los países del mundo en perspectiva histórica.

Rosling nos explica que los objetivos del desarrollo son los derechos humanos, el medio ambiente, la gobernanza, la educación, la salud y la cultura. Excluye expresamente el crecimiento económico, al que califica como “el medio para el desarrollo”. El medio principal, sin lo cual, evidentemente, no podríamos tener todo lo demás. Ver el gráfico siguiente:

Permítannos reiterar que el Perú debe crecer como mínimo al 5.5% anual para cumplir la ambición nacional de la prosperidad. Recordemos que hace un par de años el HSBC postuló en un informe sobre el Mundo de 2050, que si crecíamos a ese ritmo, para el 2050 seríamos la economía número 26 del planeta, con un sorprendente 90% de nuestra población en el rango de ingresos de clase media y clase alta (50% y 40% respectivamente). Ver el siguiente cuadro:

El mensaje que tenemos que aquilatar es que para poder enfrentar nuestras importantes y urgentes agendas pendientes en educación, salud, infraestructuras y tecnología, así como el gran reto de institucionalizar el país y mejorar sustancialmente las remuneraciones de nuestros servidores públicos, maestros, enfermeras y policías, entre otros, llevando sus beneficios a un buen estándar internacional, necesitamos recursos económicos. Así nos parezca iluso, esos recursos están a la vuelta de la esquina, en el crecimiento económico.

Conciudadanos, exijamos a los futuros gobernantes el asumir una buena Gobernanza, promover el Sentido de Pertenencia y Compromiso Ciudadano y, el privilegiar el Crecimiento Económico, como el pasaporte para lograr el Bienestar General y la Prosperidad de todos los peruanos. Lampadia

En un país con incontables necesidades de infraestructuras sociales (escuelas, hospitales, etc.) y económicas (puertos, carreteras, reservorios de agua, etc.), donde el Estado no tiene la capacidad económica ni de gestión para cubrirlas en un plazo razonable, las APP (Asociaciones Público Privadas), las OXI (Obras por Impuestos) y las IP (Iniciativas Privadas) son una excelente opción para priorizar las demandas de la población antes que los estigmas ideológicos y políticos o la preservación de los espacios de poder de la burocracia y del clientelismo.

Efectivamente, en el Perú se ha avanzado bastante en la generación de proyectos en las tres modalidades, pero lamentablemente, muchas APP concesionadas no se concretan en proyectos ejecutados por expropiaciones no terminadas y mil otras causas. En el caso de las OXI y las IP, son cada vez más los rechazos y demoras por excusas ‘fiscales’ y otros.

Además, especialmente en el tema de salud, hay una oposición a promover más APP adecuadas, como las de ‘bata blanca’ que desarrolló recientemente Essalud en dos hospitales: en el Callao y en Villa María del Triunfo. Ver en Lampadia: Gran éxito de APPs peruanas en salud es reconocido mundialmente – Las APP han generado servicios de salud de alta calidad.

Los hospitales Alberto Leopoldo Barton Thompson y el hospital Guillermo Kaelin de la Fuente funcionan desde el 30 de abril del 2014. Cada uno tiene asignada una población nominativa de asegurados de 250,000 personas y son operados por la empresa española IBT Group bajo la modalidad de “bata blanca”, que incluye toda la operación, desde la logística a los servicios médicos.

El concepto bajo el cual se han desarrollado estas APP crea incentivos muy positivos que determinan un modelo “Ganar-Ganar”. El contrato establece una asignación o pago fijo al operador por cada asegurado sin importar el número o tipo de atenciones. De esta manera se crea la necesidad de que el operador promueva que su población (de clientes) sea lo más sana posible, pues a mejor salud de su población, habrán menos asistencias y por lo tanto mayores ingresos para el operador. Un esquema brillante: muy positivo para la población, pues recibirán atención de salud preventiva y de buena calidad; positiva para el operador, pues podrá generar mayores márgenes con una mejor salud y satisfacción de sus clientes; y muy positivo para ESSALUD (que se debate en una gravísima crisis de servicio), pues con un costo fijo puede generar una gran calidad de servicio sin correr el riesgo de los sobrecostos que generan la imprevisión, la ineficiencia y/o la corrupción.    

A pesar de las indudables ventajas del modelo, copiado por otros países, aún existen fuertes resistencias al uso de APPs para la atención de salud, al punto que en lugar de que se siga replicando el modelo, aún recibe críticas desde distintas instancias. Las APP, sin embargo, están demostrando que este es el camino a seguir en salud.

A pesar del éxito del modelo, donde aparte de costos adecuados, se tienen estándares de operación largamente superiores a los logrados por Essalud, su presidenta Virginia Baffigo, ha anunciado la licitación para tres nuevos hospitales, pero bajo la modalidad de ‘bata gris’, o sea, serían operados por el propio Essalud, con sus mismos desastrosos estándares, para satisfacer a su cuerpo médico que prefiere mantener sus privilegios antes que resolver los problemas de salud de los asegurados.

No solo eso, el modelo también está siendo debilitado por Essalud al estar cambiando exageradamente la relación la relación de las poblaciones asignadas a cada centro de salud, lo que impide desarrollar el vital componente del esquema, la labor de prevención como establece el modelo de concesión. 

Esperamos que el peso de la realidad y la consecuencia con las necesidades de la población, lleven a Essalud a fortalecer la operación de ambos hospitales indicados y a optar por el esquema de “bata blanca con el fortalecimiento de las acciones de prevención”. Lampadia

Ver líneas abajo el artículo propiciado por el BID, sobre las ventajas de las APP en los servicios de salud:

¿Ahorra el estado con las asociaciones público-privadas en salud?

Escrito por Ignacio Astorga y Diana Pinto.

Publicado en el blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 20 de noviembre de 2015

Datos de la Encuesta Mundial de Salud que incluyen países de América Latina y el Caribe muestran que el sector privado se constituye en un importante y creciente proveedor de servicios sanitarios, proporcionando más de 40% de las consultas ambulatorias.

En  nuestra región hay un consenso respecto a la pertinencia de usar asociaciones público-privadas, para enfrentar las demandas de infraestructura, transportes y comunicaciones, contando con una historia de más de 20 años, sin embargo, al momento de plantear su uso en el área social, especialmente de salud, surgen dudas, en particular, alrededor de un mito recurrente: las asociaciones público-privadas (APP) son más caras que el modelo de inversión y gestión tradicional. Despejar este mito implica aplicar el concepto de  “valor por dinero” (VpD), que simplemente significa que se esta obteniendo el mejor resultado posible para la inversión realizada.

El uso de APP en salud no es nuevo ya que lleva más de 15 años de aplicación en el mundo y a la fecha se cuenta con cerca de 300 contratos adjudicados de los cuales más de la mitad está en fase operativa, incluyendo proyectos de bata blanca, gris y especializada (ver video). Estas experiencias han generado un volumen creciente de publicaciones que buscan evaluar sus resultados y comparar las APP con el modelo tradicional.

https://www.youtube.com/watch?v=scIwguIu184

A partir de estas evidencias se preparó la tercera nota de una serie sobre APP con el fin de dar luces sobre si efectivamente este modelo de gestión genera más VpD que los esquemas tradicionales.

Una  limitación para comparar los proyectos utilizando el concepto de VpD, es que éste incluye un conjunto de variables cuantitativas y cualitativas, cuya ponderación puede variar de proyecto en proyecto. Para poder avanzar en este análisis se vio necesario “de-construir” el indicador de VpD en las variables que lo componen y  analizarlas de manera separada. Para ello se recopilaron las publicaciones disponibles a enero 2014 y se analizaron los resultados observados en relación a cada variable, identificando cómo era el desempeño de los modelos (APP y modelo tradicional), caracterizándolos como mejor, peor o neutro.

Un elemento central a tener presente en la comparación fue la diferencia en los tipos de contratos y esquemas de gestión de proyecto, ya que el contrato de APP, es de largo plazo. Este es de los escasos tipos de contrato en los que el estado establece un compromiso plurianual. La regla es que los presupuestos públicos están regulados por la Ley de Presupuesto de carácter  anual. Los niveles de servicios son auditados por diversos interesados (empresa, estado, comunidad, financistas).

Por otra parte, los contratos tradicionales son de corto o mediano plazo, sin integración de servicios en un punto, con contratos sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual y a la estabilidad de los equipos directivos. Ello evidencia que se pueden dar contratos más volátiles, con estándares de servicios parciales y un nivel de auditoría y una rendición de cuentas más limitada.

¿Qué se puede concluir entonces respecto al VpD  de las APP versus el modelo tradicional?

A partir de lo ya publicado se puede señalar que sin perjuicio que las APP tengan un costo financiero mayor, el precio final que paga el estado termina siendo  similar al del modelo tradicional. Sin embargo, las APP presentan mayor eficiencia (menores plazos de construcción, mayor eficiencia productiva) y satisfacción de los usuarios.

De la revisión de la literatura, quedan aún numerosos temas donde interesaría ver una comparación entre APP y modelo tradicional en términos de: la celeridad que puede tener un programa de inversiones; la generación de un punto de referencia (benchmark) en ámbitos como mantenimiento de  edificios y equipos, estandarización servicios, o la disponibilidad de información para la gestión y la rendición de cuentas; y la rigidez en la gestión de los contratos, que los hace difíciles de modificar.

Con esta serie de Notas Técnicas queremos invitarte a reflexionar y compartir las experiencias que puedan contribuir a la generación de una política  pública de inversiones y gestión de salud basada en la evidencia, teniendo como meta mejorar la calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios de salud. Comparte tus comentarios en la sección de abajo o mencionando a @BIDgente en Twitter.

Si quieres acceder a todas las notas técnicas sobre asociaciones público-privadas en salud, puedes obtenerlas aquí: Nota 1, Nota 2, y Nota 3. L

El Financial Times (FT) acaba de publicar un análisis integral sobre los problemas que inhiben la cobertura de las brechas de infraestructuras en todo el planeta, tanto en los países más desarrollados como en los emergentes. El déficit de infraestructuras es un problema global y las soluciones para enfrentarlos, como las que tenemos que superar los peruanos, deben hacer sentido para los actores globales como instituciones multilaterales, inversionistas y evaluadores de riesgos, tanto como para los actores locales, empezando por los ciudadanos, reguladores y políticos.

El informe del FT que presentamos líneas abajo, traducido y glosado por Lampadia, muestra los niveles de brechas no satisfechas en todo el mundo y hace una buena descripción de los principales problemas que hay que superar. De hecho establece que los gobiernos no tienen la capacidad financiera para superarlas y que es indispensable recurrir al sector privado. El mecanismo más adecuado resulta ser, como en el Perú, las APP (Asociaciones Público Privadas), pero este camino no está exento de dificultades.

De hecho subsisten limitaciones fiscales, dadas las necesidades de cofinanciamiento por el Estado, así como las dificultades de acceso a un financiamiento que tiene que comprometerse antes de que se genere ningún retorno, la fijación de los ingresos de los inversionistas, la fijación y aceptación de los pagos por servicios y/o peajes por parte de la población, la falta de estabilidad de reglas de juego (fundamental para inversiones de tan largo plazo) y la veleidad e irresponsabilidad de políticos populistas que pueden desequilibrar cualquier cometido de largo alcance.

Por estas dificultades es que en Lampadia, después de analizar un informe al respecto de The Economist: “The trillion dollar gap” (La brecha del trillón de dólares), de marzo del 2014, publicado en nuestro portal en abril 2014, propusimos una forma de enfrentar una buena parte de estos problemas, especialmente los de financiamiento, involucrando a las instituciones multilaterales para superar las limitaciones fiscales,  reducir los riesgos políticos y de imagen con la población. Ver: Sobre como financiar e invertir US$ 80,000 millones.  

En esta ocasión, después de haber reseñado hace pocos días, el importante Primer Congreso Internacional de Infraestructuras y Desarrollo, que recalculó nuestra brecha en US$ 160,000, es muy importante evaluar las experiencias internacionales y la identificación de las trabas más usuales (Ver en Lampadia: A ponernos al día en infraestructuras), presentamos el análisis del FT y nos comprometemos a convocar a un debate sobre las dificultades indicadas y sus eventuales soluciones, en el futuro inmediato para compartir sus conclusiones con nuestros lectores. Ver a continuación el análisis del FT:

Infraestructura: Cubriendo la brecha

Por John Authers, publicado en Financial Times el 9 de noviembre 2015.

Traducido y glosado por Lampadia

¿Por qué existe todavía un déficit anual de US$ 1 millón de millones de inversión en proyectos del sector público?

Los políticos y los inversionistas están de acuerdo: existe una “brecha de infraestructuras”, es global y es cerca de US$ 1 millón de millones por año. Desde los EEUU y Europa hasta el mundo emergente, hay una acumulación de proyectos atrasados que se necesitan para impulsar el crecimiento, mientras que los inversionistas institucionales están desesperados por encontrar inversiones (como por ejemplo en infraestructuras) que les ofrezca un retorno que no esté relacionado con la volatilidad del mercado y los mercados de bonos.

Sin embargo, el déficit se mantiene. El Foro Económico Mundial estima una necesidad global de US$ 3.7 millones de millones en inversión en infraestructuras cada año, mientras que sólo se invierte US$ 2.7 mil millones, en su mayoría por los gobiernos. Según el Banco Mundial, la inversión en 2015 se mantendrá igual o disminuirá en comparación con 2014. La consultora McKinsey estima que en los próximos 15 años, la necesidad de los países del G-20 para proyectos de infraestructuras (de alrededor de US$ 60 millones de millones), no será cubierta en aproximadamente US$ 20 millones de millones. 

“Los desafíos son tanto del lado de los proyectos como de la oferta de capital”, dijo Bertrand Badré, director gerente del Banco Mundial, en su reunión anual en Lima el mes pasado. “Simplemente no hay suficientes proyectos viables.”

Para cualquiera que haya sufrido con cortes de energía, haya comprado botellas de agua de los vendedores ambulantes o haya luchado el estancamiento en las ciudades de mercados emergentes, la idea de que hay muy pocos proyectos es increíble. En los EEUU, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles estima que el envejecimiento y la infraestructura inadecuada (desde los problemas de energía hasta atascos en el tráfico) le costaría a cada familia americana US$ 28,000 en ingresos para el año 2020 si las tendencias de inversión permanecen iguales.

La infraestructura de Estados Unidos se remonta a los grandes programas de construcción de la década de 1930 y 1950 y muchos de ellos se encuentran en un estado vergonzosamente pobre. El año pasado, el vicepresidente estadounidense Joe Biden se quejó de que “si se le vendara los ojos a alguien caminando a través del aeropuerto de La Guardia en Nueva York, diría: ‘’Tengo que estar en algún país del tercer mundo. No estoy bromeando”. Las autoridades locales están tratando de recaudar dinero para una gran remodelación, incluyendo la demolición del edificio de la terminal central, a través de una asociación público-privada.

En el mundo emergente, el gasto en infraestructuras se ha convertido en una cuestión geopolítica, llevando a China a poner en marcha el Banco de Inversión en Infraestructura de Asia para competir en el financiamiento de proyectos. Para muchos países, los proyectos en materia de transporte, energía, agua, saneamiento y conectividad a Internet son vitales para el desarrollo. Incluso en Europa, donde la infraestructura pública tiende a estar en mejores condiciones, la inversión privada ha caído en los últimos 10 años, según Standard & Poors. La necesidad más obvia, sin embargo, no siempre se traduce en proyectos en los que el sector privado puede o va a invertir.

Incentivo a la inversión

“No hay absolutamente ninguna correlación entre la magnitud de las necesidades de infraestructuras y las oportunidades para el sector privado”, dice Jim Barry, director de infraestructuras de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, que comenzó a invertir en infraestructuras en 2012 y ahora tiene US$ 8 mil millones en el sector.

Los críticos dicen que los gobiernos a menudo vienen con una lista de proyectos, pero no hacen un buen trabajo para convencer a los inversionistas adversos al riesgo que el proyecto es necesario, o que será suficientemente rentable. Por lo tanto, el dinero permanece embotellado en las instituciones, los proyectos siguen sin construir y la brecha de infraestructuras se ensancha.

“Es realmente un obstáculo de las políticas públicas. Tienen que ser pagados y los gobiernos tienen que encontrar una fuente de ingresos”, dice Cherian George de FitchRatings. “Si hubiera un marco financiero y fiscal sostenible, los fondos y la deuda estarían allí en un día.” [Ver nuestro análisis original sobre el tema en el que proponíamos una solución fiscal que permitiera facilitar el flujo de los proyectos: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones].

“Los Fondos de Pensiones y de capital privado están diciendo ‘tenemos el dinero – dennos los proyectos”, dice Rohan Malik, director de Ernst & Young de mercados emergentes. “La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a que los gobiernos alisten los proyectos?”

Para los gobiernos, tratar con el sector privado presenta un dilema político fundamental – cobrarle al público por bienes que consideraban anteriormente como gratis es impopular.

La Costa de Marfil tomó la valiente decisión de elevar su gasto en infraestructuras de aproximadamente 2 a 6 % del PBI el año pasado. Esto vuelve más difícil pagar los programas redistributivos, pero en un país con una cobertura eléctrica de tan solo 43 % y donde sólo el 8 % de las carreteras están pavimentadas, el gobierno decidió que era esencial. Durante los próximos cuatro años, tiene el objetivo de poner en práctica 94 proyectos valorizados en US$ 25 mil millones, aunque sólo 14 de ellos son elegibles para APPs.

“Incluir al sector privado es importante, pero tenemos que ser capaces de cubrir el costo de estos proyectos con una buena estructura de precios”, dijo Nialé Kaba, la ministra de Economía y Finanzas de la Costa de Marfil. “En mi país, la infraestructura pública era gratuita. Hay muchos grupos de presión”.

Esto significa, dice, que el sector privado tiene que ser razonable en sus expectativas de ingresos y que los políticos tienen que vender sus proyectos a los votantes. “Si este diálogo no es lo suficientemente franco, el gobierno no va a ser capaz de establecer los precios adecuados. También tenemos que sensibilizar a la población local y decirle a la gente que estas APPs son necesarias”.

Ese peligro es más grave para los inversionistas en la era de las redes sociales como Twitter. “La presión transmitida a través de los medios sociales es la principal fuente de los gobiernos. . . [de] lo que la gente llama “riesgo político”, dijo Thierry Deau, de Meridiam Group, que maneja tres grandes fondos de infraestructuras para las instituciones. “La sociedad civil es activa y es importante que los gobiernos y el sector privado  participen.”

Hay muchos obstáculos potenciales. La manipulación de los precios de un proyecto puede dar lugar a un desastre financiero. Las autopistas construidas en México entre los años 1980 y 1990 con financiación privada terminaron quebrando ya que el público se resistió a los altos peajes y utilizó carreteras alternativas gratuitas que eran más lentas.

El sector público en general también tiene que recaudar algo de dinero antes de pedirle apoyo al sector privado, pero las necesidades de infraestructuras están aumentando al igual que el gasto público está frenado por la austeridad y los problemas de crédito. S&P, en un informe el mes pasado, encontró que entre 2003 y 2012, 16 países de la eurozona cortaron inversiones en transporte en medio de aumentos de la deuda del gobierno general y créditos del sector privado al gobierno como proporción del PBI. ‘Asequibilidad’ y ‘austeridad’ fueron las razones más citadas por el déficit de financiamiento. 

Luego está el problema político. Es probable que la vida útil de una pieza de infraestructura sea mucho más larga que la de un gobierno democrático. Así que para los funcionarios del Banco Mundial, puede ser más fácil vender la idea de proyectos de infraestructura cuando los inversores pueden estar seguros de que no va a haber un cambio de gobierno pronto.

Vientos en contra

Incluso sin obstáculos, existe el riesgo de que los políticos intenten reescribir los términos de un acuerdo. En Europa, España redujo de forma retroactiva los subsidios para los productores de energía solar, causando la ira de los fondos de pensiones, Francia trató de reducir los peajes de la Autoroute y Noruega cambió la normativa para el ingreso de oleoductos poco después de la recaudación de fondos de los inversionistas.

Pero los gobiernos tienen razón en temer los compromisos a largo plazo que exigen los inversionistas que vienen con grandes pagos a empresas privadas por muchos años después de que las instalaciones se hayan construido. La iniciativa de financiación privada del Reino Unido logro con éxito el financiamiento, pero afrontó un largo periodo de impopularidad política.

La demanda para invertir en las infraestructuras de instituciones es clara. Una encuesta realizada el mes pasado a grandes fondos de pensiones por la consultora Create en Londres encontró que el 38 % tenía la intención de aumentar su inversión en infraestructuras durante los siguientes tres años – volviéndolo más popular que el capital privado, fondos de cobertura o la mayoría de fondos. Las compañías de seguros por sí solas han dirigido una asignación de US$ 80 mil millones al año en infraestructuras.

Amin Rajan, quien elaboró el informe Create, dice que uno de los principales obstáculos para convertir la demanda en realidad es la tendencia de los gobiernos “de cambiar objetivos todo el tiempo”. Los fondos de pensiones no están preparados para asumir los complejos riesgos políticos involucrados, dice.

El riesgo no es tanto la agitación política sino la posibilidad de que los gobiernos tengan dudas sobre los contratos a largo plazo y traten de transferir los riesgos adicionales a los inversionistas que están interesados ​​principalmente en proyectos de infraestructuras de bajo riesgo.

“Las personas interesadas en las infraestructuras tienden a compararlo con la renta fija [tener un bajo riesgo y retorno], no con el capital privado”, dijo Gavin Wilson, jefe de la sección de gestión de activos de la Corporación Financiera Internacional. “Las personas no se impresionan por los altos retornos porque lo que realmente quieren es menor riesgo.”

Ese es un problema grave, especialmente en los mercados emergentes, donde un nuevo puerto o autopista es una oportunidad para conseguir un alto rendimiento, pero no es una inversión de bajo riesgo como un bono. Al mismo tiempo, las infraestructuras, con un ingreso que tiende a subir en línea con la actividad económica, es vista como una cobertura contra la inflación, lo que hace más difícil atraer a los inversionistas en situaciones que, como la de ahora, se avecina que los precios podrían permanecer bajos durante algún tiempo.

Otro problema es que los proyectos de infraestructuras necesitan prácticamente todos sus fondos por adelantado, mucho antes de cualquier pago de compensación, que puede tomar décadas. “Es una diferencia fundamental con otros negocios y servicios y completamente diferente a la salud o la educación. Todo el dinero tiene que llegar antes de que haya nada concreto”, dijo Wilson.

“Es menos sobre si hay financiamiento y más sobre la calidad de los proyectos”, dijo Dimitris Tsitsiragos, vice-presidente del IFC (el brazo financiero del Banco Mundial). “Hacer que el proyecto sea viable desde el inicio es fundamental, ya que es la condición que lo hará sostenible.”

Los bancos multilaterales de desarrollo desempeñan un papel clave en esta área. En lugar de ayudar con la estructuración de productos financieros, pueden asesorar sobre la creación de un “pipeline” de proyectos prioritarios, y asegurarse de que sea lo suficientemente fuerte como para ganar respaldo.

“Hay contratos [a menudo] muy complejos y se necesita una mayor estandarización”, dice Barry de BlackRock. “Eso no existe en los EE.UU. Hay cierto progreso, pero se necesita algún elemento de intervención federal para crear los elementos de estandarización y un marco legal”.

Ampliando

La estandarización es aún más importante en los mercados emergentes. Esto ha desatado una campaña para crear grandes fondos con suficientes proyectos para reducir el riesgo mediante la diversificación. Tanto el IFC como Meridiam están construyendo fondos que, eventualmente, podrían contener un máximo de 20 proyectos. Ellos ayudarán a diseñar los proyectos antes de buscar otros socios de inversión.

Una solución más radical está siendo fomentada por los fondos de pensiones canadienses, quienes están tratando de eliminar por completo al intermediario. Caisse de dépôt et placement du Québec, que administra más de US$ 250 mil millones en activos de fondos de pensiones, lanzó este año una filial para gestionar toda la preparación del proyecto en sí.

“El gobierno define la iniciativa de la política pública, como por ejemplo para algún tipo de infraestructura de transporte público”, dice Michael Sabia, presidente ejecutivo de CDPQ. “Luego escogemos uno y planificamos el proyecto y hacemos la ejecución. Financiamos el proyecto con los socios, somos propietarios y operamos la puesta en marcha”.

El objetivo, compartido por muchos, es que las infraestructuras evolucionen hacia una clase de activos reconocidos. “Si se reconoce como una inversión ajustada a un riesgo estable entonces el dinero fluirá en el tiempo”, dijo Badré, del Banco Mundial. “La falta de infraestructuras es aún más costosa. Solo hay que preguntarle a una familia sin agua potable o sin electricidad para iluminar su hogar.” L

El Perú sigue cayendo en el ranking del ‘Doing Business’ desde su pico en el puesto 35 hasta su caída en el puesto 50 este año. Esta vez, en el último año caímos 5 puestos, retrocediendo en 6 de los 10 indicadores usados por el Banco Mundial (BM) y estamos en el puesto 50 de los 189 países evaluados.

Increíblemente, el gobierno peruano pretende esconder la cabeza en la tierra cual avestruz. Tanto Angélica Matsuda, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, como el Ministro de Economía y Finanzas, Alonso (In)Segura, niegan el retroceso amparándose en el cambio de metodología del ranking. Nos quieren hacer tontitos, ocultando que el indicador del BM es una curva donde se compara a un país con todos los demás y, evidentemente, el cambio de metodología afecta a todos los países por igual. Una vergüenza, viniendo de una de las supuestas islas de excelencia del Estado peruano.

La caída solo es otra confirmación de la inflexión de nuestra economía e indicadores sociales producida desde el inicio del actual gobierno, desde el 2011. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Este 27 de octubre, el Banco Mundial publicó su último informe: ‘Doing Business 2016’. El informe de 348 páginas evalúa la facilidad para hacer negocios en 189 países de todo el mundo a través de 11 factores: obtener electricidad (en términos de fiabilidad, precios y transparencia), manejo de permisos de construcción, comercio transfronterizo, pago de impuestos, protección de los inversionistas minoritarios, registro de propiedades, obtención de crédito, resolución de insolvencia, cumplimiento de contratos, regulación del mercado laboral y requisitos para comenzar un negocio.

Desde el año pasado, 151 de los países encuestados hicieron algunas mejoras y muchos países que progresaron en su puntuación general, cayeron en el ranking ya que fueron superados por las mejoras de otros. En otras palabras, no es suficiente que un país haga algunas mejoras teóricas en su clima de negocios; tiene que mejorar con respecto a los demás. Sus reformas deben superar a los otros países, es una suerte de competencia.

Cabe destacar que en el informe ‘Doing Business 2016’ ha habido un cambio en la metodología para evaluar el desempeño de un país en el cumplimiento de los contratos. Mientras que el tiempo y el costo de los litigios siguen siendo los índices para evaluar el desempeño de un país y su clasificación, la nueva metodología ha introducido un nuevo índice de la calidad del proceso judicial, que se evalúa sobre la base de la adopción de buenas prácticas que promuevan la calidad y la eficiencia del sistema judicial de un país. Un componente de este nuevo índice es la resolución de conflictos por medios alternativos, en particular con el arbitraje, la mediación voluntaria y la conciliación.

En su conjunto, América Latina y el Caribe tuvieron la menor cantidad de reformas regulatorias que cualquiera de las siete regiones del resto del planeta. Además, la región está calificada particularmente mal en las áreas de registro de propiedad y el pago de impuestos (un proceso que le toma a un empresario local 361 horas preparar, presentar y pagar impuestos, en comparación con 177 horas en otras regiones.

México mantuvo su lugar como el mejor clasificado para hacer negocios en América Latina, con Chile, Perú y Colombia un poco más atrás y todos se encuentran entre las 60 mejores economías de los países encuestados. Mientras tanto, los gigantes Brasil y Argentina se mantuvieron muy por detrás, en los puestos 116 y 121, respectivamente. Bolivia y Venezuela se mantienen en el tercio inferior de las economías evaluadas en los vergonzosos puestos 157 y 186 respectivamente.

Desde el informe del año pasado, el Perú ha caído cinco posiciones en el ranking mundial de “Doing Business” del BM. Está tercero en América Latina después de México y Chile, lo que significa que bajamos del segundo al tercer lugar entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico.

Con 71.33 puntos, el Perú se ubica por encima del promedio de la región (59.07), comparado con México (73.72) y Chile (71.49). Sí superamos en la facilidad para hacer negocios a Colombia, Panamá, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela.

El Perú ha estado trabajando supuestamente, para reformar algunos procesos principales:  facilitar los negocios, conseguir créditos y simplificar el pago de impuestos. Hemos mejorado el sistema de información de crédito con la aplicación de una nueva ley de protección de datos personales.

En la tabla inferior se puede observar el score de Perú en cada uno de los pilares de este ranking:

Ver el ranking completo en nuestro ‘Repositorium’ de Índices, Estadísticas y Rankings: Índice de Doing Business 2016. Y el cuadro anterior en:  http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/#close

¿Qué se necesita para iniciar un negocio en el Perú? A nivel mundial, el Perú se sitúa en el puesto 97 en el ranking de 189 economías (ha caído ocho posiciones). Abrir un negocio en el Perú puede demorar hasta cinco veces más que en los países miembros de la Alianza del Pacífico. Según los datos recogidos por Doing Business, iniciar un negocio requiere de 6 procedimientos, toma 26 días y cuesta 9.8% del ingreso per cápita. En Chile la demora promedio es de 5.5 días, en México es de 6.3 días y en Colombia 11 días. Esto se puede observar más claramente en el gráfico inferior:

No olvidemos el ejemplo de híper regulación que presentó el Presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde en Perumin sobre el sector minero. Ver gráfico:

Queda claro que tenemos muchas reformas por delante si queremos mejorar esta situación. No es solo una cuestión de que ha cambiado la metodología, sino que no hemos avanzado tan rápido en las mejoras como las demás economías y en muchos casos seguimos retrocediendo.

El ministro de Economía, Alonso (In)Segura insiste en negar la realidad: “No hemos hecho nada mal, lo que ha habido es, y el Banco Mundial también lo afirma, que han cambiado la metodología, son 10 indicadores los que miden, han cambiado dos o  tres el año pasado y han cambiado más este año, por tanto no son comparables los puestos“. Esta es una afirmación del ministro que supuestamente era el destrabador de los grandes proyectos. No ha destrabado ninguno y además a prácticamente paralizado las APP (Asociaciones Público Privadas) y las Iniciativas Privadas. No le hizo caso a Lampadia, que en agosto del 2014, hizo la propuesta de una estrategia para sacar adelante los grandes proyectos que debían sustentar el crecimiento de nuestra economía. Ver: Destrabemos megaproyectos para recuperar el crecimiento. 

No se puede seguir viviendo bajo excusas y mentiras. Seguimos malogrando nuestras oportunidades de desarrollo e inclusión. Lampadia