Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Este 7 de octubre serán las elecciones a gubernaturas regionales y alcaldías en el Perú. Este proceso electoral tiene importantes implicancias sobre el sector minero y sobre las dinámicas de inversión del sector. Si bien de acuerdo a las leyes peruanas las autoridades sub-nacionales no tienen prerrogativas importantes a la hora de regular la gran inversión minera, si tienen una un rol importante en las dinámicas regionales de las que depende la resistencia social y política que puede enfrentar las inversiones mineras en el Perú.

Las autoridades locales son un factor importante en la conformación de la correlación de fuerzas afines u hostiles a la minería en un entorno de conflictividad social. La victoria de fuerzas políticas anti-mineras en este proceso electoral tiene un conjunto de consecuencias de corto y largo plazo en la medida en la cual instrumentalicen municipios o gubernaturas regionales hacia el activismo anti-minero. En el Perú ha sido visible el papel de figuras como Gregorio Santos desde la Presidencia Regional de Cajamarca o de Oscar Mollohuanca desde la Alcaldía de Espinar. Sus apariciones en medios y manifestaciones los llevaron a tener una figuración mediática nacional y el caso de Gregorio Santos le facilito el asumir un liderazgo relevante dentro del espectro político radical.

A continuación, listamos algunos de los efectos potenciales de la victoria de figuras políticas hostiles a la minería sobre la legitimidad y viabilidad del sector:

• Manutención de Activistas: La presencia de activistas a tiempo completo dedicados es un importante factor de éxito en los movimientos sociales anti-mineros. Con autoridades anti-mineras estos activistas pueden ser contratados como funcionarios o consultores para cumplir, en el papel, determinadas funciones cuando en realidad son activistas anti-mineros financiados con fondos públicos tanto en sus ingresos personales como en la logística de su activismo como lo es el transporte alimentación y locales de reunión.
• Soporte logístico a manifestaciones: Es posible que autoridades hostiles a la minería brinden transporte o alimentación a los manifestantes en contra de proyectos mineros. Se ha dado casos de uso de unidades de transporte contratadas o de propiedad por autoridades utilizadas para transportar a manifestantes hacia marchas o bloqueos. Esto se hace con recursos públicos que son utilizados con fines distintos a los presupuestados. Lamentablemente el grado de fiscalización por parte de la Contraloría o Gobierno Central es mínimo y estos actos de malversación de fondos públicos pueden ser realizados con mínimas consecuencias.
• Representación Social: Las autoridades locales tienen un importante rol de representación social puesto que han sido electas por la población. A diferencia de las ONGs o los Frentes de Defensa que se auto-asignan sus roles, estas autoridades han obtenido su puesto gracias a procesos electorales en las que ha participado la inmensa mayoría de la población. Una autoridad local anti-minera podrá presentar al resto del país su postura como representativa de su población. Ello facilita una polarización política contra el gobierno central y el acceso a medios de comunicación nacionales de la postura anti-minera.
• Aparato de Propaganda: En múltiples casos las autoridades sub-nacionales tienen importantes recursos comunicacionales bajo su control. Radios o canales de televisión locales son controlados por dichas autoridades. Estos recursos comunicacionales pueden resultar siendo canalizados dentro del aparato de propaganda anti-minero y dedicarse a socavar la legitimidad de la minería. En Espinar era común que el canal de televisión municipal transmitiera reportajes respecto a muerte de ganado a ser atribuidos a la actividad minera sin ninguna investigación científica que lo sustentara. En Cajamarca el Gobierno Regional durante el conflicto de Conga creo un programa radial “La Voz de La Región” que se dedicaba a la difusión militante del discurso anti-minero. La imagen superior proviene de la televisión municipal de Espinar mostrando un reportaje[i] en el que se acusaba a la Glencore-Xtrata de ser responsable de enfermedades en el ganado.

  

• Presión Institucional: Como mencionamos previamente el marco legal peruano no brinda a las autoridades locales muchos instrumentos para impedir legalmente las actividades mineras. Sin embargo, pueden realizar múltiples actividades que sirven para deslegitimar a los ojos de distintas audiencias las actividades del sector. En el caso de conflicto Conga fue visible el rol de la Ordenanza Regional 036 la cual prohibía el proyecto minero y que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. También se hace uso de declaraciones de reservas naturales en zonas de operaciones mineras o se declara a una determinada población como pueblo indígena. Estas acciones se realizan por fuera de las atribuciones legales de estas autoridades. Sin embargo, su rol no consiste en inviabilizar legalmente a un proyecto.  Estas acciones se dan con fines políticos y permiten presentar los proyectos como enfrentados a la voluntad local e impuestos por el gobierno central.
• Adoctrinamiento: Los anti-mineros son conscientes de la importancia de la formación discursiva y de la importancia de penetrar a la sociedad con su narrativa. Por ello es común que utilizando recursos públicos lleven a cabo acciones de adoctrinamiento anti-minero a los empleados de las instituciones bajo su control. Los empleados públicos forman una fracción importante de los formadores de opinión en las inmediaciones de los proyectos mineros al constituir gran parte de la población local con mayores niveles educativos y capacidad discursiva. La siguiente imagen muestra a Wilder Sánchez, autor de estudios hostiles al proyecto Conga, dando una conferencia[ii] en contra de dicho proyecto a los empleados del Gobierno Regional de Cajamarca. La posición de Sánchez respecto a Conga es bastante clara:

“Ni una catástrofe natural, llámese huracán, aluvión, Fenómeno de El Niño o terremoto de gran magnitud, causaría la destrucción descrita en las cinco cabeceras de cuenca.Incluso una bomba nuclear como la lanzada sobre Hiroshima, que destruyó totalmente el 69% de sus edificaciones en 12 Km2 de la ciudad (o sea 1,200 hectáreas) pero no dejó profundos cráteres, tampoco se asemejaría a la devastación del territorio que ocasionaría Minas Conga si prosigue adelante”.

Este domingo se está jugando su futuro una importante fracción de la inversión minera nacional durante los próximos 4 años. De darse triunfos anti-mineros en regiones o municipios envueltos en conflictos sociales se verá severamente dificultado el aprovechamiento del enorme potencial geológico del país. Sería bueno que las empresas mineras estén claras sobre las consecuencias de una victoria de los grupos anti-mineros en algunas regiones del país. Lampadia

(Artículo 2 de una serie de 3)
Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La legitimidad de toda actividad económica se juega a lo largo del tiempo, en una lucha que se da todos los días del año y durante muchos años. Esta depende de las opiniones que se van construyendo por líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. Los pos-extractivistas (grupos contrarios a la actividad minera y al crecimiento productivo en general) y sus aliados están en una lucha de largo plazo para inviabilizar o restringir la mayor parte de la inversión minera en grandes proyectos.

Muchas empresas confiadas en su poder económico y en sus contactos con el Estado y con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus actividades. El efecto individual de las diversas iniciativas de las organizaciones anti-mineras en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.

El efecto acumulado del activismo anti-minero termina afectándoles, ya sea por la paralización directa de proyectos mineros o por el incremento del riesgo social que enfrentan sus proyectos. Ese riesgo implica que dichos proyectos se posterguen por muchos años y que requieran de mayores tasas de rentabilidad para tener acceso para financiamiento. El resultado de esas postergaciones o paralizaciones es el freno al desarrollo del país.

Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando en estos momentos. Todas buscan erosionar la legitimidad del sector minero. Esas iniciativas son:

• “La vida no vale un cobre”
• “Criminalización de Defensores”
• “Devoluciones Mineras”

Cada una de estas iniciativas se articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generar derivados comunicacionales que llegan a los líderes de opinión, canalizando sus ideas a la prensa, para terminar impactando sobre la opinión pública y sobre los políticos.

Con esas campañas los grupos hostiles a la minería van creando paulatinamente una opinión negativa respecto al sector minero en el periodismo, en el Estado, en la juventud y en la población en general. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras: predispone a periodistas en contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles y promueve que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas a la minería. Esas campañas, además, sirven de estrategias para la captación de fondos y para capturar cuadros entre la juventud peruana.

En un artículo anterior hablamos de la campaña “La Vida no Vale un Cobre”. La segunda iniciativa identificada consiste en la campaña “Criminalización de Defensores” que tiene por efecto, de ser exitosa, generar condiciones de un mayor nivel de impunidad a los activistas anti-mineros frente a potenciales acciones violentas o de uso de fondos públicos.

“Criminalización de Defensores”:

Parte del accionar de los anti-mineros consiste en la realización de acciones ilegales, muchas veces violentas, como bloqueo de carreteras, uso de fondos públicos para financiar sus actividades, intimidación física de la población, destrucción de propiedad privada, usurpación de terrenos y detenciones arbitrarias. Los casos en los que se ha manifestado esta clase de acciones han sido numerosos.[1]

Las acciones ilegales descritas son útiles a los anti-mineros en múltiples aspectos. Les permiten obtener recursos, generar ocasiones de violencia que favorecen su victimización, generar imágenes de caos que derivan en costos políticos que doblegan la voluntad política del gobierno central y hacer uso de la fuerza para consolidar su hegemonía política local. Si los anti-mineros tuvieran que enfrentar el imperio de la ley, en el grado que se da en otras latitudes, su capacidad para ejercer presión política y obtener recursos se vería severamente disminuida. Por ello, la impunidad para sus actos ilegales es sumamente importante.

Por supuesto, los anti-mineros no lo ven así. Ellos se imaginan enfrentando un orden legal injusto y un aparato represivo del Estado, que se encuentra al servicio de las empresas mineras y contrarios a los derechos de la población. Por ello, las medidas del Estado contra dirigentes anti-mineros responsables de acciones violentas e ilegales son consideradas por ellos y sus aliados como la “criminalización de la protesta social”.

En el caso de esta campaña, el producto que aglomera sus argumentos discursivos es el documento: “Una receta para criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”[2]

La propuesta principal del texto, de acuerdo a la sumilla de presentación, es:

“Las personas defensoras de derechos humanos que ejercen su trabajo en relación con el acceso a la tierra y los derechos al territorio y al medio ambiente en Perú y Paraguay realizan sus actividades en contextos hostiles. En ambos países, los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos. Estos son los ingredientes de la receta para socavar su trabajo e impedirles seguir con la defensa de los derechos humanos.”

Es de resaltar que entre los supuestos abusos sufren estos defensores se encuentran la “estigmatización” que parecería ser la expresión pública de opiniones que entren en severa contradicción con la imagen que el activismo anti-minero plantea dar de estos personajes.

Un ejemplo de lo que se considera como estigmatización es el siguiente fragmento del texto de Amnistía.

A entender de Amnistía, caracterizar a Máxima Acuña de ser una ocupante ilegal, cuando ocupa terrenos que en Registros Públicos están a nombre de Minera Yanacocha, se trata de un acto de agresión a un defensor de los derechos humanos. Esta definición de “estigmatización” se encuentra muy extendida entre algunas organizaciones de derechos humanos para quienes ciertos personajes y actores sociales tienen un valor totémico, son intrínsecamente incapaces de acciones inmorales mas allá de las pruebas, y sus actos deben ser vistos más allá de la ley.

En su segmento de Recomendaciones se hacen un conjunto de peticiones a las autoridades para bridar un status especial a las personas consideradas por ellos y algunas organizaciones ideologizadas, como defensores ambientales. Bajo ese status especial, muchas de sus acciones ilegales en el marco legal de los países, como bloquear una carretera, paralizar actividades económicas de terceros y generar millonarias pérdidas a empresas mineras, serian considerados como parte del ejercicio legítimo de las funciones sociales de un defensor ambiental. Con ese status especial, esas personas son puestas por encima de las otras personas, de las leyes y de las instituciones del país.

Las personas consideradas como “defensores criminalizados” en esta campaña consisten en personajes difusores de la narrativa antiminera ya sea como activistas antimineros o como iconos funcionales para sus fines comunicacionales. Entre los “defensores” cuyos casos son visibilizados se encuentran Oscar Mollohuanca quien fuera protagonista principal de la conflictividad social antiminera en Espinar Cuzco, Cesar Estrada activista antiminero acusado por extorsión y secuestro, y Máxima Acuña, cuyo ícono es funcional a una estrategia de desprestigio generalizado del sector minero.

Esta campaña no se remite únicamente a un documento de Amnistía Internacional. El libro de Rocío Silva Santisteban, “Mujeres y Conflictos Eco-territoriales en América Latina”[3], ha sido presentado en múltiples ciudades del país con cobertura mediática de grupos hostiles a la minería, el libro hace hincapié en la victimización de las “defensoras” frente a supuestos abusos impulsados por empresas mineras, obviamente Máxima Acuña es una protagonista en el texto.

También la organización APRODEH toma acciones en su reporte ““La situación de los derechos humanos en el Perú. Balance y perspectivas desde el mecanismo del examen periódico universal 2017”[4] En dicho reporte se hace mención de la existencia de un proceso de persecución judicial contra los defensores de derechos humanos entre los cuales se encuentran activistas anti-mineros como Milton Sánchez, quien dirige la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina en Cajamarca.

El Instituto de Defensa Legal también realiza acciones alineadas con esta campaña, en su programa radial “No hay Derecho” que es transmitido en las mañanas de lunes a viernes tanto en Lima como en múltiples ciudades del interior. En cada pausa de dicho programa se transmiten spots donde líderes anti-mineros tipificados como “criminalizados” denuncian que sufren persecución e instan a los oyentes a unirse a una campaña en su defensa.

En numerosas audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha llevado a activistas anti-mineros para que brinden sus versiones ante los magistrados de dicha corte.

Mientras los anti-mineros despliegan múltiples campañas, el Estado Peruano no es capaz de contar una historia alternativa que logre justificar su accionar como defensa de la ley y de los pilares de un orden social democrático.

La presentación de documentos no es el único resultado de esta campaña, con ella se entra en contacto con líderes de opinión, funcionarios del Estado, Congresistas e instancias internacionales (Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ejerciendo influencias en personas con roles críticos en todos esos niveles.

Esto tiene un conjunto de consecuencias potenciales y reales. Presiona a los jueces a dar fallos favorables a los anti-mineros, fomenta una cobertura hostil de la prensa hacia el sector minero y propicia cambios institucionales o regulatorios que dificultan el imperio de la ley en zonas mineras. El objetivo legal definitivo consiste en que se brinde a los “defensores ambientales” un estatus legal especial en el que el grado de impunidad para potenciales actos delictivos se eleve ostensiblemente.

Mientras esta iniciativa se despliega con múltiples líneas de incidencia simultanea el sector minero no realiza acciones efectivas destinadas a justificar legal y éticamente su accionar ni a visibilizar el alto grado de impunidad del accionar violento de muchos antimineros. Una vez más, el sector y sus organizaciones, da muestras su incapacidad para percibir la importancia del la “superioridad moral” en el conflicto político prolongado en el que, a pesar de no quererlo, se encuentra involucrado. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
El Comercio
19 de junio, 2018

Según el INEI, el crecimiento del Perú real se ha expresado en abril con un pulso de 7,81%, lo que nos reclama la oportunidad y la necesidad de crecer más.

Ya hace unos días, el sondeo de Reuters había recogido una mejora del promedio de las estimaciones de crecimiento de abril, marcando un impresionante 6,8%.

Y más allá de los análisis financieros, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, había afirmado la semana pasada que esperaba un crecimiento de 7%. Se trata de una excelente tasa que no se veía desde hace casi dos años.

Esta tasa extraordinaria está explicada en parte por el contraste con abril del año pasado, cuando sufrimos los embates de El Niño costero, y por dos días laborales adicionales. Por lo tanto, no podemos esperar que se repita en los próximos meses. No marca pues el regreso al ritmo de crecimiento que ostentábamos hace pocos años.

Sin embargo, sí empieza a recoger las burbujeantes reacciones de una economía que fue parada a la mala y que mantiene un potencial de crecimiento alto y sostenido.

No nos olvidemos de que nuestro crecimiento se paró por la caída de la inversión privada, luego de haberse detenido los proyectos mineros desde el 2011. A lo que se sumó una creciente y asfixiante regulación, que no deja de multiplicarse desde inicios de siglo.

Otro factor que complotó contra el crecimiento ha sido la paulatina instalación, en el sector público peruano, de una absurda aversión a lo privado, a las inversiones directas y a las APP, llegando a inhibir desarrollos donde el Estado detenta clamorosos déficits de servicio, como en saneamiento, salud y educación.

Por el lado de nuestro potencial de crecimiento, muchos de nuestros recursos están sub-explotados, como es en el caso de la minería, energía, madera y pesca. Y, además, estamos lejos de aprovechar lo que aún podemos hacer en agro-exportaciones (una de las industrias más sofisticadas del mundo), el turismo (con menos de 2% del total global) y tantas otras oportunidades que se multiplican a lo largo y ancho de nuestro maravilloso país.

Como comentó Andrés Oppenheimer la semana pasada, hasta las exportaciones de manufacturas en el mundo del conocimiento dejan márgenes bajos al productor local. Por ejemplo, según indicó, dejan de 8% a 10% del valor de venta para un polo peruano en Miami. Sin embargo, la exportación de concentrados de cobre, que deja un margen local del orden del 86%, ha sido dibujada como algo hasta indeseable.

Este pulso de crecimiento del brioso país que hemos amarrado, evitando su desarrollo, debe servirnos como un llamado de atención a que reflexionemos sobre lo que podemos hacer, a que reflexionemos sobre lo que significa estar por debajo de nuestro potencial, teniendo tantas necesidades por satisfacer, empezando por superar la pobreza.

Lamentablemente, seguimos esperando que nuestros políticos y nuestros gobernantes iluminen los caminos y marquen el ritmo de nuestro desarrollo. Es hora de que los ciudadanos comprometidos con el futuro de nuestra patria tomemos el liderazgo en fijar la visión de nuestro desarrollo y las estrategias que lo hagan posible.

El pulso del crecimiento de abril es un pulso que está en el corazón de todos los peruanos. Lampadia

Como hemos indicado anteriormente, consideramos muy importante que se consolide el gobierno de Martín Vizcarra, que sigue siendo atacado desde las desleales izquierdas, las canteras del partido de PPK y por las insidiosas presentaciones de periodistas de Canal N, RPP y Canal 9, que echan carbón para reactivar las diferencias del gobierno con Fuerza Popular, haciendo caso omiso al llamado presidencial de ‘abandonar la política de odio y confrontación’.

Nuestro apoyo a la consolidación del gobierno, no nos inhibe de hacer críticas a políticas y medidas expresas, que en nuestra opinión desfavorecen el éxito de la gestión de Vizcarra, más allá del muy corto plazo.

Cuando el Ministro de Economía, David Tuesta, nos dijo que teníamos que crecer más, destacamos su declaración.

Pero cuando, antes de abrir el camino al crecimiento, o, aunque sea, prender una luz al final del túnel, habló de aumentar impuestos, lo criticamos.

Efectivamente, después de que el gobierno ha disminuido las posibilidades de activar los proyectos mineros en el corto plazo, algo indispensable para relanzar el crecimiento de la economía, el MEF se refugia en el aumento de los impuestos.

Como sabemos, el gobierno ha hecho un planteamiento muy tímido sobre la posibilidad de viabilizar la inversión minera, abriendo el espacio para que cualquier grupo de interés minoritario, anti-inversión y anti-minero, organice alguna turbamulta y frustre las inversiones. Los cuidados del gobierno sobre los temas sociales y ambientales, no estuvieron acompañados de explicaciones sobre la necesidad de promover esas inversiones, ni marcaron la línea entre preocupaciones sinceras y atendibles, y disculpas para que los enemigos de la superación de la pobreza, sigan paralizando la economía.

Nuevamente Chile se apresta ha sacarnos una mayor ventaja en la producción de cobre. El país es un hervidero  de iniciativas y proyectos.Toda la industria del cobre se vuelca a nuestro vecino, donde hasta se diseñan esquemas laborales para enganchar a los mineros peruanos, profesionales y trabajadores, en ciclos de producción y descanso, que eviten un desarraigo completo.

Mientras tanto en el Perú, donde perdimos el tren de las inversiones mineras en los albores del gobierno de Humala-Heredia, y hasta ahora no podemos ni acercarnos a la estación, estamos a la espera de que no se le ocurra a nadie iniciar una protesta contra alguno de nuestros proyectos, pues el gobierno no se anima a liderar a la población explicando las ventajas y beneficios de las inversiones mineras, máxime ahora que entramos en un ciclo de vacas fiscales flacas.

Ver en Lampadia: Chile consolida su ventaja sobre el Perú – La carrera del cobre, la madera y las startups

Ayer el MEF aumentó el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, combustibles y vehículos nuevos. Al estilo de la política tradicional, nos quieren vender el paquetito como una medida para desincentivar el consumo de bienes que producen externalidades negativas. La verdad es que el aumento responde a la necesidad de tener más recursos fiscales, nada más.

Los aumentos anunciados, en un momento de debilidad de la demanda por empleo, de menores ingresos de la población, son un golpe a los más necesitados, los pobres y la clase media.

El Perú tiene como crecer alto y sostenido. Para ello tenemos que recuperar la inversión privada, que está a la espera de mejores señales del gobierno. Si no tuviéramos opciones de hacerlo mejor, no quedaría otra que ajustar los cinturones de todos. Pero teniendo mil oportunidades de inversión, con generación de empleo y posibilidades de multiplicar los recursos fiscales, subir impuestos sin, siquiera iluminar el camino del crecimiento, linda en un facilismo cortoplacista empobrecedor.

¡Está bien que tueste, ministro, pero que no queme! Lampadia

La minería en el Perú está esencialmente parada desde el inicio del gobierno de Humala-Heredia. PPK fracasó clamorosamente en la necesidad de reposicionar a la minería como una actividad positiva para el desarrollo del país, empezando por los pueblos cercanos a los proyectos. Esperamos que el gobierno de Vizcarra logre enmendar rumbos.

Hace una semana, mientras en Chile se realizaba la Conferencia Mundial de Cobre 2018, organizada por CRU, y todos los representantes de la industria, así como de las compañías de ingeniería y maquinaría minera, compartían su entusiasmo por el potencial del sector y la disposición de Chile para desarrollar sus proyectos, en el Perú se empezaba a perfilar una inconsecuente falta de visión y valentía, por parte de los miembros del nuevo gobierno de Vizcarra con respecto a las inversiones en minería y energía, empezando por el propio primer ministro.

El primer ministro, Cesar Villanueva, con su proverbial bonhomía, hizo una declaración, festejada por el diario La República, sobre la necesidad le lograr ‘licencia social’ y como requisito previo al desarrollo de los proyectos mineros: “Tía María (…) es uno de los proyectos que (…) no tienen la aprobación de las poblaciones adyacentes al centro minero y que, además, no demuestran un respeto absoluto al tema ambiental en sus propuestas de operación deben esperar.”

Lamentablemente, en vez de asumir el reto de explicar a los ciudadanos, la necesidad de apoyar los proyectos mineros y sus beneficios para el país, el gobierno prefiere, aparentemente, jugar a la política tradicional y postergar las decisiones cruciales de gobierno, en haras de asegurar el voto de las izquierdas anti-inversión y anti-minería, para la investidura del gabinete.

Cuidado, que así es como se malogran las oportunidades de avance del país. Así sucedió,  cuando recuperamos la democracia luego de la dictadura militar, cuando el presidente Belaunde, con su tradicional bonhomía, postergó todas las decisiones que debieron corregir las barbaridades de la dictadura estatista, para cuidar la candidatura municipal de Eduardo Orrego. Salió Orrego, pero nunca se pudo enrutar al Perú, hasta diez años después, luego de mucho sufrimiento y costo de vidas.

No podemos arriesgar el destino de los peruanos, postergando las inversiones que deben disminuir la pobreza y corregir siete años de despropósitos.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq

Para Lampadia

El 20 de febrero pasado fue asignado el proyecto minero Michiquillay (Cajamarca) a Southern Peru Copper Corporation, este proyecto implica una inversión de US$ 1,950 millones y entraría en operaciones el año 2025. Se trata de una noticia sumamente relevante puesto que es el primer nuevo proyecto minero a ser iniciado en el Perú en muchos años.

La reacción entre los actores económicos ha sido positiva, aunque se considera que, por sí solo, Michiquillay no implicaría un cambio significativo en la trayectoria del crecimiento económico de largo plazo del país.

Como ya es común en el Perú, el riesgo principal que enfrentan proyectos de esta envergadura no proviene de aspectos económicos y/o financieros, sino de tipo socio-político. El proyecto Michiquillay no es la excepción. El mero hecho que se encuentre ubicado en la región Cajamarca lo expone abiertamente a esta posibilidad. En Cajamarca las fuerzas políticas hostiles a la minería[i] obtuvieron 51% del total de votos válidos en la última elección presidencial[ii], más específicamente se encuentra en el distrito de “La Encañada” en el que dichas fuerzas obtuvieron un agregado de 52%. Otro a dato a considerar fue el crecimiento explosivo en el número de miembros de las comunidades de Michiquillay y la Encañada (ver tabla siguiente). Esto nos señala la existencia de múltiples personas interesadas en obtener una porción de las rentas generadas por este proyecto extractivo.

Como se puede observar el proyecto se encuentra en una zona en la que la hostilidad minera puede significar un incentivo para el posicionamiento político de múltiples actores locales y sociales, alineados contra el proyecto. Tal como hicimos hace unos meses para Lampadia en el artículo “¿Tía María va?”, en el presente texto hemos identificado algunos de los riesgos sociales que enfrenta el Proyecto Michiquillay y que podrían erosionar su viabilidad:

1. Manejo del Fondo Social Michiquillay: La generación de instituciones benefactoras con recursos mineros ha sido un instrumento de legitimación social aplicado en múltiples casos. Se tiene en Cajamarca el antecedente de la ALAC la cual fue implementada por Minera Yanachocha, en Espinar se creó la Fundación Tintaya. Esas instituciones manejan importantes recursos y la disputa por el control de los mismos puede llegar ser sumamente conflictiva. En el caso de la Fundación Tintaya el 29 de mayo del 2012 el local fue incendiado por un grupo de manifestantes en medio de acusaciones respecto a que la Fundación servía para dividir a la comunidad en favor de la mina. En el caso del Proyecto Michiquillay cuando el mismo era administrado por Anglo American, a inicios de junio de 2013 el local del Fondo Social Michiquillay fue tomado por personas que reclamaban el pago a las universidades donde estudian sus hijos y que se cumplan los acuerdos de un año de trabajo para cada uno de los comuneros. Recientemente se acusa los dirigentes locales favorables a la realización del proyecto de estar comprometidos “en las irregularidades del Fondo Social Michiquillay que consta en los informes de auditoria”[iii] es acusación ha sido divulgada por el congresista post-extractivista Marco Arana.

En el caso de Fondo Social Michiquillay el mismo dispone, actualmente, del 50% del total de las contraprestaciones de la empresa hacia el Estado, el mismo que asciende a un monto cercano a los US$ 200 millones. Estamos hablando de fondos significativos a ser controlados de manera conjunta por la empresa y por representantes de comunidades sin experiencia en la gestión de fondos de dicha magnitud.

Las disputas respecto al Fondo Social pueden ser aprovechadas por los postextractivistas, ellos podrían brindar a facciones en disputa por el Fondo soporte discursivo. Es decir, una facción de la comunidad deseosa de controlar parte del fondo podría presentarse como víctima de abusos por parte de la empresa o afectada ambientalmente ello con la esperanza de legitimar socialmente acciones de presión contra el Fondo. El aparato de comunicaciones post-extractivista en múltiples ocasiones ha mostrado efectividad en convertir intereses rentistas de grupos y organizaciones en discursos en que lucen a los ojos del público como víctimas de las empresas mineras.

Por ejemplo, existen voceros y organizaciones que buscan polarizar con los representantes del Fondo Social y con los representantes de las comunidades.Una estrategia que anti-mineros han usado con anterioridad es la creación de organizaciones paralelas (Frentes de Defensa, comités, confederaciones, etc.) que se presentan y hablan en “representación de la población”.Estas organizaciones confunden a la opinión pública acerca de cuáles son los representantes legítimos de la población.El siguiente cuadro muestra declaraciones de voceros de algunas organizaciones.

Una diferencia importante con las coaliciones formadas en otros conflictos, es que los representantes de la población se han mostrado abiertamente a favor de la continuidad del proyecto, y han rechazado la presencia de elementos ajenos a la comunidad.  (“En cuanto a las protestas anunciadas por los anti-mineros, [Jesús Díaz Casahuamán, presidente de la comunidad campesina de Michiquillay] dijo que están en su derecho, sin embargo, aclaró que los comuneros no permitirán el ingreso de terceros a querer desestabilizar la ejecución del proyecto, porque todos están de acuerdo con esta oportunidad de desarrollo que representa”.  Habla Cajamarca- Radio la Beta- 13/02/2018).

2. El Anillo Externo: Un proyecto extractivo puede estar en buenas relaciones con su entorno directo y aun así ser socialmente inviable. Esto puede darse cuando el proyecto enfrenta un anillo externo que es hostil al proyecto. Un caso relevante en el que esto se dio fue en el del Proyecto Conga. En este caso las comunidades más cercanas al proyecto en múltiples ocasiones habían manifestado su apoyo a la realización del proyecto; sin embargo, la movilización en zonas más lejanas al proyecto generó una dinámica de conflicto que lo inviabilizó.

Este fenómeno del anillo externo puede verse agravado por el accionar mismo de la Empresa y sus prácticas sociales. Algunas empresas con el fin de obtener la “Licencia Social” en su entorno destinan ingentes recursos a una Área de Influencia (AI) definida con criterios técnicos sin considerar las dinámicas sociales de la zona. Esta asignación de recursos es entendida, en muchos casos, como una compensación frente a los efectos ambientales de las operaciones mineras. Esto genera una clara diferencia entre beneficiarios y excluidos de un proyecto minero, diferenciados por quien queda a un lado u otro de la ribera de un río, en una u otra ladera de un monte, o cualquier otro límite geográfico determinado por la empresa.

Un mecanismo para justificar la inclusión en el AI sería que los miembros de este “Anillo Externo” sean percibidos como perjudicados por el proyecto minero. Es en esta circunstancia que los pos-extractivistas encuentran terreno fértil para su narrativa, puesto que proveen de discurso y asesoría a los dirigentes que requieren ser percibidos como afectados ambientalmente para lograr sus objetivos. En este caso, los que se perciben como afectados son la población de Polloc y Namora, audiencia que anti-mineros locales han encontrado para inocular su narrativa. 

Una vez que empiezan a trabajar con dirigentes y líderes de opinión locales, los pos-extractivistas tienen convocatoria local para sus “Talleres Informativos” destinados a maximizar el temor entre la población local (ver en Lampadia: “Manual de formación de líderes anti-mineros”). Las movilizaciones por parte del Anillo Externo pueden devenir en actos violentos y vandálicos, cierre de carreteras, y en plataforma para el envío de mensajes hostiles a la minería. En el caso de Conga las movilizaciones de comunidades no pertenecientes a los Anillos más cercanos del proyecto fueron determinantes para generar las tensiones que paralizaron dicho proyecto. Por ello más allá del apoyo del AI, hay que estar pendiente del clima social fuera de ella y su potencial de movilización contra el proyecto. Es relevante mencionar que la ONG anti-minera Grufides ya ha empezado a visibilizar la resistencia al proyecto por parte de pobladores en insatisfechos en los alrededores del proyecto.[iv]

Por el momento, los esfuerzos por generar movilizaciones contrarias han sido infructuosos, tanto de manera contraria como favorable.(“El dirigente rondero Ydelso Hernández [candidato al congreso por el MAS, con 23,048 votos mientras Arana obtuvo 8,576] dijo que miles acudirían a la movilización en contra del proyecto Michiquillay, pero no fue así, y el político cajamarquino Miguel Rojas tampoco tuvo la convocatoria con su marcha en apoyo a las inversiones, por lo que ambas convocatorias pasaron desapercibidas”- La rotativa regional, RPP – 20/12/2018).

3. Utilización Político-Electoral del Proyecto: La polarización frente a proyectos mineros puede resultar un conveniente mecanismo de posicionamiento electoral. En Tambogrande Piura, Francisco Ojeda resultó ser electo alcalde de su distrito tras oponerse a la inversión minera como dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande en 2003. En la provincia de Bambamarca en Cajamarca, Edy Benavides fue electo alcalde provincial tras liderar el Frente de Defensa en 2014. En Espinar Cuzco, Oscar Mollohuanca fue elegido alcalde de su provincia tras liderar el Frente de Defensa y liderar violentas protestas contra la minera Xstrata Tintaya en 2013. Finalmente, Gregorio Santos fue reelecto como gobernador de Cajamarca tras una gestión precaria en obras o servicios gracias a su polarización anti-minera. Como se pude observar en múltiples ocasiones el posicionarse como luchador frente a los supuestos abusos de las empresas mineras resulta ser políticamente rentable.

La utilidad de la polarización contra la minería ha sido reconocida por los dirigentes del MAS-Cajamarca. Cesar Aliaga[v], posiblemente el pensador más sofisticado de dicha organización, considera en su libro “La Batalla por Cajamarca”, que haber planteado las elecciones regionales como un referéndum respecto a Conga fue una de las principales causas de su victoria. De manera adicional, en un escrito interno reciente del MAS-Cajamarca el dirigente Johnny Tejada[vi] se lamenta que en este proceso electoral de octubre del 2018 no se estuviera vislumbrando una polarización anti-minera regional que impulsara la victoria del MAS.

Con la asignación del Proyecto Michiquillay a Southern, estos intereses se mantienen y se da la posibilidad de una polarización que permita que el eje de disputa de la compaña del 2018 sea uno entre “Pro-mineros versus defensores del agua” único escenario en el cual el MAS podría resultar triunfante dada su baja capacidad de gestión pública y constantes escándalos de corrupción.

Es en ese sentido, las declaraciones de Gregorio Santos respecto a Michiquillay en las que afirma que es un proyecto “Que nació muerto”, las del Gobernador Regional Porfirio Medina en las que afirma que ha sido impulsado “al caballazo” y las del líder rondero Ydelso Hernández mostrando su absoluta oposición, pueden ser entendidas como un intento de capitalizar electoralmente a partir de una potencial polarización social contra Michiquillay. Existe por ello un riesgo relevante de la instrumentalización de la oposición a Michiquillay como plataforma política por parte de ciertos actores locales. Es especialmente relevante en el caso del MAS-Cajamarca que requiere que la agenda electoral se aleje de su gestión lo más posible.  De igual manera, un posible candidato a la región como Miguel Rojas, intentó organizar una movilización favorable que serviría como plataforma política; sin embargo, no tuvo éxito.

4. Deslegitimación del Proceso de Socialización: Los activistas anti-mineros tienen procedimientos bastante estandarizados para erosionar un proyecto, paulatinamente. En un primer momento intentan movilizar a la población contra los procesos de exploración minera como se dio el caso del proyecto Cañariaco, si esto no es posible trataran de bloquear y deslegitimar el proceso de adquisición de tierras por parte de la Empresa. Los primeros ataques de Marco Arana a Yanacocha fueron con esa temática. Si esto no se logra, se tratará de descalificar el proceso de socialización del proyecto en especial a las Audiencias Públicas y el EIA. Las Audiencias Públicas son atacadas con argumentos bastante homogéneos: se afirmará que se excluyó a los sectores opuestos al proyecto, que las firmas de asistencia fueron dadas con engaños y que el supuesto consentimiento de la población al proyecto ha sido producto de amenazas y prebendas por parte de la Empresa Minera. También se tratará de descalificar el EIA con estudios alternos, como los realizados por Robert Moran.[vii], estudios de cuestionable calidad y enfocados en sembrar temores sobre los potenciales efectos ambientales.

La legitimidad del Proceso de Socialización es un componente no visible de la disputa por la viabilidad de los proyectos mineros, si bien no incluye manifestaciones públicas o tomas de carreteras, de la legitimidad de estos procesos dependerá de manera crítica la postura de las comunidades cercanas y la posición de líderes de opinión.

En el caso del conflicto alrededor del Proyecto Las Bambas, un componente de la narrativa anti-minera consistió en considerar que los mecanismos mediante los cuales se socializaron cambios en el proyecto resultaron no ser legítimos. Se afirmó que el cambio de la modalidad de traslado del mineral de un mineroducto al uso de camiones no siguió los estándares de consulta previa que hubiera sido necesario aplicar. Este discurso fue repetido en múltiples ocasiones por voceros tales como Richard Arce, Marco Arana y Marisa Glave quienes se enfocaban en atacar la socialización del proyecto más que los efectos ambientales del mismo.

En el caso de Michiquillay es necesario que el Proceso de Socialización tenga características tales que no abran flancos de vulnerabilidades que puedan ser aprovechados por los pos-extractivistas. La participación debe ser amplia, darse de manera frecuente, en términos comprensibles para la población local, y con un criterio de construcción de legitimidad social más que del mero cumplimiento de requisitos legales.

5. Correlación de Fuerzas Locales Hostiles: La inviabilidad de un proyecto minero se da como resultado de una dinámica de enfrentamiento político. Es clave para determinar el resultado de este enfrentamiento la correlación de fuerzas enfrentadas respecto a la viabilidad de un proyecto. Un proyecto como Michiquillay que implica una inversión de US$ 1,950 millones es sin duda un hecho de gran importancia económica y política para la región Cajamarca, y aún más para la provincia de Cajamarca y para el distrito de La Encañada. Ello genera una dinámica en los que diversos actores políticos y sociales locales tienen que tomar posición respecto al proyecto. El siguiente cuadro muestra la postura asumida por diversos actores frente al proyecto.​

Es importante observar el rol que ha asumido las comunidades cercanas en hacer visible su postura favorable al proyecto. Su apoyo visible es importante para disuadir a los activistas anti-mineros nacionales e internacionales de focalizar sus recursos políticos contra el proyecto, a falta de “contraparte” local. Por otro lado, golpea la narrativa anti-minera en la que se considera que la Empresa y el Estado pretenden “imponer” el proyecto. Por ello es importante la batalla por la representatividad social de la población en el entorno del proyecto. Como se menciona anteriormente, los anti-mineros ya están desplegando iniciativas de articulación de insatisfechos en el entorno del proyecto, además de tratar de maximizar el área a la que se le atribuye algún grado de afectación ambiental (Polloc, Namora, etc.). Ello con el fin de incrementar la cantidad de población “afectada” posible de ser movilizada contra el proyecto.

La correlación local no incluye únicamente la configuración social en el área de influencia del proyecto, incluye a empresarios, académicos, autoridades sub-nacionales, organizaciones de la sociedad civil, medios locales de comunicación etc. Todos estos actores pueden jugar un rol en la viabilidad de un proyecto minero la sobrestimación de la criticidad del área de influencia lleva a casos como los de Conga o Santa Ana en los que los proyectos son socialmente inviables a pesar del apoyo de la población cercana al proyecto.

Como se puede ver en la tabla anterior, el apoyo al proyecto tiene representantes en diversos estratos de la sociedad, mientras las iniciativas hostiles se concentran en periodistas y políticos principalmente.  Sin embargo, cuando vemos la diversidad de temas con las que buscan defender al proyecto, éstas están centralizadas en aspectos económicos, mientras los anti-mineros consideran fallas en el proceso institucional, el impacto ambiental, la reputación de Southern, etc.  Un proyecto puede perder su legitimidad en diferentes frentes y los movimientos hostiles a la minería han comprendido eso y lo ejecutan en sus luchas políticas. (menciones en el 2018)

Conclusiones

La legitimidad de Southern y de su operación está amenazada tanto por errores propios como por intereses políticos que ven una oportunidad en la posición hostil a la minería.  El proyecto Michiquillay tiene el potencial de relanzar la inversión minera en Cajamarca y en el norte del Perú; en donde varios otros proyectos se encuentran paralizados o sin la suficiente confianza para ser desarrollados. Para que este potencial se cumpla se hace necesario un monitoreo cercano de los riesgos sociales y políticos que enfrenta el proyecto. Es necesario implementar una visión que reconozca que los riesgos se originan no únicamente en el entorno del proyecto sino en la sociedad local en el que se haya involucrado.

También es importante considerar que el conflicto no se da únicamente durante las movilizaciones sociales, que es una consecuencia de todo un trabajo previo y de un flujo diario de mensajes en los medios de comunicación.  La disputa por la legitimidad de un proyecto se da en el día a día: entender el sistema de creencias que posee actualmente la población local (urbana y rural), comprender los agravios que los grupos hostiles a la minería intentan inocular en la población, identificar la búsqueda de rentas que ciertos grupos intereses persiguen, formar una coalición social que soporte el proyecto, implementar controles ambientales y sociales que protejan legitimidad del accionar de la empresa y sus empleados, etc.  Del resultado de esa lucha diaria dependerá si Michiquillay será una importante fuente de riqueza para el país o si será uno más de los casos de proyectos mineros paralizados en el Perú. 

El cambio de posta de PPK a Vizcarra es una nueva oportunidad para que hagamos las cosas bien y retomemos la senda de crecimiento que abandonamos el 2011. Es el momento de recuperar el espíritu de la primera vuelta de las elecciones del 2016, en las que un 80% de los ciudadanos votamos por retomar la economía de mercado y rechazamos el estatismo.

Esta oportunidad le plantea a Martín Vizcarra que convoque a su gobierno, a quienes lo ayuden a recuperar dos años perdidos en adición a los cinco años de regresión que nos dejó el ‘nacionalismo filo chavista y lulista’ de Ollanta Humala. Como hemos dicho la semana pasada, una de las tareas fundamentales del gobierno, debe ser comunicar a los ciudadanos las relaciones causa-efecto de las políticas públicas que pueden hacernos ricos o regresarnos definitivamente a la pobreza. Ver en Lampadia: Le toca a Martín Vizcarra traer la fuerza provinciana.

Lamentablemente el Perú tuvo un punto de inflexión el 2011, con el llamado “gobierno de la inclusión”, que ofreció ‘crecimiento con inclusión’, pero no nos dio ‘ni crecimiento ni inclusión’. Así se estancó nuestro crecimiento virtuoso que fue claramente pro-pobre y pro-clase media, redujo la desigualdad y generó inversión y empleo en las regiones, dinamizando, incluso, el sector rural.

Peor aún, ya con PPK en el gobierno, nuestro “gobierno de lujo” no solo no corrigió los errores de Humala, sino que nos hundió en una crisis generalizada, en la que se rompió hasta la esperanza de mejores tiempos.

Como hemos dicho ayer, ‘el Perú es un país fértil. Con solo hacer las cosas en la dirección correcta, las calidades de nuestra gente y nuestros inmensos y variados recursos, nos permitirán retomar el camino de la prosperidad’.

Después de siete años de torpeza, corremos el riesgo de olvidar lo que hicimos hace pocos años sacando al Perú de una situación que parecía irremediable, en 1990; y que supimos llevar a una cadena de realizaciones que sorprendió a tirios y troyanos. Ver nuestro análisis: Las cifras de la prosperidad, que PRUEBA que, con inversión privada, redujimos la pobreza y la desigualdad, la mortalidad infantil, aumentó el empleo y los ingresos en las regiones, incluyendo al sector rural, aumentamos la productividad, creamos una clase media emergente que superó el 50% de la población, bajaron las tasas de interés y logramos el grado de inversión.

Para que veamos como salir de este ciclo vicioso y retomar los caminos de la prosperidad, presentamos líneas abajo, una revisión de la evolución de los indicadores más importantes, que determinan la salud de nuestro país. Esperamos así, que podamos ayudar al equipo del presidente Vizcarra a tener una base objetiva para marcar el camino y medir nuestro desarrollo.

Crecimiento de la Economía

Luego de crecer un débil 4.0 % en 2016, nos desaceleramos aún más el 2017, llegado a tan solo 2.5 %, principalmente como resultado de un menor impulso del consumo privado y la inversión, tanto pública como privada. El consumo privado se vio afectado principalmente por el impacto del Niño Costero y la incapacidad del gobierno para dinamizar la inversión públicay privada.

No nos olvidemos que la caída del crecimiento se dio el 2011 con la parálisis de la inversión minera, que empieza con el papelón del gobierno de Humala con el proyecto de Conga. 

Esto se reflejó muy pronto en un menor crecimiento, pero como mostró el IPE, de haber mantenido la inversión minera el crecimiento se hubiera dado como se muestra abajo:

Es pues muy claro que, al son de las notas discordantes de los anti-mineros, comandados por el ex cura Arana, Gregorio Santos, con el soporte seudo técnico de Cooperacción, de José de Echave, más los vergonzosos ecos de buena parte de los medios de comunicación, los peruanos apagamos el principal motor del crecimiento de la economía.

El Perú puede mantener un ritmo de crecimiento alto y sostenido. Para ello tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en operaciones modernas, compatibles con el cuidado del medio ambiente, y positivas para su entorno social. Y no olvidemos lo que dijo el HSBC, hace algunos años, si manteníamos un crecimiento mínimo de 5.5% anual, el Perú podía ser, hacia el 2050, la economía número 26 en el mundo, con los siguientes resultados en los ingresos de la población:

Haber parado la inversión minera y colapsado nuestro crecimiento, enfrentando a peruanos humildes en las regiones más pobres del Perú, ha sido una traición a los pobres del país. Tener los recursos y la posibilidad de crecer y de reducir la pobreza; y no hacerlo por mandato ideológico, o por estrategias de búsqueda de poder, o incluso, como medio de vida individual, es uno de los peores crímenes que se pueden cometer en un país pobre.

Pero el reto de crecer no es sencillo. Requiere de un esfuerzo sostenido. Pero lo importante es que tenemos cómo hacerlo, ciudadanos trabajadores y todos los recursos habidos y por haber. Ver en Lampadia: La importancia y dificultades de crecer alto y sostenido.

Reducción de la Pobreza y Desigualdad

Tras una década de crecimiento récord, hasta el 2013, además de la reducción de la pobreza y la desigualdad, se consolidó una nueva clase media emergente. Según una declaración de Fidel Jaramillo, anterior representante del BID en el Perú, la clase media se habría quintuplicado en 5 años, superando el 50% de la población en el 2014. (Ver en Lampadia: La Clase media en Perú: cuantificación y evolución reciente).

Para derrotar la pobreza es indispensable crear riqueza. El crecimiento económico ha sido la mejor política de inclusión social y este depende del nivel de inversión, especialmente de la inversión privada que explica más del 80%. Y es que la relación positiva entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza ha sido ampliamente documentada en la literatura económica. En el caso peruano, durante la última década, el crecimiento sostenido impulsado por la inversión privada, la apertura de los mercados y la disciplina macroeconómica logró reducir la pobreza en 43% y la pobreza extrema en 60%.

Si queremos reactivar la economía, debiéramos entender que tenemos que recuperar un mayor ritmo de inversión. Y sólo lo lograremos promoviendo en primera instancia la inversión minera y en segunda, las infraestructuras. (Ver en Lampadia: Volvamos a prender el motor de la economía).

Desnutrición

Indicadores publicados recientemente por el INEI revelan que al mismo tiempo que la desnutrición crónica en menores de cinco años bajó de 19% el 2011 a 14.4% el 2015 (y en el área rural de 37% a 27.7%), lo que sin duda es una buena noticia, el porcentaje de niños de 6 a 36 meses con anemia, que había venido bajando de 56.8% en el 2007 a 41.6%. Pero el 2011, se invirtió la tendencia para empezar a subir a partir de ese año hasta llegar al 46.8% el 2014. 

En otras palabras, el gobierno de la inclusión social incrementó la proporción de niños con anemia. Es decir, niños con retraso en el crecimiento y con problemas de atención y concentración en la escuela, dificultad para pensar y razonar y por lo tanto, con serios problemas de aprendizaje. Es inaceptable.

Dinamización de la economía en la regiones:

Nuestra geografía económica y social cambió radicalmente. La inversión, la economía, el empleo y los ingresos hicieron que las regiones crezcan más que en Lima. Por ejemplo, durante la última década, el empleo y los ingresos han crecido el doble en provincias, más en las zonas rurales que en las urbanas y más en la sierra y la selva que en la costa.

Regulaciones que matan el crecimiento

Existe una notoria limitación al potencial del comercio debido a las restricciones domésticas generadas por las barreras burocráticas. Estas son las mismas barreras que Lampadia viene criticando arduamente, argumentando que se ha formado un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales. 

Un claro ejemplo es el caso de la minería, donde hemos pasado de dos normas en los 90’s a 201 en la actualidad. (Ver en Lampadia: Hacia una minería más (in)sostenible económicamente) Es justamente esta parálisis en la inversión minera lo que ha terminado desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo.

Déficit fiscal

En el Perú, hace unos años vivíamos en una economia superavitaria, pero debido a los malos gobiernos recientes, hemos regresado a viivir con déficit fiscal después de muchos años. Llegando a una situación que inclusive preocupa en términos de largo plazo, como se puede ver en el siguiente gráfico:

Inversión Privada y Pública

Martín Vizcarra parece que ha empezado con el pie derecho. En su discurso, afirmó que se fomentará la inversión privada en el país: “Fomentaremos la inversión privada, la iniciativa de los emprendedores y apoyaremos a nuestras pequeñas y medianas empresas”, anticipó.

El presidente del BCR, Julio Velarde, señaló que el 2018 podría representar el inicio una fase de crecimiento alto, pero ello dependerá de la recuperación de la confianza empresarial y la prolongación del buen momento de los precios externos de los minerales, lo cual impactará en la inversión privada.

“La inversión privada puede ser más alta en el 2019 y el 2020, esperaría que vaya mejorando en el tiempo. Mucho tiene que ver con recuperación de la confianza y el crecimiento mismo de este año”, aseveró. “Si las empresas ven que la demanda está creciendo van a tener que invertir para satisfacer esa demanda entonces entramos a un ciclo positivo que podría mantenerse por mucho tiempo”, subrayó.

Por su lado, la calificadora financiera Fitch Rating indicó que la experiencia del actual presidente Martin Vizcarra promoverá nuevos proyectos mineros. El actual mandatario fue anteriormente gobernador regional de Moquegua y tuvo buenos resultados en negociaciones con comunidades cercanas a las zonas mineras.

A los jóvenes del Perú

Quizás lo más importante es aumentar la confianza en el gobierno. Vizcarra tiene la enorme tarea de unir al país. Tuvo un buen comienzo: En su discurso de inauguración anunció que “lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”. Pero empecemos por ver qué le decimos a los jóvenes.

En la política y medios peruanos se asume que la naturaleza de nuestros jóvenes es la que de tiempo en tiempo observamos en las ruidosas marchas, que normalmente se desarrollan contra alguna norma o contra algún personaje. Nada más falso de la realidad.

Nuestros jóvenes saben muy bien cómo y dónde deben proyectar sus vidas, y hoy, lamentablemente, con los impactos acumulados del gobierno de Humala con su espíritu anti inversión privada, y la pésima gestión de PPK, hemos vuelto a generar en los jóvenes el deseo de emigrar. Ver en Lampadia: Recrudece el deseo de emigrar.

Lo más dramático es el caso de nuestros jóvenes:

• El deseo de emigrar de los jóvenes es de 76% a nivel nacional (primera vez que se mide fuera de Lima).
• El deseo de emigrar de los jóvenes en Lima es de 83%. En 2014 era 61%.
• El deseo de emigrar en Lima se ha vuelto a disparar a los niveles del 2008.

No hay peor indicador que el de tus jóvenes pensando en emigrar. Tenemos que interpretarlo como un país donde su población, y mayormente sus jóvenes, están dispuestos a apagar las luces e irse a algún otro lugar del mundo.

Pero, ¿qué está en el pensamiento de los peruanos cuando expresan su deseo de emigrar?

Cuando nuestros ciudadanos piensan en emigrar, proyectan sus vidas fundamentalmente a economías de mercado, donde están dispuestos, tal como los tres millones que ya están en el exterior (el 10% de nuestra población), a trabajar largas horas, a cumplir las leyes, a educar a sus hijos, a ahorrar,  a participar en la vida cívica de los países que los reciben, y a enviar dinero a sus familiares en el Perú.

¿Cómo debemos interpretar toda esta información?

1. Los peruanos, especialmente los jóvenes, saben medir con precisión la salud del país.
2. Cuando el Perú deja de ofrecerles el espacio adecuado para su desarrollo personal, se proyectan a economías de mercado en el exterior.
3. Esto implica que su pensamiento individual está muy alejado de las ideas del populismo, el socialismo y el estatismo.
4. Mientras siguen en el Perú, se siguen expresando políticamente en concordancia con una suerte de pensamiento social, más proclive al populismo, el socialismo y el estatismo.

Evidentemente, la trampa de la política peruana es seguir interpretando el pensamiento de los peruanos en función del oportunista ‘pensamiento social’, y no en función del realista ‘pensamiento individual’, que determina la búsqueda de mejores espacios de desarrollo personal en el exterior.

Tenemos que ofrecerles a nuestros jóvenes, espacios de vida en su patria, donde puedan apostar que su esfuerzo personal les dé las mismas oportunidades de bienestar, por las cuales están dispuestos a luchar fuera del Perú, lejos de sus familiares y amigos, sin sus comidas y sus fiestas.

Esperamos que esta nueva oportunidad que tenemos los peruanos, con la conducción del gobierno por Martín Vizcarra, nos permita analizar nuestras mejores opciones de manejo de gobierno, leyendo la realidad y alejados de los juegos de poder. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Tuvieron que pasar siete años y mucha presión mediática y política para que el Poder Judicial finalmente concluyera que un pasquín del Movadef, que exaltaba a niveles hiperbólicos la figura de Abimael Guzmán, hacía apología del terrorismo. Habría que preguntarse si detrás de esa demora no había algo de temor en los jueces, porque según trascendidos e informes oficiosos del Poder Judicial, el sindicato de Lima del Poder Judicial, el SUTRAPOJ, tendría una importante influencia del Movadef pues, de 14 delegados, 6 pertenecen a esa agrupación.

El hecho de que el Movadef pueda estar enquistado en el Poder Judicial y éste no pueda o no quiera hacer nada al respecto, nos sirve como introducción dramática al tema que queremos plantear: ¿es posible una reforma judicial “desde adentro”, considerando los intereses creados y la inercia del sistema? En realidad, existe un mito en torno a que la reforma judicial no se puede ni se debe realizar desde afuera. En la práctica, como veremos, los principales cambios en el sistema judicial vienen realizándose desde afuera. Y esa es la ruta que hay que profundizar.

Para comenzar, como sabemos, este gobierno ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), promovido y coordinado por la Ministra de Justicia Marisol Perez Tello. Es decir, desde afuera, aunque quienes lo integran son los titulares de las entidades que deben reformarse: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (que acaba de renunciar en desacuerdo con la iniciativa de reforma de ese organismo) y el presidente de la Academia de la Magistratura. Funciona más como un mecanismo de coordinación –que no existía- entre los integrantes del sistema de justicia y de motivación para la ejecución de mejoras y pequeñas reformas en cada entidad. Se ven temas como la mejora de los protocolos de coordinación en los procesos que se llevan a cabo con el nuevo código procesal penal, o mejoras en los procesos vinculados a casos de familia. También la importantísima reforma del expediente digital. Recientemente se quiere discutir la reforma del CNM, por ejemplo.

Fuente: eljuegodelacorte.

La pregunta es hasta qué punto el ANJ tendrá la decisión de abordar los temas más difíciles, esos que suponen romper el statu quo interno de las instituciones componentes. El Acuerdo se propone, por ejemplo, plantear un modelo de gestión por resultados, basado en procesos eficientes. Veremos hasta donde llega, porque hasta la fecha no ha habido manera de instaurar un sistema de evaluación de desempeño de los jueces que rija sus ascensos y su permanencia. Hay problemas de gestión en los juzgados, las salas y las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no funciona. El presidente del Poder Judicial debería serlo por un periodo de 4 años con más poderes ejecutivos y empoderando a la gerencia general. De lo contrario, todo es connivencia en torno al statu quo. La corrupción es grave. Algunos fiscales y jueces están vinculados a mafias o validan acciones de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, por ejemplo. La OCMA carece de recursos y capacidades.

No se ve que en el ANJ se aborde esos temas.

Para comenzar, en las instituciones judiciales suele haber complicidad interna y horror a la transparencia. En el 2009 el PNUD donó al Poder Judicial un programa –que se usa en el FBI, por ejemplo- llamado I2, avaluado en 500,000 dólares, que permite descubrir desbalances patrimoniales, detectar robos o sobreprecios en las compras de la institución, etc. Se llegó a introducir en el programa información de la Reniec, de la Sunat, de la Sunarp, acerca de ingresos, bienes patrimoniales y vinculaciones familiares de los Supremos y gerentes en este caso, y también la información relacionada a las licitaciones y compras del Poder Judicial: las empresas que participaron y ganaron, las propuestas que hicieron, quiénes integraban las comisiones de adjudicación, etc. El programa llegó a hacer un informe que detectó desbalances patrimoniales en algunos supremos y descubrió corrupción en la compra de papel, por ejemplo. Con esa información el gerente fue despedido luego de un tiempo. Pero nada se hizo en relación a los Supremos. Más bien lo que ocurrió fue que al poco tiempo el programa sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde está y hasta se ha perdido la memoria de su existencia. Un programa como ese sería de enorme utilidad, porque permitiría depurar las instituciones del sistema de justicia.

La misma fuente nos refiere que ese mismo año el Banco Mundial donó 4 equipos Forensic, que leen el espejo de las computadoras, para recuperar la data borrada. Pues bien, en la actualidad solo se ha encontrado uno. No se sabe qué pasó con los otros tres.

De acuerdo a nuestras informaciones, la corrupción en el Poder Judicial no solo es parte casi consustancial a la administración de justicia misma (ver libro de Jaris Mujica, “Micropoliticas de la Corrupción”), sino que sería aún más intensa en la parte administrativa de la judicatura. Las compras son un festín. Los gerentes generales puestos por los presidentes del Poder Judicial, no duran porque no pueden contra las fuerzas internas. Cesar San Martín tuvo dos gerentes públicos puestos por Servir, que tuvieron que salir por la resistencia del statu quo. Enrique Mendoza tuvo también dos gerentes generales, un marino y un gerente público de Servir, que tampoco pudieron cambiar el sistema. El de Ticona renunció en setiembre del año pasado y el cargo quedó vacante hasta la fecha.

Parte del problema estriba en que la mayor parte del personal administrativo está nombrado, de modo que es difícil exigirles nada y menos cesarlo por incompetencia o falta de trabajo. No solo eso, resulta que hay 23,000 trabajadores administrativos (sin contar los auxiliares jurisdiccionales que son unos 4,000) para 3,000 jueces. Una relación ¡de 8 a 1!, cuando debería haber menos administrativos que jueces.

Y ese número se incrementa a razón de 1,000 nuevos empleados por año. Aparentemente la autonomía les sirve para eso. Lo que ya resulta aún más escandaloso es el caso de las notificaciones. Se supone que con las notificaciones electrónicas el personal debía reducirse al mínimo. Pues bien, ¡aumentó! Pasó, en la Corte de Lima, de 183 personas antes, a 196 en la actualidad luego de establecido el sistema electrónico.

Es obvio que esta situación requiere de una intervención radical. Los jueces no se atreven a actuar porque dependen de los administrativos para tener papel, tonner, que funcionen las computadoras, la movilidad, etc. Los sindicatos que agrupan a los administrativos ni siquiera aceptan pasar al régimen de la ley de servicio civil, que les da los mismos o mejores beneficios que tienen ahora, pero a cambio de evaluaciones y de meritocracia. El Poder Judicial está en desacato frente a la ley de Servicio Civil. No la quiere aplicar, por presión de los sindicatos.

Para coronar esta situación resulta que el sindicato de Lima, el SUTRAPOJ, podría estar siendo manejado, en algo medida nada menos que por el Movadef, pues de 14 delegados, 6 tendrían vinculaciones a dicha agrupación. 

Pues bien, ante la resistencia a ingresar al régimen del servicio civil, existe una iniciativa en el Poder Judicial para contratar una consultora internacional que haga un estudio y recomiende la organización y los mecanismos de meritocracia interna que deberían establecerse en la administración. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes, quien se opondría es precisamente el gerente general, y ya podemos imaginar por qué. Y tampoco el presidente del Poder Judicial ni el Consejo Ejecutivo muestran una voluntad clara de convocar la licitación correspondiente.

¿Cómo hacer para resolver esos problemas y todos los relativos a la parte jurisdiccional propiamente dicha? ¿Podrá el Acuerdo Nacional por la Justicia transformar organizaciones todavía en alguna medida patrimonialistas gobernadas por redes internas de poder que eventualmente se convierten en redes de corrupción, en organizaciones basadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados?

El ANJ es un buen esfuerzo y debería institucionalizarse. Se ha preparado un proyecto de ley para eso. Pero está integrado por las partes interesadas. Ese es su límite. Se necesita más. Y lo primer que hay que despejar es el mito de que la reforma no se puede hacer desde fuera, aunque con la colaboración y la participación de los jueces y fiscales, desde luego. Desde fuera y desde adentro, a la vez.

En efecto, de hecho, tenemos ya el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución externa creada por la propia Constitución. Es decir, la propia Carta Magna señala el camino. Ahora se ha planteado la reforma de esa institución, precisamente porque un CNM de primer nivel ayudará a nombrar mejores jueces y fiscales y destituir a los malos. Es, decir, ayudará a cambiar el sistema judicial. Es una intervención desde fuera.

Pero la composición propuesta en el proyecto del Ejecutivo no es convincente. Mucho mejor a simple vista es la que propone Transparencia: que los miembros del CNM “sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos”

Transparencia propone también eliminar el mecanismo de ratificación de jueces cada siete años a cargo del mismo CNM, porque esa intervención sí es nociva porque puede ser arbitraria y hasta corrupta. La alternativa sería transferir al Poder Judicial y al Ministerio Público la función de realizar evaluaciones de desempeño y productividad regulares que determinen los ascensos y, eventualmente, el retiro de los que no alcanzan las aptitudes necesarias, lo que, a su vez, demandará la aprobación de una ley de carrera judicial y fiscal. Esta es tarea del Congreso, otra intervención externa. Quizá un nuevo CNM podría supervisar esos procesos o tener participación en su ejecución. 

También el Ministerio de Justicia puede impulsar cambios en el sistema judicial. De hecho, ya lo ha venido haciendo por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha monitoreado, en pared con el MEF, el largo proceso de implementación de ese código que está produciendo un verdadero cambio institucional y cultural en el sistema judicial-policial (aunque se requiere ajustes), pero que aún falta aplicarse en Lima. Otro caso de reforma “desde afuera”, relativamente exitoso, además.

Pues bien, sería bueno ampliarle el mandato a esa Secretaría para que promueva la “oralización” en todos los procesos (civiles y comerciales), la implantación de los sistemas de evaluación de desempeño en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la introducción de expediente digital y la interoperabilidad, y lo que hemos llamado la  atención primaria de la justicia penal.[1]Esto en combinación con un sistema de presupuesto por resultados, de modo que se asigne más presupuesto en función del cumplimiento de metas y compromisos.

El Congreso, por su parte, debe intervenir no solo aprobando las leyes de carrera judicial y fiscal y la que amplíe el mandato de la Secretaría mencionada, sino dictando una ley para que el periodo del presidente del Poder Judicial dure cuatro y no dos años, transfiriéndole, además, atribuciones de decisión que ahora tiene la sala Suprema. Es decir, empoderándolo para que pueda hacer las reformas.

Y no nos olvidemos de la Contraloría. Su intervención tiene que ser certera y eficaz para erradicar la cantidad insondable de corruptelas que hay en la administración del Poder Judicial. Aquí no cabe la coartada de la autonomía administrativa. Son recursos de todos los peruanos que deben ser cautelados con rigor. Sí se requeriría probablemente una ley para que el MEF o Servir intervengan para racionalizar y reducir a su justa dimensión la hipertrofiada gerencia administrativa de la judicatura.

Sería bueno que el Acuerdo Nacional por la Justicia se pronuncie sobre estos puntos. La mayor parte de estas decisiones, sin embargo, están en manos del Congreso y del propio Poder Ejecutivo. Dependen de la clase política. No hay tiempo que perder. Ver también la primera entrega de este tema: El avance de las reformas del Estado es desigual. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Del conjunto de reformas que el país requiere para dar el salto que nos permita salir de la trampa del ingreso medio y no recaer en la pobreza, los Poderes del Estado, en el primer año de gestión del gobierno del presidente Kuczynski, han logrado avanzar de manera todavía incipiente y en distintas medidas en lo relacionado a desregulación y simplificación administrativa, digitalización del Estado, formalización tributaria, reforma policial, diseño de un nuevo sistema de inversión pública, reforma electoral y algunas iniciativas limitadas de reforma judicial. Pero todavía está en formulación la propuesta de reforma del sistema de protección social, que incluye la reforma integral de la Salud, de las pensiones y de la protección frente al despido (reforma laboral), no hay prioridad política para la aplicación de la ley de servicio civil y no hay planteamientos acerca de la necesaria reforma de la descentralización ni se están ejecutando aun estrategias para sacar adelante los proyectos mineros.

Comencemos por lo más avanzado y prometedor: lo relativo a un Estado moderno, digital, facilitador y profesional. Es decir, la reforma del Estado, o del Poder Ejecutivo, para ser más precisos. Aunque en esto los avances son desiguales, incluso en lo relativo a simplificación administrativa, que es donde se observa más determinación.

Fuente: zurse.com

Simplificación administrativa y desregulación

La simplificación administrativa no solo le hace la vida más fácil al ciudadano y a las empresas, sino que elimina oportunidades de corrupción. Se aprobó ya el reglamento y la metodología del llamado “análisis de calidad regulatoria” por el que tendrán que pasar cada tres años todos los procesos administrativos o trámites de los distintos ministerios y entidades públicas. De acuerdo al cronograma aprobado, este trabajo tendrá que estar terminado en setiembre del 2018. Las distintas instituciones realizan su propio análisis que es revisado y validado por una oficina central en la PCM. Los procedimientos que no pasen el examen serán derogados. Si esto se hace bien, puede ser una verdadera revolución facilitadora.

El Indecopi ha empezado ya a in-aplicar barreras burocráticas con efecto general, una atribución concedida por uno de los recientes decretos legislativos. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, nos informa que hasta la semana pasada se habían presentado 66 casos de inaplicación con efectos generales, todos declarados fundados aunque todavía en apelación o dentro del plazo de apelación. De ellos, uno, relativo a carnets de sanidad, es ya firme (ya no es posible exigir carnets se sanidad salvo para actividades que realmente lo necesiten, como manipulación de alimentos). Si la norma de inaplicación con efecto general hubiese estado vigente el año pasado, cuando se in-aplicaron, pero solo para el caso particular, 710 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, el ahorro potencial para el conjunto de ciudadanos y empresas habría sido de 1.17 millones de soles. El ahorro efectivo para las empresas que demandaron fue de  278 millones de soles.[1]      

De otro lado, en las reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General (DL 1272), se abrió la vía legal para que PCM vaya simplificando y uniformizando los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPAS), estableciendo procedimientos estandarizados. Este es un trabajo complejo que todavía no ha producido frutos.  

Un tema clave es la simplificación de las licencias de funcionamiento (DL 1200 y DL 1271).Para esto es indispensable aprobar el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSEs). Según Pierina Polarrollo, “el  proyecto está listo, y es muy bueno. Se elaboró sobre la base de una propuesta del IFC-Banco Mundial. Busca poner énfasis en las edificaciones que suponen mayor riesgo y simplifica enormemente el trámite para los locales de riesgo bajo (la calificación del riesgo se hace sobre la base de una matriz que contiene criterios muy objetivos). Y abre el camino para tercerizar las inspecciones en manos de empresas como SGS (aunque solo en caso de que las municipalidades lo quieran por el tema de la autonomía municipal)” 

Una mala noticia en este tema fue la ley aprobada recientemente por el Congreso que deroga un decreto del 2014 que eliminaba la obligación de renovar cada dos años las licencias o las inspecciones mencionadas. Un retroceso lamentable, que podría ser parcialmente atenuado con el reglamento arriba mencionado.

Respecto de los brevetes para  conducir, el ministro de Transportes Bruno Giuffra ha anunciado una reforma total al corrupto y kafkiano sistema actual: “Las licencias de conducir particulares durarán 10 años y para renovarlas solo será necesario un examen médico. ¡Vamos a modernizar todo!”, ha declarado. Estamos a la expectativa.

Pero donde no ha habido avance hasta ahora ha sido en la simplificación de las certificaciones ambientales en ningún sector: ni para obras de Vivienda y saneamiento, ni para inversiones en el agro, en minería y energía, obras viales, etc. En muchas ocasiones las exigencias en relación a estudios de impacto ambiental son francamente absurdas. Es algo vital que está pendiente.

Tampoco hay avances en la simplificación de los registros sanitarios para alimentos y medicinas (Digesa, Digemid). Un decreto legislativo que simplificaba el tema fue anulado por el Congreso, lamentablemente.

Digitalización del Estado

En lo que se refiere a digitalización del Estado, que es una reforma fundamental porque no solo trae enorme celeridad sino también transparencia y menor corrupción, por fin se ha empezado un trabajo serio. Durante el gobierno esto quedó librado a la iniciativa de las propias instituciones. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ubicada en la PCM, no ataba ni desataba. Desde noviembre del año pasado, sin embargo, el gobierno puso como directora de esa oficina a una ex funcionaria de Microsoft, Lienecke Scholl, que le ha dado un impuso notorio. A julio de este año 50 servicios web estaban ya en la plataforma de interoperabilidad y más de 200 entidades públicas hacían uso de esos servicios. Además, desde el 25 de julio fue posible pagar por internet (pagalo.pe) más de 50 trámites que antes había que pagar físicamente en las agencias del Banco de la Nación. Y el asunto, según parece, está recién comenzando. Se avisora  grandes avances en los próximos meses en este tema.

Además, la Sunat está desarrollando la tecnología para iniciar a partir del 2018 la masificación de los comprobantes de pago electrónicos, de modo que el 2019 el 100% de las transacciones en el país se efectúen de esa manera. Para ello los pequeños comerciantes podrán emitir dichos comprobantes desde sus celulares, incluso desde celulares simples, sin necesidad de que sean Smart Phones. Con ese sistema el pequeño contribuyente ni siquiera tendría que preparar su liquidación de impuestos, sino que esta le vendría preparada automáticamente por la Sunat. No solo eso, a fin de incentivar el uso de comprobantes electrónicos, la idea es que la Sunat pueda descontar también  automáticamente una parte del IGV que pagan los contribuyentes para aportarlo a su AFP o a Essalud, como una manera de generalizar las aportaciones y la cobertura de Essalud y del sistema de pensiones. Una verdadera revolución social y una reducción radical de la informalidad tributaria.

Una novedad que puede traer un cambio también revolucionario en el sistema judicial, es el expediente digital. Se está concretando un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Mundial para implementarlo. El Poder Judicial  tiene el apoyo del MEF en esto. Pero se está dejando la parte penal para el final.

Ley de servicio civil y presupuesto por resultados

Otra reforma crucial que forma parte consustancial de la reforma del Estado es la aplicación de la ley de servicio civil en todas las instituciones del Estado y a todo nivel. Es la implantación masiva de la meritocracia. Esta reforma, sin embargo, no ha merecido una prioridad política por parte del gobierno, algo que sorprende tratándose de un gabinete técnico que debería ser particularmente sensible a la profesionalización del Estado. Esperemos que esa voluntad política se forme en los meses venideros, porque no podemos seguir con una gestión pública de naturaleza patrimonialista, sobre todo en los gobiernos sub nacionales. 

Esta ley obliga a repensar los objetivos de cada institución y a redefinir el cuadro de profesionales que requiere en función de esos objetivos, y luego llama a concurso interno y externo para ocupar las plazas, y establece evaluaciones de desempeño para el ascenso y la permanencia. Además, algo muy importante, paga relativamente bien a los funcionarios de nivel medio y alto, severamente afectados por la reducción de sueldos que decretó de manera demagógica el ex presidente Alan García, debilitando el Estado.

Lo que no tiene sentido es, como lo dispuso una resolución del Tribunal Constitucional, aplicar esta ley al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguros, que tienen desde hace mucho tiempo un sistema meritocrático y bien remunerado que les ha permitido alcanzar niveles de excelencia. La ley del servicio civil es un instrumento para que el sector atrasado del Estado acceda a niveles profesionales, pero en casos como los mencionados solo serviría para afectar negativamente estándares ya alcanzados. También debe advertirse el sin sentido de que el proyecto de ley del Congreso para excluir a estas dos entidades de la ley Servir, pretenda excluir de paso al personal administrativo del propio Congreso. Inaceptable.

Esa reforma, además, es indispensable para consolidar otra en la que sí hemos registrado avances, que es la de la instauración del presupuesto por resultados. En la actualidad el 71% del presupuesto nacional funciona en el marco de programas por resultados. Esto ha sido un logro del Ministerio de Economía Finanzas, en un proceso que comenzó con Luis Carranza cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alan García. Pero, repetimos, no se sostendrá si no tenemos una burocracia profesional y meritocrática, y relativamente bien pagada.

Reforma de las descentralización

Pero en nuestro Estado hay un problema estructural: el proceso de descentralización, que ha transferido la mayor parte de las competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales sin que estos tengan las capacidades suficientes y dándoles una autonomía tal que impide al gobierno central intervenir cuando un gobierno sub-nacional desacata o no puede cumplir una disposición, una norma o una política nacional. El resultado es la pérdida de autoridad y rectoría del gobierno central, la imposibilidad de aplicar políticas sectoriales, la afectación severa del principio constitucional del gobierno unitario y la cuasi feudalización del Estado peruano.

Es indispensable una reforma que no solo le devuelva autoridad y capacidad de intervención y control al gobierno central, sino que redistribuya funciones de una manera racional entre los tres niveles de gobierno y recertifique la capacidad de los gobiernos sub-nacionales de asumir las funciones que les correspondan.

Otra falla grave de la descentralización es la referida a las capacidades discrecionales absolutas de gobernadores y alcaldes, la debilidad de la rendición de cuentas a las que están sujetos y la ausencia una segunda instancia en sus decisiones, una institución esencial para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de ciudadanos y empresas. Ver el Lampadia: Patente de corso para la corrupción

Empresas de saneamiento

Por último, está el tema de las empresas municipales de saneamiento (EPS), cuya gestión es un desastre al punto que los ingentes recursos que el Estado peruano invierte cada año en agua potable y redes se pierde en la corrupción e ineficiencias de estas empresas. No cabe duda que requieren una reestructuración profunda. Aquí la solución debió ser que el Estado capitalizara las ingentes deudas que tienen, sobre todo con el Fonavi, para concesionarlas a asociaciones público privadas (APPs), pero el nivel  primitivo de nuestra ideología económica impide hacerlo. De todos modos el ministerio de Vivienda, a través de la OTASS, ha empezado a intervenirlas para racionalizarlas y modernizarlas, algo que no se había hecho antes. En la actualidad 13 de las 48 EPS están en el régimen de “apoyo transitorio”, gestionado por la OTASS, y el resto ha ingresado a un programa de asistencia técnica. Es posible incluso que se contrate gerencias privadas para manejar algunas de ellas.

Donde sí se estableció por medio de un decreto legislativo la posibilidad de la intervención de APPs fue en la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, como si la participación privada solo valiera para los desechos. Actualmente hay alrededor de 200 de esas plantas y ninguna funciona. Lamentablemente, el Congreso derogó el decreto legislativo que establecía esa opción. Sin embargo, uno de los frutos del diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue el acuerdo de enviar al Congreso un proyecto de ley que restableciera dicha solución. Este ya fue remitido y debería ser aprobado.

Este es el balance del avance de las reformas relativas al Estado, más específicamente, de las referidas al Ejecutivo, porque aquí no hemos hablado de la situación de las reformas judicial, policial y del Congreso. Lo dejamos para próximas entregas. Lampadia

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas.

Además, hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región, mientras Cajamarca hizo lo contrario,dió un salto atrás, un descalabro que le quitó a sus ciudadanos la posibilidad de ser la región más rica del Perú. Por arte y magia, aunque más por una suerte de brujería, Cajamarca, al ritmo de los anti-mineros Arana, Santos, et al, tiró por la borda cinco proyectos mineros que le hubieran cambiado la vida.

Ver en Lampadia:

• Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

• El Perú se la juega en Cajamarca

• Necesitamos más minería para una mayor competitividad 

• En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

En esta ocasión presentamos un importante análisis de Ciudadanos al Día (CAD), sobre: Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo – Caso Apurímac. (Ver la publicación en Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo: Caso Apurimac).

El trabajo de CAD, muestra que, tanto a nivel del gobierno Regional, como de los gobiernos locales, la ejecución o uso de los recursos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para el período 2013-2016, ha sido muy baja, desperdiciando recursos valiosísimos para el desarrollo de la región.

“Algunos departamentos como el Cusco y Callao fueron los más destacados por la alta ejecución de su presupuesto, 88.5% y 86.9% respectivamente. Sin embargo, se observa que existen departamentos cuyo nivel de ejecución se encuentra muy por debajo del promedio nacional (68%): tal es el caso de Ancash (52.6%), Apurímac (47.9%) y Madre de Dios (45.4%) quienes presentaron los menores niveles ejecución presupuestal en dicho periodo”.

A pesar de ello, por la fuerza de la inversión privada en Las Bambas, que incluyó inversiones sociales del orden de US$ 300 millones, Apurímac dio su salto adelante. ¿Qué hubiera logrado Apurímac si sus autoridades hubieran tenido una efectividad parecida a la del sector privado, que terminó su inversión a tiempo y que logró alcanzar su capacidad de producción con gran rapidez?

Afortunadamente, en Apurímac, además de la ineficiencia de sus autoridades, no se habría presentado escándalos de corrupción, como se ha visto en otras regiones. Bien por ello. Pero no podemos dejar de insistir que la organización política del Perú, con su apurada descentralización, ‘coja y manca’ pero con delegación de ‘poderes absolutos’, debe ser corregida.

Esto es producto, fundamentalmente del gobierno de Toledo que empujó la descentralización a una piscina vacía, y de García II, que en vez de poner una escalera para salvar la situación, tiró arena y creó un pantano que tiene atrapados a muchos gobiernos regionales entre la ineficiencia y la corrupción. En Lampadia hemos analizado los defecto del arreglo institucional de las regiones, pero el país, parece no tener cabeza para entender la importancia y urgencia de hacer algunas reformas. Ver: ¿No quieren evitar la corrupción? y Patente de corso para la corrupción.

Lo más escandaloso de la ineficiencia (falta de ejecución presupuestal y usos inadecuados) y la corrupción en el manejo de los presupuestos públicos en los departamentos, es que se trata de regiones pobres, que nunca tuvieron los volúmenes de recursos que generó el Perú para sus pueblos desde el regreso de la inversión privada con la Constitución de 1993. No se debió desperdiciar ni un sol. Lo hecho es una suerte de crimen social que algún día tendrá que ser debidamente señalado.

Veamos algunos de los cuadros y tablas del trabajo de CAD:

Es increíble que el Perú no haya sabido aprovechar sus recursos y que ahora, encima de todo, sin que importe debilitar el reto de seguir creciendo y reduciendo la pobreza, se haya parado las inversiones mineras, la mayor fuente de recursos para los peruanos más pobres de las regiones. Peor aún, es escandaloso que nuestra clase dirigente, especialmente la política, no tenga claras estas cosas y no se aboque a su corrección. Lampadia  

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“Es más fácil engañar a la gente,
que convencerlos de que han sido engañados”. Mark Twain

Como hemos explicado antes, los anti-mineros que adhieren al Pos-Extractivismo (en el caso del Perú, todas las izquierdas) son especialistas en generar relatos para engañar a la gente, y en asociarse con distintos agentes, internacionales y locales, confesionales, laicos, ambientalistas,  mediáticos, etc., con el afán de ir validando sus propuestas.

El caso de El Salvador, donde se ha proscrito toda actividad minera, mostrado líneas abajo por los estudiosos del Centro Wiñaq, es el destino final, el objetivo máximo de la lucha del pos-extractivismo, el transito regresivo al ‘buen vivir’, en las condiciones de pobreza de los feudos de la Edad Media. Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’​

Camilo Ferreira
Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“La ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República, la prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo.”

Este es el texto del primer artículo de la Ley, aprobado el 29 de marzo de 2017, con la que la República de El Salvador ha prohibido la minería metálica en todas sus modalidades en todo su territorio. Cómo ocurrió esto, es un notorio ejemplo de como la legitimidad socio-política de una actividad económica puede caer hasta el punto de ser inviabilizada en un país.

1-El país.

El Salvador no es un país de vocación minera, el 2015 la minería representó el 1.2% de las exportaciones de este país. En cambio, en el caso peruano esta cifra llega a 48.6%. Sin embargo, tiene ciertas experiencias previas de minería como es el caso del Cerro San Sebastián en el que desde 1968 se operó con bajos estándares ambientales y que ha dejado visibles pasivos mineros.

Adicionalmente, El Salvador es un país sumamente denso llegando a los 311 habitantes por kilómetro cuadrado (en Perú es 25). Por ello en sus 21,000 kilómetros cuadrados (210 km x 100 km, un tamaño similar al de la región Ica) pueden habitar 6.5 millones de personas. Es un país que vivió 13 años de guerra civil entre 1979 y 1992, en que las principales fuerzas políticas del país el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) son herederos políticos de los protagonistas de este conflicto armado.

En lo económico es un país que, en 2016, mostraba un 35% de la población por debajo de la línea de pobreza, y un PBI per cápita de US$ 8,000, en paridad de poder de compra, aproximadamente 2/3 del ingreso per cápita de Perú. Las remesas anuales enviadas por salvadoreños residentes en el exterior, especialmente desde los EEUU alcanzaron US$ 4.48 mil millones en 2016, representando el 17% del PBI nacional, brindando un ingreso mensual promedio de US$ 206 por familia por mes (según nuestros cálculos).[1]

Estas características locales (economía con bajo nivel de productividad, poco peso económico y social de la minería, dependencia de una fuente externa de recursos, etc.) influenciaron el devenir del conflicto político prolongado alrededor de la minería metálica que terminó con su prohibición y en una clara victoria de los Pos-Extractivistas. Sin embargo, esas particularidades no significan que lo mismo no pueda suceder, nacional o regionalmente, en otros países con estructuras económicas distintas.

2-El proceso.

La actual resistencia frente a la minería metálica se organizó originalmente, hace más de una década, con el propósito de impedir la realización de dos proyectos mineros: uno en el Departamento de Cabañas y otro en el de Chalatenango. Se dio un conflicto social con las características ya vistas en el Perú en múltiples ocasiones: movilizaciones violentas, fatalidades, consultas ciudadanas, y ONGs alimentando temores entre la población. Inclusive hubo un análisis de los Estudios de Impacto Ambiental realizado por Robert Morán, el mismo hidrogeólogo cuyos análisis hostiles a la minería fueron utilizados en los casos Conga y Tambogrande. Esta dinámica, en la que una coalición social anti-minera consigue impulsar un conflicto que genera costos políticos al gobierno central, costos económicos al inversionista minero, y costos reputacionales a los potenciales aliados de la minería. Es la misma dinámica que se ha dado en múltiples países latinoamericanos y que derivó en la paralización de proyectos extractivos valorizados en decenas miles de millones de dólares. El caso del El Salvador se distingue por el hecho que esta dinámica de conflicto desencadenó un proceso socio-político que llegó al extremo de la prohibición de la minería metálica en el país.

Minería Metálica, compuesta por ONGs, Pos-Extractivistas, organizaciones locales de desarrollo y grupos religiosos.

La Mesa y sus miembros estructuraron la coalición social que impulso la prohibición de la minería y que consiguió de manera efectiva copar el discurso social al respecto. A este núcleo activista se le agregó el apoyo entusiasta de la Iglesia Católica local y de algunas iglesias evangélicas. El apoyo académico e institucional de la Universidad de Centroamérica, ligada a la Compañía de Jesús, fue muy relevante por su significado ético y académico para la población.

El arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, tuvo un rol protagónico para inviabilizar la minería metálica. El 9 de marzo de este año, junto con un grupo de manifestantes, él presentó 30,000 firmas al parlamento apoyando la prohibición. La declaración abajo ilustra la postura hostil del arzobispo hacia la minería[2]:

“La verdad es que la explotación minera es dañina en todos los países donde quiera que se haga, y no es cierto lo que se ha dicho de que ahora hay capacidad, hay tecnología para tener una explotación minera, limpia, ecológica, ambientalista, no es cierto. Porque se ocupa una gran cantidad de cianuro que es sumamente letal y nunca deja de ser letal y agua. Porque con el cianuro mezclado con el agua se separa el oro de los demás metales… Si se ocupa nuestra poca agua en la explotación minera eso sería gravísimo, una mina como El Dorado contaminaría un millón de metros cúbicos de agua por día… la más grave agresión al medio ambiente es la minería metálica.”

Estas declaraciones son científicamente incorrectas y absolutamente infladas. Un millón de metros cúbicos por día es el consumo de una ciudad de 6 a 10 millones de habitantes y ninguna empresa minera tiene un consumo de esas proporciones. El hecho que una mina moderna utilice cianuro no significa contaminación pues lo hace en forma aislada del ambiente. Además, el agua que las minas devuelven al ambiente, después de su uso, no está contaminada, es agua tan o más limpia que aquella que corre por los riachuelos, y puede ser utilizada en la agricultura, y filtrada, es apta para el consumo humano. La pregunta que surge es: ¿Qué gana el arzobispo de El Salvador y la iglesia católica salvadoreña deformando la realidad hasta ese extremo?

El FMLN, que desencadenó la guerra civil, fue el partido político más cercano a las posturas de la Mesa, pero ninguna de las otras fuerzas políticas alternativas, favorables a la economía de mercado, estuvo dispuesta a dar una lucha política en favor de la existencia del sector minero. Las fuerzas hostiles a la minería no tuvieron que enfrentar ninguna oposición. La sociedad salvadoreña estuvo a merced de un discurso orientado a la generación de temores, sin que nadie saliera al frente para clarificar las cosas. Cuando se hicieron encuestas a la población, ésta ya estaba desinformada y temerosa respecto a la minería.

3-Soporte internacional.

No solo había actores nacionales detrás de la prohibición. Se constituyó una amplia Alianza Internacional Frente a la Minería, compuesta de 25 organizaciones hostiles a la minería de los EEUU y Canadá. Esas organizaciones dieron un gran respaldo institucional y de prestigio a los rumores y exageraciones que se propagaron en El Salvador.

Hay que resaltar la participación de OXFAM en un frente que impulsaba la prohibición total de la minería metálica en un país, algo que se dio apenas se hizo políticamente viable. En múltiples ocasiones OXFAM ha afirmado no ser una organización anti-minera, sin embargo, cuanto se dio el clima político propicio, OXFAM apoyó la prohibición total de la minería metálica.

Iván Morales, director de OXFAM en El Salvador declaró:

“Es necesario que se escuche la voz de la población y que sus demandas sean tomadas en cuenta, pues ella considera que la minería metálica no es una opción para el desarrollo del país” [3]

Lo que no explica el Morales es que esa percepción negativa hacia la minería fue resultado de una campaña sistemática y hegemónica en contra de dicha actividad, y del respaldo institucional de una alianza internacional de organizaciones hostiles a la minería.

Esta coalición de actores fue capaz de obtener un importante logro estratégico, al degradar profundamente la legitimidad de la minería frente a públicos decisivos. Una encuesta realizada por La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas[4] en las zonas con potencial para la actividad minera dio como resultado que un 77% de los encuestados afirmaban estar a favor de una prohibición a la minería metálica en el país.

Frente a la posición de la opinión pública, líderes de opinión, sociedad civil y líderes religiosos, el consenso social contra la minería fue tan grande que, oponerse a la prohibición hubiera significado un costo político inaceptable para los congresistas. Ello explica porque 70 de los 84 congresistas, miembros de todas las fuerzas políticas, han aprobado la prohibición.

4-Como se Destruyó la Legitimidad de la Minería.

La destrucción de la legitimidad de la industria minera pasó por el despliegue de una narrativa que afectaba componentes básicos de la imagen de la minería. Con el soporte intelectual de las instituciones listadas arriba, la Iglesia católica, la Universidad Centroamericana (UCA), el FMLN, y ONGs aliadas se construyó una narrativa con los siguientes mensajes:

A) Efectos Ambientales:  Este fue el foco de la narrativa anti-minera. Ellos afirman que la actividad minera es inevitablemente contaminante, que no existen tecnologías que puedan controlar ni mitigar de manera efectiva su efecto fatal. Se indica que la minería hace uso de miles de litros de sustancias tóxicas como el cianuro, y que solo un grano de arroz de ese veneno es capaz de acabar con la vida de un ser humano. Se afirma que las operaciones mineras implican la contaminación con cianuro de millones de metros cúbicos de agua, y se oculta que el agua devuelta al ambiente es segura. Se argumenta que El Salvador es un país pequeño y densamente poblado, a diferencia de países de mayor extensión, y que no dispone de áreas despobladas para “sacrificar a la minería,” pero oculta que una hectárea de minería produce muchísimo más que una hectárea de agricultura. Afirman que las actividades mineras se hallarían en las cabeceras de cuenca del rio Lempe por lo que el suministro de agua del 70% de la población del país estaría en riesgo. Se dice que El Salvador es el segundo país con el ambiente más degradado del hemisferio y no puede correr riesgos ambientales, pero no informa qué actividades lo han degradado. También señalan que las actividades de exploración minera ya tienen de por sí efectos nocivos sumamente relevantes, y que sus daños son inevitables.

B) Impacto sobre el Desarrollo: Se indica que las operaciones mineras tienen un plazo breve de duración entre 6 a 10 años y que las mineras dejan una fracción ínfima de sus ganancias como impuestos, y que los grandes ganadores son las empresas trasnacionales. Afirman que los beneficios temporales que generan son pequeños y efímeros, y largamente superados por los costos medioambientales perenes que las acompañan. También afirman que una vez que se acaba el yacimiento, las regiones mineras terminarán más pobres que antes de la llegada de la minería como resultado tanto de la contaminación, como de la falta de experiencia de la población en otras modalidades de obtener un sustento (debido a una especialización en minería).

C) Institucionalidad minera: También afirman que las empresas convencen a autoridades locales a apoyar a la Empresa a través de sobornos y prebendas. Indican que, en el pasado, el país ha mostrado ser incapaz de controlar los efectos de la minería en el departamento de San Sebastián por lo que no se podría esperar que ahora pueda ejercer un control efectivo sobre la minería a gran escala.

D) Caracterización Ética: Según la narrativa hostil a la minería, las empresas compran las voluntades de los sectores de la población mediante pequeñas prebendas, y que todo aquel que se pronuncia en favor de las empresas lo hace como resultado de beneficios personales de corto plazo. Dicen que con sus estrategias comunitarias la minería destruye el tejido social de las comunidades rurales, que manipula a la población con su campaña mentirosa respecto a la “Minería Verde”, y chantajea al país, al haber llevado a El Salvador al CIADI por no brindar los permisos para iniciar la etapa de explotación.  Según su visión, las transnacionales mineras no respetan a la inmensa mayoría de la población que las rechazan y desean imponerse a su voluntad.

La difusión de esta narrativa fue apoyada por dinámicas políticas que sirvieron de plataforma para la emisión de mensajes. Los conflictos contra las inversiones mineras les posibilitaron a las fuerzas hostiles a la minería horas de entrevistas gratis en medios, que brindó la oportunidad para que diversos voceros tuvieran espacio en medios, y dio acceso a recursos externos para las ONGs anti-mineras. Posteriormente, la relevancia mediática del juicio en el CIADI entre Oceana Gold y el gobierno salvadoreño, generó múltiples instancias para emitir mensajes anti-mineros.  Para contrarrestar estos mensajes empresas mineras lanzaron una campaña respecto a la “Minería Verde” que resultó poco efectiva, pues una campaña pro-minería hecha por empresas mineras tiene baja credibilidad. Otro mecanismo para mantener el tema minero en términos favorables para el interés de La Mesa fue la realización de 6 consultas populares en los que 99% de la población participante se mostraba opuesta a la minería. Es decir, resultados semejantes a los que se podría encontrar en un referéndum cubano. Fue así que se pudo sostener el tema en agenda por más de 13 años consecutivos y consolidar la narrativa anti-minera como parte del “sentido común” de la población.

1) Las Lecciones de El Salvador.

El caso de El Salvador brinda unas lecciones respecto al proceso estratégico detrás de las disputas por la legitimidad:

A) La importancia de la coalición social: La Mesa, la Iglesia Católica[5], las instituciones académicas, voceros mediáticos, operadores locales, y ONGs internacionales conformaron una coalición que superó largamente la coalición que el sector minero fue capaz de movilizar. Los distintos componentes de la coalición social anti-minería tenían un poder gran discursivo que terminó moldeando la percepción de la población respecto a la minería en todo un país. El apoyo del gobierno central y unos cuantos operadores locales, los típicos aliados de una empresa minera, claramente no es suficiente cuando se enfrenta a un movimiento social articulado.

B) La inefectividad de las campañas mediáticas: Las disputas por la legitimidad son batallas sostenidas, de larga duración y estructuradas alrededor de narrativas en disputa. La respuesta de muchas empresas, al verse involucradas en una disputa de este tipo, consiste en desplegar campañas publicitarias con la expectativa de influir en la opinión pública, en caso de El Salvador fue la campaña de la “Minería Verde”. Unos cuantos meses de campaña publicitaria y spots publicitarios no pueden hacer frente al sostenido accionar anti-minero. Ellos llevan años creando una narrativa potente, resultante de la creación de contenidos académicos, y con la cooptación de voceros creíbles para la población. Una campaña publicitaria hecha por un actor interesado, las empresas mineras, no puede competir con un bombardeo de mensajes de voceros considerados independientes como la Iglesia católica, la universidad, y organizaciones ambientalistas de países desarrollados.

C) La legitimidad es indispensable para la supervivencia de una industria: La minería metálica en El Salvador, la energía nuclear en Alemania, la minería a tajo abierto en Costa Rica son actividades económicas que se han visto inviabilizadas frente a la formación de un consenso social hostil. Frente a ello la racionalidad económica de permitir operar a un sector que genera riqueza para la sociedad se ve desplazada por la racionalidad política de no enfrentarse a la opinión pública.

D) Economías de alcance discursivas: La narrativa desplegada para socavar proyectos mineros específicos tiene componentes que son hostiles a la totalidad o a gran parte del sector minero. Una frase como “La minería emite millones de litros de agua cianurada al ambiente” afecta a todo el sector, no sólo a la Empresa a la que es dirigida.  Los conflictos sociales brindan a los anti-mineros una plataforma mediática para emitir su narrativa frente a la opinión pública. Reciben horas de entrevistas y reportajes en radio y televisión, centímetros cuadrados en periódicos y revistas, espacio en redes sociales, y todo esto sucede a lo largo de años consecutivos. En ese espacio mediático los mensajes que se emiten en contra de una empresa particular permiten descalificar a la totalidad del sector minero.

En el Perú, en abril del 2015 una encuesta GFK encontraba que un 9% de la población peruana consideraba que “La minería no es importante para el desarrollo económico del país”.  Un mes después, en mayo, este porcentaje se había elevado a un 19%.[6] Entre ambas encuestas, ocurrió una alta conflictividad respecto al proyecto minero Tía María.  Este conflicto facilitó el envío de mensajes que degradaron la legitimidad del sector minero como un todo y no solo al proyecto bajo conflicto. En solo un mes se logró que un 10% adicional de la población asumiera una postura hostil a la minería. En el caso salvadoreño, se tuvo años de conflicto con superioridad discursiva anti-minera que acabó con la legitimidad de la minería.

E) Ampliar los afectados: Los anti-mineros tienden a tratar de ampliar al máximo el grupo poblacional que pueda sentirse amenazado por las actividades mineras. Con esto se consigue por un lado ser mediáticamente relevante para un mayor conjunto de personas, incrementar el número de potenciales movilizados contra un proyecto minero. El concepto más útil para ampliar la percepción de amenaza es “la cabecera de cuenca” con ello cualquier elevación conexa a una cuenca pasa a ser un punto sensible en el cual realizar operaciones mineras se considera una amenaza a los recursos hídricos de toda la cuenca. En El Salvador se tuvo éxito en asociar la minería a una amenaza al rio Lempa en cuya cuenca habita el 70% de la población.  Se afirmó que esta población se hallaría inevitablemente amenazada por aguas y drenajes ácidos y tóxicos que se generarían con actividades mineras. Al posicionar esta idea en la agenda pública, el temor a la contaminación pasó a ser permanentemente relevante para el 70% de la población. La narrativa anti-minera apunta siempre a ampliar los sectores sociales preocupados con los potenciales efectos de la minería.

2-Implicancias para el Perú.

Sería fácil considerar que eventos como los ocurridos en El Salvador no podrían darse en el Perú. Es difícil imaginar que el Perú podría prescindir totalmente de un sector que representa el 14% de su PBI. La misma encuesta de GFK previamente citada encontraba que un 80% de la población consideraba a la minería como un sector importante o el más importante para el desarrollo del país. En el Perú existe un consenso social a escala nacional respecto al potencial de la minería para impulsar el desarrollo del país. Tan es así, que en el Perú las organizaciones Pos-Extractivistas sistemáticamente rechazan que se les asigne el apelativo de anti-mineros que en otras latitudes sus colegas se atribuyen con orgullo.

Sin embargo, las herramientas desplegadas por los anti-mineros de manera exitosa en El Salvador también lo han sido utilizadas en el Perú y les han permitido generar hegemonías políticas locales.  En aquellas zonas en las que se han dado conflictos mineros prologados como los de Tía María, Majaz, Conga, Las Bambas, etc. Las organizaciones políticas hostiles a la minería[7] obtuvieron en conjunto entre un 60% y 80% del voto. Los antimineros están impulsando mediante el Ordenamiento Territorial a cargo de autoridades locales una institucionalidad mediante el cual se pueda replicar el fenómeno de El Salvador a escala local.

Otro mecanismo de expulsión de la minería es mediante el avance legislativo de propuestas como la Ley de Protección de las Cabeceras recientemente aprobada a nivel de comisión en el Congreso de la Republica. 

“Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 283/2016-CR que, mediante texto sustitutorio, propone la Ley de Conservación y Protección de las Cabeceras de Cuenca mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para su Identificación y Delimitación.” 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos, Ambiente y Ecología

En el Perú los Pos-Extractivistas están impulsando una agenda de descentralización de las prerrogativas para que determinan la viabilidad legal a las actividades mineras. Esta descentralización de las decisiones permitirá generar zonas de exclusión a la actividad minera en aquellos espacios geográficos en los que consigan degradar lo suficiente la legitimidad de la minería. También impulsan regulaciones en las que una mayor proporción de la superficie del país sea legalmente considerada como excluida de la actividad minera. Un ejemplo de esto son las cabeceras de cuenca.

El gobierno de PPK, adscribiendo a la idea de desarrollar en paralelo la actividad minera y la situación socioeconómica de las zonas vinculadas al sector, ha adoptado el ‘Adelanto Social’. Un enfoque muy razonable. El financiamiento del programa socieconómico se haría ‘adelantando’ parte de los recursos financieros que generaría la operación minera.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, como explica Rafael Valencia Dongo líneas abajo, eso no es suficiente para lograr la aceptación de los proyectos mineros, que son víctimas de acciones políticas e ideológicas anti minería (cómo el pos-extractivismo) o mecanismos de búsqueda de rentas o estrategias de desarrollo de carreras políticas. Ver en Lampadia: Recursos Naturales y Desarrollo

Además de la aceleración del desarrollo socioeconómico, las acciones anti inversión deben ser combatidas con instrumentos que respondan a la naturaleza de las mismas. Lamentablemente, el gobierno estaría enfocándose exclusivamente en el ‘Adelanto Social’ y distorsionándolo.

Peor aún, el gobierno esta distribuyendo recursos a ciertas comunidades, como en el reciente caso de Cajamarca, bajo el nombre de ‘Adelanto Social’, sin vincularlos al desarrollo de ningún proyecto minero. O sea, se están regalando recursos y malogrando la supuesta estrategia y agravando la posibilidad de resolver el entrampamiento de las inversiones. Este despropósito es lo único que ha puesto sobre la mesa el ministerio de Energía y Minas del gobierno de PPK.

¡No se puede malograr así una buena idea, ni pensar que es lo único por hacer!

Conflictos Socio-ambientales

¿Solucionando muy bien el problema que no es?

Rafael Valencia-Dongo, Presidente del Grupo Estrategia
Para la Revista Stakeholders

La práctica en la prevención y solución de los conflictos socio ambientales pareciera señalar que  los negativos índices socioeconómicos –referidos a las necesidades básicas insatisfechas, población en situación de pobreza, falta de penetración de los servicios de agua y desagüe, desigualdades en la renta, entre otros- son el combustible directo para la generación de conflictos sociales en contra de la inversión en proyectos que explotan los recursos naturales, usualmente ubicados en las zonas rurales, alejadas de las grandes urbes y olvidadas por el Estado. En ese sentido, las autoridades y los propios promotores de los proyectos extractivos están empeñados en revertir en el más breve plazo estos malos índices para lograr la instalación y la convivencia armoniosa de los proyectos.

Pero, ¿realmente la mejora sustancial de los indicadores socioeconómicos es suficiente para reducir la resistencia a la inversión?

El 28 de febrero de este año en el Congreso de la República y ante el Grupo de Trabajo Gran Minería de la Comisión de Energía y Minas, el Ministro de este sector informaba respecto a la Unidad de Producción Minera Las Bambas (una de las más grandes del mundo), las extraordinarias mejoras en los indicadores socioeconómicos referidos precisamente a:

Adicionalmente, según el Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) calculado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el crecimiento notabilísimo del PBI de la región Apurímac en el segundo trimestre de 2016 fue de 266%. Es decir, el Perú creció a 3% aproximadamente en el 2016 y la región Apurímac al 266% solo en el segundo trimestre de ese mismo año. Nótese que se trata del crecimiento de toda la región y no solamente de la zona de influencia del proyecto minero, es decir de las provincias de Cotabambas y Grau.

Asimismo, el Ministro de Energía y Minas informó que solo en la etapa de construcción del proyecto se generaron 18 mil empleos directos  y que la puesta en marcha del proyecto al 100% crearía alrededor de 50 mil nuevos empleos directos e indirectos.

Además, el Ministerio de Energía y Minas había implementado múltiples mecanismos de diálogo con las comunidades, tales como mesas de trabajo, mesas de desarrollo, mesas de diálogo, desde el año 2012, así se logran implementar mejoras en educación, salud, ganadería, recursos naturales, desarrollo económico local, así como atención prioritaria del adulto mayor, madres, solteras, viudas, huérfanos y discapacitados; desarrollo de capacidades, saneamiento básico, agricultura, infraestructura económica, fortalecimiento organizacional y oportunidad de empleo en la mina.

Así se logran compromisos para la ejecución de S/ 302’132,813 en obras de transporte, educación, electricidad, agricultura, vivienda, construcción y saneamiento, en los territorios de las provincias de Cotabambas y Grau.

Posteriormente y dado que no era suficiente, se acuerda llevar adelante un programa para la ejecución de un programa social para Cotabambas por S/ 2,168’034,175 de inversión en infraestructura.

No hay duda alguna de las implicancias sociales para el desarrollo que ha significado y significará la explotación del yacimiento minero Las Bambas.  Similar caso de resultados alucinantes se dan casi en todos los proyectos mineros, energéticos, petroleros y gas.

Hasta aquí todo parece un cuento de hadas: poblaciones con escasos recursos para afrontar los cambios que la vida contemporánea exige, de pronto son “tocadas” por proyectos que ponen en valor algo que está enterrado.

Sin embargo, el cuento de hadas se desvanece cuando se aprecia que buena parte de proyectos de esta naturaleza han sufrido graves paralizaciones por cuanto la población no quiere tenerlos en su entorno o quiere obstaculizar los proyectos ya instalados, pese a que todos han sido certificados por las autoridades socio ambientales como ecológicamente amigables con el medioambiente.

Así tenemos que inversiones como Conga, Tía María, Río Blanco, Bear Creek, etc., que bien hubiesen servido para el desarrollo de sus zonas de influencia y que en general no cuentan con fuentes alternativas que jalen y empujen al desarrollo, son de alguna manera paralizados.

En el tema de Las Bambas, por ejemplo, es lacerante pero ya hay cinco fallecidos por los conflictos sociales durante los últimos dos años y actualmente se encuentran con suspensión de garantías constitucionales, pese a que el Vicepresidente de la República ha firmado un ofrecimiento de inversión de más de S/ 2,100 millones en carreteras, canales de regadío, vivienda, saneamiento, entre otros. Pareciera que mientras más obras de infraestructura se pretenden ejecutar, más conflicto se genera.

Diera la impresión que estamos frente a la reedición de esos versos de la famosa Divina Comedia, cuando el poeta caminaba por los círculos del infierno y ve un engendro espantoso que se comía uno tras otro a los hombres : “Qué engendro tan espantoso es este que cada vez que come tiene más hambre”.

Por ejemplo, si uno camina por la plaza de Armas de Cajamarca, se percatará que la pileta ha sido remozada por la empresa minera Yanacocha, si voltea encontrará dos iglesias renovadas por minera Yanacocha, si camina unas cuadras más encontrará un centro cívico donde se ubica un imponente Coliseo, la única escuela de joyería en plata del Perú, el local de la Municipalidad, entre otros, todos ellos producto de la articulación o a veces con aportes íntegros de minera Yanacocha.

Si va por la carretera hacia donde se encuentran los artesanos talladores en piedra, encontrará letreros de construcción de infraestructura nueva en agua, desagüe, energía eléctrica, canales de regadío, todos financiados bajo distintas modalidades por minera Yanacocha, obras que  mejoraron directamente los índices socioeconómicos de Cajamarca; sin embargo, la población no permitió que se llevase adelante el proyecto Conga y la explotación en el Cerro Quilish. Así tenemos múltiples repeticiones de la historia de muchos proyectos y el hostigamiento de unidades de producción social y ambientalmente amigables.

Entonces  pareciera que las obras de infraestructura  (canales de regadío, carreteras, saneamiento, etc.), serían necesarias pero no suficientes para la convivencia armoniosa entre la empresa y la comunidad. De hecho, las mismas parecieran que solo contribuirían a elevar las expectativas y su satisfacción no implicaría la eliminación e incluso la reducción de la presión sobre las empresas extractivas y su aceptación social.

Es que quizás se debiera tomar en cuenta que las obras de infraestructura son para el Estado un fin, mientras que para la empresa son solo un medio dado que su fin es la aceptación social o la convivencia armoniosa.

Convertir por generación espontánea a un medio (la infraestructura) en un fin pareciera ser parte del gran error que engorda las fauces del monstruo de la  Divina Comedia. Las obras para que sirvan parecieran que debieran cuantificarse socialmente de manera clara y contundente ¿Cuántos adherentes a la causa me han reportado?  ¿1,000 o 500 ciudadanos?  ¿Cómo pruebo que así ha sido? ¿Cuántos adherentes me permitirían obtener la obra alternativa?  El solo hecho de construir no genera de modo alguno adherentes.

Hay que recordar una y otra vez que lo que para el Estado es un fin, para el privado es solo un medio. ¿Cuántos ciudadanos concretamente requieren para sacar adelante su causa? Los oponentes a la inversión sí saben cuántos ciudadanos requieren para tumbarse la inversión. 

Entonces, podríamos inferir que la reducción de la pobreza y desigualdad vía obras de infraestructura, no sería la principal fuente reductora de conflictos sociales, si es que dichos instrumentos no se usan como plataforma o medio y no como fin.

Como lo manifiesta el experto en temas sociales, Dael Dávila, muchas empresas y gobiernos asumen que los ciudadanos actúan siempre de forma racional, como lo son los planes de desarrollo.

Aparentemente, los privados y el Estado podrían estar empeñados en solucionar muy bien el problema que no es. Lampadia