Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

¿Qué significa cruzar el Rubicón? Iniciar irrevocablemente una empresa de arriesgadas consecuencias.
Como cuando el emperador Julio Cesar atravesó el Río Rubicón con sus tropas, declarando la guerra civil: “alea jacta est” (la suerte está echada).

Como comentó Mirko Lauer en su columna: El complot, en La República el 9 de febrero pasado, parece que el gobierno de Castillo habría cruzado -fallidamente- el Rubicón, con el nombramiento de Valer en la PCM.

“¿Hubo un intento real de cerrar el Congreso? A juzgar por los comentarios post factum de Héctor Valer, intento hubo. Lo que faltó fue un manejo mínimamente hábil de las cosas. Desde que la derecha parlamentaria, apenas instalada, proclamó su deseo de vacar a Pedro Castillo, él y su entorno sueñan con un mundo sin congresistas.

Todo sugiere que Valer llegó a la PCM con el encargo de provocar a los opositores y precipitar una negativa de la confianza, como antesala de la disolución del Congreso. Pero los organizadores no esperaban que el abogado revelara las cartas del complot de forma tan precipitada, ni que fuera políticamente tan frágil.

El frustrado cierre del Congreso nos deja con la imagen de un Castillo dispuesto a poner en marcha un putsch, pero sin capacidad de llevarlo a buen término. Sus limitadas habilidades son lo único que lo separa de lanzar emprendimientos orientados hacia un poder personal sin limitaciones democráticas. (…)”.

Concuerdo con el análisis de Lauer, Castillo habría pretendido cruzar el Rubicón y declararnos la guerra a los demócratas, a la gran mayoría de peruanos que no acompañamos al presidente, su camarilla y sus asesores cubanos, en el intento de refundar el Perú.

El ‘Pueblo’ se aleja cada vez más del gobierno de Castillo y Perú Libre, peri el gobierno no toma nota del sentir popular. Pretendería imponer su agenda máxima, la de insistir con la asamblea constituyente para tomar el poder absoluto. Como a estas alturas ya saben que no podrán hacerlo por la vía de la Constitución y las Leyes, antes de perder más popularidad y respeto en el ámbito internacional, parece que estarían apurando su afrenta antidemocrática.

Pero los ciudadanos tenemos las cosas más claras, veamos una última lectura de la opinión pública recogida por Ipsos – El Comercio:

Como podemos leer, la población le dice al gobierno que su proyecto político refundacional no merece el mínimo de atención, incluso en el revoltoso Sur, donde solo un 13% considera que debe dársele algo de atención.

El que por ahora haya fallado el putsch que menciona Lauer, no significa que el gobierno haya renunciado a avanzar con su proyecto político anti-peruano, inspirado en un proyecto continental. La delicada presentación del ministro Torres de hace un par de días, previa dosis de pasiflora, sería solo una pausa.

Pareciera que el gobierno ya optó por buscar la ‘solución final’ para la captura total del país: el cierre del Congreso y la imposición de una asamblea constituyente anti-democrática.

Ahora pues no caben más contemplaciones, estamos advertidos en todos los tonos. No van a parar hasta conseguir su solución final.

Posición:                  Firmes
Compromiso:           Como Bolognesi: Hasta quemar el último cartucho

Lampadia

“Hemos sido gobernados por empresarios corruptos”.
Primer Ministro Salvador del Solar
Conferencia: “El país que soñamos, las reformas políticas indispensables”
Cusco
Ver en Lampadia: Salvador del Solar…. ¿premier, o candidato?

Una barbaridad, que solo en un país adormecido pasa sin llamar a escándalo. Este aserto no solo es falso, también es insidioso y desestabilizador.

La verdad es que la ola de corrupción devenida en llamarse Lava Jato, es de origen político y fundamentalmente de destino político.

El origen está en el diseño de penetración política diseñado por Lula de Silva en Brasil, que usó a empresas corruptas como los brazos ejecutores de su interferencia política en varios países de la región. En el caso del Perú, el apoyo a la campaña de Ollanta Humala, fue ordenado específicamente por Lula. Lo mismo se ha evidenciado con respecto a Susana Villarán, de la que Barata afirmó que tenía la línea política que hacía conveniente se la apoyara.

Por otro lado, es muy claro que la corrupción hizo carne en los más altos niveles de la política peruana, empezando por varios ex presidentes de la República, gobernadores y alcaldes.

Entonces, ¿a qué llama la pésima declaración del premier?

Evidentemente a seguir abonando ese espacio hostil al sector empresarial que ha tomado cuerpo en la política y los medios de comunicación.

Más allá de que pueda haber empresas que hayan caído en la corrupción, no pueden hacerse generalizaciones, y menos calificar la naturaleza del quehacer empresarial como corrupta. El Perú necesita de sus empresas, las peruanas y las extranjeras, las pequeñas y las grandes, para dinamizar los circuitos de inversión, fuente primordial del crecimiento económico, que a su vez permite luchar contra la pobreza y la desigualdad.

El futuro del país pasa por la suerte del sector privado, del mundo empresarial. Redondeando cifras se puede decir que las medidas del país son: 90 -90 -90.

• 90% del empleo es generado por el sector privado
• 90% de la inversión la hace el sector privado
• 90% de los recursos fiscales provienen del sector privado

Entonces ¿de qué futuro estamos hablando cuando se tiene una visión estatista del país? ¿De qué se trata cuando se chanca al sector empresarial, incluso con mentiras?

Es urgente revalorar, potenciar y dinamizar el sector empresarial. Los peruanos tenemos que crear riqueza en la mayor proporción y rapidez posible. Tenemos tareas que no podemos descuidar, como cerrar las brechas económicas y sociales en educación, salud, infraestructuras y tecnología, que todavía nos lastran y que nos ponen en una notoria desventaja para ser parte del mundo de la ‘cuarta revolución industrial’, y cuidar que nuestros ciudadanos más pobres no vayan a quedar eternamente en los arrabales de la globalización.

Exijamos a nuestros funcionarios públicos más responsabilidad y consecuencia con los importantes roles que les hemos encomendado. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, acudieron ayer a la comisión de Constitución del Congreso a sustentar el proyecto de reforma del artículo 90 de la Constitución que establece dos cámaras y fija el número de senadores y diputados y la manera de elegirlos.

La novedad fue que el Premier presentó la delimitación de los macro distritos electorales para elegir senadores y la de los micro distritos electorales para elegir diputados.

Esta es la delimitación de los distritos electorales macro-regionales para elegir senadores:

Esto significa que habría seis macro-distritos para elegir senadores:

Al mismo tiempo, el Premier presentó la delimitación de los 50 distritos binominales para elegir diputados:

Como podemos ver en el siguiente cuadro, que resume las implicancias de ambas delimitaciones. Allí podemos ver en cuántos micro-distritos binominales se divide cada departamento y cuantos congresistas termina teniendo sumando diputados y senadores.

La primera constatación es que la delimitación en ambos casos no se basa en el criterio de la equivalencia poblacional, sino en el de la existencia de una realidad macro o micro-regional en términos de relaciones económicas, sociales o culturales. Ese criterio es correcto y mucho más realista que el puramente demográfico, aunque puede haber algún grado de arbitrariedad en la conformación de algunas macro-regiones, por ejemplo.

Pero hay un caso en que el criterio poblacional sí debe prevalecer: es el de Lima Metropolitana. Porque lo que la propuesta trae es una notoria sub-representación de Lima Metropolitana en comparación a su participación poblacional, cuando lo que el país requiere es recuperar para la política la a dirigencia nacional en los campos profesional, gremial, académico y empresarial, que incorpore una mirada nacional de largo plazo a los problemas, y que lamentablemente está concentrada en la capital. Lima tendría 12 diputados (12% del total) y 5 senadores (16% del total), con cerca del 30% de la población. Queda claramente infra representada. Por supuesto, la mejor alternativa para recuperar la dirigencia nacional sería que el Senado se elija en distrito único nacional, pero no es eso lo que se ha planteado y podría llevar a tener en ambas composiciones políticas muy diferentes que no favorezcan la gobernabilidad.

Conclusión

La solución, entonces, si nos mantenemos dentro de los términos planteados por el proyecto del Ejecutivo, sería incrementar el número total de senadores y diputados en la cantidad necesaria para darle a Lima su participación proporcional en la población nacional. Eso supone dividir a Lima en un número mayor de distritos binominales y asignarle más senadores.

La Gran Lima

La presentación del Premier incluyó también la división de Lima (incluyendo Callao), en seis distritos binominales, que son los siguientes:

Evidentemente, si se respetara la participación demográfica de Lima, esta tendría que ser dividida en alrededor de 14 distritos binominales.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al ser el Estado una entidad monopólica, carece de los apremios de la competencia para mejorar sus servicios, reducir sus costos y simplificar sus procesos. Por el contrario, su tendencia es a incrementar el gasto y las regulaciones en detrimento del ciudadano, de las empresas y del contribuyente.

Las consecuencias son que atiende mal al público, atiende mal su propia demanda interna (a los alcaldes, por ejemplo), no resuelve o se demora en hacerlo y frena la iniciativa privada y estatal. Por supuesto, le cuesta mucho innovar.

Es posible que la tecnología –la digitalización- ayude a controlar estas tendencias naturales, en la medida en que simplifica la vida al usuario, ayuda a recabar y ordenar información y simplificar procesos, y permite una participación del ciudadano en sistemas de reclamaciones y denuncias. Eso requiere, por supuesto, de un Estado profesional y meritocrático, que funcione por resultados, incluso para premiar la reducción de normas y trámites de modo que estos no vuelvan a crecer luego de una simplificación.

Llamó la atención, en ese sentido, que el Premier César Villanueva mencionara algunas reformas novedosas en estos campos en el discurso de investidura en el Congreso. Anunció que se retomará la reforma del Servicio Civil con concursos transparentes y meritocráticos –algo fundamental-, se simplificará la organización absurda del Estado, se establecerá plataformas de servicios administrativos compartidos en regiones, habrá libros de reclamaciones en las dependencias públicas y se creará un sistema único de trámites virtuales para gobiernos regionales y locales para que no tengan que venir a Lima. 

Incluso planteó una reforma de la descentralización, eliminando superposiciones y delimitando mejor las funciones entre los tres niveles de Gobierno. Y agencias para la coordinación multisectorial.

Veamos qué es lo que efectivamente se está haciendo en relación a algunos de los anuncios que hizo. En qué consisten esas propuestas.

Plataformas de servicios compartidos

Dijo Villanueva: “haremos plataformas compartidas de tareas administrativas ya que el ejecutivo tiene más de 2,000 sedes administrativas fuera de Lima que se traducen en altos costos y baja articulación y coordinación”.

La secretaria de Gestión Pública de la PCM, Mayen Ugarte, nos refiere que se tuvo la iniciativa de solicitar a todos los ministerios y entidades del gobierno central que reportaran información sobre todos los locales que tienen en las regiones. Y el resultado fue ese: poseen más de 2,000 locales en el interior. Pero, además, con un patrón de ocupación irracional: mientras algunas oficinas son enormes y están casi vacías porque tienen poquísimo personal, otras están hacinadas. En Piura, por ejemplo, hay 220 oficinas del gobierno central. Mientras la Cancillería tiene una casa grande de dos pisos en la que solo laboran 5 personas, Provías, cuya presencia si se justifica, tiene un local ajustado. También existen amplios espacios destinados a almacenar trastos viejos de los que no se deshacen porque las normas lo impiden. En muchos casos duplican funciones de los gobiernos regionales o locales.

En suma, un desperdicio enorme de recursos. La solución que se ha diseñado, entonces, es la siguiente: allí donde hay un MAC (Mejor Atención al Ciudadano), que son esos locales que concentran hasta 27 servicios de atención al ciudadano -desde revalidación de licencias de conducir hasta certificados de antecedentes penales y judiciales pasando por duplicados del DNI, etc.-, y la entidad tiene trámites que los ciudadanos realizan, entonces la idea es que esa entidad vaya al MAC.

Si no hay MAC, o no hay trámites al público, entonces la idea es que oficinas saturadas se trasladen a locales relativamente vacíos de otras entidades, y compartan los gastos administrativos. Por supuesto, esto supone mejorar las normas relativas al pago de servicios compartidos, que hoy por hoy prácticamente lo impiden porque pagar algún servicio de un tercero podría ser visto como malversación. Se ha formado una Comisión para estudiar este tema y formular una política de espacios públicos que incluya también la posibilidad de fusionar oficinas administrativas.

A nuestro juicio, esta comisión debería aprovechar para hacer un análisis de inutilidad de algunas oficinas y entidades, a fin sencillamente de suprimirlas.  

Más MAC

El presidente del Consejo de Ministros también anunció: “Multiplicaremos el número de plataformas de servicios compartidos en regiones, empezando este año con la implementación de, al menos, cuatro nuevas plataformas en Arequipa, Cajamarca, Ucayali y el sur de Lima. Simplificaremos las reglas y la organización, a veces absurdas, del Estado para facilitar la vida a un ciudadano que no entiende porque tiene que ir a seis entidades públicas diferentes para resolver su problema”.

Se refiere a los MAC. En estos centros el ciudadano no tiene que movilizarse a distintas oficinas del Estado, sino que lo tiene todo concentrado en un solo local, pues se atienden hasta 27 trámites distintos de diversos sectores. El Estado, por su parte, ahorra en gastos administrativos. El MAC de Lima Norte (Los Olivos), por ejemplo, atiende 7 mil personas por día. Literalmente revienta. En la actualidad existen 5 MAC, en Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Piura. Este año habrá 4 más, en las ciudades indicadas por el Premier. La idea es que haya uno por departamento.

Pero hay una evolución ulterior: los 16 trámites más demandados en los MAC y que están digitalizados pasan al software MAC Express, que se coloca en las plataformas de atención de las municipalidades que lo soliciten, para que ellas en cada ventanilla pueden darle al vecino su certificado de antecedentes o la verificación de su título profesional por parte de Sunedu o lo que fuere. Para eso la PCM capacita al personal municipal que atiende en las ventanillas. Esto potencia enormemente la facilidad al usuario.

Ahora, es evidente que, si todos los trámites se pudieran hacer de manera virtual o digital, por internet, no se necesitaría los MAC. Mayen Ugarte nos responde que en realidad hay una proporción significativa de la población que no está conectada a internet o que le cuesta hacer trámites por esa vía, de modo que aún tiene que haber facilidades para trámites presenciales por unos 20 años más, calculan. 

El Premier anunció que se ampliará la plataforma digital gob.pe., que permite unificar las plataformas digitales de las entidades y hacer algunos trámites por internet. De eso nos ocuparemos en otro informe.

Libro de reclamaciones

El Primer Ministro también anunció que se implementará “el Libro de Reclamaciones en todas las entidades públicas como un sistema único para que se pueda supervisar cómo se da solución a las quejas y reclamos de los ciudadanos en toda dependencia del Estado”.

Así como el Indecopi tiene a su cargo la rectoría del sistema de reclamaciones ante las empresas del sector privado, esa función, para las entidades del Estado, le corresponde a la PCM, pero nunca la ejecutó. Pues bien, se ha decidido implementar efectivamente un sistema en línea de quejas y reclamos, que parte de un libro de reclamaciones en toda entidad pública enlazado a un sistema de seguimiento de los reclamos, que permita no solo informarle al usuario acerca del estado y resultado de su queja, sino mejorar el servicio o revisar el procedimiento en cuestión, o llamar la atención a la persona quejada si la queja apunta al maltrato de un servidor público.

Para ello, en tres meses se llevará a cabo un piloto en tres comisarías, dos Ugel y un hospital regional. La idea es que el sistema esté implantado en todas las entidades públicas en un año y medio. Evidentemente la aplicación de un sistema así, que facilita la participación del ciudadano, puede tener un efecto determinante en el mejoramiento de los servicios públicos.

Consulta en línea a 500 mil servidores públicos

Lo interesante es que se montará, además, un sistema de información que permita canalizar la percepción y aportes de los propios servidores públicos acerca de qué trabas encuentran ellos en el propio Estado que les impiden lograr resultados. Lo anunció también César Villanueva: “recurriremos a los servidores para identificar y resolver trabas administrativas que, finalmente, se traducen en problemas o demoras para la gente”.

La idea es organizar una encuesta y consulta pública en línea para preguntarles a 500,000 servidores públicos qué les impide trabajar bien, qué obstáculos tienen para cumplir sus funciones, cómo sortean esos obstáculos si lo hacen o si se resignan a la inacción, etc. Es decir, convertir a los servidores públicos en agentes de cambio. Se ha hecho ya el trabajo de campo con entrevistas en profundidad, definiendo tipos de perfiles de servidores por edad principalmente, para definir bien las preguntas. La encuesta se aplicará en julio y agosto.  

Manuel Maldonado, de la Secretaría de Gestión Pública, nos explica que las respuestas a las entrevistas y encuestas se procesan con inteligencia artificial. Ya tienen el software para eso. Es importante, porque una experiencia similar, pero dirigida al usuario, que fue “dimetutraba.pe”, al final fue poco efectiva porque no se pudo procesar la cantidad de información que produjo la ciudadanía. Todo esto se hace con apoyo de la GyZ alemana.

A partir de esta información, la idea es identificar “agrupaciones o clusters de problemas”, nos explica Melissa Donayre a cargo del proyecto, que lleven a simplificar las reglas con las que se funciona y eliminar controles burocráticos inútiles.

Sistema de trámites para gobernadores y alcaldes

Ahora bien, ocurre que el Estado maltrata no solo a los ciudadanos sino también a los propios alcaldes, que, según el Primer Ministro, pasan en promedio ¡168 días en Lima! en su primer año de gobierno, haciendo gestiones para su comunidad. Y no los reciben en los ministerios. Villanueva anunció entonces que “Se creará un sistema único de trámite para gobiernos regionales y locales”

La PCM encuestó a los alcaldes para ver por qué viajan tanto a Lima. Lo hacen porque no les contestan el correo, o no les aceptan el documento que envían o que traen, o para hacer seguimiento al trámite que han iniciado. Muchas veces vienen para hacer una consulta, y si tienen la suerte de ser recibidos, cuando quieren aprovechar para hacer una segunda consulta, les dicen que tienen que sacar cita nuevamente. La municipalidad, por ejemplo, puede subir por internet el perfil de un proyecto para que sea considerado en la programación presupuestal del MEF, pero para dar de baja un proyecto el alcalde o el funcionario tiene que venir a Lima. Además, tienen que ir al JNE a obtener un documento que certifique que son alcaldes.  

Lo que se va a hacer, entonces, nos explica Ugarte, es poner en marcha un sistema que permita ingresar el trámite y hacerle luego seguimiento en línea desde la localidad del alcalde, sin necesidad de venir a Lima, con plazos de respuesta.

Las reuniones Gore y Muni – Ejecutivo

Por eso –agrega Mayen Ugarte- las reuniones Gore – Ejecutivo tienen mucho éxito, porque los gobernadores regionales toman acuerdos directamente con los ministros. La consecuencia es que ahora vienen a Lima la tercera parte del tiempo que venían antes. Los Gores, como se sabe, funcionan como ruedas de negocios: los gobernadores regionales se reúnen individualmente con cada ministro. 

Ahora se ha decidido aplicar la misma lógica con los alcaldes: los Muni –Ejecutivo, que se realizan cada 15 días en una región distinta, al que asisten los ministros y todos los alcaldes de la región. Y en la Secretaría de Descentralización se les hace seguimiento a todos los acuerdos que se toma con los ministros. Según parece, los alcaldes están muy contentos con esta práctica.

Por supuesto, todas estas iniciativas son complementarias a la tarea central de la PCM, que es la simplificación de normas y procedimientos y la digitalización del Estado. Pero de eso nos ocuparemos en otro informe. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, informó que el objetivo del Gobierno es cerrar al 100% la brecha en el suministro de agua en las áreas urbanas y al 85% en las zonas rurales del país para el 2021. Por supuesto, para eso se necesita, en primer término, recursos. Por eso agregó: “Esperamos que la inversión privada empiece a mejorar, de manera que el crecimiento del país se empiece a notar en el segundo semestre y tengamos los recursos para invertir y cerrar esa brecha”.

Pero resulta que pocos días antes de que el ministro formulara esas declaraciones, el Premier le había pinchado la llanta de ese objetivo por dos vías. Al ordenar a la Sunass que deje sin efecto el alza de la tarifa de agua en Moquegua, y aceptar luego revisar los peajes –que son contratos- con los transportistas, el Premier configuraba un escenario de ruptura de reglas básicas de la economía de mercado que, sin duda, como bien señaló Roberto Abusada, pueden afectar la confianza del sector privado y por ende la inversión. Y sin inversión, no habrá recursos presupuestales para alcanzar las metas de agua.

Pero, aun cuando los hubiera, de qué sirve invertir en agua potable y alcantarillado si después esas redes no se pueden mantener ni menos aún hay recursos para seguir invirtiendo. El 2016 el ex jefe de la Sunass, Fernando Momiy, nos decía que en los 10 años anteriores el Estado había invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y se preguntaba en qué se ha ido ese enorme monto. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. El año pasado fueron 4 mil millones. Parte de eso son transfusiones de sangre del presupuesto nacional a las EPS incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Por supuesto, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS.  

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país. Sus directorios, presididos por el alcalde, se resisten a actualizar tarifas por razones políticas. Por eso, haberle dado al organismo regulador, la Sunass, autonomía para fijar las tarifas luego de estudios técnicos, fue un paso adelante muy importante para intentar la racionalización de estas entidades. Esos incrementos siempre venían con recomendaciones de gestión. Lamentablemente al Premier no se le ocurrió mejor idea que atacar ese instrumento clave, de modo que en adelante será muy difícil que la Sunass haga prevalecer los aumentos de tarifa que dispone. Es terrible.  

En el siguiente cuadro podemos ver que, al 2016, había 12 EPS cuyos “costos y gastos desembolsables” son superiores a sus ingresos operativos totales. Una de ellas, oh sorpresa, es la EPS Moquegua. Por eso, evidentemente, la Sunass dispuso el alza de la tarifa, cuestionada por el Premier. 

Y eso que este cálculo no considera los costos financieros de las EPS, las deudas impagas que tienen, por ejemplo, con el FONAVI. Hacia fines del 2016, la deuda de las EPS con el FONAVI sumaba más de 4,200 millones de soles.

Por eso, en el siguiente gráfico vemos cómo la cobertura de agua potable, lejos de aumentar, venía disminuyendo, al 2016, en las EPS grandes, medianas y pequeñas. En todas menos en Sedapal. La EPS carecen de capacidad de inversión porque sus tarifas son muy bajas.

No solo eso, la continuidad del servicio, es decir, el número de horas por día en que los que tienen conexión tienen agua, también ha caído en las grandes y pequeñas, como podemos ver en el siguiente gráfico:

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Y como podemos ver en el siguiente cuadro, 10 EPS distribuyen agua 10 o menos horas al día, y 15 EPS 12 horas o menos. Carecen de capacidad de inversión.

Recaudan poco no sólo porque eventualmente la tarifa es baja, sino porque la micromedición está relativamente poco extendida. En el siguiente cuadro podemos ver que hay incluso 5 EPS que no tienen micromedición alguna y muchas tienen porcentajes bajísimos. La EPS Moquegua, objeto de la interferencia del Premier, la micromedición alcanza sólo al 41%.

El asunto es penoso cuando nos acercamos al tratamiento de las aguas residuales.

• Sólo el 3.66% de las aguas residuales de las EPS pequeñas son tratadas
• Solo el 31.88% de las aguas residuales de las EPS medianas se tratan.
• Hay 23 EPS que simplemente no tienen ningún tratamiento. Una de ellas es justamente la EPS Moquegua.

Por todo lo anterior, la reforma de las EPS, es decir, la reforma del agua potable, es fundamental en nuestro país. De hecho, 12 EPS se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, mediante el cual del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) interviene EPS para establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo a fin de mejorar su gestión y reflotarlas.

Pues resulta que una de esas 12 es nada menos que la EPS Moquegua. Por eso, en el comunicado que emite la Sunass para defender su autonomía y aclarar que no ha anulado el aumento de la tarifa en Moquegua, acepta sin embargo evaluar la propuesta de que el primer año el alza sea financiada por la OTASS, es decir, por todos los peruanos (ver punto 6 del comunicado). Es lamentable que se haya tenido que ceder, solo para postergar un año el problema. La población tiene que ser bien informada acerca de las razones que hacen necesaria el alza.

La reforma de las EPS no es un tema fácil. Necesita, por eso, claridad, firmeza y apoyo político de parte de las más altas autoridades. Lo que no puede hacer el gobierno es socavar la autoridad y la autonomía de los organismos reguladores, porque entonces será imposible actualizar tarifas y organizar bien las empresas de saneamiento, que por ahora son una tubería rota por la que se van los recursos que en ellas se pone. Lampadia

Como muchos, en Lampadia tenemos observaciones importantes sobre la designación de algunos ministros y sobre otros indicadores de la orientación del gobierno de Martín Vizcarra. Pero, habiendo atravesado en las últimas semanas una profunda crisis política, luego de largos meses de desgobierno y pérdida de confianza en el futuro por parte de la población, consideramos que es muy importante apoyar, por sobre toda otra consideración, la indispensable y urgente consolidación del gobierno.

Ya habrá tiempo para analizar, criticar y proponer cambios, que, según nuestros análisis previos, asumimos que serán recibidos por gobernantes con vocación de escuchar y dialogar.   

El Perú ha superado riesgos muy graves de interrupción de la democracia y de respeto a la Constitución. Logramos que la toma de mando del Presidente Martín Vizcarra se diera respetando todos los cánones de la Carta Magna y mostrando un gran nivel de madurez y tranquilidad, tanto en el sentir popular, como en los indicadores económicos.

El gabinete presidido por Cesar Villanueva aún no cumple una semana de instalado, pero los enemigos del recién estrenado gobierno, están en campaña para desprestigiar al premier y para malograr las relaciones del Ejecutivo y al Congreso.

Efectivamente, hemos superado riesgos de gobernanza extremos, que hubieran retraído toda capacidad de recuperación de los caminos de la prosperidad.

Desde el punto de vista popular, la transferencia de mando se dio con mucha tranquilidad y con la aprobación masiva de los ciudadanos.

Asimismo, como Diego Macera tituló su última columna en El Comercio, ‘Ni pestañeó’, la economía no mostró ninguna inquietud. Más bien se recuperó la Bolsa de Valores y bajó el tipo de cambio.

Sin embargo, la prensa ideologizada como El País de España, según lo reportado por la insidiosa Jacqueline Fowks, presentó un país convulsionado.

En el equipo de PPK, el congresista Juan Sheput, su vocero, es el más belicoso contra Vizcarra y Villanueva. El se pasea por los medios sembrando un ambiente negativo alrededor del gobierno. Además, no le da la gana de entender que el Presidente Vizcarra ha anunciado el “fin de la política de odio y confrontación”. Una declaración del Presidente que estaba referida específicamente a la política del ppkausismo, de polarizar con Fuerza Popular. Pero Sheput sigue confrontando.

De igual manera, la segunda vicepresidente y congresista, Mercedes Aráoz, no ha registrado el fracaso de sus poco democráticas maniobras para sacar del juego al Primer Vicepresidente Vizcarra en los albores de la renuncia de PPK. Aráoz, sigue enfilando sus baterías contra el ahora Presidente Vizcarra y su primer ministro Villanueva, y hasta pretende imponer sus ideas al nuevo gobierno.

Aráoz niega todo …

Pero su ambición la traiciona…

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el triste rol de varios medios de comunicación, como Canal N y RPP, donde connotados miembros de su plana periodística no pierden oportunidad para debilitar el novel gobierno, máxime en un contexto como el indicado líneas arriba. Para ellos, Fuerza Popular sigue representando una suerte de fuerza invasora extranjera a la que hay que combatir y evitar cualquier acercamiento del partido mayoritario del Congreso, con el Ejecutivo que ha determinado el fin del odio y la confrontación.

La cosa llega a tal punto, que el Ejecutivo se ve acorralado políticamente, y pisa el palito del mantenimiento de brechas políticas con Fuerza Popular, con declaraciones inconducentes a la afirmación de la política de convergencia. Si bien estas declaraciones pueden haberse originado por un error de Perú21, que reportó consultas del gobierno con el congresista Torres de FP (que no se dieron); el tono, las palabras y el mensaje de Villanueva hacen ver, los eventuales contactos con FP como algo indebido, alimentando a los enemigos internos y a los medios desestabilizadores.

En este ambiente, los medios extremistas llegan a plantear barbaridades…

En nuestra opinión, quienes promueven estas acciones de discordia y divergencias, merecen una severa llamada de atención.

La situación del país requiere responsabilidad y consecuencia con los más importantes intereses de la Nación, convergencia política, tranquilidad de la población y recuperación de la economía. Lampadia

Ayer se instaló el gabinete del gobierno de Vizcarra que deberá enfrentar la difícil tarea de recuperar la inversión y el crecimiento de la economía, el entendimiento entre los Poderes del Estado, la confianza de los peruanos y la probidad en el manejo de la cosa pública.

Esperamos que el formato de la juramentación, abierto a la mirada de todos los ciudadanos, sea el signo de un gobierno transparente, que gobierne de cara a la población, y que haga de su gestión un ejercicio de comunicación sobre donde estamos y a donde podemos llegar.

De igual manera, esperamos también que el carácter provinciano de varios de los miembros del gobierno, empezando por el Presidente Vizcarra y el Premier Villanueva, marque también un estilo más sencillo y franco, que el usual en la política limeña. De hecho, este debe ser el gabinete con mayor proporción de provincianos en muchas décadas.

En su discurso de investidura, el presidente Vizcarra no habló solo de parar el odio y la confrontación, sino de “marcar el punto final de una política de odio y confrontación”. Una política torpe desarrollada por el gobierno de PPK para compensar su debilidad política y crear un enemigo interno que distraiga a los ciudadanos.

Curiosamente, el diario La República recoge el llamado contra los odios, pero no así todos los medios nacionales. Por ejemplo, Canal N, del grupo El Comercio, continúa con una sibilina campaña de debilitamiento del gobierno de Vizcarra-Villanueva. ¿Hay algo que debemos leer de este cambio osmótico de roles?

Pero más allá de las reacciones mediáticas, creemos que es muy importante recoger la esencia del principal mensaje del gobierno, pasar ‘De una estrategia de confrontación, a una estrategia de bienestar’. De la noche, al día.

Como hemos explicado muchas veces, el gobierno de PPK traicionó el sentido del voto popular al aliarse con el equipo de Ollanta Humala y jugar con las izquierdas anti sistema; con el propósito de confrontar con Fuerza Popular (FP), a quienes, con las comparsas mediáticas, convirtieron en un monstruo que había que combatir.

Ahora debemos mirar adelante, no hay tiempo que perder y debemos entender que, si hay buena voluntad, se podrá corregir lo que se haga necesario. Sobre un gabinete siempre hay la posibilidad de hacer críticas y cuestionamientos. En este caso, desde nuestro punto de vista, Vizcarra ha incorporado al gabinete unas figuras muy interesantes para transmitir frescura y confianza, y para impulsar los esfuerzos productivos, como también otras que pueden ser tapones de reformas esenciales, como la laboral.

Además, de las recientes presentaciones en los medios del primer ministro Villanueva, también podemos apreciar algunas faltas de entendimiento de las ecuaciones matrices del libre comercio y de políticas industriales; pero, a diferencia de un gobierno (PPK), que al final filtraba sus acciones en función de una estrategia de confrontación política, con el nuevo gobierno se tiene la sensación de que sí sabrán escuchar y leer. Algo muy importante, cuando se trata de buscar el bien común sin segundas intenciones.

Por eso, queremos terminar esta nota recogiendo la invitación del presidente a un Pacto Social: “Propongo ante ustedes, señores Congresistas y ante todos los peruanos de cualquier ideología política y credo, un PACTO SOCIAL que nos comprometa, a fin de luchar sin distingo alguno contra la corrupción e impulsar el desarrollo equitativo, democrático e integrador”.

Un Pacto Social permite el entendimiento entre gobierno y población para la identificación, priorización y ejecución de acciones de gobierno con un fin claro, por el que la mayoría de los peruanos podamos apostar. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso ha dado una ley para protegerse a sí mismo, alterando el equilibrio de poderes establecido en la Constitución. La resolución legislativa aprobada para limitar la facultad presidencial de disolver el Congreso cuando éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, introduce limitaciones a dicha facultad que la Constitución no precisa y que contravienen la costumbre constitucional establecida en nuestro país.

En efecto, el artículo 133° de la Carta Magna dice, a la letra: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”.

La costumbre constitucional

En nuestro país, cada vez que el presidente del Consejo de Ministros ha renunciado o ha sido removido por el presidente de la República, o ha sido censurado, se ha producido, como dice el citado artículo 133°, “la crisis total del gabinete”. Y esa “crisis total” en ningún caso ha significado el cambio de todos los ministros. Siempre dejaron el cargo el Premier junto con algunos ministros, pero no todos.

Esa ha sido la costumbre constitucional. No se la puede modificar sin modificar la propia Carta Magna. Y eso no ha ocurrido. La resolución legislativa que modifica el artículo 84 del reglamento es en realidad un cambio constitucional, y debió seguir el procedimiento que corresponde a toda enmienda de ese nivel. Ni siquiera fue analizado el proyecto por la Comisión de Constitución. Fue aprobado furtivamente, casi como si se tratara de un asalto a la Constitución.

Y esa costumbre constitucional tenía sentido. Un nuevo Premier supone un nuevo enfoque de gobierno, algún cambio en el énfasis o en las prioridades. Por eso, el artículo 130° de la Constitución señala que “Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”. Si debe asistir a exponer la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, es porque su gestión pretende imprimir algún cambio respecto de la anterior. Pero para efectivizar ese cambio de énfasis o de prioridades o de capacidad de gestión, no necesita cambiar a todos los ministros, sino a los que tengan que ver con ese cambio de orientación.

Ley con nombre propio

La resolución legislativa aprobada por el Congreso es, en realidad, una ley con nombre propio. Y ese nombre propio no es una persona, sino el Congreso mismo. Viola, entonces, el artículo 103° de la Constitución que dice: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”. Ha dado la ley para prevenir una eventual cuestión de confianza futura o para que la cuestión de confianza negada al gabinete Zavala no cuente como válida para una eventual disolución del Congreso. Y no se puede legislar con nombre propio ni es correcto hacerlo a partir de una circunstancia específica, menos aun si es para defender un interés particular o crear una situación de relativo privilegio.

¿No han pensado que pueden llegar a ser gobierno?

Los partidos actualmente en el Congreso parecen no haberse percatado de  que pueden llegar a ser gobierno y que lo que hoy legislan para protegerse, mañana, si están en el Ejecutivo, los perjudicará. La resolución legislativa que acaban de aprobar los condenaría a la parálisis. Han legislado como si su situación actual en el Congreso fuera a perpetuarse. No han visto más allá de tres años. Ni siquiera se les ha ocurrido que pueden ganar una elección presidencial.

Si no se resuelven los problemas de diseño constitucional que vamos a explicar, pueden terminar en la situación inversa a la que se encuentran ahora: con un congreso opositor que no les deje gobernar. Porque otra consecuencia de esta resolución legislativa, es que altera el equilibrio de poderes previsto en la Constitución. La posibilidad de disolver el Congreso a la segunda censura de un gabinete es un contrapeso ante un Parlamento eventualmente dominado por una mayoría opositora obstruccionista. Limitar esa facultad debilita aún más a cualquier Ejecutivo que carezca de mayoría en el Congreso: otra razón, además, para que un cambio como éste solo pueda proceder vía reforma constitucional.

Cambios deberían ser al revés

En realidad, los cambios que requiere el ordenamiento constitucional y legal en el tema de la relación entre poderes, deberían ir más bien en el sentido contrario: posibilitar la disolución del Congreso a la primera y sin expresión de causa, cuando una situación de entrampamiento o de continua censura de ministros paraliza al Ejecutivo. La disolución del Congreso buscaría que el pueblo elija una nueva mayoría que le de gobernabilidad al Ejecutivo. En su defecto, si la oposición vuelve a triunfar, ella tendría que poner al Premier, como en la cohabitación francesa. Lo que no se puede mantener es una situación permanente de enfrentamiento estéril.

Pero, más importante aún, junto con esa reforma constitucional habría que dar otra que disponga la elección del Congreso al mismo tiempo o después de la segunda vuelta, para que la posibilidad de que el Presidente tenga mayoría en el Congreso sea mucho mayor o que el elector decida conscientemente si le quiere dar mayoría al Presidente para que pueda gobernar.  

Esa es la ventaja de los sistemas parlamentarios, de donde viene la institución de la disolución del Congreso. En ellos el Ejecutivo tiene mayoría por definición porque el Ejecutivo nace del Congreso y por lo tanto el líder de la mayoría se convierte en el Premier. Una mayoría opositora es imposible: si llega a darse, el congreso es disuelto, precisamente. El conflicto de poderes no dura, se resuelve rápidamente. El resultado es que se consigue democracias más funcionales, más efectivas. Que es lo que necesitan nuestros países.

Pero si no vamos a ir a un sistema parlamentario, por lo menos introduzcamos las reformas constitucionales que favorezcan la elección de un Presidente de la República con mayoría parlamentaria, y que en el caso de que, pese a ello, dicha mayoría no se dé y/o se presente una situación de entrampamiento que ate de manos al gobierno, el Ejecutivo pueda resolverla disolviendo el Congreso sin expresión de causa, en los términos que hemos explicado.

Si Fuerza Popular, el APRA y los demás partidos que han apoyado este despropósito tuvieran voluntad de triunfo electoral el 2021, ya se habrían dado cuenta de la necesidad de realizar estos cambios constitucionales en lugar de agravar las condiciones de gobernabilidad. 

El Presidente Ollanta Humala, fiel al estilo confrontacional con el que viene gobernando el país, decidió desoír los consejos de la gran mayoría de ciudadanos que le pedían un Primer Ministro de consenso y optó por un hombre de su extrema confianza y que por añadidura, como Ministro de Defensa, ha sido una pieza clave en exacerbar los ánimos. Pedro Cateriano que se define como un antiaprista y antifujimorista, desde su cartera no dejó de lanzar puyas a la oposición. Su designación en reemplazo de la censurada Ana Jara es, de cierta forma, una manera de devolverle el golpe a la oposición.

Una actitud que puede encender innecesariamente el conflicto en un momento delicado del país. Como señaló Pablo Bustamante en la Hora N, “este es un mensaje del Presidente, en el que nos dice que está dispuesto a enfrentarse con quien sea. Esta es una falta del respeto al país y una falta de consecuencia con la situación que atravesamos en el aspecto económico e institucional”. En la misma línea de estas declaraciones, Martín Tanaka asegura que “nombrar a Pedro Cateriano Presidente del Consejo de Ministros es la respuesta a la oposición: no nos dejamos atarantar. Por supuesto, se está pensando en dar un mensaje a la oposición, no en la eficacia de las políticas públicas o en un plan de reformas para el último año de gobierno, que no existe”.

Desde que asumió el mando, este gobierno ha preferido dedicarse a lanzar o devolver golpes antes que buscar consensos. Este estilo ha enrarecido en demasía el ambiente político y ha generado un ánimo de permanente crispación que ha impedido que se discutan seriamente las reformas institucionales impostergables para apuntalar el crecimiento y el desarrollo social en un momento en que la economía se desaceleraba.

Enfrascarse en este “juego” le ha impedido a la pareja presidencial percibir que a pesar de la pésima calidad de nuestros congresistas, existen varias bancadas que han sido gobierno (fujimorismo, Perú Posible, Acción Popular, PPC y Apra), aún así no pudo articular propuestas para efectuar las reformas institucionales clave que necesita el país. Por el contrario, al parecer siguiendo los designios de un plan que les permitiera perpetuarse en el poder, intentaron agudizar las contradicciones atacando a la oposición y culpándola de todos los males nacionales y tildándola de corrupta. La frustración de tener que descartar este programa puede explicar este ánimo confrontacional. La buena noticia es que Cateriano es un demócrata y no defiende la Gran Transformación, sino que se sumó al Gobierno luego de que este suscribiera la Hoja de Ruta.  

La oposición se ha mostrado madura y ha preferido escuchar al flamante Premier antes de descargar baterías. Hasta ahora la actitud de Cateriano es conciliadora, pero la situación del país exige mucho más que eso. Es necesario que tenga un plan de acción para reencausar el crecimiento del país. Con la llegada del ex ministro de defensa a la PCM se ha perdido una brillante oportunidad de cambiar al bisoño y liviano equipo económico de este gobierno que hasta la fecha parece haber tirado la toalla. Segura, recientemente, ha declarado: “ya no podemos hacer nada más”. No se entiende, entonces, porque no se ha puesto en marcha la propuesta formar equipos de notables que puedan destrabar las inversiones públicas y privadas. Un tema clave para poner relanzar al país y devolverle la confianza a los agentes económicos (Ver en Lampadia (L): 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos). Segura, en cambio ha preferido confiar esta tare a las huestes del MEF, pero como todos sabemos, hasta ahora no ha logrado poner que ninguno de los proyectos se echen andar.

Cateriano debe enfocarse en un plan mínimo que debe tener como prioridad implementar medidas urgentes para reactivar la economía (para ello será fundamental  su mediación para que Tía María, Las Bambas, la Línea 2 del Metro, y el gasoducto del Sur aceleren su desarrollo), culminar las negociaciones para suscribir los TLCs con Turquía e India, asegurar un proceso electoral limpio (debe descartarse por completo la idea de instaurar el voto electrónico (ver en L: La peligrosa campaña por el voto electrónico) y controlar los arrestos populistas, establecer un plan para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño, solidarizarse con la lucha por la democracia que la oposición venezolana viene dando y denunciar los abusos y el autoritarismo de Maduro, y, finalmente, devolver a las relaciones con Chile a un nivel óptimo. A arremangarse la camisa, no para pelear, sino para recuperar el tiempo perdido. Lampadia