Consideramos que el siguiente discurso de José Picasso, Presidente de Volcan Compañía Minera, en la XXXI Convención Minera de Perumin, contiene un análisis interesante sobre la realidad nacional que creemos bueno compartir con nuestros lectores.
En la siguiente entrevista del diario Gestión, Walter Piazza, presidente Ejecutivo de Cosapi, señala las dificultades que tienen que enfrentar las empresas constructoras cuando contratan con el Estado. Agrega que las diferencias entre los contratistas y los ministerios se convierten en un drama porque “las obras dependen del arbitrajes”. Asimismo resalta la importancia de las Asociaciones Públicas Privadas como mecanismo para promover inversiones privadas en infraestructuras y subraya el papel de la minería como uno de los motores del crecimiento.
El sistema político peruano parece haberse puesto de espaldas al proyecto Conga en Cajamarca, una de las inversiones más grandes de la historia del Perú (US$ 5mil millones), arriesgando el círculo virtuoso de la inversión privada de las últimas dos décadas y cediendo al sabotaje de los movimientos anti mineros. En recientes declaraciones, el Presidente Humala ha sostenido que el proyecto Conga depende de la empresa y todos nos quedamos boquiabiertos. De otro lado, el fujimorismo, de gran arraigo popular en la región, está dividido para las elecciones regionales del 2014 dejando el campo libre a las opciones anti inversión privada.
Ante semejante indiferencia del gobierno y de los partidos políticos, Javier Velarde, gerente general de Yanacocha, ha declarado que en “el 2015 evaluaremos si se construye el proyecto Conga”. Si en tanto el Presidente renuncia a la soberanía del Estado, afirmando que todo depende la empresa, estamos en una trampa absurda. Durísimo golpe para nuestra cartera de inversiones mineras. Vale señalar que las trabas burocráticas y la violencia antiminera ya han retrasado 43 proyectos mineros bloqueando alrededor de 25 mil millones de dólares de inversión.
Sin embargo es necesario enfatizar que en este caso ha habido graves fallas de comunicación, tanto por parte del Estado, como de la empresa y otros actores públicos. Los ciudadanos requieren información sobre los temas de trascendencia nacional, y nadie puede eximirse de esta responsabilidad.
También habría que recordarle al Mandatario que, según la Constitución, el Estado es el dueño de los recursos naturales y, como titular de ese derecho, entrega concesiones a privados. Si el Estado renuncia a ejercer soberanía en las concesiones que otorga y le carga el bulto a los inversionistas, entonces, el Perú ya no sería una democracia, un estado unitario, sino que se estaría convirtiendo en una Tierra de Nadie, donde sectores particulares ejercen violencia y poder de acuerdo a sus intereses. En otras palabras, se impondría “la ley de la selva”.
Los funcionarios de Newmont tienen absoluta razón cuando afirman que el proyecto Conga no solo depende de la empresa sino del Estado, las autoridades regionales y las comunidades. Si el gobierno central y las regiones no invierten adecuadamente los recursos del canon en las zonas de influencia de los proyectos mineros, ¿cómo se puede aseverar que estos solo dependen de los privados? Y, si todos hemos contemplado cómo los movimientos radicales han ganado elecciones para convertir a la región en un espolón contra la inversión, ¿por qué las fuerzas democráticas de la oposición renuncian a la unidad para enfrentar a los antimineros en Cajamarca?
Conga comienza a convertirse en un proyecto emblemático de tanta envergadura que, si se viabiliza, salen los demás proyectos paralizados como Tía María, Cañariaco y otros.
El pronunciamiento de Humala sobre Conga ubica al Estado como un Pilatos que “se lava las manos” ante una responsabilidad irrenunciable: ejercer la soberanía. Pero ese Pilatos, al lavarse las manos, estaría transformando varias regiones del país en verdaderas Tierra de Nadie, en virtuales zonas liberadas, donde prosperan las acciones anti mineras de Tierra y Libertad y Patria Roja, así como de la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando armado y el narcotráfico aliado con el terrorismo. La conducta de los partidos de oposición también contribuye a ese lavarse las manos frente a la situación. Todo nos parece indicar, pues, que la viabilidad de Conga va a representar una prueba de fuego para el sistema político. Una gran oportunidad para estar a la altura de las circunstancias o seguir de espaldas al futuro del país.
En la siguiente entrevista de El Comercio, Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de Newmont Sudamérica, señala que, en el 2015, se evaluará si se desarrolla el proyecto Conga que representa una inversión de alrededor de 5 mil millones de dólares. El representante de la compañía concesionara del gran proyecto minero de Cajamarca, precisa que para que sea posible semejante inversión se requiere el concurso del Estado, la empresa privada y las comunidades.
El informe del Centro de Investigaciones de Gerens titulado “El Desempeño de la Industria Minera Mundial: 1992-2012” rescata el reposicionamiento de la minería peruana en el contexto internacional, al haber incrementado su participación y frenado la caída en su participación de la producción mundial (a 4,1%), luego de 4 años de continuos retrocesos. Si bien aún no se recupera la importancia que se tuvo en el año 2006 (5.6%), el estudio en mención explica que el valor de la producción minera se incrementó 12 veces en los últimos veinte años, experimentando un crecimiento promedio anual de 13%.
Rodrigo Prialé, Gerente General de Gerens, destacó que con esta mejora el Perú subió un puesto ubicándose séptimo en el ranking mundial. Cabe señalar que durante el año pasado aumentó la producción de los principales metales: cobre (+5,12%), plata (+1,8%), plomo (+8%) y zinc (+1,96%), con la excepción del oro, cuya producción se redujo en 3%.
A pesar de la mayor producción en los principales minerales, el año 2012 fue duro para la minería peruana debido a la fuerte contracción en el precio delcobre (-10%), Zinc (-11.8%), Plata (-10.1%), y Hierro (-22.3%), y a la elevación de los costos operativos del sector, los cuales se incrementaron cerca de 15%, afectando los resultados de las principales empresas mineras del país. Además, la caída del precio multiplica el impacto en la caída de las utilidades de las empresas que son la fuente de del impuesto a la renta (IR) y del canon. Por ejemplo, con una caída de 10% del precio del cobre, para una mina de cobre que tenga una utilidad antes de IR de 50%, la disminución de la utilidad sería de 20%; y si la mina tuviese una utilidad antes de IR de 30%, la disminución de sus utilidades con esta caída sería de 33%.
Igualmente, los conflictos azuzados por los grupos radicales que siempre han estado opuestos a la actividad minera, paralizando y retrasando al sector, como el liderado por Óscar Mollohuanca (alcalde de Espinar) y Herbert Huamán contra XstrataTintaya, sin duda afectaron al sector retrasando la entrada en operación de importantes proyectos como Antapaccay, que era de urgente necesidad para Cusco ante el agotamiento de las reservas de Tintaya.
Para el presente año, se espera que la inversión de la ampliación de Antamina (Huari, Ancash) y el proyecto Antapaccay (Espinar, Cusco) aumenten la producción de cobre en 155 mil TMF y 140 mil TMF, mientras que para el 2014 la producción de cobre aumentaría en 185 mil TMF adicionales por el inicio de las operaciones de Toromocho. Para el 2015 se espera que entren en operación Constancia y Las Bambas, que con la consolidación de Toromocho incrementarían en 555 mil TMF la producción de cobre ese año entre estos tres proyectos. Igualmente, en el año 2015 se evaluaría nuevamente la viabilidad de ejecutar el proyecto Minas Conga, que permitiría que Cajamarca siga beneficiándose del canon minero.
La minería peruana, con solo el 13% del PBI ha generado el 60% de las exportaciones, ha aportado el 26% de la recaudación del impuesto a la renta y ha explicado una buena parte del crecimiento de la inversión privada al tiempo que ha beneficiado a los gobiernos locales y regionales con el canon minero. Por ello es importante entender las consecuencias generadas por el atraso en la ejecución de los proyectos mineros debido a las protestas y trabas de autoridades de turno que tienen una agenda política basada en su oposición a la minería.
Luis Carranza, ex ministro de Economía, acaba de sostener en Arequipa que la minería representa “la ruta más rápida hacia la prosperidad” y que el Perú debe superar todos los obstáculos que se presentan a esta actividad. Con respecto a la necesidad de industrializar el país, señaló que no es posible la industrialización con subsidios, sino con el impulso de la minería que, como uno de los motores del crecimiento, demanda bienes y servicios, diversifica nuestra economía y genera empleos directos e indirectos.
Existe un cuestionamiento en relación a los criterios óptimos que deberían guiar una distribución adecuada de los ingresos provenientes de las industrias extractivas, como el canon, en un contexto de descentralización. En el Perú, el canon se reparte solo al interior de los departamentos productores, priorizando a los distritos donde se explota el recurso natural.
La priorización del principio de proximidad geográfica tiene sustento legal en el artículo 77° de la Constitución Política, que establece que las circunscripciones donde se explotan recursos naturales deben recibir una participación “adecuada” del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de dichos recursos en calidad de canon. Igualmente, tiene un sustento económico, en la medida en que la explotación de recursos naturales genera costos en los distritos donde se realizan dichas actividades, por la mayor demanda de infraestructura pública y generación de externalidades como inmigración y riesgos de contaminación. Además, el canon se justifica en la medida en que permite a las localidades productoras intercambiar dichos recursos por infraestructura y capital productivo para mantener la sostenibilidad económica de dichas zonas una vez agotados los recursos no renovables.
Debido al fuerte incremento de los precios de los commodities experimentado en los últimos años, los gobiernos subnacionales recibieron importantes recursos públicos provenientes del canon y regalías, al tiempo que las finanzas públicas de los gobiernos regionales y gobiernos locales evidenciaban aún una incipiente capacidad de gestión. Este fenómeno generó desbalances, al punto que durante el año pasado sólo 16 provincias concentraron el 60% del total repartido a nivel distrital, mientras que el restante 40% se repartió entre 179 provincias. Dos distritos: Echarate y San Marcos, en Cusco y Ancash respectivamente, acumularon el 10% del canon. Echarate recibió S/. 464 millones.
Las disparidades se mantienen dentro de cada departamento. Por ejemplo, en el Cusco, el segundo con mayores ingresos, un distrito no productor recibe un ingreso per cápita 72% menor que un distrito productor. En el caso del departamento de Pasco, dicha diferencia llega al 106%.
Por otro lado, los incrementos del canon aumentaron la presión por gastar, lo cual llevó a una baja calidad de ejecución y, al mismo tiempo, a acumular saldos no ejecutados. En el 2012 los saldos por canon ascendieron a S/. 4,162 millones, de los cuales S/. 3,277 millones (79%) correspondían a los gobiernos locales y S/. 884 millones a los regionales (21%).
Los problemas se agudizan por la elevada fragmentación de la inversión local, los pocos incentivos para la coordinación entre circunscripciones y la baja correlación de la tasa de pobreza con las transferencias per cápita recibidas a nivel nacional. Estos argumentos se complican por el riesgo de financiar gastos esenciales con una fuente volátil, dada su naturaleza.
Esta problemática requeriría una reforma que genere una distribución más equitativa, que considere las obvias restricciones de naturaleza constitucional, política y social existentes. Por ello, ésta tiene que ser muy cuidadosa y conversada, tomando en cuenta que la solución completa de este problema requeriría una reforma paralela del sistema de transferencias, así como la mejora en la calidad del gasto.
También sería adecuado que el MEF diseñe un mecanismo de estabilización del canon, como puede ser un Fondo de Estabilización, que establezca un ahorro de uso contingente y permita estabilizar los proyectos interanuales.
El gobierno prorroga el plazo para formalizar a la minería ilegal e informal, la oposición política crítica duramente al régimen por la medida, pero el Ejecutivo precisa que no hay ninguna prórroga, que todas las cosas siguen dónde estaban. Más allá de las leguleyadas o las interpretaciones acerca de si hubo prórroga o no, ojalá que esta vez el debate sobre la minería ilegal, se quede en la sociedad. ¿Debemos os peruanos permitir que se siga extrayendo oro con mercurio a sabiendas de los efectos letales para la salud humana y el medio ambiente? ¿Se trata solo de formalizar a los mineros ilegales e informales o debemos erradicar de una vez por todas, el uso de mercurio en la minería llamada artesanal?
Tal como lo hemos sostenido en el artículo ONG ambientalistas sin autoridad moral, la minería ilegal ha deforestado 120,000 hectáreas a nivel nacional. En Madre de Dios la deforestación llega a 40,000. El personaje principal de esta devastación ambiental es el mercurio. A la sombra de este elemento no solo se destruye la ecología sino que se explotan a menores, se promueve la trata de blancas y todas las lacras sociales inimaginables. ¿Dónde están las denuncias de las ONG ambientalistas que suelen atacar a la gran minería? Como se dice, no se oye padre.
Vale anotar que, la gran minería no usa mercurio para amalgamar el oro y plata, de modo que este elemento solo es usado por la llamada “minería artesanal”, concepto detrás del cual se agazapa el minero ilegal e informal. En este sentido, el debate actual sobre el tema debe servir para plantear que la minería peruana se libre definitivamente del mercurio.
Existen diversas propuestas para eliminar el mercurio de la actividad minera: desde modernas máquinas de extracción hasta la iniciativa de los ingenieros metalúrgicos del Colegio de Ingenieros del Perú, que proponen el Proyecto Mercurio Cero, consistente en usar agua y separar por gravedad el oro de los demás metales. El proyecto de los ingenieros plantea que en un lapso de ocho años se elimine el mercurio de estas actividades.
A nivel latinoamericano el debate sobre el tema también se intensifica. Una alternativa tecnológica planteada en Colombia permite eliminar el uso del mercurio utilizando reactivos que se degradan en el ambiente, que disminuirían los costos para los mineros artesanales. El reto es que la industria aurífera fije sus ojos en mejorestécnicas.
La necesidad de liberar a la minería del mercurio es una tendencia a nivel mundial que promueven organismos internacionales como las Naciones Unidas. A inicios de este año, la ONU logró sellar la primera convención para controlar las emisiones de mercurio mediante artículos de uso diario, en numerosos procesos químicos e industriales y la minería artesanal de oro.
Es impresionante el doble estándar de las ONG ambientalistas. Disparan con todo en contra de la gran minería que paga impuestos, que está sujeta a los estudios de impacto ambiental y todos los controles del Estado y de la comunidad internacional habidos y por haber y, que por cierto, ha desterrado el mercurio de sus tecnologías para obtener oro. Sin embargo guardan un silencio cómplice y aterrador frente al minería ilegal que no solo siembra muerte con mercurio en nuestros ríos y bosques sino en nuestros cerebros y riñones destruyendo el futuro de muchas generaciones del país.
Augusto Baertl es uno de los mineros más importantes del país. Promotor de Antamina, en esta charla nos da su visión de lo que sucede en nuestro país y resalta los efectos positivos de la inversión minera en el desarrollo del país.
(Entrevista de Gonzalo Pajares)
¿Son buenos tiempos para la minería en el Perú?
Las cosas hay que verlas desde diversos ángulos. Este es un momento expectante porque nunca antes hemos visto que cuatro grandes proyectos mineros estén, al mismo tiempo, en construcción: Toromocho, Cerro Verde, Constancia y Las Bambas. Además, se acaba de poner en operación Antapaccay y se ha concluido la ampliación de Antamina. Esto es producto de un trabajo de más de 20 años, de apertura a las inversiones. Acá hay, lejos, más de diez mil millones de dólares de inversión.
¿Qué está pasando con las nuevas inversiones?
Se han venido a pique. El propio presidente del BCR, Julio Velarde, en Canadá, le ha dicho a la comunidad de inversionistas: “Si ustedes no vienen a explorar, en 2016 no habrá nuevos proyectos”. Hoy la exploración se ha reducido a cero, tanto por problemas internos como externos. Y esto se explica porque en el Perú no se cumplen las reglas. A pesar de sortear engorrosos trámites burocráticos, si no tengo un acuerdo con la comunidad, el proyecto minero no va. Es decir, en el Perú la ley no sirve. Hoy, agentes externos a la comunidad –que mienten y generan temor al decir que la minería destruye, que acaba con la agricultura y la ganadería–, más la ausencia del Estado y normas como la Ley de la Consulta Previa, han hecho que toda comunidad se sienta con derecho a que le consulten.
Pero, ¿no debería ser así? Al fin y al cabo, son sus tierras…
Es que la consulta no significa ‘consulta’ sino derecho a veto: por esto, los proyectos están parados. Y esto no está bien. Si vamos a permitir que una pequeña comunidad tenga mayor derecho que la población del país, estamos en un grave problema. La minería representa para el Perú el 60% de sus exportaciones, el 40% de los ingresos por impuestos. Es decir, es la actividad que más recursos le da al Fisco. El Perú es un país minero, lo ha sido siempre y continuará siéndolo.
¿Qué hacer para que la baja en las inversiones mineras y los menores costos de los metales no nos lleven hacia una crisis?
Nunca en la historia de la minería se dio un periodo tan largo de bonanza. Mineros, regiones y país nos acostumbramos a la bonanza, pero la desaprovechamos. El canon minero representa el 50% de los impuestos de la minería que, lamentablemente, los gobiernos locales y regionales no han sabido gastar, y tampoco quieren ser fiscalizados. En el afán de ser ‘democráticos’, hemos abandonado la supervisión, el control. La regionalización de Toledo fue muy mal hecha: César Álvarez y Gregorio Santos son producto de ella. Por ejemplo, en la zona de Huari, donde opera Antamina, tenemos, por un lado, el trabajo del padre Ugo de Censi en Chacas –que promueve el desarrollo– y, por otro lado, feudos como San Marcos, que ha caído en manos de delincuentes con el nombre de autoridades… y esto no es responsabilidad de la minería. Hay que repensar la descentralización: no cualquiera puede ser elegido, optemos por la gente proba, bien capacitada. Los filtros deben ser mayores.
En Chacas mataron al portero de la obra, y ya suman tres las personas asesinadas. Usted sostiene que la violencia no es producto de la minería…
Es producto del narcotráfico. Esa zona tiene corredores hacia la selva, y por allí viene el narcotráfico. Mire lo que pasa en Casma y en Chimbote: el sicariato es por la droga. El país está lleno de zonas liberadas donde no hay autoridad y el narcotráfico impera. Los yacimientos de Majaz y Río Blanco, en Piura, no salen no por un problema social o por la mala relación con una empresa, sino por el narcotráfico.
¿El dinero del narcotráfico promueve las protestas?
Yo voy más allá. Contrabando, minería informal y narcotráfico promueven la ilegalidad. Y la ilegalidad es el gran problema del Perú. Por eso, la minería es el gran enemigo de esta gente, porque con ella llega la legalidad, el orden, la formalidad. El Perú tiene gente buena, profesional, capacitada, pero nos falta imponer el respeto por las normas y las leyes, la legalidad. Nos hemos convertido en un país anárquico.
¿La minería también es responsable de esto?
No, directamente responsable no. ¿Acaso es malo generar riqueza? En los 90, el Perú era un caos. Lo sacamos a flote, pero el Estado sigue anquilosado.
Humala ha dicho que llegó la hora de la industrialización.
Esas son peroratas sin importancia. Acá se habla mucho del valor agregado, pero yo le digo que el verdadero valor agregado lo da la minería. El mineral está en la tierra y no tiene valor sino hasta cuando llega el minero y lo transforma. El industrial le da un mayor valor, es cierto, pero no me digan que nosotros no potenciamos el recurso. Yo me pregunto ¿por qué no se instalan las más grandes fundiciones del mundo en el Perú? Porque no están dadas las condiciones pues. En esto debemos trabajar, en atraer capitales, no en atacar a la minería.
Publicado en Perú 21, 26 de agosto del 2013
Ante la falta de interés de las ONG y ambientalistas sobre el daño ecológico causado por la minería ilegal en diversas zonas del país, se hace evidente, que su supuesta preocupación por los temas ambientales, concentradas únicamente en vinculación al sector formal de la economía, es falsa.
Hace mucho tiempo se viene reclamando a los ambientalistas algún tipo de pronunciamiento al respecto. La sociedad peruana debe advertirle a los ambientalistas que sus observaciones al sector formal ya no tienen ningún valor, lo cual hace evidente que estos grupos solo se dedican a estos temas como una forma de ganarse la vida, obtener prebendas y réditos políticos, y no a proteger el ambiente.
En el Perú existen zonas liberadas en las que imperan con total libertad actividades económicas ilícitas y de alta rentabilidad, como son el narcotráfico aliado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado del sur (ver artículo ¡No más complicidad con la minería ilegal!).
Para mantener estas zonas liberadas, se emplean todo tipo de argumentos y acciones de “protesta”. Se amparan en temas ambientales y sociales, movilizan a comunidades, ONG internacionales y grupos religiosos. Entre muchos casos, podemos mencionar dos ejemplos claros del mal proceder de las ONG: Tambogrande (Piura) e Inambari (Madre de Dios).
En el frustrado proyecto minero Manhattan en Tambogrande, se manipuló a distintos grupos de opinión -junto con extremistas anti mineros y ONG-, para oponerse al proyecto argumentando la defensa del limón y del mango. Expulsaron a la minera, para que luego, los mismos extremistas y supuestos ambientalistas, se dedicaran a la minería ilegal, causando daños inmensos daños al ambiente, sin ninguna regulación y control. Este desastre ecológico no ha merecido ningún pronunciamiento por parte de los supuestos defensores del ambiente. En el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se invocó el tema ambiental y, sin embargo, una vez que el proyecto fue abandonado, la zona fue ocupada por mineros ilegales y plantaciones de hoja de coca sin que se haya escuchado ninguna protesta por parte de los supuestos defensores del medio ambiente.
El problema de la minería ilegal es muy grave. Se han deforestado 120,000 hectáreas a nivel nacional. En Madre de Dios la deforestación llega a 40,000 hectáreas, y se utilizan las peores prácticas de producción, explotación de menores, trata de blancas y todas las lacras sociales inimaginables. El movimiento económico generado es además una gran fuente de corrupción. ¿Dónde están las ONG ambientalistas?
Necesitamos instituciones que se preocupen legítimamente por el tema ambiental. Como se ve, nuestro crecimiento y desarrollo que sorprenden al mundo, no solo están amenazados por la creciente crisis política que vive el país, donde las luchas políticas ocupan a gobierno y oposición, en vez de encontrar los caminos comunes para enfrentar los flagelos del narcotráfico, terrorismo, tala ilegal, minería ilegal, contrabando armado y los extremismos que buscan quebrar el estado de derecho, la presencia de la autoridad y de las empresas como agentes de la formalidad. En estos temas nos estamos jugando una responsabilidad histórica ante el devenir de la nación y todos debemos estar a la altura las circunstancias.
¡Basta ya de la doble moral de las ONG!
En la siguiente Editorial, el diario El Comercio destaca la actitud del ministro de Energía y Minas en impulsar los importantes proyectos mineros. Sin embargo, señala que hay mucho que el Gobierno debe hacer en el sector minero para enfrentar la desaceleración económica.
En el siguiente enlace podrá ver la publicación en PDF: Vacas mineras
En la ampliación de Cerro Verde se invertirían más de US$5,000 millones. (Archivo El Comercio)
Uno de los principales problemas del país es la crisis de seguridad ciudadana que aqueja a la sociedad en general. Todos los sectores sociales, limeños o provincianos, estamos afectados por este flagelo y el Gobierno no desarrolla una estrategia adecuada. Así sucede con la Operación Mato Grosso (OMG) -liderada en Perú por el sacerdote italiano Ugo de Censi-, que, durante 37 años, se ha dedicado a capacitar a los campesinos pobres en Chacas, en el callejón de Conchucos, en Ancash, tal como lo describe Jacqueline Fowks en El País de España, hoy este proyecto está a punto de interrumpirse por las amenazas de extorsionadores, cuyo objetivo es eliminar las posibilidades de superación de estas poblaciones y desarrollar sus actividades ilícitas.
Una misión de voluntarios italianos
se repliega de los Andes por amenazas
Por: Jacqueline Fowks
El País 13 de agosto del 2013
Imagen de los talleres de los Artesanos de Don Bosco
La Operación Mato Grosso (OMG), liderada en Perú por el sacerdote italiano Ugo de Censi, ha sufrido en las últimas semanas la inseguridad que crece en la zona, obligándoles a replegarse. De Censi llegó al país en 1976 como párroco de Chacas, departamento de Ancash, en la sierra norte. La misión perdió en 1992 a un voluntario italiano asesinado por terroristas Sendero Luminoso y en 1997 a un sacerdote muerto por bandidos en el distrito de San Luis, próximo a Chacas. Recientemente recibieron cartas de sicarios, pero la paliza y posterior muerte de uno de sus colaboradores peruanos, Domingo Vidal, un anciano portero de la parroquia en San Luis, forzaron su decisión.
Ugo de Censi informó en junio a la prensa local que los voluntarios italianos eran víctimas de extorsión, chantaje y amenazas de muerte y anunció que tendrían que retirarse de las provincias de San Luis (Fitzcarrald) y Asunción-Chacas. OMG ha creado en los últimos 30 años, en las comunidades más pobres de la región minera de Ancash, el exitoso taller de artesanos Don Bosco, el hospital Mama Ashu, granjas, cooperativas, parroquias y, en San Luis, donde surgieron las amenazas, un albergue para ancianos, un internado y una casa para la atención de niños y adolescentes con discapacidad.
El voluntario italiano Andrea Nori, representante en Lima de OMG y asistente del sacerdote De Censi, dijo a EL PAÍS que “desde febrero han sido 15 cartas de amenaza. Los voluntarios se han ido el domingo pasado luego de una última carta muy amenazadora, ese día, el 2 de agosto, le pegaron duramente al portero de la parroquia y murió el domingo a causa de los golpes”.
“Fuimos a hablar con el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, el alto mando policial de Huaraz renovó las investigaciones y ese movimiento policial fuerte logró limitar el avance de las amenazas”, precisó Nori.
“Desde la época desde terrorismo siempre hemos recibido cartas, pero aquellas eran de pocas palabras. Después los delincuentes comunes se hacían pasar por terroristas, pero esta vez ha sido una cosa seria: empezaban a pedir dinero a cambio de la tranquilidad de que los voluntarios (extranjeros) se queden allí, y el hecho de pegarle al portero”, relató.
El representante de la misión indicó que han desplazado a los voluntarios, algunos a la capital, y aunque han tenido que cerrar la parroquia de San Luis, mantienen una atención básica. “Hemos movido a personas a otras casas aledañas. La atención en el albergue de ancianos y niños la hemos garantizado, y también la casa de los chicos con discapacidad que no son autosuficientes”, añade. Sin embargo, a los estudiantes de una escuela de internado han tenido que llevarlos a otra en Piscobamba, distante a cuatro horas.
La OMG trabaja en Perú en los departamentos de Ancash, Cajamarca, Cusco y Lima, con un total de unos 1.500 colaboradores, de los cuales 340 son italianos y 100 de ellos trabajan ad honorem. La gran mayoría de casas en las que dan servicios de salud, alimentación, formación y capacitación están en localidades por encima de los 3,500 de altura. La zona de Ancash donde operan se denomina Callejón de los Conchucos y los trabajos de los artesanos Don Bosco -en carpintería, talla, tejido, vitrales-, son tan reconocidos que han logrado abrir una tienda en Baltimore (EE UU) y exportan a Italia. Actualmente, preparan un vitral y elgran retablo para la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en San Diego, Estados Unidos.
“Estamos esperando algún resultado de las investigaciones policiales. No podemos seguir con la presencia de los italianos hasta que no haya resultados”, acotó Nori.
Mientras tanto, el Poder Judicial en Ancash dictó el lunes una orden de prisión preventiva contra Jorge Martín Vásquez Pérez, acusado de extorsión contra la casa parroquial de la Congregación Mato Grosso. Según la fiscalía de la provincia de Fitzcarrald, Vásquez habría amenazado de muerte y conminado a que los voluntarios Nicoleta Bartolletto, Danieli Grassiani y EricaTellarolli se retiren de la localidad de San Luis.
Nori explicó que la zona donde ocurren las amenazas es “una ruta comercial. Debido al canon minero circula mucho dinero. Las amenazas no son solo contra la parroquia”, precisó.
La delincuencia y la inseguridad ciudadana son los problemas más importantes para los peruanos según las encuestas. En julio, un 61% de peruanos encuestados por la organización GFK esperaban que el presidente Ollanta Humala abordara ese tema en su mensaje anual de fiestas patrias. En regiones de la selva norte, donde se incrementa el comercio legal o ilegal, se han producido asesinatos y extorsiones a autoridades regionales y alcaldes de distrito. Uno de los más sonados fue la muerte del vicepresidente de la región Amazonas, Augusto Wong, asesinado por un sicario adolescente en febrero.
Publicado por El País 13 de agosto del 2013