Ante la falta de interés de las ONG y ambientalistas sobre el daño ecológico causado por la minería ilegal en diversas zonas del país, se hace evidente, que su supuesta preocupación por los temas ambientales, concentradas únicamente en vinculación al sector formal de la economía, es falsa.

Hace mucho tiempo se viene reclamando a los ambientalistas algún tipo de pronunciamiento al respecto. La sociedad peruana debe advertirle a los ambientalistas que sus observaciones al sector formal ya no tienen ningún valor, lo cual hace evidente que estos grupos solo se dedican a estos temas como una forma de ganarse la vida, obtener prebendas y réditos políticos, y no a proteger el ambiente.

En el Perú existen zonas liberadas en las que imperan con total libertad actividades económicas ilícitas y de alta rentabilidad, como son el narcotráfico aliado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado del sur (ver artículo ¡No más complicidad con la minería ilegal!).

Para mantener estas zonas liberadas, se emplean todo tipo de argumentos y acciones de “protesta”. Se amparan en temas ambientales y sociales, movilizan a comunidades, ONG internacionales y grupos religiosos. Entre muchos casos, podemos mencionar dos ejemplos claros del mal proceder de las ONG: Tambogrande (Piura) e Inambari (Madre de Dios).

En el frustrado proyecto minero Manhattan en Tambogrande, se manipuló a distintos grupos de opinión -junto con extremistas anti mineros y ONG-, para oponerse al proyecto argumentando la defensa del limón y del mango. Expulsaron a la minera, para que luego, los mismos extremistas y supuestos ambientalistas, se dedicaran a la minería ilegal, causando daños inmensos daños al ambiente, sin ninguna regulación y control. Este desastre ecológico no ha merecido ningún pronunciamiento por parte de los supuestos defensores del ambiente. En el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se invocó el tema ambiental y, sin embargo, una vez que el proyecto fue abandonado, la zona fue ocupada por mineros ilegales y plantaciones de hoja de coca sin que se haya escuchado ninguna protesta por parte de los supuestos defensores del medio ambiente.

El problema de la minería ilegal es muy grave. Se han deforestado 120,000 hectáreas a nivel nacional. En Madre de Dios la deforestación llega a 40,000 hectáreas, y se utilizan las peores prácticas de producción, explotación de menores, trata de blancas y todas las lacras sociales inimaginables. El movimiento económico generado es además una gran fuente de corrupción. ¿Dónde están las ONG ambientalistas?

Necesitamos instituciones que se preocupen legítimamente por el tema ambiental. Como se ve, nuestro crecimiento y desarrollo que sorprenden al mundo, no solo están amenazados por la creciente crisis política que vive el país, donde las luchas políticas ocupan a gobierno y oposición, en vez de encontrar los  caminos comunes para enfrentar los flagelos del  narcotráfico, terrorismo, tala ilegal, minería ilegal, contrabando armado y los extremismos que buscan quebrar el estado de derecho, la presencia de la autoridad y de las empresas como agentes de la formalidad. En estos temas nos estamos jugando una responsabilidad histórica ante el devenir de la nación y todos debemos estar a la altura las circunstancias.

¡Basta ya de la doble moral de las ONG!

A través de la regulación económica de los servicios públicos se promueve la competencia en el mercado e incrementa la eficiencia económica, alentando la innovación y eliminando las barreras que impiden su desarrollo. “Teoría de la regulación económica” es un libro editado por la Universidad de San Martín de Porres que presenta el marco conceptual de la regulación de los servicios públicos, sus principales vicios y esquemas básicos, entre otros puntos importantes, señala la coautora de la obra. La entrevista fue realizada por Juan Carlos Cuadros Guedes.

––¿Por qué es necesario regular los servicios públicos en el Perú?

En la década de los noventa, y debido a las crisis económicas y financieras resultantes de políticas económicas inadecuadas, se inició una serie de reformas que implicaron la desintegración vertical de las industrias que se encontraban bajo el ámbito de la gestión del Estado y la promoción de la inversión privada. Adicionalmente, en algunos sectores –como en el de la electricidad, por ejemplo– se daban condiciones técnicas y económicas para el establecimiento de monopolios naturales que se generaron a través de un esquema de entrega de concesiones.

––¿Monopolios naturales que se imponen por la vía legal?

Pero no en todos los sectores. Por ejemplo, el de la electricidad es uno de ellos. También tenemos el segmento de las telecomunicaciones, de la generación de energía, del agua potable y los servicios de alcantarillado.

––Pero no en todos había condiciones para la competencia.

Claro. Por eso, a partir de la experiencia es que se crean los organismos reguladores en el Perú, como organismos públicos descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.

––¿A su criterio, estos organismos cumplen eficientemente su labor?

No es fácil su labor, pero la cumplen con eficiencia y mucho profesionalismo. La geografía peruana es muy difícil y eso hace aun más crítica su labor. No es lo mismo, por ejemplo, tender una red eléctrica en Chile que en el Perú.

––¿Tenemos tarifas altas comparativamente con otros países de la región?

El objetivo del regulador es lograr maximizar el bienestar de la sociedad y ello se consigue en el punto donde el precio se iguala al costo marginal; sin embargo, dicho resultado no es alcanzable en un contexto donde los monopolios naturales analizados brindan servicios públicos, donde los costos fijos representan una importante porción de los costos totales.

––¿Pero son monopolios rentables o es equivocada la percepción en ese sentido?

En esas circunstancias, fijar precios es difícil, pues conlleva pérdidas para el monopolio regulado.

Por eso se buscan otros mecanismos donde se maximiza el bienestar de la sociedad, pero tomando en cuenta que la empresa debe obtener beneficios lo suficientes como para cubrir sus costos totales, que son elevados.

––Esa una calibración difícil.

Sin duda. Sobre todo cuando existen diversos mecanismos para ello. Existe, por ejemplo, la regulación de tasa por retorno, por precios-tope, por comparación, modelos de subastas y competencia por el mercado, entre otros ítems.

––¿Fue fácil trabajar en el análisis de estos sistemas?

Indudablemente, no; pero gracias a la experiencia de Alfredo Dammert Lira y Max Arturo Carvajal

Navarro, coautores del libro, el tema se hizo más fácil. Tardamos un año en procesar la información, que ahora obra en manos de ustedes.

Publicado por El Comercio, 26 de julio del 2013

En una reciente entrevista en El Comercio, Marco Arana , uno de los líderes del autodenominado Frente Amplio de Izquierda (FRENAIZ) y del movimiento “Tierra y Libertad”, el único con inscripción electoral vigente, saca del desván los trapos viejos de los argumentos contra la economía de mercado y el capitalismo y, francamente, es asombrosa su desconexión con la historia de la humanidad. Para el ex cura no existieron las tragedias del comunismo, de los socialismos y nacionalismos del siglo pasado.

Sin el menor rubor sostiene que “planteamos que colocar el egoísmo y el individualismo como una meta suprema para las relaciones sociales y económicas, es un error. Promovemos formas solidarias de colaboración y participación”. “Proponemos un modelo alternativo al capitalismo que se base no solo en los valores económicos”. Recordemos, además, que Arana explicó hace unos meses en España su visión de desarrollo, sosteniendo que el país no debe crecer más de 2% anual, para así no demandar minerales ni petróleo.

Arana adereza su propuesta económica con retórica filosófica. Pues bien, habría que recordarle que todas las ideologías que negaron al individuo como punto de partida de la sociedad reemplazándolo por el Estado en supuesta representación de “formas solidarias”, “colectivismos”, “socialismos” y “nacionalismos”, que terminó ahogando a la humanidad en océanos de sangre. Allí está el Gulag estalinista con sus 40 millones de muertos, o la barbarie Nazi con el genocidio de los judíos y otras minorías, o los 60 millones de chinos sacrificados por Mao. No olvidemos la deshumanización creada por el sistema soviético.

Arana tampoco entiende la verdadera solidaridad. ¿Qué individuo en la historia ha prosperado sin cooperación? El individuo, el productor, en un mercado abierto solo sobrevive y triunfa en base a la cooperación con miles de agentes económicos, solo si se establecen vastas redes solidarias en la que millones se organizan para producir y vender.Las dos caras de la moneda del mercado, pues, son el individuo y la cooperación.

¿No conoce Arana la realidad de los mercados populares del Perú en el que millones de “individuos” migrantes andinos producen, compran y venden? ¿No se da cuenta que su propuesta es totalmente antipopular en Gamarra, Villa el Salvador o Huancayo y Juliaca?

Cuando a Arana se le pregunta cómo se llama su modelo, dice “llámele la recuperación del socialismo, de una economía solidaria, justa y ecológica”.  Luego afirma que su propuesta es una alternativa al capitalismo neoliberal. Pero cuando se le pregunta en qué ha país ha funcionado su modelo,  con increíble falta de respeto a la inteligencia de los peruanos, responde “nosotros creemos que no existe. Hay que trabajar en esa línea”. ¡Vaya! Arana no solo está contra las inversiones y el mercado sino que es el fundador de una nueva teoría mundial, una especie de quinta espadadel marxismo(la cuarta fue Abimael Guzmán, la tercera Mao, la segunda Lenin y la primera Carlos Marx), porque Corea del Norte, Cuba, los países bolivarianos de América Latina hoy, o el socialismo soviético de la pasada Guerra Fría y todos los modelos anticapitalistas y anti-mercado que han surgido en los últimos 150 años, no tienen nada que ver con su ideario. Arana es puro, inmaculado, tocado por una mano divina, aunque repita el fracasado recetario anticapitalista superado por la humanidad.

No se advierte, pues, alguna novedad ideológica en el discurso del llamado (FRENAIZ) Frente Amplio de Izquierda. Se trata del mismo huaqueo ideológico contra el mercado y la inversión privada que se ha levantado antes con diferentes envolturas, ya sea la marxista, fascista, nazi, nacionalista, chavista, “ecológica-radical” e, incluso, las teocráticas.

Las recetas contra el mercado, como las de Arana, nacieron con el propio mercado, pero este es el único modelo económico que, fracasando, nace y se reforma una y otra vez, como el ave Fénix, para continuar avanzando. Como se ve la nueva propuesta de la izquierda nace demasiado vieja y arrugada.

En el Perú existen zonas liberadas en las que no hay presencia del Estado ni del mercado , no hay autoridad, los fiscales, jueces y policías no pueden ejercer sus atribuciones. Hablamos de zonas en las que no se aplican las leyes nacionales, e imperan con total libertad actividades económicas ilícitas y de alta rentabilidad, como son el narcotráfico aliado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado del sur.

Para mantener estas zonas liberadas, se emplean todo tipo de argumentos y acciones de “protesta”. Se amparan en temas ambientales y sociales, movilizan a comunidades, ONG internacionales y grupos religiosos. Por ejemplo, en el caso del proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se invocó lo ambiental y, sin embargo, una vez que el proyecto fue abandonado, la zona fue ocupada por mineros ilegales y plantaciones de hoja de cocasin que se haya escuchado ninguna protesta por parte de los supuestos defensores del medio ambiente.

Estas actividades ilícitas aplican las mismas estrategias para quebrar la voluntad y autoridad del Estado. Por ejemplo, en el desarrollo del frustrado proyecto minero Manhattan en Tambogrande, se manipuló a distintos grupos de opinión -junto con extremistas anti mineros y ONG-, para oponerse al proyecto argumentando la defensa del limón y del mango. Expulsaron a la minera, para que luego, los mismos extremistas y supuestos ambientalistas, se dedicaran a la minería ilegal, causando daños inmensos daños al ambiente, sin ninguna regulación y control. Es decir, luego de expulsada la autoridad del estado y la formalidad, miles de mineros informales hoy contaminan la zona con mercurio y cianuro. En el caso de Tambogrande, el país sigue esperando por lo menos una disculpa de parte de los promotores de esta tragedia ecológica y social.

El problema de la minería ilegal es muy grave. Se han deforestado 120,000 hectáreas a nivel nacional. En Madre de Dios la deforestación llega a 40,000 hectáreas, y se utilizan las peores prácticas de producción, explotación de menores, trata de blancas y todas las lacras sociales inimaginables. El movimiento económico generado es además una gran fuente de corrupción.

Algo más grave aún es la inacción del gobierno. El martes, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal aseguró que de las 100 mil personas que se estima se dedican a esta actividad, 77 mil mineros ilegales se encuentran en proceso de formalización. Sin embargo, el experto y ex ministro del sector, Antonio Brack asegura este proceso no ha avanzado y los plazos se siguen ampliando. “ Los mineros ilegales están recaudando fondos para sobornar a las autoridades y estas no los fiscalizan”, denunció Brack.

Recordemos que en el 2011 se aprobó el plan nacional de formalización de la minería artesanal (Decreto Supremo 013-2011-EM).Se fijó el cronograma, pero ha pasado más de año y medio y no se ha hecho nada. Parece evidente que el gobierno, desde la gestión del gabinete Lerner, está simplemente pateando el problema para adelante.

Como bien señaló la especialista Irma Montes en su columna de El Comercio ¿Minería ‘artesanal?, “El plan no es solo ineficaz por ser limitado, sino que además no contiene estrategias técnicas para solucionar el problema ni implanta penalidades. Encima, los mineros (ilegales) ahora se sienten empoderados y con derecho a exigir despropósitos que van desde la suspensión de plazos y protestas por tener que realizar trámites.”

Como se ve, nuestro crecimiento y desarrollo que sorprenden al mundo, no solo están amenazados por la creciente crisis política que vive el país, donde las luchas políticas ocupan a gobierno y oposición, en vez de encontrar los  caminos comunes para enfrentar los flagelos del  narcotráfico, terrorismo, tala ilegal, minería ilegal, contrabandoarmado y los extremismos que buscan quebrar el estado de derecho, la presencia de la autoridad y de las empresas como agentes de la formalidad. En estos temas nos estamos jugando una responsabilidad histórica ante el devenir de la nación y todos debemos estar a la altura las circunstancias.

El populismo sigue haciendo de las suyas en el gobierno, especialmente, en el Congreso de la República, se ofrecen todo tipo de “beneficios” para los ciudadanos, que lamentablemente se quedan solo en las etiquetas, en las envolturas, en los llamados propósitos, pero cuyo contenido termina siendo contrario a lo ofrecido y por ende, perjudicial a los intereses de los mismos ciudadanos.

Hace algún tiempo se viene acelerando la producción de normas que podríamos llamar: “NORMAS CONTRA-PROPÓSITO”. Estas son aquellas que generan efectos contrarios a sus sustentos normativos y que desorganizan la vida ciudadana. Por ejemplo, hace algunos meses el Ministerio de Educación suprimió las evaluaciones de los niños para los ingresos a los colegios. El resultado, en el gobierno de la “inclusión”, es la ruptura de la movilidad social, exclusión pura y dura, pues los colegios han tenido que desarrollar otros mecanismos para asignar sus vacantes, como son privilegiar a los hermanos y primos de los actuales alumnos, o a los hijos de ex alumnos, etc. Como es fácil de comprender, esto deja fuera a los niños de familias emergentes que no tienen “relaciones sociales” previas con los colegios. (Ver Resolución Ministerial 0431-2012-EDU).

Ahora se plantea un nuevo exabrupto, el llamado “Proyecto de ley de insolvencia familiar” que, en caso de ser aprobado, encarecería los servicios que los peruanos recibimos del sistema financiero. ¿Por qué? El proyecto de ley del congresista Delgado propone “salvar la economía personal y familiar” de las personas que no pueden pagar a sus deudas a los bancos. ¿Cómo? Lo único que necesita el deudor sería declararse insolvente argumentando haber asumido “gastos imprevistos”. Luego de esta declaración, el Indecopi entraría a mediar sancionando un sistema de pago que “evite el perjuicio de los consumidores” ¿Cuál sería el resultado de la brillante idea del congresista Delgado? Pues que los créditos para las personas naturales en el país se encarecerían habida cuenta que uno los criterios principales que influyen en las tasas de interés es el riesgo.  Si es mayor la posibilidad de un deudor moroso, entonces, más alta será la tasa de interés. Como se ve, el objetivo de “beneficiar” a unos pocos terminaría afectando a todos.

Esta no es la única “NORMAS CONTRA-PROPÓSITO” del congresista Delgado, quién tiene más iniciativas del mismo corte y por ello podría ser considerado el campeón del “CONTRA-PROPÓSITO”. Es autor de varios proyectos del mismo corte, como por ejemplo el que busca prohibir el cobro de comisiones de membresía en las tarjetas de crédito, el que propone crear oficinas municipales de defensa del consumidor, el que prohíbe la venta ilegal (sic) de bases de datos, y además, ha hecho suyo el proyecto que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto del Libro de Reclamaciones, que genera nuevos procesos burocráticos..

Como este tipo de iniciativas buscan popularidad y son en esencia campañas populistas para conseguir votos preferenciales en los nichos de los pocos “beneficiados”, el mal ejemplo ha cundido, dando pie a que se presenten cada día más proyectos de “NORMAS CONTRA-PROPÓSITO”, como la “ley de protección alimentaria y nutricional” que prohíbe el consumo de la llamada “comida de bajo contenido nutricional”, o el proyecto que pretende crear un organismo regulador de los precios de los medicamentos, o como el que pretende reponer la importación de autos usados en los Ceticos.  Una primera pretende un absurdo: imponer,  arbitrariamente, hábitos alimentarios sin respeto a la libertad ciudadana. Otra, peor aún, intenta restaurar el viejo control de precios que, produce encarecimiento de las buenas medicinas y escasez, que solo pueden evitar los ciudadanos de mayores recursos.

El daño que producen estos proyectos es enorme. Lamentablemente no hay ninguna institución que haga evaluaciones objetivas de los resultados de esta infinidad de “NORMAS CONTRA-PROPÓSITO”. Tratando de llenar este vacío, mientras no se desarrolle alguna institución que haga el control de calidad indicado, Lampadia ofrece sus espacios para que los ciudadanos alertados o perjudicados por esta praxis parlamentaria, nos hagan llegar sus evaluaciones, que procesaremos y difundiremos para ilustrar a la sociedad los costos de una mala legislación. (Referir sus aportes con el título de: “NORMA CONTRA-PROPÓSITO” a contacto@lampadia.com).

A la potencial y anacrónica compra de los activos de Repsol se le ha sumado otro hecho que, si bien ha tenido menor notoriedad, no es menos preocupante. Se trata de la transferencia de competencias para la administración de los puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), dependiente del Ministerio de Defensa.

Son varios los frentes por los que esta transferencia genera preocupaciones. Para empezar (siguiendo con el derrotero que marcaría la expansión de las actividades de Petro-Perú), el Gobierno ha decidido ignorar que se encuentra subordinado al Congreso y a la Constitución. El decreto legislativo mediante el cual se realizó la mencionada transferencia de competencias se emitió en virtud de una delegación de facultades realizada por el Parlamento. Este último, no obstante, circunscribió la misma a la reforma del sector Defensa. Por eso, cuando el Gobierno entró a regular la gestión de servicios comerciales portuarios y la administración del transporte comercial marítimo, fue más allá de lo que estableció el Congreso y violó además la repartición de poderes establecida por la Constitución.

La inconstitucionalidad del mencionado decreto legislativo, sin embargo, no termina en el hecho de que el Ejecutivo tome las órdenes del Parlamento como una mera sugerencia. Además, a través de esta norma, el Ejecutivo creó una oficina de inspecciones y auditorías para brindar, en exclusividad, servicios de inspección y auditoría respecto de estándares de seguridad y contaminación de las embarcaciones. Esta oficina cobrará por evaluaciones que tranquilamente podrían realizar empresas privadas y, así, violará el artículo de la Constitución que señala que el Estado no puede poner una empresa para realizar actividades que puedan hacer los privados.

El Gobierno, no obstante, no solo decidió mantener su costumbre de ignorar este último artículo constitucional. Además, le entregó el monopolio legal de dichas actividades a la mencionada nueva oficina y le otorgó a Dicapi la facultad de crear tributos para financiarse, todo lo cual también se encuentra prohibido por la Carta Magna.

Lamentablemente, que al Ejecutivo no le interese lo que establece la Constitución y el Congreso no es la única mala noticia. Esta reasignación de funciones, además, no tiene un sentido práctico porque se le han quitado atribuciones a la entidad especializada (la APN) para entregársela a otra que tiene personal capacitado para administrar temas de seguridad mas no comerciales (Dicapi). Como han señalado varios especialistas, que la Marina se encargue de los aspectos comerciales de los puertos tiene tanto sentido como asignarle a la Fuerza Aérea la administración de la aviación comercial o al Ejército la regulación del tránsito terrestre.

La mejor prueba del retroceso que supone trasladar las facultades de la APN a Dicapi son los números. Según Cómex-Perú, hace siete años, cuando la Marina se encargaba de los procesos de recepción, despacho, zarpe y arribo, las tasas que pagaban las embarcaciones ascendían en total a S/.26 millones. Hoy, en cambio, a pesar de que el tráfico naviero es mayor, la APN cobra en total solo S/.13 millones, permitiendo una reducción de costos que beneficia a los consumidores finales de los productos.

Por otro lado, el mencionado decreto legislativo establece que ahora se necesitará el visto bueno de la Marina para concesionar los puertos. Esto (además de ser una barrera adicional e innecesaria para el desarrollo de infraestructura portuaria) preocupa porque, según la congresista Luciana León, en el pasado Dicapi se opuso a la concesión del Muelle Norte, lo que es un indicio de la falta de interés de la Marina por la inversión privada. Estando en el puesto 111 de 144 países en calidad de infraestructura portuaria, según el Índice de Competitividad Global 2012-2013, no se llega a entender por qué ponerle más trabas al desarrollo de nuestros puertos.

En suma, por donde se le vea, debe preocuparnos la militarización de los puertos. No solo por todos los errores que ella implica, sino también porque parece que meter al Estado donde la Constitución se lo prohíbe se ha convertido en una política de este gobierno.

Tomado de El Comercio, 30 de abril, 2013

El fantasma del control de precios, que tanto dañó hizo a los peruanos en las décadas perdidas (60’, 70’ y 80’) está de nuevo al acecho. Esta vez amenaza con regresar bajo la forma de un proyecto de ley que propone que el estado cree un organismo regulador de los precios de los medicamentos.

Nos referimos al contraproducente proyecto de ley 2102-2012 de la Comisión de Salud del Congreso de la Republica, promovido por los legisladores Héctor Becerril y Ángel Neyra, que propone declarar de “interés nacional” la creación de un organismo estatal “regulador” de los precios de los medicamentos, y establecer “principios básicos para la regulación del mercado” de esos productos.

La historia reciente del Perú nos recuerda que el  de control de los precios de los productos de primera necesidad solo produce escasez y especulación, y no los ambicionados “precios adecuados”. Todo esto termina siendo un agravio a la población, en especial a los pobres. En nuestra memoria está grabado el recuerdo de las interminables colas que hacían nuestros padres en los mercados semivacíos para conseguir una lata de leche o un kilo de azúcar, por mencionar solo dos ejemplos. Esto es lo que está sucediendo hoy en Venezuela y Argentina, donde ya sus gobiernos incapaces se refugiaron en esta medida populista.

Cuando hubo control de precios en el Perú, los peruanos no teníamos acceso a medicamentos de última generación y de buena calidad. Solo podíamos acceder a un stock limitado de medicinas de baja calidad y altos precios. Muchas personas pobres se morían literalmente por este motivo, como lo ha recordado el economista Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC (Universidad de Ciencias Aplicadas).

Adrianzén considera innecesario crear un nuevo regulador para los medicamentos “porque ya existe el Indecopi, el cual solo tiene que aplicar las facultades que le confiere la ley para corregir cualquier distorsión; de hecho la Comisión de Libre Competencia puede actuar de oficio cuando lo considere necesario”. Indecopi tiene la facultad para promover la competencia, evitar el abuso de posición de dominio y la concertación de precios.

A juicio del IPE (Instituto Peruano de Economía), el proyecto de ley que comentamos “es un salto atrás de 50 años”, y la justificación económica del mismo “es aún peor”.

Para el IPE, el tema de fondo tras el proyecto Becerril es ¿cómo proceder  cuando se oferta un producto o servicio a un precio que se considera “muy elevado”?.  Para hallar la respuesta, el IPE recomienda consultar a los expertos Janice Seinfield y Karlos La Serna de la Universidad del Pacífico, y Juan José Miranda del IEP (Instituto de Estudios Peruanos), autores de dos trabajos sobre las compras públicas de medicamentos y cómo se debe regular este mercado.

Precisa que las conclusiones de esos estudios son ilustrativas y que bien podrían sintetizarse en la siguiente frase: “No se debe establecer fórmulas de control de precios, sino que debería promoverse una mayor competencia en este sector con el fin de lograr reducir la gran diferencia entre los productos de marca y los genéricos”.

Carlos Fernández Dávila, abogado y experto en libre competencia, dijo que puede existir una importante diferencia en los precios de medicamentos aparentemente similares, como muestra el proyecto, pero advirtió que éste no especifica si los productos que compara son de última generación, originales o copias.

“Es importante precisar esa información porque los medicamentos de última generación pagan aún costos de investigación, los originales pagan costos de marketing, de canales de distribución y de calidad; mientras que las copias no pagan esos costos”, explicó el especialista.

Becerril también confunde el mercado de medicamentos con el de los servicios públicos, que por sus condiciones de competencia, pueden requerir regulación del estado.

Estamos ante un intento absurdo que, en última instancia, es además inconstitucional. Si prosperase semejante proyecto de ley se estaría abriendo una suerte de Caja de Pandora que contiene las plagas que ya nos empobrecieron en extremo a los peruanos en el pasado reciente.

El ex ministro de Economía y Finanzas Pedro Pablo Kuczynski ha puesto los puntos sobre las íes al comentar el plan del gobierno de destinar parte de los escasos recursos públicos a comprar la refinería la cadena de grifos Repsol y la refinería La Pampilla. Les presentamos a continuación lo que dijo PPK en una reciente entrevista en Radio Programas del Perú (RPP)

PPK.- Tengo algunas preocupaciones que de repente podemos compartirlas ahora y una de ellas se refiere a Repsol a la refinería de la Pampilla…

Cayetana Aljovín (CA): ¿Te refieres a Repsol o a la preocupación de que Petroperú compre los activos de Repsol?

PPK.- Exactamente lo segundo. Y los oyentes saben que hay rumores, no son nada más que rumores, pero si fueran ciertos constituyeran algún elemento de verdad, realmente es preocupante y quiero explicar por qué: La refinería ya existe, los grifos de Repsol ya existen, si el estado peruano va a gastar centenares de millones de dólares para comprar algo que ya existe, no en una nueva inversión, no en una nueva construcción que va a traer más trabajo ¿qué estamos haciendo con estos escasísimos recursos que deberían estar invertidos en educación, en infraestructura, en obras que realmente necesitamos? Si Repsol no puede vender esto, por razones que no conozco. ¿Qué motivación tiene el gobierno peruano para ayudar a Repsol? Ninguna, no…

CA: Bueno, el ministro de Energía y Minas ha señalado que lo que se busca con esto es prácticamente regular el precio de los grifos? Lo que ha señalado es que con esto se bajarían los precios de los combustibles…

PPK.- Bueno miremos un poco lo que ha pasado en Argentina con este tipo de políticas. Lo que ha pasado es que hoy Argentina, que era un exportador de gas y combustibles, se ha transformado en un inmenso importador, no puede abastecerse, la exploración ha decaído. Es una mala política, claro que todo el mundo quiere que, si hay picos de precios por una guerra en Corea, o algo así, eso se vaya pues morigerando, se vayan estabilizando los precios. Por eso se creó el fondo de combustibles en la época que creo yo era ministro o después, no lo recuerdo exactamente. Pero de ahí a subsidiar precios, eso es otra cosa y es bien peligroso. Es una mala motivación y vamos a gastar -no sé si lo vamos hacer o no- pero si lo haríamos gastaríamos centenares de millones de soles, cuando todavía en el Perú hay 10 millones de personas sin agua potable en su casa…

CA: Se estima que estima que esta compra demandaría recursos por 1,500 millones sin que Petroperú los tenga, porque tampoco tiene el dinero justamente para componer la planta de Talara?

PPK.- Claro, Petroperú puede endeudarse por supuesto, plata hay, el problema es a qué se destina la plata y la plata debe destinarse a cosas que no existen. Si Petroperú quiere arreglar la refinería de Talara que está muy venida a menos eso es otra cosa, pero la refinería de la pampilla ya existe, los grifos existen. En los grifos hay un negocio prosperísimo de vender snaks, whiskys, cerveza, Inka Kola ¿el Estado va a estar en este negocio? Vamos, creo que hay que aterrizar un poco y realmente oponerse a esta idea.

El Decreto Legislativo 1147 del Ministerio de Defensa representa un retroceso institucional que afectará severamente la competitividad de los puertos peruanos, debilitando nuestro comercio exterior, que después de su apertura y desregulación, ha sido una de los grandes pilares de la recuperación de la economía peruana. No se puede entender qué tipo de razonamiento puede justificar la militarización de los puertos.

La promulgación del decreto que transfiere las competencias sobre la administración de puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanía (DICAPI) de la Marina de Guerra, ha desatado un intenso debate nacional y ha generado una crisis dentro del propio Consejo de Ministros. Esta semana el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, apoyó los argumentos de los empresarios contra el polémico decreto y se distanció de los titulares de Defensa y de Transportes, que han defendido dicha norma contra viento y marea.

Silva Martinot informó que hizo llegar su malestar a los sectores de Defensa y Transporte y señaló “que los empresarios no están desinformados en sus protestas por la transferencia de facultades de la administración de puertos a la DICAPI”. Como se ve, un claro respaldo las inquietudes empresariales.

El asunto no es un simple detalle que se puede ignorar, algunos han llegado a preguntarse: ¿Y si mañana pasan Corpac a la FAP y los peajes al Ejército? Por otro lado, Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, acaba de confirmar la intención del gobierno de comprar los activos de Repsol, ¿se perfila nuevamente el Estado empresario? ¿Es descabellado sospechar que alguien está pensando en unas fuerzas armadas empresarias?

En todo caso, aquí les presentamos los principales argumentos del porqué el Decreto Legislativo1147 atenta contra las inversiones en los puertos:

• Transfiere la gestión portuaria a la Dicapi incluyendo el transporte marítimo y servicios portuarios, e inclusive, la promoción de la inversión privada en infraestructuras portuarias.
• Los procesos de inversión portuaria serán aprobados por la DICAPI y no por el Ministerio de Transportes.
• El Mincetur y las demás entidades del estado, desarrollan la Ventanilla Única de Comercio Exterior. En este proceso participaba la APN. Ahora DICAPI pretende crear su propia Ventanilla portuaria.
• Se habilita a la DICAPI crear tasas para el financiamiento de su gestión. No hay autorización del Congreso para crear nuevos tributos (la tasa es un tributo).
• Se derogan competencias establecidas en la ley orgánica de Regiones, que determina que el manejo de los puertos depende de los gobiernos regionales.

Si la DICAPI hubiese estado a cargo de la administración de los puertos, tal como lo ha sostenido la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, no se habría concesionado el muelle norte, porque esta institución se opuso a la concesión. Mire por donde se mire este decreto legislativo es un durísimo golpe a la solución de la agenda pendiente que tenemos en infraestructuras. No solo el Ministerio de Defensa se encargaría de promover inversiones privadas sino que los trámites y sobre regulaciones en los puertos nos restarían competitividad. Por todas estas consideraciones, el Congreso tiene que tomar el rábano por las hojas y derogar este negativo decreto legislativo.

Se está empezando a legislar con sorpresa, incluso en temas que tienen un gran impacto en temas sensibles para el conjunto de la economía nacional. Es importante insistir en la necesidad de que el gobierno, ejecutivo y legislativo pre publiquen las normas que planean crear, para que puedan ser debatidas y mejoradas en el conjunto de la sociedad.

Gracias a las negociaciones políticas dentro del Congreso, el nombramiento de seis de los siete vocales del Tribunal Constitucional (TC) y de tres de los siete directores del Banco Central de Reserva (BCR) continúa durmiendo el sueño de los justos

No es, desde luego, que nuestros congresistas se estén demorando por buscar con ahínco a los candidatos más aptos para estos puestos: el Congreso ya ha tenido en consideración a algunos muy reputados economistas y abogados. Es simplemente que las bancadas no se han llegado a poner de acuerdo en su negociación sobre qué pedazo de la torta le toca a cada una, y que no han tenido empacho en presentar candidatos más que cuestionables, convenientemente cercanos a los dueños de ciertas curules (o grupos de curules).

Al Parlamento, por lo visto, no parece interesarle estar más de un año fuera de plazo para cumplir con estos nombramientos ni da señas de entender qué tan clave son los mismos.

Con su demora, concretamente, está poniendo en juego dos de las piezas fundamentales sobre las que se construye el desarrollo de cualquier país: la estabilidad jurídica y la estabilidad monetaria. Después de todo, mientras no se defina a los nuevos miembros de estos organismos, permanece una incógnita sobre hasta dónde se mantendrán las directrices que ambos han venido siguiendo (lo cual es especialmente cierto en el caso del TC, donde la demora ha llevado a que se junten los nombramientos de seis miembros).

Es difícil exagerar lo que depende de estas directrices. El TC es el máximo intérprete de la máxima norma de nuestro sistema legal. Él decide, en última instancia, el significado y alcance de todos los derechos que la Constitución nos consagra, y que las leyes y demás normas regulan. Es decir, él tiene la palabra final sobre el alcance de nuestra libertad, tanto a nivel civil como económico, incluyendo en este último aspecto a los límites y protecciones a la propiedad y a la libertad contractual de los agentes económicos. Límites y protecciones, por cierto, que el TC no viene balanceando bien, para detrimento de nuestro atractivo para las inversiones y de la reducción de la pobreza: él también ha puesto de lo suyo para que nuestras cortes sean el punto más débil del Perú en el último índice de libertad económica publicado por los institutos Fraser y Cato.

Por su parte, el BCR está encargado de ofrecer una seguridad distinta y también básica: la estabilidad monetaria. Sin esta, el dinero pierde valor, lo que, como sabe cualquier sobreviviente de los 80, es la manera más efectiva y silenciosa de acabar con los sueldos y ahorros de todos. Por suerte, en este tema el Perú sí anda por buen camino: según el mismo índice del Fraser y el Cato, la estabilidad monetaria es la principal fortaleza de nuestro país en lo que a protección de libertades económicas se refiere. El Congreso, sin embargo, está demostrando tampoco tener reparos para serruchar la pata más sólida de nuestra mesa.

¿Cómo impedir que el Parlamento ponga así en riesgo la estabilidad jurídica y monetaria? Pues cambiando el sistema de incentivos que posibilita estos estancamientos. Hoy los congresistas se pueden demorar todo lo que quieran intentando sacar una tajada más para sus respectivos lados en sus negociaciones porque las consecuencias de la demora las pagan otros –la ciudadanía, concretamente–. No sucedería lo mismo si supieran que al cabo de un plazo razonable perderían el poder de tomar la decisión y, con él, todas las ventajas que pueden obtener de la misma. Si, por ejemplo, en el caso del TC, la facultad de nombramientos pasase luego del plazo señalado al Consejo Nacional de la Magistratura, un órgano que ya nombra a los jueces supremos.

Claro, es verdad que los únicos que podrían hacer una reforma así son nuestros propios congresistas y que estos no tienen incentivos para atarse las manos –esas manos en las que, para lo que toca a estos nombramientos, todos los demás ya estamos–. Pero ¿qué tal si al menos nos compensan atándoselas a quienes vengan después de ellos, con la correspondiente reforma legal, para que no puedan repetir esto? Sería una buena manera de demostrar que el interés nacional les importa al menos cuando no están los suyos propios de por medio, cosa que, pese a todo, ya sería mejor que dejarnos pensando que no les interesa ni en ese caso.

La última semana, el ministro de Transportes y Comunicación Carlos Paredes anunció que su cartera viene evaluando la posibilidad de que la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) participe en las próximas concesiones portuarias en condición de “socio minoritario” pero “sin voz ni voto” en las decisiones de directorio.

El antecedente más cercano de una intervención estatal, ocurrió en el 2009, cuando Enapu suscribió un convenio de “sociedad de participación” que no es más que un anexo en el contrato de concesión, con la trasnacional danesa APM Terminals, ganadora de la buena pro para la administración del Terminal Norte del Callao, en donde se estipula que la empresa estatal recibiría el 17.01% de las utilidades netas del negocio portuario, sin mayor esfuerzo.

Ahora se quiere ir más allá y se pretende ampliar su presencia en cada uno de los once puertos que faltan concesionar. “Ello sería contraproducente para los intereses nacionales”, sostuvo el presidente de la  Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), Gonzalo Prialé, quién señala que esta acción sería perjudicial para la imagen que brinda el Perú a los inversionistas extranjeros que tengan la intención de participar en futuras concesiones portuarias.

 “Lo que está haciendo el Estado con estas medidas arbitrarias es ahuyentar al empresariado, dado que ninguna empresa en su sano juicio va a querer tener como socio a una compañía estatal quebrada e ineficiente como Enapu que poco o nada puede aportar al negocio”, enfatizó.

Prialé sostiene que en los contratos público–privados, no está contemplada la figura de que una empresa estatal, así este tenga una mínima participación en el accionariado, reciba jugosas utilidades sin merecerlo, por lo que no ve con buenos ojos que el Gobierno comience a querer tener participación en empresas privadas.

Refirió que el aporte de Enapu en una concesión es casi nula y por el contrario crea un desconcierto en los inversionistas porque todavía quedan once puertos que seguirían por este camino.

Este caso no es reciente, según cifras preliminares de la empresa estatal colgadas en la web institucional, solo en el 2011 Enapu arrojó pérdidas superiores a los S/.117 millones, mostrando serian deficiencias administrativas en su trece puertos que administró por años, siendo los puertos de Chimbote e Ilo las que registraron pérdidas por más de S/. 2,000 millones

En cuanto a las intenciones del Estado de participar en las concesiones portuarias. Prialé manifiesta que la única intención es servirse de sus utilidades que percibirían por esta sociedad, para poder cubrir el pasivo pensionario que deja esta empresa quebrada.

El dato

En la actualidad de los 11 puertos que tiene a su cargo Enapu, nueve han sido catalogados como deficitarios.