Comentario de Lampadia:

La transparencia es un elemento clave para evitar la corrupción en la gestión pública, para fomentar eficiencia en los mercados, y para sostener la democracia. En el caso de las industrias extractivas (minería, gas natural e hidrocarburos), la publicación veraz de la información relacionada a las declaraciones de las empresas sobre sus resultados y de la recaudación del Estado por impuestos, regalías y otros gravámenes es importante para alinear las expectativas ciudadanas a las posibilidades reales de distribución de sus beneficios, y así evitar problemas sociales. Precisamente, la conflictividad social surge muchas veces del desencuentro de una realidad no comunicada adecuadamente, con  expectativas irreales sobre beneficios esperados.

La siguiente nota de El Comercio resalta que el Perú ha sido el único país de América en obtener el estándar EITI (Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas), tras una evaluación de 41 países donde se desarrolla explotación de recursos naturales. Esto confirma que en nuestro país la minería formal y las empresas del sector hidrocarburos vienen aplicando prácticas que fomentan la rendición de cuentas y la transparencia en sus operaciones. Lampadia

Artículo de El Comercio:

El Perú es el único en América con estándar de transparencia en la industria extractiva

(El Comercio, 13 de marzo de 2014)

Ser parte de la EITI ayudaría a aplacar protestas sociales y a atraer inversiones. En el Perú 59 empresas participaron.

El tercer informe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI Perú no solo corroboró el estatus de “país cumplidor” que obtuvimos en el 2012, también nos ubicó como la única economía de América que puso en práctica un conjunto de políticas de transparencia y de rendición de cuentas sobre los ingresos que dejan las industrias minera, gasífera y petrolera.

“El Perú es el primer país de la región que obtiene el estándar EITI, una coalición mundial de gobiernos, empresas y sociedad civil, que trabaja de manera conjunta para la apertura y gestión responsable de los ingresos que provienen de la explotación de los sectores extractivos”, sostuvo Numa Arellano, socio de EY, institución a cargo del estudio.

Según Guillermo Shinno, viceministro de Minas, “el estudio ha demostrado que la diferencia es mínima entre lo que declaran las empresas por pago de impuestos, regalías, gravámenes y derechos de vigencia con lo que el Gobierno (Sunat, Perú-Petro e Ingemmet) informa haber recibido, por lo que nos mantenemos dentro del estándar internacional”.

Lo que se gana

Shinno y Arellano coincidieron en que la transparencia puede jugar en favor de la paz social, ya que al sincerar la información sobre los ingresos que reportan las empresas y cómo se distribuyen entre la población, se pueden evitar protestas sociales en las llamadas zonas de influencia.

“Ser transparente es bueno para la población porque puede ver que este tipo de industria influye en su propio desarrollo, incluso en la gobernabilidad del país”, dijo Shinno.

Como beneficio adicional, la transparencia también puede jugar en favor de las inversiones. ¿Cómo? El mantener el estatus de “país cumplidor” puede despertar mayor interés de las empresas extranjeras que verían al Perú como un destino seguro para que aterricen sus capitales. “Para que eso siga, el gran reto está en que más empresas se sumen a la iniciativa”, afirmó Arellano.

¿QUIÉN PARTICIPA?

El estudio validó información del 2011 y del 2012. Participaron 59 compañías de los subsectores minería (44) e hidrocarburos (15), por encima de las 31 del primero y de las 51 del segundo.

Publicado en El Comercio, 13 de marzo de 2014.

En la siguiente entrevista de Perú 21, el profesor Hugo Neyra nos relata su trayectoria ideológica  y personal durante las últimas décadas en el país. El marxismo, el velasquismo, las increíbles experiencias con Raúl Porras Barrenechea, uno de los últimos sabios peruanos y la coyuntura actual. Neyra es un intelectual cosmopolita que ha bebido de todas las fuentes ideológicas, pero mantiene una distancia y recelo del régimen de Ollanta Humala. Más allá de cualquier diferencia, es evidente la presencia del demócrata y el intelectual.

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El Latinobarómetro 2013 nos señala un incremento generalizado del apoyo a la democracia y una disminución del respaldo al autoritarismo en América Latina. Una noticia que debería llenar de optimismo a todos los demócratas de la región, porque, como lo dice el propio reporte del Latinobarómetro, “América Latina disminuyó su pobreza de 44% a 28%, aumento su participación  en el mundo de menos de 5% al 8%, ha vivido una década sin parangón”. En otras palabras, las cosas van en la dirección correcta en la región, como se afirma en todos los foros mundiales. Los resultados de la encuesta sobre el apoyo a la democracia con respecto al período 1995-2013, nos traen los siguientes resultados: en Venezuela se incrementa en 16% y en Ecuador en 13%, en tanto que en países como Chile, Colombia y Perú, donde la democracia es más sólida los aumentos son de 8%, 4% y 2%, respectivamente. 

Curiosamente, los defensores de los modelos autoritarios, interpretaron que el incremento del apoyo a la democracia en Venezuela y Ecuador era el apoyo a los regímenes de Maduro y Correa, cuando la lógica de los resultados muestra que a menos democracia, le corresponde un mayor apoyo a ella, pues se torna en una carencia importante.

El error es inducido por la propia presentación del reporte del Latinobarómetro que, en cada párrafo, nos trata de decir que el incremento del apoyo a la democracia en Venezuela y Ecuador es un respaldo a los gobiernos chavistas. Sin embargo, ¿cuáles son las preguntas que se formularon para llegar a estos resultados? Pues, las siguientes: ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático; A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático (copia textual del documento). ¿Qué tienen que ver estas preguntas con eventual respaldo a Maduro y Correa? La interpretación es entonces antojadiza y claramente dirigida a un fin político.

El castillo de naipes se cae cuando hurgamos sobre los resultados con respecto al apoyo a los regímenes autoritarios. Los resultados son claramente antichavistas. La comparación se realiza comparando los sondeos de 1995 y el del 2013. En Venezuela el apoyo a los autoritarismos cayó de 21% a 8%, en Ecuador de 18% a 14% y en Paraguay subió de 20% a 32%, como respaldo a la expulsión de Lugo. Es decir, el apoyo a la democracia crece en los países que sufren los embates autoritarios y el respaldo a las dictaduras, como es natural, decrece.

La situación en nuestro país es alentadora. No obstante que menos del 10% de la ciudadanía respalda al Congreso, menos del 5% a los partidos políticos y las instituciones públicas sufren de un descrédito general, el apoyo a la democracia sigue incrementándose con un 2% adicional con respecto al promedio del período 1995-2013 y el respaldo a los autoritarismos cae notoriamente de 23% en 1995 a 16% en el 2013.

En la siguiente entrevista de El Comercio, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile y militante socialista, analiza la situación del Perú y América Latina y nos deja en claro las diferencias entre una izquierda moderna y otra tradicional, anclada en las ideas del pasado. Con sus reflexiones entendemos el papel que juega la izquierda moderna en la democracia, la economía de mercado, y en la transformación en general de nuestras sociedades.

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El Perú Real y el Perú Oficial vibran con diferente frecuencia. Así ha venido siendo en los últimos tiempos, pero la disonancia en que ahora se encuentran nuestros dos mundos es el anuncio de una profunda crisis que debemos para en seco.

El Perú Real, el de los ciudadanos y empresas, el de la gente común o de a pie, como quiera llamársele, sigue avanzando. Nuestra economía sigue creciendo, su influencia llega prácticamente a todo el país, como lo muestra Richard Webb en su último libro, Conexión y despegue rural. Después de haber superado la auto infligida recesión de  1998, durante los últimos 10 años, hemos iniciado un ciclo virtuoso que nos ha permitido avanzar en paralelo en los indicadores económicos y sociales a un ritmo sin precedentes. Hemos creado futuro para los peruanos.

Lamentablemente en el Perú Oficial, solo hay retroceso y deterioro. No solo se generan escándalos de corrupción, como con el desastre de Toledo y los comportamientos disfuncionales de una serie de congresistas, ya sea con los pollos, el oro, los cables, la apropiación ilícita de los ingresos de terceros, o la penetración de los agentes del narcotráfico; también se ha desatado una auto destructiva guerra de guerrillas entre los distintos estamentos de la política nacional.

El gobierno, pésimamente asesorado por un gabinete muy débil, inició y reiteró una actitud agresiva con buena parte de la oposición. Los sectores radicales, liderados por los antiguos colaboradores del gobierno, disparan misiles de profundidad contra la gobernabilidad y el modelo económico y, finalmente, la oposición, pierde la compostura y entra en el jueguito de todos contra todos en términos muy inadecuados.

Todo esto configura un escenario que solo puede llevar a una crisis generalizada, que puede incapacitarnos más allá de lo que podemos imaginar. Como no hay ninguna reacción contra esta especie de suicidio, desde ese mundo político, en uno de los mejores momentos de prosperidad en la vida nacional, no queda otra cosa que alentar a los ciudadanos, ojala desde las redes sociales, a gritar ¡basta!

¿De qué sirven los diálogos, si al mismo tiempo se torpedean las relaciones con los líderes de la oposición? ¿De qué sirven los buenos propósitos, si al mismo tiempo se descalifica al gobierno?

Es momento de llamar al orden. Aprovechemos una gran noticia que ha pasado casi sin destacarse: El Perú, según el Secretario General de las Naciones Unidas, es uno de dos países que han alcanzado los Objetivos del Milenio (ODM), tres años antes del plazo establecido en el año 2000.

Señores del gobierno, de la oposición y negacionistas radicales, este mérito es del país en su conjunto, no le pertenece al gobierno actual o al anterior y no puede ser negado por intereses pequeños del quehacer político.

Balance e inventario: El Perú ha agarrado viada hacia el bienestar, nadie tiene el derecho de descarrilarnos.

No a la Alianza del Pacífico, no a la Constitución del 93, no al modelo económico, no a Castilla. Sin caretas, la izquierda ataca nuestro proceso de desarrollo por aire, mar y tierra. El menor crecimiento económico por la caída de la confianza ciudadana y el descenso de la popularidad presidencial han reavivado las ambiciones políticas de la izquierda agrupada FRENAIZ, que insisten en un cambio de modelo económico, en el relevo de Miguel Castilla y la alucinación de que dirigentes izquierdistas retornen al régimen que critican desde el día en que fueron licenciados. Sin temor a equivocarnos, se puede afirmar, que buscan un cambio de timón gubernamental, porque creen que el gobierno de Humala es “un espacio en disputa”.

Para alcanzar sus objetivos se le imputa a Castilla la responsabilidad del menor crecimiento no obstante que todas las encuestas nos indican que la desaceleración se explica fundamentalmente por una dramática caída de la confianza.Lo acusan de la disminución del canon, pero sabemos que la causa está en la reducción de los precios de los metales.

La izquierda se ha propuesto magnificar todos los problemas y escalarlos a niveles de crisis. Aquí en el Perú al menor crecimiento quieren llamarle crisis. Y, a pesar de que Estados Unidos se recupera, Europa se estabiliza y China se ajusta convenientemente, siguen hablando de crisis y nos pintan un apocalipsis, porque explotamos nuestros recursos naturales. Confunden la estructura de las exportaciones con la participación de los sectores primarios en el PBI. Nos dicen que exportamos piedras pese a que nuestra industria ha crecido siete veces, las exportaciones no tradicionales se han multiplicado en más de 200% en la última década y como dice Richard Webb, la economía peruana se está diversificando a todo galope. Los argumentos económicos no importan, juegan con las fotos y esconden las películas, los procesos de avance del país. Solo vale la ideología y la búsqueda del poder.

Exigen la renuncia del Ministro Castilla. Alucinan a Félix Jiménez, con el mamotreto de la Gran Transformación, sentado en el despacho, pero el Perú ya no es la ficción con la que construyen sus ilusiones. Exigen el cambio de la Constitución, porque saben que el modelo constitucional ha desterrado al estado empresario y representa el marco jurídico sobre la cual ha prosperado la economía de mercado, permitiéndonos reducir la pobreza y la desigualdad sin precedentes en la historia.

Asimismo enfilan contra la Alianza del Pacífico contraponiéndola con la CAN, el Mercosur, Unasur y CELA, porque  en esta alianza se reúnen México, Colombia, Chile y Perú, las cuatro naciones con más apertura comercial, crecimiento y desarrollo, pero también con mayor estabilidad democrática a diferencia de los países bolivarianos, donde unos dictadorzuelos se han apoderado de sus respectivas sociedades en medio de colas, desabastecimiento y carencias de hasta  papel higiénico.

A la izquierda no le interesa el Perú. Solo vale la ideología y el interés partidario. Pero el problema histórico para ella es que el modelo que propone ya fracasó en el país en toda su magnitud entre los 60 y 80s, cuando el 60% de los peruanos se empobreció y Sendero Luminoso llegó a controlar un tercera parte del territorio.Tampoco aprenden de las experiencias de otros, ni de las buenas, ni de las malas. Como dice Fernando de Szyszlo, falta amor por el Perú.

El politólogo norteamericano Steven Levitsky (SL), en su última columna, enfatiza que la caída de la aprobación presidencial se debería a la “ultra ortodoxia económica”. Según SL, el Perú se ha convertido en una de las democracias “más tacañas del mundo” por haber obtenido la nota más alta de América del Sur en la evaluación sobre gasto público del Índice de Libertad Económica elaborado por la Heritage Foundation. El artículo de Levitsky contiene varias inexactitudes y errores de razonamiento que vale la pena aclarar.

Una de las perlas de SL es su afirmación de que el gasto público debería ser el resultado de un “tira y afloja” entre políticos (que buscan reelegirse) y tecnócratas. Esta nefasta receta se encuentra en las antípodas de la elaboración óptima del presupuesto público, que se debería diseñar con una metodología transparente que permita hacerlo predecible, incorporando criterios de optimización inter-temporal. Como académico, Levitsky debería entender que los tecnócratas no basan sus decisiones en convicciones románticas o ideológicas, sino en conocimiento especializado respaldado por investigación y evidencia empírica. Por ello, a diferencia del político promedio -cuyos incentivos están centrados en su reelección de corto plazo-, el tecnócrata, que no participa en elecciones populares, debe buscar maximizar el bienestar social de forma sostenible. SL manipula el papel de estos actores al asociarlos maliciosamente con una “menor protección social” para los peruanos. Nada más falso e insidioso.

Por otro lado, si bien es cierto que el gasto social en el Perú como porcentaje del PBI es más bajo que en países como Chile y Brasil, muchas investigaciones han encontrado la importante orientación pro-pobre, pro-clase media y pro-descentralizadora que ha cumplido el crecimiento económico experimentado por el Perú en los últimos 15 años (ver el siguiente documento del BCRP). Es remarcable que la experiencia peruana, además, constituya un fenómeno virtuoso, diferente a los típicos procesos de crecimiento que agudizan la desigualdad en el corto plazo, al haber creado una clase media emergente y haber incrementado los recursos destinados a los gobiernos locales y regionales, acentuando la descentralización.

La reducción de la pobreza en el Perú ha sido generada fundamentalmente por el crecimiento económico, pasando de 58.7% en el 2004 a 25.8% en el 2012, según el INEI. Complementariamente, el gasto social básico -definido por el Consenso de Oslo como los gastos en educación básica, salud básica, alimentación y nutrición, y agua y saneamiento, entre otros- creció 173% en el mismo periodo, y el gasto social complementario (que incluye educación secundaria, educación superior, infraestructura social y productiva, electrificación rural, carreteras rurales, etc.) se incrementó en 125% en el mismo periodo. En la actualidad, el presupuesto público es el doble del aprobado en el año 2006 y el 56% del mismo se concentra en sectores sociales y productivos, como Educación, Salud, Protección Social, entre otros. Solo lo social alcanza el 38%, con un crecimiento de 21,6% con relación al año anterior. 

Para sustentar su falacia, SL usa cifras del año 2009, argumentando que la democracia peruana es “tacaña”. Esto es falso, ya que el indicador de la Heritage no analiza la composición sectorial del gasto, sino el manejo prudencial de la política fiscal que busca asegurar la robustez macroeconómica, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, aspectos en los que el Perú tiene una fortaleza reconocida a nivel internacional.

SL también comete el “error” de inferir que la legitimidad democrática se construye a partir de la expansión del gasto social, ya que el aumento o la disminución de la participación del gasto social con respecto al presupuesto total o con respecto al crecimiento del PBI, no es condición suficiente para hacer afirmaciones sobre su efecto redistributivo y sobre el bienestar de la población. Cabe señalar que un estudio (Yamada, Castro y Bacigalupo, 2012) encuentra que los programas asistencialistas como JUNTOS solo explican un cuarto de la reducción de la desigualdad, mientras que las fuerzas del mercado y el crecimiento económico han sido los motores del 75% de la mejora en la distribución del ingreso y el consumo. En este sentido, parece ser que la caída de la aprobación presidencial no radicaría en la “ultra ortodoxia” o en el Estado “tacaño”, sino en la pérdida de confianza alimentada desde el Ejecutivo. 

El escándalo político nacional que desató la elección en el Congreso del Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional (TC), causado, principalmente, por la voluntad obsesiva de Gana Perú y el oficialismo por controlar el TC, con la complicidad de Perú Posible, del fujimorismo y del devaluado PPC, de pronto, parecería ser parte de un juego maquiavélico que busca desprestigiar a la clase política, al Congreso y a las instituciones para generar el caos público e interrumpir el sistema democrático y la economía de mercado.

¿Alarmismo injustificado? De ninguna manera. Ya se conoce que sectores nacionalistas han comenzado a recolectar firmas para “cerrar el Congreso” en Chiclayo. En un reciente comunicado de Patria Roja en el  que se convoca a una revuelta nacional para este 27 y 28 de julio, se sostiene que “frente a la crisis del  Estado neoliberal se hace urgente y necesaria una nueva Constitución para refundar la república sobre nuevas bases”. Algo más. Nicolás Lynch de Ciudadanos por el Cambio, en un reciente artículoen La República, escribe lo siguiente: “una reforma política inmediata que la sociedad organizada le exija al Congreso y una Nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente, que se elija el 2014…”.

Como se ve, por la boca muere el pez. Alguna mano negra o algún seguidor de Montesinos pretende sacarle partido al caos político desatado por el oficialismo palaciego y la torpe comparsa congresal. Al margen de la especulación de si todo esto fue causado adrede para interrumpir la democracia, es evidente que se quiere aplicar a pie juntillas el Manuel Bolivariano que pasa, precisamente, por generar crisis políticas y de representación, convocar a una Asamblea Constituyente e instaurar un autoritarismo que se perpetúa en el poder mediante reelecciones indefinidas. Así pasó en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En el colmo del delirio, Lynch agrega: “Hay que regresar al último acuerdo de paz entre los peruanos que es la Constitución de 1979…” ¿Cuál acuerdo de paz? ¿El de esa constituyente regimentada por las botas militares? ¿Se refiere a la hiperinflación incontrolable, las colas y escaseces  motivadas por el control de precios? O, quizá se refiera al hecho de que Sendero Luminoso controlaba una tercera parte del territorio nacional, asesinaba a autoridades locales, hacía volar edificios y casas en los pueblos más alejados y Tarata y Palacio de Gobierno. ¿A eso se refiere Lynch? Tanto delirio y tanta irresponsabilidad son difíciles de entender.

Los representantes del proyecto bolivariano usando el deterioro de la clase política (algo evidente y que nadie puede negar) pretende acabar con la democracia y la única institución que ha funcionado en el Perú: el mercado. Su enemigo real es la libertad económica consagrada en la Constitución de 1993, pero terminar con ella, solo es posible enterrando a la democracia. De allí la esencia autoritaria del proyecto bolivariano.

Tratar de comparar la Constitución del 93 con la de 1979 es como comparar el cielo con el infierno. Antes de los noventa no solo nos azotó la hiperinflación y el terrorismo, sino que nuestras reservas internacionales eran negativas, hoy suman  US$ 68 mil millones (ver artículo Quieren bajarle la llanta a la prosperidad). Otro dato para estremecernos: cerca del 60% de los peruanos era considerado pobre en tanto que hoy solo el 25%. La inflación promedio era de 1,187% mientras que ahora solo es de 2.5%.  ¿Cuál acuerdo de paz? La maniobra bolivariana es más que evidente.

El modelo político y económico peruano se ha caracterizado por un impresionante crecimiento económico, reducción de la pobreza y la desigualdad, pero ese desarrollo no ha sido acompañado por una eficiente gestión pública de los políticos y de las instituciones. Se puede decir, entonces, que el mercado ha funcionado, pero los políticos han fallado.

Necesitamos, pues, una reforma política para que el espacio público acompañe y potencie todos los círculos virtuosos del desarrollo y del bienestar general. Pero de ninguna manera podemos dejar pasar la maniobra bolivariana. Queda claro, pues, que la indignación de los peruanos contra la clase política también tiene que ser contra los animadores del proyecto bolivariano que pretende resucitar el viejo velasquismo que convirtió a la mayoría de peruanos en mendigos.

Deberíamos aprovechar esta crisis para reflexionar sobre los ajustes que requieren nuestras instituciones públicas, empezando por los partidos políticos (Ver: La Trampa del Corto Plazo) y la estructura del propio Parlamento. En un momento de dificultad, la gente de buena voluntad, tiene que saber sacra lo mejor de cada uno. ¡Ojalá estemos a la altura de las circunstancias! L

La gran mayoría de países del mundo, a excepción de unos cuantos como Corea del Norte o Cuba, buscan promover, desarrollar y perfeccionar sus democracias y sus mercados. Es más, las sociedades en conjunto buscan la adopción de prácticas democráticas, competencia y transparencia, tanto en instituciones públicas como en privadas.

La mejora de la calidad de nuestras instituciones es uno de los temas principales de nuestra Agenda Pendiente. El prestigio de las instituciones públicas es muy bajo, nuestros partidos políticos dejan mucho que desear tanto en su estructura, como en sus prácticas democráticas internas y su nivel de representación popular.  Más abajo en la escala de organizaciones sociales, nuestros clubes deportivos también están en crisis de representación y de sostenibilidad económica. Tal vez, las instituciones que sí tienen mejores prácticas democráticas son los clubes departamentales, regionales y provinciales.

Por último, pero no menos importante, están los gremios empresariales y laborales. En ellos tenemos unas de cal y otras de arena. Por el lado empresarial, las cosas no parecen tan mal, en general, sus directivas se renuevan periódicamente y el nivel de representación parece ser razonable. Lamentablemente, por el lado laboral la cosa suele ser más bien de características anti democráticas y de falsa representación.

Por ejemplo, en la CGTP, que se arroga la representación de todos los trabajadores, cuando no representa a más del 6% o 7% de la PEA, no renuevan a sus directivos, o los reeligen eternamente, las elecciones son a manos alzadas. En realidad solo representa y defiende a una casta sindical privilegiada que, además, por su sesgo ideológico comunista, siempre ha sido anti mercado y quiere tener alianzas con el estado benefactor a cambio de prebendas, espacios y sueldos mínimos.

En el caso del SUTEP, que detenta la representación de todos los maestros del sector público, el sindicato no responde a la naturaleza de las funciones educativas, su planteamiento estatutario de base es la “lucha de clases” y los niveles de manipulación de carácter partidario (Patria Roja), son dignos de ficción política.

Ya es hora de que en el Perú nos pronunciemos de manera enfática, a nivel del estado, de la sociedad civil y de las diferentes instancias del gobierno, en favor de las buenas prácticas democráticas y de mercado.

Uno de los objetivos de la agenda pendiente para consolidar nuestro desarrollo, es el fortalecimiento de las instituciones sociales, entre ellas las organizaciones sindicales, las cuales no pueden seguir siendo manejadas como instrumentos de acción política, tal como vemos en el caso de la CGTP, el SUTEP o el Sindicato de Construcción Civil.

El fortalecimiento institucional del Perú requiere también que las organizaciones de los trabajadores sean instituciones proactivas en favor de la creación de empleo, que solo se da con el crecimiento económico y que hoy sustenta el sector privado hasta en un 90%. Así es como tendrían que encarnar los  verdaderos intereses de sus afiliados, sin obstaculizar los caminos a la prosperidad.

De pronto los peruanos estamos despertando en un país diferente. Ya no parecemos el milagro económico que sorprende al planeta, ni destilamos optimismo. El gobierno está distanciado y en abierto enfrentamiento con todos los sectores políticos y empresariales del país, aquellos sectores sin los cuales no se puede concebir la democracia, ni la economía de mercado.

Hoy lo que marca el sentimiento nacional es el desconcierto, la desazón, las preguntas sin respuesta, la desconfianza y un regreso al pesimismo.

Nos preguntamos, ¿puede haber algo positivo detrás de estos enfrentamientos? ¿Puede haber algo constructivo?

¿Cómo entender que, de la noche a la mañana, un país con alto crecimiento, reducción de la pobreza, la desigualdad y la desnutrición infantil, proceso que ya está amenazado por la crisis financiera internacional, sea conducido a un estado de enfrentamiento generalizado?

No hay explicación posible, solo el error. Nos toca a todos los peruanos reclamar ponderación, sensatez y apoyo para juntos enfrentar, los verdaderos problemas del Perú. Por su lado, al gobierno le toca rectificar y convocar a la armonía nacional.

Más allá de los costos de esta situación, una oportuna rectificación tiene el doble de valor. Una gran oportunidad para refrescar la política nacional con un liderazgo constructivo. Señor Presidente, tome el guante.

El proyecto frustrado del gobierno de comprar La Pampilla y los diversos proyectos de ley de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso han reavivado el debate en el Perú sobre el manejo político de los precios de los combustibles y todas las plagas del control de precios. Algunos creen que le pueden hacer guiños al estatismo a pesar de la hecatombe económica y social que vivimos en las décadas de los setentas y ochentas y de la tragedia que hoy atraviesan los países bolivarianos.

Por ejemplo, Venezuela es uno de los países que tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, pero importa gasolina y vive agobiada por el racionamiento de electricidad por el control de precios de las tarifas con criterios políticos, desde la nacionalización, el 2007, del sector energético. El gobierno de los “pajaritos” se defiende del desastre acusando a la oposición de sabotaje.

En Argentina las compañías privadas distribuidoras eléctricas de la capital (Edenor y Edesur) han declarado que sus redes están sobrecargadas al límite por la demanda, lo que explica los constantes recortes de luz en la ciudad bonaerense. No olvidemos que hace un año el gobierno argentino estatizó y capturó las instalaciones de YPF-Repsol. En el país gaucho también se controla políticamente las tarifas eléctricas, hecho que ha ahuyentado las inversiones, creando un inmenso déficit de oferta de energía.

Por falta de dólares las importaciones tambalean en ambos países y el desabastecimiento de bienes esenciales se generaliza. En el país llanero, a veces, no hay huevos ni leche. El control de precios de la electricidad en Venezuela y Argentina solo es la punta del iceberg. Los controles proliferan como  hongos. Por ejemplo, el control de cambios en Argentina ha originado un mercado oficial en el que el dólar se cotiza a 5.23 pesos por dólar en tanto que, en el mercado negro, la cotización supera los 10 pesos. En Venezuela el cambio oficial del dólar se cotiza a 6.30 bolívares por unidad mientras que, en el paralelo, vale 26 bolívares. Este mundo oficial versus mundo real debe recordarnos el gigantesco mercado negro de dólares de Ocoña en Lima durante los años ochenta.

Pero las cosas no quedan ahí. En Argentina el 2012 se reportó 5% de déficit fiscal y una inflación de 25%. El mismo año en Venezuela hubo un déficit de 19% del PBI y una inflación de 23%, según cifras oficiales. Mientras en el Perú hubo un superávit fiscal de 1.3% y una inflación promedio de los últimos 10 años de 2.9%.

El desastre también se manifiesta en cuanto a la deuda pública. En Argentina todavía siguen enfrentando los problemas del perro muerto con los bonos, la presidenta no puede volar en el avión oficial a Europa por miedo a un embargo. En su último viaje tuvo que aterrizar en Marruecos. En Venezuela reportan una deuda de 51% del PBI, pero cifras extraoficiales hablan de 80%. En el Perú, el total de la deuda pública es solo el 19% del PBI.

Con respecto a las reservas internacionales siguen las malas noticias. Argentina cerró el 2012 con reservas que equivalen al 9.6% del PBI, Venezuela con 8.2%, en tanto que en el Perú las reservas representan el 34% del PBI. Cifras extraoficiales señalan que Venezuela solo tendría $ 4 mil millones en la caja (1% del PBI), que, para una economía donde se importa el 80% de lo que se consume, es como estar en cero.

Como podemos ver, la maldición de los recursos naturales (petróleo en Venezuela y la soya y cereales en Argentina) si se ha instalado con todas sus plagas y desgracias, en estos países que no operan en el mercado y tienen democracias (instituciones) muy cuestionables.

Las declaraciones del domingo del Presidente Ollanta Humala, a un solo medio, no lograron calmar los ánimos y justificadas críticas que ha desatado la decisión del gobierno de evaluar la compra de los activos de Repsol. Si bien el jefe de Estado pretendió bajar el voltaje informando que Petroperú compraría la refinería La Pampilla, los grifos y la envasadora de gas Solgas en calidad de socio minoritario de un “inversionista privado”, la reacción de la sociedad ha mostrado que el país no está para aventuras populistas.

El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, habló con base y firmeza luego del pronunciamiento presidencial. Señaló que el jefe de Estado no lo había convencido y que “nos habíamos salido de la hoja de ruta”, enfatizando que la eventual compra de los activos de Repsol “confirma la decisión política del Estado en interferir en un mercado donde trabajan los privados”.

El sábado pasado el gobierno  publicó el Decreto Supremo 012 de Energia y Minas, sin la firma del ministro de Economía, mediante el cual reglamenta la ley 28840, de julio del 2006, precisando la figura de los encargos especiales, que facilitaría la compra de los activos de Repsol. El artículo 3 del reglamento establece que  estos encargos serán dictados solo por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. Es decir, para comprar los activos de Repsol no se necesitaría ya  una ley expresa del Congreso.

El reglamento tiene otras perlas: ratifica la exclusión de Petroperú del ámbito del Fonafe, del SNIP y de las normas generales de adquisiciones del Estado. Además señala que los trabajadores de la petrolera estatal no serán considerados funcionarios públicos.

El Estado a su “mínima expresión”

El presidente Humala sostiene que se requiere una economía “más equilibrada” entre la experiencia estatista de los setenta y “la reducción del estado a su mínima expresión” actual. ¿Qué tipo de equilibro puede desearse entre el modelo estatista que desquició nuestra economía y empobreció al 60% de los peruanos, y el modelo de economía de mercado que trajo al Perú un círculo virtuoso de reducción de la pobreza, la desigualdad y la desnutrición infantil?  El Presidente ha dicho que quiere un Estado “fuerte”, pero parece estar atrapado por la ideología. El modelo que redujo al Estado a su “mínima expresión” fue el estatismo del pasado, en tanto que el Estado del siglo XXI, el que abrazó la economía de mercado es probablemente el más fuerte de nuestra historia. (Ver algunas cifras).

El estatismo de los años setenta hizo añicos al propio estado, lo redujo a polvo. El estado llegó a perder control sobre la moneda nacional por la hiperinflación. El déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública, la caída de la presión tributaria convirtieron al Estado en un No-Estado. No solo no controlábamos nuestra moneda sino que ya no ejercíamos el monopolio de la violencia con la irrupción del senderismo y otros grupos armados.

Las reformas económicas de los años noventa nos permitieron reconstruir el Estado desde sus  escombros. No solo han mejorado todos los indicadores económicos y sociales, incluso hemos recuperado la confianza en el futuro y el entusiasmo con el porvenir. Donde no hemos avanzado al mismo ritmo es en el Estado, pero no por ser pequeño y débil, sino por ineficiente e indolente. El Estado peruano tiene hoy capacidades de regulación que nunca existieron, empezando por una Sunat muy poderosa y otras instituciones como Indecopi y los reguladores de servicios públicos. Sus carencias no tienen que ver con los procesos productivos, ni de bienes, ni de servicios, se deben a los atrasos en educación, salud, infraestructuras, y a las debilidades institucionales en seguridad y justicia.