Desde la vigencia de la Constitución del 1993 se han sucedido tres elecciones nacionales impecables y avanzamos ala cuarta. Igualmente, desde el imperio de  esta Carta,la pobreza se ha reducido del 60% a solo el 25% de la población. El mundo y los organismos internacionales celebran los logros de nuestro país e, inclusive, las Naciones Unidas proclama que somos campeones en cumplir anticipadamente los Objetivos del Milenio. Sin embargo, desde la vigencia de la Constitución del 93, las minorías políticas y sus detractores se han multiplicado buscando derogarla sin éxito. En la medida que el apoyo popular les es esquivo por los motivos ya debatidos, ahora, recurren al embuste: su nueva campaña se basa también en aprovechar la ira ciudadana contra los congresistas. ¡Cómo si resolver la crisis del Legislativo pasara por una nueva Constitución!

Alberto Borea y Javier Valle Riestra, los dos principales juristas que buscan derogar nuestra Constitución, o en nombre de ellos, se está impulsando la recolección de firmas a través de las redes sociales con el supuesto propósito de reformar el Poder Legislativo. Sin embargo, ellos deberían saber que el hecho de que el Congreso tenga menos del 10% de aprobación ciudadana, no se explica por preceptos constitucionales, sino por la crisis de los partidos políticos y la incapacidad de las leyes electorales de organizar un sistema de representación política eficiente. Cualquier estudiante de derecho sabe esta verdad de Perogrullo, pero como ambos están desesperados por la indiferencia de la gente ahora parecen recurrir a un embuste.

Por favor, ¿qué tienen que ver las siguientes demandas con la reforma de la Constitución? Veamos cuales son: el congresista será asalariado solamente durante el período que haya sido elegido y no tendrán jubilación de por vida; el congresista debe contribuir al sistema previsional como todos los peruanos; el congresista debe pagar su plan de jubilación como todos los peruanos, en vez de que todos los peruanoslo paguemos; el congresista dejará su actualseguro de salud y deberá participar del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos. Como se dice, más claro no canta el gallo. En este caso, la manipulación está más clara que un mediodía de verano. ¿Cómo se atreven a tanto?

Como no pueden negar cómo así bajo el imperio de la Constitución del 93 se ha reducido tanto la pobreza y la desigualdad, como no pueden negar cómo avanzamos hacia el cuarto proceso electoral cancelando la inestabilidad política del siglo XX, como no pueden negar cómo  conseguimos una continuidad democrática y económica que se expresa en una prosperidad generalizada, ahora, recurren a la manipulación del más viejo cuño. Pretenden hacernos creer que la reforma del sistema electoral o la reforma de un reglamento del Congreso o quizá una ley sobre el sistema remunerativo de los legisladores se consiguen a través de la derogatoria de la Carta del 93.

La desesperación frente a la indiferencia popular a su propuesta es tan evidente que a Borea y a Valle Riestra no les importa poner en riesgo su prestigio como juristas, echando mano de esta burda manipulación. En todo caso, en el campo político y jurídico vale ganar o perder, pero siempre en buena ley.

Cada vez se vuelve más evidente que la izquierda pretende aprovechar la incertidumbre política y el menor crecimiento económico causado por la crisis  de confianza, la reducción de los precios de las exportaciones y la demora de muchos proyectos de inversión, para convertir problemas transitorios en una crisis política general que desemboque en una Asamblea Constituyente, aplicando a pie juntillas la receta bolivariana que se impuso en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En la Otra Mirada N.21 se vuelve a insistir con la propuesta de una nueva constituyente atribuyendo al supuesto marco neoliberal “el origen inmediato de buena parte de nuestros males…”. Se llega a afirmar: “El desarrollo de nuestra democracia tiene un problema de vicio: la Constitución de 1993. Esta fue elaborada durante un régimen dictatorial que, a diferencia de otros casos, buscó a través de la misma quedarse en el poder” (Sic). ¡Qué arbitrariedad!

¿No  es acaso con la Constitución de 1993 que estamos avanzamos a nuestro cuarto proceso electoral ininterrumpido? Vale recordar que más allá de la continuidad constitucional a inicios del siglo pasado se hablaba de un maleficio en el Perú: dos gobiernos democráticos eran interrumpidos por una dictadura. Bueno, pues, eso ha cambiado bajo la Constitución de 1993. ¿Cuál es la fórmula mágica? Durante la Constitución de 1979, el 60% de los peruanos era pobre debido a que el centro de la sociedad y la economía reposaba en el Estado, que pretendió sustituir la fuerza creativa del sector privado. Con la Carta actual el centro se trasladó a la sociedad, a los individuos y a las empresas, y la pobreza se ha reducido al 25% de la población. ¿Existe algún argumento más poderoso para explicar la estabilidad institucional que empezamos a disfrutar? (Ver artículo Quieren bajarle la llanta a la prosperidad).

Cuando la izquierda demanda una nueva constitución se convierte en una fuerza marginal y contraria a nuestro contrato social vigente que ha permitido la gran recuperación económica y social del país, que ha tenido como telón de fondo la economía de mercado y la sistemática reducción de la pobreza y la desigualdad. De allí que los gobiernos de Paniagua, Toledo, García y del propio Humala, todos ellos con discursos electorales distantes de la actual Carta Política, terminaran allanándose ante hechos incuestionables. De allí también que la Otra Mirada respire por la herida: “Ollanta Humala, en sus dos campañas electorales (2006 y 2011), logró crear un momento constitucional pero rápidamente lo abandonó frente a las necesidades de llegar y luego permanecer en el poder”. Como se dice una cosa es con guitarra y otra con cajón; una cosa es campaña electoral y otra gobernar.

Ahora bien nadie sostiene que la Carta de 1993 no deba ser mejorada. Existen diversas propuestas que buscan perfeccionar nuestro sistema institucional como el bicameralismo, la elección por mitades o tercios de las cámaras legislativas y otras propuestas vinculadas al sistema de elección en general. Pero cualquier reforma constitucional tiene que mirar hacia adelante y no hacia atrás, y una de las condiciones para evitar coqueteos con el pasado es reconocer que la Carta del 93 es el punto de partida de cualquier reforma, porque ha creado un modelo económico y social que reconoce a la sociedad y a los individuos como los principales impulsores del desarrollo. Los resultados se ven a la distancia: pobreza y desigualdad en retirada y un mundo, cada vez más, sorprendido del milagro económico peruano.

El Perú está para apostar a ganador, hemos creado un gran potencial de desarrollo integral, que exige abandonar el pequeño juego político y que todos los peruanos nos pongamos a la altura del reto de construir un futuro de bienestar general.

La descentralización ha sido uno de los anhelos más importantes de las regiones, probablemente una de las banderas de lucha más presente en el reclamo de  décadas de los provincianos contra el asfixiante centralismo limeño. Cuando se abordó en los años 80, terminó en el fracaso y la regresión. Finalmente, en los años 2000 se lanza un proceso apurado que hoy vivimos y sufrimos. El Presidente de la República ha recogido el sentir nacional y en su último mensaje a la Nación,  nos ha dicho: “Se requiere plantear un debate nacional sobre la efectividad del proceso de descentralización, en el cual venimos avanzando hace ya una década. Cabe preguntarnos si hemos logrado construir un Estado presente, efectivo y transparente al servicio de todos los compatriotas. En torno a estas reflexiones, invito a la Representación Nacional a iniciar un amplio debate con miras a fortalecer el proceso de descentralización y presentar propuestas normativas para lograr los objetivos de modernización del Estado y mejorar los servicios que requiere el ciudadano”.

En Lampadia estamos de acuerdo con la necesidad de llevar a cabo un gran debate que nos permita mejorar el proceso actual, para que todos entendamos que es la descentralización de un país unitario, que debemos esperar de ella, cómo debemos evaluar sus resultados y cómo, la nación, debe controlar el proceso y el desempeño de los líderes regionales.

Aportes al debate de la descentralización desde sus pecados originales

1.     La descentralización vigente fue anunciada por el Presidente Toledo en su discurso de investidura ante el Congreso de la República en julio del 2001, sin contar con el beneplácito de su Gabinete Ministerial. El Congreso apuró el debate, no se hizo caso a los llamados a la cordura y sensatez para privilegiar un diseño cuidadoso antes que uno expeditivo. Se recibieron consejos de expertos internacionales, como algunos de España, que ya llevaban 25 años manejando sus autonomías, y seguían enfrentando problemas complicados. El tema de la descentralización se convirtió en una oferta política y no importaba si salía pato o gallareta. Finalmente se aprobó la descentralización sin haber terminado de establecer la legislación correspondiente.

2.     De partida se cometieron errores muy graves:

–         No se enfatizó que se estaba diseñando un proceso de descentralización de un país unitario.

–         Se fijó una región para cada departamento.

–         Se estableció indebidamente el cargo de Presidente Regional, elegido por sufragio.

–         Se permitió la reelección inmediata sin que el Estado Central tuviera la capacidad de controlar el uso indebido de recursos públicos en 25 regiones.

–         Se desmembraron una serie de competencias del Gobierno Central para ser asignadas a las regiones mediante un proceso simple de corte y traslado, sin contemplar el diseño de vínculos entre ambas instancias de gobierno que permitieran una acción conjunta y coordinada.

–         No se prestó la menor atención a la creación de capacidades.

–         Se otorgó a los gobiernos regionales capacidad discrecional absoluta sobre sus resoluciones, sin que los ciudadanos y empresas pudieran recurrir en queja o revisión a una instancia administrativa nacional, a una segunda instancia, principio fundamental de las democracias modernas.

–         No se diseñó un buen arreglo de pesos y contrapesos, estableciéndose una concentración excesiva de poder en los llamados presidentes regionales.

–         No se establecieron sistemas adecuados de rendición de cuentas.

–         No se establecieron capacidades de control para el Gobierno Central, más allá de los referidos a los procesos a cargo de la Contraloría General, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

3.     Posteriormente, durante el segundo gobierno del Presidente García, se aceleró el proceso populachero e irresponsable de desmembramiento y transferencia de competencias centrales a los gobiernos regionales y/o locales, con el mismo expediente simple de corte y delegación, sin los necesarios procedimientos de coordinación entre lo central y lo regional.

4.     Entre tanto se presentó la necesidad de regular la distribución del canon, como producto de la recuperación de nuestra industria minera, que debía, evidentemente, producir beneficios directos en las zonas de influencia de sus proyectos, sin cautelar las compensaciones necesarias para las zonas no mineras.

5.     Nunca se entendió, y menos se explicó a la población, que la descentralización de un país es esencialmente económica. Máxime en el caso del Perú, en que por décadas se había proscrito la inversión privada en las regiones, puesto que el Estado capturó la minería para paralizar su desarrollo, prohibió la presencia del sector privado en el campo, y capturó también la pesca y el turismo.

Nunca se entendió, ni se explicó, que con el retorno del Perú a un manejo económico ortodoxo y a la promoción de la inversión privada, dadas nuestras inmejorables capacidades naturales, íbamos a tener una serie de proyectos de inversión en las regiones que podían transformar nuestra vida, y que era muy importante que autoridades, líderes de opinión y ciudadanos, entendiéramos que todos seríamos responsables de propiciar y cuidar un buen clima de inversión.

Contrariamente, una buena parte de los líderes regionales y locales, empoderados con una serie de atribuciones de gobierno y contando con los  recursos distribuidos por el gobierno central y los provenientes del canon, pensaron que el desarrollo de sus regiones dependía de ellos, de sus propias luces y de lo que ellos pudieran financiar con los recursos públicos. Así es como, en vez de que se haya desarrollado un proceso de colaboración entre el sector público y el privado, en algunos casos se han producido conflictos muy profundos, como en el caso de Puno, con su anterior Presidente, o de Cajamarca, con Santos, imponiendo una dictadura anti-minera con métodos estalinistas de coerción y manipulación.

6.     Ante los conflictos sociales, los propios líderes y autoridades regionales y locales reclamaban la presencia del Estado, que ellos debían representar. Autónomos para hacer de las suyas, pero, con destacadas excepciones, irresponsables y ausentes cuando quemaban las papas.

7.     Mientras tanto, el Estado Central se ha mostrado inerme, maniatado por unas regulaciones de descentralización absurdas, que han descuartizado nuestras capacidades de gobierno.

Sin embargo, a pesar de los grandes problemas de nuestra descentralización política, la verdadera descentralización, la económica, avanza viento en popa. En la medida que la economía de mercado promovió el regreso de la inversión privada a la minería, el campo, la pesca y el turismo, las regiones y los municipios gozan ahorade recursos que eran inimaginables durante el modelo proteccionista de sustitución de importaciones, que concentraba la inversión en Lima.

Algunos ejemplos del avance de las regiones: entre el 2001 y el 2012, ocho regiones del país registraron un crecimiento anual promedio del PBI per cápita por encima del promedio nacional de 5.1%. (Ver cuadro 1). Los ingresos familiares también han crecido más en las regiones que en Lima (Ver cuadro 2), y el empleo, igualmente se desarrolla con más fuerza en las provincias (Ver cuadro 3).

En otras palabras, el proceso de descentralización, ha sido salvado y sustentado por el mercado, por el sector privado. Lo importante ahora, es cómo diseñar un mejor arreglo institucional que promueva procesos que sumen hacia objetivos comunes de los gobiernos regionales, locales y el gobierno central; y también entre el sector público y el sector privado.

Todos queremos un Perú unitario, descentralizado y efectivo para la gesta del desarrollo y el bienestar general.

¡Bien Presidente, debatamos! L

Los objetivos anuales y quinquenales (2013-2017) establecidos por el gobierno para Petroperú son una lista de buenos deseos sin asidero en la realidad, ni sustento en nuestro ordenamiento constitucional. Pocas veces se ve alguna empresa que haga un pedido desproporcionado y arbitrario a Papa Noel Estado, cómo se ha planteado, en esta ocasión, para nuestra empresita petrolera.

La lista de objetivos es un ejercicio de ambiciones desproporcionadas, que pretende darle a una empresa débil, no sujeta a ningún control por parte de las instituciones del Estado, desarrollos que no tiene como financiar ni administrar. El bendito plan está incompleto, pues carece del indispensable análisis de capacidades y de esquemas de financiamiento. Incluso, el anuncio de listar un 8% de sus acciones al 2017, es un saludo a la bandera, pues con ese nivel de apertura del capital, no se podrá conseguir recursos financieros suficientes, ni un sistema sólido de gobierno corporativo.

La resolución del Ministerio de Energía y Minas del 31 de julio establece la siguiente visión para Petroperú: “Ser la empresa de hidrocarburos y energía del Estado, integrada y competitiva, que crea el valor compartido, líder en el mercado nacional y con participación creciente en el mercado internacional…” Es decir, una auténtica “súper empresa”, según el viejo recetario populista de América Latina, pero, ¿no existe acaso una contradicción de esta misión de Petroperú con la Constitución? Nuestra Carta Política establece claramente el rol subsidiario del Estado en la economía, sin embargo, otra vez se desempolva la vieja de idea de que una empresa estatal lidere un sector económico.

En contraste con el ejemplo de otras empresas petroleras de la región, Petroperú anuncia que listará en la BVL un ridículo 8% de sus acciones.Por ejemplo, en Brasil, cerca del 50% de las acciones de Petrobras son del sector  privado, que se cotizan en Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires. Ecopetrol de Colombia cotiza un 20% de sus acciones en bolsa de Nueva York, Toronto y Lima.Con solo 8% de acciones en la bolsa, Petroperú pretende seguir manejando la empresa sin ningún tipo de supervisión, sin transparencia y sin gobierno corporativo, pero esta vez pretendiendo manejar 10 veces más activos que hoy, con una manota en el bolsillo del Estado peruano.

En vez de apurar la promoción de los gasoductos del sur y el desarrollo de la petroquímica con la participación del sector privado, el MEM se dedica a diseñar un monstruo de mil cabezas, imposible de financiar, que terminaría, justamente, alejando la inversión privada y retrasando el propio desarrollo petrolero que se “quiere alentar”. ¿Qué le pasa al MEM?

El escándalo político nacional que desató la elección en el Congreso del Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional (TC), causado, principalmente, por la voluntad obsesiva de Gana Perú y el oficialismo por controlar el TC, con la complicidad de Perú Posible, del fujimorismo y del devaluado PPC, de pronto, parecería ser parte de un juego maquiavélico que busca desprestigiar a la clase política, al Congreso y a las instituciones para generar el caos público e interrumpir el sistema democrático y la economía de mercado.

¿Alarmismo injustificado? De ninguna manera. Ya se conoce que sectores nacionalistas han comenzado a recolectar firmas para “cerrar el Congreso” en Chiclayo. En un reciente comunicado de Patria Roja en el  que se convoca a una revuelta nacional para este 27 y 28 de julio, se sostiene que “frente a la crisis del  Estado neoliberal se hace urgente y necesaria una nueva Constitución para refundar la república sobre nuevas bases”. Algo más. Nicolás Lynch de Ciudadanos por el Cambio, en un reciente artículoen La República, escribe lo siguiente: “una reforma política inmediata que la sociedad organizada le exija al Congreso y una Nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente, que se elija el 2014…”.

Como se ve, por la boca muere el pez. Alguna mano negra o algún seguidor de Montesinos pretende sacarle partido al caos político desatado por el oficialismo palaciego y la torpe comparsa congresal. Al margen de la especulación de si todo esto fue causado adrede para interrumpir la democracia, es evidente que se quiere aplicar a pie juntillas el Manuel Bolivariano que pasa, precisamente, por generar crisis políticas y de representación, convocar a una Asamblea Constituyente e instaurar un autoritarismo que se perpetúa en el poder mediante reelecciones indefinidas. Así pasó en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En el colmo del delirio, Lynch agrega: “Hay que regresar al último acuerdo de paz entre los peruanos que es la Constitución de 1979…” ¿Cuál acuerdo de paz? ¿El de esa constituyente regimentada por las botas militares? ¿Se refiere a la hiperinflación incontrolable, las colas y escaseces  motivadas por el control de precios? O, quizá se refiera al hecho de que Sendero Luminoso controlaba una tercera parte del territorio nacional, asesinaba a autoridades locales, hacía volar edificios y casas en los pueblos más alejados y Tarata y Palacio de Gobierno. ¿A eso se refiere Lynch? Tanto delirio y tanta irresponsabilidad son difíciles de entender.

Los representantes del proyecto bolivariano usando el deterioro de la clase política (algo evidente y que nadie puede negar) pretende acabar con la democracia y la única institución que ha funcionado en el Perú: el mercado. Su enemigo real es la libertad económica consagrada en la Constitución de 1993, pero terminar con ella, solo es posible enterrando a la democracia. De allí la esencia autoritaria del proyecto bolivariano.

Tratar de comparar la Constitución del 93 con la de 1979 es como comparar el cielo con el infierno. Antes de los noventa no solo nos azotó la hiperinflación y el terrorismo, sino que nuestras reservas internacionales eran negativas, hoy suman  US$ 68 mil millones (ver artículo Quieren bajarle la llanta a la prosperidad). Otro dato para estremecernos: cerca del 60% de los peruanos era considerado pobre en tanto que hoy solo el 25%. La inflación promedio era de 1,187% mientras que ahora solo es de 2.5%.  ¿Cuál acuerdo de paz? La maniobra bolivariana es más que evidente.

El modelo político y económico peruano se ha caracterizado por un impresionante crecimiento económico, reducción de la pobreza y la desigualdad, pero ese desarrollo no ha sido acompañado por una eficiente gestión pública de los políticos y de las instituciones. Se puede decir, entonces, que el mercado ha funcionado, pero los políticos han fallado.

Necesitamos, pues, una reforma política para que el espacio público acompañe y potencie todos los círculos virtuosos del desarrollo y del bienestar general. Pero de ninguna manera podemos dejar pasar la maniobra bolivariana. Queda claro, pues, que la indignación de los peruanos contra la clase política también tiene que ser contra los animadores del proyecto bolivariano que pretende resucitar el viejo velasquismo que convirtió a la mayoría de peruanos en mendigos.

Deberíamos aprovechar esta crisis para reflexionar sobre los ajustes que requieren nuestras instituciones públicas, empezando por los partidos políticos (Ver: La Trampa del Corto Plazo) y la estructura del propio Parlamento. En un momento de dificultad, la gente de buena voluntad, tiene que saber sacra lo mejor de cada uno. ¡Ojalá estemos a la altura de las circunstancias! L

La Constitución del 79 consolidó y prolongó hasta su término el empobrecimiento general de los peruanos que nos regaló la dictadura militar en los años 60 y 70, llevando al Perú a uno de los peores resultados económicos y sociales al que un país puede llegar. La ruina en la que nos vimos envueltos abarcó todo el Perú, se empobreció a todos los ciudadanos, a las empresas grandes y pequeñas, y al propio Estado que se pretendió erigir como el sostén y conductor de la vida nacional.

Recordar los “logros” de ese proceso que terminó en los años 80, simplemente, nos aterra. ¿Cómo pudimos llegar a esa situación? La inflación acumulada era de 2,178,482% (primer gobierno de Alan García), las reservas internacionales eran negativas en 105 millones de dólares, y la recaudación fiscal apenas llegaba al 3.8% del PBI. Algo más: La pobreza abarcaba al 60% de los peruanos. Estas cifras nos dicen claramente que el Perú había tocado fondo graficando una de las peores etapas de nuestra historia.

¿Por qué entonces se pretende restaurar una Constitución que empobreció a todo el Perú?

Uno de los argumentos principales de quienes propugnan la derogatoria del texto constitucional de 1993 es que ésta es  “obra de una dictadura”. En verdad, como desnuda El Comercio en un reciente editorial (Teatro Mundo, 1 de diciembre, 2012),  la dictadura militar regimentó la constituyente que dio origen al texto del 79, impuso los parámetros que  institucionalizarían  “las transformaciones estructurales” del régimen castrense, dando origen a una carta que consolidaba el fracaso de la revolución y nos alejaba aún más del pensamiento de avanzada que ya mostraba espectaculares realizaciones en muchos países del mundo.

La constituyente de ese entonces acató el mandato de institucionalizar el modelo económico estatista. ¿De qué democracia proviene entonces la Constitución de 1979? ¿Acaso hemos olvidado que la constituyente sesionaba bajo la tutela militar y con  los medios de comunicación capturados por las cadres velasquistas? ¿Qué es lo que de verdad está detrás de esta obsesión insana con la Constitución del 79?

El nuevo orden económico

La Constitución de 1979 consagró el modelo empresarial de la dictadura militar, impuso restricciones a la libertad de comercio y de empresa, a la inversión privada, al ahorro,  le restó independencia del Banco Central y discriminó a la inversión extranjera. La actual, en cambio, consagra y protege las libertades de comercio y empresa, la autonomía plena del BCR, la igualdad de condiciones de las inversiones nacionales y extranjeras, y establece el rol subsidiario del estado en la economía. Si comparamos los resultados económicos de la estructura legal que promovía el estancamiento con la que fomenta la inversión y el progreso, las diferencias  saltan a la vista. Ver cuadro.

Empobrecimiento y Prosperidad

La Constitución actual es imperfecta, necesita ajustes que mejoren la estructura del Estado, nuestra institucionalidad política y otros temas.  Pero, con todos sus defectos, es muy superior al  texto anterior, al que jamás debemos regresar. No se comprende entonces el juicio  de quienes impulsan la restauración de la carta del empobrecimiento. Demuestran una grave falta responsabilidad y de compromiso con el país, y sobre todo, con quienes todavía siguen luchando para salir de la pobreza. 

No a la pulsión de “tanatos”.