A continuación compartimos “Una carta sobre justicia y debate abierto”, un reciente pronunciamiento publicado en Harper’s Magazine de 150 intelectuales en contra del creciente embate cultural que vienen arreciendo las izquierdas progresistas en el mundo occidental que, como hemos comentado anteriormente, ya se encuentra reprimiendo las libertades de expresión y llevándonos a una suerte de establishment de lo ‘políticamente correcto’ en todas las esferas públicas, con todas las censuras que esto conlleva (ver Lampadia: El oscurantismo toca la puerta).

Cabe resaltar que si bien estos movimientos ya tenían varios años acogiéndose en el posmodernismo para relativizar la verdad, desde que afloró lo sucedido con la muerte de George Floyd en EEUU, la violencia se ha convertido en su nuevo modus operandi al punto de destruir monumentos históricos, consintiendo inclusive la idea de la abolición de las fuerzas del orden – como sucedió con el movimiento Black Lives Matters en EEUU) – y despojando a todo aquel que no se emplace o se pronuncie en contra de estas acciones.

Este asedio inquisitorial no puede pasar desapercibido por periodistas, académicos y ninguna persona de la sociedad civil que vea peligrar el solo hecho de emitir opiniones contrapuestas a las de las grandes mayorías. Nos sumamos a este esfuerzo intelectual pues por defender el uso libre de las ideas y a no silenciarlas. De lo contrario, regresaremos a esas épocas oscuras en las que emitir ciertas opiniones o juicios conllevaban severas represalias hacia las personas que las dictaminaban. Lampadia

Una carta sobre justicia y debate abierto

150 intelectuales alzan la voz contra el auge de la intolerancia en la izquierda

Margaret Atwood, Noam Chomsky, J. K. Rowling y Martin Amis figuran entre los firmantes de la carta

150 intelectuales han firmado una carta abierta, publicada por la revista estadounidense Harper’s Magazine, contra el auge de la intolerancia en ciertos sectores del activismo progresista. Entre los firmantes se encuentran escritores, académicos y artistas como Margaret Atwood, Martin Amis, Noam Chomsky, J. K. Rowling, Steven Pinker, John Banville, Gloria Steinem y Wynton Marsalis.

Harper’s Magazine
7 de julio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Nuestras instituciones culturales se enfrentan a un momento de prueba. Las poderosas protestas por la justicia racial y social están llevando a demandas atrasadas de reforma policial, junto con llamamientos más amplios para una mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad, especialmente en la educación superior, el periodismo, la filantropía y las artes. Pero este cálculo necesario también ha intensificado un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica. Mientras aplaudimos el primer desarrollo, también levantamos nuestras voces contra el segundo. Las fuerzas del iliberalismo están ganando fuerza en todo el mundo y tienen un poderoso aliado en Donald Trump, que representa una amenaza real para la democracia. Pero no se debe permitir que la resistencia se endurezca en su propio tipo de dogma o coerción, que los demagogos de derecha ya están explotando. La inclusión democrática que queremos se puede lograr solo si hablamos en contra del clima intolerante que se ha establecido en todos los lados.

El libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido. Si bien hemos llegado a esperar esto en la derecha radical, la censura también se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia de puntos de vista opuestos, una moda para la vergüenza pública y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral irrevocable. Mantenemos el valor de la contra-voz robusta e incluso cáustica de todos los sectores. Pero ahora es demasiado común escuchar llamados a represalias rápidas y severas en respuesta a las transgresiones percibidas del habla y el pensamiento. Más preocupante aún, los líderes institucionales, en un espíritu de control de daños en pánico, están aplicando castigos apresurados y desproporcionados en lugar de reformas consideradas.

• Los editores son despedidos por dirigir piezas controvertidas;
• los libros son retirados por presunta falta de autenticidad;
• los periodistas tienen prohibido escribir sobre ciertos temas;
• los profesores son investigados por citar trabajos de literatura en clase;
• un investigador es despedido por distribuir un estudio académico revisado por pares; y
• los jefes de las organizaciones son expulsados ​​por lo que a veces son simples errores torpes.

Cualesquiera que sean los argumentos en torno a cada incidente en particular, el resultado ha sido estrechar constantemente los límites de lo que se puede decir sin la amenaza de represalias. Ya estamos pagando el precio con mayor aversión al riesgo entre escritores, artistas y periodistas que temen por su sustento si se apartan del consenso, o incluso carecen de suficiente celo en el acuerdo.

Esta atmósfera sofocante dañará en última instancia las causas más vitales de nuestro tiempo. La restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represivo o una sociedad intolerante, invariablemente perjudica a quienes carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente. La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, la discusión y la persuasión, no tratando de silenciarlas o desearlas. Rechazamos cualquier elección falsa entre justicia y libertad, que no puede existir la una sin la otra. Como escritores, necesitamos una cultura que nos deje espacio para la experimentación, la toma de riesgos e incluso los errores. Necesitamos preservar la posibilidad de desacuerdos de buena fe sin consecuencias profesionales nefastas. Si no defendemos exactamente de lo que depende nuestro trabajo, no deberíamos esperar que el público o el estado lo defiendan por nosotros.

Firmas …

Lampadia

Fernando Cillóniz B. 
Gobernador Regional de Ica
Londres, 1 de diciembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Empecemos por el test. Pregunta: ¿Por qué la Barco me impuso la medalla de Gobernador el día de mi juramentación? Elija la respuesta correcta: (a) Por ser la consejera más treja, (b) Por ser la consejera más torreja, (c) Por ser la consejera que más se queja, o (d) Por ser la consejera más vieja.

Respuesta correcta: (d). Efectivamente, la Barco me impuso la medalla de Gobernador Regional por ser la más vieja entre todos los consejeros elegidos. Conclusión: No tiene nada de malo referirme a ella como “la vieja Barco”. “La” porque es mujer. Al menos… así parece. “Vieja” por lo que acabo de explicar. Y “Barco” porque es el apellido de su papá.

Siguiente pregunta: ¿Dónde está la falta de respeto? Respuesta: No hay ninguna falta de respeto porque “vieja” significa “de edad avanzada”. Y tener edad avanzada – al margen de la piel arrugada y pellejuda – no tiene nada de malo. Pregunta final: ¿Dónde está la discriminación contra la mujer? Respuesta: No hay ninguna discriminación contra nadie, ni ningún machismo.

En todo caso, el maltratado soy yo. Hablando de vejeces, a mí me han hecho bullying… hasta por viejo. Es más, la vieja Barco es una abanderada en el maltrato contra mi persona. A las pocas semanas de asumir el cargo, me denunció penalmente… por corrupto. Además, a cada rato recurre a la prensa para despotricar contra mí… tildándome de incapaz, abusivo, ignorante, usurpador, etc. ¿Y por referirme a ella como “la Barco” hace tanto alboroto? ¡Qué no se haga la mosquita muerta!

Y ¡qué me dicen del Consejo Regional! Quieren que me rectifique – públicamente – por haberle faltado el respeto a la vieja, y por haber “maltratado a las mujeres del Perú”. ¡Ubíquense señores de cuello y corbata… y medalla en panza!

No hay Gobernador Regional que valore más el talento y el profesionalismo de la mujer, que este humilde servidor. Veamos… Dirección de Transportes. Dirección de Educación. Dirección de Trabajo. Dirección del Hospital Regional. Dirección del Hospital de Nasca. Gerencia de Desarrollo Social. Gerencia de Atención al Ciudadano… ¡Qué más! Todos esos altos cargos del Gobierno Regional están siendo ocupados por mujeres, actualmente.

Además, qué autoridad moral pueden tener aquellos consejeros regionales que – hace poco – no tuvieron mejor idea que prohibir las tareas escolares en casa. ¡Habrase visto semejante despropósito! Por ello – precisamente – el Ministerio de Educación estaría por denunciar al Gobierno Regional… ¡por usurpación de funciones!

Otrosí digo. Este artículo lo escribí la semana pasada en Londres. Feliz – e infinitamente agradecido – de haber sido invitado por el Gobierno Británico para participar en un programa muy provechoso, denominado “International Leaders Programme” (Programa Internacional de Líderes).   

Sin embargo, por Internet me enteré que algunos consejeros regionales – y unos cuantos detractores más – están pidiendo mi vacancia por no haber solicitado permiso para salir del país. ¡Plancha quemada! Estuve de vacaciones – apenas 5 días – por primera vez en los tres años que llevo en el cargo. Y para ello no tuve que pedirle permiso a nadie.

Otrosí digo. Este artículo está escrito en tono satírico – ex profeso – para ridiculizar a los consejeros regionales y a todos los que están haciendo un papelón con el berrinche de mi vacancia. ¡Puro teatro! Por eso la ironía. Por eso el sarcasmo.

Otrosí digo. Este artículo constituye una genuina manifestación de la libertad de prensa y opinión que impera en nuestro país. Aquella que les permite a consejeros, congresistas, periodistas, y público en general hacerme papilla… mañana, tarde, y noche. La misma que me permite retrucar sus ataques – como en esta oportunidad – gracias a medios como Lampadia, Diario Correo, y otros.

Otrosí digo. No se molesten. Me refiero a la vieja Barco y a mis detractores. Sonrían. La vida es bella. Y no pierdan el tiempo con mi vacancia porque no procede.

¡Salud… por Ica! Lampadia

Como explicamos la semana pasada, la crisis política y económica que está interrumpiendo nuestro desarrollo es producto de los escandalosos niveles de corrupción diseñados y ejecutados por el ‘putch’ imperialista de la izquierda brasileña, comandada por el ‘gran Lula da Silva’ y sus socios del chavismo y del castrismo. (Ver en Lampadia: Dios perdona el pecado, pero no el escándalo).

Fuente: youtube.com

Efectivamente, la estructura de corrupción diseñada por el Partido de los Trabajadores y las empresas constructoras brasileñas, con cuentas especiales y diversos mecanismos para la canalización de fondos, tenía tres propósitos fundamentales:

• Apoyar la consolidación en el poder, de las izquierdas latinoamericanas.
• Comprometer a políticos, periodistas y empresarios, en redes de corrupción, por el activismo de las empresas brasileñas,.
• Multiplicar la participación de las constructoras brasileñas en obras que puedan retroalimentar fondos para profundizar los circuitos de la corrupción.

Este gran desarrollo mafioso fue felizmente desbaratado por los notables jueces brasileños y el sistema judicial estadounidense. Algo que debemos agradecer y ponderar; y en todo lo posible, imitar; tal como se hizo en Brasil con el ejemplo de ‘Manos Limpias’ en Italia.

Apenas estalló el escándalo de Lava Jato en el Perú, nuestra primera preocupación fue cómo separar la paja del trigo, cómo evitar que el remedio hiciera daño, afectando nuestra debilitada economía.

Es claro que hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía. Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.

Esto configura una situación muy difícil de manejar. Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scapegoats’, en lugar de los peces gordos.

En nuestra opinión, en vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.

(Ver en Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente).

Lamentablemente, el gobierno no quiso escuchar, y la desenfocada ex ministra de Justicia, Marisol Pérez, diseñó el Decreto de Urgencia 003, que ha terminado trayendo más problemas que soluciones. Este decreto ha determinado la parálisis de obras muy importantes, la dificultad de transferir el control de proyectos a nuevos operadores, y, como temíamos, ha interrumpido los flujos de caja de una serie de proyectos, afectando severamente a miles de trabajadores peruanos, a subcontratistas, y al propio Estado, que no ha podido dirigir sus cuidados a acciones efectivas de resarcimiento.

Últimamente, Fuerza Popular propuso extender los alcances del Decreto de Urgencia 003, para comprender específicamente a las empresas peruanas que se asociaron con Odebrecht, como es el caso de Graña y Montero.La semana pasada, el Congreso promulgo la Ley que modifica el 003 que, como explica el especialista en Derecho, José Antonio Payet, es una ley con nombre propio que incurre en una serie de vicios constitucionales.

Julio Luque ya nos había alertado, en su artículo, El futuro de Graña y Montero, sobre la necesidad de tomar nota de importantes antecedentes internacionales, para evitar cometer errores innecesarios y costosos.

¿Qué tienen en común Siemens, Walmart, Daimler, Glaxo, British Aerospace, Avon, ABB y Alcatel, además de ser empresas globales líderes? Durante la década pasada, todas fueron halladas culpables de corrupción y soborno de funcionarios estatales en diversos países. (…) hoy todas han logrado sobreponerse al escándalo generado por sus malas prácticas.

¿Funciona, entonces, una especie de impunidad empresarial a nivel global? En absoluto. Todas estas empresas pagaron un alto costo. En el caso de Siemens, multas por más de 1.600 millones de dólares, además de cárcel para los directivos hallados culpables. Pero en ningún caso se pensó que el castigo debía ser la quiebra o el cese de operaciones. Las empresas son mucho más que sus accionistas y sus principales directivos. Cuando se comprueban casos de corrupción, se busca que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables, pero se hace lo posible para no afectar al resto de stakeholders.

Estamos pues, llevando el escándalo más allá de lo adecuado a los intereses del país, pensando que al generalizar la lista de culpables hacemos justicia, cuando más bien se están pisoteando todos los derechos procesales. Incluso se está condenando sin que se hayan abierto investigaciones, y muchos menos, acusaciones.

Por otro lado, y más allá del caso de Graña y Montero, en el Perú se está asumiendo que las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre temas peruanos, también están enmarcadas en su convenio de beneficios penitenciarios con la justicia brasileña. ¿Es efectivamente así?

Mientras tanto, la primera ministra, Mercedes Araoz dice que la norma violaría presunción de inocencia y afectaría la cadena de pagos. “No soy abogada, pero sí creo que hay que respetar el tema de presunción de ino­cencia. Acá no estoy defen­diendo a nadie, si hay que investigar a algún funcio­nario de una determinada empresa que haya hecho un acto de corrupción, que se investigue”, dijo Aráoz.

Esperamos que este asunto encuentre la mayor sensatez y que sepamos preservar los mejores intereses del país. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 29 de Setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Cuando asumió el cargo el año pasado, el Presidente Kuczynski tuvo una ocurrencia muy comentada… entregó a sus ministros un listado de siete mandamientos, los cuales – al igual que los 10 mandamientos del catolicismo – debían guiar el accionar de su equipo de gobierno.

“Debes ser absolutamente incorruptible” dice el primer mandamiento. Los siguientes mandamientos – del segundo al sexto – tienen que ver con la modestia, el trato a las personas, el conocimiento del país, los ministerios, y la PCM. El último mandamiento – el sétimo – dice así: “Toma las cosas con calma, sonríe y reza”.

Analicemos – brevemente – el último. Estamos de acuerdo… siempre es bueno tomar las cosas con calma, sonreír y – sobre todo – rezar. El atolondramiento no es bueno… y menos en gestión pública. Pero el extremo opuesto tampoco es bueno. Por ejemplo… algunos funcionarios – digamos flojos – podrían interpretar este mandamiento como “Ráscate la panza, no asumas ninguna responsabilidad, aplica la mecedora, y finalmente… sonríe y reza”. Y eso no es – precisamente – lo que quiere el Presidente.

Al contrario, a veces hay que tomar al toro por las astas y actuar con prisa y sin pausa; incluso hay ocasiones en las que es mejor no sonreír y proceder con severidad – sobre todo – frente a la corrupción e indolencia de algunas personas. A la corrupción hay que confrontarla, caiga quien caiga… rápido.

Lo de rezar – eso sí – hay que rezar… siempre. Sin embargo, no deja de causarme gracia ver cómo algunos corruptos – con un cinismo de telenovela – también rezan… ¡y con qué devoción! Pero ese es otro tema. Además – estoy seguro – el Señor de Luren sabe perfectamente quién es quién en su rebaño.

El hecho es que – con las aclaraciones del caso – los siete mandamientos de PPK son muy pertinentes, y constituyen una buena guía para todos los que estamos involucrados en la gestión pública. Tomarlos en cuenta a la hora de gobernar, es – ciertamente – un buen consejo.

Sin embargo – y a eso quería llegar – me parece que al primer mandamiento le falta algo. Como que está incompleto. En mi opinión, al “Debes ser absolutamente incorruptible”, yo le agregaría – y en mayúsculas – “… Y DARLES SU MERECIDO A LOS CORRUPTOS. Yo completaría así el primer mandamiento.

Y para que se entienda bien… darles su merecido a los corruptos es simplemente sancionar – con todas las de la ley… y en al acto – a los funcionarios o servidores que cometan faltas en el ejercicio de sus funciones. Y desenmascarar – porque no se les puede sancionar formalmente – a los corruptos que gozan de inmunidad o autonomía, como ciertos congresistas, consejeros regionales, periodistas, dirigentes gremiales, etc.  

Es que no se puede gobernar – siendo absolutamente incorruptible – con permisividad o pusilanimidad frente a gente corrupta enquistada en las gerencia o direcciones de nuestras instituciones públicas; inclusive con gente corrupta en los mandos medios o bajos del aparato estatal. No se puede gobernar – siendo absolutamente incorruptible – sin pararle el macho a políticos o personas en general, que exigen favores indebidos como dar trabajo a allegados, o contratar a amistades para hacer obras o adquisiciones sin la transparencia debida.

Tampoco se puede gobernar – siendo absolutamente incorruptible – con funcionarios que abandonan su trabajo y cobran como si nada. O con funcionarios que rinden cuentas de viáticos con facturas falsas. ¡Cómo se va a gobernar – bien – con funcionarios que encarecen presupuestos para cobrar coimas – previamente – concertadas con proveedores de su misma calaña! No se puede gobernar sin combatir a las mafias que trafican con licencias y permisos que sólo ellos pueden otorgar.

Puesto en positivo… hay que gobernar con gente honesta, eficiente y servicial, como los muchos servidores del Gobierno Regional de Ica.

Entonces… “debes ser absolutamente incorruptible… Y DARLES SU MERECIDO A LOS CORRUPTOS”. He ahí el primer mandamiento del Gobierno Regional de Ica. Y perdón por la apropiación intelectual de los demás mandamientos. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Decíamos en nuestra anterior entrega (ver en Lampadia: ¿Dónde están los autores mediatos de los crímenes de Bagua? (I)) que el Baguazo con su fatídico desenlace fue la consecuencia de un mito que se construyó en torno a los efectos supuestamente expoliatorios de los diez decretos legislativos que se dieron para adaptar la legislación nacional al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es lo que hemos llamado el mito expoliatorio. El baguazo fue el punto culminante de una larga movilización de comunidades nativas que fueron convencidas por ONGs, Obispos, antropólogos, periodistas, políticos y por sus propios dirigentes, de que el gobierno, digitado por las transnacionales de las industrias extractivas, había promulgado diez decretos legislativos para despojarlos de sus tierras y bosques. Y, por supuesto, ante tal amenaza, era lógico que las comunidades se pintaran la cara de rojo y se lanzaran a la guerra para defender sus posesiones.

Fuente: Blog-puntodevistaypropuesta.wordpress.com

El único decreto legislativo que contenía una disposición que podía eventualmente ser aprovechada para adquirir tierras comunales, era el 1015, que permitía a las comunidades campesinas y nativas de la Sierra y Selva vender sus tierras sólo con la aprobación de la mitad más uno de los miembros de la comunidad presentes en la asamblea, lo que, en la práctica, significaba que la comunidad podía enajenar sus tierras por decisión de una fracción pequeña de sus miembros, que podían haber sido comprados por alguna empresa capitalista. Pero, como recordamos en el artículo anterior, este decreto legislativo ¡ya había sido ya derogado por el Congreso diez meses antes de Baguazo, en agosto del 2008!, y, por lo demás, tampoco era aplicable a los bosques de las comunidades porque éstos no son propiedad de las comunidades nativas sino de la nación, según la Carta Magna, de modo que las comunidades no podían venderlos así hubieran querido.

Veíamos también que otro decreto legislativo cuestionado, esta vez sin razón, fue el 1090, Ley Forestal y de Fauna, que establecía que “el cambio de uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre basado en un expediente técnico que principalmente garantice la sostenibilidad del ecosistema” (art. 25), de modo que la interpretación era: quienes quieran apoderarse de tierras comunales pues buscarán el cambio de uso para declararlas agrícolas y de esa manera solicitar su adjudicación para proyectos de irrigación. Esa era la supuesta estrategia del despojo.

La suspicacia podía tener sentido en un país en el que, con alguna frecuencia, las normas se han dado para favorecer intereses particulares. Pero aquí estamos en el supuesto negado de que existen tierras comunales no tituladas en la selva en las que se pueda realizar proyectos de irrigación. ¿Proyectos de irrigación en la selva? Aun admitiendo lo imposible, dicha atingencia se podía resolver también muy fácilmente, con una frase o un artículo. De hecho, el Congreso, atendiendo a este y otros asuntos, dictó, el 13 de enero del 2009, cinco meses antes del baguazo, la ley 29317, que introducía modificaciones a la ley Forestal estableciendo garantías mucho más fuertes para el cambio de uso, que complicaban extremadamente la posibilidad de una arbitrariedad. Pero tampoco fue suficiente. La demanda maximalista de derogar todos los decretos legislativos se mantuvo.

El rol de la Defensoría del Pueblo

Lo increíble, y es lo que vamos a analizar ahora, es que la propia Defensoría del Pueblo se sumó a la construcción del mito cuestionando la constitucionalidad del mencionado decreto legislativo 1090 (y de otros), con argumentos discutibles y poco equilibrados,  ideológicamente sesgados, que legitimaron y dieron alas a las movilizaciones indígenas.

En efecto, la Defensoría argumenta, en su informe 027-2008, que, según la Constitución, el Estado tiene el deber de promover el uso sostenible de los recursos naturales, y de fijar las condiciones de su utilización y su otorgamiento a los particulares. Pero el 1090 –dice el informe- excluye de la condición de recursos forestales –es decir, naturales- a las plantaciones forestales y a las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, con lo que estas categorías quedan fuera de la preocupación especial del Estado en lo relativo a asegurar su uso sostenible, de modo que las tierras correspondientes podrían verse afectadas por usos no sostenibles y peligrosos. Con lo que el decreto, pues, violaba el derecho fundamental a un ambiente sano. Además, el informe encuentra, en normas y proyectos anteriores, una tendencia a entregar en propiedad privada las plantaciones forestales, insinuando que el propósito de este decreto legislativo sería el de entregar en propiedad las tierras de uso forestal y de plantaciones, aunque, de otra parte, reconoce que “la entrega en propiedad de las tierras con capacidad mayor de uso forestal no resulta expresa en el decreto legislativo 1090”. Es decir, la Defensoría cree ver una intención en la ley que la propia ley no refrenda, y lo reconoce. Inaudito.   

El informe de la Defensoría lleva a concluir, entonces, que todas las tierras con capacidad de uso mayor forestal y las plantaciones van a dejar de ser protegidas por el Estado, y como consecuencia pueden ser depredadas y eventualmente entregadas en propiedad privada, aunque esto último no se establezca en la ley. Lo increíble es que en ninguna parte el informe cita literalmente el artículo 2.1 del Decreto Legislativo 1090, que dice así: “Son recursos forestales los bosques naturales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional”. De la lectura de ese artículo queda meridianamente claro que los bosques –es decir, la gran mayor parte de la extensión amazónica- siguen siendo recursos naturales, de modo que, en la práctica, las únicas tierras que dejan de ser consideradas recursos forestales o naturales son las áreas depredadas, deforestadas, aptas en principio para plantaciones forestales. Es decir, las áreas en las que el derecho a un ambiente sano ya fue afectado, y lo fue precisamente por ausencia de un derecho de propiedad claro que las defendiera. Entonces, la solución en esas zonas, para recuperar un ecosistema sostenible, para cautelar el bien constitucional del derecho a un ambiente sano, es precisamente la plantación forestal, que se desarrollaría con mucha mayor rapidez y calidad si se pudiera entregar esas tierras destruidas en propiedad (lo que el decreto, como hemos visto, ni siquiera autoriza). Es decir, todo lo contrario de la argumentación de la Defensoría. 

No es de extrañar, entonces, que las comunidades nativas pensaran que ese decreto pretendía excluir a los bosques –incluidos los que están en sus territorios- de su condición de recursos naturales y entregarlos, sin ninguna protección ni condicionamiento, a la voracidad capitalista. Es lo que en última instancia se desprendía de la interpretación sibilina que hizo la Defensoría.

Informe en Minoría de la Comisión de Investigación de los sucesos de Bagua

De hecho, esa, y aún más dramática, fue la lectura que hizo el Informe en Minoría de la Comisión de Investigación de los sucesos de Bagua, que reza así:

“El informe (de la Defensoría) concluye que la norma presentaba un conjunto de deficiencias que hubieran favorecido la deforestación de los bosques primarios del país” (Gómez y Manacés: 22).

De hecho, el decreto legislativo 1090 se convirtió en el símbolo de las intenciones predatorias del gobierno y en el blanco principal de la lucha de los indígenas. ¿Cómo no movilizarse hasta la muerte si la propia Defensoría del Pueblo dice que el decreto legislativo 1090 favorece el despojo y la deforestación de los bosques? ¿Para qué sentarse a dialogar para modificar los decretos, si son inconstitucionales y deben simplemente ser derogados?

En realidad, no sólo los decretos legislativos rechazados, sino las leyes, las normas sobre información y participación de las comunidades y la institucionalidad que en materia de inversión petrolera se había venido dando en los últimos años, buscaban fomentar la inversión, sí, pero también proteger más los bosques, su explotación sostenible y los propios derechos indígenas que las normas anteriores, aunque sí es cierto que no promovían especialmente, por ejemplo, el acceso de los pueblos indígenas al reconocimiento de sus tierras tradicionales aún no tituladas, y que “la titulación de tierras indígenas no aparece como un mecanismo contemplado por el paquete y sí todas las otras formas de titulación” (Gómez y Manacés, p. 21).

Pero una cosa es que los decretos legislativos no pusieran énfasis en la titulación de las comunidades, y otra es que buscaran despojarlas. Si los decretos contenían artículos que podían ser interpretados de modo malicioso para afectar los derechos de las comunidades, se trataba de disposiciones fácilmente modificables o precisables, como hemos visto. Pero esto nunca se pudo realizar. No se quería realizar. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, como veremos, lo intentó, se reunió con Alberto Pizango, el líder indígena, se instaló una comisión técnica para el efecto, pero fracasó porque AIDESEP insistió en la derogatoria total, llevando a su gente al despeñadero. ¡Y ha sido exculpado! En el Ejecutivo también se conformó una comisión multisectorial con presencia de AIDESEP y en varias ocasiones el propio presidente del Consejo de Ministros –Yehude Simon- solicitó que se precisara qué artículos había que modificar y de qué forma, a fin de proceder a hacerlo y resolver el problema, pero siempre la respuesta fue la derogatoria total o nada.

Con la ayuda incluso de la propia Defensoría del Pueblo, los decretos legislativos se habían convertido ya en un mito, en lo que hemos llamado el “mito expoliador”, que tuvo, a la postre, el terrible efecto letal que todos lamentamos.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus

Lampadia

Por Jaime de Althaus

Para Lampadia

Ha sido una pésima noticia el reciente fallo de la Sala Penal de Bagua que absolvió a 52 nativos de los cargos de asesinato de 12 policías ocurrido en la Curva del Diablo el 2 de junio del 2009, como parte de los enfrentamientos que derivaron en la muerte de 24 policías y 9 nativos conocido como el “baguazo”. Pésima noticia porque transmite el mensaje de la impunidad,  de que en nuestro país es posible inventar mitos expoliadores para movilizar irresponsablemente a las poblaciones con consecuencias fatales, y no pasa nada. De que es posible matar policías y no hay consecuencias penales.

Vergonzosa sentencia

Esta es una muy mala señal al inicio de un gobierno que podría tranquilamente fracasar jaqueado por movilizaciones basadas también en falsedades inventadas o en medias verdades que son peores que las mentiras porque son más difíciles de desmontar.

Porque eso fue lo que tuvimos en este caso. El “baguazo” fue el punto culminante de una larga movilización de comunidades nativas que fueron convencidas por ONGs, Obispos, antropólogos, periodistas, políticos y por sus propios dirigentes, de que el gobierno, digitado por las transnacionales de las industrias extractivas, había promulgado diez decretos legislativos para despojarlos de sus tierras y bosques. Y, por supuesto, ante tal amenaza, era lógico que las comunidades se pintaran la cara de rojo y se lanzaran a la guerra para defender sus posesiones.

Por eso, aquí no se trata de juzgar y castigar sólo a los que ejecutaron los disparos que cegaron la vida de doce policías. Hay que hacerlo, si es que existen las pruebas, sin dudas y sin miramientos culturales, porque ninguna cultura admite el asesinato. Pero también hay que identificar y juzgar a quienes inventaron y difundieron el mito expoliador de los decretos legislativos. ¿Se configura acá la modalidad de Autoría Mediata?

Es verdad que ese mito pudo alcanzar vuelo gracias a una historia de abusos, pérdidas y amenazas que las comunidades habían sufrido desde la época del caucho. Pero el mito debió tener una fuerza de atracción muy grande para  lograr el poder movilizador que tuvo, que llevó a que comunidades nativas, hasta ese entonces casi desconocidas o ignoradas, muchas en una economía paleolítica, pudieran doblegar al Estado obligándolo a derogar algunos de los decretos legislativos mencionados luego del saldo fatal de 24 policías muertos. Acaso el psicosocial más cruentamente eficaz de la historia contemporánea.

Las comunidades nativas de la selva se movilizaron, efectivamente, contra diez decretos legislativos[1] que fueron promulgados entre marzo y junio del 2008 al amparo de facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo con la finalidad de dar las leyes necesarias para adaptar la legislación a los estándares demandados por el tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y aprobado por el Congreso el 2006. El espíritu de esas leyes era conseguir una explotación sostenible y formalizada, controlable, de los recursos forestales de la selva, preservando los derechos de los nativos. Pero los nativos fueron persuadidos de lo contrario, de que la intención aviesa de las leyes era despojarlos de sus tierras y bosques.

Es cierto que uno de esos decretos legislativos contenía una disposición que podía eventualmente ser aprovechada para esos fines protervos, es decir, para adquirir tierras comunales. Era el 1015, dado el 19 mayo de 2008, que permitía a las comunidades campesinas y nativas de la Sierra y Selva vender sus tierras sólo con la aprobación de la mitad más uno de los miembros de la comunidad presentes en la asamblea, lo que, en la práctica, significaba que la comunidad podía enajenar sus tierras por decisión de una fracción pequeña de sus miembros, que podían haber sido comprados por alguna empresa capitalista. Pero resulta que este decreto legislativo ¡ya había sido ya derogado por el Congreso diez meses antes de Baguazo, en agosto del 2008!, y, por lo demás, tampoco era aplicable a los bosques de las comunidades porque éstos no son propiedad de las comunidades nativas sino de la nación, según la Carta Magna, de modo que las comunidades no podían venderlos.

No había, por lo tanto, razón. Los demás decretos legislativos eran inocuos. Nunca resultó claro, durante el debate público y mediático que se desarrolló los meses y semanas anteriores al baguazo, qué artículos o disposiciones de los famosos decretos legislativos pudieran afectar, en su aplicación, los derechos indígenas. Cuando se pedía que se precisara cuáles eran, se evadía la respuesta y se insistía en demandar la derogatoria de todos los decretos ya no por su contenido sino porque no habían sido consultados tal como lo exigía el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado peruano, convenio del que ni el Estado tenía mayor conciencia y que no había sido reglamentado y, por lo tanto, no podía ser aplicado.

No obstante, recién después de la tragedia aparecieron algunos intentos de señalar artículos potencialmente amenazantes en los decretos. El informe en minoría de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, firmado por Carmen Gómez Calleja y Jesús Manacés Valverde, señala que los decretos legislativos 994 y 1064 introdujeron un concepto ampliado de tierras eriazas destinadas a la inversión privada: ya no sólo las tierras improductivas por falta de agua, sino también las que tienen exceso de agua y no están tituladas, sugiriendo que por esta vía se pretendía despojar a las comunidades nativas de sus tierras. Pero si se revisa el decreto legislativo 994, vemos que, si bien dice que “son tierras eriazas con aptitud agrícola, las no explotadas por falta o exceso de agua” (Art. 3) (la misma definición está en el 1064), también precisa que está dirigido sólo a “promover la inversión privada en proyectos de irrigación de tierras eriazas con aptitud agrícola de propiedad del Estado” (Art. 2), excluye “aquellas sobre las que exista título de propiedad privada o comunal inscrito en los registros públicos” (3.2), y establece que “no se considera tierras eriazas con aptitud agrícola… las tierras forestales y aquellas con capacidad de uso mayor forestal” (3.3.e). De modo tal que si estas últimas, sean o no de propiedad comunal, no eran materia de concesión al sector privado para proyectos de irrigación, quedaban automáticamente a salvo gran parte de los territorios de las comunidades nativas.

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), en un documento publicado días después de los sucesos de Bagua, señala que en la Amazonía las tierras consideradas eriazas por exceso de agua, como los aguajales y zonas ribereñas donde se recolecta huevos de tortuga, sirven de sustento a las comunidades. Pero, francamente, es imposible imaginar que alguien quiera hacer una irrigación en un aguajal, de modo que el 994 no se aplica a esas tierras. Sólo se aplicaría, entonces, acaso, a aquellas tierras ya deforestadas y de uso agrícola –no forestal- y que, además, no estuviesen tituladas y fuesen aptas para ejecutarse en ellas proyectos de irrigación. Si las comunidades nativas poseen áreas que reúnen todas esas particulares condiciones, pues, sí, debió incluirse un artículo que precisara que en esos casos no podría haber adjudicación al sector privado mientras no culminara el proceso de titulación a la comunidad, o algo por el estilo. Con una frase se arreglaba el problema. Nadie del lado de los nativos quiso identificar la frase.

Pues, obviamente, el objetivo de ese decreto no era despojar de sus tierras a las comunidades nativas. Era fomentar proyectos de irrigación en tierras eriazas, la mayor parte de las cuales están en la Costa. Pero este decreto fue relacionado al 1090, la Ley Forestal y de Fauna, que establecía que “el cambio de uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre basado en un expediente técnico que principalmente garantice la sostenibilidad del ecosistema” (art. 25), de modo que la interpretación era: quienes quieran apoderarse de tierras comunales pues buscarán el cambio de uso para declararlas agrícolas y de esa manera solicitar su adjudicación para proyectos de irrigación. Esa era la supuesta estrategia del despojo.

La suspicacia podía tener sentido en un país en el que, con alguna frecuencia, las normas se han dado para favorecer intereses particulares. Pero aquí estamos en el supuesto negado de que existen tierras comunales no tituladas en la selva en las que se pueda realizar proyectos de irrigación. ¿Proyectos de irrigación en la selva? Aun admitiendo lo imposible, dicha atingencia se podía resolver también muy fácilmente, con una frase o un artículo. De hecho, el Congreso, atendiendo a este y otros asuntos, dictó, el 13 de enero del 2009, cinco meses antes del baguazo, la ley 29317, que introducía modificaciones a la ley Forestal contenida en el decreto 1090. Respecto de este punto, que era más sensible, dispuso lo siguiente:

“No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente. Dichos proyectos deben cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento” (art. 6).

Fuente: Exitosa

Es decir, la nueva redacción establecía garantías mucho más fuertes para el cambio de uso, que complicaban extremadamente la posibilidad de una arbitrariedad. Pero tampoco fue suficiente. La demanda maximalista de derogar todos los decretos legislativos se mantuvo.

Lo increíble, es que la propia Defensoría del Pueblo había cuestionado la constitucionalidad del mencionado decreto legislativo 1090, con argumentos discutibles y poco equilibrados, acaso ideológicamente sesgados, que legitimaron y dieron alas a las movilizaciones indígenas. Pero esto es algo que veremos en la próxima entrega.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus

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