Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

El destino del dinero que aportamos a los fondos obligatorios para nuestra jubilación debe ser decidido por nosotros mismos. Esto es algo elemental, es el derecho de cada uno a gozar del beneficio de su propio trabajo y esfuerzo. Sin embargo, lo elemental no es común para políticos, periodistas, académicos y algunos empresarios, que siempre encuentran la forma y la justificación para que sean “otros” y no los aportantes quienes decidan qué hacer con ese dinero.

En este afán de que otros decidan sobre lo que es suyo o mío (porque seguramente usted que lee también aporta a la ONP, a una AFP o al Régimen Militar Policial), han aparecido las famosas “comisiones”, normalmente de políticos y académicos para decidir sobre este tema. Otros decidiendo lo que es suyo.

La idea de encargar el destino de las pensiones de jubilación a una “comisión” no es exclusiva del Perú. Chile tuvo en el 2015 a la ecléctica Comisión Bravo. No es nueva (PPK creó la Comisión de Protección Social a inicios de su gobierno), ni es buena (Lampadia: 14.10.2020. Se viene un camello para el manejo de las pensiones). Es una práctica corriente, al punto que ahora, dos comisiones del Congreso se disputan el protagonismo en este tema: La Comisión de Economía que aprobó ayer otro retiro de fondos y la Comisión Especial que preside la congresista Carmen Omonte que plantea quitarnos una parte de nuestros aportes para entregarlos al Estado.

El problema de fondo que hay detrás de todo esto es que las “comisiones” olvidan lo elemental:

• El derecho inalienable de toda persona a gozar del beneficio de su propio trabajo y esfuerzo.
• “Nadie gasta mejor el dinero que uno mismo”. (Milton Friedman. Premio Nobel de Economía 1976).

En la Matriz del Gasto del pensamiento de Friedman hay cuatro modos de disponer el dinero. El más eficiente (I) es el que gasta su propio dinero en beneficio propio. El menos eficiente (IV) es el que gasta el dinero de otros, en beneficio de otros.

El destino de las pensiones debiera ser definido en el casillero (I) de esta matriz, como definimos el destino de nuestro sueldo después de impuestos, de nuestros ahorros, de nuestra herencia o de nuestro tiempo. A los políticos no les interesa ese cuadrante, allí no hay votos, aplausos, ni prebendas. A los políticos y a las comisiones que ellos conforman, les gusta que todos los recursos estén en el casillero (IV), donde ellos gastan el dinero de otros, en beneficio de otros, con la abierta posibilidad qué entre los otros, estén ellos mismos: los políticos. En el casillero (IV), el más ineficiente, donde no se ahorra en el gasto, ni se maximiza en el beneficio, están los gastos públicos del Estado, la seguridad social estatal y es donde las “comisiones” quieren llevar el destino de sus ahorros para las pensiones. Para lograrlo nos dicen que “ellos lo pueden hacer mejor que nosotros”. Que ellos lo deben hacer por el “bien común”. Que los políticos lo hacen para que seamos “solidarios”.

¡Solidaridad! ¡Cuántos abusos se cometen en tu nombre! Olvidando que la solidaridad es un acto libre que se estimula y alienta y no el pretexto para la confiscación del esfuerzo ajeno.

La Comisión Omonte del Congreso de la República, que deberá presentar su informe a inicios de noviembre ya anunció más de lo mismo:

• La estatización del sistema con el pretexto de un “Sistema Integrado” de tres pilares, en un lenguaje muy influenciado por las ideas de la Comisión Bravo. Estatización en el sentido de que el Estado será el amo, dueño y señor de su dinero, en mayor o menor medida según definan el debate y las encuestas, pero al fin y al cabo el Estado como protagonista.
• Su aporte ya no irá a su fondo (individual en la AFP o nominal /de reparto en la ONP).  Se partirá en dos fondos: uno suyo y otro común.
• Ese fondo común será manejado por una AFP estatal. Si, una AFP que manejarán los políticos. Ellos, los que están en las comisiones, que luego se reciclan y pasan del gobierno al congreso, de asesores a congresistas, de congresistas a asesores, de candidatos a funcionarios, de ministros a viceministros, de asesores a directores.  Otra vez los políticos llevando su dinero al casillo IV de la Matriz de Gastos.

En noviembre de 2017: Cuidado con las propuestas de las comisiones. Lampadia. ya se advirtió lo que venía y se mostró que las comisiones no enfrenten el problema en serio, que sólo buscan poner más dinero en manos del Estado. No se avanzado en nada de eso.

¿Qué hacer para recuperar el destino del producto de nuestro trabajo? ¿Esperar de manos cruzadas viendo que los políticos se llevan su dinero? Ciertamente No.  

Es tiempo de actuar. Aquí algunos caminos para comenzar a pensar:

Legales: La propiedad es inviolable, el ahorro está garantizado por el Estado y el acceso a las pensiones es libre según nuestra Constitución, hay que defenderlo utilizando los caminos constitucionales. Amparos, Acciones de Inconstitucionalidad y Medidas Cautelares en defensa de estos derechos deberán activarse ya, antes de que sea tarde.

Políticos:  La reforma previsional no puede ser decidida por “comisiones” sino por los ciudadanos. Los peruanos deben decidir el destino de sus fondos, el Referéndum puede ser el remedio frente a una iniciativa que se apropie de los ahorros previsionales. No votar por políticos que quieran pasar su dinero a manos del Estado también.

Lampadia

La semana pasada Lampadia organizó una conversación sobre el futuro del sistema de pensiones. Los invitados fueron: Luis Valdivieso, Presidente de la Asociación de Administradora de Fondo de Pensiones (AAFP) y ex Ministro de Economía, Richard Webb, Director del Instituto del Perú de la USMP y ex Presidente del Banco Central de Reserva y Juan Mendoza, director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico. Esta conversación fue conducida el Director de Lampadia, Pablo Bustamante, y su equipo, Pablo O’Brien.

En enero de este año, Lampadia propuso la alternativa de usar el IGV como un mecanismo para incorporar a los independientes al sistema. (Ver en L: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo)  La idea es que cuando uno compra, presenta un DNI o RUC que establece una identificación entre el IGV y quién pago. Los independientes podrían así canjear parte de los pagos de IGV de sus facturas y boletas, por aportes a sus cuentas individuales.

Conversación:

Webb principalmente expresó su opinión negativa en relación al sistema. Según él, el costo del 13% de aporte al año obligatorio descapitaliza a las personas, sobretodo a los empresarios independientes que llevan una vida que exige ahorro e inversión. El argumento de la seguridad social no es suficiente para obligar a los empleados a ahorrar, y un sistema como Pensión 65 es posible.  (Ver en Lampadia (L): Las AFP por Richard Webb)

El Presidente de AAFP,  Valdivieso, afirma que independientemente de que uno ahorre en un sistema obligatorio o no, todos enfrentamos dos problemas: el riesgo de longevidad, en el cual la capacidad de generación de ingresos va a ser menor al costo de vida, y la nuclearización de la familia, en la que el concepto de familia extendida va desapareciendo, y puede llegar hasta la individualización. Con estos dos puntos claros, se puede abordar el tema del ahorro obligatorio o voluntario, y de corto o largo plazo.

El beneficio de ahorro en un sistema que conjuga riesgos es que si se enfrentan conjuntamente se tiene más posibilidades de éxito. El sistema contributivo [similar al de la ONP] basado en la formalidad, en un país como este, puede no ser el mejor. Otro problema es que la esperanza de vida está aumentando, y esto significa que cada vez se va a vivir más tiempo después de la edad de jubilación, y son años que tienen que ser financiados durante la vida laboral.

Por otro lado, el catedrático de la Pacífico, opinó que no cree que existan argumentos sólidos para que haya un ahorro forzoso, y destaca que el sistema actual no está funcionando bien, con una cobertura de solo 25%. Esto se debe a la densidad de cotización ya que las personas no siempre aportan, dependiendo de si están en planilla o no. (Ver en L: Cobertura es principal problema del Sistema de AFP: Enfoquemos adecuadamente el debate.)

En el caso hipotético en el que se busque el ahorro, el problema es que se grava el salario formal. En un país con tanto empleo informal, el que se imponga el ahorro en este sector aumenta la pérdida de eficiencia y, por la manera que se ha planteado, crea barreras para formalizar. Además, la falta de liquidez en valor presente puede impedir la inversión en otras maneras de ahorro, como por ejemplo la educación o en vivienda.

Lo importante del momento actual es cómo hacemos para rescatar el sistema antes de que alguno de los muchos proyectos que pululan en el Congreso, vaya a terminar de destruirlo.

Una alternativa es fortalecer el sistema actual, creando incentivos para incorporar a los independientes, sin que sea obligatorio.

Más bien los sistemas contributivos, que se basan en la idea de que los jóvenes mantienen a los mayores, puede llegar a ser insostenible, como los modelos Ponzi. (Ver en L: Cuidado, no destruyamos las AFP, mejoremos el sistema) Lo que se está planteando, más bien, es que se financie con los impuestos existentes, como plantea Levy del BID (impuestos a la renta)  o como propone Lampadia (en base al IGV).

Mendoza, junto con un equipo de la Universidad del Pacífico, ha evaluado otra alternativa. Se plantea utilizar parte de los pagos por IGV con cuentas individuales. Uno compra y una fracción de los impuestos pagados van a una cuenta personal. Esto tiene el potencial de formalizar rápidamente, ya que atrae a los informales al darles un crédito cada vez que pagan IGV. Conceptualmente esto coincide con lo planteado por Lampadia.

Un problema con este sistema, como dice Webb, es que no llegaría a las zonas más pobres del país, en las que no se paga IGV. Para estos casos existe Pensión 65, que podría ser restringida para proteger a los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Efectivamente, es muy difícil lograr una solución universal. De lo que se trata es de ampliar la cobertura y lograr una mayor legitimización del sistema.

Al final de la importante conversación con Webb, Valdivieso y Mendoza, identificamos algunos objetivos mínimos:

• El sistema requiere mejoras
• Es imposible lograr una solución única y universal
• Lo prioritario es ampliar la cobertura en la población independiente en una proporción importante
• Con buenos incentivos para el sector independiente, no tendría que insistirse en la obligatoriedad de aportes
• Para los trabajadores independientes, un aporte que afecte sus ingresos disminuye sus posibilidades de capitalización y establece una fuerte barrera a la formalización
• La alternativa de usar parte de los pagos por IGV, puede ser efectiva para ampliar la cobertura, no gravar los ingresos, promover la formalización laboral y mejorar la recaudación del IGV
• Sería ideal eliminar el sistema Ponzi de la ONP, que ya representa un costo eventual de unos US$ 100,000 millones y que es muy injusto para quienes no logran aportar por 20 años (ellos pierden el íntegro de sus aportes)

Este tema debe ser tratado técnicamente y no con apremios políticos. Esperamos que esta conversación sea un aporte para una discusión seria sobre el futuro del sistema de pensiones en el Perú. Lampadia.

Ocho de cada diez trabajadores no aportan a ningún sistema previsional, con lo cual estarán desamparados al llegar a la edad de jubilación. El reciente debate mediático sobre nuestro sistema de pensiones no se ha centrado en el principal problema a resolver: la baja cobertura. Si bien el sistema es perfectible para mejorar el cálculo de las pensiones, incrementar la oferta de instrumentos previsionales y mejorar la competencia, no debemos olvidar que el objetivo finales garantizar una pensión digna al trabajador en su vejez, proporcional a su ahorro individual. 

En las últimas semanas se ha venido calentando el debate previsional en los medios a raíz de dos hechos: i) la publicación de una polémica tabla de mortalidad de la SBS (usada por las AFP) que se extiende hasta los 110 años de vida del afiliado para el cálculo de las pensiones; y, ii) el anuncio de que en el Congreso se presentará una iniciativa para derogar de forma definitiva el aporte de los trabajadores independientes menores de 40 años al sistema de pensiones, ya sea público (ONP) o privado (AFP), el cual fue suspendido hace un año por el parlamento, después de una reforma hecha a espaldas de los afiliados.

Sin embargo, el debate no se ha centrado adecuadamente en el principal problema: la baja cobertura. En efecto, el Ministro Castilla explicó que (más allá del programa asistencialista de Pensión 65) la brecha de la cobertura previsional es enorme: ocho de cada diez peruanos no aportan a sistema alguno, y por ende no recibirán una pensión al jubilarse. ¿Por qué es tan baja la cobertura? Porque el sistema no alcanza ni a los trabajadores independientes (35% de la PEA ocupada), ni a los informales (57% del empleo).

Pero el problema previsional tiene otras aristas. Así por ejemplo, junto al sistema privado de pensiones se ha mantenido vivo en el Perú un deficitario sistema nacional de pensiones (SNP), -el cual fue eliminado en Chile al crear el sistema de AFP-, el cual cubre a 3.6 millones de afiliados y otorga pensiones a 467 mil pensionistas a la fecha. Según un estudio del 2012 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) no pagará las pensiones del 65% de sus afiliados para el año 2015, al no acumular 20 años de aportes. Esto significa que más de 800,000 trabajadores estarían en riesgo de quedarse desamparados, y llegarían a un millón hacia el 2050. Estas personas, además, ni siquierarecibirían la devolución de sus aportes. De acuerdo al IPE, esto ya viene ocurriendo y “explica buena parte de los más de 300,000 juicios abiertos contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que administra el SNP”.

En este sentido, creemos que se requiere una reforma previsional, enfocada de manera integral, enplantear soluciones para extender la baja cobertura, la falta de pago a muchos afiliados, y el creciente déficit de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que cubre dos tercios de las pensiones de sus afiliados con recursos públicos.

De acuerdo a Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, “la evidencia empírica disponible señala que es muy difícil lograr que los independientes voluntariamente coticen de forma sistemática y permanente durante un largo plazo”.

Aun así, se debe mantener la obligación de que todo tipo de trabajadores independientes formen parte del sistema privado de pensiones (y no del público). De esta forma se evitarían las futuras: “Ley del Artista”, “Ley del Emolientero”, “Ley del Lustrabotas” yotros pedidos de pensiones de gracia al Estado. O pretender que con el programa asistencialista de “Pensión 65”, se puede resolver el problema.

En esta línea, el Gobierno acompañado por el presidente de las AFP, emprendió en el 2012 una reforma desenfocada y llena de graves  errores. Se estableció la obligación de retener aportes de los trabajadores independientes que cobren por recibo de honorarios (para aportar a las AFP o a la ONP), pero sin efectuar una verdadera campaña de información para explicar a los usuarios la importancia de ahorrar para la vejez ni las ventajas del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Además, se introdujo la comisión sobre el stock de los fondos administrados de forma obligatoria para los nuevos afiliados (y optativa para los actuales), buscando comisiones más competitivas, pero tampoco hubo información clara de las ventajas de cada modalidad de cobro. La reforma también buscó mayor competencia; sin embargo, se creó un monopolio temporal de tres años para una sola AFP.  Para colmo de males, esta reforma se elaboró en reuniones a puerta cerrada entre el MEF y la Asociación de AFP, sin hacer públicos los detalles ni involucrar a los afiliados y a los demás trabajadores para quienes se buscaba una mejor solución. El resultado fue la incertidumbre y la sospecha. Ante la resistencia de los trabajadores, en septiembre pasado se tuvo que postergar por un año la entrada de los independientes al sistema y ahora se amenaza con derogar de manera definitiva esta medida.

El Perú, con una población mayoritariamente joven, tiene una ventaja en cuanto a su estructura demográfica, por lo cual éste es un buen momento para realizar reformas orientadas a extender la cobertura previsional. En Lampadia, planteamos anteriormente la posibilidad de canjear parte del IGV gastado por cada trabajador por aportes a su fondo individual de pensiones (Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo). Este mecanismo combatiría la informalidad al poseer fuertes incentivos para la formalización, al mismo tiempo que estimularía una mayor recaudación; así, el Estado solo “devolvería” una porción del IGV en cuentas que cada nuevo afiliado mantenga en el SPP. Posteriormente el BID, ha planteado la creación de un impuesto nuevo para el financiamiento previsional (como incrementar en un punto el IGV), para que sea abonado a cuentas individuales (no se ha dado mayores detalles sobre su aplicación).

Estas son el tipo de alternativas que deberían ser estudiadas por el Gobierno, pues el objetivo es llegar a una cobertura universal. Lamentablemente, la asociación de AFP no ha reaccionado, solo ha defendido ingenuamente el cálculo de los 110 años. Tal vez los afiliados a las AFP necesiten su propia asociación. Lampadia

La reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP), aprobada a mediados del  2012 y emprendida con tropiezos en el 2013, lamentablemente no ha sido exitosa debido a tres aspectos clave: la escasaincorporación de los trabajadores independientes al sistema, el nuloestímulo para mayor competencia en el mercado de pensiones, y el haber dejado sin reformar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que hubiera permitido una transformación integral del sistema previsional.

El SPP, creado hace ya 20 años, ha sido uno de los desarrollos más importantes del modelo económico peruano nacido de la Constitución de 1993. Concretamente, ha permitido incrementar sustancialmente el ahorro nacional, proteger a los afiliados con un buen manejo y rentabilidad de sus aportes ymejorar las pensiones. Sin embargo, el sistema mantuvo al ineficiente Sistema Nacional de Pensiones y no logró incorporar a los trabajadores independientes.

En el 2012,el Gobierno emprendió una tibia reforma.Convocó una licitación para que una sola  AFP capteen forma exclusiva a los nuevos afiliados durante dos años, esto coincidió con el ingreso al mercado de una nueva AFP (Hábitat), que sin estar operativa ganó el concurso ofreciendo la menor comisión. El proceso tuvo serios errores: no efectuó una verdadera campaña de información para explicar a los usuarios los beneficios del SPP, ni la necesidad de ahorrar para la vejez; se introdujo la comisión sobre el stock de los fondos administrados de forma obligatoria para los nuevos afiliados, y optativa para los actuales, buscando comisiones más competitivas, pero tampoco hubo información clara de las ventajas de cada modalidad de cobro; adicionalmente, se estableció la obligación de retener aportes de los trabajadores independientes que cobren por recibo de honorarios. El resultado fue la incertidumbre.Para colmo de males, en septiembre se postergó la entrada de los trabajadores independientes al sistema.

Tamaños equívocos se explican en parte porque la elaboración de esta reforma se hizo a la antigua: una negociación a puerta cerrada entre el regulador (MEF) y el regulado (Asociación de AFPs), ministro y ex ministro de Economía.Al no hacer públicos los detalles ni involucrar a los actuales afiliados y a los demás trabajadores, para quienes se buscaba una mejor solución, el debate no se enriqueció con los aportes de estos. En estos tiempos no se deben manejar así las cosas.

La reforma debió estar orientada a otorgar cobertura previsional a los trabajadores independientes. Ese era el cambio más importante, porque precisamente uno de los principales defectos del sistema es que existe un porcentaje muy alto de trabajadores que no se encuentran afiliados a ningún sistema de pensiones, con lo cual están expuestos a una vejez desamparada que obliga a que al Estado, tarde o temprano, asuma dicha carga. 

En cuanto al SNP, según un estudiodel 2012 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este no le pagará pensiones al 65% de sus afiliados para el año 2015, al no cumplir con los 20 años mínimos de aporte. Esto significa que más de 800,000 trabajadores estarían en riesgo de quedarse sin jubilación,y llegarían a un millón hacia el 2050.Estas personas, no recibirían siquiera la devolución de sus aportes. De acuerdo al IPE, esto ya viene ocurriendo y “explica buena parte de los más de 300,000 juicios abiertos contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que administra el SNP”.

A este problema se suma otro más grave. El SNP está quebrado.El aporte de sus afiliados bajo el esquema de reparto colectivo no alcanza para cubrir las pensiones. El IPE explica que el valor actuarial de la deuda previsional  sería de aproximadamente 50% del PBI. De hecho entre 1974 y el 2003 el Estadotuvo que desembolsar US$ 37 mil millones de dólares (3,5 veces lo aportado por los afiliados) para cumplir con las obligaciones previsionales.

Peor aún, con la última reforma (y esta es una prueba palpable de su mal diseño y ejecución), el SNP viene creciendo más rápidamente que el SPP: sus afiliados aumentaron de 34 mil a 40 mil el 2013. 

IGV como aporte al Fondo de Pensiones

Para consolidar el éxito del SPP, es indispensable que este cubra a una gran parte de la población, incorporando a todos los trabajadores independientes. Una propuesta “disruptiva” para incluir a estosen el sistema sería la de implementar una medida que permita que los trabajadores puedan efectivizar parte de sus aportes a sus fondos individuales canjeando una parte de sus gastos en IGV (interno). Así todos entrarían, además, alabase tributaria.

La idea es que parte del IGV que hoy se evade, se convierta en aporte a los fondos de pensiones de los trabajadores. Así se crearía un gran incentivo de formalización, se combatiría  la informalidad y se estimularía una mayor recaudación. El Estado “devolvería” parte delos pagos por IGV efectuados por los trabajadores mediante depósitosenlas cuentasque cada nuevo afiliado mantenga en la AFP de su elección.

Actualmente, el Estado ya asume grandes costos por el tema previsional y por la evasión del IGV, el uso de parte de este tendría un costo nominal, pero el efectivo podría ser menor que el actual, con una mayor cobertura del sistema yla consiguiente formalización del trabajo. Lampadia