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Gestión del Estado

Gestión del Estado

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Para la correcta marcha, entendimiento y logro de resultados de cualquier organización, es esencial que se tenga claro, cuáles son los roles que le competen a cada institución de la misma. Que se tenga claro que el equipo que asuma la dirección y gestión, le plantee a su máximo organismo (Junta de accionistas o Congreso de la República, en representación del Pueblo), sus objetivos principales dentro del marco de su constitución, las metas anuales y proyectos a construir o ejecutar. Este marco regulatorio y plan de acción, son la piedra angular sobre la que se sustenta, no sólo el presupuesto anual, sino la ejecución de tareas y metas mensuales o trimestrales de avance de ejecución física y el reporte pormenorizado de la ejecución financiera, producto de estas tareas.

Los informes contables trimestrales y reportes pormenorizados de las principales actividades y obras de cualquier corporación listada en una bolsa de valores, están sujetos a revisión de auditores, los que, junto a sus acciones operativas, indicadores de eficiencia y avance de proyectos, con indicadores de seguridad y cumplimiento de metas parciales, físicas y financieras, se exponen al escrutinio de sus mandantes.

La Constitución del Perú, en su artículo 77°, da una gran importancia al Presupuesto General de la República, el 79° restringe la iniciativa de gasto a los congresistas, el 80° responsabiliza al MEF de sustentar el pliego de ingresos del presupuesto y a los demás ministros, de los egresos de su respectivo sector, igual que a los representantes de la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La Constitución es muy precisa respecto a los plazos para aprobar el presupuesto por el Congreso (30 de noviembre), caso contrario, el Ejecutivo aprueba por DL el proyecto que presentó. Igualmente indica, que la Cuenta General de la República, con informe de auditoría, se debe presentar al Congreso hasta el 15 de noviembre del año siguiente al de su ejecución, para su revisión, con un plazo de 90 días para pronunciarse (14 meses después de concluido el período presupuestal y que ya a nadie interesa), de forma que el Ejecutivo, promulgue el DL con dicha Cuenta General de la República, para el archivo, pero no se especifica que, el Ejecutivo, tiene la obligación de reportarnos el cumplimiento trimestral de las tareas a que se comprometió.

Como se puede observar, el propósito, los procedimientos y los plazos, son sumamente laxos y tienen más, un propósito burocrático, que uno de planeamiento, gerencia del Estado y de control de gestión. Mientras, los miembros del Ejecutivo se “van de alivio” y, para colmo, hacen campañas periodísticas en contra del Congreso por no producir leyes, como lo hizo Vizcarra en su momento, o la de estos días en el periódico “El Puka”, aliado del inefable ex PCM, olvidando que su jefe es “El Pueblo”, representado por el Congreso, cuyo objetivo central es fiscalizarlo y no funcionar como una fábrica de leyes.

Lo antes descrito, permite que tengamos ya prácticamente un trimestre, sin que alguien del Ejecutivo haya presentado un plan de trabajo pormenorizado, con metas precisas, con responsables identificados, tiempo de ejecución y presupuestos debidamente establecidos. No sólo eso, sino que, en ese lapso, el Ejecutivo “se dio un crédito suplementario de S/. 2,900 millones”, por DU y sin someterlo a la aprobación del Congreso, único responsable de tal acto y sin seguir las pautas del Consejo Fiscal.

Estando ya en octubre, tampoco hay propuestas claras para el año 2022, que detallen las tareas para completar y reforzar la vacunación, sin abandonar las otras responsabilidades sanitarias para con nuestra población, reactivar la inversión productiva e incrementar las oportunidades de trabajo decente, bien remunerado y acompañado de un adecuado plan de recuperación y fortalecimiento de las finanzas públicas. Hasta la fecha, ni una palabra del reinicio de proyectos de infraestructura paralizados, los que debieran completarse antes de iniciar obras nuevas y mucho menos, se trabaja en la convocatoria firme y seria a la inversión privada, que tanta falta nos hace.

Si los miembros del Ejecutivo fueran miembros de una empresa, ya todos hubieran sido debidamente despedidos por falta de capacidad, empezando por la cabeza.

Propongo que el gobierno se maneje con el mismo nivel de exigencia al que están sujetas las empresas serias:

  • Presentar anualmente un Plan estructurado.
  • Metas físicas y financieras cuantificables.
  • Presentación pública de estos planes y programas.
  • Revisión de auditoría trimestral.
  • Reporte público trimestral de cumplimiento y explicación de las desviaciones.
  • Adecuada gobernanza, control y sanción inmediata de faltas a la constitución como cambios en el presupuesto, sin la debida autorización.
  • Separación y sanción de funcionarios, ante conflicto de intereses.
  • Cierre anual de cuentas y reporte auditado al cierre de marzo de cada año.
  • Identificación de los responsables de la falta de cumplimiento e inmediata destitución.
  • La labor del Congreso debe estar centrada en la labor de fiscalización, tanto del gobierno central, como de los regionales y municipales.

No es posible que tengamos proyectos paralizados por varios años y que no se haya sancionado a los responsables, que el sistema de control a nivel nacional, no esté completamente en manos de la Contraloría y que ella no tenga capacidad sancionadora.

No es posible tampoco, que algunos miembros del Ejecutivo se hayan propuesto hacer creer a la población y trafiquen con la idea de que, su capacidad para hacer uso de la “cuestión de confianza” es ilimitada, yendo no sólo contra la lógica más elemental, puesto que no corresponde hacer “cuestión de confianza” sobre temas que no son de su incumbencia, como; cambios a la constitución o temas de responsabilidad exclusiva y excluyente de otros poderes. Se olvidan finalmente que, el Ejecutivo es el sujeto a fiscalización por parte de sus mandantes y no al revés.

Esto ya parece ¡los patos disparando a las escopetas! Lampadia




El Pos-extractivismo y Sus Narrativas (3 de 3)

El Pos-extractivismo y Sus Narrativas (3 de 3)

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para
Lampadia

Cada cierto tiempo, las organizaciones contrarias a la minería realizan publicaciones con títulos tales como “Mitos y Realidades de La Minería en el Perú”[1], “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras”[2],“Poder Político y Gobierno Minero”[3], o “¿Pagaron los Justo? Política Fiscal en los Tiempos del Boom Minero”[4]. Estas publicaciones son realizadas por organizaciones y autores tales como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Durand y Cooperacción.

Existe una prolífica producción intelectual por parte de individuos y organizaciones hostiles a la minería. Esto genera una pregunta respecto a si esta clase de publicaciones termina impactando de algún modo sobre la viabilidad, tanto del sector extractivo en general como de proyectos o en específicos. En este artículo describimos los canales de transmisión mediante los cuales estos estudios terminan impactando sobre la legitimidad del sector extractivo y la amplia superioridad desplegada por los pos-extractivistas en la generación de ideas y argumentos, así como en su comunicación.

La publicación de documentos, informes, manuales anti mineros y otros tipos de publicaciones, se repiten en todos los países donde los anti mineros encuentran financiamiento, que por lo general proviene de ONGs anti minería, así como de organismos de cooperación internacional, como hace la Unión Europea en el Perú.

Características y Uso

Una publicación que encuentre falencias o efectos negativos del sector extractivo, no necesariamente es una herramienta antiminera. Una publicación con un espíritu de crítica constructiva podría servir para ayudar al sector minero a superar sus deficiencias y avanzar en su desarrollo, pero ese no es el caso. Definimos como una publicación académica antiminera a aquellas que tienen entre sus mensajes principales, componentes centrales de la narrativa pos-extractivista. Esta narrativa está presente en la disputa por la legitimidad del sector extractivo tanto a nivel del sector en general como de empresas específicas.

La lucha por la legitimidad del sector extractivo se da en cuatro aspectos principales:

  • Efectos sobre el desarrollo del sector
  • Caracterización ética de las empresas
  • Independencia y confiabilidad de las instituciones públicas dedicadas al sector
  • Impactos medio ambientales

Como veremos cada uno de esos componentes ha sido atendido por el esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas.

Por un lado, tenemos aquellas publicaciones que minimizan el impacto fiscal de la minería y afirman que el sector enfrenta un sistema de amplios incentivos tributarios. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero”[5] es un claro ejemplo que esta clase de publicaciones. Estas publicaciones sirven para reducir la percepción positiva sobre el desarrollo atribuido al sector minero.

Hay publicaciones que apuntan a acusar a las empresas mineras de ser responsables de la violencia ocurrida durante los conflictos sociales. “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” es un documento en el que se sostiene que la policía en la zona de influencia de las empresas mineras se encuentra sometida a estas empresas. Este sometimiento lleva, según el documento, a permanentes abusos por parte de la policía contra la población movilizada contra la minería. El nivel de estos abusos llega ala ocurrencia de fatalidades entre la población local. Acusar a las empresas mineras de ser responsables de golpizas y muertes socava su caracterización ética. Otro documento como “El Oro No Brilla para Todos”[6] apunta en un sentido semejante al sostener que la minería tiene un rol promotor de la violación de derechos humanos en Cajamarca.

Siguiendo con los componentes de la legitimidad hay publicaciones como “Poder Político y Gobierno Minero” en el que se afirma que las empresas extractivas tienen sofisticados mecanismos de cooptación de las instituciones públicas que deberían fiscalizarlas. Si se considera que las instituciones que deberían controlar la minería se hallan controladas por el sector entonces las declaraciones del Estado y sus funcionarios respecto a controles e impactos ambientales no serán creíbles, como tampoco lo serán respecto a aporte tributario del sector, o sobre denuncias de abusos por parte de las mineras. Así buscan crear la percepción de que las instituciones del Estado ya no representan o velan por la población.

El componente del impacto medio ambiental, tampoco ha sido dejado de lado por los pos-extractivistas. La publicación “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú”[7]señala que existe una gobernanza opaca de los recursos hídricos en las zonas mineras en favor de las grandes empresas extractivas. 

Los estudios mencionados son solo una ligera fracción de la producción intelectual por parte de instituciones hostiles a la minería. Esta producción es prolífica, y tanto medios de comunicación como varias instituciones públicas y privadas les dan una gran importancia a las publicaciones de las ONG’s antimineras. La siguiente tabla nos muestra el número de publicaciones disponible en las páginas web de diversas organizaciones antimineras peruanas.

Estas publicaciones pueden ser ensayos breves, documentos de trabajo o libros. En su gran mayoría ellas son de libre descarga para los interesados y se les aplica el marco de “Creative Commons” en vez de los registros clásicos de propiedad intelectual, para que sean de libre distribución, y aumente así su lectoría.

Una vez que se han realizado estas publicaciones las mismas pasan por un proceso de difusión.  El objetivo es que las conclusiones o los principales mensajes de sus publicaciones lleguen a la opinión pública a través de diferentes medios, entre los cuales se encuentran:

  • Presentación de la publicación: esta puede darse en repetidas ocasiones y espacios geográficos. Es común la presentación dela publicación en Lima seguida de otras presentaciones en diversas ciudades del interior junto con un panel de intelectuales pos-extractivistas.
  • Generación y divulgación de contenidos derivados a través de redes sociales, tales como videos cortos de la presentación de las publicaciones, infografías, memes, etc.
  • Entrevistas en medios de comunicación locales y nacionales motivados por la publicación de documentos.
  • Artículos en medios de comunicaciones físicos y digitales referidos a la publicación.
  • Uso de las publicaciones como material de capacitación en la formación de nuevos activistas hostiles a la minería.

Implicancias Estratégicas

Es fácil considerar que estas publicaciones terminan siendo leídas y celebradas entre cerrados círculos de activistas pos-extractivistas y que sus efectos finales sobre los stake holders decisivos para la viabilidad de la minería sean limitados. Consideramos que, por el contrario, el sostenido esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas termina siendo un factor crítico para deslegitimar al sector extractivo en el largo plazo y a proyectos específicos en el mediano. Entre los efectos de estas publicaciones se encuentran:

  • Calificación de Voceros y de Instituciones: Estas publicaciones permiten presentar a organizaciones antimineras como expertas e investigadoras en los temas ambientales y sociales, y a legitimar los voceros de estas instituciones. Atienden las necesidades de quienes dirigen a los medios de comunicación de mostrar voces expertas para opinar respecto a la minería y a la conflictividad social ligada a ella. Las publicaciones posicionan a organizaciones antimineras y a sus voceros como referentes en estos temas. Por ejemplo, la presentación del documento “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” logró a una entrevista de 14 minutos a Ana Leyva directora de Cooperaccion en Radio Exitosa y a una de 7 minutos en Radio San Borja. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero” llevó a un artículo en un diario de negocios como Gestión titulado “Expertos demandan revisar beneficios tributarios a mineras” los “expertos” citados son pos-extrativistas que han obtenido ese título y el espacio mediático para la difusión de sus ideas gracias al estudio referido.
  • Generación de Discursos: En octubre del 2015 se dieron violentos enfrentamientos entre policías y comuneros en las inmediaciones del proyecto cuprífero “Las Bambas” en los cuales ocurrió el fallecimiento de un comunero. Estos sucesos pusieron los reflectores en la relación existente entre las empresas mineras y la policía. Algunos líderes de opinión y periodistas estuvieron expuestos a “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” como resultado de lo cual se difundió mensajes en el que se consideraba que la policía se hallaba sometida a algunas empresas mineras a partir de los Acuerdos de Cooperación firmados entre ambos.

La publicación de documentos brinda argumentos en el debate a nivel de líderes de opinión. Cuando existe algún evento, como lo puede ser un conflicto social, algunos líderes de opinión y periodistas sirven de repetidores ante el público en general de estos argumentos.

  • Municionamiento. Un conflicto político se da en múltiples escenarios.  El debate público se da a nivel de medios de comunicación, foros y eventos, y en el boca a boca. La legitimidad del sector extractivo se juega en estos diversos escenarios de manera simultánea. El tener una narrativa más efectiva es una ventaja estratégica en un conflicto político. La eficacia depende de la diversidad de argumentos disponibles, su capacidad para apoyarse en las creencias preexistentes, y en su capacidad para movilizar emociones. Las publicaciones antimineras son determinantes en la formación de la -muy efectiva- narrativa antiminera. Conceptos críticos para la conflictividad social tales como “Cabecera de Cuenca”, “Entrega de territorios a las concesiones mineras”, “Criminalización de la Protesta Social” se han originado en publicaciones antimineras.  Ellos poseen una cantidad muy numerosa de producción académica comparada con la producción de las instituciones que no son hostiles, y aún más preocupante si consideramos la cobertura mediática de dichos productos.

La legitimidad del sector extractivo se juega a largo plazo, y la batalla de ideas es determinante en ese desenlace. La producción intelectual de los antimineros es un activo estratégico en estas disputas, y permiten ir acumulándololas bases para el momento de la conflictividad social. El sector favorable a las industrias extractivas está abandonando un campo crítico para su viabilidad de largo al no fomentar un esfuerzo intelectual comparable al de sus rivales.  Lampadia

Ver  además en Lampadia:

El Pos-extractivismo y Sus Narrativas (1 de 3)

El Pos-extractivismo y Sus Narrativas (2 de 3)

[1] Disponible en: http://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/Mitos-pdf.pdf

[2] Disponible en: https://issuu.com/grufides/docs/policia_mercenaria_al_servicio_de_l

[3] Disponible en:http://extractivismo.com/wp-content/uploads/2016/07/DurandPoderPoliticoGobiernoMinero.pdf

[4] Disponible en: https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Pol%C3%ADtica%20fiscal%20peruana%20en%20tiempos%20del%20boom%20minero.pdf

[5] Disponible en: http://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2017/08/Recaudaci%C3%B3n-Fiscal-y-Beneficios-Tributarios-en-el-sector-minero.pdf

[6]Disponible en: http://www.grufides.org/sites/default/files//documentos/publicaciones/EL%20ORO%20NO%20BRILLA%20PARA%20TODOS%20%282%29.pdf

[7]Disponible en: http://cooperaccion.org.pe/main/images/derechos_colectivos/GOBERNANZAAGUA.pdf