Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Según el diccionario, prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, dé una disposición arbitraria a sabiendas de que tal resolución es injusta y/o contraria al texto expreso de la ley.

Por estos días la prevaricación se ha convertido en el delito más común entre nuestras autoridades de gobierno, la fiscalía, el poder judicial y el JNE, entre otros. Vemos cómo, según estimados de la Contraloría General de la República, la corrupción entre los gobiernos regionales, municipales y gobierno nacional, ha perjudicado al país por 22 mil millones de soles, en el año 2020. Tenemos regiones donde el impacto de la corrupción alcanza a más de 26% del presupuesto asignado, mientras que en los más “honestos”, este perjuicio alcanza al 11% del presupuesto.

“Gracias” a la paralización económica del 2020 y, con ella, la paralización de obras públicas (principal fuente de corrupción), nos han robado 1 mil millones de soles menos que en el 2019, en que la pérdida se estima en 23 mil millones de soles. Por supuesto que los departamentos con mayor corrupción, son aquellos donde hay mayor pobreza y/o cacicazgo político local y regional. Es curioso el caso de Puno, departamento que, para fines prácticos, se ha liberado de la carga tributaria y legislación laboral, lo que le permite una gran actividad comercial (contrabando), turística y productiva, pero de pequeñas y numerosas empresas locales que no pagan impuestos, lo que significa menor dependencia del gasto público y, en consecuencia, la pérdida por corrupción es de “sólo 8.6%”, la menor del Perú.

Según lo publicado por GESTIÓN, en el 2020 se encontró 6,698 funcionarios públicos responsables de faltas administrativas y delitos de corrupción causantes de esas pérdidas, pero lo trágico es que, si bien la Contraloría General de la República gestionó ante el Congreso la legislación que le permita sancionar a los funcionarios que sean encontrados responsables de tales actos y el Congreso aprobó la ley, el Ejecutivo la ha observado. Esto no hace más que retroalimentar el concepto de que, en el Estado se puede cometer faltas y delitos, pero nada pasará, puesto que no habrá una sanción inmediata (más de tres años), como consecuencia de los hallazgos de la gestión de la Contraloría y una acción de control “sin dientes”, no sirve para nada.

Por supuesto, este sentimiento “empodera” a los malos funcionarios para continuar tomando decisiones contra la ley, no sólo en obra pública, sino también en organismos reguladores y supervisores u otras entidades de la administración pública, cuyo impacto económico nadie mide. En esos casos, al “administrado” no le queda más que judicializar su reclamo y, aun teniendo la razón, el sistema judicial se lo reconocerá varios años después, cuando el daño a la economía del país ya no tiene remedio, ni se identificará al causante del daño.

Otro grupo de prevaricadores está en el JNE, ONPE y RENIEC, donde, tal como se ha observado en este proceso electoral, han actuado y resuelto contra la ley, al extremo de haber permitido que varios terroristas sentenciados y liberados lleguen al congreso, acumulando además cuando menos 45 actos de prevaricato que, al final están inclinando la balanza electoral en contra de la voluntad ciudadana.

El ejecutivo, además de haber obstruido la posibilidad sancionadora de la Contraloría, tiene también lo suyo, pues desde el año 2000, entre Valentín Paniagua y Diego García Sayán, indultaron por Resolución Suprema a por lo menos 34 terroristas sentenciados, que en los años posteriores se infiltraron en la administración del Estado y desde ahí han socavado las bases de todo lo positivo que se pudo realizar en la década de los 90s. Luego de dos décadas de destrucción de la educación pública, creación de trabas a la gestión pública y crecimiento de una burocracia parásita, hemos llegado a una situación de control del aparato del Estado y de la educación por parte de la izquierda.

En el sistema judicial, las cabezas del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, al igual que la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que acompañados de ciertas ONG y muchos representantes de la prensa, actúan con un evidente “doble racero”. Por ejemplo, en el caso de corrupción de los “Dinámicos del Centro”, a quienes la Fiscal Bonnie Bautista identificó ejecutando actos de corrupción en el GRJ, les encontró maletas de dinero, producto de tales actos y les acumuló varios miles de llamadas telefónicas que los incrimina, así como WhatsApp con coordinaciones ilegales respecto a la conducción en las mesas de votación, los han liberado. Lamentablemente, el Fiscal Superior Omar Tello, jefe de las Fiscalías Anticorrupción, con anuencia de la Fiscal de la Nación, pospuso el allanamiento y detención de 38 investigados por un lapso de dos semanas, dándoles tiempo suficiente para huir y desaparecer pruebas. No obstante, se encontró todo lo antes mencionado. Además, el juez superior de Junín, Ever Bello, quien tendría que ver con el caso de Vladimir Cerrón y sus secuaces, es amigo y ex asesor de Cerrón en el GRJ.

A las ONG (persecutoras de la corrupción “dizque”), que normalmente filtran toda información de sospechas de delito, en este caso les han comido la lengua los ratones y paralelamente, la jueza de Junín, July Baldeón, ha liberado a esa gavilla de delincuentes “por falta de elementos de convicción” para decretar una prisión preventiva de 36 meses, sin el más mínimo resuello de esas ONG.

Como se puede observar, podemos denominar al año 2021, el “año de los prevaricadores”. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Nunca se ha visto tan claro, que el gobierno de Vizcarra no se ocupó del tema de las vacunas para resolver el problema sanitario del Perú. Lo más probable, es que, con lo limitado de su mundo, no haya pensado en las múltiples opciones que la industria farmacéutica mundial le podía ofrecer, con posibilidades de éxito para el logro de vacunas eficaces, de laboratorios de primer nivel en el mundo y la conveniencia de lograr múltiples fuentes de abastecimiento de las mismas.

Con una típica mentalidad tercermundista, se acercó, principalmente, a Covax Facility, ONG orientada a apoyar a países en vías de desarrollo, pero no fue capaz de convocar y conectar con los principales laboratorios del mundo.

Tampoco fue capaz de convocar a los representantes de esos laboratorios en el Perú, ni de escuchar a quienes conocen de estos asuntos.

Es cierto que, para las cámaras, convocó al “Comando Vacuna”, pero ni Vizcarra, ni sus entonces ministros; Zamora primero y Mazzetti después, ambos burócratas de toda la vida, sin conocimiento de ese mundo globalizado, prestaron oídos ni se apoyaron debidamente en gente que, con la mejor voluntad del mundo y vocación de servicio al país, les hubiera resuelto el problema y abierto las puertas que ellos no conocían.

Más triste aún, cuando asume Sagasti, comete el mismo error, sigue apoyándose en la ministra Mazzetti, no deslinda con la incapaz gestión de Vizcarra y continúa la misma dinámica de no convocar y escuchar a los que saben algo más que ellos sobre este tema. Felizmente, Sagasti permitió apoyo logístico privado para plantas de oxígeno, suministro de oxígeno medicinal y aceptó, en aras de mayor rapidez, que el sector privado se ocupe de la logística y pago de la importación del primer lote de vacunas Sinopharm, desde China.

El problema de fondo es que, siguiendo el sentimiento de quienes jamás han gestionado nada en el sector privado, sino que han pasado la vida entre ONGs y entidades públicas o haciendo “consultorías”, ellos tienen un profundo recelo y resistencia respecto del sector empresarial. No entienden su dinámica, sus procesos y la necesidad fundamental de cumplir objetivos de calidad, tiempo y costos. ¡En el sector privado se paga por resultados!

Esta distancia y diferencia de óptica, los ha llevado también a impedir que el sector empresarial privado compre vacunas, maneje la logística del proceso de vacunación y lleguen al extremo de decir que, “no desean que el que tiene plata se vacune y que, el que no la tiene se quede sin vacunar”. Como si la diferencia entre el adinerado y el pobre, fueren a lo sumo 100 soles por las dos dosis de vacuna. Como resultado, en enero se anunció la compra de vacunas con arribo en febrero y ya estamos en abril, y hasta ahora, no tenemos un abastecimiento suficiente ni continuo de vacunas. En dos meses se ha aplicado vacunas a medio millón de personas, pero las dos dosis, sólo a 250 mil, mientras nuestro vecino Chile, ya pasó los 7 millones de vacunados.

Después de mucha insistencia y de haber negado, múltiples veces, el apoyo de las compañías aseguradoras y clínicas privadas para vacunar a sus afiliados, apareció como una sorpresa la noticia de que, el gobierno habría aceptado el apoyo de estas empresas, para que empiecen a vacunar a partir del 1 de abril. Todos los afiliados a seguros privados y clínicas, se alegraron pensando que el gobierno había reflexionado en aras de una vacunación más eficiente, menos aglomeración y mejor atención, pero no. Todo fue una “mecida”, el gobierno dispuso que esa disposición sólo sea válida para los que tengan únicamente seguro privado y ningún seguro adicional, tales como ESSALUD o SIS, sabiendo que, el 90% de los asegurados en EPS, son asegurados de ESSALUD.

Nuevamente la ideología los gana, pues ESSALUD y el SIS no tienen registros confiables y esto, también demora todo el proceso. Se ha reportado que, ESSALUD tiene un error de registro de 743,937 personas (7.7% de su población asegurada), lo que entorpece la vacunación. ¿Por qué no empezamos por la información más clara y fidedigna de las aseguradoras privadas? ¿Por qué no separar entonces a los afiliados de seguros privados y clínicas, utilizando para el resto de la población el registro de RENIEC, después de descontar los reportados de los seguros privados? ¿Es legal que a los ciudadanos se le impida el derecho a la vacuna por errores en las bases de datos de ESSALUD y SIS, en lugar de usar el registro de RENIEC? Total, todos debemos ser vacunados.

Como resultado, después de un año de “Estado de Emergencia Sanitaria”, tenemos reconocidos 52,000 fallecidos por COVID, pero más del doble según SINADEF y 1.54 millones de contagiados, pero por incapacidad burocrática, no contamos con oxígeno ni plantas de oxígeno, camas UCI, ni personal calificado en número suficiente para atender a una creciente población enferma y aún no tenemos un sistema de monitoreo y control sanitario, que permita confinar a la población contagiada. Hasta hoy, tampoco tenemos vacunas de calidad en cantidad suficiente, ni tenemos una logística de vacunación debidamente organizada (basta ver los videos de los ancianos de la PNP tratando de vacunarse en el hospital de Policía o asegurados, adultos mayores, haciendo cola de dos a tres horas, al sol y sin poderse vacunar).

El ofrecimiento de vacunación a los miembros de mesa de estas elecciones, ya quedó en nada e incluso, los ciudadanos que se prestaron para participar en el estudio Fase 3 de las vacunas chinas, pero que recibieron placebo, hoy están a su suerte y sin respuestas de nadie. El anuncio del Presidente, de contar con por lo menos 15 millones de vacunados para julio 2021, se redujo a 10 millones, más tarde a 5 millones y ahora, si Dios quiere y la Virgencita nos acompaña, a 3.5 millones.

En esencia, esto es una mezcla de incapacidad absoluta e indolencia que, con un manejo y lenguaje sibilino y edulcorado, ha llevado a la población a creer que las cosas progresan, sabiendo que no tienen soluciones a mano, ni en un plazo razonable. Las cosas así, ya pasaron de un nivel de negligencia a uno de comportamiento doloso, atentando contra los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos. Felizmente, tres abogados constitucionalistas reconocidos, han planteado una acción de amparo de garantías constitucionales, para permitir que los ciudadanos tengamos acceso de manera libre, pública o privada, a las vacunas requeridas.

Todo indica que, en una típica actitud burocrática, este gobierno viene esperando, con Sagasti vacunado antes de tiempo, que el próximo gobierno se haga del problema. A esto en inglés se le llama “procastinating” y en criollo se le llama “una mecida”.

¿Será por esta “calidad de gestión” que el Partido Morado tiene 1% y fracción en las encuestas de preferencia electoral a la fecha? Lampadia

Rafael Belaunde Aubry
Para Lampadia

Los vendedores ambulantes y los canillitas, los lustrabotas y los jardineros, los lavacarros callejeros y la mayoría de taxistas son informales, no delincuentes.  La informalidad es consecuencia de la falta de oportunidades laborales formales y esa carencia de oportunidades se deriva del “peaje” que el Estado impone para apropiarse de una porción de la riqueza generada por quienes aun no superan la economía de subsistencia. Por eso, a muchos marginados no les queda más remedio que enfrentar su infortunio cobijándose en la informalidad.

En regiones alejadas de los centros urbanos la minería informal es un refugio para desposeídos.

El informal minero, sin más capital que una lampa y un pico, una pequeña concesión minera y una enorme dosis de perseverancia, puede llegar a salir de la pobreza o incluso convertirse en empresario, para angustia de los recelosos de la movilización social. Por eso, los sectores emergentes informales siempre han sido satanizados por los conservadores…de privilegios.

Cuando las exigencias de la formalidad rebasan la lógica, cuando son arbitrarias e inalcanzables, la informalidad resulta legítima porque el derecho de los individuos a la supervivencia es superior a cualquier prerrogativa del Estado. Si lo que éste pretende es usar a la minería informal como chivo expiatorio para exorcizar los fantasmas que acosan a la formal tal vez logre desaparecerla, pero sólo a costa de mucho mayor exclusión.

Así como la naturaleza le mezquinó al Perú las grandes posibilidades agrícolas con que dotó a otros países, la providencia le asignó enormes recursos minerales que contrarrestan aquellas limitaciones. Las personas aprovechan los recursos mineros en la medida de sus posibilidades. Cuando se trata de grandes diseminaciones, mediante los tajos abiertos que implementan las grandes empresas. Cuando se trata de vetillas comparativamente insignificantes, mediante explotaciones artesanales.

La pequeña minería subterránea impacta mucho menos en el ambiente que la grande porque el valor intrínseco contenido en cada tonelada es muchísimo mayor en aquella que en ésta. Para que una tonelada sea aprovechable por un minero de socavón artesanal esta debe contener US$ 1,000 de mineral aprovechable. En la gran minería veinte veces menos es suficiente.

Argumentar contra el aprovechamiento de pequeños volúmenes altamente mineralizados es desaprovechar una oportunidad sólo atractiva para un minero artesanal y es una afrenta contra el derecho de los emergentes a ganarse la vida.

La minería aluvial es caso aparte. Su tremendo impacto no es producto de la informalidad sino de la incompetencia del Estado que, luego de haberla promovido, ni siquiera fiscaliza adecuadamente el uso del mercurio. Incluso prohíbe el dragado de lechos auríferos, lo cual implica un fomento tácito a la deforestación. Países del primer mundo con los Estados Unidos o Canadá permiten la minería aluvial adecuadamente fiscalizada.

En síntesis, el Estado debería comenzar por diferenciar depredadores de simples informales y a legislar pensando también en los humildes, no sólo en los poderosos. Eso implicaría:

1.- Reducir el tamaño mínimo de la concesión minera a 25 hectáreas (en lugar de las cien actuales).

2.- Simplificar los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental para hacerla compatible con los alcances de la explotación de que se trate. Si la actividad es subterránea, el mineral es procesado en plantas metalúrgicas formales, y si la actividad extractiva se desarrolla en lugares áridos o alejados de zonas agrícolas o urbanas, no tiene sentido exigir los costosísimos estudios con los que se agobia al minero.

3.- El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) debería ser una declaración jurada firmada por cualquier arqueólogo, no sólo por quienes figuran en la nómina mercantilista y onerosa de los privilegiados.        

4.- Eliminar el Certificado de Operación Minera (COM), o en su defecto, disponer que sea documento suficiente para ejercer actividad minera a pequeña escala, eliminándose entonces el permiso de inicio de actividades. Otra traba absurda es que el COM debe ser de exploración o de explotación, distingo absurdo para la problemática artesanal, pues en ese ámbito la exploración, el desarrollo y la explotación son actividades indiferenciadas.

5.- Prohibir el uso de cianuro y de mercurio fuera de plantas autorizadas, las mismas que deben necesariamente contar con sistema de retorta para el mercurio y depósitos de relave impermeabilizados tanto para el cianuro como para el mercurio.

6.- Flexibilizar la compra, el transporte, el almacenamiento y el uso de cantidades poco significativas de explosivos pues no se debe exigir a un minero artesanal transportar cantidades insignificantes en convoyes custodiados por la fuerza pública. Hoy existe un intenso tráfico ilegal de explosivos generado a la sombra de las trabas insalvables.

7.- Instalar plantas de procesamiento y/o facilitar su instalación en lugares estratégicos para servir y fiscalizar a la minería artesanal y para desincentivar el uso de quimbaletes que, salvo para fines de gravimetría, debiera quedar proscrito en un plazo prefijado.

8.- Reducir los límites del área protegida de las Líneas de Nazca a la pampa en donde efectivamente se encuentran las líneas, pues el área protegida incluye plantas de beneficio, aeropuerto, ciudades, etc. Así, en el área liberada las decenas de mineros ahora informales podrían formalizarse.

Es oportuno indicar que la reserva de las Líneas de Nazca ocupa más área que la comprendida entre Ancón y Pucusana, y entre La Punta y Chosica. Es decir, un área mayor que la de las provincias de Lima y Callao juntas. Las líneas en sí ocupan un fragmento minúsculo de la reserva y no han sido siquiera cercadas por el ministerio de cultura.

De haberse aplicado similar criterio en torno al cerro Baúl en Moquegua o a la Cueva de Toquepala (importantes sitios arqueológicos) esa mina, Cuajone, Quellaveco y los Calatos estarían dentro de área protegida y serían inviables. El trato diferenciado entre Moquegua y Nazca es una clara muestra de la discriminación contra los emergentes.  

9.- Crea áreas de reserva en Puno (en torno a La Rinconada), en la zona de Chala, Rio Ocoña, y en las otras zonas de concentración de informales, en base a las áreas que reviertan al Estado. Dichas áreas se pondrían a disposición de mineros artesanales carentes de titularidad minera formal, los que serían reubicados, empadronados, y debidamente fiscalizados y asesorados por el INGEMMET.

10.- Crear un sistema de concesiones particular para el llano amazónico a efectos de reducir aun más la extensión mínima de la concesión a 10 hectáreas, incrementando el DV a US$ 20 por hectárea por año en la amazonia. Esto se justifica debido a que el impacto minero en los depósitos aluviales en zonas profusamente vegetadas es muy superior al causado por las explotaciones subterráneas en zonas áridas y poco propicias para la agricultura. Ese Derecho de Vigencia serviría para crear un fondo destinado a la reforestación.

11.- Adecuar las multas por incumplimiento de obligaciones burocráticas como la Declaración Anual Consolidada, (DAC), a niveles no confiscatorios y fijar plazo razonable de prescripción (1 o 2 años) para los procesos de fiscalización. La actual espada de Damocles es un instrumento de amenaza y extorsión de burócratas inescrupulosos y muchos fiscalizadores pierden tiempo analizando incumplimientos antiguos respecto a concesiones abandonadas hace años y en las que nunca se realizó actividad extractiva o exploratoria.

A efectos de cumplir con el precepto constitucional que estipula que el Estado protege a la pequeña minería, deben modificarse las absurdas legislaciones de menor jerarquía que la desincentivan. Hay que entender que la función del Estado es servir a la sociedad, no a la burocracia dirigista ni a las ONGs que responden a designios foráneos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ya Lenin, hace cerca de 120 años, acuñó la frase: “Salvo el poder, todo es ilusión” y esta expresión de consigna se ha repetido constantemente en todos los movimientos de izquierda del mundo. Con esa idea fija, los líderes de esos movimientos de izquierda han apelado a todas las estrategias posibles, desde las revoluciones armadas sangrientas con millones de muertos a cuestas, pasando por las acciones terroristas salvajes y cobardes, como las que sufrimos por años en el Perú, hasta la infiltración y captura del Estado, como la que también se está pretendiendo.

Cuando se capturó a Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992, este se refirió a que eso era “sólo un recodo en el camino”, pero que seguirían avanzando. Y es cierto, toda la izquierda, desde la extrema hasta la más moderada, cambió su estrategia, crearon organizaciones con nombres diferentes y optaron por capturar al Estado.

La constitución del Foro de São Paulo, fue una reacción inmediata de las fuerzas de izquierda, desde la radical hasta la moderada, ante la caída del Muro de Berlín. Hoy en día esas fuerzas de izquierda gustan decir que, el Foro de São Paulo es un “Think Tank”, pero lo cierto es que en la historia se aprecia que es una organización constituida como instrumento para desestabilizar las democracias de los países de la región, baste observar cómo Lula da Silva la usó para infiltrar, corromper y debilitar las democracias.

El primer paso, fue identificar y captar las fuentes de financiamiento que les permita llevar adelante este proyecto de largo plazo. Para esto, recurrieron a los cocaleros y traficantes de drogas, los que han incrementado en 80% el área cultivada (hoy 72 mil ha) en los últimos 20 años (aunque según DEVIDA son menos de 50 mil ha). Igualmente, la minería ilegal de oro, aquella que, a pesar que destruye el medio ambiente y no cumple con ninguna ley, sea esta laboral, de seguridad, sanitaria o tributaria, exporta de contrabando y genera dinero negro por entre US$800 y US$1,200 millones anuales. La tala ilegal, así como el contrabando ampliamente conocido en las fronteras norte y sur, con la emblemática “culebra” (pero que para algún gobernante sólo era “un poquito de contrabando”). Otra fuente es el tráfico de terrenos, actividad alimentada por un constante movimiento de invasiones, que luego de años de posesión se titulan, pero generan un movimiento ilegal e importante de dinero y un crecimiento desordenado y caótico de las ciudades, causando malestar social. El negocio de las universidades y colegios de ínfima calidad, pero de grandes movimientos de dinero en efectivo, libre de impuestos y sin control. Otro tanto se puede decir de los sindicatos y sus aportaciones forzosas, baste considerar los 548 mil maestros y sus aportes a la Derrama Magisterial. Estos recursos, hasta hoy manejados por el SUTEP de Patria Roja, se han convertido en presa apetitosa para el MOVADEF, quien está pugnando por infiltrarse y controlar.

Este importante flujo de fondos, del orden de los 15 a 20 mil millones de soles anuales (dependiendo de la cotización de la coca, el oro, así como de los riesgos políticos por la tala ilegal e invasión de terrenos), que además recibe “seguridad” para protegerlos de las autoridades, es el detonante de toda una cadena de  actividades comerciales,  industrial y de transporte, que se maneja al margen de la ley y que sustenta al proyecto antes mencionado.

La captura del Estado, se gesta siguiendo varias líneas de acción y en varios dominios. El primero, es el educativo, en el que una población mayoritaria y dominante de maestros de izquierda, del SUTEP, los conductores de las UGELES, así como con una fuerte penetración en todos los estamentos del ministerio de educación.  Esta acción les ha permitido construir todo un esquema, que destruye y ridiculiza los pilares de la educación escolar tradicional, debilita la formación matemática, de lenguaje, de historia y valores, con sentido de pertenencia nacional. A cambio, han incorporado una narrativa con historia reciente sesgada a favor de los terroristas y en contra de las fuerzas del orden que nos defendieron, entre otras. Esa población joven, llega a las universidades y escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con una debilidad en valores que, no se inculcó en casa por ausencia de los padres (ambos trabajan) y se les adecuó y moldeó de acuerdo a los intereses del proyecto de la izquierda.

Las actividades económicas mencionadas, con gran manejo de recursos ilegales y en efectivo, para no dejar rastro, han permitido penetrar al Estado, mediante elecciones financiadas por esa actividad ilegal, en los 1870 municipios provinciales y distritales, así como en los 25 gobiernos regionales. Estos gobiernos locales han forjado su propio “reino” y fuente de ingresos, cuando cobran los impuestos y contribuciones municipales, pues la mayoría no lo hace mediante cuentas del Banco de la Nación, sino en ventanilla de la municipalidad. Manipulan y distorsionan a su antojo, la determinación de los impuestos prediales y arbitrios municipales y extorsionan con aplicación de multas bajo pena de clausura de locales. Tienen un poder casi omnímodo para la extorsión a individuos y empresas y con esa fuente corrupta de ingresos, fortalecen su poder político local y su propio patrimonio.

Bajo el argumento de la regionalización y descentralización, el gobierno central se ha desentendido de la gestión eficiente de recursos, compras centralizadas y desarrollo de proyectos de inversión pública. Efectúa una constante transferencia de fondos para diferentes fines, pero que al final se han traducido en un robo permanente de recursos, evidenciada en malas compras, malas inversiones y hasta robo de alimentos que debieron canalizar a las poblaciones más necesitadas. El Estado ha atomizado el manejo administrativo y logístico, incrementando las ineficiencias y ampliando las oportunidades y facilidades de robo.

Las “fuerzas económicas descentralizadas”, generadas como producto de esta actividad económica ilegal, han sido capaces de pagar campañas electorales locales que, durante los últimos procesos electorales, ha llevado al congreso una multitud de individuos conectados a esas fuerzas ilegales y delictivas, que vienen destruyendo la seriedad e imagen del Congreso de la República. Y lejos de velar por la legalidad y constitucionalidad de las propuestas de ley, imponen proyectos que conducen al mayor debilitamiento del Estado.

Las ONGs de izquierda, en particular aquellas con conexiones internacionales, son una fuerza interesada en la captura del Estado. Aprovechan el tremendo poder económico que hay tras ellas para imponerse. Estas hacen grandes inversiones para capturar al poder ejecutivo, al sistema judicial (jueces, fiscales, academia de la magistratura, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia), infiltran el poder legislativo y siempre logran estar muy convocados por la prensa. Estas ONGs internacionales, actúan con sus asociadas locales con una gran opacidad, pero con gran poder. Inyectan recursos a ONGs locales, libres de impuestos, los registros de APCI, entidad que debiera monitorear y ofrecer información transparente de; los ingresos, sus fuentes y usos, los proyectos en que se aplicarán los recursos y el cierre contable financiero de los dineros recibidos, cómo se gastaron, a quién se pagó y en qué se gastó finalmente, son información casi imposible de acceder.

Es claro que los grandes intereses económicos internacionales, que invierten en ellas, están protegiendo sus inversiones ya establecidas alrededor del mundo y eventualmente algunas insospechadas a nivel nacional. Propugnan normas de aparente “protección social y ambiental”, para constituir barreras al desarrollo de ciertos proyectos.

Las acciones más usadas por las ONGs son; el financiamiento de actividades de movilización y protesta popular en los lugares donde se pueda desarrollar proyectos, normalmente ligados a la industria extractiva, para así proteger sus intereses de la misma actividad en otros países, donde han realizado inversión previa o de productos sustitutos. Una forma muy usada, es infiltrar el sistema judicial, mediante el otorgamiento de becas de estudios superiores o de posgrado a jueces y fiscales en formación, con lo que “adquieren” jueces y fiscales incondicionales, que más adelante les “filtrarán” información reservada. Establecerán también vínculos de doble vía, que les permite consultas directas de; cómo conducir un proceso y cómo incorporar teorías o doctrinas conducentes a lograr una sentencia predefinida, incluso antes del proceso.

Otro tanto ocurre en el poder ejecutivo, donde infiltran funcionarios de segundo nivel; directores o directores generales de ministerios o incluso viceministros y ministros. Un mecanismo utilizado por las ONGs, sin ninguna vergüenza es el de puertas giratorias, pasando funcionarios de las ONGs a algún ministerio, para que luego vuelvan a su ONG de origen y más tarde recalar en otro ministerio. Tenemos múltiples ejemplos de funcionarios de ONGs que fueron incorporados al Estado para endurecer la aplicación de ciertas reglas y entorpecer ciertas actividades. Esta es una actividad muy frecuente en el Perú, agregando que estas ONGs tienen una importante relación, influencia y fuente de ingresos en la contratación de consultorías con estos ministerios. Es por eso que, en el Presupuesto de la República, la partida más creciente y difícil de reducir, es el de las consultorías.

No se puede dejar de mencionar que, los organismos multilaterales tienen como costumbre recompensar a los ex ministros que les aceptaron contratos de consultoría, la mayoría de estas financiadas por los propios organismos multilaterales, mediante su posterior contratación como burócratas internacionales. Esto, además de generarles un beneficio económico, acrecienta su prestigio y amplía sus hojas de vida. Algo similar ocurre con los catedráticos universitarios, quienes bajo el nombre de la entidad correspondiente de la casa de estudios, efectúan consultorías conducentes a justificar algunos proyectos de inversión pública. En muchos casos, se ha producido el mecanismo de las puertas giratorias, pues conducen el estudio, luego se incorporan a los más altos niveles del ejecutivo, para después volver a la academia.

Independientemente del creciente número de burócratas en el aparato del Estado, el que se ha multiplicado por 10 durante los últimos 20 años, impresiona que el robo a nuestro aparato estatal, detectado por la Contraloría General de la República para el año 2019, alcance a más de 23 mil millones de soles y aquí no pase nada. El Sr. Vizcarra solo sigue alimentando el robo, transfiriendo más y más fondos. Por su lado, la prensa parece adormecida y no investiga, no denuncia y silencia lo que resulta incómodo al gobierno, mientras resalta aquello que sirva de cortina de humo a tanta ineficiencia y robo.

Lo cierto es que, la izquierda está trabajando intensamente en debilitar al Perú, sus instituciones y valores. Tienen una altísima tolerancia a toda actividad informal, pues eso les permite una alta aceptación popular. Detestan y combaten por todos los medios a su alcance la universalización de las reglas económicas, empresariales y tributarias, al igual que la estabilidad de las mismas, lo que maximizaría la transparencia en la aplicación de esas reglas, así como la confianza de los inversionistas en nuestro país.

Esos movimientos de izquierda, se juntan con los movimientos populistas de cualquier vertiente para tratar por todos los medios de modificar inopinadamente, la legislación y las reglas empresariales. Por eso buscan cambiar la Constitución, en particular el capítulo económico. Si pudieran eliminar los tratados de libre comercio, no dudarían en desaparecerlos. “No entienden” que los reglas comerciales y tributarias en el siglo XXI, son básicamente universales, tanto la carga tributaria, como la interpretación y aplicación de las normas. Claro que, si lo aceptaran, destruirían su narrativa respecto a las “empresas corruptas” y la elusión de impuestos, entre otras.

En esencia, ¿qué mejor transparencia en el manejo de las reglas económicas, que la que se ha universalizado entre los países y economías más destacadas del mundo, donde se ha generado amplia jurisprudencia?

El sueño dorado de la izquierda, es emular lo que Lula da Silva y Dilma Rouseff fueron capaces de ejecutar con el “Partido de los Trabajadores” (PT), controlar importantes y millonarias empresas públicas, organizar y controlar una “red de corrupción empresarial”, que buscaba infiltrar a todos los gobiernos latinoamericanos (y lo logró), financiando a los candidatos de su preferencia, para establecer y extender una red política muy corrupta, bajo un ropaje “empresarial”. Por esta razón, la izquierda evita por todos los medios a su alcance, la constitución de una burocracia fuerte y consolidada, sustentada en una carrera pública meritocrática y transparente (como el BCRP).

Ciertamente, la izquierda ha desarrollado la narrativa adecuada desde la academia, se ha mostrado como impoluta, dicen que son “la reserva moral de la sociedad” (veamos si no los casos de corrupción de funcionarios que siguen en investigación) y pretenden que pueden juzgar a “todas y todos”, porque nunca se han mezclado con la corrupción empresarial.

Pero lo descrito, muestra a las claras que sus intereses ideológicos, están íntimamente ligados a los intereses crematísticos y quieren tener un poder hegemónico universal.

Por eso, la izquierda grita o murmura que: ¡Salvo el poder, todo es ilusión! Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Con la decisión de suspender la licencia de construcción de Tía María, el gobierno ha prácticamente anulado la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado en el corto plazo (1 a 3 años) y ha hecho muy difícil que pueda hacerse en los próximos 5 años. Las pérdidas económicas para la población, para la economía del país, para los ingresos del estado (impuestos, canon y regalía) y para la empresa son muy grandes y el costo social de esa paralización en términos de pobreza no debe ser subestimado.

El propósito de este escrito es la visibilizar algunas lecciones que puedan ser útiles en los tiempos que se vienen, pero antes de entrar en el tema central quisiera hacer explícita una idea: las empresas mineras no son organizaciones políticas, ellas son entes económicos. Sin embargo, sus actividades son objeto de disputas sociales, políticas y hasta ideológicas. Mientras las empresas no entiendan esos conflictos en su integralidad, tendrán muchas dificultades para concebir formas efectivas de evitarlos o, por lo menos, reducirlos.

Esta es una historia que se repite. El proyecto Tía María ya fue bloqueado antes en el 2009, 2011 y 2015. Además, éste no es el primer proyecto minero a ser bloqueado en Perú. Antes fueron bloqueados Tambo Grande el 2003, Quilish el 2004, Río Blanco el 2009, Santa Ana el 2011, Conga el 2012 y Cañariaco el 2013. Para citar algunos. Y ahora, Tía María ha sido bloqueado por cuarta vez.

Existe un paquete de metodologías de conflicto que se aplica en Perú y América Latina hace dos décadas por lo menos. Los grupos y ONG hostiles a la minería las tienen documentadas y sistematizadas en un sinnúmero de talleres, encuentros internacionales, libros, videos y artículos académicos. Es lamentable, pero las empresas mineras con sus enfoques de gestión social no logran asimilarlas ni menos neutralizarlas. Las empresas tienen parte de la responsabilidad en los desenlaces negativos, pero sería injusto responsabilizar exclusivamente a ellas, pues hay varios otros actores en ese juego que no cumplen con las responsabilidades que les corresponden. Sin embargo, las empresas mineras que estén interesadas en poner en marcha nuevos proyectos deberían evaluar sus teorías sobre la conflictividad social, y la experiencia Tía María debería servir de elemento de reflexión.

Como lo explicaba Sun Tzu 15 siglos atrás: el ejército victorioso gana la batalla antes de entrar en combate, mientras el ejército derrotado entra en combate con la esperanza de ganar la batalla. Es decir, una vez que se desencadenan los conflictos, las partes despliegan sus factores. En esos momentos se evidencia quienes han entendido bien la naturaleza del conflicto y han sabido prepararse para la nueva situación. Si las empresas no han construido las condiciones y los instrumentos necesarios para manejar las dinámicas del conflicto, lo que los analistas van a escribir después es una suerte de “crónica de una muerte anunciada”.

No es una cuestión de recursos económicos, pues las empresas mineras son solventes. Es una cuestión de entendimiento, de conceptos y de marcos interpretativos. Es una deficiencia de carácter cognitivo. Lamentablemente, las teorías que muchas empresas mineras utilizan en su gestión social no responden a la realidad social y política de los conflictos en países de desarrollo medio como el Perú. Lo que predomina en muchas empresas mineras son simplificaciones o enfoques parciales que no iluminan algunas de las dinámicas críticas para evitar que los conflictos se transformen en una tragedia económica y social.

Un primer principio, que no deberían subestimar, es que los gobernantes valoran mucho su popularidad. Ello significa que su decisión a defender el desarrollo minero no es infinita. Si creen que un conflicto está afectando su popularidad o está poniendo en riesgo alguno de sus intereses políticos, ellos optan por relegar o por abandonar el proyecto y proteger sus intereses. El presidente Humala lo hizo con Conga el 2012 y ahora la historia se repite con Tía María. Claro que hay grandes diferencias entre los gobernantes, en sus niveles de compromiso con el desarrollo minero de su país. Algunos están dispuestos a defender el desarrollo minero y fracasan porque no saben como hacerlo, pero hay gobernantes que solo se preocupan por los números de las últimas encuestas. Sería bueno que las empresas mineras, cuando diseñen sus estrategias, tengan claridad sobre esta realidad política y aprendan como manejarla.

Hasta donde hemos logrado conocer, creemos que Southern hizo un buen trabajo de esclarecimiento en la población de Islay, pero las organizaciones sociales y las representaciones políticas locales han quedado bajo la influencia de grupos y políticos hostiles a la minería. Ello es importante porque los conflictos mineros no son solo sociales, son también políticos e ideológicos. Southern tampoco ha puesto suficiente preparación en la formación de voceros nacionales y locales que pudieran ofrecer a la opinión pública una narrativa clara sobre el proyecto y el desarrollo local, permitiendo que las narrativas hostiles a la minería ganaran espacio en el pensamiento de las personas.

A partir del momento en que el gobierno emitió la autorización de construcción, en julio, se desencadenó un conflicto político, liderado por los alcaldes distritales y provinciales, el gobernador, los congresistas y los grupos anti-sistema, contando para ello con el soporte de las organizaciones sociales que ellos controlaban. Los voceros favorables al proyecto fueron acallados (local y nacionalmente) mediante la coacción o la presión moral, posibilitando que la población fuera bombardeada por mensajes orientados a promover el temor al proyecto y a justificar el conflicto.

El gobierno ha retrocedido utilizando la figura del Consejo de Minería, un órgano técnico, dependiente del Ministro de Energía y Minas, encargándolo de resolver un conflicto eminentemente político. Es poco creíble que la decisión de dicho Consejo no sea parte de las decisiones políticas que el gobierno ya tomó previamente, especialmente después de los audios en que el presidente de la República comunica a los líderes del conflicto que ya tiene la decisión de bloquear el proyecto y pide que ellos le ayuden a generar los argumentos para justificarla.

En esta fase final del conflicto ya es posible visualizar algunas de sus consecuencias.

1. El proyecto Tía María está prácticamente bloqueado por meses o tal vez por años.
2. La imagen de la minería ha sido dañada en la opinión pública, especialmente en el sur del país, confundiendo a la población acerca de su rol como motor del crecimiento económico y del progreso social.
3. Los grupos radicales y líderes populistas se han fortalecido y legitimado.
4. La confianza de los grandes inversionistas en del Perú como país minero se ha deteriorado, perdiendo prioridad frente a otros destinos de inversión.
5. La credibilidad del presidente de la república ha sido muy perjudicada por su involucramiento en negociaciones anormales en contra del proyecto, además de proyectar una imagen de incapacidad para resolver bien el conflicto social.

Es preocupante que el propio presidente de la República, atendiendo un pedido del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y de los otros gobernadores de la Macro Región Sur haya puesto el tema de la Nueva Ley de Minería en la agenda nacional, y lo haya hecho en un período prelectoral, poniendo en riesgo el marco normativo de la minería y creando condiciones favorables para que los discursos populistas se propaguen e influencien el debate sobre las futuras políticas públicas hacia dicho sector. Los grupos anti-mineros, y los populistas en general, tienen motivos para celebrar y agradecer esta decisión del presidente de la República.

Aunque el conflicto no ha terminado, es posible sacar algunas conclusiones:

1. Los conflictos ligados a la minería involucran intereses y actores políticos, más allá de las comunidades cercanas a las operaciones. Ellos son: alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, ministros y hasta presidentes de la república. Todos esos actores son parte del conflicto y las empresas mineras tienen que saber que cada uno de ellos tiene sus intereses y puede influenciar para bien o para mal el futuro de sus proyectos y operaciones.
2. Una vez iniciado el conflicto los grupos contrarios a los proyectos despliegan una intensa campaña propagandística generando desconcierto y temor en la población local y silenciando a quienes no estén de acuerdo con ellos. Las empresas mineras tienen que tener estrategias y mecanismos para lograr que sus mensajes lleguen al público en esos momentos y así tranquilizar a la población, y sostenerlo a lo largo de un proceso de tensión social y política.
3. En vez de aclarar a la población sobre la confiabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los roles de fiscalización que el Estado ejerce sobre la minería, algunos gobernantes se dedican a negociar sus intereses políticos y económicos en reuniones cerradas sin preocuparse por los costos que sus acuerdos tienen para la actividad minera, para la economía nacional, para el bienestar de la población y para los ingresos públicos (impuestos, canon, regalías, etc.). Cuando ello ocurre, como en el reciente caso de Tía María, la viabilidad de los proyectos mineros colapsa.
4. El gobierno tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía, y en especial a la población local, la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados y el rigor de la fiscalización que ejercitará sobre la actividad minera, para evitar que ocurran daños a la población, al ambiente y a la economía local y nacional. Esta garantía del Estado es indispensable para que la población se sienta tranquila y no sea presa de los discursos manipuladores de los grupos ideologizados. Si el gobierno no brinda esas garantías, estará induciendo a la población a razonar con el discurso de esos grupos. El gobierno tiene que luchar por la legitimidad de estas instituciones de control de la actividad minera ante los ojos de la población.
5. El gobierno también tiene la obligación de garantizar a todos los sectores de la población, y a los inversionistas, que hará valer el Estado de Derecho ante cualquier intento de uso de violencia y de intimidación por parte de quienes promueven los conflictos sociales. Los medios de comunicación deberían contribuir a un mayor equilibrio en el flujo de opiniones y evitar la parcialización y distorsión de la información que la población recibe.
6. Southern necesita entender que sus antecedentes no ayudan a que la población pueda confiar en sus compromisos. Si quiere recuperar la confianza que su antecesor desgastó a lo largo de décadas de descuido ambiental, ella tendrá que explicar a la población local y nacional cómo va evitar ahora que los anteriores problemas ambientales se repitan en el Valle de Tambo.
7. La población, de todos los sectores sociales, razona en base a sus creencias, y esas creencias cargan muchos mitos que carecen de cualquier sustento real. Por ejemplo: Una fracción importante de la población local, e incluso nacional, aún cree que Tía María va amenazar la disponibilidad de agua de los agricultores del Valle de Tambo, a pesar de que la mina va utilizar agua del mar, desalinizada. Sin entender los temores y razonamientos tácitos de la población en relación a la minería, es muy difícil que una empresa logre el clima de tranquilidad que un proyecto necesita para ser implementado.
8. Sin confianza no hay proyecto. La tranquilidad de la población local, su confianza en que el proyecto no va destruir sus recursos naturales y que la empresa va respetar sus compromisos, es crítica. La Empresa debe hacer todo lo que esté a su alcance para informar a la población y responder a sus temores y creencias. Ello requiere ir más allá de los requisitos legales de aprobación de los EIA, se necesita crear mecanismos de información y transparencia con la población y con los líderes de opinión local para que la población vea que la empresa realmente se preocupa con el ambiente y con los compromisos que asume ante la población. 
9. Si bien los gobernantes tienen que actuar como garantes, las empresas mineras no pueden confiar que ellos siempre van a defender las autorizaciones que emiten ni los proyectos que aprueban. Tía María es un ejemplo claro de cómo los gobernantes pueden dedicarse a la especulación política mientras un proyecto minero, legalmente aprobado, está siendo bloqueado. A estas alturas ya debería estar claro que el crecimiento económico no es una prioridad del actual gobierno. Así que la única garantía para que una empresa minera logre el ambiente necesario para implementar un proyecto es el buen manejo del entorno social, político y mediático.
10. Las empresas mineras necesitan saber que ellas no son suficientes para lograr la confianza de la población en el entorno de sus proyectos. A pesar de su gran escala financiera y su alta calidad tecnológica, las empresas mineras tienen vulnerabilidades. Ellas necesitan tener aliados (instituciones, profesionales, organizaciones, líderes, etc.), que sean confiables para la población, y que puedan dar fe de la seriedad de los compromisos de la empresa y de las instituciones públicas, y clarificar el beneficio social que la minería puede traer. Solo una coalición de actores sociales de escala regional, por lo menos, puede legitimar a la minería como factor de progreso sostenible. Las empresas mineras necesitan aprender a construir coaliciones sociales que apuestan su futuro con la minería.

El reciente escándalo de Oxfam es un aviso urgente para apreciar las limitaciones de muchas organizaciones benéficas, que por sus ‘fines altruistas’, se asumen poseedoras de la verdad absoluta y, en nombre de ella, pretenden imponer sus ideas de cualquier manera, incluso manipulando y mintiendo.

Muchas de estas ONG, como es el caso de Oxfam, tienen planteamientos ideológicos, de las ideas de las izquierdas que hace rato fueron superadas en sus países de origen, pero pretenden imponer en los países menos desarrollados. Por otro lado, como buena parte de sus soportes financieros vienen de entidades que representan la antítesis de esas ideas, se incrementa, aún más, esa falsa autoridad moral que detentan, que los lleva a caer en esa trampa moral de ‘el fin justifica los medios’.

En esta ocasión el comportamiento de personal de mando de Oxfam en Haití, y los intentos de ocultamiento de sus líderes, ha dejado a Oxfam completamente desnuda. Sus líderes han destruido sus halos morales, al ser acusados de tratar de ocultar el comportamiento de algunos de sus altos funcionarios desplegados en Haití después del devastador terremoto de 2010 que causó la muerte de entre 200,000 y 300,000 personas.

Sus trabajadores humanitarios, incluido el director nacional de Oxfam en ese momento, Roland van Hauwermeiren, fueron acusados de convertir una villa (utilizada por la organización) en un prostíbulo improvisado, con prostitutas que solo usaban polos de Oxfam, intimidar a los conductores que colaboraban con Oxfam a conseguir sexoservidoras y realizar “fiestas sexuales” en las casas donde se hospedaban los trabajadores del grupo.

Ahora, el escándalo sexual que envuelve las operaciones de Oxfam parece haberse extendido a sus tiendas benéficas en el Reino Unido. Una empleada, Helen Evans, dijo a Channel 4 News (del Reino Unido) que en el lapso de un mes su equipo recibió tres denuncias de abuso infantil en sus tiendas de retail. Luego salió también a la luz que había sucedido lo mismo en Chad en 2006 y que el mismo director, Roland van Hauwermeiren, estuvo a cargo de la misión en ambos países.

“Altos funcionarios de Oxfam pagaron por sexo, a los sobrevivientes de Haití”, The Times

Quizás lo más triste es que ésta no sea la única agencia benéfica donde sucede esto. En tan solo unos días, la noticia sobre Oxfam se ha convertido en un escándalo mucho mayor respecto a la explotación por parte de trabajadores humanitarios en muchas partes del mundo y de las organizaciones civiles y de gobierno que los han protegido. En el fin de semana, el Sunday Times de Londres también reportó que otros grupos humanitarios británicos habían hecho auditorías internas que mostraban que más de 120 trabajadores fueron acusados de abuso sexual en un solo año.

¿Qué pasará ahora?

La Secretaria de Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt, advirtió que Oxfam podría perder millones de libras en fondos públicos debido al escándalo. Oxfam recibió aproximadamente £ 32 millones (alrededor de US$ 44 millones) del gobierno británico el año pasado, según los registros públicos. En un comunicado, Mordaunt dijo que la organización se disculpó por “el comportamiento espantoso de algunos de sus empleados en Haití en 2011”. Por su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Oxfam, Penny Lawrence, renunció admitiendo que está “avergonzada” de que sucediera el escándalo de la prostitución bajo su supervisión.

Estas acciones punitivas no son suficientes. Recordemos quién es Oxfam. Es una de las organizaciones de ayuda más grandes y destacadas del Reino Unido, que opera programas de desarrollo en más de 90 países de todo el mundo. La agencia también ofrece asistencia a personas en todo el mundo después de emergencias y desastres.

Por lo tanto, el poder de Oxfam se basa en su capacidad para recaudar dinero mediante un vínculo de confianza, un vínculo respaldado por la suposición de que su personal está guiado por el altruismo.

Ya en anteriores ocasiones hemos demostrado que Oxfam (y sus aliados ambientalistas en el Perú), no actúan por principios o bajo criterios técnicos. Lo hacen movidos por mera y pura ideología y como asalariados de estas cadres internacionales. Están en contra de nuestro modelo de desarrollo, de las actividades extractivas y del crecimiento, sin conocer el Perú y nuestras particularidades y necesidades.

Lo mismo dijimos en 2016 con respecto a la alarmante noticia de Oxfam que afirmaba que el 1% de la población tenía tanta riqueza como el restante 99%. Nuevamente, buscaban simplemente una manipulación embustera y que desmentimos tajantemente en: La gran farsa de Oxfam sobre la desigualdad. Tiempo antes, en Lampadia hemos venido reportado su mal comportamiento, ver: Oxfam no tiene autoridad moral,  publicado el 25 de julio 2014.

Las ONG globales deben proporcionar liderazgo moral tanto dentro de sus organizaciones, como con la gente que dicen apoyar, deben ser ejemplos y modelos a seguir para los países en los que trabajan. Los políticos británicos y los representantes de Oxfam se han apresurado a disculparse, pero las disculpas no son suficientes. Este evento ha desnudado la verdadera naturaleza de una organización que se autoproclamaba como representante del bien.

Aldo Mariátegui en su columna de opinión afirma que Oxfam “ha quedado absolutamente descalificada”, y que “corresponde a la APCI cancelar su inscripción en nuestro país”. En Lampadia nos sumamos a esa sugerencia. Pero, además, creemos que una organización que ha mantenido ese tipo de comportamientos, durante largo tiempo y en muchos lugares, en ocasiones de terribles tragedias humanas, no debe seguir existiendo. ¡Oxfam debe ser liquidado desde el Reino Unido!   

Muchas ONG internacionales, y agencias de cooperación desarrollan actividades en el Perú, que contradicen la declaración de sus fines, se alían con grupos de presión locales de orientación antisistema, y pretenden defender a los pobres, manteniéndolos en un país sin inversión ni empleo. No sigamos siendo tan complacientes con estos vehículos disfuncionales. Lampadia

El tema del indulto es muy importante para el Perú, se refiere a la suerte de un ex Presidente de la República en base a la decisión de otro Presidente de la República, encierra importantes elementos jurídicos, y ha generado una brecha entre grandes proporciones de los peruanos.

Pero, más allá del indulto mismo, está en juego la naturaleza y el comportamiento de la Corte IDH. Corte que interviene en asuntos muy caros al interés nacional.

Como explica el respetado jurista, Domingo García Belaunde, ‘amicus curiae’ (amigo y colaborador independiente) de la Corte, al igual que en una serie de casos anteriores, en el caso del indulto, los miembros actuales de la Corte muestran comportamientos disfuncionales y partisanos, que han generado la rebeldía ante sus fallos, por parte de muchos países.

Los miembros de la Corte se han deslegitimado, y en nuestra opinión, hasta que no sean reemplazados por magistrados probos e independientes, el Perú debe anunciar su rebeldía a todos sus fallos, empezando por el referido al caso del indulto.

Líneas abajo compartimos el informe de don Domingo García Belaunde:

Informe sobre el indulto a Fujimori que Domingo García Belaunde presentó a la Corte IDH en calidad de «amicus curiae»

LEGIS.PE
FEBRERO 9, 2018

El viernes 26 de enero de 2018, el constitucionalista Domingo García Belaunde, mediante una carta dirigida al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor, hizo llegar a la Corte, en calidad de amicus curiae, un informe sobre el indulto a Fujimori, que a continuación compartimos.

Tema: Indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori

Elaborado por Domingo García Belaunde, Secretario General Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Presidente de la Academia Peruana de Derecho(2012-2014), Presidente Honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Lima, 15 de enero de 2018

En relación con el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori y que ha sido denunciado por distintos medios y agrupaciones políticas en días pasados, me permito hacer las siguientes consideraciones:

a) Mediante comunicado de fecha 28 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparentemente por unanimidad, se ha pronunciado en contra del indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori, en lenguaje desusado y vehemente ajeno a la serenidad que debería usar un ente de tal relevancia. Esto nos suscita diversas preocupaciones:

i- El indulto fue anunciado esquemáticamente en un comunicado de la presidencia de la República el día 24 de diciembre de 2017 en la tarde y esa misma noche se publicó el dispositivo legal pertinente en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. No obstante, en un aproximado de tres días la Comisión en pleno lo cual lo dudamos aprueba un largo comunicado en el cual se basa, sustancialmente, en aspectos médicos y de trámite interno que no sabemos de dónde los sacó. Aún más, califica a los delitos por los cuales se sancionó al expresidente Fujimori como de lesa humanidad, lo cual es falso. Tales calificativos no aparecen ni en el expediente de extradición enviado por la Corte Suprema de justicia de Chile ni menos en la sentencia final emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema peruana. El delito de lesa humanidad aparece en la normativa peruana solo a partir de 2003. No sabemos de dónde la Comisión saco esa información.

ii. Todo parece indicar que la información que manejó la Comisión Interamericana fue proporcionada por conocidas ONGs de Lima, que precisamente se dedican a estos menesteres. Estos grupos son los que se conocen en los medios como “caviares”, expresión tomada del francés y que se usó en los medios políticos de los años ochenta del siglo pasado (gauche caviar) para referirse a las personas que viven del establishment, pero practican el deporte de criticarlo.

b) La Comisión Interamericana tiene un funcionamiento muy interesante y que se remonta a varios años atrás. Ha servido mucho para que los países puedan librarse de las dictaduras y en tal sentido han sido útiles al Perú en los años finales de la dictadura de Fujimori. Pero en los últimos tiempos se ha vuelto fundamentalista y usa un lenguaje soez que no se compadece con la prestancia que debería tener. Ha tenido pronunciamientos apresurados y por eso varios países no les han hecho caso, pues se montan sobre situaciones en los cuales están mal informados y en donde responden a consignas partidarias cuyo origen no está muy claro. Por solo mencionar uno, hay que recordar que hace pocos años la Comisión Interamericana, alarmada por los “ambientalistas” y los “defensores” de derechos humanos, emitieron un comunicado en términos altisonantes pidiendo al gobierno peruano que paralizase las obras para llevar a cabo el proyecta minero “Conga” en la sierra norte del Perú. Lo curioso del caso es que a ese momento el referido proyecto ni siquiera se había iniciado y todavía sigue sin iniciarse. Lo cual, lamentablemente contribuye a que la Comisión Interamericana no sea confiable.

c) La Comisión Interamericana se ha tomado en serio muchas cosas, de manera preocupante. Por ejemplo, de acuerdo a la Convención América solo la Corte Interamericana puede adoptar medidas provisionales. Sin embargo, ella se ha arrogado es decir, tomar algo que no le corresponde la capacidad de dictar ese tipo de medidas. Esto indudablemente afecta su seriedad, ya bastante mellada.

d) La Convención Americana señala claramente que las medidas provisionales las adopta la Corte (art. 63.2). En el caso de la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el entonces presidente de la Corte, señor Roberto F. Caldas, dictó la medida provisional para que el trámite de acusación constitucional que se seguía en el congreso peruano se paralice. Es decir, el señor Caldas, conocido únicamente por sus actividades en pro de las ONGs en su país de origen, dio por sí y ante sí tal medida provisional en tanto la Corte Interamericana no se reuniese en su sesión de 2 de febrero de 2013. Cabe advertir que el Reglamento de la Corte en el cual se apoya el señor Caldas (art. 27) entiende que él solo en cuanto Presidente puede adoptar tales medidas cuando la Corte no está en sesiones. Lo grave del tema es que el reglamento de la Corte y su Presidente han violado lo dispuesto en el art. 63.2 de la Convención Americana que señala que dichas medidas solo pueden adoptarse en caso de extrema y urgente necesidad y que adicionalmente es competencia de la Corte como cuerpo colegiado, no de su Presidente, que además de incurrir en este desliz, se ha olvidado que la acusación constitucional estaba en trámite y faltaban varias etapas antes de que llegase al Pleno del Congreso para su votación. Y aun más, que aun en ese momento era muy difícil saber si tal acusación prosperase o no. Estos supuestos no se cumplieron y fueron invocados falsamente. Esta atribución que se ha arrogado la Corte a través de su reglamento, es inconvencional, pues la Convención Americana es clara al decir que eso es competencia de la Corte. Aun más, el largo documento que justifica la medida provisional jamás lo pudo redactar el señor Caldas, cuya lengua materna es el portugués y porque además tiene información que solo figura en el expediente que circula en el Congreso peruano, por lo que es fácil concluir que tal documento se lo prepararon en Lima y él se limitó a trascribirlo y firmarlo y probablemente sin entenderlo.

e) En la jurisprudencia de la Corte se notan avances interpretativos realmente audaces. Algunos interesantes y otros no tanto. Cuando los Estados aceptaron la competencia de la Corte, fue en el entendido que confiaban en jueces que eran gente seria, no comprometida políticamente y además estudiosa de la problemática. Esto no se ha comprobado. Los miembros de la Corte y de la Comisión tienden a ser con el tiempo, activistas desenfadados en materia de derechos humanos, antes que jueces serenos y austeros, como era en otras épocas (como por ejemplo cuando fue juez el maestro Héctor Fix-Zamudio, que además fue presidente de la Corte.). El reciente pronunciamiento de la Corte instando a los países a que legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo es una reciente muestra de ello. Una cosa es permitir la relación entre personas del mismo sexo, con facilidades, sin discriminaciones y con derechos patrimoniales, y muy otra es equipararlo al matrimonio que históricamente ha sido siempre unión de hombre y mujer. Así lo señalan los instrumentos internacionales (Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos de 1966, art. 23; Pacto de San José, art. 17). Esto muestra que la Corte, al igual que la Comisión, han violado irresponsablemente lo que dicen los instrumentos internacionales que dicen defender. Esto de por sí es algo grave y hay que señalarlo muy claramente.

f) Adicionalmente existe un discutible concepto de “reparaciones” que llega a la exageración. En la práctica se tiende a “reparar” a los terroristas y tienden un manto de olvido sobre las víctimas de los terroristas. De muestra baste lo siguiente; en el conocido caso El Frontón, murieron todos los terroristas que habían hecho un motín contra las autoridades de ese centro penitenciario, lo que estuvo a cargo de la Marina de Guerra, pues El Frontón es una isla que está a pocas millas de la ciudad de Lima. Pues bien, la Corte Interamericana se apresuró a condenar al Estado peruano y señalar cuáles eran las reparaciones que se tenían que dar a las víctimas, o sea, a los terroristas muertos. Sin embargo, dentro de ese grupo de terroristas estaba un grupo que había perpetrado emboscadas terroristas contra el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (1985) y otros altos funcionarios del Estado. La Corte interamericana se olvidó de ellos, pero lo más improbable es que ni les interesaba. Es decir, se preocupan de los terroristas lo cual está bien pero no les interesa el futuro de los deudos de las víctimas del terror.

g) Mi impresión personal es que el sistema interamericano -sobre todo la Comisión- es importante cuando un país está gobernado por una dictadura -caso de Venezuela, que la Corte irresponsablemente ha defendido en más de una oportunidad (ej. caso Brewer-Carías) pero no sirve para el caso de países que viven en democracia, pues se supone que cuentan con los dispositivos legales internos para poner remedio a los excesos o delitos que se cometen.

h) Hay que recordar que al decir que el caso del indulto al ex presidente Fujimori se va a analizar en cumplimiento de la ejecución de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se cae en un sofisma que repiten sin cesar las ONGs que operan en Lima. Y esto por cuanto estas sentencias señalan los hechos, condenan los delitos cometidos y siguen las infaltables reparaciones. Pero el indulto es consecuencia de un acto presidencial discrecional, que se da luego que se dio un proceso y sentencia condenatoria contra al expresidente Fujimori, que es algo totalmente distinto. En realidad, el indulto se ve como consecuencia del seguimiento de dichos casos que no tienen nada que ver con el tema del indulto, salvo que se le estire hasta el infinito y hagamos decir a dichas sentencias lo que no dicen, lo cual no nos extrañaría.

i) En lo referente al indulto, cabe agregar que no existe antecedentes en la jurisprudencia de la Corte. Lo más cercano a ello son sus pronunciamientos sobre las amnistías, que es algo totalmente distinto y razonable, más aún cuando eran “autoamnistías”. Pero el indulto no borra el delito, no olvida los hechos ni tampoco se anulan sentencias, como es el caso del expresidente Fujimori. Simplemente, considerando que se ha cumplido casi el 50% de la condena y mediando factores humanitarios -lo cual es aceptado universalmente se procede a liberar a una persona. Lo que han hecho algunos es analizar el procedimiento administrativo para impugnar el indulto, lo que muestra que faltan argumentos, ya que, si hubo algo, insuficiente o faltante, esto es en todo caso responsabilidad del Estado. Lo mismo cabe decir cuando se cuestiona el informe o informes médicos, pues los que así lo hacen como lo repite la Comisión interamericana- no han visto ni analizado médicamente los informes que, por cierto, no han leído. Desconocíamos que entre los comisionados existían médicos que en su caso opinaban sin ver al paciente. Son las paradojas del fundamentalismo “humanista”.

j) Las críticas arriba señaladas están dirigidas contra la Comisión y la Corte en cuantos órganos colegiados. No significa una crítica a sus miembros en especial, pues conozco a algunos de ellos que son altamente calificados. Pero lamentablemente son minoría en medio de otros que no merecen mayor consideración, por lo menos mientras algunos sigan haciéndoles el juego a los políticos radicales.

k) Es evidente que el presente escrito no pretende en ningún momento impugnar la validez o mejor dicho la importancia del ente interamericano de derechos humanos, tanto de la Comisión como de la Corte. Pero si bien mantiene su firme lealtad a ellos, espera que, en un futuro, quizá con nuevos miembros, retome la senda de garantía, seriedad y sindéresis que tuvo en sus primeros años y que corresponde a los fines con los cuales se puso en marcha el sistema interamericano en la década de los sesenta del siglo pasado.

Lampadia

Anexo:

¿Quién es y qué hace el «amicus curiae» (amigo del Tribunal o de la Corte)?

En un acercamiento conceptual primario y básico, se trata de un tercero o persona ajena a un proceso en el que se debaten cuestiones con impacto o trascendencia públicos, que al contar con reconocidas trayectoria e idoneidad en el asunto en examen presenta al tribunal interviniente consideraciones jurídicas u otro tipo de referencias sobre la materia del litigio, a través de un documento o informe. Puede por ejemplo suministrar consideraciones relativas a principios y elementos de derecho interno y/o internacional de relevancia, bien información estadística, económica, histórica o de otra índole útil para la resolución del caso.

Se ha discutido sobre el origen del instituto, y si bien algunos autores lo ubican en el derecho romano (por ejemplo, Cueto Rúa), otros lo sitúan directamente en el Reino Unido (v. gr. Salinas Ruiz). Lo cierto es que fue en el derecho inglés donde se delinearon embrionariamente los perfiles de la figura tal como es hoy conocida, siendo posteriormente receptada y desarrollada en el escenario jurídico de EE.UU. de Norteamérica y en otros países de habla (o influencia) inglesa donde impera el common law; por ejemplo, su consagración en las Reglas (Rules) de la Suprema Corte de Justicia Canadá, su similar de India, la High Court de Nueva Zelanda y, jurisprudencialmente, en Australia (precedente ‘Lange vs. ABC’, S 108/116 [Umbricht]).

[Características]

Los rasgos salientes del amicus curiae, y siempre dejando a buen resguardo las particularidades que puede exhibir cada contexto jurídico específico, muestran que están facultadas para comparecer en tal calidad las personas físicas (de existencia real) o jurídicas (morales o de existencia ideal), siempre que acrediten una significativa competencia en la temática en examen en el proceso; no revisten carácter de parte ni mediatizan, desplazan o reemplazan a éstas; su intervención no debe confundirse con la de un perito o de un consultor técnico; su actividad consiste en expresar una opinión fundada sobre la cuestión debatida, debiendo explicitar el interés que ostentan en la decisión que recaerá para poner fin al asunto, y su comparendo no vincula al tribunal actuante ni genera costas u honorarios.

[El amicus curiae en el mundo]

El instituto es extensamente conocido en distintas instancias internacionales. Así, y con mayor o menor nivel de utilización, están presentes en la praxis de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; los órganos de supervisión del sistema africano de protección de derechos humanos; el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; los paneles y el Cuerpo de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

También se ha empleado, con magnitudes diversas de intensidad y frecuencia, por la Suprema Corte de Justicia norteamericana (donde ha sido importante y fructífera) y en otros órganos máximos de justicia constitucional de Estados latinoamericanos, por caso, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional del Perú e incluso la Suprema Corte de Justicia de México.

[Utilidad]

Cuenta, al menos potencialmente, con aptitud para brindar mayor transparencia a las decisiones jurisdiccionales de interés público, y puede encaramarse en un útil vehículo para fortalecer, transparentar y democratizar el debate judicial y, por extensión, asegurar el principio del “debido proceso”, que entre otros elementos involucra la emisión de sentencias jurídicamente sustentables, misión eminente en cabeza de la magistratura constitucional, que sustenta buena parte de su legitimidad en la razonabilidad de sus pronunciamientos.

En ese sentido, puede coadyuvar al mejoramiento de la actividad jurisdiccional en asuntos complejos o dilemáticos de interés social al poner en escena argumentos públicamente ponderados, fortaleciendo el Estado de derecho contemporáneo, que es Estado constitucional. Permite, asimismo, la participación ciudadana en ciertas manifestaciones de la administración de justicia precisamente en causas que ofrezcan aquellas características. Es claro que mientras mayor sea el concurso de ideas en el debate constitucional, más fuerte será la legitimidad de la respuesta sentencial que se proporcione. Paralelamente, exhibe una clara matriz democrática, al abrir nuevas vías de participación, sobre todo a favor de los grupos con menores posibilidades de injerencia real en el proceso democrático (Nino).

[¿Debe ser imparcial?]

Una arista compleja de la cuestión radica en definir si, para ser recibidos en el proceso, los memoriales de los amici deben ser totalmente asépticos o si es posible que patrocinen alguno de los intereses en juego en el caso particular. Pareciera que la exigencia de pureza e imparcialidad absolutas podría conspirar contra la efectividad de la figura, conduciéndola a la inocuidad o a la falta de real incidencia fáctica. En el fondo, lo más relevante es que dichas presentaciones pudieran añadir sustancia al debate público y enriquecer la situación y las condiciones en que el órgano de justicia interviniente se encuentre para pronunciar su sentencia.

Bien entendida (y aplicada), la institución puede cumplir un significativo rol como fuente de aportación argumental a los tribunales internos y a las instancias internacionales en materia de derechos humanos, lo que representa una muestra más del crecimiento de los espacios de convergencia interactiva del derecho constitucional, el procesal constitucional y el internacional de los derechos humanos.

La exigencia de agotamiento de los recursos internos permite al Estado remediar localmente y por sus propios medios toda violación de derechos humanos que pudiera conducir al debate de la cuestión en el marco transnacional y generar una eventual responsabilidad internacional de aquél. En consecuencia, al estar reglamentariamente habilitada la presentación de amici por ejemplo ante la Corte IDH, es adecuado acordar en el plano interno a los grupos o instituciones interesados (v. gr. ONG) la posibilidad de emitir opiniones fundadas sobre el tema en cuestión, en equivalencia de condiciones respecto de las que contarían en el plano internacional, adelantando ante los órganos judiciarios domésticos fundamentos que luego serían considerados por aquel tribunal internacional (Abregú y Courtis).

[El amicus en la Corte IDH]

La Corte IDH se ha ocupado de subrayar que los amici tienen un importante valor para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, contribuyen al debate y amplían los elementos de juicio con que cuenta para resolver los asuntos de su conocimiento, que poseen una trascendencia o un interés generales (“Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 6 de agosto de 2008, serie C, número 184, párr. 14).

En suma, en la medida en que exista voluntad judicial y política para aplicar la figura, ésta resulta un instrumento plausible y digno de ser explorado para tonificar el debate judicial —ampliando los márgenes de deliberación en cuestiones de relevancia social por medio de argumentos públicamente analizados—, favorecer la defensa y la realización de los derechos humanos (en los ámbitos interno e internacional) y contribuir a la elaboración de sentencias razonables y generadoras de un grado sustentable de consenso en la comunidad.

Fuente: Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional (coordinadoires Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fabiola Martínez Ramírez y Giovanni A. Figueroa Mejía).

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Para entender porque ocurren los conflictos mineros es necesario diferenciar dos temas: (1) las causas de los conflictos y (2) los discursos que los actores involucrados emiten para legitimar su accionar. Las causas son aquellos factores, condiciones y eventos que hacen surgir los conflictos y permiten que se sostengan. Los discursos, o narrativas, son los argumentos e historias generados para construir identidad y obtener respaldo social.

Cuando los líderes de un conflicto minero y las organizaciones que los apoyan (ONG, articulistas y partidos políticos) desarrollan su narrativa, ellos están pensando en cómo fortalecer el movimiento y como construir figuras e imágenes que ganen la simpatía de la población, y muy especialmente de los medios de comunicación.

• La narrativa tiene que reflejar un corte ‘moral’, emotiva y creíble.
• Ella puede referirse a algunas causas y no referirse a otras, si resulta o no conveniente hacerlo, o en algunos casos inventar “causas” que sean creíbles para la población y para la audiencia.
• La narrativa debe hablar de razones capaces de generar empatía con el conflicto, tales como: la defensa del agua, del medio ambiente y de la agricultura, y de un trato de respeto para las poblaciones locales.
• Para producir indignación en la población local la narrativa debe sostener también la existencia de posturas abusivas de parte de las empresas mineras y de las instituciones públicas.
• Debe además transmitir una sensación de drama y urgencia, para lograr que las personas interrumpan su vida cotidiana y asuman los costos y riesgos de participar en la protesta.

En una primera aproximación, los discursos, pancartas y consignas aparentan ser las causas de los conflictos. Ello no debe sorprender a nadie. Los líderes están afirmando que luchan por tales y cuales motivos, y es probable que así lo crean. Pero, las creencias y la realidad no siempre son lo mismo. Quien quiera entender los conflictos mineros y cómo manejarlos con efectividad necesita cernir los elementos de los discursos e identificar los factores que están realmente en su base y cuáles son solo argumentos construidos para justificar sus acciones y ganar simpatía social. Veamos un par de ejemplos.

Fuente: Youtube

Tía María

En el caso de la oposición al proyecto Tía María, el elemento central de la narrativa es el supuesto antagonismo entre la actividad minera y la agricultura en el Valle de Tambo. Sucede que ese antagonismo es falso. El proyecto no va utilizar el agua local, sino que va desalinizar el agua del mar, y canalizarla hacia la mina. Además, el proyecto es marginal al Valle de Tambo, y está ubicado en una zona desértica (La Joya). Con esa ubicación y con los actuales patrones de control ambiental exigidos en el país y suscritos por Southern Perú Corporation, los riesgos de afectación de la agricultura del valle pueden ser considerados nulos o, en el peor de los casos, efectivamente controlables.

De una reflexión preliminar, podemos decir que entre las causas reales del conflicto están los temores de la población hacia una potencial afectación ambiental de una operación minera de gran escala, que tanto la empresa como el gobierno central no han logrado explicar a los líderes locales, a las autoridades y a la población, como va operar y cual sería su impacto ambiental real. Otra causa es la acumulación de resentimientos resultados de décadas de una relación que es percibida por la población local como arrogante de parte de la empresa (que había cambiado de accionista, pasando de las manos de Asarco de EEUU, al Grupo México) y esta no fue capaz de revertir esa percepción antes de iniciar la implementación del proyecto. El tercer factor es la tradicional existencia de grupos radicales anti-sistema operando en el entorno, que encontraron en la polarización población-minería una oportunidad para desarrollarse orgánica y políticamente, siendo ese un factor político al que no se ha analizado en profundidad, ni dado un tratamiento adecuado.

La idea del antagonismo minería-agricultura, más allá de ser verdadera o no, es muy efectiva para propagar temor en una población de productores agrícolas que no entienden bien los impactos que puede tener la minería y que no confían en la empresa que lo llevaría a cabo. Además, en este caso, los agricultores más grandes de la zona, validaron los argumentos de los anti-mineros para mantener, en el valle de Tambo, los jornales bajos que ellos pagan sin la presencia del factor dinamizador de la minería.

Un efecto adicional de la narrativa hostil a la minería es un pensamiento tácito, que es inconsciente, pero que también es muy importante: si hay gente movilizándose es porque tiene un motivo, y ese motivo debe ser el que está en las pancartas y en las explicaciones de los dirigentes y de las ONG que los apoyan. Así, la población local y la audiencia nacional resultan siendo influenciadas por la narrativa y por los elementos gráficos que la representan.

Ello es inevitable para poblaciones que están bajo lo que hemos llamado en Lampadia Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera y tienen dificultades para acceder a interpretaciones alternativas. Sin embargo, ello no debería ser así para los profesionales que se dedican a estudiar y a solucionar los conflictos mineros.

El problema de pensar con esa lógica superficial es que sometemos nuestro análisis a la narrativa de los promotores de la conflictividad y anulamos nuestra independencia para explorar las verdaderas causas del conflicto, causas que están ligadas a los temores y a los juegos de intereses de quienes ven en los conflictos mineros una oportunidad para obtener una ganancia extraordinaria sin generar riqueza, o para promover sus intereses políticos e ideológicos. Si nuestro pensamiento está sometido a la narrativa de los conflictivos, nuestra capacidad crítica se encuentra comprometida.

Conga

En el caso de Conga, anterior al de Tía María, la oposición central desarrollada por la narrativa fue: ¡Agua Sí, Mina no! Los resentimientos de la población cajamarquina hacia Yanacocha, acumulados en años  de malas relaciones, fueron el caldo de cultivo de las movilizaciones de protesta. Los temores exacerbados y movilizados también fueron parecidos. Los anti-mineros han manipulado las creencias y la imaginación local sobre el impacto que la desaparición de las lagunas de Conga podría tener sobre el ciclo del agua en los valles cercanos. Las lagunas resultaron simbólicas como reservas de agua para la agricultura en la región, y su afectación generaba un temor generalizado. Como recurso narrativo las lagunas resultaron muy efectivas. Ellas eran parte de un paisaje natural que sería afectado por la actividad minera, y operaron como “prueba irrefutable” de que el proyecto Conga iba afectar negativamente la disponibilidad de agua para los campesinos. Algunas marchas han tenido por función reforzar el lazo emocional de los campesinos con “sus lagunas”, y funcionaron muy bien como recurso narrativo. Si algo sabe hacer los grupos anti-mineros es construir narrativas que resuenan en los sistemas de creencia y temores de las poblaciones locales.

Conclusiones

Sin queremos reducir los conflictos sociales necesitamos independizar nuestro pensamiento, ver más allá de las narrativas conflictivas, y buscar las causas reales de los conflictos. Para ello, necesitamos observar los cambios económicos y políticos que desencadena una actividad moderna en una economía tradicional, los procesos de diferenciación social y los cambios en el poder político local y regional, identificar ganadores y perdedores entre esos actores, conocer el impacto simbólico y socioeconómico de una empresa moderna en una sociedad de pequeños productores y los temores que genera. Y  no pensar que las empresas mineras son fuentes de recursos de las que se puede sacar provecho sin causar daño a la sociedad. Teniendo claridad sobre esas piezas, el rompecabezas comienza a armarse. Lampadia

“Es más fácil engañar a la gente,
que convencerlos de que han sido engañados”. Mark Twain

Como hemos explicado antes, los anti-mineros que adhieren al Pos-Extractivismo (en el caso del Perú, todas las izquierdas) son especialistas en generar relatos para engañar a la gente, y en asociarse con distintos agentes, internacionales y locales, confesionales, laicos, ambientalistas,  mediáticos, etc., con el afán de ir validando sus propuestas.

El caso de El Salvador, donde se ha proscrito toda actividad minera, mostrado líneas abajo por los estudiosos del Centro Wiñaq, es el destino final, el objetivo máximo de la lucha del pos-extractivismo, el transito regresivo al ‘buen vivir’, en las condiciones de pobreza de los feudos de la Edad Media. Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’​

Camilo Ferreira
Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“La ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República, la prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo.”

Este es el texto del primer artículo de la Ley, aprobado el 29 de marzo de 2017, con la que la República de El Salvador ha prohibido la minería metálica en todas sus modalidades en todo su territorio. Cómo ocurrió esto, es un notorio ejemplo de como la legitimidad socio-política de una actividad económica puede caer hasta el punto de ser inviabilizada en un país.

1-El país.

El Salvador no es un país de vocación minera, el 2015 la minería representó el 1.2% de las exportaciones de este país. En cambio, en el caso peruano esta cifra llega a 48.6%. Sin embargo, tiene ciertas experiencias previas de minería como es el caso del Cerro San Sebastián en el que desde 1968 se operó con bajos estándares ambientales y que ha dejado visibles pasivos mineros.

Adicionalmente, El Salvador es un país sumamente denso llegando a los 311 habitantes por kilómetro cuadrado (en Perú es 25). Por ello en sus 21,000 kilómetros cuadrados (210 km x 100 km, un tamaño similar al de la región Ica) pueden habitar 6.5 millones de personas. Es un país que vivió 13 años de guerra civil entre 1979 y 1992, en que las principales fuerzas políticas del país el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) son herederos políticos de los protagonistas de este conflicto armado.

En lo económico es un país que, en 2016, mostraba un 35% de la población por debajo de la línea de pobreza, y un PBI per cápita de US$ 8,000, en paridad de poder de compra, aproximadamente 2/3 del ingreso per cápita de Perú. Las remesas anuales enviadas por salvadoreños residentes en el exterior, especialmente desde los EEUU alcanzaron US$ 4.48 mil millones en 2016, representando el 17% del PBI nacional, brindando un ingreso mensual promedio de US$ 206 por familia por mes (según nuestros cálculos).[1]

Estas características locales (economía con bajo nivel de productividad, poco peso económico y social de la minería, dependencia de una fuente externa de recursos, etc.) influenciaron el devenir del conflicto político prolongado alrededor de la minería metálica que terminó con su prohibición y en una clara victoria de los Pos-Extractivistas. Sin embargo, esas particularidades no significan que lo mismo no pueda suceder, nacional o regionalmente, en otros países con estructuras económicas distintas.

2-El proceso.

La actual resistencia frente a la minería metálica se organizó originalmente, hace más de una década, con el propósito de impedir la realización de dos proyectos mineros: uno en el Departamento de Cabañas y otro en el de Chalatenango. Se dio un conflicto social con las características ya vistas en el Perú en múltiples ocasiones: movilizaciones violentas, fatalidades, consultas ciudadanas, y ONGs alimentando temores entre la población. Inclusive hubo un análisis de los Estudios de Impacto Ambiental realizado por Robert Morán, el mismo hidrogeólogo cuyos análisis hostiles a la minería fueron utilizados en los casos Conga y Tambogrande. Esta dinámica, en la que una coalición social anti-minera consigue impulsar un conflicto que genera costos políticos al gobierno central, costos económicos al inversionista minero, y costos reputacionales a los potenciales aliados de la minería. Es la misma dinámica que se ha dado en múltiples países latinoamericanos y que derivó en la paralización de proyectos extractivos valorizados en decenas miles de millones de dólares. El caso del El Salvador se distingue por el hecho que esta dinámica de conflicto desencadenó un proceso socio-político que llegó al extremo de la prohibición de la minería metálica en el país.

Minería Metálica, compuesta por ONGs, Pos-Extractivistas, organizaciones locales de desarrollo y grupos religiosos.

La Mesa y sus miembros estructuraron la coalición social que impulso la prohibición de la minería y que consiguió de manera efectiva copar el discurso social al respecto. A este núcleo activista se le agregó el apoyo entusiasta de la Iglesia Católica local y de algunas iglesias evangélicas. El apoyo académico e institucional de la Universidad de Centroamérica, ligada a la Compañía de Jesús, fue muy relevante por su significado ético y académico para la población.

El arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, tuvo un rol protagónico para inviabilizar la minería metálica. El 9 de marzo de este año, junto con un grupo de manifestantes, él presentó 30,000 firmas al parlamento apoyando la prohibición. La declaración abajo ilustra la postura hostil del arzobispo hacia la minería[2]:

“La verdad es que la explotación minera es dañina en todos los países donde quiera que se haga, y no es cierto lo que se ha dicho de que ahora hay capacidad, hay tecnología para tener una explotación minera, limpia, ecológica, ambientalista, no es cierto. Porque se ocupa una gran cantidad de cianuro que es sumamente letal y nunca deja de ser letal y agua. Porque con el cianuro mezclado con el agua se separa el oro de los demás metales… Si se ocupa nuestra poca agua en la explotación minera eso sería gravísimo, una mina como El Dorado contaminaría un millón de metros cúbicos de agua por día… la más grave agresión al medio ambiente es la minería metálica.”

Estas declaraciones son científicamente incorrectas y absolutamente infladas. Un millón de metros cúbicos por día es el consumo de una ciudad de 6 a 10 millones de habitantes y ninguna empresa minera tiene un consumo de esas proporciones. El hecho que una mina moderna utilice cianuro no significa contaminación pues lo hace en forma aislada del ambiente. Además, el agua que las minas devuelven al ambiente, después de su uso, no está contaminada, es agua tan o más limpia que aquella que corre por los riachuelos, y puede ser utilizada en la agricultura, y filtrada, es apta para el consumo humano. La pregunta que surge es: ¿Qué gana el arzobispo de El Salvador y la iglesia católica salvadoreña deformando la realidad hasta ese extremo?

El FMLN, que desencadenó la guerra civil, fue el partido político más cercano a las posturas de la Mesa, pero ninguna de las otras fuerzas políticas alternativas, favorables a la economía de mercado, estuvo dispuesta a dar una lucha política en favor de la existencia del sector minero. Las fuerzas hostiles a la minería no tuvieron que enfrentar ninguna oposición. La sociedad salvadoreña estuvo a merced de un discurso orientado a la generación de temores, sin que nadie saliera al frente para clarificar las cosas. Cuando se hicieron encuestas a la población, ésta ya estaba desinformada y temerosa respecto a la minería.

3-Soporte internacional.

No solo había actores nacionales detrás de la prohibición. Se constituyó una amplia Alianza Internacional Frente a la Minería, compuesta de 25 organizaciones hostiles a la minería de los EEUU y Canadá. Esas organizaciones dieron un gran respaldo institucional y de prestigio a los rumores y exageraciones que se propagaron en El Salvador.

Hay que resaltar la participación de OXFAM en un frente que impulsaba la prohibición total de la minería metálica en un país, algo que se dio apenas se hizo políticamente viable. En múltiples ocasiones OXFAM ha afirmado no ser una organización anti-minera, sin embargo, cuanto se dio el clima político propicio, OXFAM apoyó la prohibición total de la minería metálica.

Iván Morales, director de OXFAM en El Salvador declaró:

“Es necesario que se escuche la voz de la población y que sus demandas sean tomadas en cuenta, pues ella considera que la minería metálica no es una opción para el desarrollo del país” [3]

Lo que no explica el Morales es que esa percepción negativa hacia la minería fue resultado de una campaña sistemática y hegemónica en contra de dicha actividad, y del respaldo institucional de una alianza internacional de organizaciones hostiles a la minería.

Esta coalición de actores fue capaz de obtener un importante logro estratégico, al degradar profundamente la legitimidad de la minería frente a públicos decisivos. Una encuesta realizada por La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas[4] en las zonas con potencial para la actividad minera dio como resultado que un 77% de los encuestados afirmaban estar a favor de una prohibición a la minería metálica en el país.

Frente a la posición de la opinión pública, líderes de opinión, sociedad civil y líderes religiosos, el consenso social contra la minería fue tan grande que, oponerse a la prohibición hubiera significado un costo político inaceptable para los congresistas. Ello explica porque 70 de los 84 congresistas, miembros de todas las fuerzas políticas, han aprobado la prohibición.

4-Como se Destruyó la Legitimidad de la Minería.

La destrucción de la legitimidad de la industria minera pasó por el despliegue de una narrativa que afectaba componentes básicos de la imagen de la minería. Con el soporte intelectual de las instituciones listadas arriba, la Iglesia católica, la Universidad Centroamericana (UCA), el FMLN, y ONGs aliadas se construyó una narrativa con los siguientes mensajes:

A) Efectos Ambientales:  Este fue el foco de la narrativa anti-minera. Ellos afirman que la actividad minera es inevitablemente contaminante, que no existen tecnologías que puedan controlar ni mitigar de manera efectiva su efecto fatal. Se indica que la minería hace uso de miles de litros de sustancias tóxicas como el cianuro, y que solo un grano de arroz de ese veneno es capaz de acabar con la vida de un ser humano. Se afirma que las operaciones mineras implican la contaminación con cianuro de millones de metros cúbicos de agua, y se oculta que el agua devuelta al ambiente es segura. Se argumenta que El Salvador es un país pequeño y densamente poblado, a diferencia de países de mayor extensión, y que no dispone de áreas despobladas para “sacrificar a la minería,” pero oculta que una hectárea de minería produce muchísimo más que una hectárea de agricultura. Afirman que las actividades mineras se hallarían en las cabeceras de cuenca del rio Lempe por lo que el suministro de agua del 70% de la población del país estaría en riesgo. Se dice que El Salvador es el segundo país con el ambiente más degradado del hemisferio y no puede correr riesgos ambientales, pero no informa qué actividades lo han degradado. También señalan que las actividades de exploración minera ya tienen de por sí efectos nocivos sumamente relevantes, y que sus daños son inevitables.

B) Impacto sobre el Desarrollo: Se indica que las operaciones mineras tienen un plazo breve de duración entre 6 a 10 años y que las mineras dejan una fracción ínfima de sus ganancias como impuestos, y que los grandes ganadores son las empresas trasnacionales. Afirman que los beneficios temporales que generan son pequeños y efímeros, y largamente superados por los costos medioambientales perenes que las acompañan. También afirman que una vez que se acaba el yacimiento, las regiones mineras terminarán más pobres que antes de la llegada de la minería como resultado tanto de la contaminación, como de la falta de experiencia de la población en otras modalidades de obtener un sustento (debido a una especialización en minería).

C) Institucionalidad minera: También afirman que las empresas convencen a autoridades locales a apoyar a la Empresa a través de sobornos y prebendas. Indican que, en el pasado, el país ha mostrado ser incapaz de controlar los efectos de la minería en el departamento de San Sebastián por lo que no se podría esperar que ahora pueda ejercer un control efectivo sobre la minería a gran escala.

D) Caracterización Ética: Según la narrativa hostil a la minería, las empresas compran las voluntades de los sectores de la población mediante pequeñas prebendas, y que todo aquel que se pronuncia en favor de las empresas lo hace como resultado de beneficios personales de corto plazo. Dicen que con sus estrategias comunitarias la minería destruye el tejido social de las comunidades rurales, que manipula a la población con su campaña mentirosa respecto a la “Minería Verde”, y chantajea al país, al haber llevado a El Salvador al CIADI por no brindar los permisos para iniciar la etapa de explotación.  Según su visión, las transnacionales mineras no respetan a la inmensa mayoría de la población que las rechazan y desean imponerse a su voluntad.

La difusión de esta narrativa fue apoyada por dinámicas políticas que sirvieron de plataforma para la emisión de mensajes. Los conflictos contra las inversiones mineras les posibilitaron a las fuerzas hostiles a la minería horas de entrevistas gratis en medios, que brindó la oportunidad para que diversos voceros tuvieran espacio en medios, y dio acceso a recursos externos para las ONGs anti-mineras. Posteriormente, la relevancia mediática del juicio en el CIADI entre Oceana Gold y el gobierno salvadoreño, generó múltiples instancias para emitir mensajes anti-mineros.  Para contrarrestar estos mensajes empresas mineras lanzaron una campaña respecto a la “Minería Verde” que resultó poco efectiva, pues una campaña pro-minería hecha por empresas mineras tiene baja credibilidad. Otro mecanismo para mantener el tema minero en términos favorables para el interés de La Mesa fue la realización de 6 consultas populares en los que 99% de la población participante se mostraba opuesta a la minería. Es decir, resultados semejantes a los que se podría encontrar en un referéndum cubano. Fue así que se pudo sostener el tema en agenda por más de 13 años consecutivos y consolidar la narrativa anti-minera como parte del “sentido común” de la población.

1) Las Lecciones de El Salvador.

El caso de El Salvador brinda unas lecciones respecto al proceso estratégico detrás de las disputas por la legitimidad:

A) La importancia de la coalición social: La Mesa, la Iglesia Católica[5], las instituciones académicas, voceros mediáticos, operadores locales, y ONGs internacionales conformaron una coalición que superó largamente la coalición que el sector minero fue capaz de movilizar. Los distintos componentes de la coalición social anti-minería tenían un poder gran discursivo que terminó moldeando la percepción de la población respecto a la minería en todo un país. El apoyo del gobierno central y unos cuantos operadores locales, los típicos aliados de una empresa minera, claramente no es suficiente cuando se enfrenta a un movimiento social articulado.

B) La inefectividad de las campañas mediáticas: Las disputas por la legitimidad son batallas sostenidas, de larga duración y estructuradas alrededor de narrativas en disputa. La respuesta de muchas empresas, al verse involucradas en una disputa de este tipo, consiste en desplegar campañas publicitarias con la expectativa de influir en la opinión pública, en caso de El Salvador fue la campaña de la “Minería Verde”. Unos cuantos meses de campaña publicitaria y spots publicitarios no pueden hacer frente al sostenido accionar anti-minero. Ellos llevan años creando una narrativa potente, resultante de la creación de contenidos académicos, y con la cooptación de voceros creíbles para la población. Una campaña publicitaria hecha por un actor interesado, las empresas mineras, no puede competir con un bombardeo de mensajes de voceros considerados independientes como la Iglesia católica, la universidad, y organizaciones ambientalistas de países desarrollados.

C) La legitimidad es indispensable para la supervivencia de una industria: La minería metálica en El Salvador, la energía nuclear en Alemania, la minería a tajo abierto en Costa Rica son actividades económicas que se han visto inviabilizadas frente a la formación de un consenso social hostil. Frente a ello la racionalidad económica de permitir operar a un sector que genera riqueza para la sociedad se ve desplazada por la racionalidad política de no enfrentarse a la opinión pública.

D) Economías de alcance discursivas: La narrativa desplegada para socavar proyectos mineros específicos tiene componentes que son hostiles a la totalidad o a gran parte del sector minero. Una frase como “La minería emite millones de litros de agua cianurada al ambiente” afecta a todo el sector, no sólo a la Empresa a la que es dirigida.  Los conflictos sociales brindan a los anti-mineros una plataforma mediática para emitir su narrativa frente a la opinión pública. Reciben horas de entrevistas y reportajes en radio y televisión, centímetros cuadrados en periódicos y revistas, espacio en redes sociales, y todo esto sucede a lo largo de años consecutivos. En ese espacio mediático los mensajes que se emiten en contra de una empresa particular permiten descalificar a la totalidad del sector minero.

En el Perú, en abril del 2015 una encuesta GFK encontraba que un 9% de la población peruana consideraba que “La minería no es importante para el desarrollo económico del país”.  Un mes después, en mayo, este porcentaje se había elevado a un 19%.[6] Entre ambas encuestas, ocurrió una alta conflictividad respecto al proyecto minero Tía María.  Este conflicto facilitó el envío de mensajes que degradaron la legitimidad del sector minero como un todo y no solo al proyecto bajo conflicto. En solo un mes se logró que un 10% adicional de la población asumiera una postura hostil a la minería. En el caso salvadoreño, se tuvo años de conflicto con superioridad discursiva anti-minera que acabó con la legitimidad de la minería.

E) Ampliar los afectados: Los anti-mineros tienden a tratar de ampliar al máximo el grupo poblacional que pueda sentirse amenazado por las actividades mineras. Con esto se consigue por un lado ser mediáticamente relevante para un mayor conjunto de personas, incrementar el número de potenciales movilizados contra un proyecto minero. El concepto más útil para ampliar la percepción de amenaza es “la cabecera de cuenca” con ello cualquier elevación conexa a una cuenca pasa a ser un punto sensible en el cual realizar operaciones mineras se considera una amenaza a los recursos hídricos de toda la cuenca. En El Salvador se tuvo éxito en asociar la minería a una amenaza al rio Lempa en cuya cuenca habita el 70% de la población.  Se afirmó que esta población se hallaría inevitablemente amenazada por aguas y drenajes ácidos y tóxicos que se generarían con actividades mineras. Al posicionar esta idea en la agenda pública, el temor a la contaminación pasó a ser permanentemente relevante para el 70% de la población. La narrativa anti-minera apunta siempre a ampliar los sectores sociales preocupados con los potenciales efectos de la minería.

2-Implicancias para el Perú.

Sería fácil considerar que eventos como los ocurridos en El Salvador no podrían darse en el Perú. Es difícil imaginar que el Perú podría prescindir totalmente de un sector que representa el 14% de su PBI. La misma encuesta de GFK previamente citada encontraba que un 80% de la población consideraba a la minería como un sector importante o el más importante para el desarrollo del país. En el Perú existe un consenso social a escala nacional respecto al potencial de la minería para impulsar el desarrollo del país. Tan es así, que en el Perú las organizaciones Pos-Extractivistas sistemáticamente rechazan que se les asigne el apelativo de anti-mineros que en otras latitudes sus colegas se atribuyen con orgullo.

Sin embargo, las herramientas desplegadas por los anti-mineros de manera exitosa en El Salvador también lo han sido utilizadas en el Perú y les han permitido generar hegemonías políticas locales.  En aquellas zonas en las que se han dado conflictos mineros prologados como los de Tía María, Majaz, Conga, Las Bambas, etc. Las organizaciones políticas hostiles a la minería[7] obtuvieron en conjunto entre un 60% y 80% del voto. Los antimineros están impulsando mediante el Ordenamiento Territorial a cargo de autoridades locales una institucionalidad mediante el cual se pueda replicar el fenómeno de El Salvador a escala local.

Otro mecanismo de expulsión de la minería es mediante el avance legislativo de propuestas como la Ley de Protección de las Cabeceras recientemente aprobada a nivel de comisión en el Congreso de la Republica. 

“Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 283/2016-CR que, mediante texto sustitutorio, propone la Ley de Conservación y Protección de las Cabeceras de Cuenca mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para su Identificación y Delimitación.” 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos, Ambiente y Ecología

En el Perú los Pos-Extractivistas están impulsando una agenda de descentralización de las prerrogativas para que determinan la viabilidad legal a las actividades mineras. Esta descentralización de las decisiones permitirá generar zonas de exclusión a la actividad minera en aquellos espacios geográficos en los que consigan degradar lo suficiente la legitimidad de la minería. También impulsan regulaciones en las que una mayor proporción de la superficie del país sea legalmente considerada como excluida de la actividad minera. Un ejemplo de esto son las cabeceras de cuenca.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Acompañado de 200 funcionarios y empresarios nacionales, el ministro en Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, acudió a la convención minera de Toronto a persuadir a las empresas mineras del mundo a invertir en el Perú. Llevaba esta vez como argumento el índice de los países más atractivos para la inversión minera, en el que el Perú había mejorado 8 puestos pasando del puesto 36 al 28 entre 104 territorios, desplazando por primera vez a Chile al puesto 29. Por supuesto, se cuidó de no mencionar que en el otro índice, el de percepción de políticas,  que incluye la percepción de directivos y ejecutivos acerca de la interpretación y aplicación de regulaciones existentes, las regulaciones ambientales, impuestos, la incertidumbre acerca de reclamos de tierras en disputa y las áreas protegidas, infraestructura, acuerdos socioeconómicos, estabilidad política, asuntos laborales, seguridad entre otros, el Perú figuraba en el puesto 54, allí sí bastante detrás de Chile, por ejemplo. 

Y es que nuestro país no ha encontrado aun la fórmula institucional para convertir la ventaja geológica en ventaja económica y social. Es decir, para prevenir los conflictos sociales y establecer una relación armoniosa entre inversión extractiva y comunidades o poblaciones circundantes ni para contrarrestar la acción de buscadores de rentas políticas o económicas ni  menos aun para aprovechar la mina como una palanca para el desarrollo rural.[1] El hecho es que una parte importante de la cartera de proyectos mineros que el ministro presentó y que bordea los 46 mil millones de dólares, no tiene visos de realizarse dadas las condiciones políticas y sociales imperantes en algunos proyectos.

El ministro, sin embargo, explicó a los inversionistas que hay ahora una nueva estrategia que no solo busca la simplificación administrativa para facilitar la exploración y la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que son kafkianos, sino también crear un entorno social favorable a las inversiones. Esto último mediante la puesta en marcha del llamado Fondo de Adelanto Social, creado en el decreto legislativo 1334  y mediante la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fondo de Adelanto Social
La idea del Fondo de Adelanto Social es precisamente adelantar intervenciones en etapas tempranas de cada proyecto, pero es algo que todavía está en diseño y aun no se ha reglamentado. Al respecto, Cesar Delgado Sayán, de Cesel, ha propuesto hace ya un tiempo que dicho Fondo ejecute un plan de desarrollo que nazca de un Estudio de Desarrollo Integral que se realizaría de manera paralela al Estudio de Impacto Ambiental y ha propuesto una arquitectura institucional para ello. De esa manera no solo se ejecuta un plan bien concebido, sino que se ata el desarrollo local a la inversión minera de modo que la mina aparezca como parte de la solución y no del problema.

Viceministerio de Gobernanza Territorial: el Estado en el territorio
La idea del viceministerio de gobernanza territorial, por su parte, es la de contar con una autoridad que pueda coordinar a los sectores y a los gobiernos regionales y locales en el territorio no sólo para acompañar y fortalecer la acción de los gobiernos sub nacionales, sino, en lo relativo a los conflictos, para identificar un pedido o un reclamo social en el momento en que nace a fin de atenderlo eficiente y rápidamente. Es decir, coordinar al Estado para que resuelva problemas, hacer efectiva su presencia en el territorio.

Para ese fin el nuevo viceministerio junta tres oficinas que estaban separadas: la Secretaría de Descentralización, la ex Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ahora llamada Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Por medio de la Secretaría de Descentralización se conseguiría la coordinación inter gubernamental e intersectorial.

La idea fue crear una instancia -el Viceministerio- que tuviera más peso político que la ex Oficina Nacional de Diálogo, precisamente para lograr las coordinaciones inter sectoriales e inter gubernamentales en el territorio, algo que aquella Oficina nunca pudo conseguir. El nuevo Viceministerio sería –repetimos- un gran órgano coordinador del Estado en el territorio para atender los pedidos o reclamos antes de que escalen y, en general, para manejar las situaciones que se presenten. Se trata de darle presencia y capacidad de gestión al Estado, algo que no tiene. No solo no la tiene. En ausencia de partidos políticos, con frecuencia ocurre que el Estado (gobiernos sub nacionales) es capturado por intereses mafiosos o disruptivos que forman parte del problema de la conflictividad, no de su solución.

Para recuperar presencia y capacidad de la autoridad central del Estado en el territorio, el Viceministerio tendrá oficinas en las zonas conflictivas y en las regiones, implementadas sobre la base de las que tenía y aun tiene la Oficina Nacional de Diálogo, pero potenciadas. Según Javier Fernández Concha, Vice ministro de Gobernanza Territorial, la idea es que los alcaldes, por ejemplo, ya no tengan que venir a Lima para hacer gestiones sino que las hagan en esas Oficinas, que tendrían capacidad de resolución y coordinación intersectorial.

Alerta temprana
Una tarea de esas Oficinas será tener un sistema de alerta temprana que emita reportes de información preventiva, incorporando para esa tarea a subprefectos y teniente gobernadores por ejemplo. Eso a fin de detectar un pedido social apenas se gesta, a fin de atenderlo en el acto. Para poder atenderlo es que las Oficinas desconcentradas tendrán poder de coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales.

En ese sentido, al Viceministro no se le escapa la necesidad de evaluar la conveniencia de que la estructura de subprefectos y tenientes gobernadores pase del ministerio del Interior a la PCM, o que, cuando menos, la PCM tenga la rectoría de ese sistema.

Dar solución al pedido social desde que nace es clave, pues un reclamo no atendido se convierte en un escenario atractivo para la aparición de actores externos que buscan obtener rentas económicas o políticas exacerbando las demandas, incluyendo nuevas y eventualmente alentando medidas de fuerza que terminan violentando el orden legal. Sebastiao Mendonca explica, en reciente libro publicado por Lampadia,[2] cómo buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan los sentimientos de agravio que una mina pudiera generar, la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, y una institucionalidad estatal débil o ausente, para difundir un relato anti minero y movilizar a poblaciones para las cuales termina siendo más fácil desarrollar una forma conflictiva de extraer rentas de la empresa minera que integrarse productivamente a la economía moderna.

¿Cómo desactivar la dinámica perversa?
Según Javier Fernández Concha, “cuando ingresan otros actores por lo general se empieza a desnaturalizar el pedido original y se incluyen otras demandas  más radicales hasta que llega un momento en el que se pierde el control y ya no se sabe bien por qué razones se está uno movilizando y adoptando medidas de fuerza. Es en esas circunstancias que se instalan las mesas de diálogo, pero en ese momento los funcionarios firman cualquier cosa con tal de resolver la crisis. Las mesas de diálogo se convierten, así, en mesas de capitulación, de rendición, y generan entonces un inventario de compromisos imposibles de cumplir, que luego se convierten en el germen de un nuevo conflicto porque alimentan la actividad de actores externos, en un círculo vicioso ya establecido”.   

El problema es que hay zonas del territorio nacional en las que esa dinámica perniciosa se encuentra ya instalada de manera regular. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el corredor minero del Sur. ¿Qué hacer entonces para desactivar  esa dinámica perversa allí donde ya está arraigada? Lo primero que se requiere, según Fernández Concha, es un buen diagnóstico de campo acerca de cuál es la causa del conflicto, que comienza por identificar el pedido social original que debe ser atendido y cuáles son los componentes e intereses que luego se han agregado, diferenciándolos del pedido originario. Esto implica identificar a su vez al conjunto de actores y micro poderes presentes y el papel que juega cada uno: la propia empresa, autoridades, rondas campesinas, comerciantes, acumuladores políticos, asesores económicos que buscan comisiones, ONGs, minería informal o ilegal, etc.[3]

La información será recogida directamente por los funcionarios de las Oficinas desconcentradas de la PCM antes mencionadas, pero también pidiéndosela a los sectores, gobiernos locales, sub prefecturas y comisarías. Sobre la base de ese diagnóstico se trazará una estrategia distinta para cada zona, porque cada zona es un sub mundo. El Viceministerio también se propone elaborar un análisis de las minerías informal e ilegal, a partir del mapa respectivo del INEI, a fin de elaborar estrategias caso por caso, sea para formalizar, para persuadir a los dueños de las concesiones, para hacer interdicción o para la reconversión en otra actividad.  

Cuando hablamos de conocer la dinámica de las relaciones entre los distintos actores y micro poderes locales para tratar de influir en ella, estamos hablando, en buena cuenta, de manejo político, acompañado de capacidad ejecutiva, para desactivar dinámicas viciosas. Estas Oficinas deberían tener promotores en el terreno que informen correctamente y deberían, asimismo, tal como recomienda Mendonca en su libro, formar a los líderes locales tales como presidentes o ex presidentes de las comunidades, profesores rurales, religiosos, empresarios rurales, etc., en temas tales como verificación del buen uso de los recursos provenientes de la mina, cómo verificar los impactos ambientales reales de la actividad minera, negociación y acuerdos con las empresas mineeras, institucionalidad de control de las empresas mineras. Y también deberían infundir tecnologías que aumenten la productividad de la economía campesina, como veremos. 

Aplicar la ley
Pero mientras no se logre desactivar las dinámicas viciosas y un conflicto degenere en acciones de cualquier naturaleza que violenten el marco legal, el Estado debe ser capaz de aplicar la ley y sancionar al infractor. Eso requiere un trabajo mucho más afiatado con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Significa fortalecer la inteligencia policial, la capacidad de fundamentar bien las denuncias por parte del Ministerio Público, y establecer una jurisdicción nacional para juzgar los casos de violencia. Es obvio que la impunidad es un aliciente para el desarrollo de estrategias violentas, de modo que sin duda una de las tareas de la PCM será coordinar con esas instituciones para establecer una política que permita desincentivar métodos de lucha delictivos.

Desarrollo rural e incorporación al mercado 

Pero no solo se trata de atender un pedido cuando se gesta, desactivar dinámicas conflictivas instaladas y sancionar las violaciones de la ley, sino, además, y sobre todo, procurar y facilitar el desarrollo rural y local para que las comunidades puedan incorporarse con todo su potencial a la economía de mercado.

Estamos hablando de que las familias puedan instalar en sus chacras las tecnologías de Sierra Productiva (mini reservorios, riego por aspersión, pastos cultivados, etc.) a fin de aumentar exponencialmente la productividad de sus labores e incrementar sus ingresos en la medida correspondiente. Uno de los efectos secundarios de esta transformación es que la mina ya no será vista como un blanco de reclamos para obtener recursos de todo tipo, o como un objeto de extorsión en última instancia, sino como un mercado para los productos de las unidades productivas familiares. Es decir, se pasaría de una dinámica de oposición a una de complementariedad. La diferenciación social, en lugar de agravarse, tendería a reducirse, restando bases sociales a los buscadores de rentas económicas y políticas, a los emprendedores destructivos.[4]

Javier Fernandez Concha no tiene en su radar todavía algo como Sierra Productiva, pero si ve la necesidad de elaborar planes de desarrollo concertados que partan desde abajo, desde los caseríos, y que tengan una visión compartida. Así como empoderar a líderes locales y fortalecer la capacidad de gestión de las propias comunidades y organizaciones sociales para manejar fondos sociales, por ejemplo.

A nuestro juicio, el Viceministerio de Gobernanza Territorial debería tener como brazo ejecutor al programa Sierra Productiva, que allí donde se ha introducido ha tenido siempre un gran efecto pacificador y constructivo. La gente, concentrada en su negocio y en su propio progreso, se olvida del conflicto salvo cuando es realmente justo, y más bien busca oportunidades para ampliar su mercado. Esa es la solución.

Pero para esto sería interesante que las empresas mineras aprendan a relacionarse con su entorno comunal de una manera mucho más creativa y productiva, al estilo del modelo aplicado por Bear Creek en Corani, Puno, que basa su relación con las comunidades no en ofrecerles empleo en la mina sino en convertir sus ventajas comparativas en competitivas (ver en Lampadia:  El secreto de la minería peruana) Familias que vendían lana de alpaca en bruto, ahora venden hilados y ropa inteligente y antiséptica enhebrada con hilos de plata -obteniendo ingresos 25 veces superiores-, protectores solares sobre la base del ichu, una cerveza artesanal a partir de una fruta silvestre local, entre otros productos desarrollados a partir de los recursos locales. Los propios ingenieros de la mina trabajan, junto con jóvenes locales, en la investigación y desarrollo de esos productos. 

Sebastiao Mendonca, por su parte, formula en su libro un conjunto de prácticas que las empresas minerías deberían desarrollar para reducir la conflictividad: prevenir los sentimientos de agravio, dinamizar las cadenas locales de valor, manejo preventivo de la conflictividad, construir legitimidad, mecanismos de comunicación, fortalecer la institucionalidad local y mejorar las acciones de responsabilidad social.[5]

La Sociedad Nacional de Minería, a su vez, no ha sido capaz de difundir ni capitalizar en relato social eficaz los activos ambientales y las buenas prácticas de desarrollo comunal que han desarrollado algunas de sus asociadas. No las ha sistematizado. En general, aun hace falta construir el sentido común de la minería como palanca del desarrollo nacional y de la propia diversificación productiva. La minería debe ser vista como parte de la identidad nacional. La batalla tiene que darse también en el terreno ideológico si queremos que nuestro país aproveche sus recursos para conquistar el desarrollo para todos. Lampadia

[1] Sobre la manera como buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, una institucionalidad estatal débil o ausente y empresas y gremios poco inteligentes, leer el libro recientemente publicado por Lampadia “Para reducir la Conflictividad Minera”, de Sebastiao Mendonca Ferreira.

[2] Ver “Para Reducir la Conflictividad Minera”, Sebastiao Mendonca Ferreira, Publicación de Lampadia

[3] Según Mendonca, los actores o grupos conflictivos son de dos tipos: (a) organizaciones políticas y ONG que, por razones de ideología e intereses, no quieren que la minería dinamice el progreso del Perú, y (b) los emprendedores destructivos que, por intereses económicos buscar generar dinámicas de extracción de rentas con las cuales puedan beneficiarse (p. 23).

[4] Ver el mencionado libro de Sebastiao Mendonca.

[5] Ver “Para reducir la Conflictividad Minera”, capítulo V, Lampadia.

El acoso al que está sometida la economía peruana por parte de grupos anti-mineros y, últimamente, por grupos que pretenden parar el desarrollo turístico, está dándose con un grado de impunidad alarmante, con una sensación de desapego del gobierno y con un grado de ignorancia por parte de los medios, que nos hacen temer que tenemos por delante un largo período en el que no se podrá recuperar el ritmo necesario de inversión privada, que nos permita crecer y generar recursos fiscales para afrontar un mínimo programa de gobierno que movilice el desarrollo de las infraestructuras sociales y económicas, además, por supuesto, de las reformas institucionales que requieren de un gobierno con liderazgo, que mire hacia delante y no un conjunto de ‘bomberos sin mangueras’ que todavía no identifican el origen del incendio.

Fuente:  www.pulsoregional.pe

En Lampadia venimos difundiendo análisis concienzudos sobre la conflictividad y hemos creado una biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, que presenta un conjunto de materiales que permiten juzgar la situación que se ha venido creando durante los últimos años, situación que se ha agravado sustancialmente desde el inicio del gobierno de PPK.

El nuevo gobierno inició su gestión con una economía estancada, con una persistente caída de la inversión privada, muy bajo nivel de demanda interna y un creciente déficit fiscal. En el corto plazo, el ajuste fiscal del MEF enfría la economía, corta el impulso de inversión pública y da una señal de aguantarse al sector privado. En el mediano y largo plazos, los conflictos sociales desalientan la recuperación de la inversión privada y reducen la futura disponibilidad de recursos fiscales para la  gestión del gobierno que estaba llamado a orientarse a reactivar la economía.

Lamentablemente, en los medios hay mucho cinismo y caras que se ponen de costado para juzgar la conflictividad anti-inversión. Si a esto le sumamos un gobierno que no llega a establecer una avenida de comunicación con la población, en la que puedan alertar al país sobre estas afrentas, es posible que nos estemos encaminando a perder años cruciales para nuestro desarrollo.

Desde acá hacemos un llamado a la reflexión y a la acción. Hoy se inicia un nuevo CADE, que es un espacio adecuado para hacerlo. No perdamos más tiempo. 

Ver la segunda entrega sobre las herramientas anti-mineras:

Herramientas Anti-Mineras II

El impacto de los documentales Anti-Mineros

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“Hija de la Laguna[1]”, “Tambogrande: Mangos, Muerte, Minera”, “Operación Diablo”, “A Tajo Abierto”, “Choropampa: El Precio del Oro”, “La Batalla del Cobre[2]”, “Luz de Agosto” Son nombres que no resuenan entre los filmes más vistos por las mayorías nacionales. Son títulos de largometrajes documentales con un claro sesgo ideológico hostil a la inversión minera. A estas filmaciones se le agregan decenas de cortos documentales con el mismo sesgo.

Este tipo de producción no es exclusiva del Perú, la conflictividad anti-extractiva ha resultado ser un rico rubro de producción en Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador.

A causa de la poca difusión pública de estos documentales se podría considerar que más allá de generar satisfacción emocional entre activistas ideologizados no podría tener efectos sobre la dinámica política de la conflictividad social ligada al sector extractivo.

Sin embargo, como explicaremos en el presente artículo, algunos mecanismos de los documentales terminan siendo instrumentos con capacidad de incidir sobre las dinámicas políticas presentes en los conflictos sociales.

Características y Uso

Los documentales anti-mineros tienen un conjunto de particularidades que los diferencian de los documentales con preocupaciones ambientales. El documental anti-minero se dedica a impulsar una agenda ideológica concreta y no hace esfuerzos por brindar afirmaciones con fundamento empírico o técnico. Lo importante en el documental anti-minero no son los hechos sino la narrativa. Los hechos que presenta están filtrados y moldeados en función de alimentar la narrativa, en el más claro sentido de la propaganda.

Los documentales anti-mineros tienden a cumplir la siguiente narrativa:

En primer en lugar se da una descripción idílica del estilo de vida rural al que se le presenta  amenazado por la actividad extractiva. Se sustenta la imagen de una población que vive en un entorno hermoso y llevando una vida que, sin ser materialmente prospera, expresa los ideales del “buen vivir”. 

Posteriormente se muestra que esta “pobreza feliz” se ve amenazada por las grandes empresas extractivas que destruirán el “buen vivir” en estos territorios. Para fundamentar esta amenaza se menciona lo nocivas que son las sustancias involucradas en un proceso minero, sin hacer mención a cuál es el nivel de riesgo efectivamente enfrentado por la población en caso se dé un proyecto extractivo. También se muestran impactos ambientales de empresas mineras en otras localidades de mundo sin importar si este impacto se dio con la aplicación de tecnologías ya anticuadas o radicalmente distintas a las que se aplicarían en el proyecto a ser atacado.

La fundamentación de estas amenazas se da mediante testimonios de pobladores de la zona y de expertos presentados como neutrales pero que, por lo general, son activistas hostiles a la minería.

La lucha contra el proyecto es otro de los aspectos a ser relatados en estos documentales. Esta debe representar a una población que se enfrenta a una poderosa empresa que tiene de su lado al poder del Estado. Los intereses políticos o de extracción de rentas por parte de los movilizados durante el conflicto social, son cuidadosamente ocultados. El significado moral del conflicto es importante: este se caracteriza como un acto de resistencia ante el abuso y el maltrato, una lucha desigual del débil en contra el fuerte. Los líderes de los movilizados son presentados como motivados por sentimientos altruistas y por movidas preocupaciones por las poblaciones locales.

El mensaje que busca transmitir es el de un enfrentamiento épico entre los desposeídos y los todopoderosos en el que se desnuda en toda su plenitud como la policía, la prensa y los políticos se someten al poder de las grandes empresas extractivas. La hostilidad a las actividades extractivas es mostrada como una lucha guiada por valores éticos que merece ser apoyada.

Implicancias Estratégicas

A pesar de la baja exposición pública, estos documentales cumplen un conjunto de roles importantes en la dinámica de los conflictos sociales, especialmente para ciertos públicos estratégicos hacia los cuales se dirige.

Sobre los donantes: Existe competencia entre las diversas ONGs respecto al acceso a donaciones por parte de la cooperación internacional. En buena medida, este acceso se verá afectado por la fuerza con la cual “la causa” que se pretende defender sea vista como relevante en los círculos de donantes del “primer mundo”. Los documentales anti-mineros son vistos en estos círculos y sirven para poder posicionar un conflicto en su mente. Los ayuda a identificar oportunidades interesantes de donación y de captación de fondos. Esa decisión de los donantes lleva a una mayor canalización de recursos hacia las ONGs involucradas en estos conflictos.

Sobre los voceros y periodistas: Estos documentales sirven para “municionar” con mitos e ideas a periodistas y líderes de opinión, tanto en el Perú como en el exterior, propensos a la  hostilidad hacia la minería. Por sus simpatías y afinidades ideológicas, esas personas están dispuestos a asistir y a creer en estos documentales.

Los documentales brindan una narrativa coherente que es fácilmente absorbible por quienes los ven. Los argumentos que se emiten son posteriormente repetidos por estas personas, como voceros y periodistas, en sus apariciones mediáticas con lo que se despliegan los mensajes provistos en estos documentales en múltiples plataformas y llegan a un publico amplio. Ellos operan como reproductores de los mensajes ante otros públicos objetivo.

Sobre los activistas: Entre las personas con simpatía por la narrativa anti-minera, la exposición a esta clase de documentales tiene un significado emocional y de identificación que propicia una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo al activismo anti-minero. Ellos se sienten útiles trabajando por una causa que les parece noble. El documental les ayuda a construir esa ilusión.

Existen múltiples espacios potenciales para dedicarse a la política entre las personas con profunda insatisfacción hacia el actual modelo de desarrollo. Entre estos individuos, los documentales brindan el inicio de un marco interpretativo post extractivista que puede inspirar su acción inmediata y su formación política futura. Son instrumentos importantes de captación de nueva militancia política anti-minera y anti-sistema.

 Efectividad de la Herramienta

El efecto de esta herramienta sobre estos públicos depende de múltiples factores. La difusión del documental es el más obvio de estos factores, conforme más personas vean el documental o los derivados mediáticos del mismo mayor será el impacto. Entre los derivados mediáticos se encuentran los tráileres del documental, las notas periodísticas, y las entrevistas en medios de comunicación a sus actores y realizadores.

La imagen de independencia política e ideológica es otra condición. Múltiples públicos rechazarían un producto considerado como radical o adscrito a una ideología. Por ello, los mensajes son canalizados mediante casos que puedan ser percibidos como reales, y con personajes locales, que de preferencia se evidencien en declaraciones como las del realizador de “Hija de la Laguna” en las que declara que el suyo: “No es un documental anti-minero sino en favor del agua”[3]. La caracterización de un documental de este tipo como anti-minero radical reduce la capacidad de incidencia de este producto sobre los públicos no radicales.

La resonancia con los públicos externos es otro factor, ello se ve afectado por la medida en la que instituciones internacionales tales como OXFAM, Amnistía Internacional y la CIDH le hayan brindado relevancia al tema. Esta resonancia afecta de manera especial el efecto del documental sobre las ONGs internacionales en especial sobre su acceso a recursos.

La credibilidad pública del documental también es importante. Si seconsidera que las informaciones vertidas en el mismo son sesgadas o inexactas el mismo pierde efectividad como herramienta de difusión de la narrativa anti-minera. En especial menos medios de comunicación se encontrarán dispuestos a dar relevancia al documental realizando, y emitirán menos notas periodistas elogiosas o entrevistas a sus realizadores. Por ello, esos documentales siempre buscan brindar elementos que aparenten base factual para la historia que cuentan.

Lampadia

Comentario de Lampadia

Oxfam sigue en lo suyo, subvertir la realidad para cosechar aportes que se compensan con ‘indulgencias’ que aplacan la conciencia de sus donantes.

En este caso, Oxfam acaba de publicar por tercer año consecutivo su alarmante noticia de que el 1% de la población tiene tanta riqueza como el restante 99%. Pues, esto es una manipulación embustera. Ver líneas abajo el informe al respecto de Chris Giles, del Financial Times.

Cómo hemos publicado en Lampadia, este mismo fenómeno de torcer la realidad se reproduce en el Perú en varias ONG autoproclamadas ambientalistas y/o pro-comunitarias. Ver en Lampadia: Lentejas, Votos y Donaciones.

Este comportamiento no es de extrañar, estas ONG están aprovechando su espacio de mercado para extraer rentas. Lo que si es de extrañar es el poco criterio propio con el que muchos líderes de opinión y medios de información peruanos repiten y propalan este tipo de noticias, creando un sentido común justiciero y de resentimiento, que, al no sustentarse en la realidad, termina siendo un vil aprovechamiento de la buena voluntad de muchos ciudadanos.

Por ejemplo. Oxfam sacó su despacho sobre la supuesta híper concentración de la riqueza el pasado 18 de enero, y el 19 por la mañana, ya había sido reproducido por el Diario Exitosa y pregonado por su emisora radial, así como por varias radios más y posts en las redes sociales. Ver la siguiente ilustración.

Y por supuesto, no podía faltar el despacho del diario La República, que el 20 del mismo mes rebotó el embuste.

Lamentablemente, según publicamos hace pocos días, la tendencia de los medios actuales es de preferir el escándalo y las malas noticias a los grandes procesos positivos que al final marcan la historia de la humanidad. Ver en Lampadia: Una paradoja de la ‘Evolución de Todo’ – Mayor bienestar con malas noticias.

Ya anteriormente hemos reportado el mal comportamiento de Oxfam. Ver en Lampadia: Queda demostrado que solo los mueve la ideología – Oxfam no tiene autoridad moral,  publicado el 25 de julio 2014. Ver además: Cinco grandes mentiras de Oxfam sobre la pobreza y la desigualdad en Europa.

De Oxfam no podemos esperar nada, pero sí de los medios locales. Aprendamos de estos dislates. Lampadia

Tres razones para cuestionar las cifras de desigualdad de Oxfam

Chris Giles

Financial Times

18 de enero 2016

Traducido y glosado por Lampadia

El lunes pasado, la ‘organización benéfica’ Oxfam, hizo un gran revuelo con un informe que afirma que las 62 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. No sólo eso, sino que el 1% más rico de la población mundial poseía en el 2015, tanto como el 99% restante.

Hay que admirar las habilidades de comunicación de Oxfam. Este es el tercer año que ha sacado un despacho de esta magnitud, escogiendo de manera impecable, el momento propicio para coincidir con los plutócratas del mundo mientras están en el Foro Económico Mundial en Davos.

Todos deberíamos aceptar que la desigualdad de la riqueza en el mundo es amplia. Pero la mejor noticia es que el mundo ha sido testigo de una disminución de la desigualdad de ingresos y de la pobreza. Esos son dos grandes hechos. (La página web de Max Roser muestra esto y más).

Por lo tanto, nadie debe tomar muy en serio los números de Oxfam. Pero si alguien está todavía dispuesto a hacerlo, aquí hay tres razones adicionales para ser cauteloso:

1. Las cifras de Oxfam son inventadas

Cada estadística económica mundial es inventada hasta cierto punto; pero las de Oxfam, van más allá que el resto. La ONG junta los datos sobre los individuos más ricos según Forbes, diseñado para vender revistas, con datos sobre el resto del mundo de Credit Suisse, el cual a su vez compila datos a partir de una serie de fuentes incompatibles.

Por lo tanto, los analistas tienen la responsabilidad de tener cuidado con cómo utilizan esta  información y de abstenerse de grandes pretensiones cuando lo hacen. Oxfam está siendo un poco laxa en este tema, sobre todo al crear una gran historia basada en cambios de números creados.

2. La medida de riqueza es problemática

Muchas personas lo han señalado, pero la medida del Credit Suisse para la riqueza se basa en una de patrimonios netos (activos menos pasivos), por lo que considera a un reciente graduado americano como si tuviera un ingreso enorme, pero con la deuda universitaria se vuelve más pobre que un agricultor en China. Esto explica por qué Norte América parece tan desigual en este gráfico (inferior) del informe de Credit Suisse. 

Sólo para que la gente tenga una idea de lo que necesita para estar en las diferentes secciones de la distribución de la riqueza mundial en esta tabla: una riqueza total de US$ 500 (como por ejemplo, un iPhone) te colocaría en el tercer decil; US$ 10,000 de riqueza total (un auto antiguo) te colocaría en el octavo decil; US$ 70,000 te colocaría en la extrema derecha de este gráfico, el décimo decil; y la mayoría de las personas que poseen una propiedad en Londres tendrían más de US$ 760,000 de riqueza y los colocaría en la supuesta zona plutócrata mundial del 1 por ciento. Todas estas cifras provienen de las tablas de Credit Suisse. El pie de página número 31 del informe de Oxfam intenta informar estas útiles cifras, pero no lo logra.

3. El aumento del dólar estadounidense arruina todos los cálculos

Al parecer, el hallazgo más importante según el comunicado de prensa de 2015 de Oxfam es una “caída dramática en la riqueza de la mitad más pobre del mundo”. Esto viene directamente del informe de Credit Suisse y la razón es obvia. Por algún motivo que no entiendo, Credit Suisse agrega estimaciones internas de riqueza a través de los tipos de cambio de mercado en vez de utilizar las tasas de paridad de poder adquisitivo (ppp), que utiliza el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones para hacer comparaciones similares.

El efecto es que la riqueza en todos los países cuyas monedas se han depreciado frente al dólar (la mayoría de los países en 2015) probablemente caiga. El Credit Suisse escribió esto en su primera frase: “La riqueza mundial cayó de alguna manera en 2015 debido a la fortaleza del dólar estadounidense, según el ‘Informe sobre la Riqueza Mundial 2015’”. Pero Oxfam no consideró relevante mencionar este hecho. Como muestra el siguiente cuadro de Credit Suisse, el cambio en la riqueza nacional está casi totalmente ligado al tamaño de la depreciación del año pasado frente al dólar estadounidense. Ver el siguiente cuadro: