Minedu: ¡Saca las manos de la educación privada!

Editorial de Lampadia

En Lampadia, amparados en la opinión de expertos en educación de distintas partes del mundo, hemos explicado en detalle que la educación escolar pública no solo adolece de ínfimos niveles de calidad, sino que también está basada en metodologías obsoletas, inhibidoras de la innovación y la creatividad. El magisterio sigue adscribiendo a la ‘lucha de clases’ (por estatuto) y las regulaciones son de filosofía castrense, verticales y centralistas. Todo lo contrario de lo necesario para formar ciudadanos capaces de progresar en el siglo XXI.

Además, hemos denunciado que el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, nunca reconoce el aporte del sector privado a la educación y solo se refiere a ella para destacar la supuesta “mala calidad” de algunas escuelas privadas.

Durante el proceso electoral, cuestionamos la voceada permanencia de Saavedra en el ministerio. Explicamos que el ministro más importante para los próximos cinco años es el de educación, pues a diferencia de los demás, sus falencias pueden hacer daños estructurales y de largo plazo. Luego de la ratificación de Saavedra en el cargo por el gobierno de PPK, supusimos que el ministro por lo menos morigeraría su inclinación contra el sector privado. Sin embargo, pareciera que está sucediendo lo contrario: ahora tenemos a un Saavedra ‘recargado’ que, aunque lo niegue, pretende hacerse de armas que le permitan constreñir la educación privada o someterla a una suerte de aplanadora regulatoria.

En un momento histórico en que la tecnología permite una formación individualizada en el Perú, se pretende regimentarla (ver: Más propuestas disruptivas para la educación). Ahora nos enfrentamos a un novísimo proyecto de reglamento de la educación privada que el mismo ministro defendió en RPP y que a pesar de las críticas no retira aún. Veamos la situación creada:

La proporción de alumnos que estudia en las escuelas privadas viene subiendo aceleradamente. Pasó de un 21% el 2005 a casi un 30% el 2015. Y en Lima Metropolitana el trasvase a la educación privada es aun más veloz, alcanzando nada menos que un 53.6% en la actualidad.[1] La inversión del sector privado en educación escolar supera el 3% del PBI. Es posible que algunos funcionarios en el ministerio de Educación vean este crecimiento con preocupación, y quizá por esa razón redactaron un proyecto de reglamento de la educación privada que buscaría contener esa expansión a la mala, imponiendo regulaciones imposibles de cumplir no solo por la escuela privada sino menos aun por la pública.

Es cierto que el Ministro  Saavedra, luego de las críticas, ha declarado que el mencionado texto, que contiene 48 páginas de faltas y sanciones, no es más que un borrador que va a ser modificado con  las observaciones formuladas por los privados, pero lo que preocupa es que una propuesta así haya podido nacer en el seno del ministerio. El destacado experto en educación, León Trahtemberg, ha declarado que el reglamento es “un horror”. Dicho proyecto no solamente persigue y acosa al sector privado, tratando siempre de encasillarlo, obstaculizándola innovación y socavando libertades, sino que además lo regula hasta en lo más nimio. Veamos:

1. El proyecto de reglamento establece, en su artículo 5.4, que es condición indispensable “Contratar únicamente como docentes a personas que cuenten con un título profesional en educación o en pedagogía, o con un título profesional de carreras afines a los cursos que van a dictar…”. Pero ocurre que muchos profesores de la educación privada son egresados o bachilleres universitarios o incluso magisters sin título profesional que, sin embargo, tienen más conocimientos y enseñan mejor que profesores con título pedagógico y no pueden enseñar “legalmente”. 

   Según el proyecto de reglamento, si un profesor no tiene título profesional, por más que sea bachiller o incluso tenga una maestría, la institución podría ser clausurada. Esto es absurdo.  ¿Qué va a pasar con todos estos profesores “no profesionales”? ¿Van a quedarse sin trabajo? 

No olvidemos, que una escuela es tan buena como la calidad de sus maestros. Estadísticamente no son los mejores estudiantes quienes estudian educación; ni siquiera los que tienen vocación por esta disciplina optan por ella. Sin embargo, algunos al terminar su carrera terminan trabajando en escuelas.  ¿En un país con escasez de profesores de calidad no es mejor modificar la ley para permitir este aporte o, en todo caso, crear ciclos cortos de capacitación “pedagógica” en las universidades o institutos que permitan regularizar esta situación? 

1. El proyecto de reglamento dispone también clausurar los colegios que incumplen los metros cuadrados exigidos por ambiente, pero los parámetros son tales que son incumplibles para la mayor parte. Así, por ejemplo, si tenemos una secretaría en un ambiente de 9 m² y no 10 m², pues el colegio queda clausurado.  Lo mismo si no se tiene cinco metros cuadrados por alumno en un laboratorio, taller o biblioteca, algo que carece de sentido: con 30 alumnos, por ejemplo, un laboratorio tendría que medir 150 m².  El Ministerio debería preocuparse por modificar la norma que establece esos metrajes, que es en definitiva la que genera estos excesos.  De otro lado, si en un aula hay un alumno de más en relación a lo establecido en la norma técnica, se clausura el colegio de inmediato.

1. Se disponen sanciones si se aumenta el número de horas lectivas. Resulta que los colegios privados, que tenían que cumplir con el programa educativo oficial, recurrieron a dictar más horas para introducir innovaciones. Así se pasó de 40 a 48 horas semanales. Pues el nuevo reglamento, después de que se han incorporado las innovaciones al estándar, prohíbe dictar una sola hora más, amenazando con grandes multas.

1. Los colegios no pueden tomar ninguna medida contra los deudores más allá de judicializar el tema. ¿Es correcto que un alumno asista todo el año sin pagar? ¿Cómo hacen los colegios para cumplir puntualmente con sus obligaciones si los padres no pagan las pensiones? Es como ir a una clínica y estar internado por varios meses, pero sin pagar ni tener seguro o ningún tipo de garantía, o salir de compras al súper mercado y llevarse la carretilla llena sin pagar… ¿No debería el Minedu defender a los colegios privados?

1. Las sanciones a los colegios privados llegan hasta 100 UITs (S/. 395,000), monto impagable para casi la totalidad de colegios del Perú. No se respeta el principio de proporcionalidad entre la multa y la gravedad de la falta o la reincidencia. Y, por cierto, no vemos cómo eso podría desterrar la informalidad; solo afectará a los colegios serios.

Como toda actividad de producción de bienes y servicios nacionales, una cierta proporción de la educación  se desenvuelve de manera informal, es decir, al margen de muchas de las leyes y reglamentos que regulan su funcionamiento (Minedu, Mintra, Sunat, Municipalidades, etc.). Sin embargo, día a día, compite victoriosamente con la educación pública a pesar de que la primera es pagante y la pública es gratuita. Sería interesante ver qué pasaría con los colegios públicos si se les aplicara la misma normatividad que a los privados. ¿Cuántos evitarían ser clausurados?  

La política general del gobierno del presidente Kuczynski tiene como importante finalidad combatir la informalidad, no destruirla. En su caso, el ya famoso “proyecto de reglamento de la educación privada” convierte a Ministerio en el gran perseguidor de la educación privada informal y, de paso, acosador del formal, dotándolo de las armas más contundentes para anularlo. ¿No es mejor tolerarlo y más bien mejorar la educación pública para que, aprovechando la ventaja de la gratuidad de la enseñanza, obligue a las escuelas privadas a subir sus estándares?  Sobre todo, si día a día la población le ratifica su “confianza” pagando lo que puede ser un servicio gratuito. 

En el último CADE por la Educación hemos visto al Ministro Jaime Saavedra y a su Vice Ministro Juan Pablo Silva insistir en la misma actitud regulatoria y persecutoria. Como existen informales, regulemos y acosemos a los formales. A pesar de ser ambos destacados economistas, hasta el momento no se han percatado de que a mayor  regulación, mayor informalidad. La regulación implica aumento de costos y ello lleva, ineluctablemente, a expulsar a los colegios con menos recursos de la formalidad. No es con regulación como vamos a desaparecerlos. Es mejorando la oferta de la educación pública, que en muchos casos ni siquiera existe allá donde campea la informalidad. El Minedu regula siempre pensando en los colegios más caros de Lima, establece normas  o permite que las cree el Congreso sin oponerse a ninguno de esos atropellos en contra del sector. Es claro que no ven con buenos ojos la participación del sector privado en educación, sea con o sin fines de lucro. 

A muchos educadores les preocupa el tema de la innovación en educación y el proyecto de reglamento no lo contempla para nada. El Ministerio debería promover más la innovación en lugar de convertirse en un ente policial dedicado a perseguir colegios y a parametrarlos completamente. El Minedu, dado que no puede cubrir toda la demanda, podría promover más la intervención de privados en la gestión pública. Por ejemplo, fomentando Asociaciones Público Privadas para administrar redes de colegios públicos, al estilo Fe y Alegría, algo que se resiste a hacer.

El Perú requiere un Minedu que lidere la educación y no un ente policial más. Respecto al sector privado, debería ser un ente promotor y facilitador. Debería además agradecerle todo lo que hace por la educación de nuestros niños y jóvenes. El Estado tiene ya demasiados problemas en el sector público como para estar destinando su tiempo a un sector donde los padres saben defenderse y pueden acudir al Indecopi, incluso anónimamente.

Lampadia