La minería en el Perú está esencialmente parada desde el inicio del gobierno de Humala-Heredia. PPK fracasó clamorosamente en la necesidad de reposicionar a la minería como una actividad positiva para el desarrollo del país, empezando por los pueblos cercanos a los proyectos. Esperamos que el gobierno de Vizcarra logre enmendar rumbos.

Hace una semana, mientras en Chile se realizaba la Conferencia Mundial de Cobre 2018, organizada por CRU, y todos los representantes de la industria, así como de las compañías de ingeniería y maquinaría minera, compartían su entusiasmo por el potencial del sector y la disposición de Chile para desarrollar sus proyectos, en el Perú se empezaba a perfilar una inconsecuente falta de visión y valentía, por parte de los miembros del nuevo gobierno de Vizcarra con respecto a las inversiones en minería y energía, empezando por el propio primer ministro.

El primer ministro, Cesar Villanueva, con su proverbial bonhomía, hizo una declaración, festejada por el diario La República, sobre la necesidad le lograr ‘licencia social’ y como requisito previo al desarrollo de los proyectos mineros: “Tía María (…) es uno de los proyectos que (…) no tienen la aprobación de las poblaciones adyacentes al centro minero y que, además, no demuestran un respeto absoluto al tema ambiental en sus propuestas de operación deben esperar.”

Lamentablemente, en vez de asumir el reto de explicar a los ciudadanos, la necesidad de apoyar los proyectos mineros y sus beneficios para el país, el gobierno prefiere, aparentemente, jugar a la política tradicional y postergar las decisiones cruciales de gobierno, en haras de asegurar el voto de las izquierdas anti-inversión y anti-minería, para la investidura del gabinete.

Cuidado, que así es como se malogran las oportunidades de avance del país. Así sucedió,  cuando recuperamos la democracia luego de la dictadura militar, cuando el presidente Belaunde, con su tradicional bonhomía, postergó todas las decisiones que debieron corregir las barbaridades de la dictadura estatista, para cuidar la candidatura municipal de Eduardo Orrego. Salió Orrego, pero nunca se pudo enrutar al Perú, hasta diez años después, luego de mucho sufrimiento y costo de vidas.

No podemos arriesgar el destino de los peruanos, postergando las inversiones que deben disminuir la pobreza y corregir siete años de despropósitos.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq

Para Lampadia

El 20 de febrero pasado fue asignado el proyecto minero Michiquillay (Cajamarca) a Southern Peru Copper Corporation, este proyecto implica una inversión de US$ 1,950 millones y entraría en operaciones el año 2025. Se trata de una noticia sumamente relevante puesto que es el primer nuevo proyecto minero a ser iniciado en el Perú en muchos años.

La reacción entre los actores económicos ha sido positiva, aunque se considera que, por sí solo, Michiquillay no implicaría un cambio significativo en la trayectoria del crecimiento económico de largo plazo del país.

Como ya es común en el Perú, el riesgo principal que enfrentan proyectos de esta envergadura no proviene de aspectos económicos y/o financieros, sino de tipo socio-político. El proyecto Michiquillay no es la excepción. El mero hecho que se encuentre ubicado en la región Cajamarca lo expone abiertamente a esta posibilidad. En Cajamarca las fuerzas políticas hostiles a la minería[i] obtuvieron 51% del total de votos válidos en la última elección presidencial[ii], más específicamente se encuentra en el distrito de “La Encañada” en el que dichas fuerzas obtuvieron un agregado de 52%. Otro a dato a considerar fue el crecimiento explosivo en el número de miembros de las comunidades de Michiquillay y la Encañada (ver tabla siguiente). Esto nos señala la existencia de múltiples personas interesadas en obtener una porción de las rentas generadas por este proyecto extractivo.

Como se puede observar el proyecto se encuentra en una zona en la que la hostilidad minera puede significar un incentivo para el posicionamiento político de múltiples actores locales y sociales, alineados contra el proyecto. Tal como hicimos hace unos meses para Lampadia en el artículo “¿Tía María va?”, en el presente texto hemos identificado algunos de los riesgos sociales que enfrenta el Proyecto Michiquillay y que podrían erosionar su viabilidad:

1. Manejo del Fondo Social Michiquillay: La generación de instituciones benefactoras con recursos mineros ha sido un instrumento de legitimación social aplicado en múltiples casos. Se tiene en Cajamarca el antecedente de la ALAC la cual fue implementada por Minera Yanachocha, en Espinar se creó la Fundación Tintaya. Esas instituciones manejan importantes recursos y la disputa por el control de los mismos puede llegar ser sumamente conflictiva. En el caso de la Fundación Tintaya el 29 de mayo del 2012 el local fue incendiado por un grupo de manifestantes en medio de acusaciones respecto a que la Fundación servía para dividir a la comunidad en favor de la mina. En el caso del Proyecto Michiquillay cuando el mismo era administrado por Anglo American, a inicios de junio de 2013 el local del Fondo Social Michiquillay fue tomado por personas que reclamaban el pago a las universidades donde estudian sus hijos y que se cumplan los acuerdos de un año de trabajo para cada uno de los comuneros. Recientemente se acusa los dirigentes locales favorables a la realización del proyecto de estar comprometidos “en las irregularidades del Fondo Social Michiquillay que consta en los informes de auditoria”[iii] es acusación ha sido divulgada por el congresista post-extractivista Marco Arana.

En el caso de Fondo Social Michiquillay el mismo dispone, actualmente, del 50% del total de las contraprestaciones de la empresa hacia el Estado, el mismo que asciende a un monto cercano a los US$ 200 millones. Estamos hablando de fondos significativos a ser controlados de manera conjunta por la empresa y por representantes de comunidades sin experiencia en la gestión de fondos de dicha magnitud.

Las disputas respecto al Fondo Social pueden ser aprovechadas por los postextractivistas, ellos podrían brindar a facciones en disputa por el Fondo soporte discursivo. Es decir, una facción de la comunidad deseosa de controlar parte del fondo podría presentarse como víctima de abusos por parte de la empresa o afectada ambientalmente ello con la esperanza de legitimar socialmente acciones de presión contra el Fondo. El aparato de comunicaciones post-extractivista en múltiples ocasiones ha mostrado efectividad en convertir intereses rentistas de grupos y organizaciones en discursos en que lucen a los ojos del público como víctimas de las empresas mineras.

Por ejemplo, existen voceros y organizaciones que buscan polarizar con los representantes del Fondo Social y con los representantes de las comunidades.Una estrategia que anti-mineros han usado con anterioridad es la creación de organizaciones paralelas (Frentes de Defensa, comités, confederaciones, etc.) que se presentan y hablan en “representación de la población”.Estas organizaciones confunden a la opinión pública acerca de cuáles son los representantes legítimos de la población.El siguiente cuadro muestra declaraciones de voceros de algunas organizaciones.

Una diferencia importante con las coaliciones formadas en otros conflictos, es que los representantes de la población se han mostrado abiertamente a favor de la continuidad del proyecto, y han rechazado la presencia de elementos ajenos a la comunidad.  (“En cuanto a las protestas anunciadas por los anti-mineros, [Jesús Díaz Casahuamán, presidente de la comunidad campesina de Michiquillay] dijo que están en su derecho, sin embargo, aclaró que los comuneros no permitirán el ingreso de terceros a querer desestabilizar la ejecución del proyecto, porque todos están de acuerdo con esta oportunidad de desarrollo que representa”.  Habla Cajamarca- Radio la Beta- 13/02/2018).

2. El Anillo Externo: Un proyecto extractivo puede estar en buenas relaciones con su entorno directo y aun así ser socialmente inviable. Esto puede darse cuando el proyecto enfrenta un anillo externo que es hostil al proyecto. Un caso relevante en el que esto se dio fue en el del Proyecto Conga. En este caso las comunidades más cercanas al proyecto en múltiples ocasiones habían manifestado su apoyo a la realización del proyecto; sin embargo, la movilización en zonas más lejanas al proyecto generó una dinámica de conflicto que lo inviabilizó.

Este fenómeno del anillo externo puede verse agravado por el accionar mismo de la Empresa y sus prácticas sociales. Algunas empresas con el fin de obtener la “Licencia Social” en su entorno destinan ingentes recursos a una Área de Influencia (AI) definida con criterios técnicos sin considerar las dinámicas sociales de la zona. Esta asignación de recursos es entendida, en muchos casos, como una compensación frente a los efectos ambientales de las operaciones mineras. Esto genera una clara diferencia entre beneficiarios y excluidos de un proyecto minero, diferenciados por quien queda a un lado u otro de la ribera de un río, en una u otra ladera de un monte, o cualquier otro límite geográfico determinado por la empresa.

Un mecanismo para justificar la inclusión en el AI sería que los miembros de este “Anillo Externo” sean percibidos como perjudicados por el proyecto minero. Es en esta circunstancia que los pos-extractivistas encuentran terreno fértil para su narrativa, puesto que proveen de discurso y asesoría a los dirigentes que requieren ser percibidos como afectados ambientalmente para lograr sus objetivos. En este caso, los que se perciben como afectados son la población de Polloc y Namora, audiencia que anti-mineros locales han encontrado para inocular su narrativa. 

Una vez que empiezan a trabajar con dirigentes y líderes de opinión locales, los pos-extractivistas tienen convocatoria local para sus “Talleres Informativos” destinados a maximizar el temor entre la población local (ver en Lampadia: “Manual de formación de líderes anti-mineros”). Las movilizaciones por parte del Anillo Externo pueden devenir en actos violentos y vandálicos, cierre de carreteras, y en plataforma para el envío de mensajes hostiles a la minería. En el caso de Conga las movilizaciones de comunidades no pertenecientes a los Anillos más cercanos del proyecto fueron determinantes para generar las tensiones que paralizaron dicho proyecto. Por ello más allá del apoyo del AI, hay que estar pendiente del clima social fuera de ella y su potencial de movilización contra el proyecto. Es relevante mencionar que la ONG anti-minera Grufides ya ha empezado a visibilizar la resistencia al proyecto por parte de pobladores en insatisfechos en los alrededores del proyecto.[iv]

Por el momento, los esfuerzos por generar movilizaciones contrarias han sido infructuosos, tanto de manera contraria como favorable.(“El dirigente rondero Ydelso Hernández [candidato al congreso por el MAS, con 23,048 votos mientras Arana obtuvo 8,576] dijo que miles acudirían a la movilización en contra del proyecto Michiquillay, pero no fue así, y el político cajamarquino Miguel Rojas tampoco tuvo la convocatoria con su marcha en apoyo a las inversiones, por lo que ambas convocatorias pasaron desapercibidas”- La rotativa regional, RPP – 20/12/2018).

3. Utilización Político-Electoral del Proyecto: La polarización frente a proyectos mineros puede resultar un conveniente mecanismo de posicionamiento electoral. En Tambogrande Piura, Francisco Ojeda resultó ser electo alcalde de su distrito tras oponerse a la inversión minera como dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande en 2003. En la provincia de Bambamarca en Cajamarca, Edy Benavides fue electo alcalde provincial tras liderar el Frente de Defensa en 2014. En Espinar Cuzco, Oscar Mollohuanca fue elegido alcalde de su provincia tras liderar el Frente de Defensa y liderar violentas protestas contra la minera Xstrata Tintaya en 2013. Finalmente, Gregorio Santos fue reelecto como gobernador de Cajamarca tras una gestión precaria en obras o servicios gracias a su polarización anti-minera. Como se pude observar en múltiples ocasiones el posicionarse como luchador frente a los supuestos abusos de las empresas mineras resulta ser políticamente rentable.

La utilidad de la polarización contra la minería ha sido reconocida por los dirigentes del MAS-Cajamarca. Cesar Aliaga[v], posiblemente el pensador más sofisticado de dicha organización, considera en su libro “La Batalla por Cajamarca”, que haber planteado las elecciones regionales como un referéndum respecto a Conga fue una de las principales causas de su victoria. De manera adicional, en un escrito interno reciente del MAS-Cajamarca el dirigente Johnny Tejada[vi] se lamenta que en este proceso electoral de octubre del 2018 no se estuviera vislumbrando una polarización anti-minera regional que impulsara la victoria del MAS.

Con la asignación del Proyecto Michiquillay a Southern, estos intereses se mantienen y se da la posibilidad de una polarización que permita que el eje de disputa de la compaña del 2018 sea uno entre “Pro-mineros versus defensores del agua” único escenario en el cual el MAS podría resultar triunfante dada su baja capacidad de gestión pública y constantes escándalos de corrupción.

Es en ese sentido, las declaraciones de Gregorio Santos respecto a Michiquillay en las que afirma que es un proyecto “Que nació muerto”, las del Gobernador Regional Porfirio Medina en las que afirma que ha sido impulsado “al caballazo” y las del líder rondero Ydelso Hernández mostrando su absoluta oposición, pueden ser entendidas como un intento de capitalizar electoralmente a partir de una potencial polarización social contra Michiquillay. Existe por ello un riesgo relevante de la instrumentalización de la oposición a Michiquillay como plataforma política por parte de ciertos actores locales. Es especialmente relevante en el caso del MAS-Cajamarca que requiere que la agenda electoral se aleje de su gestión lo más posible.  De igual manera, un posible candidato a la región como Miguel Rojas, intentó organizar una movilización favorable que serviría como plataforma política; sin embargo, no tuvo éxito.

4. Deslegitimación del Proceso de Socialización: Los activistas anti-mineros tienen procedimientos bastante estandarizados para erosionar un proyecto, paulatinamente. En un primer momento intentan movilizar a la población contra los procesos de exploración minera como se dio el caso del proyecto Cañariaco, si esto no es posible trataran de bloquear y deslegitimar el proceso de adquisición de tierras por parte de la Empresa. Los primeros ataques de Marco Arana a Yanacocha fueron con esa temática. Si esto no se logra, se tratará de descalificar el proceso de socialización del proyecto en especial a las Audiencias Públicas y el EIA. Las Audiencias Públicas son atacadas con argumentos bastante homogéneos: se afirmará que se excluyó a los sectores opuestos al proyecto, que las firmas de asistencia fueron dadas con engaños y que el supuesto consentimiento de la población al proyecto ha sido producto de amenazas y prebendas por parte de la Empresa Minera. También se tratará de descalificar el EIA con estudios alternos, como los realizados por Robert Moran.[vii], estudios de cuestionable calidad y enfocados en sembrar temores sobre los potenciales efectos ambientales.

La legitimidad del Proceso de Socialización es un componente no visible de la disputa por la viabilidad de los proyectos mineros, si bien no incluye manifestaciones públicas o tomas de carreteras, de la legitimidad de estos procesos dependerá de manera crítica la postura de las comunidades cercanas y la posición de líderes de opinión.

En el caso del conflicto alrededor del Proyecto Las Bambas, un componente de la narrativa anti-minera consistió en considerar que los mecanismos mediante los cuales se socializaron cambios en el proyecto resultaron no ser legítimos. Se afirmó que el cambio de la modalidad de traslado del mineral de un mineroducto al uso de camiones no siguió los estándares de consulta previa que hubiera sido necesario aplicar. Este discurso fue repetido en múltiples ocasiones por voceros tales como Richard Arce, Marco Arana y Marisa Glave quienes se enfocaban en atacar la socialización del proyecto más que los efectos ambientales del mismo.

En el caso de Michiquillay es necesario que el Proceso de Socialización tenga características tales que no abran flancos de vulnerabilidades que puedan ser aprovechados por los pos-extractivistas. La participación debe ser amplia, darse de manera frecuente, en términos comprensibles para la población local, y con un criterio de construcción de legitimidad social más que del mero cumplimiento de requisitos legales.

5. Correlación de Fuerzas Locales Hostiles: La inviabilidad de un proyecto minero se da como resultado de una dinámica de enfrentamiento político. Es clave para determinar el resultado de este enfrentamiento la correlación de fuerzas enfrentadas respecto a la viabilidad de un proyecto. Un proyecto como Michiquillay que implica una inversión de US$ 1,950 millones es sin duda un hecho de gran importancia económica y política para la región Cajamarca, y aún más para la provincia de Cajamarca y para el distrito de La Encañada. Ello genera una dinámica en los que diversos actores políticos y sociales locales tienen que tomar posición respecto al proyecto. El siguiente cuadro muestra la postura asumida por diversos actores frente al proyecto.​

Es importante observar el rol que ha asumido las comunidades cercanas en hacer visible su postura favorable al proyecto. Su apoyo visible es importante para disuadir a los activistas anti-mineros nacionales e internacionales de focalizar sus recursos políticos contra el proyecto, a falta de “contraparte” local. Por otro lado, golpea la narrativa anti-minera en la que se considera que la Empresa y el Estado pretenden “imponer” el proyecto. Por ello es importante la batalla por la representatividad social de la población en el entorno del proyecto. Como se menciona anteriormente, los anti-mineros ya están desplegando iniciativas de articulación de insatisfechos en el entorno del proyecto, además de tratar de maximizar el área a la que se le atribuye algún grado de afectación ambiental (Polloc, Namora, etc.). Ello con el fin de incrementar la cantidad de población “afectada” posible de ser movilizada contra el proyecto.

La correlación local no incluye únicamente la configuración social en el área de influencia del proyecto, incluye a empresarios, académicos, autoridades sub-nacionales, organizaciones de la sociedad civil, medios locales de comunicación etc. Todos estos actores pueden jugar un rol en la viabilidad de un proyecto minero la sobrestimación de la criticidad del área de influencia lleva a casos como los de Conga o Santa Ana en los que los proyectos son socialmente inviables a pesar del apoyo de la población cercana al proyecto.

Como se puede ver en la tabla anterior, el apoyo al proyecto tiene representantes en diversos estratos de la sociedad, mientras las iniciativas hostiles se concentran en periodistas y políticos principalmente.  Sin embargo, cuando vemos la diversidad de temas con las que buscan defender al proyecto, éstas están centralizadas en aspectos económicos, mientras los anti-mineros consideran fallas en el proceso institucional, el impacto ambiental, la reputación de Southern, etc.  Un proyecto puede perder su legitimidad en diferentes frentes y los movimientos hostiles a la minería han comprendido eso y lo ejecutan en sus luchas políticas. (menciones en el 2018)

Conclusiones

La legitimidad de Southern y de su operación está amenazada tanto por errores propios como por intereses políticos que ven una oportunidad en la posición hostil a la minería.  El proyecto Michiquillay tiene el potencial de relanzar la inversión minera en Cajamarca y en el norte del Perú; en donde varios otros proyectos se encuentran paralizados o sin la suficiente confianza para ser desarrollados. Para que este potencial se cumpla se hace necesario un monitoreo cercano de los riesgos sociales y políticos que enfrenta el proyecto. Es necesario implementar una visión que reconozca que los riesgos se originan no únicamente en el entorno del proyecto sino en la sociedad local en el que se haya involucrado.

También es importante considerar que el conflicto no se da únicamente durante las movilizaciones sociales, que es una consecuencia de todo un trabajo previo y de un flujo diario de mensajes en los medios de comunicación.  La disputa por la legitimidad de un proyecto se da en el día a día: entender el sistema de creencias que posee actualmente la población local (urbana y rural), comprender los agravios que los grupos hostiles a la minería intentan inocular en la población, identificar la búsqueda de rentas que ciertos grupos intereses persiguen, formar una coalición social que soporte el proyecto, implementar controles ambientales y sociales que protejan legitimidad del accionar de la empresa y sus empleados, etc.  Del resultado de esa lucha diaria dependerá si Michiquillay será una importante fuente de riqueza para el país o si será uno más de los casos de proyectos mineros paralizados en el Perú. 

“Humala dijo que respalda Tía María, pero no es contundente”

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, cuestiona el accionar del gobierno ante las protestas contra la actividad minera en Arequipa, Cajamarca y otras regiones. “Vemos una incapacidad absoluta para manejar el país”, asegura.

Entrevista a Carlos Gálvez Pinillos

Por Mariella Balbi

(El Comercio, 26 de Abril de 2015)

 

¿Lo que está ocurriendo con el proyecto Tía María, en Arequipa, guarda similitud con el caso de Conga, en Cajamarca?

El modus operandi es exactamente el mismo. Los actores de Conga están en Arequipa. Son los mismos personajes que lideran este tema con una portátil que se desplaza. Siempre se recurre al argumento medioambiental, pero en ese tema hay que remitirse a las evaluaciones científicas y tecnológicas. Cualquier imprecisión técnico-ambiental tiene solución, estamos en el siglo XXI. Para eso es el diálogo, para aclarar.

 

Igual ocurrió con Conga, se cuestionó el estudio de impacto ambiental (EIA).

Sí. Además se manejan mitos en base a la experiencia minera de hace 50 años. Cuestionan el EIA, se enfrentan al gobierno, piden la salida de la empresa minera y se niegan a dialogar.

¿Cuánto se invirtió en Conga?

US$1.500 millones que están parados para ver si algún día se retoma el proceso.

¿Este gobierno ha actuado de la misma manera que con Conga?

Se repite la ausencia del Estado. En esos lugares no hay agua, desagüe, educación, posta médica decente ni seguridad ni justicia. La población no tiene nada que ganar o perder con la actividad minera. Lo único que les ha dado el sustento es su chacra. Vienen a decirles: “Si permites la minería, tu chacra desaparecerá, será un suelo lunar. Mira lo ocurrido en tal y tal sitio, los relaves, los humos, la lluvia ácida, etc.”. Habría que ser loco para dejar que se destruya su medio de vida. La presencia del Estado no se logra con mesas de desarrollo de último minuto. La pradera ya está incendiada. Las relaciones tienen que ser entre comunidad, Estado y empresas. No puede ser solo entre empresa y comunidad. El Estado debe ser garante de esta relación y dar lo básico a la población.

¿El gobierno debió anticiparlo?

Nunca antes en nuestra historia tuvimos más recursos económicos. Este gobierno no supo utilizarlos. Si se quería seguir creciendo y se conocía la historia de los conflictos y los lugares de inversión, se debió trabajar en avanzada. El gobierno actuó tarde en Tía María. El proyecto comenzó en el 2003 y desde ahí se conversa con la población. Esta ha tenido actitud positiva, dialogante, sin problemas. El EIA presentado en el 2011 se cuestionó por el tema del agua.

Hubo muertos…

Y es lamentable. Pero las discusiones llevaron a la desalinización del agua y se absolvieron más de cien observaciones hechas por Unops, de la ONU.

¿El EIA de Tía María es impoluto?

¿Qué es impoluto? Se levantaron las observaciones hechas por la población. ¿Qué más? Los argumentos de la contaminación del agua, la lluvia ácida, el polvo son tan elementales que se caen solos. Por eso no quieren explicaciones. Si es un tema ambiental, el ministro del Ambiente debió dar la cara desde el primer día y estar ahí. ¿Dónde está? Lo mismo pasó en Pichanaki. ¿Dónde estuvo?

¿Critica al Ministerio del Ambiente?

Desde el Ministerio del Ambiente se comenzaron a poner en tela de juicio todas las evaluaciones de impacto. Ambiente es el que generó la idea de que Energía y Minas no puede ser juez y parte. Los EIA no están en un escritorio. Se explican, se hacen talleres, audiencias públicas. Eso ocurrió y no hubo conflicto. El diálogo ha existido y funcionó. Cuando las cosas comenzaron a evolucionar aparecieron agentes extraños. Tenemos congresistas que respaldan a una turba que no es de Cocachacra. Pero si eres del lugar y no te sumas, te atacan. Los ambientalistas han perdido el respeto al gobierno. No le reconocen autoridad, cuestionan los EIA porque sí. Impiden el desarrollo del proyecto pese a las autorizaciones. ¿Para qué tenemos democracia, para qué tenemos un gobierno?

Los opositores piden el retiro de Southern. ¿Se puede imponer un diálogo?

No se impone. Pero es difícil dialogar porque la confianza se perdió. Nadie confía en nadie, ni en el Estado, ni en la compañía. Y quienes protestan exacerban la reputación de Southern por su actuación en el pasado. En épocas donde la ecología no existía, no había manejo ambiental en el mundo. Este llega al Perú en los 90. Se recurre a la fuerza porque es el único recurso que le queda al gobierno, pero así no marchan las cosas. Utilizar balas no es lo adecuado. Este es un tema político, debe tratarse así. ¿Dónde están los partidos políticos? No se pronuncian. Ninguno dice nada. No se resuelve un problema político con discusiones ambientales.

Ante la persona que murió en las protestas de Islay, el congresista Juan Carlos Eguren (PPC) dijo que no le darían el voto de confianza al nuevo Gabinete.

¿Qué tiene que ver Chana con Juana? Nadie quiere muertos. El gobierno no actuó desde el inicio, dejó enrarecer las cosas. Que se ponga en evidencia quiénes lideran la violencia. La actitud de los manifestantes, que no son pocos, no es pacífica. No pidamos que la policía los agarre a pañuelazos.

Hay videos en los que la policía agrede a manifestantes ya detenidos…

La policía no debe extralimitarse. El ministro del Interior tiene la responsabilidad política, la policía desobedece sus órdenes. La protesta es violenta. Los alcaldes ‘antis’ han convocado a los ‘antis’ de otras latitudes.

¿Cómo saberlo?

El proyecto no se puede imponer, pero debemos desbrozar a la población local. ¿Todos los que protestan son de Cocachacra, del Valle de Tambo? Se puede verificar con el DNI. Esos son los convocados a dialogar. [El portal]Lampadia publica un audio con las consignas de los manifestantes en Cocachacra el 15 de abril. Gritan al estilo de los soldados: “Quiero bañarme en una piscina llena de sangre. Sangre de ‘tombo’. Esa sangre beberemos en vasitos descartables. Sus mujeres violaremos y a sus hijos comeremos”.

Se especula que son etnocaceristas.

Sí, habría que verificarlo. Es un mensaje de terror, para atemorizar a la población. El primer ministro dijo que ONG europeas financian a locales para fines caritativos. Pero se dedican a financiar esto. Alimentar, transportar, alojar a esa multitud cuesta. No es gratis. Solo una ONG europea dio un millón de euros a Tierra y Dignidad de Marco Arana.

Tierra y Dignidad está detrás de las protestas de Arequipa.

Son los mismos personajes que en Conga: aparece el señor Arana, el congresista Rimarachín. Para Conga, el presidente afirmó que era un asunto entre privados. Ahora dijo que respalda Tía María, pero no es contundente. Si el tema fuera ambiental, desde el primer día el presidente y el ministro del Ambiente debieron aclararlo y no permitir que se generen dudas. El ministro debió publicitar que las observaciones fueron levantadas y ser más enfático.

¿No hay liderazgo o no interesa la inversión minera?

Las dos cosas. Falta convicción en el sector y liderazgo.

¿Tía María no va?

El próximo gobierno probablemente será capaz de acompañar el proceso, después de que el Estado haga su tarea en la zona. Es una lástima que sigamos postergando cosas. Ahora es cada vez más estrecho el espacio de diálogo. El único punto de los ‘antis’ es que se vaya Tía María. El jefe de diálogo de la PCM es un antiminero, el anterior tampoco hizo su trabajo. Vemos una incapacidad absoluta para manejar el país.

¿Qué debería decir el primer ministro en el Congreso?

Debería plantear formas de garantizar los proyectos mineros. Por lo menos que no se toquen los que están en construcción: Constanza, Las Bambas. Ojalá no entre la violencia ahí, pero hay que estar preparados. Debo creer que Cateriano tiene inteligencia que está funcionando, equipos de trabajo que monitorean esto. De lo contrario se confirmaría que no están preparados para gobernar.

¿La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, puede impulsar el diálogo?

Ella tiene la responsabilidad de impulsar el diálogo, convocar a los sectores políticos, hacer que los proyectos progresen. Ella es gobierno, puede convocar a los actores políticos de Arequipa y a los nacionales.

¿Cuál será el impacto en la economía si Tía María no va?

No invertir US$1.400 millones significa que, por lo menos, no generaremos producción por más de 1.000 millones al año.

El ministro de Economía dijo que no tendría impacto en el PBI del 2015.

Ha hecho un cálculo conservador. La etapa de construcción, de inversión, es la que más trabajo genera el sector minero. Los tres últimos años el sector minero ha sostenido el crecimiento del país con una inversión de capital equivalente al 26% del PBI. No hacer Tía María afecta la confianza y la inversión. Los inversionistas del exterior han abandonado los bonos peruanos. La tenencia de extranjeros pasó de 58% a 30%. Esa es la repercusión directa que tiene un Tía María y un Conga. También reduce la confianza empresarial.

“Al gobierno le faltó garra con Conga”

¿Cómo toman los empresarios el reclamo del presidente Ollanta Humala para que tengan más garra, se pongan la camiseta del Perú y sigan invirtiendo?

Dos concesiones de carreteras no se han ejecutado en dos años porque el Estado no expropió los terrenos. Al Estado le falta garra…

Dijo que los empresarios eran como la selección peruana, que creen que el partido termina en el primer tiempo. Se desalientan rápidamente.

La primera condición de un líder es no culpar a un extraño de sus propias responsabilidades. El líder da la cara y asume. La metáfora del presidente no dice mucho de un líder.

Por la falta de garra del gobierno con Conga, no estamos desarrollando Galeno, Michiquillay y La Granja, ni la refinería de cobre en el norte, ni el ferrocarril. Son US$20 mil millones parados no por los empresarios. Seguimos dándole vuelta al complejo metalúrgico de La Oroya.

Para el presidente, los pequeños empresarios tienen más garra ante la adversidad y sí invierten.

No vale la pena contestar eso. De ser así la economía hubiera crecido.

¿Cómo explica el crecimiento del 2,3% del PBI en el 2014?

Probablemente será el mismo el 2015. No es un problema de baja de los precios de los minerales. El precio del cobre actual no es malo, tampoco el del oro, y son inversiones a 20 años. Pongamos las condiciones políticas adecuadas e invertimos US$20 mil millones en Cajamarca. Invito al presidente para que vayamos a inaugurar la construcción de los proyectos, que se ponga la camiseta, que saque la garra y que se ponga a trabajar con nosotros codo a codo. La desaceleración de la economía se debe a que se dejó el piloto automático. No se hizo el trabajo, el resto son cuentos.

¿La inversión minera ha caído?

Sí y dramáticamente. Estuvimos invirtiendo entre 9 mil y 10 mil millones de dólares por año hasta el 2013. Este año será de 8.000 millones. El 2016 con Tía María podía estar en 5 mil millones, sino será 4 mil. El gobierno deja una bomba de tiempo.