Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Durante los últimos días, el conflicto en las Bambas ha venido ocupando un importante espacio en la agenda nacional y en los medios de comunicación. Los periódicos y noticieros difícilmente dejan pasar un día sin cubrir en mayor o menor medida los eventos ligado a este conflicto.

La cobertura que realiza la prensa respecto a un conflicto social es un poderoso determinante para su desenlace. Ello es así porque los actores políticos partícipes en el conflicto actúan en función a un sistema de incentivos frente al que se condicionan sus acciones. Sistema que, en buena medida, se ve determinado por la conducta que adopten los medios de comunicación.

En el caso del conflicto en las Bambas es necesario entender qué hay detrás de la incapacidad del gobierno para desbloquear las vías de acceso a la mina. Desbloquear la carretera se encuentra dentro de las capacidades reales y operativas de las fuerzas del orden peruanas; sin embargo, la acción no se ejecuta a pesar de los claros costos económicos y políticos que el conflicto actualmente genera. Esto es así porque el acto de desalojar a los manifestantes y aplicar el imperio de la ley a quienes bloquean la carretera implica un costo político para el gobierno; costo que el gobierno estima le perjudicaría más que los efectos de la carretera bloqueada.

Es importante entonces considerar como se construye este costo político. Se origina en función a la interpretación que la opinión pública podría generarse respecto al desalojo de la vía a las Bambas. Si el publico en general interpreta como una acción legitima justa y proporcional el desalojo, entonces aquella no significará un costo político para el Gobierno Central. Sin embargo, si la acción se considera como injusta, ilegitima y desproporcionada, entonces la misma implicará un alto costo político para el gobierno. Conforme más justa considere la población la causa de las posiciones anti-mineras mayor será el costo político para el Gobierno de aplicar el imperio de la ley y mayores incentivos tendrá este de impulsar un acuerdo que sea costoso para las empresas mineras. La cobertura que haga la prensa de la conflictividad social es decisiva entonces puesto que esta cobertura será determinante sobre la opinión publica.

Con el fin de poder analizar con mayor detalle el conflicto en “Las Bambas” hicimos un conteo de las notas surgidas en la prensa nacional respecto al Proyecto Las Bambas a partir del 18 de marzo cuando ya el conflicto se encontraba posicionado en la agenda nacional. En la grafica se muestra del numero de menciones que daban una cobertura positiva al proyecto minero las Bambas y aquellas que daban una cobertura negativa.

Se puede observar que en un inicio la prensa dio una cobertura favorable a “Las Bambas” y que paulatinamente fue girando hacia una cobertura cada vez mas hostil. Entre las razones que damos para que esto se de se encuentra la superioridad académica discursiva de los anti-mineros y en especial de la ONG Cooperacción. Esta es una ONG con un claro perfil pos-extractivista que ha conseguido con éxito posicionarse como una voz experta respecto al conflicto en “Las Bambas”. Este posicionamiento les ha permitido a sus voceros ser presentados por la prensa como expertos respecto a las Bambas y la conflictividad social. Pero no solo eso, gran parte de los expertos y analistas en conflictividad con exposición en medios terminan difundiendo parte del mensaje anti-minero debido a que casi la totalidad de los materiales académicos respecto a Las Bambas han sido realizados por anti-mineros. Ello hace que este material se convierta en un insumo casi inevitable de cualquier esfuerzo por estudiar el tema.

El mensaje anti-minero respecto a las Bambas, en buena medida desarrollado por Cooperaccion, va penetrando el discurso social respecto a este conflicto de manera paulatina. Ello se da vía dos caminos, el primero es el espacio mediático ganado por sus voceros y el segundo por la forma como convierten a los lideres de opinión en estaciones repetidoras de sus mensajes respecto a Las Bambas.

El proceso que describimos es sumamente informativo respecto a cómo es la superioridad en desarrollo académico y de discurso de los anti-mineros, producto de un esfuerzo sostenido a lo largo de años de producción académica y posicionamiento de voceros. Aquello facilita que los mismos puedan ir imponiendo su versión del conflicto frente a las empresas mineras. El sector minero no debería sorprenderse de cómo una y otra vez la prensa da espacio a voceros y expertos que le son hostiles y no presentan una contraparte afín a la minería o al menos objetiva del conflicto. Si el gobierno y el sector minero en general no han realizado esfuerzos anticipados para la elaboración de un discurso permeable hacia la población, así como una narrativa comparable a la de sus adversarios, entonces tampoco les debería sorprender porqué es que conflictos como las Bambas degeneran rápidamente en situaciones críticas y en desenlaces poco favorecedores para todos. Lampadia

Habiendo cobrado tanta importancia el conflicto de Las Bambas, consideramos que la siguiente entrevista a Carlos Gálvez, Director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, aclara muy bien las cosas, ya que ni el gobierno ni la empresa explican al país los pormenores del conflicto. Lampadia ofrece sus páginas para hacerlo.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algo muy importante ocurrió el jueves pasado por la noche: fueron detenidos los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, los conocidos abogados que han inventado el lucrativo negocio de persuadir a las comunidades de bloquear carreteras con el canto de sirenas de que tienen derechos que han sido afectados por la empresa minera por los cuales pueden cobrar decenas de millones de soles como compensación, con un porcentaje apreciable para los honorarios de éxito, eso sí. Por supuesto, como sabemos, el bloqueo de carreteras es delito, y exigir un monto elevado por medio de la fuerza, es extorsión.

Esto lo han venido haciendo desde hace años impunemente, sin que el Estado de Derecho fuera capaz de reaccionar. Por fin lo ha hecho. Tuvieron que pasar 46 días de bloqueo, de delito continuado, para que la fiscalía y la policía actuaran, cuando habíamos perdido ya la esperanza de que lo hicieran. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía de Criminalidad Organizada de Abancay, la Digimin y la Dirincri, sindica a los hermanos Chávez de realizar acciones extorsivas contra Las Bambas con el fin de obtener el pago de 100 millones de soles, así como de ser los autores intelectuales del bloqueo de vías. También son investigados por diversos delitos como falsificación de documentos.

Esperemos que luego de la detención preliminar de 15 días, no haya fundamento para liberarlos. De consolidarse estos casos penales y levantarse el bloqueo, habremos dado un paso gigantesco hacia la implantación del imperio de la ley en las carreteras y en las zonas mineras, que son estratégicas para el desarrollo del Perú. La minería tiene el potencial de darnos los recursos suficientes para mejorar sustancialmente los servicios públicos y la infraestructura nacional. Por eso, debe ser defendida no solo con la aplicación de la ley sino con planes de desarrollo integral en las regiones mineras.

Parece que la investigación ha sido bien planificada. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas ordenó el allanamiento de 12 inmuebles en Abancay y Cusco, y resulta que, en uno de ellos, en la avenida coronel Gonzales en Abancay, se encontró más de 300 cartuchos de dinamita, cordón detonante, pólvora, cacerinas y casi 200 cartuchos de diverso tipo de munición, incluyendo para AKM y escopeta (ver foto).

Dialogar sin bloqueo

Todavía hace falta, sin embargo, el levantamiento del bloqueo. Hasta el momento de escribir estas líneas, la medida de fuerza –que es un delito- se mantenía. Es que la comunidad ha sido persuadida de tener un derecho que no tiene. Reclama que la empresa construyó la carretera que pasa por el fundo Yavi Yavi de su propiedad sin pedirle consentimiento. Pero la vía existía desde cuando menos el 2008 según fotos satelitales mostradas por el Ministerio de Transportes, y Fuerabamba recién es propietaria de dicho fundo a partir del 2011, cuando lo recibió en permuta -junto con otros 4 terrenos-, de la propia empresa, a cambio de ceder el lugar donde estaba ubicado el pueblo de Fuerabamba, situado encima del mineral. Es cierto que luego la empresa habría hecho mejoras en la vía, pero el terreno le fue entregado a la comunidad el 2011 manteniendo la empresa el derecho de vía registrado en registros públicos. Ver en Lampadia: Norma anti elusiva y Las Bambas – Prejuicios mediáticos anti empresa.

Lamentablemente ni la empresa ni el gobierno han explicado esto con claridad a la opinión pública. Es el momento de hacerlo y de persuadir a la comunidad que no tiene el derecho que reclama, por el que demanda nada menos que 100 millones de soles. Como fuere, lo que no debe hacerse es sentarse a dialogar con la comunidad sin que ella haya levantado el bloqueo. En eso no se puede ceder.

Romper el precedente

Y tampoco en entregar un monto excesivo por los infundados reclamos, porque es indispensable romper el costosísimo precedente que estableció el acuerdo del entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, con las comunidades de Choqueja-Antuyo, Pumamarca, Quehuira y Allahua que, impulsadas por estos mismos abogados, habían bloqueado con zanjas la carretera de salida del mineral reclamando un pago por el paso de dicha vía. Lo insólito fue que el entonces ministro aceptó darles 25 soles por el m2 de servidumbre, cuando en la sierra ese pago no pasa de 30 céntimos por m2. A ese exorbitante precio, una hectárea de cultivo valdría 250 mil soles, cuando las mejores tierras agrícolas del Perú no superan los 40 mil soles la hectárea.

Fueron decenas de millones de soles para las cuatro comunidades, de los cuales los hermanos abogados se embolsicaron algunos millones.

El actual conflicto con Fuerabamba no es sino una secuela de ese acuerdo, y por eso es crítico que no prospere, para anular y romper el mencionado precedente, que ha despertado ilusas expectativas en todas las comunidades que bordean la carretera del corredor minero, que tiene más de 200 km.

En cambio, de culminar este conflicto con una compensación proporcional a las afectaciones reales que haya recibido la comunidad, y con los hermanos Chávez procesados y en la cárcel, el nuevo precedente que este caso sentaría sería fundamental para poder aspirar al desarrollo nacional y regional. Es absurdo que la inversión minera –palanca del desarrollo nacional- esté siempre en jaque y eventualmente extorsionada por personajes como estos, y también por políticos y ONGs que aprovechan muy bien para beneficio propio la tremenda asimetría social y económica que hay entre las minas y las comunidades, e incluso los errores que eventualmente cometen las empresas mineras.

Desarrollo integral y compartido

El problema, ahora, será manejar la reacción de algunos frentes de defensa y de los núcleos anti-mineros, que ya intentan movilizarse contra la decisión de detener a los hermanos Chávez y al presidente de la Comunidad. La respuesta tiene que ser una estrategia política inteligente que pase por llevar una propuesta de desarrollo. El ministro de Energía y Minas y el Viceministro de Gobernanza territorial han viajado al Cusco y hoy estarán en Apurímac, pero hasta el momento solo han hecho planteamientos muy generales.

Pues no se trata solo de imponer la ley, aunque esto sea fundamental. Se trata de que el Estado y las empresas mineras sean capaces de llevar adelante un plan de desarrollo integral en el corredor minero que permita que las comunidades y los pueblos se integren al mercado de la manera más productiva y sostenible posible. Las familias campesinas tienen que percibir que la mina y el Estado les dan los instrumentos para aumentar su productividad, su producción y sus ingresos para emerger por sus propios medios, y no simplemente que la única manera de beneficiarse sea convirtiendo a la mina en un blanco de ataques y protestas para exigir compensaciones monetarias. Se trata de que cuando se vaya la mina, todo el paisaje económico, productivo y social se haya transformado radicalmente. Se trata de convertir el conflicto potencial en asociación para el desarrollo compartido.

Se trata, en suma, de generar una relación virtuosa y no viciosa con las comunidades. En ese sentido, la experiencia de la relación de Las Bambas con la comunidad de Fuerabamba es aleccionadora, pero en el sentido de lo que no debe hacerse, aunque quizá era casi inevitable, considerando la comunidad estaba asentada encima del mineral y entonces había que reubicarla. A cambio de reasentarla en otra zona, la empresa le construyó a la comunidad una ciudad hay llamada Nueva Fuerabamba, con una inversión de 750,000 dólares por casa. De modo que cada comunero recibió una casa de varios pisos en un centro urbano con todos sus servicios, algo de una calidad de vida muy superior a lo que tenían en el pueblo desaparecido. Pero no solo eso. Cada comunero recibió además en promedio más de un millón de soles contantes y sonantes como compensación por la mudanza. Es posible que muchos se hayan gastado el dinero o lo hayan invertido en emprendimientos infructuosos. El hecho que es ahora vieron la oportunidad de exigir más dinero aun. La empresa se convirtió en una adicción al dinero fácil, sin que la economía de las familias haya encontrado una manera de crecer de manera real y sostenible conectándose productivamente con el mercado.   

Alto funcionario de la PCM

Para que haya una relación virtuosa con las comunidades y pueda haber desarrollo rural y regional, dejando de paso sin oxígeno a los discursos anti extractivistas, es indispensable que la PCM designe a un alto funcionario que coordine a los sectores del Estado y a los gobiernos sub-nacionales en el corredor minero, y que sea capaz de dirigir la aplicación de un plan de desarrollo que mejore los servicios e integre las economías locales al mercado. Esa es en cierta medida la idea que está detrás de las 5 Agencias de Desarrollo Regional que está creando la PCM, pero las está instalando ¡en regiones que no son mineras! Increíble.

Reforma del canon

Y para que el desarrollo comunal, rural y regional sea posible, es indispensable emprender la reforma del canon, que no puede seguir manejado por alcaldes que carecen de capacidad de ejecución solo compensada con una gran capacidad de corrupción. El canon debe ser administrado por un organismo micro regional o un fideicomiso o un PMO en cuyo directorio puedan participar los alcaldes correspondientes, junto con la empresa y el gobierno central. Un modelo que fue exitoso fue el que se aplicó para ejecutar la llamada ‘contribución voluntaria’, en cuyo manejo participaban las autoridades locales, el gobierno central y las empresas mineras.   

Las empresas mineras de hoy ya no son las del pasado. Pueden no solo convivir con la actividad agropecuaria, porque sus procesos son limpios, sino ayudar a potenciarla y modernizarla, con políticas de desarrollo compartido.

La OEFA, por su parte, se está convirtiendo en un eficaz árbitro cuando, pese a todo, algunas minas cometen eventualmente agravios ambientales. Hoy existen muchas más garantías. Lo que no hay es un aprovechamiento de los recursos del canon para conseguir un desarrollo real.

Estrategia política y de desarrollo

En suma, la única manera de prevenir los conflictos es mediante una estrategia política y de desarrollo en las regiones mineras liderada por el gobierno, que tiene que tomar conciencia de que el recurso minero es demasiado importante para el país como para que quede al garete del abandono y la desidia. Lampadia

Norma anti elusiva
Con motivo del tema de la norma anti-elusiva, podemos apreciar mucha ignorancia de los medios de comunicación, y sobre todo prejuicios anti empresa que se muestran en los canales de televisión.

Por ejemplo, en Canal N, en el programa de Mávila Huertas de hace unos días, ella afirmó que debería mantenerse la responsabilidad de los directores, pues sino las empresas podían transferir sus activos y no habría a quién cobrar. Una generalización absurda y abusiva.

Otro caso, en RPP, hace pocos días, el periodista Omar Mariluz entrevistó sobre el mismo tema al doctor Walther Belaunde a quién le planteó el tema de la siguiente forma: acá tenemos a una empresa pequeña que paga todos sus impuestos y al costado a empresas grandes que pretenden eludir sus obligaciones. Otra generalización absurda y falseante, pues, en todo caso, la figura general sería al revés. Lo más común es que las empresas más pequeñas no tributen en su integridad y que las grandes sí lo hagan.  

Las grandes empresas son fiscalizadas muy de cerca por la Sunat, y difícilmente pueden dejar de tributar. Lo que es más, muchas de la grandes empresas terminan pagando impuesto a la renta en tasas efectivas mayores que la tasa nominal máxima, pues ante las intervenciones de los inspectores de Sunat se ven precisados a no poder descontar de sus declaraciones tributarias una serie de gastos que la Sunat no reconoce como tales.

Veamos la clasificación de la recaudación tributaria entre principales contribuyentes y el resto:

Fuente: SUNAT

Dicho esto, esperamos que el Congreso realice en los próximos días las siguientes modificaciones a la norma anti-elusiva, a propósito del debate que tendrá lugar en sus instalaciones el día de hoy 21/03 en torno a esta normativa:

• Que su aplicación no sea retroactiva.
• Que los directores no tengan responsabilidad directa por actos no contemplados en la Ley General de Sociedades.
• Que se elimine la presunción de dolo de los representantes de la empresa cuando la autoridad tributaria detecte posibles actos de elusión.

Las Bambas

Por otra parte, y en la misma línea de deficiencias mediáticas, está la ausencia de temas de mucho interés nacional en las primeras líneas de periódicos y espacios televisivos de análisis. En el caso de la minera Las Bambas, tenemos ya 45 días en que una vía nacional está tomada ilegalmente por una comunidad, sin que, por lo menos la opinión pública tenga claras las cosas.

La realidad es como sigue, según explicación muy clara de Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) al programa Peru21-TV. Veamos:

Periodista: ¿Cuál es la génesis de este problema?

Como sabemos en el Perú para desarrollar un proyecto primero se tiene una concesión y la concesión la otorga el Estado sobre el subsuelo, sin embargo en la superficie hay propietarios, en este caso la comunidad de Fuerabamba, propietaria de la superficie del lugar donde estaba la concesión tenía el derecho de vender esa propiedad. Siguiendo las mejores prácticas universales en lugar de pagar con dinero, que es algo altamente criticado en el mundo, se buscó una permuta de terreno, la compañía previamente había comprado en el área, pero a menor altitud, una zona de 38 hectáreas que era una propiedad privada adecuada para la actividad agrícola

Periodista: ¿Donde estaba la comunidad antes no era una zona agrícola?

Era un terreno agreste en la zona altoandina y de gran altitud, entonces en una zona más adecuada de menor altitud donde se podía llevar a cabo esta actividad agrícola, en ese terreno, propiedad privada, adquirida en su momento por la empresa minera existía una carretera, una carretera municipal.

Periodista: ¿Una vía municipal sin asfaltar?

Una vía municipal sin asfaltar afirmada y al hacer la permuta se entrega este terreno con la carretera, haciendo inscripción en registros públicos de un derecho de paso sobre esa vía, hago hincapié en esto, porque lo que se vende en el imaginario colectivo es que la empresa ha construido una carretera sobre una propiedad comunal sin pedir autorización y sin compensar.

Periodista: ¿La vía existía cuando se hace la permuta en el 2011?

Absolutamente, la vía existía cuando se hace la permuta y se inscribe en registros públicos, la existencia y el derecho de vía, el derecho de paso sobre esta vía. Pasa el tiempo y entre los años 2014 donde se ha hecho mejoras de esta carretera por manejo municipal se ha ido avanzando en el tiempo y luego ha adquirido mayor importancia para la región y entonces el gobierno regional ha hecho mejoramiento de esta y finalmente se ha llevado al nivel como ocurre normalmente al nivel de vía nacional.

Ver toda la entrevista en: “El bloqueo que afecta Las Bambas es ilegal”.

Clarísimo, ¿no? La vía por la que ahora se pretende una compensación millonaria, nunca fue propiedad de la comunidad. Solo aparece por una permuta de terrenos, favorable a la comunidad, pero con derecho de uso por parte de la empresa minera. Y no es que la empresa ha construido la carretera luego de que la comunidad adquiriera el fundo, y sin el consentimiento de ella, sino que esa vía ya existía antes de que el fundo fuera de propiedad de la comunidad.

Sin embargo, los abogados, hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, convencen a los dirigentes de la comunidad de hacer un reclamo económico a cambio de un honorario expectaticio del orden de 30% de lo que se consiga.

Pero lo importante viene por el lado de los medios. ¿Cómo es posible que 45 días después de una toma ilegal basada en falsedades flagrantes, esto no esté muy claro para la opinión pública? ¿Cómo es posible que el gobierno no explique cómo son las cosas? Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Introducción

El proyecto cuprífero las Bambas es el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año. El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

Este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales que han tenido ciertos picos el año 2012 y entre el 2015 y 2017. Período en el que se produjo el fallecimiento de cuatro personas en diversos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En la actualidad el foco de los reclamos se encuentra asociado a (1) las posibles afectaciones sobre las comunidades en la ruta del traslado de mineral, (2) los compromisos asumidos por parte de la empresa y del Estado, y (3) las relaciones con la comunidad de Fuerabamba, la cual fue reubicada tras un acuerdo de compensación, debido a que se encontraba sobre el área del yacimiento.

Recientemente la conflictividad en la zona se reactivó al darse bloqueos en las carreteras utilizadas para trasladar el mineral al puerto de Matarani. Estas se iniciaron el 22 de agosto y terminaron el 3 de septiembre con el despeje de estos caminos.Sin embargo, los sentimientos de agravios, las expectativas y las demandas sociales no han sido resueltos, y es muy probable que estos se reactiven.El Estado había estado intentando manejar la conflictividad a través de la implantación de múltiples Estados de Emergencia (de enero de 2018 a mayo del 2018) y que habían logrado mantener el flujo de transporte en la vía en disputa. Sin embargo, ese mecanismo está perdiendo su efectividad original.

 La reasignación de actores.

La actual conflictividad se da en un contexto en el cual el activismo anti-minero se encuentra reasignando sus activos desde el norte peruano hacia el sur. En esta región se encuentra hoy el grueso de la inversión minera. El llamado Corredor Minero, involucra a las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, y acumula el mayor volumen de inversiones mineras recientes. Por ello, quienes tienen una hostilidad ideológica a la gran inversión minera, ven en esta región una oportunidad para golpear lo que ellos denominan un ejemplo del modelo de “extractivismo depredador”. El sur, dentro de su concepción ideológica y política, es donde pueden y deben concentrar fuerzas y propiciar los conflictos sociales[1]. En especial el foco de esta predisposición de fuerzas es el “Corredor Minero del Sur” donde se encuentran los proyectos de Espinar, Tía María y Las Bambas.

Esta reasignación del activismo anti-minero tiene diversas expresiones. ONGs y activistas individuales que se dedicaban a la región norte, como principal centro de operaciones, han pasado a realizar actividades anti-mineras en la zona sur del país.  La producción de contenidos audiovisuales destinados a visibilizar supuestas afectaciones ha cambiado de foco.  Es especialmente llamativo el caso de campaña “La vida no vale un cobre”[2] en la cual se plantea una narrativa hostil a la extracción de cobre y se caracteriza a las actividades mineras como contaminadoras del medio ambiente y de la población, enemigas de la agricultura y violadoras de los DDHH. Esos grupos han generado videos en los cuales diversos pobladores denuncian afectaciones teniendo, en la inmensa mayoría de los casos, su testimonio como única ‘prueba’.

El accionar de los anti-mineros y su avance.

Se puede identificar que, desde el último pico de conflictividad en 2016, cuando se dio el fallecimiento del comunero Quintino Cereceda, se han dado avances del activismo anti-minero en tres frentes principales. Estos avances implican que, en el momento en el que estalle nuevamente un evento conflictivo, las condiciones para avanzar sus objetivos ideológicos de lucha contra el “extractivismo”, serán mejores que en el pasado. Los aspectos en los que se puede considerar que el activismo anti-minero ha avanzado son los siguientes:

1. Construcción de Discurso: Un discurso anti-minero es efectivo en la medida que cumpla con atributos tales como:

• credibilidad ante la opinión pública
• que despierte sentimientos que incentiven la movilización local y
• que socave la legitimidad de la minería en general y de un proyecto o empresa en particular.

En los últimos días los anti-mineros han dispuesto de espacio mediático, gracias a la cobertura del bloqueo de la carretera, en la cual han podido desplegar su narrativa con un nivel mínimo de oposición por parte de sectores pro-mineros. Ellos ahora señalan nuevas afectaciones, respaldados por estudios realizados por ellos mismos (por ejemplo en el documento de 16 páginas presentado como “libro” por Cooperacción).

A los reclamos sobre polvo y acusaciones de ‘mercenarización’ de la PNP por parte de la minera, se está agregando la contaminación de fuentes de agua en Challhuahuacho, incumplimiento de compromisos, polvos emitidos por la chancadora, falta de títulos de propiedad de los pobladores de Fuerabamba y un largo etcétera. La desproporcional diversidad de voceros y versiones[3] de afectación facilita una caracterización de Las Bambas conveniente a los objetivos de los anti-mineros.

Estos voceros (dirigentes de frente de defensa, periodistas locales, congresistas y concejeros regionales) repiten un discurso en gran medida facilitado por la ONG anti-minera Cooperacción, la cual en meses previos[4] al actual bloqueo de carreteras, articuló una narrativa coherente.

2. Formación de cuadros: ONGs como Aprodeh, Cooperacción y Bartolomé de las Casas han estado brindando cursos para líderes locales, como presidentes de frentes de defensa, académicos y periodistas locales, etc. Estos cursos son en la práctica seminarios de adoctrinamiento de ideología pos-extractivista, siendo los textos del uruguayo anti-extractivista Eduardo Gudynas un material de lectura obligatoria.

En dichos cursos los profesores realizan diversas dinámicas de consolidación ideológica con los estudiantes. También se les dota a los participantes de un discurso anti-minero bastante atractivo, que influencian el accionar público futuro de los alumnos.

Estos cursos tienden a recibir nombres que esconden la clara orientación ideológica anti-minera frente a la opinión pública en general y a algunos de los donantes. Un ejemplo de esto es el caso del diplomado “Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Alternativo en Contextos Extractivos en Apurímac” organizado por Aprodeh que tuvo entre los profesores a conocidos pos-extractivistas como Raphael Hoetmer, Fabiola Yeckting y Ana Leyva Valera.

3. Articulación de actores: Un movimiento social efectivo requiere de articulación entre activistas locales, nacionales e internacionales, medios de comunicación, intelectuales y líderes de opinión. En los últimos tres años el grado de articulación de los actores hostiles a las bambas se ha incrementado notablemente. El numero de activistas con acceso a medios, de los productos culturales asociados al conflicto y de los eventos que sirven para consolidar redes se ha elevado.

Implicancias

Este accionar anti-minero contra Las Bambas, de ser exitoso, puede tener un conjunto de implicancias en distintos ámbitos.

1. Para el proyecto: La erosión de la legitimidad de Las Bambas puede no implicar el cierre inmediato del proyecto, pero sí implica mayores costos asociados a una mayor conflictividad presente y futura. Esta baja legitimidad implicara mayores perturbaciones a las operaciones, necesidad de mayores compensaciones en caso de futuras expansiones, gastos mayores en Relaciones Comunitarias, inestabilidad en los acuerdos con las comunidades y costos legales derivados de los “Litigios Estratégicos” a desplegarse en el futuro. En un mediano plazo, ese proceso de erosión genera una imagen negativa del proyecto en el país y expande el número de actores con opiniones hostiles en los medios de comunicación, en las universidades y en las instituciones públicas y civiles. Ese ambiente hostil produce una especie de cerco social, mediático e institucional que afecta a la empresa en cualquier situación conflictivo.
2. Para el sector minero: Los episodios de alta conflictividad son vistos por los pos- extractivistas, con razón, como disparadores de dinámicas políticas en las que se puede llevar al sector minero a enfrentar un marco regulatorio más hostil. Los casos de Bagua, Conga y Tambogrande propiciaron incrementos en un tipo de regulación que dificulta la actividad minera en el país. En esa lógica, el conflicto en Las Bambas puede servir para generar precedentes, narrativas e instrumentos que pueden ser nocivas para el sector en múltiples áreas. Un ejemplo de tal precedente puede ser el criterio de que la ruta de transporte del mineral es parte de la zona de afectación de un proyecto minero. Otro ejemplo es la necesidad de nuevos EIA para cualquier tipo de modificación en un proyecto, anulando a la herramienta actual del Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Un tercer ejemplo es la masificación del uso de la consulta previa a través de la aplicación del criterio de auto-identificación como suficiente para considerar una población como pueblo indígena y adicionalmente inviabilizar toda coordinación entre las fuerzas del orden y las empresas mineras.
3. Para la población del entorno: La conflictividad permanente facilita a los pos-extractivistas la construcción de una hegemonía ideológica y política en el entorno de la empresa. Esto puede tener un efecto distorsionador poderoso sobre el sistema político local. El caso de Cajamarca es ilustrativo. Producto de 20 años de conflicto existe un bolsón electoral anti-minero que permite obtener triunfos políticos a movimientos radicales con bajísima capacidad de gestión. Estos triunfos se viabilizan al tener como base de su propuesta de valor frente al electorado la “defensa de la población”, contra un sector minero caracterizado como nocivo. Esta hegemonía anti-minera facilita el persistente mal uso de los ingentes recursos provenientes del canon a ser asignados a las autoridades locales en el entorno de Las Bambas.

Conclusiones.

La reasignación o reubicación del activismo anti-minero hacia el sur peruano y el especial el “Corredor Minero del Sur” implica un conjunto de riesgos para Las Bambas y el sector minero en general. Los avances principales se están dando en la capacidad de los anti-mineros para incidir sobre los movimientos sociales locales y la opinión pública relacionada al proyecto. Estos avances pueden no traducirse de inmediato en una mayor capacidad de movilización, pues el Estado de Emergencia la evita. Sin embargo, lo observado en el sur es un proceso sistemático de creación de condiciones negativas para la actividad minera y de construcción de capacidades políticas e institucionales para pasar de la fase actual, de secuencia de eventos discontinuos, a una nueva fase, con una dinámica de conflictividad durante prolongados periodos.

Considerando que en el sur se concentra la mayor cantidad de inversiones mineras del país, esa labor de promoción de la conflictividad pueda afectar la calidad del ambiente de negocios que enfrenta el sector minero, frenar el desarrollo del país y bloquear la posibilidad de la población local para apalancarse en la minería para su desarrollo. Lampadia

Alfonso Baella Herrera
Para Lampadia

Perumin33 ha sido un evento que ha servido, entre otras cosas, para poner en relieve el beneficio de la unión en función de objetivos regionales comunes. Es el caso del conversatorio sobre la MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES. La misma que es una asociación de los gobiernos regionales de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Junín e Ica. Estas cinco regiones que ocupan una parte estratégica de la sierra central y sur del Perú decidieron, en el 2011, constituirse en una persona jurídica con asiento en sus propios presupuestos, para trabajar en proyectos de desarrollo comunes.

En el evento participaron tres de los cinco gobernadores y expusieron con precisión las oportunidades que tienen por delante.

Fernando Cillóniz, Gobernador de Ica, hizo un defensa política e institucional de esa mancomunidad destacando los beneficios de la visión común y del “pago por el agua” como uno de los dinamizadores de las relaciones entre la minería, los gobiernos regionales y sus poblaciones. “Sí se gobierna descentralizadamente” dijo Cillóniz afirmando lo que ha sido una característica de esta mancomunidad.

Wilber Venegas Torres, Gobernador de Apurímac, por su parte, precisó que tiene 54% de su territorio concesionado, que reporta el mayor número de EIAs aprobados para exploración a nivel nacional, destacando que esta región se convertirá en una de las más importantes principalmente por la producción de Cobre. Aquí, destacan nítidamente la mina LAS BAMBAS, pero además existen más de 45,000 millones de dólares en proyectos mineros como Los Chancas, Trapiche, Haquira, Cotabambas y Hierro Apurímac. Venegas fue enfático al afirmar que “el cobre y el agua son compatibles en Apurímac” y afirmó que, al haber sembrado más de 30 millones de árboles en SACHATARPUY, se está cosechando agua.

Glodoaldo Álvarez Oré, Gobernador de Huancavelica, centró su exposición en señalar las acciones para mejorar la distribución de sus presupuestos destacando el énfasis en el combate a la desnutrición y la anemia.

Diego Macera, del IPE, quien expuso las fortalezas en agricultura, turismo y minería, señalando que esta última ha permitido que Apurímac salte del penúltimo lugar en el Índice de Competitividad Regional, INCORE, al décimo segundo –mitad, en la tabla de 24 regiones- por la mina Las Bambas.

Finalmente, Rudy Laguna, director del Centro para la Competitividad y el Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres, expuso el crecimiento de esta mancomunidad y la potencialidad para los próximos años, si continúan en la senda del acuerdo político y en la promoción de la inversión privada.

La conclusión es alentadora. La Mancomunidad Regional de los Andes es una realidad de cómo podemos ponernos de acuerdo en temas esenciales que impactan y ayudan a generar trabajo, desarrollo y a luchar contra los verdaderos enemigos, para sacar a más peruanos de la pobreza. Perumin33 ha sido un excelente espacio de reflexión y de descubrimiento de muchas de las cosas buenas que debemos reconocer en nuestra minería.  Lampadia

Alfonso Baella Herrera
Para Lampadia

Perumin33 ha sido un evento que ha servido, entre otras cosas, para poner en relieve el beneficio de la unión en función de objetivos regionales comunes. Es el caso del conversatorio sobre la MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES. La misma que es una asociación de los gobiernos regionales de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Junín e Ica. Estas cinco regiones que ocupan una parte estratégica de la sierra central y sur del Perú decidieron, en el 2011, constituirse en una persona jurídica con asiento en sus propios presupuestos, para trabajar en proyectos de desarrollo comunes.

En el evento participaron tres de los cinco gobernadores y expusieron con precisión las oportunidades que tienen por delante.

Fernando Cillóniz, Gobernador de Ica, hizo un defensa política e institucional de esa mancomunidad destacando los beneficios de la visión común y del “pago por el agua” como uno de los dinamizadores de las relaciones entre la minería, los gobiernos regionales y sus poblaciones. “Sí se gobierna descentralizadamente” dijo Cillóniz afirmando lo que ha sido una característica de esta mancomunidad.

Wilber Venegas Torres, Gobernador de Apurímac, por su parte, precisó que tiene 54% de su territorio concesionado, que reporta el mayor número de EIAs aprobados para exploración a nivel nacional, destacando que esta región se convertirá en una de las más importantes principalmente por la producción de Cobre. Aquí, destacan nítidamente la mina LAS BAMBAS, pero además existen más de 45,000 millones de dólares en proyectos mineros como Los Chancas, Trapiche, Haquira, Cotabambas y Hierro Apurímac. Venegas fue enfático al afirmar que “el cobre y el agua son compatibles en Apurímac” y afirmó que, al haber sembrado más de 30 millones de árboles en SACHATARPUY, se está cosechando agua.

Glodoaldo Álvarez Oré, Gobernador de Huancavelica, centró su exposición en señalar las acciones para mejorar la distribución de sus presupuestos destacando el énfasis en el combate a la desnutrición y la anemia.

Diego Macera, del IPE, quien expuso las fortalezas en agricultura, turismo y minería, señalando que esta última ha permitido que Apurímac salte del penúltimo lugar en el Índice de Competitividad Regional, INCORE, al décimo segundo –mitad, en la tabla de 24 regiones- por la mina Las Bambas.

Finalmente, Rudy Laguna, director del Centro para la Competitividad y el Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres, expuso el crecimiento de esta mancomunidad y la potencialidad para los próximos años, si continúan en la senda del acuerdo político y en la promoción de la inversión privada.

La conclusión es alentadora. La Mancomunidad Regional de los Andes es una realidad de cómo podemos ponernos de acuerdo en temas esenciales que impactan y ayudan a generar trabajo, desarrollo y a luchar contra los verdaderos enemigos, para sacar a más peruanos de la pobreza. Perumin33 ha sido un excelente espacio de reflexión y de descubrimiento de muchas de las cosas buenas que debemos reconocer en nuestra minería.  Lampadia

Sebastiao Mendonca 
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En el Perú se ha desarrollado un relato que procura alimentar una corriente de pensamiento que plantea que los conflictos sociales, y los conflictos mineros en particular, son oportunidades para el país. En esta lógica, las poblaciones rurales son sectores sociales oprimidos, las empresas mineras son saqueadoras de las riquezas locales y abusivas con la población, y el Estado está dedicado a defender los intereses de las empresas mineras en desmedro de los derechos de la población local. Con esta interpretación social, filo-marxista, los conflictos mineros son vistos como oportunidades para cambiar una realidad injusta y cerrar asimetrías entre actores sociales. Además, los intelectuales y políticos que defienden esas interpretaciones se creen agentes justicieros a cargo de una noble causa.

 Fuente:  elmercantil.com.do

Sin embargo, la realidad social es bastante más compleja que esa concepción maniquea. Si vemos de cerca los conflictos sociales, y los analizamos desapasionadamente, apreciaremos  que en la gran mayoría de ellos hay un alto componente de extracción de rentas de la minería (emprendedorismo destructivo), combinado con la percepción de riesgo ambiental. Existen abundantes evidencias que demuestran que el uso de la violencia es un componente muy frecuente de esos conflictos, y que ese componente de violencia es muy funcional para forzar a las empresas a acceder a las exigencias de los grupos conflictivos. Es claro, además, que, con raras excepciones, los temas ambientales son temores exagerados y exacerbados por algunas ONG o simplemente son discursos justificadores de acciones violentas, como en los casos de Tía María y Las Bambas.

Según esas corrientes de pensamiento los conflictos son inevitables, por una idea artificial de conflictividad estructural. Basados en ese supuesto ideológico, opinan que hay que dejar que los conflictos ocurran y priorizar las intervenciones en los procesos de negociación que ocurren con posterioridad de los conflictos. Creen que estos procesos de negociación, marcados por un conflicto reciente, son una oportunidad para cerrar las brechas generadas por una institucionalidad funcional a la minería y disfuncional a la población. En las negociaciones ellos consideran que es imposible llegar a las soluciones ganar-ganar, y que los costos económicos y sociales de los conflictos no son importantes o son costos colaterales justificables.

Si queremos contribuir realmente a solucionar los conflictos sociales necesitamos aprender a diferenciar las narrativas conflictivas de los motivos reales de los conflictos, y para entender los motivos detrás de las narrativas debemos observar quienes se benefician con los conflictos, quienes adquieren relevancia política o mediática, y beneficios económicos promoviéndolos.

Elaborar teorías de conflicto sin considerar esos hechos de la realidad, sin analizar como los incentivos influencian la conducta de los diversos actores, puede satisfacer el ego de algunos intelectuales, pero su contribución real al desarrollo del país es, en el mejor de los casos, poco relevante,y en la mayoría de los casos resulta siendo una distracción de los temas que realmente contribuyen al progreso social, y en el peor caso, se reduce al desarrollo conceptual de una narrativa que busca a justificar un accionar conflictivo.

Los creyentes de las teorías pro-conflicto deberían responder algunas preguntas:

• ¿Es adecuado en una democracia estimular los conflictos y la violencia para extraer rentas de la minería?
• ¿Son los conflictos sociales una forma civilizada y productiva de redistribuirlos beneficios de la riqueza generada por la minería?
• ¿Por qué creen que la conflictividad es una buena opción para la población rural?
• ¿Por qué niegan a la población rural el derecho a progresar en forma pacífica?
• ¿Acaso no es una manipulación usarlos conflictos sociales para promover los intereses políticos y económicos de grupos, tal como ocurre hoy en las zonas mineras?

El Perú ya ha perdido bastante con los conflictos mineros. Es tiempo de abandonar las teorías pro-conflicto, dejar de usar los conflictos para obtener rentas personales o de grupo, y buscar soluciones sostenibles.

Existen marcos teóricos alternativos a las ideologías y paquetes de métodos rigurosos para realizar esos estudios. Sólo como ilustración: Está la economía, la teoría de juegos, las teorías políticas modernas, las ciencias cognitivas, las teorías institucionales, las teorías de los movimientos sociales, los estudios sobre los conflictos no-violentos, los métodos estadísticos, etc. Hay que poner a un lado las explicaciones influenciadas por ideologías y estudiar los conflictos con ánimo sincero de resolverlos y no de aprovecharse de ellos.

No tenemos la intención de convencer a quienes se benefician con los conflictos sociales, sino de dialogar con quienes apuestan por que la minería vuelva a ser un motor de desarrollo del país y buscan el desarrollo de un marco institucional que lo viabilice. Lampadia

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas.

Además, hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región, mientras Cajamarca hizo lo contrario,dió un salto atrás, un descalabro que le quitó a sus ciudadanos la posibilidad de ser la región más rica del Perú. Por arte y magia, aunque más por una suerte de brujería, Cajamarca, al ritmo de los anti-mineros Arana, Santos, et al, tiró por la borda cinco proyectos mineros que le hubieran cambiado la vida.

Ver en Lampadia:

• Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

• El Perú se la juega en Cajamarca

• Necesitamos más minería para una mayor competitividad 

• En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

En esta ocasión presentamos un importante análisis de Ciudadanos al Día (CAD), sobre: Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo – Caso Apurímac. (Ver la publicación en Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo: Caso Apurimac).

El trabajo de CAD, muestra que, tanto a nivel del gobierno Regional, como de los gobiernos locales, la ejecución o uso de los recursos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para el período 2013-2016, ha sido muy baja, desperdiciando recursos valiosísimos para el desarrollo de la región.

“Algunos departamentos como el Cusco y Callao fueron los más destacados por la alta ejecución de su presupuesto, 88.5% y 86.9% respectivamente. Sin embargo, se observa que existen departamentos cuyo nivel de ejecución se encuentra muy por debajo del promedio nacional (68%): tal es el caso de Ancash (52.6%), Apurímac (47.9%) y Madre de Dios (45.4%) quienes presentaron los menores niveles ejecución presupuestal en dicho periodo”.

A pesar de ello, por la fuerza de la inversión privada en Las Bambas, que incluyó inversiones sociales del orden de US$ 300 millones, Apurímac dio su salto adelante. ¿Qué hubiera logrado Apurímac si sus autoridades hubieran tenido una efectividad parecida a la del sector privado, que terminó su inversión a tiempo y que logró alcanzar su capacidad de producción con gran rapidez?

Afortunadamente, en Apurímac, además de la ineficiencia de sus autoridades, no se habría presentado escándalos de corrupción, como se ha visto en otras regiones. Bien por ello. Pero no podemos dejar de insistir que la organización política del Perú, con su apurada descentralización, ‘coja y manca’ pero con delegación de ‘poderes absolutos’, debe ser corregida.

Esto es producto, fundamentalmente del gobierno de Toledo que empujó la descentralización a una piscina vacía, y de García II, que en vez de poner una escalera para salvar la situación, tiró arena y creó un pantano que tiene atrapados a muchos gobiernos regionales entre la ineficiencia y la corrupción. En Lampadia hemos analizado los defecto del arreglo institucional de las regiones, pero el país, parece no tener cabeza para entender la importancia y urgencia de hacer algunas reformas. Ver: ¿No quieren evitar la corrupción? y Patente de corso para la corrupción.

Lo más escandaloso de la ineficiencia (falta de ejecución presupuestal y usos inadecuados) y la corrupción en el manejo de los presupuestos públicos en los departamentos, es que se trata de regiones pobres, que nunca tuvieron los volúmenes de recursos que generó el Perú para sus pueblos desde el regreso de la inversión privada con la Constitución de 1993. No se debió desperdiciar ni un sol. Lo hecho es una suerte de crimen social que algún día tendrá que ser debidamente señalado.

Veamos algunos de los cuadros y tablas del trabajo de CAD:

Es increíble que el Perú no haya sabido aprovechar sus recursos y que ahora, encima de todo, sin que importe debilitar el reto de seguir creciendo y reduciendo la pobreza, se haya parado las inversiones mineras, la mayor fuente de recursos para los peruanos más pobres de las regiones. Peor aún, es escandaloso que nuestra clase dirigente, especialmente la política, no tenga claras estas cosas y no se aboque a su corrección. Lampadia  

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El gobierno de PPK, adscribiendo a la idea de desarrollar en paralelo la actividad minera y la situación socioeconómica de las zonas vinculadas al sector, ha adoptado el ‘Adelanto Social’. Un enfoque muy razonable. El financiamiento del programa socieconómico se haría ‘adelantando’ parte de los recursos financieros que generaría la operación minera.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, como explica Rafael Valencia Dongo líneas abajo, eso no es suficiente para lograr la aceptación de los proyectos mineros, que son víctimas de acciones políticas e ideológicas anti minería (cómo el pos-extractivismo) o mecanismos de búsqueda de rentas o estrategias de desarrollo de carreras políticas. Ver en Lampadia: Recursos Naturales y Desarrollo

Además de la aceleración del desarrollo socioeconómico, las acciones anti inversión deben ser combatidas con instrumentos que respondan a la naturaleza de las mismas. Lamentablemente, el gobierno estaría enfocándose exclusivamente en el ‘Adelanto Social’ y distorsionándolo.

Peor aún, el gobierno esta distribuyendo recursos a ciertas comunidades, como en el reciente caso de Cajamarca, bajo el nombre de ‘Adelanto Social’, sin vincularlos al desarrollo de ningún proyecto minero. O sea, se están regalando recursos y malogrando la supuesta estrategia y agravando la posibilidad de resolver el entrampamiento de las inversiones. Este despropósito es lo único que ha puesto sobre la mesa el ministerio de Energía y Minas del gobierno de PPK.

¡No se puede malograr así una buena idea, ni pensar que es lo único por hacer!

Conflictos Socio-ambientales

¿Solucionando muy bien el problema que no es?

Rafael Valencia-Dongo, Presidente del Grupo Estrategia
Para la Revista Stakeholders

La práctica en la prevención y solución de los conflictos socio ambientales pareciera señalar que  los negativos índices socioeconómicos –referidos a las necesidades básicas insatisfechas, población en situación de pobreza, falta de penetración de los servicios de agua y desagüe, desigualdades en la renta, entre otros- son el combustible directo para la generación de conflictos sociales en contra de la inversión en proyectos que explotan los recursos naturales, usualmente ubicados en las zonas rurales, alejadas de las grandes urbes y olvidadas por el Estado. En ese sentido, las autoridades y los propios promotores de los proyectos extractivos están empeñados en revertir en el más breve plazo estos malos índices para lograr la instalación y la convivencia armoniosa de los proyectos.

Pero, ¿realmente la mejora sustancial de los indicadores socioeconómicos es suficiente para reducir la resistencia a la inversión?

El 28 de febrero de este año en el Congreso de la República y ante el Grupo de Trabajo Gran Minería de la Comisión de Energía y Minas, el Ministro de este sector informaba respecto a la Unidad de Producción Minera Las Bambas (una de las más grandes del mundo), las extraordinarias mejoras en los indicadores socioeconómicos referidos precisamente a:

Adicionalmente, según el Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) calculado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el crecimiento notabilísimo del PBI de la región Apurímac en el segundo trimestre de 2016 fue de 266%. Es decir, el Perú creció a 3% aproximadamente en el 2016 y la región Apurímac al 266% solo en el segundo trimestre de ese mismo año. Nótese que se trata del crecimiento de toda la región y no solamente de la zona de influencia del proyecto minero, es decir de las provincias de Cotabambas y Grau.

Asimismo, el Ministro de Energía y Minas informó que solo en la etapa de construcción del proyecto se generaron 18 mil empleos directos  y que la puesta en marcha del proyecto al 100% crearía alrededor de 50 mil nuevos empleos directos e indirectos.

Además, el Ministerio de Energía y Minas había implementado múltiples mecanismos de diálogo con las comunidades, tales como mesas de trabajo, mesas de desarrollo, mesas de diálogo, desde el año 2012, así se logran implementar mejoras en educación, salud, ganadería, recursos naturales, desarrollo económico local, así como atención prioritaria del adulto mayor, madres, solteras, viudas, huérfanos y discapacitados; desarrollo de capacidades, saneamiento básico, agricultura, infraestructura económica, fortalecimiento organizacional y oportunidad de empleo en la mina.

Así se logran compromisos para la ejecución de S/ 302’132,813 en obras de transporte, educación, electricidad, agricultura, vivienda, construcción y saneamiento, en los territorios de las provincias de Cotabambas y Grau.

Posteriormente y dado que no era suficiente, se acuerda llevar adelante un programa para la ejecución de un programa social para Cotabambas por S/ 2,168’034,175 de inversión en infraestructura.

No hay duda alguna de las implicancias sociales para el desarrollo que ha significado y significará la explotación del yacimiento minero Las Bambas.  Similar caso de resultados alucinantes se dan casi en todos los proyectos mineros, energéticos, petroleros y gas.

Hasta aquí todo parece un cuento de hadas: poblaciones con escasos recursos para afrontar los cambios que la vida contemporánea exige, de pronto son “tocadas” por proyectos que ponen en valor algo que está enterrado.

Sin embargo, el cuento de hadas se desvanece cuando se aprecia que buena parte de proyectos de esta naturaleza han sufrido graves paralizaciones por cuanto la población no quiere tenerlos en su entorno o quiere obstaculizar los proyectos ya instalados, pese a que todos han sido certificados por las autoridades socio ambientales como ecológicamente amigables con el medioambiente.

Así tenemos que inversiones como Conga, Tía María, Río Blanco, Bear Creek, etc., que bien hubiesen servido para el desarrollo de sus zonas de influencia y que en general no cuentan con fuentes alternativas que jalen y empujen al desarrollo, son de alguna manera paralizados.

En el tema de Las Bambas, por ejemplo, es lacerante pero ya hay cinco fallecidos por los conflictos sociales durante los últimos dos años y actualmente se encuentran con suspensión de garantías constitucionales, pese a que el Vicepresidente de la República ha firmado un ofrecimiento de inversión de más de S/ 2,100 millones en carreteras, canales de regadío, vivienda, saneamiento, entre otros. Pareciera que mientras más obras de infraestructura se pretenden ejecutar, más conflicto se genera.

Diera la impresión que estamos frente a la reedición de esos versos de la famosa Divina Comedia, cuando el poeta caminaba por los círculos del infierno y ve un engendro espantoso que se comía uno tras otro a los hombres : “Qué engendro tan espantoso es este que cada vez que come tiene más hambre”.

Por ejemplo, si uno camina por la plaza de Armas de Cajamarca, se percatará que la pileta ha sido remozada por la empresa minera Yanacocha, si voltea encontrará dos iglesias renovadas por minera Yanacocha, si camina unas cuadras más encontrará un centro cívico donde se ubica un imponente Coliseo, la única escuela de joyería en plata del Perú, el local de la Municipalidad, entre otros, todos ellos producto de la articulación o a veces con aportes íntegros de minera Yanacocha.

Si va por la carretera hacia donde se encuentran los artesanos talladores en piedra, encontrará letreros de construcción de infraestructura nueva en agua, desagüe, energía eléctrica, canales de regadío, todos financiados bajo distintas modalidades por minera Yanacocha, obras que  mejoraron directamente los índices socioeconómicos de Cajamarca; sin embargo, la población no permitió que se llevase adelante el proyecto Conga y la explotación en el Cerro Quilish. Así tenemos múltiples repeticiones de la historia de muchos proyectos y el hostigamiento de unidades de producción social y ambientalmente amigables.

Entonces  pareciera que las obras de infraestructura  (canales de regadío, carreteras, saneamiento, etc.), serían necesarias pero no suficientes para la convivencia armoniosa entre la empresa y la comunidad. De hecho, las mismas parecieran que solo contribuirían a elevar las expectativas y su satisfacción no implicaría la eliminación e incluso la reducción de la presión sobre las empresas extractivas y su aceptación social.

Es que quizás se debiera tomar en cuenta que las obras de infraestructura son para el Estado un fin, mientras que para la empresa son solo un medio dado que su fin es la aceptación social o la convivencia armoniosa.

Convertir por generación espontánea a un medio (la infraestructura) en un fin pareciera ser parte del gran error que engorda las fauces del monstruo de la  Divina Comedia. Las obras para que sirvan parecieran que debieran cuantificarse socialmente de manera clara y contundente ¿Cuántos adherentes a la causa me han reportado?  ¿1,000 o 500 ciudadanos?  ¿Cómo pruebo que así ha sido? ¿Cuántos adherentes me permitirían obtener la obra alternativa?  El solo hecho de construir no genera de modo alguno adherentes.

Hay que recordar una y otra vez que lo que para el Estado es un fin, para el privado es solo un medio. ¿Cuántos ciudadanos concretamente requieren para sacar adelante su causa? Los oponentes a la inversión sí saben cuántos ciudadanos requieren para tumbarse la inversión. 

Entonces, podríamos inferir que la reducción de la pobreza y desigualdad vía obras de infraestructura, no sería la principal fuente reductora de conflictos sociales, si es que dichos instrumentos no se usan como plataforma o medio y no como fin.

Como lo manifiesta el experto en temas sociales, Dael Dávila, muchas empresas y gobiernos asumen que los ciudadanos actúan siempre de forma racional, como lo son los planes de desarrollo.

Aparentemente, los privados y el Estado podrían estar empeñados en solucionar muy bien el problema que no es. Lampadia

La economía sigue bajando su ritmo de crecimiento. Poco a poco nos vamos acostumbrando a objetivos mediocres y malos. Usamos todo tipo de argumentos para bajar las expectativas de crecimiento y estar felices con un 4%, que difícilmente se alcanzará el 2017.

“El consumo crecerá, la exportación minera seguirá creciendo y también habrá un aporte del gasto público. Con eso podemos llegar con suerte al 3.3%. Sin embargo, si el impacto político de la crisis es mayor y genera una parálisis, el crecimiento puede llegar a 2.5%”. Gianfranco Castagnola, Apoyo Consultoría, El Comercio, 19 de febrero, 2017

Desde el inicio de la gestión del nuevo gobierno, se evitó poner la necesidad de recuperar la inversión minera en la primera fila. El gobierno nos ofreció que el crecimiento se daría como producto de la simplificación de trámites y de la inversión en infraestructuras.

La simplificación de trámites ayuda, pero no mueve la aguja de la economía. La inversión en infraestructuras está en proceso de paralización como producto del escándalo de Odebrecht, el debilitamiento de las APP con el affaire Chinchero y la cacería de brujas que se extiende diariamente en todas direcciones.

El refugio del gobierno respecto a la inversión minera era el proyecto de Tía María. El propio Presidente ofreció viajar al valle del Tambo a conciliar las cosas pero, cuando llegó a la zona (Cocachacra), fue superado por un pequeño grupo de presión y terminó sucumbiendo y malogrando el proyecto, pues cuando los activistas gritaron, ‘agro sí, mina no’, el Presidente dijo: “no me hablen de Tía María, no he venido a hablar de eso”. Ante otros ¡Agro sí, mina no!, PPK dijo: “Eso lo sabemos y los apoyamos”. ¡Agro sí, mina no! “Yo estoy de acuerdo”.

Por lo tanto, si no se produce un giro de timón importante, iremos, paulatinamente, flotando hacia un crecimiento largamente insuficiente.

Pero veamos cómo van las cosas hasta ahora. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana creció 3.9% durante el 2016, ligeramente más de lo esperado pero muy por debajo del ritmo de crecimiento de la economía de los últimos 15 años. El impulso principal lo dio el sector Minería que creció 21.2% con respecto al año pasado.

En diciembre de 2016, el sector Minería e Hidrocarburos creció en 5.39%, manteniendo una trayectoria al alza por 22 meses consecutivos, impulsado por el dinamismo de la actividad minera metálica que registró una expansión de 8.57%, sobre la base de la mayor producción de cobre (13.53%) y molibdeno (20.41%), así como la mejora de precios del cobre, zinc y hierro. 

En la producción de cobre, el informe del INEI destacó “las alzas reportadas por Minera Las Bambas, Chinalco Perú, Antapaccay, Cerro Verde, El Brocal y Gold Fields La Cima; en molibdeno fue relevante la participación de Cerro Verde; en oro se registró alzas de producción de los productores artesanales, de las compañías La Arena, Minera La Zanja, Gold Fields La Cima, Antapaccay y la contribución de Shahuindo. En la producción de zinc fue determinante los mayores volúmenes obtenidos por Antamina, El Brocal, Corona, Minera Milpo, Trevali Perú y Minera Raura”.

El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, señaló que “durante el año 2016, en la producción del subsector minería metálica destacó la mayor extracción de cobre (40.1%), molibdeno (27.8%), plata (6.7%), hierro (4.7%) y oro (4.2%). Sin embargo, disminuyó el plomo (-0.4%), estaño (-3.7%) y zinc (-5.9%)”.

Lamentablemente, el buen desempeño del sector de Minería e Hidrocarburos, que fue el principal motor de la economía peruana, fue prácticamente desactivado, paulatinamente, desde el 2011. Esto ha impactado en el crecimiento, la inversión y ha suprimido los positivos encadenamientos con el resto de la economía y ha causado que el sector construcción se mantuviera en recesión, con una contracción de -3.15% y que la Manufactura cayera a -1.63%.

En 2016, la minería aportó el 60% del crecimiento del PBI (casi 2% del 3.8% total de expansión del PBI). Este año, la SNMPE afirma que las cifras de las inversiones mineras a noviembre del 2016 registraron una caída acumulada de 46.1%, y que se espera que lleguen a los US$ 4,000 millones al cierre del 2016. Esto nos llevaría a los mismos niveles del 2010. Según la proyección del MEM y de la SNMPE (cuadro líneas abajo), muestra una situación aún más grave: 

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció en un reciente informe que, en la actualidad, existen 14 proyectos mineros en el Perú que ya cuentan con sus Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobados, representando una inversión de US$ 16,081 millones para el país. Esta cifra es más de la tercera parte del total de la cartera de proyectos estimada para el sector, valorizada en US$ 46,411 millones (25 proyectos en etapa de exploración avanzada, 5 ampliaciones de unidades mineras, 14 proyectos con EIA aprobado y 2 con EIA en proceso de evaluación). Sin embargo, en las actuales circunstancias de debilidad gubernamental y el enfrentamiento de los anti mineros, será muy difícil, mientras no se corrija esta situación, esperar que se efectivice la inversión.

La importancia de la minería es clara. Según un reciente informe de EY Perú (Ernst&Young) titulado Peru’s Mining And Metals Investment Guide 2017-2018, la minería representó el 58.8% de las exportaciones del Perú y los hidrocarburos el 6%.

Todavía mantenemos un muy buen nivel de grado de inversión, como se puede observar en el cuadro inferior. Esto es importante para mantenernos como un país atractivo para la inversión extranjera directa (que representó el 23% del total, según el gráfico inferior) y debe ser mantenido por la actual administración del presidente Kuczynski. 

Para lograrlo, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa anti minera, debilitamiento del aparato de movilización anti minero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. En Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), Lampadia sugirió estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

Aprovechemos que tenemos el 11% de las reservas de cobre en el mundo, 5% del oro y 21% de la plata. El sector minero también es importante para la generación de empleo de calidad (directo más indirecto) para miles de peruanos y representa una de las principales fuentes de ingresos fiscales. Según EY Perú (Ernst&Young), las estadísticas demuestran que existe una correlación entre los precios de los metales y los ingresos fiscales en el Perú.

China es el mayor inversor extranjero en Perú en proyectos mineros, seguido por Estados Unidos, Canadá y Australia. De las nuevas inversiones mineras previstas para el año 2021, se prevé asignar 28.2 mil millones de dólares a proyectos de cobre, que representan el 60.9 % del total.

El último informe de World Exploration Trends de SNL Metals & Mining revela que Perú recibió el 6% de todos los fondos de exploración gastados globalmente en 2015. El presupuesto total para la exploración de metales no ferrosos cayó un 19% con respecto al año pasado, pero en Perú la reducción fue sólo alrededor de 3%. Esto se puede explicar por las percibidas ventajas peruanas en términos de geología y bajos costos relativos para el desarrollo minero.

Ya es hora de decir las cosas como son, explicar con claridad lo que necesitamos hacer para lograr el bienestar general, sindicar a los responsables de atentar contra proyectos positivos contra el Perú y actúa en consecuencia. Lampadia