India es un país de enormes contrastes. En este nación coexiste un triple sistema de desigualdades: de clase, género y casta que impiden que 360 millones de indios salgan de pobreza, como señala el premio nobel de Economía, Amartya Sen. A la vez, acaba de poner un satélite en la órbita de Marte invirtiendo tan solo 60 millones de dólares (una cifra ínfima si se la compara con los presupuestos de la NASA). Este logro se entiende porque es el mayor exportador de conocimiento informático y el principal proveedor de Silicon Valley. Así de paradójico es el Estado que Nerendra Modi gobierna desde hace seis meses y al que empieza a transformar con una serie de medidas audaces, de apertura económica y libre mercado que empiezan a encender la admiración mundial. Bajo el lema “No red tape, only red carpet” para los inversionistas las cosas empiezan a cambiar (ver en Lampadia (L): El cambio de timón (pro mercado) en la India).

Modi llegó al poder de la democracia más grande del mundo prometiendo una revolución que modernice al país (MODIfied India) y lo lleve por la senda del crecimiento. Su PBI del 2012 era de 1.84 billones de dólares lo que lo convierte en la décima economía global. Con sus reformas, espera cumplir las proyecciones de la OECD y el 2050 ocupar el tercer puesto (por debajo de China y los Estado Unidos) elevando el producto a 25,000 billones de dólares. Ese es el reto y allí apunta. 

La nueva política

El primer cambio es en la forma de relacionarse con la población. Ha utilizado las nuevas tecnologías para acercarse a los ciudadanos. Modi cuenta con 25 millones de fans en Facebook y ocho millones de seguidores en Twitter. Pero también ha mostrado su enorme liderazgo con discursos y con la acción política.

Recientemente mostró toda su capacidad como gran comunicador de masas. Eligió el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi para coger una escoba y relanzar el programa de saneamiento. Aunque para los occidentales este acto puede parecer trivial, en la India no lo es. El Primer Ministro asumió la causa de la limpieza de las ciudades (un problema de saneamiento gravísimo que afecta seriamente la salud de millones de personas) con una convicción y vigor nunca antes visto porque ataca a otro de los grandes males sociales: la intocabilidad y la recolección manual (recoger basura es una tarea que solo le competía a la casta de los intocables).Que un Primer Ministro coja una escoba y barra es más que un gesto político, es el inicio de una transformación social.

En la misma línea de mejorar la salubridad de esta nación, prometió la construcción de 600 millones de baños. En la India el 54% de la población carece de retretes, lo que genera graves problemas. “Nadie me puede reprochar hablar de retretes en el Fuerte Rojo [el histórico lugar donde pronunció su discurso]. Yo vengo de una familia pobre, he conocido la pobreza, la dignidad de los pobres comienza por ahí”, señaló Modi.

En otro gesto brillante, para decretar la desaparición de la Comisión de Planificación (la encargada de establecer las políticas económicas) y demostrar que las reglas del libre mercado empiezan a regir la economía, dio un discurso desde las murallas de la célebre fortaleza roja en las que anunció los cambios que espera.

Dentro de sus medidas económicas, como ya anunciamos anteriormente, están que los barcos solo necesitan sacar una licencia una vez (antes se hacía anualmente) y que ya no se necesita acudir a los notarios para realizar tramites en el Estado. (Ver en L: La visión de país y reformas que el Perú necesita). Aquí presentamos otras reformas:

La reforma laboral

Actualmente, el subcontinente tiene una población de 1,250 millones de habitantes, representa el segundo mayor mercado interno del mundo, solo superado por China (1,350 millones). Modi desea que su país deje de verse como un gran mercado y se convierta en un gran centro manufacturero. “La facilidad para hacer negocios es el requisito primero y principal para convertir a la India en un centro manufacturero mundial”, dijo Modi en Nueva Delhi. Y para ello ha aprobado un paquete que reforma las políticas laborales.

“Las leyes laborales, muchas de las cuales se remontan a la época en que la India era colonia británica, regulan estrictamente la contratación y despido de trabajadores y requieren un enorme papelerío que suele desalentar la contratación de personal nuevo. Con las nuevas normas, se les facilitaría a los trabajadores vincular sus ahorros en Provident Fund -un plan de ahorros del gobierno financiado con las nóminas- con sus cuentas bancarias y transferir los fondos al cambiar de empleo”, señala la prensa. De esta forma, también apoya su campaña que busca bancarizar la India.

Además, los informes de inspecciones de fábricas deberán entrar en un sitio de internet del gobierno a los tres días de ser elaborados, a diferencia de las verificaciones actuales, que según los empresarios son arbitrarias y permiten el acoso por parte de los inspectores.

Con estas reformas, lanzó “Make in India” (Fabrica en India). La idea de industrializar India es el camino escogido para crea empleo. Una urgencia dado que 13 millones de jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año. Modi desea convertir a la India en la próxima potencia textil.

Más energía, nada de subsidios

Modi sabe que necesita más energía para conseguir industrializar el país, para ello ha puesto fin a los subsidios al diesel controlados por el gobierno y aumentó los precios del gas natural como parte de los intentos por reforzar la inversión en el sistema energético del país.

El gobierno de la India ha tratado siempre de proteger a los consumidores más pobres mediante el control del precio de los combustibles como el diesel  y el kerosene, pero acosta de un déficit fiscal considerable (US$ 23,000 millones solo el 2013), puesto que importa cerca de 80% de su petróleo. Asimismo ha subido el precio del gas para incentivar nuevas exploraciones.

Además, se está evaluando el ingreso de privados a la explotación de minas de carbón que era un monopolio privado. Modi ha puesto como una de las prioridades de su gobierno reducir los apagones, en su apuesta por revitalizar el crecimiento y para ello necesita energía barata.

Cerrar la brecha en infraestructuras

Modi ha conseguido de China y Japón compromisos de inversión multimillonarios (25 mil millones y 35 mil millones de dólares respectivamente) para construir trenes y carreteras que alivien el déficit de infraestructuras del país.

Digitalizar la india

El Primer Ministro quiero utilizar el potencial digital de su país para modernizar el país. En su primer discurso del Día de la Independencia, cautivó a la juventud al hablar de su sueño de una India digital en 2019. Eso es tener un gobierno electrónico eficiente y funcional, banda ancha para todos, educación por internet, telemedicina y otros. El plan digital de India está destinado a cubrir todo. Para empezar, el gobierno ya está prestando servicios públicos a través de un portal unificado.

Ahora en el portal makeinnidia.com, los empresarios pueden obtener licencias de funcionamiento de sus empresas en 72 horas.

Pero eso no acaba ahí, el gobierno está destinando ingentes recursos para contar con ciudades inteligentes. El plan es construir 100 ciudades inteligentes en la India en los próximos años. Las ciudades inteligentes se definen ampliamente como espacios urbanos que están integradas tecnológicamente, bien planificados y adaptados al medio ambiente. Es un proyecto a largo plazo y bien podrían extenderse durante 10 años o más, según las autoridades. Un modelo flexible APP (asociación público-privada) se está elaborando para concretarlo lo antes posible.

Aunque parezca pronto, las medidas están dando resultados y este año la India retomará el crecimiento, se esperan cifras cercanas al 7%. India surge como la nueva potencia mundial. Una buena noticia para la economía global y un excelente ejemplo de cómo tienen que hacerse las cosas. Lampadia

Cuando cumplimos nuestro primer año en noviembre del 2013, publicamos un folleto que se repartió en distintas universidades y en CADE 2013. Ver en Lampadia (L): LAS CIFRAS DE LA PROSPERIDAD.

En esta ocasión, con dos años de vida, hemos producido un resumen de nuestras principales propuestas que hemos impreso y repartido a universitarios y en el CADE 2014.

En Lampadia apoyamos la economía de mercado, la inversión privada y el desarrollo integral. Modernidad, tecnología, gobernanza y meritocracia, en un mundo global.

Esperamos que nuestro esfuerzo ayude a la formación de una opinión pública mejor informada y con mayor criterio para apreciar la realidad nacional.

El Perú está sobre diagnosticado, no pretendemos ser los únicos que contribuyen con información y análisis. En Lampadia no queremos quedarnos en el análisis y el qué hacer, pretendemos ir más allá, al CÓMO.

Esta publicación recoge nuestras principales propuestas de qué y cómo debiéramos hacer para mejorar los aspectos más importantes de la vida nacional y las condiciones de la gran mayoría de peruanos.

Las presentamos con cariño, humildad y tratando de ser muy rigurosos. Como todo lo que hacemos en Lampadia, no tenemos derechos reservados. 

Las propuestas que hemos seleccionado son las siguientes:

1. 2024–Celebremos la libertad de América

2. Infraestructuras

3. Ampliemos la cobertura de las AFPs

4. Autoridad única de transporte en Lima y Callao

5. Cambio climático

6. Necesitamos un Servicio Civil Meritocrático

7. La capacitación hace milagros

8. Aseguremos la recuperación del crecimiento

9. Más propuestas

Ver documento completo: http://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/0cca5-prosperidad-ii-lampadia.pdf​

A pesar de que Chile es visto por algunos como la economía más avanzada y abierta de Sudamérica y tiene la más alta calificación crediticia soberana (AA3 según Moody’s), la gigante productora de cobre estaría enfrentando problemas con la producción de nuevas minas. Además, su crecimiento económico se ha visto reducido continuamente a lo largo del año.

El Banco Central de Chile redujo su pronóstico de crecimiento para este año nuevamente, citando una desaceleración más profunda y más larga de lo esperado en la actividad y la demanda. El FMI recortó a 2% su proyección de crecimiento durante este año, a pesar de su anterior pronóstico de expansión de 3.2%. En agosto, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) aumentó tan solo 0.3% con respecto al mes pasado, un performance tan bajo que no ha sido visto desde el terremoto en Chile hace más de cuatro años.

Desde que Michelle Bachelet entró al gobierno, los inversionistas y los ciudadanos han venido perdiendo la confianza en su capacidad para gobernar el país. Muchas de las medidas que ha tomado son contraproducentes y le han restado a Chile la predictibilidad de la que ha gozado (raro ejemplo latinoamericano) durante las últimas décadas. Por el contrario, hoy los inversionistas están reticentes a invertir en un país que ahora legisla en contra de las empresas. 

Al parecer Bachelet, siguiendo la tradición de la izquierda latinoamericana, se ha contagiado del virus de la ‘refundación’. Se quiere transformar todo, hacer una nueva constitución. Todo esto afecta la tranquilidad del país, tal y como viene ocurriendo con las normas que se están aprobando.

Las reformas para incrementar el gasto en programas sociales de Bachelet han sido consideradas como populistas. Sin duda, la medida que mayores protestas ha generado ha sido la tributaria. (Ver en Lampadia (L): Resistencias a la reforma tributaria de Bachelet). 

Las PYMES y el sector empresarial en su conjunto llamaron la atención porque estas normas sería contraproducentes, pues debilitarían sustancialmente el clima de inversión chileno en un momento en que la economía se enfría y crece a sus niveles más bajos en los últimos cuatro años (2.7% el primer cuatrimestre). A pesar de que la reforma tributaria ha sido vendida como la única forma de obtener los 8,200 millones de dólares que se necesitarían para hacer gratuita la enseñanza (una demanda que tomó las calles durante el primer gobierno de Bachelet), no es muy bien vista entre los chilenos. Ver en L: Chile por el mal camino.

Actualmente, el gobierno chileno está tomando medidas para dinamizar nuevamente el crecimiento de su economía, poniendo en marcha un plan de inversiones en infraestructuras públicas. Hace unos días, el ministro de Obras Públicas anunció que se invertirá  US$ 28,000 millones, de los cuales 11,000 serán en régimen de concesiones públicas a empresas.

La minería, uno de los sectores más importantes del país, está enfrentando graves problemas. Se espera que Chile produzca un récord de 5.83 millones de toneladas de cobre este año, llegando a 6.23 millones el año que viene, afirma la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Sin embargo, la estimación oficial de la producción en 2014 ya ha sido recortada dos veces, de 6.07 millones de toneladas, tras la suspensión de nuevos proyectos (como El Morro) y la caída de la producción en otros.

Sin embargo, uno de los principales problemas de las mineras chilenas es que su desventaja competitivas con otros países mineros es de 11.1%, según cifras del Consejo Minero. En los últimos cinco años, los costos de la minería del cobre habrían incrementado en 66%, indica. Se está convirtiendo en uno de los países más caros para la exploración y extracción minera.

De acuerdo a Cochilco, el costo de producir una libra de cobre aumentó de US$ 0.63 por libra en el 2004, que era la mitad del costo en África y muy por debajo del promedio mundial en el momento, a US$ 2.50 el año pasado. Esto significa que ahora cuesta alrededor de 3.5 veces más (350%) para producir una libra de cobre en Chile, comparándolo con hace una década, y la cifra es también superior a la media mundial de US$ 2.38 por libra registrado el año pasado.

Esto se debería, parcialmente, al alto precio de la energía (que significa alrededor del 20% de los costos de las empresas), lo que pone en peligro la competitividad de la industria de cobre del país y plantea un gran desafío para nuevos desarrollos. Según la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET), el costo de la energía en Chile en la última década habría aumentado un 193%, mientras que el alza promedio mundial, durante los últimos diez años, fue de 111%.

Los altos salarios no ayudan a la situación. Los mineros chilenos producen menos de la mitad de sus contrapartes norteamericanas, pero tienen salarios más altos. El costo de mano de obra es entre 33 y 188% más alto que en otros países mineros.

Los costos de producción de minas chilenas podrían bajar, sin embargo, si los mineros recortan las expansiones planificadas debido a la caída de los precios del cobre y si los proveedores de energía se ven obligados a ofrecer precios más competitivos.

Otro de los motivos del aumento de los costos de minería del cobre es por el alza del dólar. El Ministerio de Hacienda hizo un llamado al sector privado al respecto, fomentando a que se invierta con fuerza en los sectores productivos que se vean beneficiados por una ventaja comparativa debido al tipo de cambio (como por ejemplo la exportación de alimentos, forestal y productos metálicos, que han tenido un alza de 14%, 10% y 20% respectivamente), y así poder sustituir el motor del crecimiento de los próximos años.

El economista chileno, Sebastián Edwards, explicó que “el ciclo de la mediocridad” estaría al acecho, lo cual implica una baja en la inversión, ahorro y productividad, todo lo cual ya está ocurriendo, señaló. También afirmó que el país se “ha quedado atrás en infraestructuras”, y que Chile “no es un país moderno y aspiramos a que se mueva hacia la modernidad”. También avisó de que un hipotético descenso en el precio de las commodities provocaría que “nuestro entorno se transforme en uno menos favorable”.

Otras medidas que habría que tomar en consideración sería hacer cambios en el gabinete, como afirma Edwards. Dice que, “en Chile, hasta ahora, no han existido defensores del capitalismo”, mostrando su preocupación por el clima social.

Se están tomando medidas para dinamizar la economía chilena, pero faltaría fortalecerla más. Esperemos que Chile logre su recuperación económica. A toda la región le haría mucho bien que Chile recupere su senda de crecimiento, su modernidad y su cintura. Sería muy bueno para todo Latinoamérica. Lampadia

Las cosas están claras: La economía está en medio de un frenazo que hará patinar nuestras perspectivas de crecimiento. Las estimaciones de expansión del país se reducen mes a mes. Según el BCR, el PBI se apenas llegará a un modestísimo 3.1% en el 2014. Una cifra paupérrima que evidencia que la parálisis de la inversión privada y pública es aguda. La hora de los diagnósticos y lamentaciones ha pasado. Es el momento de actuar. Como hemos propuesto en Lampadia semanas atrás, “nuestra economía necesita que se viabilicen por lo menos siete (7) proyectos de envergadura que rompan la inercia y muestren que cuando los peruanos queremos hacer algo, lo hacemos; y que cuando tenemos problemas, todos podemos colaborar” (Ver en Lampadia (L): 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Uno de sus proyectos que debiera agilizarse es el de Tía María. Ubicado en el distrito de Cocachacra, (Arequipa), Tía María representa una inversión de US$ 1,400 millones y en sus 18 años de vida espera explotar dos yacimientos a tajo abierto de cobre: La Tapada y Tía María, de los que se extraerán diariamente unas 100,000 toneladas métricas de óxidos de cobre para producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre anualmente.

La puesta en marcha de este proyecto es de enorme importancia. No solo por el tamaño y la inversión que representa (lo cual contribuirá decididamente al desarrollo de Arequipa y del sur del país), sino porque demostraría que cuando se quiere se puede. Como se recordará, el 2011 antimineros radicales, a los que se sumaron incomprensiblemente las autoridades regionales arequipeñas, se opusieron a que este proyecto se realice alegando falazmente que emplearían aguas destinadas a la agricultura, cuando está comprobado que el agua del río Tambo y de toda la cuenca se pierde en el mar año a año, gota a gota.

En abril del 2011, una absurda y apurada Resolución Directoral (Nº 105-2011-MEM-AAM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, lo que significaba su paralización, pues obligaba a que se detuviera toda actividad en los yacimientos. La empresa, incluso, tuvo que retirar sus campamentos de la zona.  Una paciente labor de los funcionarios de Southern, el empleo de su imaginación para buscar soluciones alternativas aunque fueran más onerosas (como las de tomar agua de mar y construir una planta desalinizadora), lograron que el 5 de noviembre del 2013 se presente un nuevo EIA.

El MEM lo evaluó y tras las subsanaciones de rigor y realizar los talleres informativos y la audiencia pública, finalmente, el EIA de Tía María fue aprobado en agosto último (2014). Es decir, tres años de retraso. Si el proyecto se hubiera aprobado en el 2011, ya estaría en funcionamiento, aportando empleos directos e indirectos, impuestos y canon al país. Veamos algunos diagramas del proyecto en las siguientes láminas (es muy importante que los ciudadanos conozcamos nuestros proyectos):

Aún le falta mucho a este proyecto para que inicie su producción. Por lo pronto, debe hacer gestiones con el MEM, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección de Capitanía de Puertos (Dicapi) que depende del Ministerio de Defensa. Nuestra enrevesada burocracia obliga a que la empresa tenga que obtener casi en simultáneo la autorización de uso de agua para la construcción y la licencia de agua para las operaciones (extracción del mineral), así como el derecho de uso de área acuática (para construir el ducto para tomar agua de mar y la planta desalinizadora). 

Un proyecto que ya tiene su EIA aprobado con lupa, debe obtener luego la Concesión de Beneficio, la cual otorga el derecho a extraer mineral de un yacimiento mediante diferentes procesos físicos, químicos y/o físico – químicos, para ello Southern debe seguir actualmente los siguientes trámites:

1. Obtener de la ANA la aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (4 a 8 meses).
2. Obtener la certificación ambiental (a pesar de tener EIA aprobado) por el MEM (1 mes).
3. Presentar solicitud de Concesión de Beneficio al MEM y publicación de avisos con un Resumen de la mencionada solicitud (1 a 2 meses).
4. Aprobación de Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática ante Dicapi (6 a 8 meses).
5. Con todos los procedimientos anteriores aprobados se debe solicitar a la ANA la Autorización de Ejecución de Obras con fines de Aprovechamiento Hídrico (3 a 6 meses).
6. Una vez obtenido la Autorización anterior se solicita ante el MEM la Autorización de construcción de Planta de Beneficio (1 a 2 meses).
7. El ANA debe otorgar Autorización de Uso de Agua para Construcción (3 a 6 meses).
8. Es decir, en el mejor de los casos, en un año se empezarían las obras de infraestructuras necesarias para explotación de Tía María las cuáles durarían unos 24 meses.
9. Terminada las obras se debe presentar al MEM el Informe Técnico de culminación de obras del proyecto minero metalúrgico. En simultáneo se presenta al ANA el Informe Técnico de culminación de obras de aprovechamiento hídrico.
10. ANA otorga licencia de uso de agua con fines mineros (3 a 6 meses) y autorización de vertimientos de aguas residuales (3 a 6 meses).
11. Finalmente, el MEM otorga la autorización de funcionamiento de la Planta de Beneficio (1 a 2 meses).

Si todo sale bien, el proyecto podría arrancar la construcción después de 18 a 24 meses. Luego, para iniciar la operación, podrían irse otros 14 meses. Y es que en nuestro país, no existe predictibilidad en los trámites que se tienen que realizar. Un ciudadano común y corriente, así como una persona jurídica debiera saber de antemano que requisitos y diligencias  debe cumplir para obtener de la autoridad correspondiente un permiso, licencia o derecho. Además, debe quedar perfectamente establecido hasta cuanto tiempo se puede tomar un funcionario para dar respuesta. Nada de eso existe. Hay una absoluta discrecionalidad, las autoridades cada día incrementan porque “se le ocurrió” nuevos trámites y requisitos sin que nadie ordene esta situación. Todo esto antes de lo que pueda suceder después de la COP20.

Es así, como la tramitología crece, se refuerza y complica. Ricardo Briceño, en el último Simposium del Oro y la Plata advertía : “En minería, hemos pasado del ´Texto Único Ordenado´ de los años 90 y dos instancias oficiales, que permitieron la gran inversión en la minería moderna y responsable, a 180 regulaciones en muchas instancias distintas y en diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, local y “social”). ´Hemos pasado de un Gantt a un plato de espaguetis´” (ver en L: El Perú renuncia al desarrollo y al bienestar general).  

Este plato de espaguetis debe ser ordenado. Una forma de hacerlo es uniformando y modernizando perfectamente los TUPAS de los distintas instituciones para que no se deje al libre albedrío de un funcionario trabar las inversiones. La nueva Ley 30230 (que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), no podrá cumplirse en mucho de sus términos (como denunciar a un funcionario por trabas burocráticas) si es que no hay un ordenamiento de los TUPAS. Y allí debiera jugar un rol vital la Presidencia del Consejo de Ministros.

Tal y como lo ha planteado Lampadia, un equipo (o varios) de expertos podrían dedicarse a establecer los problemas que enfrentan los grandes proyectos, públicos y privados, para viabilizarse. Asimismo, podría encontrar soluciones legales para agilizar las inversiones (Decretos de Urgencia, Declaraciones de Interés Nacional y otros). La idea es que todo esto se realice con la mayor transparencia y comunicando a la ciudadanía para que entienda los procesos y al Presidente de la República, para que pueda dirigir las acciones adecuadas. Así el Presidente podría apoyarse en la opinión pública para tomar decisiones difíciles pero necesarias para salvar al país de la parálisis final a la que nos dirigimos sin pausa y con mucho miedo.

De no salvarse esta situación podríamos terminar en alguno de los indeseables escenarios descritos en nuestro artículo citado líneas arriba: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos.   Lampadia   

En los últimos años, Alemania ha sido una excepción brillante a la debilidad económica de Europa. Ha sido el motor principal de la eurozona y el más resistente a las crisis, y además, considerado como el único posible salvador. Sin embargo, ahora que el crecimiento alemán ha tropezado, la zona del euro está a punto de caer nuevamente en recesión.

Se esperaba un sólido 2014 para Alemania, que representa casi el 30% del PBI de la zona del euro, ahora parece ser un año muy débil. El crecimiento del segundo trimestre cayó en 0.2%, el doble de lo previsto, lo que ha llevado alos economistas a reducir sus previsiones de crecimiento del año de un 1.8% a alrededor de 1.2%. Al ser el segundo trimestre con una contracción económica, técnicamente se podría decir que el país estaría entrando en una recesión (definida como dos trimestres consecutivos de contracción).

Durante muchos años, la economía alemana, orientada a la exportación de sus productos de alto valor, ha sido un modelo ha seguir para el resto de Europa. Además, algunos años antes de la crisis, flexibilizó sus regulaciones laborales, siguiendo el ejemplo de Suecia. Pero su aparente fortaleza ha ocultado vulnerabilidades a largo plazo que amenazan con eclipsar su potencial.

El principal motivo de la caída de su economía es el contexto mundial, que está afectando las exportaciones. Alemania es particularmente dependiente del comercio ya que sus exportaciones representan el 50% de su PBI. Se ha visto afectada por el lento crecimiento de los otros 17 países de la eurozona que adquieren el 40% de sus exportaciones. Igualmente, la desaceleración de China, que se lleva un 6% de sus exportaciones.

Otra causa de su estancamiento es la poca inversión privada. Esta se redujo de cerca de 21% en el 2000 a un poco más del 17 % en el 2013. Muchos economistas concluyen que las empresas están preocupadas por la falta de trabajadores calificados, el estado de la zona euro y los crecientes costos de energía. Dadas estas circunstancias, los inversionistas prefieren ahorrar esperando mejores tiempos.

El alto costo de electricidad, su dependencia de Rusia y el cierre de sus centrales nucleares es otro grave problema. Según la Agencia Internacional de Energía, los precios de la electricidad de la industria alemana se han triplicado desde el 2000, causando que las industrias intensivas en energía pierdan interés en Alemania para localizarsus negocios. Por ejemplo, la BMW ha migrado muchas de sus sedes manufactureras a los Estados Unidos, donde el costo es 80% menor.

El problema es que el dinero está siendo invertido en producción, educación e infraestructuras, que luego se convertirían en la base para la prosperidad futura, el progreso técnico y la creación de puestos de trabajo.

Según los cálculos del Instituto Alemán de Investigación Económica, el déficit de inversión entre 1999 y 2012 ascendió a alrededor de 3% del PBI, la más grande “brecha de inversión” de cualquier país europeo. Y si se comparan solo los años del 2010 al 2012, la brechaes aún más grande, de 3.7%. Según dicho instituto, sólo para mantener el status quo y lograr un crecimiento razonable, las empresas y el gobierno tendrían que invertir € 103 mil millones (US$ 133 mil millones) anuales adicionales a lo que se hace hoy.

En el nuevo libro, La Ilusión ‘Alemania’ (The Germany Illusion), de uno de los principales economistas del país, Marcel Fratzscher, se cuestiona al gobierno por negarse a invertir en infraestructuras y no fomentar la inversión privada y un sector de servicios moderno que daría mejores salarios y por lo tanto impulsaría un mayor gasto de los consumidores.

Como afirma The Economist, “un estímulo fiscal, centrado en la inversión en infraestructuras, dejaría al país más seguro en el corto plazo y con mayor capacidad de crecimiento a largo plazo. Sin romper las reglas fiscales del país.”

Cabe recordar que en la crisis financiera del 2009, lo que salvó a Alemania de un mayor impacto, fue su reforma laboral. Esta consistió principalmente en que las empresas alemanas puedan reducir la jornada de los trabajadores con mucha flexibilidad para adecuarla a la demanda productiva, y estos trabajadores ven compensada su reducción de salario con un subsidio público. Aunque este tipo de medidas tienen un costo para el Estado, ya que este tiene que correr con gastos que ahorra la empresa, el trabajador conserva su puesto y mantiene su poder adquisitivo, con lo que se evitó que la crisis se agrave destruyendo empleo.

Sin embargo, esta vez se necesitará más que esta reforma para enfrentar los problemas de Alemania, que no solo ha sido el director de orquesta del proceso de ordenamiento de Europa, sino la esperanza de que se anime a asumir una parte de los costos de la recuperación de la región. Los alemanes se han resistido fuertemente a hacerlo. Ahora esto será más difícil y por lo tanto, más lejana la recuperación de Europa. Malas noticias para la economía global. Lampadia

Por Jeffrey D. Sachs
Project Syndicate
23 de octubre, 2014

Comentario de Lampadia:

Líneas abajo, reproducimos el importante artículo de Jeffrey Sachs en que critica las escuelas económicas tradicionales basadas en la promoción de la demanda (keynesianas)  y en la promoción de la oferta (supply side). Sachs alude que ambas han fracasado en el control de la crisis internacional y que lo que se necesita es un shock de inversiones. La reacción de los inversionistas habría sido la de acumular capital y no la de invertir. Para ello propone la promoción de inversiones que se concentren en la reconversión de las infraestructuras, ciudades y empresas, en operaciones con menor incidencia en la huella de carbón, e incluso, para EEUU, la promoción de inversiones en el extranjero, por ejemplo en el África.

Efectivamente, coincidimos con Sachs que se necesita acelerar los procesos de inversión. Solo queremos agregar, como hemos comentado en varias ocasiones, que también debiera promoverse la inversión en limpiar la producción de hidrocarburos, de electricidad en base a carbón y en recuperar el CO2 de la atmósfera y depositarlo en el subsuelo. Esto resultaría en una estrategia más realista con lo que se puede esperar en los próximos largos años sobre el uso de estos materiales.

Aunque soy un macroeconomista, no concuerdo con ninguno de los dos campos principales en que está dividida la profesión en Estados Unidos: los neokeynesianos, con su énfasis en estimular la demanda agregada, y los ofertistas, con su énfasis en bajar impuestos. Los métodos de ambas escuelas para superar la persistente debilidad de las economías de altos ingresos en años recientes han fracasado. Es hora de aplicar una nueva estrategia basada en un crecimiento sostenible impulsado por la inversión.

El problema central de la macroeconomía es cómo asignar óptimamente los recursos de la sociedad, de modo que los trabajadores que quieran trabajar encuentren empleo, las fábricas usen su capital eficientemente y la porción de los ingresos que no se consume y se ahorra se invierta para mejorar el bienestar futuro.

En relación con el tercer desafío, tanto neokeynesianos como ofertistas fallaron. La mayoría de los países de altos ingresos (Estados Unidos, la mayor parte de Europa y Japón) no están invirtiendo en forma adecuada o prudente con vistas al mejor uso futuro de los recursos. Hay dos maneras de invertir (dentro o fuera del país), y en ambas, el mundo no invierte lo suficiente. 

La inversión interna puede darse de varias maneras, que incluyen la de las empresas en máquinas y edificios, la de las familias en inmuebles y la del Estado en personas (educación, capacitación), conocimiento (investigación y desarrollo) e infraestructuras (transporte, energía, redes hídricas y adaptación al cambio climático).

El enfoque neokeynesiano consiste en estimular la inversión interna, sin importar de qué tipo, ya que para ellos, todo gasto es gasto. Así que procuran estimular la inversión inmobiliaria mediante tipos de interés exiguos, la compra de autos por medio de préstamos titulizados para consumo y proyectos de infraestructura que generen demanda inmediata de mano de obra por medio de programas de estímulo a corto plazo. Y si las inversiones no aparecen, recomiendan convertir el “exceso” de ahorro en otro festín de consumo.

Los ofertistas, en cambio, quieren fomentar la inversión privada (¡jamás la pública!) por medio de más reducciones de impuestos y más desregulación. Ya lo intentaron varias veces en Estados Unidos (la más reciente fue durante la presidencia de George W. Bush). Por desgracia, el resultado de la desregulación no fue un auge sostenido de la inversión privada productiva, sino una efímera burbuja inmobiliaria.

Mientras los gobiernos oscilan entre el ofertismo y el neokeynesianismo con igual entusiasmo, la única realidad permanente es que estos últimos años la mayoría de los países de altos ingresos sufrieron una considerable caída de la inversión como cuota del producto nacional. Según datos del FMI, el gasto bruto en inversión en estos países cayó de un 24,9% del PIB en 1990 a sólo 20% en 2013.

En Estados Unidos, el gasto en inversión pasó de 23,6% del PIB en 1990 a 19,3% en 2013; la disminución neta (inversión bruta menos depreciación del capital) fue incluso mayor. En la Unión Europea, se pasó de 24% del PIB en 1990 a 18,1% en 2013.

Ninguna de las dos escuelas presta atención al verdadero remedio para esta caída permanente del gasto en inversión. Nuestras sociedades necesitan urgentemente más inversión, particularmente en la conversión de modos de producción sumamente contaminantes, energéticamente ineficientes y con alta huella de carbono en economías sostenibles basadas en el uso eficiente de los recursos naturales y la adopción de fuentes de energía con baja huella de carbono. Para ello se necesita la acción complementaria de los sectores público y privado.

Las inversiones necesarias incluyen la implementación a gran escala de la energía solar y eólica; más adopción de medios de transporte eléctricos, públicos (autobuses y trenes) o privados (autos); edificios energéticamente eficientes; y redes de distribución que transporten a grandes distancias la energía obtenida de fuentes renovables (por ejemplo, del mar del Norte y Noráfrica a Europa continental, y del desierto de Mojave en California a los centros urbanos estadounidenses).

Pero justo cuando nuestras sociedades necesitan hacer estas inversiones, tanto Estados Unidos como Europa están en una auténtica “huelga de inversiones” públicas. Los gobiernos recortan su inversión en nombre del equilibrio presupuestario, y los inversores privados no pueden invertir decididamente en energías alternativas, por falta de certezas sobre las redes de distribución reguladas, las reglas de responsabilidad, las fórmulas de fijación de precios y las políticas energéticas nacionales.

En Estados Unidos hubo un recorte drástico del gasto en inversión pública. Ni el gobierno federal ni los estados tienen mandatos políticos, estrategias de financiación o planes a largo plazo para catalizar inversiones hacia la próxima generación de tecnologías ecológicas inteligentes.

Neokeynesianos y ofertistas han comprendido mal la parálisis de las inversiones. Los neokeynesianos ven la inversión (pública o privada) sólo como una forma de demanda agregada, y descuidan las decisiones políticas en materia de infraestructuras y sistemas energéticos (o I+D especializada para la promoción de nuevas tecnologías) que se necesitan para liberar inversiones inteligentes y ecológicamente sostenibles de los sectores público y privado. Por eso, en vez de abogar por la definición de las políticas nacionales necesarias para una recuperación firme de la inversión, echan mano de trucos tales como paquetes de estímulo y tipos de interés nulos.

Los ofertistas, en tanto, se olvidan de que la inversión privada depende de inversiones públicas complementarias y de un marco regulatorio y político claro. Defienden el recorte del gasto público, en la ingenua creencia de que el sector privado vendrá mágicamente a llenar el vacío. Pero al recortar la inversión pública dificultan la inversión privada.

Por ejemplo, las generadoras de electricidad privadas no invertirán en la adopción a gran escala de fuentes de energía renovables si el gobierno no tiene políticas o planes a largo plazo en materia de clima y energía que alienten la construcción de líneas de transmisión para el transporte de la energía desde las nuevas fuentes ecológicas a centros urbanos alejados. Estas minucias políticas nunca preocupan demasiado a los economistas partidarios del libre mercado.

Otra opción es usar el ahorro interno para estimular la inversión en el extranjero. Por ejemplo, Estados Unidos podría prestar dinero a economías africanas de bajos ingresos para financiar la compra de plantas de generación de energía a empresas estadounidenses. Esta política convertiría el ahorro privado estadounidense en una importante herramienta en la lucha contra la pobreza mundial, y al mismo tiempo fortalecería la base industrial estadounidense.

Pero ninguna de las dos escuelas se esforzó por mejorar las instituciones de financiación del desarrollo. En vez de aconsejar a Japón y China que aumenten sus niveles de consumo, sería mejor que los macroeconomistas los alienten a usar sus cuantiosos ahorros para financiar inversiones, no sólo internas sino también en el extranjero.

Todo esto debería ser razonablemente claro para todo aquel a quien preocupe la necesidad urgente de armonizar el crecimiento económico y la sostenibilidad medioambiental. El desafío más acuciante que enfrenta nuestra generación es convertir las actuales infraestructuras y sistemas energéticos contaminantes y basados en el carbono en los sistemas ecológicos, inteligentes y eficientes del siglo XXI. Invertir en una economía sostenible mejoraría drásticamente nuestro bienestar y equivaldría a usar nuestro “exceso” de ahorro de la manera correcta.

Pero esto no se dará por sí solo. Necesitamos estrategias de inversión pública a largo plazo, planeamiento ambiental, hojas de ruta tecnológicas, alianzas público-privadas para la adopción de nuevas tecnologías sostenibles y una mayor cooperación global. Son las herramientas que crearán la nueva macroeconomía de la que hoy dependen nuestra salud y nuestra prosperidad.

Traducido por Esteban Flamini

Informalidad

Últimamente se está discutiendo sobre el tema de la informalidad, muchas veces calificándola como un problema o como “un elefante que todavía no hemos sacado del closet” y hasta dándole un tinte delictivo. Otras veces se le confunde con actividades abiertamente delictivas como el narcotráfico asociado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado.

El 70% del empleo es informal según las cifras oficiales, pero eso no nos hace un país informal. El empleo adecuado llega al 65% de la PEA (se ha duplicado durante los años de crecimiento de la economía). Más allá del proceso histórico que dio origen a este fenómeno, es evidente que ha llegado el momento para superar esta situación que tiene más que ver una “formalidad excluyente” y con normas laborales que están entre las más rígidas del planeta.

Pero también tiene que ver con la naturaleza de los peruanos, con su vocación por ser independientes, empresarios o emprendedores. En el siguiente cuadro podemos ver que el 93% de la élite universitaria, recientemente convocada por IPAE al último CADE Universitario, desea ser empresario:

Ver aqui encuesta del CADE Universitario 2014

Otro ángulo de las recientes discusiones, es que se sigue creando mitos sobre la supuesta incultura, falta de respeto por las normas y tolerancia de los peruanos con la corrupción. Esto es solo producto de análisis superficiales que se entretienen en los aspectos negativos, sin mirar el conjunto de la sociedad e información que amplíe el horizonte de análisis. Por ejemplo, veamos un reciente editorial de El Comercio que comentamos en Lampadia, ver: Roban pero hacen obra.

El Comercio comentó: “Aún una tercera explicación puede tener que ver con la informalidad. Una especie de “a mí no me importa lo que ese señor haga con mis impuestos porque yo no pago impuestos”.  (…) Naturalmente, caben varias explicaciones más. Pero una cosa es segura en todas las opciones: esta desvalorización de – o este cinismo frente a– la decencia significa, por un lado, un problema para nuestra democracia. Pocos incentivos hay en nuestra política para que las personas realmente rectas entren en ella, (…) al menos como sociedad, (…) no parecemos tener mucho autorrespeto. (…) el hecho es que no aspiramos a tener como líderes a personas que podamos realmente respetar”.

En Lampadia agregamos. “¿Qué reflexión habría que agregar al comentario del editorial, sobre los peruanos (3´000,000) que viven en el extranjero? Ellos no se pasan las luces rojas; cumplen las leyes; son solidarios, pues remiten unos US$ 3 mil millones anuales a sus familiares en el Perú. Incluso, algunos de ellos llegan a ser alcaldes y representantes políticos, sin que nadie los tilde con él: “roban pero hacen obra”.

Lo que está muy mal en el Perú no es el ciudadano, sino el sistema: La estructura política, el sistema electoral, la desacreditación de los partidos políticos (que se la ganaron solos), una pésima regionalización, ausencia de un servicio civil meritocrático que se aleje del compadrazgo y el favor político de turno, un buen sistema de control que no debe ser un impedimento a las buenas decisiones públicas, superar los niveles de corrupción y la impunidad en los estamentos del Estado.

Veamos otros datos de la encuesta que hizo IPSOS en el CADE Universitario, que reflejan que nuestros jóvenes están listos para superar las limitaciones comentadas:

La informalidad debería ser analizada desde una perspectiva más amplia, tal vez desde el siguiente enfoque: “Formalidad Excluyente e Informalidad Limitante”.

Un apagón de 30 años

Algo parecido sucede cuando se compara al Perú con otros países sin reparar que acá se “apagaron las luces” durante 30 años (60s, 70s y 80s). Se prohibió la inversión privada en el campo, la minería, la pesca y hasta en el turismo. Se condenó a las regiones a la exclusión y se empobreció a todo el país: ciudadanos, empresas y Estado. Por esta razón es que tenemos agendas pendientes que todavía no hemos podido superar a pesar de los grandes avances de los últimos 20 años.

Tenemos una agenda pendiente que podríamos llamar “social”, pues abarca a la educación, salud, instituciones, infraestructuras, tecnología y pobreza. Pero también tenemos otra agenda pendiente, que podríamos llamar “productiva”, que explica el atraso productivo en la puesta en valor de nuestros abundantes recursos naturales en minería, pesca, energía, forestería y biodiversidad.

En resumen se puede decir que hablar de los problemas y oportunidades del Perú, requiere miradas amplias y profundas. Nuestro país está destinado a ser uno muy exitoso, sin pobreza y con bienestar general, solo tenemos que hacer las cosas relativamente bien. Por eso es muy importante hacer un esfuerzo para entenderlo y explicarlo mejor. Lampadia

El Perú apagó las luces por casi 30 años y condenó al país al estancamiento y empobrecimiento general. Esto ahuyentó la inversión productiva y en infraestructuras. Así fue que acumulamos grandes brechas económicas y sociales en educación, salud, infraestructuras, ciencia y tecnología y, por supuesto, debilitamos todas nuestras instituciones.

Desde la Constitución del 93, el Perú ha tenido una recuperación económica y social que sigue admirando a propios y extraños, pero no logramos aun cerrar las brechas acumuladas. Este documento trae una propuesta, que basada en nuestras nuevas capacidades, pretende dar un salto para acortar la brecha en infraestructuras haciendo viable su financiamiento. 

Análisis:

Según varias fuentes, el Perú tiene una brecha de infraestructuras que supera los US$ 80,000 millones. AFIN, afirma que las inversiones  fundamentales son “para construir carreteras, puentes, redes de agua potable y desagüe, puertos,  instalaciones  para telefonía móvil y fija e Internet, así como plantas eléctricas que requieren las poblaciones a escala nacional entre este y los próximos diez años…” y agrega que estas no están incluidas en los planes de inversión del Estado.

Este tema es parte de la agenda pendiente del país para lograr un desarrollo integral y duradero. A pesar, de los múltiples debates al respecto, hasta hoy no hemos podido desarrollar un plan de acción viable que permita enfrentar el reto en un plazo razonable.

Contar con infraestructuras adecuadas tiene un impacto muy  positivo en la  competitividad del país, mejora los llamados costos de transacción y, en general, potencia el desarrollo de nuestros sectores productivos. Lamentablemente, cuando se analiza el tema se lo circunscribe a las ventajas económicas, pero tiene tanto o más impacto en los aspectos sociales porque las infraestructuras permiten el acceso de los pobres al mundo moderno.

Hasta ahora se han ido desarrollando una serie de acciones para enfrentar el reto. Se ha dimensionado el problema, se han identificado las principales trabas para que las inversiones puedan concretarse, se ha encontrado un mecanismo de vinculación entre los potenciales inversionistas y el Estado, mediante las Asociaciones Público Privadas (APP), que ya ha sido puesto en práctica con buenos resultados.

Se ha tomado conciencia que este reto tiene que enfrentarse con participación del Estado y del sector privado. Así lo plantea el The Economist (marzo 2014) en su artículo editorial sobre la brecha global de infraestructuras, que titula: “La brecha del trillón de dólares” (The trillion-dollar gap), –un billón de dólares expresados en español-. La principal pregunta de la publicación es: “¿Cómo conseguir más de los ahorros globales para pagar por nuevas carreteras, aeropuertos y electricidad?”.

The Economist enfatiza que una buena parte del financiamiento debe ser realizado por el sector público, pero añade que también se debería recurrir al sector privado (fondos de pensiones, fondos de riqueza o soberanos, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales). La revista le asigna un rol muy importante a los fondos de pensiones, que solo  dedican el 0,8% de sus recursos a proyectos de infraestructuras. Otra importante contribución de The Economist es su recomendación de que este reto tiene que ser, necesariamente, dirigido profesionalmente.

The Economist no entra en detalles sobre la pregunta más importante: ¿Cómo financiar la brecha?.

Para buscar una respuesta a esta pregunta en el caso del Perú, debemos ver primero cuál es nuestra situación económica actual.

Las capacidades de la economía peruana:

Las actuales condiciones generales de la economía peruana establecen una extraordinaria oportunidad para afrontar varios retos, entre ellos, una disminución acelerada de las brechas de infraestructuras. Veamos algunos indicadores:

La deuda pública externa del Perú al cierre del 2013 fue de solo 8.7% del PBI, una de las más bajas del mundo. La deuda total, incluyendo la interna, llega al 18.8%.

El prestigio del Perú con las instituciones multilaterales es inmejorable: Llámense Naciones Unidas, Banco Mundial, BID, FMI, CAF, etc.

La estructura legal y económica de las Asociaciones Público Privadas (APP), son un excelente mecanismo para promover la inversión en infraestructuras.

Los fondos de pensiones peruanos tienen capacidad financiera y una estructura de pasivos que les obliga a invertir a largo plazo. Los  proyectos de  infraestructuras son ideales para esto y podrían complementar al Estado y al sector privado en la financiación de los mismos.

Las condiciones actuales y las políticas monetarias y fiscales, no parecen limitar la posibilidad de implantar los mecanismos que puedan llevar  adelante un paquete ambicioso de inversión en proyectos de infraestructuras.

La Propuesta de Lampadia:

1.     Establecer un plazo de 7 años para invertir US$ 80,000 en los más importantes proyectos de infraestructuras.

2.     Aplicar el mecanismo de las APP.

3.     Promover la participación del sector privado, peruano y extranjero, incluyendo a los fondos de pensiones locales, hasta por tres cuartas partes del total, US$ 60,000.

4.     Fijar la participación del financiamiento del Estado en US$ 20,000, (25% del total), equivalente a algo menos del 10% de nuestro PBI.

5.     El Estado financiaría su participación emitiendo deuda pública a 30 años, hasta US$ 20,000, mediante “Bonos de Infraestructuras” (como los califica The Economist).

6.     Convocar al Banco Mundial, FMI, BID y CAF, para que en conjunto acompañen al Perú en el diseño, monitoreo, promoción, y financiamiento de un Fondo de Inversión en Infraestructuras, que podríamos denominar FONINFRA. Asimismo, estas instituciones deberían ser invitadas para participar en la ejecución del plan.

7.     Crear una autoridad pública autónoma que gobierne este plan de inversiones con un manejo estrictamente profesional.

8.     Convocar licitaciones internacionales para cada proyecto específico, mediante APP, para otorgar concesiones de hasta 30 años.

9.     Este esquema podría servir cómo un plan piloto para que las instituciones multilaterales promuevan el financiamiento de las brechas de infraestructuras globales o de otros países emergentes.

Estructura del financiamiento del paquete de inversiones:

– Financiamiento del sector privado: US$ 60,000 millones, mediante APP.

– Financiamiento del Estado hasta por US$ 20,000 millones, administrado por el “FONINFRA”.

– El repago de los Bonos de Infraestructuras a su vencimiento, será asumido por los concesionarios, sustituyendo al Estado.

–  Los concesionarios depositarán anualmente los montos que se establezcan, para el repago de los bonos.

– Los depósitos indicados se harían en un  fideicomiso específico en el Banco Mundial. Este sería propiedad del Estado peruano, pero solo se podría aplicar para la cancelación de los bonos a su vencimiento. El rendimiento financiero del fideicomiso, podría ser de libre disponibilidad del Estado.

Comentario final:

El Perú tiene pendiente recuperar un mayor nivel de desarrollo económico y social que se perdió en los años del estancamiento (60, 70 y 80s).

A la fecha, hemos recuperado la capacidad económica y financiera para afrontar retos exigentes.

Hoy tenemos que recurrir a nuestra consecuencia social y política, a nuestra creatividad y empeño para diseñar planes de acción que posibiliten dar grandes saltos en pos de soluciones positivas y duraderas a nuestras deficiencias.

Esperamos que esta propuesta aliente un debate que nos lleve a la acción, con este u otro planteamiento que pueda considerarse más adecuado. Lampadia  

Por 45 años (1960 a 2004) el crecimiento promedio de la productividad en el Perú fue de 0.1%, una tasa insignificante comparada con la alcanzada por otras economías emergentes que crecían a tasas superiores al 2%. Sin embargo, el giro en el modelo económico dela década de 1990 con la Constitución del 93, hizo posible que el Perú  lidere en los últimos años el crecimiento de la productividad en Latinoamérica (2.3% para el periodo 2005-2011). La tarea no está completa, ahora hace falta promover las reformas que nos permitan mantener el mismo ritmo.

Primer tiempo (1960-2004): estancamiento de la productividad

Por 45 años (de 1960 a 2004), mientras que economías de similar ingreso al Perú (como Corea del Sur) elevaban su productividad a un ritmo de 2% anual, nuestro país lo hacía apenas en 0.1%, es decir nos empobrecíamos año tras año en relación con otras economías emergentes. La intervención del Estado en el mercado, la prédica anti inversión privada y las políticas proteccionistas, iniciadas en la década de 1960 condujeron al Perú, al estancamiento de la economía y al empobrecimiento general que nos sacó de la senda del desarrollo por décadas.

Experimentos como el Modelo de Sustitución de Importaciones, Capitalismo de Estado y Populismo Macroeconómico llevaron al país a perder su capacidad de crear riqueza, lo que se  acentuó en la década de 1980, donde nuestra productividad cayó en promedio 3.5% por año.

Las reformas en los años 1990, centradas en la reinserción de nuestra economía en el mundo global, la apertura comercial, privatizaciones, una cierta liberalización del mercado laboral y en menores regulaciones estatales, lograron elevar la productividad del país. Las inversiones en infraestructuras permitieron reducir los costos del comercio exterior, elevando la competitividad. Por su parte los servicios públicos privatizados, se tornaron más eficientes, con mayor cobertura y calidad a  menores precios. Mejoró la conectividad del país a través de nuevas redes de telecomunicaciones, se incrementó la generación, transmisión y distribución de energía y se favoreció el desarrollo del sector industrial. De esta manera se empezó a recuperar la productividad, cerrando la década con un crecimiento promedio de 0.8%, después de la caída de la década anterior.

Segundo tiempo (2005-2011): la recuperación de la productividad

En la segunda mitad de la década del 2000 las reformas fueron madurando, las inversiones  privadas (83%) y públicas (17%), alcanzaron niveles record, superando el 28% del PBI (en 2013) y las empresas peruanas empezaron a aparecer en los rankings de las más grandes corporaciones de la región. Para el periodo 2005-2011 la tasa promedio de crecimiento de la productividad fue de 2.3%, liderando con ello, según de The Conference Board, el crecimiento de productividad de Latinoamérica que decreció en 0.3% y superando el promedio de los países emergentes de 1.6%. Sin embargo, aún nos encontramos lejos de países como China, que, tuvieron que incrementar su productividad en 3.4% cada año para poder sostener un crecimiento promedio de su economía a una tasa de 10%.

Tercer tiempo (2012 – 2021): mayor crecimiento de la productividad

Para que el ingreso medio per cápita pueda converger a los niveles de los países desarrollados (OECD), no es suficiente con lo realizado hasta ahora. El Gobierno debe enfocar sus esfuerzos para concretar las reformas que den un mayor impulso al crecimiento de la productividad. Debiéramos crecer a tasas similares a las de los tigres asiáticos en su larga fase de despegue. El Banco Mundial (2006) ha identificado que ningún país ha logrado mantener un crecimiento alto y sostenido sin tener altas tasas de inversión en infraestructura y educación. En el caso del Perú, para lograr un crecimiento más pronunciado de la productividad, es preciso avanzar en las siguientes reformas:

Estado eficiente: contar con un poder judicial eficaz e independiente, derechos de propiedad bien delimitados, agilidad en los trámites burocráticos.

Infraestructuras: reducir la brecha de en infraestructuras, vía concesiones y Asociaciones Público Privadas (APP). Existe una importante oportunidad de financiamiento externo para este tipo de proyectos.

Educación: mejorar la calidad de la educación. Además alentar la formación de carreras tecnológicas.

Tecnología: incrementar la colaboración de las empresas y las universidades. Alentar las carreras de ingeniería y ciencias. Generar incentivos para que las empresas incrementen su presupuesto en innovación.

Instituciones: mejorar las reglas de juego para facilitar una mejor convivencia de los ciudadanos, su protección contra el abuso del Estado, el clima de inversión y una mejor gobernanza.

Hasta ahora hemos trazado exitosamente el camino inicial para alcanzar el desarrollo, por ende no debemos desandar lo avanzado ni caer en la complacencia. Todavía (hermanos), hay mucho por hacer. Los resultados del Reporte de Competitividad del Word Economic Forum, nos ofrecen luces sobre el trabajo pendiente. En 2013 el Perú se encuentra a la cola en todas las reformas mencionadas, siendo las tareas más complicadas el desarrollo de innovación (puesto 122) y en el mejoramiento de las instituciones (puesto 109). Podemos implementar estas reformas adaptando a nuestra realidad los casos de éxito económico como, por ejemplo, el de Nueva Zelanda, que se  ubica en la lista del Top 10 en los indicadores de los temas que constituyen nuestra agenda pendiente. Lampadia