Para superar el impasse del ‘adelanto-no adelanto’

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Mario Ghibellini, Patricia del Río y otros sostienen que un acuerdo Ejecutivo-Congreso sobre una agenda legislativa “no tendrá sentido mientras no se defina si este gobierno dura hasta el 2021 o se acaba en el 2020”. En realidad, es al revés, por lo menos en el mundo de la lógica. Si se logra un acuerdo entre Poderes, por definición ya no hay “crisis política”, que es la causa alegada por el presidente para solicitar el adelanto de elecciones. Si no hay crisis política, no tiene sentido pedir adelanto. De allí el temor a llegar a un acuerdo, que es lo fundamental.

En realidad, la crisis política ha sido gestada precisamente por el pedido de adelanto de elecciones, de modo que es una petición de principio. Lo reconoce el propio Ghibellini: “El afán del jefe de Estado por adelantar las elecciones para el próximo año y la negativa de una mayoría de parlamentarios a aprobar la modificación constitucional que lo permitiría es, en efecto, el corazón del conflicto entre los dos poderes”.

Evidentemente no hay salida si nos mantenemos dentro de la dicotomía ‘adelanto de elección’ – ‘no adelanto de elección’. La única manera de definir o resolver ese impasse, es emancipándonos de él por medio de un ‘acuerdo de gobernabilidad’ que:

• Fije una agenda de reformas y leyes basada en:
  • Los 6 proyectos de ley de reforma política pendientes que no fueron materia de cuestión de confianza, y que sin duda son muy importantes precisamente para la gobernabilidad de los siguientes gobiernos.
  • Reformas fundamentales como la bicameralidad y la reelección de congresistas y autoridades sub-nacionales, tal como acertadamente propuso ayer El Comercio, algo que, dado el referéndum que las descartó, solo se podría lograr mediante acuerdo entre los dos poderes.
  • El Plan Nacional de Competitividad 
• Eventualmente, de ser necesario, conforme un gabinete conversado o de consenso.

Si se alcanzara un ‘acuerdo de gobernabilidad’, por definición la llamada “crisis política”, pretexto para el adelanto de elecciones, desaparecería. Siempre habrá diferencias y fricciones, por supuesto –sólo en una dictadura deja de haberlas-, pero un acuerdo de esa naturaleza asegura que importantes reformas económicas y políticas se aprobarán, relanzando las perspectivas del país al mediano y largo plazo, y acabando con la incertidumbre que en el corto plazo ya paraliza todas las decisiones de inversión privada y pública.

Por lo demás, repetimos, la crisis política actual es la que ha sido generada por el propio pedido de adelanto de elecciones. Al 28 de julio no había una crisis política insalvable. Ella ha sido hiperbolizada. Sí la había un año y medio atrás, cuando Fuerza Popular tenía 73 congresistas y funcionaba como un puño. Hoy tiene solo 54, está internamente dividida y su lideresa fue enviada a la cárcel (más bien ahora el pedido de adelanto de elecciones ha empoderado al ala dura de Fuerza Popular). Tampoco es cierto que el Congreso no respetara la esencia de los 6 proyectos de reforma política. La mantuvo –con algunos pequeños cambios sugeridos por el propio Salvador del Solar- en cinco de los proyectos; y en el de Inmunidad, si bien no aceptó que fuera levantada por la Corte Suprema, sí propuso una fórmula intermedia que resulta un avance (plazo perentorio, vencido el cual resuelve el TC, y eliminación de la inmunidad para los congresistas tuvieran procesos al momento de ser elegidos -95% de los casos-, algo que no estaba ni en el proyecto del Ejecutivo).

La agenda para un ‘acuerdo de gobernabilidad’ está ya dada, en parte, en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado y publicado el 28 de julio. Allí se plantean reformas formalizadoras e inclusivas tales como el régimen único tributario para las MIPYME, la modernización del Régimen MYPE laboral y una reforma del sistema de salud. El MEF está estudiando la posibilidad de la universalización del sistema de pensiones vía el aporte de las personas con una parte del IGV que pagan cuando compran algo, que sería revolucionario. En el Plan se propone, además, una Estrategia Nacional de Zonas Económicas Especiales y un nuevo modelo de contrataciones y gestión de la inversión pública, entre muchas otras propuestas. Además, hay proyectos pendientes como la ley general de hidrocarburos y la del régimen especial agrario, que no admiten dilaciones.

El presidente no puede lanzar dos planes tan importantes como el de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura, y a renglón seguido desentenderse convocando a adelanto de elecciones. Si no se empiezan a ejecutar, quedarán como letra muerta.

Además, formarían parte de la agenda de un ‘acuerdo de gobernabilidad’, por supuesto, las reformas políticas pendientes, que son muy importantes porque permitirían asegurar que el próximo gobierno y los sucesivos tengan gobernabilidad. Allí figuran, por ejemplo, la elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para aumentar la posibilidad de que el presidente tenga mayoría parlamentaria y no se repita lo que hemos vivido; y que la insistencia del Congreso en una ley observada por el presidente tenga que aprobarse con los 2/3 de los votos y no con la mitad como es ahora, para que el presidente tenga poder de veto ante leyes inconvenientes o populistas.

Si se adelanta la elección general esas reformas, que son constitucionales, ya no se podrían aprobar, de modo que el próximo gobierno podría caer en la misma trampa de gobernabilidad en la que cayó el presidente Kuczynski y en la que, antes que él, cayeron Billinghurst, José Luis Bustamante y Rivero, Fernando Belaunde y el propio Alberto Fujimori. Con el agravante de que los congresistas, escogidos a las apuradas por los partidos, muy probablemente serán de un nivel muy pobre.

En suma, resulta vital que el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, avancen hacia un ‘acuerdo de gobernabilidad’ que suprima la incertidumbre y cambie las perspectivas futuras del país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Cuando el presidente Martín Vizcarra o el Premier Cesar Villanueva reiteran su posición de votar por el NO a la bicameralidad, cabe preguntarse si no están pensando más en la aprobación popular que en el país.

Primero, porque es difícil pensar que no se percaten del daño irreparable que ocasionará a nuestra democracia y a nuestra propia gobernabilidad tener durante las próximas décadas un congreso unicameral sin reelección de congresistas. Un congreso de esa naturaleza contiene todos los peligros imaginables:

• Podríamos tener una mayoría opositora cerril conformada por personajes novatos algunos de los cuales podrían ser aventureros sin control o populistas desenfrenados. Es decir, una mayoría obstruccionista sin el contrapeso de un Senado elegido con un sistema más proporcional.
• Con un congreso de esa naturaleza será más difícil consolidar un sistema de pocos partidos políticos estables y serios (como veremos más adelante) y más complicado aún consolidar una clase política experimentada. Nos condenamos a la improvisación como sistema.
• Las leyes resultantes tenderán a ser de mala calidad, sin revisión posterior, y eventualmente muy destructivas de la estabilidad fiscal, que es una conquista histórica del pueblo peruano.

Ventajas de la bicameralidad

Por eso es que siempre ha existido el planteamiento de retornar a la bicameralidad, pero una bicameralidad mejorada en la que la Cámara de Senadores no tenga iniciativa legislativa, sino que su función sea revisar y aprobar o desaprobar los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados. A fin justamente de mejorar la calidad de las leyes y moderar los ímpetus populistas y eventualmente abusivos de la Cámara baja.

Con el añadido de que dos cámaras hacen posible que una de ellas –Diputados- pueda ser elegida en distritos electorales más pequeños –uni o binominales- para que la gente se sienta realmente representada al saber quién es su congresista, y para reducir, de paso, el número de partidos porque al elegir solo a uno o dos diputados en cada circunscripción, los partidos pequeños, sin opción a ser elegidos, buscarán unirse con partidos más grandes para tener chance de llegar al Congreso.

En cambio, la Cámara de Senadores puede ser elegida en distrito único nacional o en distritos macroregionales, lo que permitiría rescatar para la política a personas muy calificadas de los distintos sectores de la sociedad y permitiría además moderar la tendencia del sistema de distritos pequeños a sobre representar al partido más votado.

Las ventajas de la bicameralidad, como vemos, son enormes. Por eso era ya un escándalo que la clase política peruana y los sucesivos congresos unicamerales estuvieran eludiendo la necesidad de esta reforma fundamental durante lustros, y esa fue la razón por la que apareció como una gran idea y una gran oportunidad para el país que el gobierno planteara esa reforma vía el referéndum, de modo que pudiera ser aprobada como parte del conjunto de reformas y con la recomendación de un mandatario que ha conquistado credibilidad popular.

Ver en Lampadia: Un Senado es mucho más que una segunda instancia.

La cuestión de confianza

Lamentablemente el propio presidente está echando por la borda esta gran oportunidad al cambiar su respaldo a la bicameralidad por su rechazo a ella. El pretexto es el cambio que el Congreso aprobó a la institución de la cuestión de confianza, que le resta potencia como arma de contrapeso del Ejecutivo frente a posibles excesos de un Congreso opositor u obstruccionista.

Yo fui el primero en señalar –por medio de dos tuits la misma noche en que se aprobó, y de mi columna en el Comercio dos días después- que ese cambio era un grave error porque alteraba el equilibrio de poderes a favor del Congreso en un país como el Perú que más bien requiere de un Ejecutivo fuerte capaz de llevar a cabo con eficiencia las tareas de desarrollo. No solo eso. Señalé que las fuerzas políticas en el Congreso estaban actuando así acaso por reacción visceral ante la amenaza del Ejecutivo de disolver el Congreso si no se aprobaba la nueva cuestión de confianza planteada, pero sin mirar más allá de sus propias narices porque esa medida repercutiría en su contra como un boomerang si llegaban a ser gobierno el 2021 o más tarde.

El presidente reaccionó recién cinco días después, luego de que en un primer momento felicitara al Congreso por la aprobación de las cuatro reformas. Anunció que el Ejecutivo en el tema de la bicameralidad se pronunciaba por el NO. Pero en lugar de usar esa posición para buscar un diálogo con el Congreso a fin de lograr un acuerdo que permita modificar esa parte nociva del proyecto de reforma constitucional, desoyó los llamados en esa dirección que algunos congresistas empezaron a sugerir.

La oportunidad desperdiciada para un acuerdo

Por eso también es que pensamos que está poniendo su aprobación por encima de los intereses del país. Porque la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales las modificaciones que meses atrás el Congreso había efectuado a la ley del reglamento del Congreso en los mismos términos que luego incluyó en el proyecto de reforma constitucional, era la oportunidad de oro, si realmente pensara en el destino de la democracia peruana, para recoger esa sentencia y sobre la base de ella pedir un acuerdo con las bancadas para modificar la parte infectada de la reforma. No lo hizo. No solo eso, desoyó manifestaciones en esa línea del vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, y del vocero de su propia bancada, Gilbert Violeta.

Pero aún estamos a tiempo. La iniciativa, según lo que vemos, tiene que venir del propio Congreso. Si ya la principal bancada de oposición y la del gobierno parecen estar de acuerdo en la necesidad de enmendar esta absurda situación, sería conveniente que, sumando a otras, soliciten una reunión con el presidente para proponerle un acuerdo de modificación de los artículos cuestionados a cambio de que el presidente restablezca el Sí a la bicameralidad. Que esto no se caiga por la indolencia de la clase política.

La cuestión de confianza es menos gravitante en un congreso bicameral

Por último, los asesores del presidente deberían explicarle que aun si no se lograra ese acuerdo, la institución de la cuestión de confianza, tal como está redactada en nuestra Constitución, es más gravitante e importante frente a un congreso unicameral, que ante uno bicameral. Por la sencilla razón de que la existencia de dos cámaras ya constituye un mecanismo de autolimitación del poder del Congreso. Si la cuestión de confianza es un instrumento para contrapesar el poder del Congreso, este poder se reduce o limita a sí mismo con la bicameralidad. Entonces la cuestión de confianza, siendo importante, no lo es tanto como ante un congreso unicameral.

Y esto es así porque la Cámara de Senadores modera las extralimitaciones de la Cámara de Diputados. Y lo hace no solo porque, en general, se trata de un cuerpo de parlamentarios de más edad y mejor preparación, sino por el sistema de elección de los senadores, en distrito único nacional o en distritos macroregionales, que es mucho más proporcional de modo que, como decíamos arriba, la fuerza más votada no sobredimensiona tanto su porcentaje de parlamentarios. En otras palabras, si Diputados estuviera dominado por una fuerza opositora, lo más probable es que en Senadores esa fuerza opositora no tendría la mayoría o ésta sería muy precaria. Nuevamente, eso hace la cuestión de confianza menos decisiva.

Eso no es todo. El presidente, si quisiera, podría solicitar la aprobación de otras reformas constitucionales que contribuirían a que la cuestión de confianza aún menos necesaria. Por ejemplo, elegir el Congreso junto con o después de la segunda vuelta presidencial. Eso tenderá a darle mayoría en el Parlamento al Ejecutivo. Otra reforma en la misma línea es una que ni siquiera es constitucional, sino legal: que la insistencia del Congreso en las leyes observadas por el Ejecutivo no se apruebe por la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, sino con los 2/3 de dicho número, como es en todas las democracias de América Latina.

De modo que, si el presidente quisiera realmente resolver el problema planteado pensando en el futuro de la institucionalidad democrática y la gobernabilidad, tiene varios recursos a la mano y varias razones para recomendar lo que debe recomendar: el Sí a la bicameralidad. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay un dato interesante en las cifras de candidatos en estas elecciones regionales y municipales que podría ser el punto de inflexión de una tendencia si es que se consolida con reformas políticas que habría que introducir. Nos referimos al hecho de que por primera vez luego de varios procesos electorales, el número de candidatos a gobernador regional presentados por movimientos regionales se reduce, mientras aumenta significativamente el número de candidatos presentado por los partidos nacionales.

Por supuesto, todavía hay que esperar los resultados electorales, para ver si esa inflexión se expresa también claramente en el número de candidatos de partidos políticos nacionales electos. La tendencia hasta ahora ha sido la siguiente:

El incremento de un gobernador regional puesto por los partidos el 2014 no expresa todavía una tendencia clara. Vamos a ver qué ocurre en esta elección. No tenemos la evolución del número de candidatos a las alcaldías provinciales presentados por partidos y movimientos regionales, pero los resultados electorales han registrado una tendencia clara:

Frente a esto, la novedad que trae el presente proceso electoral es un punto de inflexión en el número de listas al gobierno regional que presentan partidos nacionales y movimientos regionales. (no tenemos el dato para las municipalidades provinciales y distritales). Veamos:

Esto obedece al hecho de que se introdujo legislación que prohibió los movimientos locales (provinciales o distritales) y estableció requisitos de inscripción para los movimientos regionales algo más fuertes, similares a los exigidos a los partidos nacionales, agregando la obligación de presentar candidatos en toda la región. Requisitos, la verdad, mínimos, que deberían ser endurecidos crecientemente a fin de convertir esta inflexión que vemos en una tendencia clara en el futuro. Porque la idea es que los partidos nacionales recuperen presencia nacional. Y eso es lo que, al parecer, empieza también a ocurrir, por lo menos en cuanto al número de candidaturas, si vemos el siguiente cuadro, donde el salto importante se da en las presentes elecciones:

Recuperar la presencia de los partidos en el territorio es fundamental para la gobernabilidad, para recuperar la autoridad central en el país y restablecer los canales de representación que han sido cortados desde que los alcaldes y gobernadores no pertenecen a partidos que están en el Congreso. En ausencia de esos canales no hay manera de adelantarse a los problemas ni resolver los conflictos latentes.

La ausencia de partidos nacionales en las regiones es más grave en la medida en que el único cambio estructural que se ha producido en el Perú ha sido una descentralización muy fuerte de las funciones y de la obra pública, pero sin que el gobierno central conserve capacidades de monitoreo, control e intervención. Mucho dinero sin control produce corrupción y alimenta a las mafias, que se multiplican. Miremos en el siguiente cuadro la manera explosiva como se ha redistribuido la obra pública en las últimas décadas:

Reducir el número de partidos y fortalecerlos

Suponiendo que en las elecciones venideras veamos una cierta recuperación del terreno regional y provincial por parte de los partidos políticos, quedan pendientes las reformas necesarias no solo acelerar esa recuperación sino para fortalecer los partidos y reducir su número. Es decir, para reconstruir un sistema de pocos partidos estables y verdaderamente nacionales. 

Porque no podemos seguir con 23 partidos políticos. Esa cifra tiene que reducirse drásticamente. En estas presentes elecciones regionales y municipales participan de la siguiente manera:

Hemos eliminado algunos, a favor de la claridad. Notemos que Alianza para el Progreso (APP) de Acuña, y Acción Popular, tienen muchos más candidatos que Fuerza Popular y que el APRA, cuya participación de ha reducido casi al mínimo. No sorprende el número de candidatos que presenta APP, pues Acuña ha logrado montar, con la presencia y recursos de sus universidades, una estructura clientelista que le permite apoyar candidatos en muchas partes del país. ¿Tiene potencial APP para convertirse en un partido serio? No lo sabemos.

Sorprende, sí, la vitalidad de Acción Popular (AP), un partido que luego de la desaparición de Fernando Belaunde nadie pensaba que sobreviviría mucho tiempo. Probablemente atrae candidatos no por el apoyo financiero que pueda ofrecerles, del que probablemente carece, sino porque la imagen del partido conserva todavía un halo de honestidad y desarrollo que puede ser la base para un desarrollo partidario posterior consistente. En todo caso, hasta ahora ha pasado la prueba del tiempo.

En cambio, sorprende la pequeña cantidad de candidatos del APRA –casi la cuarta parte de los de AP-, el partido histórico más importante del país. Es una lástima. Quizá el estigma de los narco-indultos y la crisis de identidad ideológica generada por el contraste entre los dos gobiernos de Alan García, haya afectado la capacidad de atraer o conservar candidatos apristas. Pero es un partido que debería tener potencial para reconvertirse. El anuncio de Alan García de regresar a la vida activa partidaria no sabemos si es una buena noticia para ese fin.  

Fuerza Popular atraviesa una situación complicada, que puede comprometer su futuro. Si aprovechara los ingresos que recibe del financiamiento público para desarrollar debate interno y capacidad propositiva, y para revisar su experiencia histórica para extraer de ella lecciones y propuestas positivas que le permitan entroncar su futuro en su pasado, podría empezar a darle forma a una militancia que sin duda existe. Es claro que Keiko Fujimori ha desperdiciado el poder convocante que pudo tener.  

En las izquierdas, sorprende también la escasa participación de Juntos por el Cambio, iniciativa de Yehude Simon en la que se agolpan Patria Roja, el Partido Comunista, Fuerza Social, Ciudadanos por el cambio y otros, y al que se plegó la agrupación sin inscripción de Verónika Mendoza (Nuevo Perú) para colocar candidatos en las elecciones internas para este proceso, sin mayor éxito.

Quien sí tiene más presencia es el Frente Amplio de Marco Arana, con candidatos fuertes en el corredor minero y en el valle del Tambo, cuya misión será, de llegar al poder local, seguramente entorpecer la inversión minera. Pero este partido sí tendría posibilidades de fortalecerse, en la medida en que posee una ideología definida.

EL PPC, por su lado, otro partido con cierta ideología e institucionalidad interna, lamentablemente ha sido afectado por sus pasadas luchas intestinas, y presenta ahora pocos candidatos, la mayor parte en Lima. Sin duda tiene potencial de recuperación.

Reformas

• La propuesta de distritos binominales para elegir a diputados, dentro de la reforma que se está planteando, puede ayudar a reducir el número de partidos.
• Debe eliminarse también la facilidad que se dio de conservar la inscripción si no se presenta candidato presidencial.
• La valla para las alianzas debe subirse dos puntos por cada nuevo integrante de la alianza, para evitar que las alianzas sean medios para burlas la valla electoral.
• Se debe mejorar la política de financiamiento público de los partidos, permitir que las empresas formales puedan donar, e incluir la propuesta de Carlos Meléndez de “impuestos por partidos” dirigida específicamente a que las empresas puedan financiar con sus impuestos think tanks en los partidos políticos, entre otras medidas tales como las que obliguen a que las elección es internas sean organizadas por la ONPE a fin de darle garantías a los ciudadanos que deseen ingresar a un partido para participar en la vida política.

En resumen, para consolidar y acelerar la aparente inflexión de la tendencia a la fragmentación política que observamos en estas elecciones regionales y municipales y aprovecharla para reconstruir un sistema de partidos con presencia nacional, es necesario endurecer crecientemente los requisitos para la inscripción y funcionamiento de movimientos regionales y aprobar reformas que lleven a fortalecer y reducir sustancialmente el número de partidos políticos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya hemos advertido, apenas el Presidente Vizcarra anunció el referéndum, que consultar la no reelección de los congresistas es una decisión populista irresponsable porque condenaría al país a no consolidar nunca una clase política profesional y a que ninguna persona de buena voluntad y vocación de servicio pueda optar por hacer carrera política, quedando el Congreso cada vez en manos de oportunistas e improvisados. Quizá se pensó que consultar esto junto con la bicameralidad, era una manera de lograr que se apruebe también esta última, que sería muy buena para el país, pero de nada nos serviría una bicameralidad –incluso bien diseñada- si los actores son personas no idóneas.

El problema es que nadie en el Congreso querrá asumir la causa responsable, pero impopular, de rechazar el proyecto de ley de no reelección de los congresistas. Menos aún Fuerza Popular, cuya popularidad –la de su lideresa- viene cayendo abismalmente. Es la trampa perfecta. Entonces solo caben dos posibles soluciones:

• Una es que el propio Ejecutivo retire la propuesta, algo improbable porque de todas maneras la presentó pese a las críticas formuladas y porque sin duda parte importante del incremento de la popularidad presidencial obedece a esta propuesta. El argumento de que no se puede sacrificar el futuro de la democracia en aras de un incremento efímero de la popularidad parece que no ha removido la conciencia presidencial.
• La segunda solución sería avanzar en octubre con el referéndum sobre la reforma del CNM y quizá sobre el financiamiento de los partidos, pero dejar los otros dos temas para diciembre o para más adelante, sobre todo porque el proyecto de ley para el establecimiento de la bicameralidad, siendo muy rico, requiere más análisis y debate en algunos de sus puntos, algo que no se podría hacer en tan corto tiempo.

Analicemos, en este artículo, dicho proyecto, a fin de identificar los puntos que requerirían más estudio y debate. Pues el proyecto contiene diseños interesantes junto con otros inconvenientes y algunas omisiones.

A nuestro juicio, es relativamente innovadora la división de funciones que se propone entre las cámaras de Diputados y Senadores. También es positivo –en principio- el sistema de distritos electorales que se propone para elegir ambas cámaras, y el hecho de que se elimine el voto preferencial para la elección de los senadores, aunque debería eliminarse también para la elección de los diputados. En cambio, no se aprovecha para cambiar la fecha de la elección del Congreso, como veremos.   

División de funciones interesante

De acuerdo al proyecto, la Cámara de Senadores tiene una función revisora de los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados. Es decir, en ella no se presentan proyectos de ley. Sólo en Diputados. Así es como debe ser. Con una excepción inteligente: sólo en la cámara de Senadores se puede presentar proyectos relativos a reformas constitucionales y leyes orgánicas. Es decir, en los temas que requieren más reflexión, más importantes, la responsable de presentarlos es precisamente la llamada cámara reflexiva.

Otra decisión de diseño inteligente es la disposición de que sea la Cámara de Senadores la que apruebe el Presupuesto de la República. Esto podría estar vinculado a la propuesta de conformación de los distritos electorales. En efecto, se plantea que la Cámara de Diputados sea elegida en distritos electorales micro-regionales binominales (dos congresistas por distrito), y la Cámara de Senadores en distritos macro-regionales. Que esa esta Cámara la que apruebe el Presupuesto podría ayudar a controlar la atomización de la obra pública y el tráfico de proyectos relativamente pequeños impulsados por diputados vinculados a alcaldes o empresas constructoras locales. Ayudaría a mejorar la planificación de las infraestructuras.

¿Senado en distritos electorales macro-regionales o distrito nacional único?

La idea misma de elegir a los senadores en distritos macro-regionales y a los diputados en micro-regionales binominales, es positiva. Esta propuesta fue formulada originalmente por Carlos Meléndez, con la idea de asociar las representaciones a las macro y micro regiones económicas efectivamente existentes, lo que es una idea muy sugerente.

Una alternativa sería elegir al Senado en distrito único nacional, con la idea de rescatar para la política a una élite con visión nacional y de largo plazo. Pero, de un lado, esto es algo que, de todas maneras, aunque en menor medida, ocurriría si los distritos macro regionales son grandes (no más de 4 o 5) y si Lima tiene la participación que demográficamente le correspondería. O si, como veremos más adelante, parte de la cámara de diputados se eligiera en distrito único y el resto en distritos uninominales.

De otro lado, hay un problema de consistencia para la gobernabilidad. En efecto, si los diputados son elegidos en distritos binominales, habrá una tendencia a que la primera mayoría tenga más representantes que el porcentaje de votos que efectivamente obtenga, lo que favorecería la gobernabilidad si el presidente perteneciera al mismo partido. En cambio, si elegimos al Senado en distrito único, funcionaría el sistema proporcional puro, con lo que el presidente que fuere elegido no tendría mayoría salvo que su bancada senatorial hubiese obtenido más del 50% de los votos. Entonces el presidente tendría mayoría en Diputados, pero no en senadores. En la medida en que los distritos macro-regionales son elegidos aplicando también el principio proporcional, pero para elegir alrededor de 6 senadores por distrito, la votación no se concentra tanto como en los distritos micro-regionales pero tampoco se dispersa entre todos los partidos, de modo que hay más probabilidades de que el Presidente tenga mayoría también en el Senado.

Elección del congreso con la segunda vuelta

Claro, para tener más probabilidades que esto ocurra, debería aprovecharse para modificar la Constitución en lo relativo a la fecha de la elección del Congreso: ya no con la primera vuelta presidencial, sino con la segunda o después de ésta. Pero, lamentablemente, el proyecto del Ejecutivo no plantea este cambio. La comisión de Constitución debería introducirlo. La propia experiencia de Pedro Pablo Kuczynski debería llevarlos a proponer esta reforma.

Distritos pequeños y gobernabilidad

Aquí es bueno comentar un argumento que ha formulado Ignazio de Ferrari en El Comercio. Ha escrito: “La tentación del poder absoluto es tan grande que en el Perú no deberíamos desechar el sistema proporcional de elección del Congreso. Un sistema mayoritario de distritos uninominales –en el que en cada distrito se elige un solo representante–, como ha sido propuesto más de una vez, conduciría con mucha probabilidad a mayorías parlamentarias permanentes. El Perú no está hecho para que ningún partido tenga tanto poder”.

En realidad, la experiencia histórica del Perú muestra que cuando un presidente ha carecido de mayoría parlamentaria, el gobierno terminó interrumpido por alguna forma de golpe de Estado. Ocurrió con Bustamante, con Belaunde, con Fujimori y recientemente con Pedro Pablo Kuczynski que, si bien no por un golpe de Estado sino de manera constitucional, su gobierno no pudo terminar. Es obvio que tener mayoría parlamentaria facilita la gobernabilidad. Ese es el secreto de los sistemas parlamentarios, donde el Ejecutivo tiene mayoría congresal por definición porque nace de ella.  Deberíamos incluso avanzar a la regla de que el Presidente pueda disolver el Congreso sin expresión de causa y sin esperar dos censuras de gabinete, pero eso ameritaría una discusión mayor para la que no hay tiempo en esta circunstancia.

A propósito, el proyecto de ley de modificación constitucional no aprovecha para resolver un problema de la constitución actual, que establece en su artículo 108º que el Congreso puede insistir y promulgar las leyes observadas por el presidente de la República con el voto sólo de más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso (de cada Cámara en el nuevo supuesto). En casi todos los países la insistencia en una ley observada requiere de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Esto es lo que deberíamos tener para facilitar la gobernabilidad.

Micro-distritos binominales y número de diputados

Ahora bien, debemos suponer que el hecho de que el Ejecutivo haya propuesto distritos binominales en lugar de uninominales para elegir la Cámara de diputados, obedecería a la idea de morigerar el efecto del llamado voto mayoritario (distrito uninominal) que tiende a que el porcentaje de diputados del partido ganador sea mucho mayor que el porcentaje de votos obtenido por ese mismo partido. Pero, al haber limitado dicha Cámara a 100 diputados (para no incrementar el número total actual de congresistas y facilitar así la aprobación de la bicameralidad), tendríamos entonces 50 distritos binominales en cada uno de los cuales elegimos a dos representantes. Al respecto, Alfredo Torres formula las siguientes observaciones: “Algunos distritos de Lima como Ate o Comas podrían tener representantes directos, pero otros tendrían que integrarse para llegar a los 460 mil electores. Lo mismo ocurriría con muchas provincias. Unas pocas, como Huancayo, bordean esa cifra, pero la mayoría tendría que integrarse con otras para formar una microrregión. Incluso habría departamentos como Moquegua y Tacna que tendrían que juntarse para elegir a sus diputados; otros, como Madre de Dios, que tendrían que sumarse a parte del Cusco para alcanzar representación… Como es evidente, esta ingeniería electoral puede ser fuente de muchas tensiones, dado el arraigado sentimiento regionalista vinculado a la tradicional división departamental. Por eso, los sistemas uninominales o binominales suelen funcionar con un mayor número de distritos electorales. El Congreso podría revisar la propuesta del Ejecutivo en esa dirección”.

No veo mayor problema en agregar provincias, pues en la actualidad están todas agregadas a nivel departamental. Más bien estaríamos disgregándolas del departamento o región e integrándolas en unidades más pequeñas definidas por las relaciones económicas y sociales que tienen entre ellas, reconociendo así la realidad existente y dándoles más protagonismo. Esto supone un estudio geoeconómico para identificar las redes comerciales existentes en el territorio, que sirvan de base para la demarcación.

En cambio, sí podría haber un problema en agregar departamentos para formar un micro-distrito electoral. En la medida en que esto solo se presente en dos o tres casos, quizá no sea un obstáculo para la aprobación de la bicameralidad en el referéndum. Si lo fuere, quizá sería conveniente, entonces, una combinación de distritos ‘bi’ y ‘uni’ nominales, o incrementar en alguna medida el número de diputados a fin de tener más distritos binominales. Como fuere, es un asunto que debería ser más analizado. De allí la necesidad de más tiempo. 

La alternativa es la que ha señalado Fernando Tuesta: dejar la definición del número de diputados y senadores para la ley (orgánica). No es un tema constitucional.

Distritos uninominales y distrito único en diputados sin voto preferencial

Otra alternativa sería elegir, de los 100 diputados, a 70 –digamos- en distritos uninominales, y a 30 en distrito nacional único, para balancear los efectos mayoritario y proporcional, es decir, corregir, con la representación elegida de manera proporcional en distrito único, los efectos de sobre-participación del partido ganador en los distritos uninominales. Esto quizá sería lo mejor. En Alemania es así, en una proporción 50-50.

Debe decirse que otro elemento positivo de la propuesta es que elimina el voto preferencial para la elección de Senadores en macro-regiones, donde la elección será en lista cerrada y bloqueada. Nos evitamos así la guerra fratricida entre los candidatos de un mismo partido. Pero lo que no queda claro es por qué sí se mantiene el voto preferencial en los micro-distritos binominales para elegir diputados. Si se vota por una lista de dos y se ejerce voto preferencial por uno de los dos, lo único que logramos es reeditar la competencia entre los dos candidatos de una misma lista por obtener el voto ciudadano, en lugar de que la competencia se dé con los miembros de otras listas. Es decir, reeditaríamos en enfrentamiento intra partidario en lugar de inter partidario. Absurdo.

Nos evitamos estos problemas si vamos a un sistema de distritos uninominales –donde por definición el candidato de un partido compite con los candidatos de los demás paridos, y donde habría menos candidatos entre los cuales elegir, lo que mejora las posibilidades de elegir mejor- combinado con un distrito único –como sugeríamos- para elegir la Cámara de Diputados.

Ahora bien, lo que no tiene sentido es forzar la fórmula paritaria entre hombre y mujeres en las listas. Podríamos estar dejando de lado a dos personas de primer nivel de un sexo por imponer a una de otro sexo.

Conclusión

En resumen, lo que tenemos es una propuesta interesante y bien lograda de división de funciones entre las Cámaras de Senadores y Diputados, pero aún hace falta discutir un poco más los aspectos vinculados a los distritos electorales para elegir los diputados, eliminar el voto preferencial en la elección de diputados, proponer la elección del Congreso con la segunda vuelta presidencial o después de ella, e incrementar la proporción de votos necesaria para insistir en una ley observada por el Presidente. Esto para tener reglas de juego que ayuden a la gobernabilidad.

Por supuesto, la no reelección de congresistas tendría consecuencias muy negativas para la institucionalidad democrática. Debe ser desechada.

En consecuencia, lo recomendable sería no apurar el referéndum en los temas políticos, y consultar en octubre solo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Lampadia

Como muchos, en Lampadia tenemos observaciones importantes sobre la designación de algunos ministros y sobre otros indicadores de la orientación del gobierno de Martín Vizcarra. Pero, habiendo atravesado en las últimas semanas una profunda crisis política, luego de largos meses de desgobierno y pérdida de confianza en el futuro por parte de la población, consideramos que es muy importante apoyar, por sobre toda otra consideración, la indispensable y urgente consolidación del gobierno.

Ya habrá tiempo para analizar, criticar y proponer cambios, que, según nuestros análisis previos, asumimos que serán recibidos por gobernantes con vocación de escuchar y dialogar.   

El Perú ha superado riesgos muy graves de interrupción de la democracia y de respeto a la Constitución. Logramos que la toma de mando del Presidente Martín Vizcarra se diera respetando todos los cánones de la Carta Magna y mostrando un gran nivel de madurez y tranquilidad, tanto en el sentir popular, como en los indicadores económicos.

El gabinete presidido por Cesar Villanueva aún no cumple una semana de instalado, pero los enemigos del recién estrenado gobierno, están en campaña para desprestigiar al premier y para malograr las relaciones del Ejecutivo y al Congreso.

Efectivamente, hemos superado riesgos de gobernanza extremos, que hubieran retraído toda capacidad de recuperación de los caminos de la prosperidad.

Desde el punto de vista popular, la transferencia de mando se dio con mucha tranquilidad y con la aprobación masiva de los ciudadanos.

Asimismo, como Diego Macera tituló su última columna en El Comercio, ‘Ni pestañeó’, la economía no mostró ninguna inquietud. Más bien se recuperó la Bolsa de Valores y bajó el tipo de cambio.

Sin embargo, la prensa ideologizada como El País de España, según lo reportado por la insidiosa Jacqueline Fowks, presentó un país convulsionado.

En el equipo de PPK, el congresista Juan Sheput, su vocero, es el más belicoso contra Vizcarra y Villanueva. El se pasea por los medios sembrando un ambiente negativo alrededor del gobierno. Además, no le da la gana de entender que el Presidente Vizcarra ha anunciado el “fin de la política de odio y confrontación”. Una declaración del Presidente que estaba referida específicamente a la política del ppkausismo, de polarizar con Fuerza Popular. Pero Sheput sigue confrontando.

De igual manera, la segunda vicepresidente y congresista, Mercedes Aráoz, no ha registrado el fracaso de sus poco democráticas maniobras para sacar del juego al Primer Vicepresidente Vizcarra en los albores de la renuncia de PPK. Aráoz, sigue enfilando sus baterías contra el ahora Presidente Vizcarra y su primer ministro Villanueva, y hasta pretende imponer sus ideas al nuevo gobierno.

Aráoz niega todo …

Pero su ambición la traiciona…

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el triste rol de varios medios de comunicación, como Canal N y RPP, donde connotados miembros de su plana periodística no pierden oportunidad para debilitar el novel gobierno, máxime en un contexto como el indicado líneas arriba. Para ellos, Fuerza Popular sigue representando una suerte de fuerza invasora extranjera a la que hay que combatir y evitar cualquier acercamiento del partido mayoritario del Congreso, con el Ejecutivo que ha determinado el fin del odio y la confrontación.

La cosa llega a tal punto, que el Ejecutivo se ve acorralado políticamente, y pisa el palito del mantenimiento de brechas políticas con Fuerza Popular, con declaraciones inconducentes a la afirmación de la política de convergencia. Si bien estas declaraciones pueden haberse originado por un error de Perú21, que reportó consultas del gobierno con el congresista Torres de FP (que no se dieron); el tono, las palabras y el mensaje de Villanueva hacen ver, los eventuales contactos con FP como algo indebido, alimentando a los enemigos internos y a los medios desestabilizadores.

En este ambiente, los medios extremistas llegan a plantear barbaridades…

En nuestra opinión, quienes promueven estas acciones de discordia y divergencias, merecen una severa llamada de atención.

La situación del país requiere responsabilidad y consecuencia con los más importantes intereses de la Nación, convergencia política, tranquilidad de la población y recuperación de la economía. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Cusco, 03 de abril de 2018
Para Lampadia

Quienes crean que la crisis política se superará con un nuevo Gabinete Ministerial y designando ministros que “salgan a la calle”, que “no sean de San Isidro” o que “tengan mejor comunicación política”, se equivocan y parecen no haber entendido lo que sucede hace dos años en el Perú.

La caída de PPK no es atribuible únicamente a sus antiguos conflictos de intereses durante el Gobierno de Toledo y a sus graves errores políticos.  Es la obvia y advertida consecuencia de la incapacidad de los vencedores de las elecciones del 2016 (Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio) de arribar a un punto de encuentro político y, haber permitido que la estupidez política de uno y otro lado agudice el conflicto y los dañe a ambos, en distinta medida.

LAMPADIA ha sido el medio más definido en favor de un acuerdo político por el Perú y quien escribe este artículo ha abogado junto con otros peruanos por la necesidad del mismo para dar sentido a los resultados electorales del 2016, donde el país optó por la economía de mercado y el modelo de crecimiento económico que el señor Humala estancó (El Perú no necesita una segunda vuelta – 14.04.2016, ¿Acabará la estupidez política peruana? – 15.12.2016, Vayamos a un acuerdo político de coincidencias básicas – 27.04.2017, No basta el diálogo, se requiere un acuerdo político inmediato – 06.07.2017).

Ni el claro mandato electoral del 2016, ni las lecciones de la historia política peruana que mostraban que ningún gobierno constitucional sin mayoría parlamentaria concluyó su mandato democráticamente (Bustamante 1948, Belaunde 1968 y Fujimori 1992), fueron suficientes. Los intereses domésticos de ambas fuerzas políticas hicieron que la lección de la historia no se tome en cuenta, impidieron el acuerdo (más allá de que la responsabilidad de unos sea mayor que la de los otros) y nos llevaron a la crisis pasada, cuya factura para el país es incalculable.

Felizmente, el Presidente Vizcarra, en su discurso inaugural ha dado a entender que tiene una mejor lectura de lo que sucede y ha hablado de la necesidad de poner un “punto final a la política de odio y confrontación que ha causado daño a país” y ha propuesto a todas las fuerzas políticas “un pacto social”.  

Sin embargo, bastará que el nuevo Presidente comprenda el problema y la necesidad del Acuerdo Político? ¿Será suficiente que Fuerza Popular entienda también esta necesidad por su propia supervivencia y a pesar de los intereses subalternos y menores de algunos de sus miembros?

Me temo que no.

Hay demasiados “radicales libres” o actores sueltos en la política nacional que no entienden la necesidad de este consenso político mínimo o no lo desean por sus intereses particulares o porque apuestan por el ‘reset’ político, que incluye nuevas censuras ministeriales, investigaciones, vacancias y como no, nuevas elecciones. Y estos actores sueltos se hallan en uno y otro bando y en todos los sectores políticos y pueden echarse abajo el Gabinete Villanueva, en menos de lo que todos deseamos. Por ello, lo que menos importa hoy día es saber si los nuevos ministros, muchos de ellos respetables e idóneos, saldrán a las calles a gobernar o comunicarán mejor su gestión. Lo que importa es que haya un acuerdo político que garantice la gobernabilidad y viabilidad de la segunda etapa de este gobierno.

Para algunos este acuerdo debe existir, pero puede ser tácito. Para otros, entre quienes me cuento, debería ser explícito y quienes llevaron al país al borde de la ingobernabilidad, debieran asumir la tarea de co-gobernar, como necesaria expiación política que demuestre que no solo obstruyen sino también edifican y que su mayoría parlamentaria no sólo está conformada por Bienvenidos, Mamanis o Becerriles, sino también por personas capaces de poner el hombre para reconstruir el país.  El acuerdo tácito puede crear la coartada de que no se asumirá el obvio desgaste político de todo gobierno; pero a mi juicio será insuficiente para reconstruir un caudal político destruido por acto propio. Sólo la redención de una buena gestión gubernativa compartida puede hacer que el Fujimorismo purgue los pecados cometidos y tenga alguna viabilidad futura. Asimismo, es necesario que Mercedes Aráoz, Juan Sheput y los izquierdistas más responsables, aplaquen sus dolores y dejen de jugar a la desestabilización del nuevo gobierno. 

¿En este acuerdo político hay lugar para otros sectores políticos? Yo creo que sí.

Todos aquellos que quieran sumar a la gobernabilidad y el desarrollo deben ser bienvenidos, en la medida en que respeten el claro mandato de las ánforas de abril del 2016, que son las que mandan, antes que los gritos en la calle de algunos profesionales del desorden o los alaridos anónimos e inorgánicos de otros en las redes sociales.

Por ello, no debemos creer que baste un nuevo Gabinete Ministerial. Es imprescindible un Acuerdo Político que evite mayores desgracias a nuestro país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Habiendo terminado el largo proceso paralizante de las vacancias con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, es el momento de discutir qué es lo que no funciona y debería cambiarse en nuestro sistema constitucional a fin de que, más allá de los errores de los actores, esta clase de situaciones de entrampamiento estéril entre Poderes no se repitan.

Nosotros hemos argumentado en estas mismas páginas que una institución como la vacancia por incapacidad moral permanente debería ser eliminada o acotada, porque al tratarse de una causal tan indefinida y subjetiva, se presta a la arbitrariedad de la mayoría. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, terminó convirtiéndose –antes de que renunciara- en una salida conveniente e inevitable al problema de falta de credibilidad y de autoridad moral que se fue agravando a partir de la primera vacancia. Pero hay que decir que fue el propio proceso de vacancia el que sumió en un agujero negro al ex Presidente. Es decir, la vacancia fue una salida útil a un problema generado por la propia vacancia y por la incapacidad de respuesta satisfactoria del ex Presidente.

En otras palabras, descubierta una mentira del Presidente, y existiendo la ventana abierta de la vacancia, era imposible que los grupos opositores no ingresaran por ella. Y una vez que entraron, el descubrimiento continuo de más hechos incriminatorios no haría sino empeorar la situación del ex Presidente. Si no hubiese existido la institución de la vacancia por incapacidad moral, simplemente no se hubiese abierto el caso porque habría funcionado la disposición según la cual el Presidente no puede ser acusado por infracción constitucional o delito sino hasta después de su mandato.

Una manera de darle consistencia jurídica a la vacancia sería convertirla en el impeachment norteamericano, que es un juicio que realiza el Congreso por supuestos delitos cometidos por el Presidente. Pero tienen que ser probados, lo que reduce el grado de arbitrariedad.  Eso equivale a lo que en nuestro ordenamiento es la acusación constitucional, regida por el artículo 99° de la carta Magna que dice lo siguiente:

“Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.  

Pero, como sabemos, el Presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato ni por delito ni infracción constitucional alguna, sino solo, según Artículo 117°, “….por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

El Presidente, pues, está blindado. Una reforma podría consistir precisamente en acotar la vacancia por incapacidad moral permanente a “incapacidad mental permanente” y a problemas de conducta, como señala Domingo García Belaunde, y permitir la acusación constitucional contra el Presidente por infracciones constitucionales o delitos cometidos durante su mandato, siempre y cuando este impeachment sea realmente serio. Lo que no tiene sentido es blindarlo como lo hace el art. 117º y al mismo tiempo abrir la puerta falsa de la vacancia por incapacidad moral, que carece totalmente de debido proceso porque ni siquiera tiene tipificación.

Disolver el Congreso sin expresión de causa

Salvo que se la use como una salida ante una situación de entrampamiento entre poderes, como en alguna medida ocurrió ahora. En ese caso, si la institución de la vacancia por incapacidad moral permanente es, en la práctica, entonces, un mecanismo político para resolver un conflicto de poderes, vacando precisamente a una de las partes (aunque el vicepresidente asuma), esa facultad del Congreso, si la mantenemos, debería estar compensada con la facultad presidencial de disolver el Congreso sin expresión de causa en el momento en que lo considere conveniente el presidente de la República, llamando inmediatamente a elecciones con la finalidad de buscar una nueva mayoría que lo respalde o, en su defecto, si no lo consigue, con la obligación de designar como presidente del Consejo de Ministros al jefe de la mayoría opositora, estableciéndose de esa manera la cohabitación en el gobierno. Para que esto funcione, sin embargo, debería modificarse también la ley para que todo candidato a la presidencia pueda ser candidato al Congreso a la vez, a fin, de paso, que en el Congreso estén los líderes de los partidos pueda ser un verdadero foro político en el que sea más fácil la concertación.    

El Congreso, sin embargo, ha modificado su Reglamento en el sentido contrario, restringiendo la cuestión de confianza y la facultad presidencial de disolver el Congreso.  Medida absurda que, como un boomerang, se volverá contra sus autores cuando, en el futuro, sean gobierno y que, de hecho, podría dificultar al Presidente Vizcarra alguna oxigenación de su gobierno en el futuro vía la renuncia de su Premier, porque en ese caso tendría que cambiar al gabinete entero. Esta resolución legislativa debe ser derogada.

Elección del Congreso luego de la segunda vuelta

De lo que se trata es de diseñar un sistema de reglas que prevenga que se den estas situaciones extremas -la vacancia presidencial o la disolución del Congreso- y que facilite la gobernabilidad. Un sistema de reglas que propenda a que los gobiernos tengan mayoría en el Congreso. Para eso, el sistema más limpio es el Parlamentarista, donde el Ejecutivo tiene mayoría por definición, pues nace de la mayoría del Congreso. El Primer Ministro es el líder de la mayoría parlamentaria.

Dada nuestra tradición presidencialista –aunque nuestro presidencialismo tenga claros elementos parlamentaristas como la censura de ministros y la disolución del Congreso a la segunda censura del gabinete-, sería difícil alcanzar consenso para pasar a un régimen enteramente parlamentarista. Pero si podemos adoptar la reforma francesa de la elección del Congreso con o después de la segunda vuelta. Eso da muchas más probabilidades de que el Ejecutivo cuente con mayoría, salvo que la ciudadanía deliberadamente juzgue que no debe darle mayoría al Presidente electo.

La insistencia

Mientras tanto, un cambio necesario para el que basta una ley consiste en elevar el número legal de votos necesario para la insistencia en un proyecto observado por el Ejecutivo, de la mitad como es ahora, a los 2/3 del Congreso, como ocurre en la mayor parte de países presidencialistas. Sobre todo, si se mantiene el Congreso Unicameral, que es capaz de aprobar medidas populistas sin contrapeso efectivo.

Canjear voto preferencial por distritos electorales pequeños

Ahora bien, elegir al Congreso luego de la segunda vuelta permite, de paso, apuntar a la reducción del número de partidos, que es importante porque la fragmentación y la volatilidad partidarias son un problema precisamente para la formación de mayorías y para la consolidación de una clase política profesional y relativamente estable.

Y una reforma necesaria para ayudar a la reducción del número partidos es la eliminación del voto preferencial y su sustitución por un sistema de distritos electorales pequeños, uni o bi nominales. Este sistema no solo tiene la ventaja de restablecer la conexión entre los electores y sus representantes, dándole contenido real a la democracia, sino que lleva, por ingeniería política, efectivamente a la reducción del número de partidos, dado que las agrupaciones pequeñas tenderán a no ser elegidas en ninguna circunscripción salvo que se junten con otras para que en el reparto le toque la candidatura a un número determinado de distritos electorales.

Como escribí en una columna reciente en El Comercio, en la política no funciona la ley del mercado de Adam Smith, que persiguiendo cada uno su propio beneficio consigue el beneficio colectivo. En la economía, si uno triunfa, triunfan todos, pues el éxito de uno no se da a costa de la derrota de los demás. No es un juego de suma cero. En la política, en cambio, uno triunfa a costa del otro. Las elecciones son un juego de suma cero. De lo que se trata es evitar que el triunfo sea absoluto: hay que ponerle límites al triunfador. De allí la división de poderes. Pero esos límites tampoco deben llevar a paralizarlo. Se trata de lograr un diseño adecuado del sistema electoral y de la relación de poderes que tienda a fomentar la gobernabilidad y la colaboración y prevenga situaciones de confrontación.

Comisión de Constitución

Ahora bien, ¿está el Congreso en este momento encaminado a discutir a aprobar esta clase de reformas constitucionales y legales? En principio, podría estarlo, porque ya terminó de legislar las medidas urgentes de reforma electoral necesarias para regular el proceso electoral regional / municipal que se realizará en octubre de este año.

Además, la comisión de Constitución tiene en agenda un conjunto de temas que apuntarían a la mayor parte de las reformas antes señaladas. El problema es aparecen como temas desarticulados entre sí y con muy distinto nivel de desarrollo.

Por ejemplo, existen iniciativas para el retorno a la bicameralidad, lo que estaría muy bien por razones que ya hemos explicado en otras contribuciones, pero es una reforma que no puede verse de manera aislada sino de manera orgánica junto con la eliminación del voto preferencial para la elección de la cámara de diputados y la creación de un sistema de distritos electorales más pequeños, tal como hemos señalado. En el anexo vemos como la eliminación del voto preferencial aparece recién en el penúltimo lugar de una lista tentativa de temas. 

ANEXO

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

PERIODO 2016-2021

REFORMA ELECTORAL: ESTADO SITUACIONAL

PRIMERA ETAPA: LAS REFORMAS URGENTES CON MIRAS A LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

• ¿Cuántas leyes se han emitido hasta la fecha?

Hasta la fecha, se aprobaron 6 leyes de reforma electoral que resultarán de aplicación al proceso de elecciones regionales y municipales 2018:

1. Inmodificabilidad de normas electorales: Ley 30682.
2. Cronograma electoral: Ley 30673.
3. Fortalecimiento de organizaciones políticas permanentes (eliminación de organizaciones políticas locales): Ley 30688.
4. Fllexibilización de requisitos para ser candidatos (nacidos pueden postular en elecciones regionales y municipales): Ley 30692.
5. Financiamiento de organizaciones políticas: Ley 30689.
6. Impedimentos para ser candidato: Ley 30717.

• ¿Qué temas lograron dictaminarse en la Comisión de Constitución y Reglamento pero no llegaron a ser aprobadas, aún, en el Pleno del Congreso, por lo que no resultarán de aplicación al proceso de ERM 2018?

Se quedaron en el camino dos (2) dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución y Reglamento:

1. Incremento del porcentaje mínimo de votos para ganar una elección de gobernador y vicegobernador regional (valla regional): Dictamen de allanamiento aprobado en la Comisión de Constitución en cuarto intermedio en el Pleno del Congreso.
2. Democracia interna: Dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento pendiente de ser incorporado en la agenda del Pleno del Congreso de la República.

• ¿Qué temas estaban consignados en la agenda priorizada de la primera etapa de la reforma electoral de la Comisión de Constitución y Reglamento, no lograron a ser dictaminados y, en consecuencia, no serán de aplicación al proceso de elecciones regionales y municipales 2018?

Quedaron pendientes dos (2) grandes e importantes temas en carpeta, los cuales deberán ser debatidos necesariamente en la tercera etapa de la reforma electoral, en la cual se debatirá el proyecto de Código o Ley Electoral.

1. Cuota de género (alternancia y paridad): Se remitió con una citación a sesión de la Comisión de Constitución un proyecto de dictamen (solo con alternancia), pero no se llegó a someter a debate.
2. Representación nativa (aplicación de cifra repartidora diferenciada para garantizar presencia de nativos en los consejos regionales): No se llegó a elaborar ningún proyecto de dictamen.

SEGUNDA ETAPA: LAS REFORMAS NECESARIAS (FUNDAMENTALMENTE INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL).

• ¿Qué temas ya se han debatido y dictaminado en la Comisión de Constitución?

Hasta la fecha, la Comisión de Constitución y Reglamento ha emitido tres (3) dictámenes sobre temas relacionados con la segunda etapa de la reforma electoral:

1. Vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales: Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución pendiente de ser agendado en el Pleno del Congreso, previa coordinación con la Comisión de Descentralización, que también ha dictaminado, de manera separada, los mismos proyectos de ley. // Dicho tema es importante que se vea en la segunda etapa porque es necesario que los candidatos sepan bien “a qué se meten” y por qué supuestos pueden ser vacados o suspendidos del cargo. // Con dicho dictamen se pretende uniformizar las causales de vacancia y suspensión tanto a nivel regional como municipal, fundamentalmente.
2. Ampliación del mandato del jefe de la ONPE: Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución (con reforma legal) pendiente de ser agendado en el Pleno del Congreso. // La iniciativa dictaminada era de reforma constitucional, pero la Comisión, atendiendo a las opiniones técnicas, propone que si el mandato del jefe de la ONPE vence en un proceso en trámite, el mismo se prorrogue hasta que termine el proceso.
3. Elección del Defensor del Pueblo por voto popular: Dictamen (negativo) aprobado por la Comisión de Constitución pendiente de ser ingresado en la agenda del Pleno.

• ¿Qué temas correspondientes a la segunda etapa de la reforma electoral se encuentran pendientes de ser debatidos en lo que resta del periodo 2017-2018 (marzo-junio 2018)?

Las iniciativas de reforma constitucional pendientes de ser debatidas en la Comisión de Constitución y Reglamento, versan sobre los temas siguientes:

1. Requisito de residencia efectiva para ser candidato a Presidente de la República: El proyecto de dictamen (negativo) está listo, pero como no se programó a sesión para el martes 9 de enero de 2018, ya no se llegó a ver.
2. Bicameralidad.
3. Ampliación del número de congresistas (en un Congreso unicameral): Hay propuestas que proponen incrementar de 1 a 5 miembros.
4. Renunciabilidad del cargo de congresista: Cabe recordar que el cargo de Presidente de la República sí es renunciable.
5. Límites a la reelección indefinida de congresistas: Las iniciativas proponen que solo puedan ser elegidos dos veces consecutivas.
6. Candidato a Presidente al mismo tiempo candidato a congresista.
7. Renovación por mitades del Congreso.
8. Designación de representantes ante el Parlamento Andino por el Congreso: Iniciativa de reforma legal que está pendiente de las opiniones de Relaciones Exteriores y del representante peruano del Parlamento Andino (Mariano Gonzáles), porque ya se efectuaron los reiterativos de los pedidos de opinión.
9. Ampliación del mandato de autoridades regionales y municipales (5 años).
10. Restablecimiento de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.
11. Voto facultativo a menores de 16 y 17 años.
12. Suspensión de ciudadanía a condenados en segunda instancia.

Nota: Al ser casi todas reformas constitucionales, la primera votación en el Pleno debería llevarse a cabo en el periodo 2017-2018 (marzo-junio 2018).

TERCERA ETAPA: LAS REFORMAS IMPORTANTES Y LA CODIFICACIÓN ELECTORAL

• ¿Qué temas se debatirán en la tercera etapa de la reforma electoral?

En esta etapa se debatirán las iniciativas legislativas del JNE y de la congresista Patricia Donayre, que proponen la aprobación de un Código o Ley Electoral, en virtud del cual se debatirán, otras iniciativas legislativas y propuestas, sobre:

1. Elección de congresistas en fecha distinta a las presidenciales: Con la segunda vuelta presidencial.
2. Elección de congresistas por distritos uninominales: Aunque la iniciativa es de reforma constitucional, en estricto, el  tipo de votación corresponde que esté a nivel legal.
3. Creación del distrito electoral peruanos residentes en el exterior: En el periodo 2017-2018 (setiembre 2017) se puso a consideración de la Comisión de Constitución y Reglamento un proyecto de dictamen, pero este quedó en cuarto intermedio por falta de consenso.
4. Exigencia de presentación de listas en elecciones regionales y municipales para no perder la inscripción de la organización política: La congresista Alcorta y otros congresistas de FP proponían que se presenten listas en todas las circunscripciones y APP en la tercera parte del total de circunscripciones; pero ello no obtuvo consenso en el comité político de FP, por ello no logró incorporarse en la Ley de cronograma electoral ni en la Ley de eliminación de organizaciones locales.
5. Requisitos para inscribir organizaciones políticas: Las iniciativas legislativas apuntan a reemplazar el requisito de adherentes por los afiliados; exigencia de mayor número de comités, entre otros.
6. Declaraciones juradas de vida.
7. Eliminación del voto preferencial.
8. Creación de Jurados Electorales Especiales permanentes: para que vean en primera instancia jurisdiccionales temas relacionados con la inscripción de organizaciones políticas y asientos registrales, vacancia y suspensión de autoridades.
9. Reformulación de la franja electoral.

Nota: Hay temas que no están atados a las reformas constitucionales, por lo que podrían comenzar a ser debatidos desde el inicio del periodo 2018-2019; pero los temas trascendentes deberían comenzar a verse, recién, luego de que se aprueben en segunda votación (o se rechacen) las iniciativas de reforma constitucional. // En principio, la tercera etapa de la reforma electoral debería terminar en junio 2019 (en Comisión).

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si el nuevo gabinete que preside Mercedes Araoz quiere afianzar la gobernabilidad y realizar las reformas que el país necesita para salir de la trampa de los ingresos medios, tiene que empezar por acercarse a los sectores menos conectados al mercado y al mundo de la formalidad. Tiene que establecer puentes con los sectores menos integrados, con el pueblo. Tiene que cambiar el signo del gobierno y a percepción que existe acerca de él.

Fuente: martarepupilli.com

En el campo

Desarrollo rural integral, Sierra Productiva y reconversión de Juntos

Lo primero es enganchar con el vasto número de familias campesinas andinas, para apoyar decididamente sus esfuerzos de incorporación económica y cerrar de una vez por todas la vieja herida colonial. Para ello necesitamos una política de desarrollo rural integral agresiva. Eso significa:

• Masificar los reservorios familiares
• Multiplicar el riego por aspersión
• Desarrollar pastos cultivados
• Y otras tecnologías de Sierra Productiva en las familias campesinas (comenzando con 100 mil familias)
• Reconvertir Juntos de manera gradual en un programa productivo para que las familias pasen de recibir dinero a generarlo -elevando su dignidad
• Integrar estas políticas con las de vivienda y saneamiento rural, con los programas de lucha contra la desnutrición y la anemia, con la transformación de las escuelas rurales en escuelas productivas y con los Institutos Viales Provinciales.

Todo esto articulado desde la PCM como programa integral prioritario.

Titulación

Al mismo tiempo, empoderar a las comunidades y familias con la titulación de la propiedad comunal y también individual o familiar al interior de las comunidades que lo pidan, para ponerlas en igualdad jurídica con el resto de la nación, permitirlesuna relación más horizontal con las empresas mineras y que puedan firmar contratos para la siembra de plantaciones forestales maderables en sus tierras, con empresas forestales modernas. Esto mismo en la Selva, donde, además, hay 300 mil familias que producen 450 mil has. de café que podrían triplicar sus rendimientos si hubiese una política de mejora de la productividad.

Alianza con los pequeños mineros

Cesar el acoso legal contra los mineros informales derogando los decretos legislativos que establecen requisitos que no se pueden cumplir, y pasar a una política de formalización y de apoyo tecnológico a los pequeños mineros a partir de la fiscalización de las plantas procesadoras.

En las ciudades

Incorporación masiva a Essalud y pensiones

En las ciudades el gobierno podría avanzar rápidamente con la incorporación de la gran cantidad de independientes e informales a Essalud y al sistema de pensiones permitiendo que parte del IGV que pagan en las compras que hacen puedan aportarlo a esas instituciones, tal como lo ha propuesto Lampadia. Esto, de paso, ayudará a la formalización y a una mayor recaudación, facilitadas también por la masificación de los comprobantes de pago electrónicos que podrían ser emitidos desde cualquier celular. El ministerio de la Producción deberá convertirse en una gran agencia de desarrollo de los pequeños negocios. 

CLAS en postas y escuelas

Lo ideal sería restablecer los Comités Locales de Administración de salud (Clas), donde las comunidades locales conforman un directorio que gestiona las postas médicas. Y hacer lo mismo con los colegios, devolviéndoles autonomía, y transferir los mejores colegios a sus profesores dentro de un sistema de vouchers o cupones, como propuso en su momento Pablo Bustamante.

Simplificación y anti corrupción

La presidenta del Consejo de Ministros debería, además, desplegar un liderazgo activo en las políticas de simplificación administrativa, eliminación de procedimientos que no pasen el análisis de calidad regulatoria, la aplicación de tupas estandarizados y la digitalización del Estado, haciendo ver como eso facilita la vida al ciudadano y al empresario.

Estas reformas deben venir acompañadas de una fuerte campaña contra la corrupción movilizando denuncias de la gente. Hay que generar una cruzada anti corrupción.Y exigir el ISO Anti-soborno a todos los estudios de abogados y empresas constructoras que contraten con el Estado.

Meritocracia

Pero un Estado al servicio de la gente supone un Estado profesional y meritocrático. La meritocracia debe convertirse en una gran causa. Al respecto, lo primero es ponerle voluntad política a la implementación del régimen de la ley de Servicio Civil, que no parece estar en el radar del gobierno, en todo el Estado, incluyendo los gobiernos sub nacionales donde el patrimonialismo cunde. Complementariamente, la PCM podría crear una comisión para diseñar la reforma de la descentralización, a fin de recuperar la eficiencia de la gestión estatal.

Atención primaria de la justicia penal

Además, en las ciudades es necesario atacar de manera efectiva la inseguridad y la impunidad, que afectan más a los que menos tienen. Se trata de ponerle más fuerza a las políticas basadas en la colaboración municipal-policial y al programa de Barrio Seguro, yendo a una policía comunitaria. Pero, para frenar la desalentadora sensación de impunidad que se manifiesta cuando se libera a pequeños delincuentes y raqueteros, es necesario juntar en locales municipales a la Policía, un fiscal, un juez y una carceleta, de modo de poder condenar a penas de días o semanas a dichos pequeños delincuentes, juzgándolos en flagrancia de ser posible. Es decir, establecer una política de atención primaria de la justicia penal. El Acuerdo Nacional por la Justicia debería servir para coordinar y expandir esta política, que contaría con la facilidad de que los locales serían proporcionados por las municipalidades distritales.

La gran inclusión laboral

Una vez que el gobierno ha establecido una alianza clara con los sectores populares rurales y urbanos a través de estas distintas políticas y programas, entonces puede plantearse buscar un diálogo profundo con la CGTP, la CTP y las fuerzas políticas para buscar una legislación laboral inclusiva, que permita que esos mismos sectores populares, que no tienen derechos laborales, empiecen a tenerlos. Esta sería la revolución inclusiva más importante de las últimas décadas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Grupo de Estudio de la Reforma Electoral presidido por la congresista Patricia Donayre culminó finalmente la elaboración del proyecto de Ley Electoral que será sometido a discusión en la Comisión de Constitución. Son nada menos que 423 artículos que regulan no solo todos los aspectos de todos procesos electorales incluyendo los de jueces de paz y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sino asuntos tales como la configuración de los distritos electorales del país para la elección de congresistas.

El proyecto ha incorporado algunos de los aportes del Ejecutivo y de Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo en lo relativo a las sanciones por incumplimiento de las normas de financiamiento privado, que ahora incluyen hasta la cancelación de la inscripción de las organizaciones políticas si estas cometen conductas muy graves o acumulan más de seis meses de suspensión por conductas leves o graves. De modo que puede afirmarse que, de aprobarse estas normas, las obligaciones acerca de las modalidades, montos e informes de financiamiento partidario ya no serán letra muerta.

Esto es un avance en lo relativo a prevenir el ingreso de fondos ilegales o delictivos a la política. También se sube el tope de lo que puede donar un particular a 200 UIT  (810,000 soles). Eso está bien, para procurar que el financiamiento provenga de fuentes lícitas. En esa misma línea, no se entiende por qué el Proyecto prohíbe las donaciones de empresas privadas. Es mejor que sean ellas y no organizaciones delictivas las que aporten. Por último, si lo que se quiere es evitar la devolución del favores por parte del Partido ya en el gobierno, dichas donaciones podrían hacerse a un fideicomiso indicando el tipo de ideología o  programa que la empresa donante quisiera apoyar, sin identificar partido político alguno. Y recoger la sugerente propuesta de “partidos por impuestos” formulada por Carlos Meléndez, sobre todo para financiar Think Tanks y capacitación. A las empresas también les interesa el crecimiento del país, porque así crecen ellas también.

Pero otras propuestas del proyecto del Ejecutivo no han sido tomadas en cuenta. En particular la reducción  a 1% del número de electores para obtener la inscripción de un partido, la obligatoriedad de la participación de los organismos electorales en la organización de las elecciones internas y que estas sean primarias y universales. El Proyecto decide, además, mantener el voto preferencial y los mismos distritos electorales de la actualidad, añadiendo un escaño para los que viven el exterior. Se argumenta que, en realidad, esa discusión así como la de si restablece el Senado o no, se daría en una segunda etapa, cuando se considere las modificaciones constitucionales, y que esta primera etapa tiene por finalidad ordenar la normatividad para las elecciones regionales y municipales del 2018.

Pero aquí el hecho de tener que normar antes para las elecciones del 2018 ha puesto un pie forzado que es una trampa, porque el orden lógico del proceso legislativo es introducir primero las modificaciones constitucionales y luego la normatividad legal derivada de dichas modificaciones. Pero hemos puesto la carreta delante de los caballos.

Los objetivos

Y el resultado de esta lógica invertida es que se pierde integralidad, coherencia. En realidad el proceso debió comenzar por una discusión acerca de los objetivos que perseguimos con esta reforma, que no se ha hecho. No sabemos para qué queremos reformar. A nuestro juicio, los objetivos son tres:

1. Construir un sistema de pocos partidos institucionalizados. Contener la fragmentación y feudalización políticas.
2. Construir canales de representación efectivos que permitan que los ciudadanos puedan hacer llegar sus demandas. Acercar la población al Estado.
3. Mejorar las relaciones entre Ejecutivo y legislativo para afianzar la gobernabilidad.

Menos partidos más institucionalizados

Para lograr el objetivo 1 hay varios instrumentos. El primero es una barrera alta para la inscripción de nuevos partidos. El Proyecto mantiene, como decíamos, el 4% del número de electores, una barrera muy alta en términos comparativos y reales. Pero aquí lo que tenemos es un problema de inconsistencia con otras disposiciones del Proyecto. En efecto, si se va a mantener una barrera muy alta para tal efecto, aquel ciudadano que quiera ingresar a la política tendría que inscribirse en un partido ya existente y lo hará si es que los partidos son estructuras abiertas y convocantes y ofrecen garantías de una verdadera democracia interna. En ese sentido, lo lógico sería que las elecciones internas sean en lo posible primarias y abiertas y en todo caso organizadas por los organismos electorales a fin de que haya seguridad de que los resultados sean justos.

Pero no es esto lo que establece el Proyecto. Lo que dispone es que las elecciones internas pueden ser primarias abiertas, cerradas o por delegados. Y en cuanto a la participación de los organismos electorales establece que éstos “tienen el deber de brindar soporte técnico a las organizaciones políticas en todos sus procesos de elección internos”. Es decir, no se les encarga la organización de los comicios internos.

Con esa normativa no hay muchos incentivos para que los partidos tiendan a  convertirse en lo que en parte ya son: pequeñas camarillas impenetrables en las que nadie que desee participar en política querrá o podrá ingresar. Si tal va ser el destino, mejor sería efectivamente poner una barrera de entrada baja (1 o 2% de los electores por ejemplo) junto con barreras altas para la permanencia, para asegurar renovación y competencia en el sistema y obligar a las organizaciones a abrirse si quieren renovarse y crecer.

Para reducir el número de partidos el instrumento más importante es la llamada valla electoral: obtener el 5% de los votos válidos o un mínimo de 6 congresistas electos para ingresar al Congreso. Esa valla se mantiene. Y en el caso de las alianzas se agrega 1% adicional por cada miembro adicional de la alianza. Ese 1% es muy bajo si se quiere que no se usen las alianzas para burlar la valla del 5%. Debería ser cuando menos 2% o 2.5% como proponía algún proyecto de años anteriores.

Lo que sí es un avance es que el Proyecto establece efectivamente condiciones más exigentes para la permanencia de los partidos: obligatoriedad de participar en todas las elecciones presentando listas de candidatos por lo menos en el 60% del total de circunscripciones regionales, provinciales y distritales, y mayor formalidad en el manejo de las finanzas partidarias y las aportaciones privadas, cuyo incumplimiento puede acarrear la cancelación de la inscripción. 

Un avance también ha sido la eliminación de los movimientos locales y provinciales. Quedan los regionales, pero a estos debería exigírseles que participen en más de una región o que lo hagan en alianza con un partido nacional, para contener mejor la tendencia a la feudalización política del país que hace que en cada elección haya menos alcaldes pertenecientes a partidos políticos nacionales.

El Proyecto mantiene la obligación de tener comités políticos con un mínimo de 50 afiliados en por lo menos el tercio de las provincias del país, algo que quizá no tenga mayor sentido en la era de los grupos de chat. Lo nuevo es que “necesariamente un comité partidario deberá estar ubicado en cada uno de los veinticuatro departamentos del país, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los cuales deben mantenerse en permanente funcionamiento, bajo sanción de suspensión”.

Pero lo que se busca en institucionalización, formalización y actividad partidaria se pierde con el voto preferencial, que fomenta el enfrentamiento entre candidatos del mismo partido y la diferenciación incoherente de propuestas al interior del mismo grupo.

En suma, hay avances pero al mismo tiempo no hay consistencia entre algunas de las medidas relacionadas al objetivo 1.

Mejor representación

Ahora bien, la consistencia debe darse no solo entre las disposiciones orientadas a cumplir un objetivo, sino entre las diseñadas para cumplir los tres objetivos. Es decir, si estamos de acuerdo en los tres objetivos arriba mencionados, las disposiciones que se establezcan para alcanzarlos deben reforzarse mutuamente, sistémicamente. Es decir, las que se señalen para cumplir el objetivo 2, deben ayudar a cumplir el objetivo 1 y el 3, y viceversa.

En esa línea, si lo que queremos es reducir el número de partidos (Objetivo 1) y mejorar los canales de representación (objetivo 2) no podemos proponer mantener el mismo número y tamaño de los distritos electorales actuales, que no ayudan ni a uno ni al otro objetivo. El único sistema que integra ambos objetivos a la vez, es el de la elección de los congresistas en distritos electorales pequeños, uni o bi nominales. En efecto, en dicho sistema, las personas eligen no entre muchos candidatos de un mismo partido sino entre pocos candidatos de distintos partidos (de modo que se puede conocer mejor a cada candidato, y se elige mejor), y el ciudadano sabe quién es su representante y puede comunicarse con él para expresarle sus demandas. La democracia se vuelve de carne y hueso. Se enraíza.

Al mismo tiempo, dicho sistema lleva a la reducción del número de partidos porque las organizaciones pequeñas se ven obligadas a juntarse con otras más grandes si quieren que alguno de sus candidatos sea elegido en una circunscripción. 

Contrario sensu, distritos electorales grandes en los que se elije a varios representantes de manera proporcional, fomentan el multipartidismo y no construyen canales biunívocos de comunicación entre representados y representantes.

Por supuesto, distritos electorales pequeños sustituyen el voto preferencial. El realidad, son el voto preferencial perfecto, porque yo elijo directamente a una o a dos personas. Sería lamentable que haya consenso entre los congresistas para eliminar el voto preferencial. Si no lo eliminamos, tenemos que mantener distritos electorales grandes que no ayudan a reducir el número de partidos ni mejoran la representación. Tendría menos sentido, también, restablecer la bicameralidad.

Relación Ejecutivo – Legislativo

En efecto, un sistema electoral de distritos pequeños ayuda a resolver mejor el objetivo 3, donde la propuesta sería la de restablecer la bicameralidad a fin de que leyes impulsivas y extremadamente populistas puedan ser revisadas y morigeradas en la cámara de senadores. En ese marco, la cámara de diputados puede ser elegida en distritos pequeños, uni o bi nominales, pero la de Senadores en un distrito nacional, para compensar la perspectiva localista de Diputados con una visión unitaria y con una perspectiva más nacional de los senadores. Si se mantuviera una sola cámara -subiendo eso sí la cantidad de votos necesarios para insistir en las leyes observadas por el Ejecutivo a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso (el Ejecutivo cumpliría la función moderadora)-, una parte mayoritaria del Congreso unicameral puede ser elegida en distritos pequeños y otra minoritaria en distritos macroregionales o distrito nacional.  

Lo que no podríamos hacer es restablecer la bicameralidad y mantener distritos electorales grandes en la cámara de diputados. Pero, entonces, si no eliminamos el voto preferencial y no establecemos distritos electorales pequeños y tampoco restablecemos la bicameralidad o lo hacemos sin cambiar el sistema electoral, no habremos hecho reforma política alguna. Lampadia

Como dijimos el 11 de abril pasado, al día siguiente de la primera vuelta, los ciudadanos optaron por seguir ‘construyendo sobre lo avanzado’ (ver: en Lampadia: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado).

Ese mandato implicaba que las fuerzas pro mercado (con un Estado sólido), pro crecimiento para el avance social y pro globalización con ciudadanos empoderados, debían entenderse para enfrentar los grandes retos que nos esperan. Como son el superar las brechas económicas y sociales que nos aquejan y enfrentar con éxito las oportunidades y riesgos de la ‘cuarta revolución industrial’ que asecha. Ver en Lampadia: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario.

Lamentablemente, terminamos en un camino totalmente distinto: el de un enfrentamiento que estamos seguros, nadie podía haber imaginado. La batalla electoral ha sido innecesariamente sangrienta y de alguna manera anti democrática, pues socavó el respeto mutuo que se deben los contendores democráticos.

Normalmente, las heridas de las batallas políticas terminan con ella. Pero en esta ocasión parece que la campaña ha producido ‘spillovers’. Se ha derramado hacia las bases del nuevo gobierno.

Entre estos perniciosos procesos tenemos: la continuación del enfrentamiento entre los próximos ejecutivo y legislativo; la insistencia en descalificar moralmente a Fuerza Popular con acusaciones sin fundamento, y los ataques al futuro Ministro de Economía Alfredo Thorne, por parte de la izquierda tradicional, a la que se dio en la campaña, un espacio que los ciudadanos les habían negado.

Sobre estos temas, transcurrió la entrevista que hizo Alfonso Baella en Redes y Poder al Director de Lampadia el pasado 22 de junio, que reproducimos más abajo.

De estos temas, el más alarmante, y del cual no se han percatado los medios y los analistas políticos, es el de la acusación a Fuerza Popular de representar la posibilidad de un ‘Narco Estado’. Lo peor de esta indebida  imputación, es que ésta se sigue profiriendo todos los días en las redes sociales y, en los medios tradicionales por parte de muchos periodistas, especialmente en las radios y la televisión, que aparentemente siguen enganchados en la disputa electoral y, por parte de miembros de algunas cúpulas políticas opositoras de Fuerza Popular.

Lo dramático de esta acusación es que está corroyendo las bases de nuestra democracia. Se está pretendiendo quitar autoridad moral al partido político que controla el Parlamento y que representa al 50% de la votación popular y, que además, tiene una importante presencia en todas las regiones del país.

Esta injustificada acusación, no solo hace daño en el Perú. Tal vez lo peor es su impacto en el extranjero, donde este mensaje se ha difundido profusamente y donde no se tiene los elementos de juicio necesario para darle un contexto coyuntural. Este virus está asentándose en las estructuras de nuestra democracia y puede producir daños difíciles de estimar y de reparar.

Veamos la entrevista:

En nuestra opinión la acusación de ‘Narco Estado’ tiene que ser combatida y dejada de lado. Para ello se debe empezar por exigir a sus originadores, el Canal 4 y al propio Pedro Pablo Kuczynski, el próximo Presidente de la República, las disculpas del caso. PPK debe hacerlo antes de asumir su mandato popular, debe producir un mensaje que permita superar esta situación, que estamos seguros, que cuando ayudó a crearla, no salió de su alma.

Como ya pocas veces se dice: “NOBLEZA OBLIGA”.

Lampadia

Líneas abajo presentamos las declaraciones de dos voceros importantes del Partido PPK sobre la debilidad de su propio plan de gobierno y sobre las supuestas ‘capacidades’ que para ellos tendría el ex cura Arana. Estas declaraciones llaman poderosamente la atención, no solo son absurdamente críticas de los planteamientos de PPK, también, otorgan calificativos no realistas ni políticamente incorrectos sobre un dirigente radical anti minero, que podrían llevar a que la ciudadanía piense que se está gestando una traición al voto popular del 10 de abril pasado (primera vuelta) con el cual los ciudadanos le encomendaron a Fuerza Popular (FP) y a Peruanos Por el Kambio, construir sobre lo avanzado y rechazar las propuestas de discontinuidad y cambio de la Constitución del Frente Amplio (FA) y otros, especialmente las del FA, para lo cual incluso, algunos simpatizantes de FP prestaron sus votos a PPK con el propósito de evitar la presencia del FA en la segunda vuelta.  

Para no creerlo, uno de los representantes más activos de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput, dijo el 14 de junio en RPP televisión: “Hay gente muy valiosa como Marco Arana, un hombre dialogante”. (Ver imagen superior).

Fuera del contexto de la campaña donde, aparentemente, se permite cualquier cosa. Esta declaración es verdaderamente alarmante y descalificadora. La realidad es que el ex cura Arana ha dado testimonios claros de no ser valioso ni dialogante.

Durante los últimos años ha sembrado la ideología del pos-extractivismo que pretende convertirnos en un país de pobres eternos. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Ver también: Agroexportación: Una industria de clase mundial:

Por ejemplo, en cuanto a las agroexportaciones, que se vinculan al sector agrícola, donde todavía tenemos la mayor cantidad de pobres, plantean solo produzcamos lo que necesitamos para consumir nosotros y ‘tal vez’ nuestros países vecinos. O sea, los izquierdistas tradicionales, quieren condenar a la pobreza eterna a nuestros campesinos. ¡Habrase visto semejante barbaridad!.

El sector agrícola solo puede crecer, sostenidamente, llegando a más estómagos. Como un agricultor peruano decía hace algunos años: una persona solo puede comer un kilo de comida por día. ¿Cómo puede entonces mejorar sus ingresos un agricultor peruano? Si 3 millones de agricultores tendrían que abastecer solo a 27 millones de habitantes? Sus ingresos estarían limitados a un promedio de 9 consumidores o 9 kilos. Pero si exportamos a mercados de 2,700 millones de personas, en teoría, cada agricultor podría abastecer a 900 consumidores, 100 veces más. Ese es el potencial de este sector, y la única manera de enriquecer a nuestros campesinos, que, además, son dueños de la mayor parte de las tierras y predios agrícolas del Perú.

Además, en el tema minero, Arana con la gente de Tierra y Libertad, han instigado los peores conflictos sociales y después han escondido la mano. Veamos:

Cuando el ex cura Arana fue interrogado por Gestión en mayo del 2015 por su silencio sobre los desastres ecológicos y sociales en Madre de Dios, dijo: “yo vivo en Cajamarca, ¿cuál es nuestro principal problema?, la gran minería. Lo mío en el lugar donde vivo, los problemas más fuertes están relacionados con las pérdidas de fuentes de agua natural en mi región, ¿quién lo provoca?, la gran minería”. 

“Es una cuestión geográfica entonces”, pregunta el periodista. Y dice, “si yo viviera en Madre de Dios, mi principal atención tendría que ser esa, no puedo estar en todos los problemas que hay en el país”.

Esto se le reclamó a Arana en setiembre del año pasado en Perumin en los siguientes términos: “Yo quiero pedirle algo de coherencia. Entonces, ¿qué hacía usted y su gente en Tía María?, ¿qué hacían en Espinar?, ¿qué hacen en Apurímac? (…) Yo lamento mucho lo que ha pasado en Cajamarca, usted con su amigo, y enemigo, Santos, han destruido esa región maravillosa, y no queremos, por lo menos los arequipeños, que pase lo mismo en esta tierra”.

En las últimas elecciones en que participó Arana, hubieron escandalosas acusaciones de fraude. Primero pretendió arrebatarle el triunfo en las elecciones internas del Frente Amplio a Verónika Mendoza, acusando fraude. Luego llegó al Congreso, acusado de haber manipulado la votación en contra de Juan César Regalado, ex candidato congresal de su propio partido.

Otra declaración alarmante, de la misma naturaleza de la de Sheput, es la de Carlos Bruce, otro multiplicado vocero de PPK. Ver imagen: 

El electo legislador de de Peruanos Por el Kambio (PPK), Carlos Bruce, señaló que el plan de gobierno del Frente Amplio, que postuló a Verónika Mendoza, es mejor que el de Pedro Pablo Kuczynski.

“Está mejor que el nuestro”. “He visto el plan de gobierno del Frente Amplio. Yo lo suscribiría. Es más, me parece que es mejor que el nuestro. Está mejor que el nuestro, así que hay muchos temas que se pueden trabajar. Hay otros temas en los cuales no estamos de acuerdo, el tema del modelo económico, por ejemplo”, sostuvo en entrevista con Canal N.

En Lampadia hemos explicado las debilidades de un eventual gabinete multipartidario. Ver: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario. Pero además, debemos preguntarnos ¿qué puede salir de mezclar agua y aceite? ¿Son compatibles las ideas del partido PPK con las del Frente Amplio, que postula como la base de sus políticas el cambio de Constitución y el pos-extractivismo?

En nuestra opinión la gente del partido PPK está en el juego equivocado. Debería respetarse el voto popular de la primera vuelta, que es el que marca el direccionamiento político que ha dado la ciudadanía. Por otro lado es de presumir que el peso de la responsabilidad que tendrán durante los próximos años, PPK y KF, hará que con un poco más de tiempo y paciencia, vaya determinando sus enfoques políticos. Por ahora hay que evitar más errores políticos y dejar que las aguas lleguen a su nivel. 

Lampadia

Según el McKinsey Global Institute, casi el 70 % de las personas que viven en situación de pobreza son de países cuyas economías están impulsadas por recursos naturales como el petróleo, gas y minerales. Si estas economías manejan su riqueza en recursos naturales sabiamente, podían sacar a 540 millones de ciudadanos de la pobreza al 2030.

La tasa histórica de inversión en petróleo, gas y minerales deberá ser más del doble en 2030 para reemplazar las fuentes existentes de suministro (que están llegando al final de su vida útil) y para satisfacer la fuerte demanda de un gran número de nuevos consumidores de todo el mundo, particularmente en las economías emergentes. Si los países ricos en recursos naturales utilizan el impulso de los sectores extractivos como una plataforma para un mayor desarrollo económico, podrían transformar sus perspectivas a futuro.

Sin embargo, muchos países basados en los recursos naturales no han logrado convertir su ‘bendición’ de recursos en una prosperidad a largo plazo. Sólo un tercio de ellos han sido capaces de mantener su alto crecimiento más allá del ‘boom’ inicial.

El informe de McKinsey Global Institute (MGI) titulado “Invirtiendo la maldición: Maximizando el potencial de las economías impulsadas por los recursos” detalla los cambios en las industrias de los recursos naturales y sus consecuencias para los países basados en ellos. La investigación detalla las principales tendencias, especialmente para las empresas extractivas, el gobierno y la sociedad civil.

Primero, el informe define a los “países basados en los recursos naturales” como aquellas economías en las que el petróleo, gas y sectores minerales tienen un rol ‘dominante’, utilizando tres criterios: los recursos representan más del 20 % de las exportaciones; los recursos generan más del 20 % de los ingresos fiscales; o las rentas de recursos son más del 10 % de la producción económica.

Al año 2014, había 81 países en los que sus economías se basaban en los recursos naturales, que representaban el 26 % de la producción económica mundial. Sin embargo, sólo alrededor de un tercio de ellos han sostenido el crecimiento económico más allá de su auge inicial. Muchos de ellos todavía se encuentran entre los más pobres del mundo. Casi la mitad de las reservas de recursos de minerales, petróleo y gas se encuentran fuera de los países de la  OCDE y no pertenecen a la OPEP. Esta proporción podría ser aún mayor, ya que la exploración en países de ingresos bajos y medianos ha sido limitada.

Según el informe, es vital que estos países aprovechen al máximo la demanda futura de recursos. El reporte estima que se necesitará entre US$ 11,000 millones de millones y US$ 17,000 millones de millones en nuevas inversiones en petróleo, gas y minerales para satisfacer la demanda futura y sustituir las fuentes existentes de suministro para el año 2030.

En el pasado, casi el 90 % de la inversión en recursos naturales sucedía en los países de ingresos altos y medio-altos. Pero la proporción de inversiones en países de ingresos bajos y medianos, podría casi duplicarse a US$ 3 millones de millones (US$ 3 trillones). 

El modelo de desarrollo industrial del siglo XX no sirve para aprovechar esta oportunidad para transformar la riqueza del subsuelo en prosperidad a largo plazo. Algunos países están tratando de emular el enfoque de los tigres asiáticos mediante el desarrollo de un sector manufacturero fuerte y así ascender en la cadena de valor. Pero McKinsey propone algo diferente: Un modelo “Tigre de Recursos” (“Resource Tiger Model”, en inglés), adaptado a cada país, pero siempre en torno a tres imperativos: desarrollar eficazmente el sector de los recursos, capturar su valor y transformar ese valor en desarrollo a largo plazo. El informe de MGI mira seis aspectos dentro de estos imperativos: instituciones y gobernabilidad; infraestructuras; competitividad y política fiscal; contenido local; bonanza de recursos naturales; y desarrollo económico.

La propuesta no es radical. El imperativo es desarrollar las mejores prácticas en todas estas dimensiones. Por ejemplo, en el contenido local: Entre el 40 % y el 80 % de los ingresos creados por petróleo, gas y en la minería es destinado a la adquisición de bienes y servicios. Esto supera el valor de los impuestos y las regalías en algunos casos. El 90 % de los países basados en recursos naturales tienen algún mecanismo de regulación local, pero la mayoría están mal diseñados. El informe cita a La República Democrática del Congo como un ejemplo de ello. El gobierno requiere que el 96 % de los empleos en la minería y el 98 % de los puestos ejecutivos sean otorgados a locales, pero simplemente el país no cuenta con suficientes personas con las habilidades y experiencia para cumplir con estos objetivos.

Otro ejemplo es que las empresas y los gobiernos deben ser capaces de llegar a un acuerdo, cooperando para asegurarse que las preocupaciones legítimas de políticas del país local sean tomadas en cuenta y se establezca un marco legal fuerte y estable. Cuando los gobiernos hacen cambios repentinos en los términos de la inversión, actuando bajo presión para compensar el malestar social o para conseguir apoyo político, no se llegará a un acuerdo mutuamente aceptable. En tales circunstancias, las empresas pueden verse obligadas a adoptar una posición más dura y estar dispuestas a recurrir al arbitraje en contra de un gobierno para cambiar sus disposiciones. El informe MGI cita el ejemplo de ExxonMobil, que fue capaz de recuperar más o menos US$ 300 millones en 2007 después de que sus activos fueron expropiados en Venezuela.

Otro ejemplo es infraestructuras compartidas. Los países basados en los recursos naturales requerirán más de US$ 1.3 millones de millones de inversión en infraestructuras durante los próximos 17 años para sostener el crecimiento proyectado de la economía. Esto es casi el cuádruple de la inversión que estos países realizaron durante el período de 17 años entre 1995 y 2012. Las empresas extractivas son los principales inversores y desarrolladores de infraestructuras. Teniendo en cuenta la enorme necesidad, el informe considera importante que los países tomen en cuenta la manera de compartir las infraestructuras. Estiman que casi el 70 % de la inversión en infraestructuras podría ser compartida entre los diferentes operadores y las mayores oportunidades se observan en las zonas mineras y tuberías en regiones petroleras.

Por supuesto, los gobiernos deben evaluar cuidadosamente los costos y beneficios de compartir infraestructuras caso por caso. En general, parece que los proyectos de energía son buenos candidatos para compartir ya que los beneficios son altos y la coordinación tiene bajos costos.

El Perú es un país muy rico en recursos naturales, pero no hemos logrado traducir eso en el bienestar general de la población. Este no es el espacio para analizar porqué no lo hicimos, más bien queremos enfatizar, como muestra el estudio, que no existe una ‘maldición de los recursos naturales’, lo que existe es la ‘torpeza’  de los gobernantes de un país rico en recursos, que se las ingenian para impedir su desarrollo.

Por ejemplo, en los últimos 25 años, como hemos explicado tantas veces (ver: Las Cifras de la Prosperidad y ¡Qué “calato”… ni qué ocho cuartos!), el país ha tenido el proceso de desarrollo más importante de su historia con un alto crecimiento de la inversión y la economía, una importantísima reducción de la pobreza y la desigualdad, creación de una nueva clase media y mayores incrementos de los ingresos para los más pobres. Estos resultados se han debido en una parte significativa, justamente al desarrollo de algunos de nuestros recursos naturales.

Sin embargo, buena parte de nuestra clase política, académica y mediática, pretende desconocer los logros, asignarlos a condiciones externas y combatir las inversiones vinculadas a los recursos naturales. Acá hay que sumar a la torpeza indicada líneas arriba, la mala voluntad de algunos peruanos que solo buscan lucimiento personal o espacios de poder para implantar sus ‘ideas muertas’.

Felizmente, el Perú es más grande que sus malos hijos y, nuestra población a rechazado mayoritariamente a los representantes de aquellas ideas. Ilustremos ahora a nuestros ciudadanos sobre nuestro potencial de prosperidad y busquemos una mayor convergencia política y social para convertir nuestro potencial en una realización de mayor riqueza para todos.

Lampadia