Jaime de Althaus
Para Lampadia

La explicación más fuerte acerca de las razones por las cuales es poco probable que en el Perú se produzca una explosión social a la chilena radica en la alta informalidad peruana. En Chile la empresa y el trabajo son formales, y entonces la gente está sometida a los rigores de la formalidad que, en circunstancias en las que los ingresos se estancan o bajan y las deudas se acrecientan, pueden ser insoportables, sobre todo cuando los servicios sociales no funcionan bien o no son enteramente gratuitos. Hay un reclamo por un Estado más redistributivo.

En el Perú son pocos los que pagan impuesto a la renta y los que reciben pensiones, por ejemplo. Se pensaría entonces que no hay nada que reclamar. El modelo no ha hecho ninguna promesa. No es posible agregar intereses para una movilización general porque no hay demandas comunes contra el Estado porque no hay una relación con él.

Esa situación, sin embargo, no es una bendición. La informalidad es la respuesta al alto costo de la formalidad y a la baja productividad de muchas actividades. Pero es una manera de condenarse a no crecer más allá de cierto punto, aquel en el que ya es indispensable formalizarse si se quiere seguir creciendo. Es, entonces, un tapón al progreso de los sectores emergentes.

Deberíamos tener entonces movilizaciones de los informales por reducir los costos de la formalidad. Pero eso no ocurre, en primer lugar, porque nadie se moviliza para pagar impuestos, por ejemplo, por más bajos que estos se vuelvan, o para pagarle beneficios sociales a sus trabajadores, por más reducidos que estos sean. Ni los trabajadores informales se movilizan para convertir parte de su salario líquido en aportaciones, ni para tener Essalud si ya tienen el SIS, aunque en teoría sí podrían hacerlo para recibir el salario mínimo pues la mayor parte gana por debajo de él. Y, en esa medida, podrían ayudar a demandar una formalidad menos onerosa.

Sin embargo, aquellos micro y pequeños empresarios que ya han tenido que ingresar, aunque sea parcialmente, a la formalidad, sí apreciarían esas facilidades. Lo que resulta prohibitivo para muchos es el salto a los regímenes tributario y laboral generales. Habría que enfocar la protesta contra esos regímenes y contra el exceso de regulaciones laborales y sectoriales existentes que sobrecargan los costos empresariales.

Pero esas son demandas de carácter difuso o abstracto que tendrían que ser enarboladas por un sector también difuso, no organizado. Es tarea política fundamental construir desde abajo, desde los mismos actores, una propuesta con demandas concretas de abatimiento de las barreras que impiden el crecimiento de los emprendimientos, y organizar el sector para que sea capaz de movilizarse. Es la única manera de alcanzar un resultado.

El gobierno, por ejemplo, incorporó en el Plan Nacional de Competitividad la simplificación y unificación de los regímenes tributarios, para evitar los saltos mortales de un régimen a otro –aunque aún no se aprueba por Decreto de Urgencia respectivo-, pero no se atrevió a incorporar una propuesta similar y correspondiente para simplificar y eliminar los regímenes laborales y construir una escala gradual basada en los ingresos del trabajador y no en el número de empleados de la empresa. Ambas propuestas son complementarias. Una sin la otra pierde efecto.

Ahora bien, en el supuesto de que se logre una formalidad más accesible y al mismo tiempo se consiga incrementar en alguna medida la productividad de esos sectores emergentes, de modo que un porcentaje apreciable logra transitar a la formalidad, ingresamos entonces a un escenario más parecido al chileno, correspondiente a una etapa de desarrollo en la cual no es posible escapar a los pagos y obligaciones de la formalidad.

En un escenario como ese hay tranquilidad social si es que la economía está creciendo a tasas suficientes para que la mayor parte de las familias gocen de una sensación de progreso, y si los servicios públicos funcionan lo suficientemente bien como para atender con eficiencia y solvencia necesidades excepcionales tales como gastos en salud, y como para prevenir y resolver situaciones de inseguridad ciudadana o jurídica.

El país tiene entonces un margen de tiempo para avanzar hacia la reforma de los servicios públicos, mientras de alguna manera intenta incorporar a las mayorías a la formalidad. El nuevo Congreso debería tener entre sus tareas la de vigilar que lo que se está haciendo en Salud, por ejemplo, lleve a una mejora sustancial del servicio. Se ha incorporado a 4 millones de personas al SIS, pero éste no se ha reformado. Se ha obligado a las farmacias a vender genéricos puros, pero los que existen no son equivalentes a los originales y la DIGEMID no procesa las solicitudes, y la mayor parte del problema está en que pacientes que van a los establecimientos públicos de Salud no reciben todos los medicamentos gratis, existiendo recursos. Para mejorar esto se quiere potencial y modernizar un operador logístico centralizado, pero no se piensa en tercerizarlo, que sería lo indicado. Y para fortalecer el sistema de salud a fin de atender a todos como se pretende, se ha contratado un préstamo de 1,000 millones de soles con el BID y el Banco Mundial, pero es solo para Lima y un par de regiones. ¿Lo que se pretende hacer con ese préstamo está bien enfocado?

Es hora, por lo demás, de integrar soluciones. Lo que se haga en regímenes tributarios y laborales para facilitar la formalización y el crecimiento de la empresa, debería estar atado a Essalud, Salud y pensiones. Pero ese es tema de otro artículo. Lampadia

Como presentamos en Lampadia: Auge de empleos en países ricos, el desempleo – principal problema económico que aquejaba a los países en el  período de la pos-guerra – se ha extinguido en buena parte de los países desarrollados gracias a los beneficios provistos por la globalización, el libre comercio y el mismo sistema capitalista, durante finales del siglo XX y todo el siglo XXI (ver Lampadia: Recuperando lo mejor del capitalismo).

En este espectro de países, EEUU constituye uno de los casos más emblemáticos dado que en los últimos meses no solo se han observado mínimos históricos en sus tasas de desempleo (ver Lampadia: Economista predice el crecimiento de EEUU) , sino que también se han reflejado notables mejoras en la calidad de sus empleos – en su mayoría, formales – y también en el crecimiento de los ingresos de los menos remunerados (ver Lampadia: EEUU: Crecen salarios de los menos remunerados).

Esta discusión del tema laboral como un problema multidimensional que va más allá de la misma empleabilidad y que integra cuestiones que tienen que ver con la calidad de los empleos, la seguridad social y la movilidad de los ingresos se encuentra muy presente entre los hacedores de política en las economías modernas. En un reciente artículo escrito por Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001, que compartimos líneas abajo, se ahonda en la problemática actual que lidian estos países.

Lo que refleja este nuevo enfoque de ver el empleo, claramente expone como la misma mejora de la calidad de vida ha volcado a los economistas a volverse más sofisticados en su tratamiento de los problemas sociales, buscando siempre constantes progresos en el bienestar.

Y curiosamente este es un enfoque que hace mucha falta en nuestro país, dada la precariedad del empleo existente en nuestros trabajadores – el 73% de la PEA es informal, según el INEI, y el 49% de la PEA con educación superior son subempleados, según el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

El desempleo coyuntural – producto de la desaceleración del crecimiento – por el que puede estar pasando actualmente la economía peruana no debe desenfocarnos de los problemas estructurales que experimenta su mercado laboral por más de una década, como son la informalidad y la baja productividad. Solo a través de una verdadera reforma laboral, que flexibilice los marcos de contratación y despido (ver Lampadia: La reforma laboral que los peruanos necesitan) se podrá generar un quiebre en pos de la mejora de los trabajadores peruanos. Lampadia

Más allá del desempleo

Project Syndicate
28 de mayo, 2019 
Michael Spence
Glosado por Lampadia

Durante buena parte del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la política económica se concentró en el desempleo. Las masivas pérdidas de empleo de la Gran Depresión (que sólo se revirtieron cuando esa guerra, y la deuda inmensa que se acumuló para financiarla, reactivaron el crecimiento económico) tuvieron un impacto duradero en al menos dos generaciones. Pero el empleo es sólo un aspecto del bienestar, y en el mundo actual, no es suficiente.

Las pautas de crecimiento que se dieron entre la Segunda Guerra Mundial y más o menos 1980 fueron mayoritariamente benignas. Aunque hubo recesiones, el desempleo se mantuvo reducido. La participación de los trabajadores en el ingreso fue subiendo gradualmente, y los grupos de ingresos medios, en particular, alcanzaron una mayor prosperidad y movilidad ascendente. En EEUU y en otros países, el mandato del banco central era sencillo: mantener el pleno empleo y tener a raya la inflación.

Este énfasis en el desempleo subsiste, y se refleja, por ejemplo, en la discusión en torno de la inteligencia artificial y la automatización, que está cada vez más centrada en el temor al desempleo tecnológico. A la economía estadounidense, en tanto, se la considera relativamente sana, porque el desempleo está en mínimos históricos, hay crecimiento moderado y la inflación está contenida.

Pero las pautas de crecimiento benignas de hace unas décadas ya no existen. Es verdad que hay economías cuyos problemas principales tienen que ver con el crecimiento y el empleo. En Italia, por ejemplo, el crecimiento del PBI durante las últimas dos décadas ha sido insignificante, y el desempleo se mantiene alto, por encima del 10% (llegando casi al 30% para los jóvenes). Asimismo, en economías en las primeras etapas de desarrollo, el objetivo dominante de la formulación de políticas es incrementar la cantidad de empleos, para ofrecer oportunidades a los jóvenes que entran al mercado laboral y a los pobres y subempleados en los sectores tradicionales.

Pero el empleo es sólo el primer paso. En las economías modernas, los problemas de empleo son multidimensionales, y las personas empleadas tienen grandes inquietudes en una variedad de áreas que incluyen la seguridad, la salud, el equilibrio trabajo‑vida personal, el ingreso y la distribución, la capacitación, la movilidad y las oportunidades. De modo que las autoridades deben mirar más allá de las mediciones simples de desempleo y considerar las muchas dimensiones del empleo con incidencia sobre el bienestar.

Tomemos por ejemplo la seguridad laboral. En períodos de cambio estructural acelerado, hay creación, destrucción y transformación de empleos, y cambian las habilidades que se les piden a los trabajadores. Esto genera inseguridad, incluso habiendo programas y políticas de apoyo, y la situación se pone mucho peor cuando el Estado hace mutis por el foro.

Incluso aquellos trabajadores que no han perdido el empleo pueden ver su bienestar disminuido por el temor a perderlo. Al fin y al cabo, en un tiempo de niveles extremos de desigualdad de riqueza, relativamente pocos tienen capacidad para protegerse por sí mismos contra variaciones bruscas de la situación de empleo y de los ingresos o para invertir grandes sumas en recapacitación. Según una encuesta reciente de la Reserva Federal de los EEUU, cuatro de cada diez adultos estadounidenses serían incapaces de cubrir con efectivo un gasto inesperado de 400 dólares.

En este contexto, se vuelven todavía más importantes el diseño y la cobertura de los sistemas de seguridad social y de los servicios sociales. Pero en vez de reforzar las redes de seguridad social, algunos gobiernos y empresas están tratando de ahorrar dinero mediante la subcontratación de funciones relacionadas con beneficios como la atención de la salud, las pensiones y el seguro de desempleo.

Otra dimensión del problema del empleo es el ingreso. En casi todas las economías desarrolladas, o tal vez todas, hay un incremento comprobado de la polarización laboral y de ingresos, que obedece en parte a la creciente divergencia entre la productividad (en aumento) y la remuneración (estancada) de muchos empleos de bajos y medianos ingresos.

La extranjerización o automatización de muchos empleos poco cualificados amplió la oferta de mano de obra para trabajos no automatizables en los sectores económicos no transables. El hecho de que el producto marginal del trabajo poco cualificado es menor, combinado con el deterioro de mecanismos de negociación colectiva eficaces, contribuyó a la desigualdad de ingresos. Si bien en algunos países medidas como la política tributaria redistributiva han contrarrestado en parte estas tendencias, no la han revertido.

Una tercera dimensión del problema del empleo es la equidad. Casi todos comprenden que, por diferencias de capacidades y preferencias, las economías de mercado no producen resultados enteramente igualitarios. Pero una aceptación amplia de la desigualdad sólo es posible en la medida en que esta sea moderada y esté fundada en el mérito. Una desigualdad extrema basada en un acceso privilegiado y no meritocrático a oportunidades y remuneraciones (algo que puede verse hoy en muchos países) es socialmente corrosiva.

Esto está muy relacionado con una cuarta cuestión: las perspectivas de movilidad ascendente. Es posible que hasta cierto punto se le esté dando una importancia exagerada a la desigualdad de oportunidades, al menos en EEUU. Se da por sentado que en cuanto una persona consigue conectarse con una red en particular (por ejemplo, asistiendo a una de las grandes universidades de la “Ivy League”), su acceso a oportunidades de empleo mejora considerablemente, y con él, sus perspectivas de progreso socioeconómico.

No hay duda de que algo de verdad hay en esto. Existen en los mercados, estructuras de red reales, con importancia en casi todas las esferas (aunque no aparezcan en la mayoría de los modelos). Algunas de estas estructuras (por ejemplo, mecanismos para la transmisión de información confiable) son benignas. Otras (como las que se racionan según la clase social o, en la actualidad, según la riqueza) son más problemáticas.

Por ejemplo, el reciente escándalo de las admisiones que involucró a ocho prestigiosas universidades estadounidenses demostró de qué manera padres ricos pudieron comprarles a sus hijos un lugar en la élite educativa. Pero, aunque un título de una universidad importante puede abrir puertas (sea porque transmite señales de capacidad extraordinaria o porque confiere pertenencia a influyentes redes de egresados), dista de ser el único modo de obtener acceso a oportunidades valiosas.

En EEUU, en particular, hay una gran cantidad de establecimientos de educación superior de calidad, públicos y privados, con graduados distinguidos, en áreas tan diversas como la administración de empresas, las humanidades y la educación. De modo que el camino a las oportunidades no es tan estrecho como muchos creen.

Esto no quiere decir que no haya un problema de deterioro de la movilidad ascendente, tanto en relación con el pasado cuanto en comparación con otros países occidentales. Por el contrario, las causas de esta tendencia han sido objeto de una valiosa investigación que debería inspirar la formulación de políticas.

Y esa es precisamente la cuestión: no hay soluciones simples. Ya no es posible medir la salud de una economía, y mucho menos el bienestar de sus trabajadores, con una sola cifra (la proporción de personas con empleo). Por eso se necesita un abordaje más elaborado que tenga en cuenta las muchas dimensiones del empleo con incidencia sobre el bienestar de las personas. Lampadia

Traducción: Esteban Flamini

Michael Spence, premio Nobel de economía, es profesor de economía en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y miembro principal de la Hoover Institution. Fue el presidente de la Comisión independiente sobre Crecimiento y Desarrollo, un organismo internacional que, desde 2006-2010, analizó las oportunidades para el crecimiento económico mundial, y es el autor de The Next Convergence – The Future of Economic Growth in a Multispeed World.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso ha culminado con el otorgamiento de la confianza. Es de esperar, entonces, que en la Comisión de Constitución se alcance un consenso para avanzar en la aprobación de los proyectos de reforma política que, junto con la reforma del sistema judicial, es muy importante para construir una institucionalidad que mejore la gobernabilidad e instaure el Estado de derecho, bases fundamentales de la prosperidad y el crecimiento.

Pero no es necesario esperar hasta el mediano o largo plazo para que esos objetivos se alcancen. El gobierno puede y debe ir avanzando con decisiones cruciales que tendrían un impacto muy grande en el corto plazo para mejorar sustancialmente las condiciones para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo formal e inclusivo en el Perú. Y también el Estado de derecho. Se trata de la licencia de construcción de Tía María, que debería darse antes del 31 de julio que vence la vigencia del estudio de impacto ambiental de ese proyecto, y la inclusión en el Plan Nacional de Competitividad de un conjunto potente de reformas laborales y tributarias que permitan incluir en la legalidad formal a muchísimas empresas y trabajadores hoy excluidos y que permitan su crecimiento económico, hoy reprimido.

La primera decisión tendría el valor simbólico de señalar que el Estado peruano se decide a desarrollar el enorme potencial minero que tenemos y que puede convertirnos en un país desarrollado, y que empieza a crear las condiciones para ello. Es decir, que empieza a tener la madurez suficiente para manejar procesos que permitan la inversión asegurando los derechos de todos.

La segunda indicaría que hemos empezado un proceso para cerrar la mayor desigualdad estructural y social existente el país: la que separa a los formales integrados al mundo moderno, de los informales e ilegales arrinconados en los márgenes del desarrollo y la legalidad.

Sobre la decisión de otorgar la licencia de construcción a Tía María ya nos explayamos la semana pasada en este mismo portal. Respecto de lo segundo hay que decir que el Estado peruano ha agotado ya todas las instancias de diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), y no ha sido posible conseguir la participación ni el aporte de las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza. Por lo tanto, es necesario tomar una decisión ante un tema que tiene que resolverse si queremos volver a crecer con oportunidades para todos.

El proceso comenzó a mediados del año pasado con la pre publicación del “documento de política”. En el Objetivo de Política Nº 5, orientado a “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, se identificaron con claridad los problemas e implícitamente las soluciones:

• El Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores.
• El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México): 50.3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador mientras que Colombia es el 30.4%, Chile el 15.8% y México el 21.1%.
• En el Perú la indemnización por concepto de despido injustificado es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México)

Ese documento de política, luego de recibir comentarios, se convirtió en la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, aprobada por decreto supremo el 31 de diciembre del 2018. El problema es que la “Política…” diluyó y relativizó el diagnóstico que estaba en el documento de trabajo llegando a decir que en realidad la solución no pasa por reducir esos costos no salariales porque ya tenemos regímenes especiales menos onerosos y no han resuelto el problema, una falacia que ya desbaratamos en un artículo anterior.  

La CGTP no se presentó

El hecho es que las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza, protestaron porque no habían sido consultadas para la elaboración del Objetivo de Política Nº 5, y se retiraron, una vez más, del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), pese a que el mencionado capítulo no contenía propuesta de cambio alguna. El presidente de la República las invitó a Palacio y allí les solicitó que se reincorporen para discutir precisamente ese capítulo, que se decidiría en el CNT, y se dictó un decreto para disponerlo así.

El pasado jueves 30 de mayo se llevó a cabo la reunión del CNT en la que los sindicatos y los gremios empresariales debían presentar sus propuestas finales respecto del Objetivo de Política Nº 5, pero las centrales no se presentaron. Si hubieran tenido propuestas y argumentos, habrían asistido. No lo hicieron. El gobierno, entonces, tiene el camino libre para incorporar en el Plan Nacional de Competitividad que se apruebe próximamente las reformas necesarias para desentrampar el mercado laboral e incorporar a los marginados.

Los gremios empresariales, en cambio, habían unificado posiciones y presentaron un documento completo que incluye no solo propuestas relativas a la regulación de las relaciones laborales sino otras para resolver problemas de desnutrición y anemia, educación, educación tecnológica, condiciones para la inversión y el crecimiento de las Mypes, simplificación administrativa y análisis de impacto regulatorio de las normas que emite el Estado, extensión de régimen agrario y exportador, etc.

La importante propuesta de Macroconsult

Macroconsult, por su parte, con el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima, formó un equipo liderado por Elmer Cuba y Claudia Cooper que elaboró una muy bien pensada propuesta de formalización laboral y tributaria que también ha sido elevada al gobierno. Dicha propuesta tiene como concepto central cambiar el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Así, en lo laboral se plantea un régimen general único basado en una escala gradual de ampliación de beneficios en función del tamaño del sueldo, tal como podemos ver en el siguiente cuadro, que compara al régimen actual de la microempresa con la escala que se propone, hasta llegar al régimen general actual que sería la última escala de un régimen general gradual:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Lo interesante es que la unidad de ampliación de beneficios ya no es la empresa según su número de trabajadores, sino la persona misma, el trabajador, en función del tamaño de su remuneración. Eso implica que en una misma empresa podría haber varios regímenes o escalas o que en una empresa con muy pocos trabajadores pero de servicios profesionales bien remunerados, sus empleados estarían en la escala más alta, por ejemplo.

La propuesta incluye la idea de que cuando el trabajador pasa a la segunda escala (salario entre 1,500 y 2,500 soles), la empresa empieza a pagar a Essalud aunque solo 6%, pero el trabajador no perdería el acceso al SIS, que es más valorado por su prontitud en la atención que Essalud. De esa manera, al mismo tiempo, Essalud tiene un nuevo ingreso sin que tenga que dar el servicio.

La propuesta implica que cuando una empresa crece no pasa de un régimen a otro incrementando sustancialmente los costos no salariales del trabajo, sino que estos se incrementan gradualmente en la medida en que suben las remuneraciones de sus empleados. Pero mejor aún sería plantear una escala de ampliación de beneficios más continua, con rangos más pequeños.  

Evidentemente, sin embargo, el límite al potencial formalizador de esta propuesta y de cualquier otra, está en el nivel relativamente alto del salario mínimo que, según cálculos del IPE, es superior al salario promedio en el sector informal. Se constituye, entonces, en una barrera absoluta a la formalización. Dicho salario no debería ser subido hasta que técnicamente su nivel se adecúe a la realidad del mercado laboral y permita la formalización de los trabajadores sin derechos.

Ahora bien, la propuesta laboral facilitará el crecimiento de las empresas ya constituidas formalmente y evitará la informalización del trabajo dentro de ellas. Pero la gran mayoría de empresas es informal, informal tributariamente, o está en regímenes como el RUS que disfrazan la informalidad o se usan para sacarle la vuelta al fisco. En ese sentido, para facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas formales, Macroconsult plantea suprimir los regímenes especiales (parte del RUS, RER, Mype tributario –RMT-, régimen general) y reemplazarlos por un régimen general único gradual y progresivo, algo que siempre hemos demandado en Lampadia. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Esto supone mantener el RUS con un techo más bajo y solo para casos especiales (mercados de abastos y bodegas), que las personas naturales que usan RUS deban migrar hacia el impuesto a la Renta de personas naturales, que las personas con negocios que usan RUS y las que tienen RER y RMT deban migrar al Impuesto a la Renta de tercera categoría progresivo, y que las personas con negocios deben registrarse como persona jurídica. Todos los individuos tendrían que emitir una declaración jurada obligatoria. Por supuesto, la Sunat ayudaría con una contabilidad progresiva.

Nuevamente acá la escala podría ser más continua, para eliminar al máximo los saltos. Y, de hecho, una escala como esta ayudaría a la formalización y el crecimiento  empresarial. La masificación de los comprobantes electrónicos haría todo esto posible.

Las propuestas de Lampadia

Sería conveniente que el gobierno analice esas propuestas y las compatibilice con las que formuló el Consejo Privado de Competitividad en relación al mercado laboral, e incluya también las que hemos discutido en Lampadia en un taller en el que participaron Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Germán Lora, Jorge Toyama y Pablo Bustamante, que adjuntamos al presente. En dicho taller se elaboró una lista mínima de reformas:

• Cambio de criterio del Tribunal Constitucional, limitando la posibilidad de reposición a despido nulo, conforme a ley (posición de magistrado Sardón de Taboada). O, en su defecto, modificación de artículo 27 de la Constitución Política de 1993, fijando la indemnización por despido arbitrario como mecanismo protector frente al despido, abriendo la posibilidad de reposición únicamente para despido nulo (hay un proyecto de la congresista Letona en este sentido).
• Modificación del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, permitiendo pactar la Remuneración Integral Anual (RIA) sin que exista un límite mínimo de remuneración (2 UIT es en la actualidad) para ello (salvo la RMV).
• Considerar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) solo como seguro de desempleo. Establecer un tope de 6 sueldos en la cuenta de trabajador. Llegado a dicho tope, el empleador no tiene obligación de seguir haciendo depósitos. Esa cuenta solo podrá ser abierta por el trabajador cuando esté desempleado. No se podrá hacer retiros parciales.
• Mejorar la regulación del tiempo parcial: aumentar número máximo de horas trabajadas a la semana a 30 horas. Modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será trabajo a tiempo parcial el trabajo realizado en menos de 24(30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.
• Aprobar la ley de empleo juvenil.

Fuera de eso, en Lampadia hemos desarrollado una propuesta clave indispensable para formalizar la economía y el trabajo y resolver el problema pensionario:

• Que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado.

El gobierno está ante la responsabilidad histórica de incorporar en el Plan Nacional de Competitividad estos y otros cambios orientados a modernizar la legislación laboral, tributaria y social para hacerla más inclusiva y más adaptada a la cuarta revolución industrial que se nos viene, y a la que no podremos sobrevivir si es que no actualizamos nuestro marco regulatorio. De paso propiciaría una gran revolución: la que haga posible reducir sustancialmente la gran desigualdad estructural de nuestro país, que es la que excluye al sector informal emergente de la formalidad y el crecimiento económico. Lampadia

La victoria de Jair Bolsonaro en los recientes comicios electorales por la presidencia de Brasil ha mejorado sobremanera las expectativas -tanto del ciudadano brasilero de a pie como de los inversionistas extranjeros.

Reflejo de ello, fue que, apenas se dieron a conocer los resultados electorales en octubre, el valor del real dio un salto en el orden del 7%, alcanzando niveles máximos desde mayo del presente año, y el Índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) tuvo un rendimiento del 3%, un máximo histórico.

En este escenario, sin embargo, es menester señalar que sobre él y sobre su actual ministro de economía, Paulo Guedes, recae una enorme responsabilidad, una verdadera reforma del sistema de pensiones, que como veremos a continuación, tiene fuertes implicancias en los altísimos niveles de gasto gubernamental y de deuda pública en este país.

Resulta fundamental analizar esta problemática dado que se asemeja mucho a la que se da con la ONP y Pensión 65 en el Perú. Las soluciones brasileñas podrían ser de mucha utilidad para la evolución de nuestro actual sistema de reparto.

Actualmente, Brasil gasta el 12% de su PBI en el pago de sus pensiones, un porcentaje que es superior al promedio de la OCDE, ubicado en 8%. Ha sido tal el crecimiento de este concepto de gasto que ha pasado a ser el principal determinante del aumento de la deuda pública, cuya proporción, como porcentaje del PBI, pasó del 52% a finales de 2013, al 74% en la actualidad. Peor aún, de no llevarse a cabo una reforma que lidie con esta explosión del gasto, pronto este porcentaje podría llegar al 90% al 2050, según proyecciones de la OCDE.

Guedes ha propuesto la creación de un modelo de capitalización individual con una edad de jubilación mínima–como el empleado en nuestro país con las AFP con jubilados que cobren pensiones de sus ahorros acumulados mientras trabajaban.

No es coincidencia que nuestro país adolezca del mismo problema con su actual sistema de reparto, la ONP y Pensión 65. Según estimaciones del IPE, la ONP cuenta con una deuda traída a valor presente cercana a los 100 mil millones de dólares, monto que representa el 50% de nuestro PBI a valor corriente.

Ello significa que muchos de los aportantes a la ONP no van a poder disfrutar de una pensión, hecho que se agrava aún más si consideramos que tienen que haber aportado por lo menos 20 años para disfrutar de este beneficio.

Y es que el problema de todos los sistemas de reparto a nivel mundial, a diferencia de aquellos con capitalización individual, es que se constituyen como esquemas tipo Ponzi, en donde se tiene una alta dependencia de los aportes de una población joven, que con el pasar de los años se hace cada vez más pequeña, para el mantenimiento de la población mayor.

Esto inevitablemente genera enormes huecos fiscales, conforme envejecen las sociedades, los cuales, en algún momento, pasan factura a los gobiernos, quienes tienen que extraer más impuestos para hacer frente a sus obligaciones con los pensionistas.

En el caso del Perú creemos que la solución del tema pensionario debe venir acompañada por el aumento de la cobertura de los afiliados. Esta puede hacerse, usando una parte del IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones.

Como explicamos en Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo , esta política no solo fomenta la formalidad, sino que además permite una mayor recaudación impositiva, lo cual es fundamental para lidiar con los problemas de deuda pública y de déficit fiscal.

Con ello en mente, aprovechamos en hacer un llamado a nuestras autoridades competentes para la implementación de esta medida. ¡Nuestros pensionistas no pueden esperar más! Lampadia

Ver líneas abajo más detalle sobre las propuestas de Jair Bolsonaro y Paulo Guedes en torno a la reforma de pensiones en Brasil:

Hacer o romper
Bolsonaro debe enfrentar el gasto descontrolado en pensiones

Si lo controla, dará forma a su presidencia y al futuro de Brasil.

The Economist
13 de diciembre, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

“No podemos salvar a Brasil matando a las personas mayores”, dice Jair Bolsonaro, el próximo presidente de Brasil. Se refiere al principal problema de política pública del país: un proyecto de ley de pensiones que consume más de la mitad del presupuesto federal y crece cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación. No es el único de la nueva administración que expresa ambivalencias y falta de sentido de urgencia.

Sin embargo, muchos apuestan que Bolsonaro actuará rápidamente para resolver un problema que acosa a Brasil durante años. Aunque el optimismo viene más por la elección de Paulo Guedes como ministro de economía, egresado de la Universidad de Chicago.

El presidente saliente, Michel Temer, logró algunas reformas fiscales, en particular, un tope en el gasto federal y recortes a los préstamos subsidiados. Pero las pensiones lo derrotaron.

Dado que Brasil tiene reservas de divisas saludables y una de las tasas de inflación más bajas durante décadas, el progreso no depende de los mercados o las instituciones financieras globales, sino de los políticos en Brasilia. Eso es alentador y preocupante.

El sistema de pensiones brasileño

• El esquema de gobierno para los trabajadores del sector privado está fuertemente subsidiado.
• El esquema del sector público es aún más generoso.
• No es raro que los funcionarios públicos se retiren a los 50 años con el sueldo completo.
• El 41% de los beneficios de pensión van a la quinta parte más rica de los brasileños y el 3% a los más pobres.

Pero una población que envejece significa que el sistema es insostenible.

• En el 2000, había ocho trabajadores por cada jubilado.
• Para el 2060, solo habrá dos.

El gobierno gasta el 12% del PBI en pensiones, en comparación con un promedio del 8% en los países ricos de la OCDE.

Las pensiones han jugado un papel importante en el aumento de la proporción de la deuda pública como porcentaje del PBI que pasó del 52% a finales de 2013 al 74%. Sin reforma, pronto podría pasar el 90%.

Propuestas para una reforma

Muchos esperaban que, antes de asumir el cargo, Bolsonaro podría hacer que el Congreso saliente aprobara una reforma de pensiones, estancada, que fue introducida por Temer. Aunque eso no se logró, el nuevo presidente aún puede revivirlo el próximo año.

Dicha propuesta mantiene el sistema de reparto, en el que los trabajadores actuales apoyan a los jubilados actuales, pero se implementa una edad mínima de jubilación y un período de contribución mínimo. Ahorraría 400 mil millones de reales ($ 100 mil millones) en la próxima década.

Otros abogan por un mayor radicalismo. Durante la campaña, Guedes propuso un modelo de “capitalización”, con jubilados que cobren pensiones de sus propios ahorros acumulados mientras trabajaban.

Pero recientemente Bolsonaro ha hablado de “dividir” la reforma en etapas, comenzando por introducir una edad mínima de jubilación. Y el Congreso puede diluir cualquier esquema más, como lo hizo con Temer. Pero incluso las reformas más completas que se están considerando no resolverán todos los problemas fiscales de Brasil.

La gran pregunta es si Bolsonaro puede alinear al Congreso. Su Partido Social Liberal tiene poco más de una décima parte de los escaños, y dice que no atraerá a los legisladores de la manera brasileña habitual, es decir, comprando fiestas con gastos de barril de cerdo y nombramientos para ministerios de altos gastos. En lugar de eso, planea negociar tema por tema con grupos de interés de todos los partidos, como evangélicos, personas de línea dura de seguridad y agricultores. Eso puede no funcionar.

Bolsonaro fue elegido con una plataforma de abolición de privilegios.

El nuevo equipo económico está comprometido con la reforma y las condiciones son favorables, dice Eduardo Guardia, el ministro de finanzas saliente. Pero dice, “Hay riesgo de ejecución”. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si no supiéramos que es el ministro de trabajo el que habla, tomaríamos a broma lo que dice. Ni le haríamos caso. Pero como es el ministro de Trabajo, y entonces no queda sino preguntarnos qué espera el gobierno para cambiarlo.

La entrevista que acaba de dar, en Gestión (27-9-18) se titula: “Yo discrepo de que exista una rigidez laboral en el Perú”. Es una afirmación que dejaríamos pasar porque no valdría la pena perder el tiempo contestándola, si no fuera –repetimos- porque quien la afirma es el ministro de trabajo. Es imposible que no sepa que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 que interpreta el artículo 27 de la Constitución en el sentido de que no basta la indemnización para proteger adecuadamente a un trabajador del despido, sino que es posible la reposición en el puesto de trabajo. Y que esa es la razón por la que muchas empresas no contratan de manera indefinida a sus trabajadores sino solo con contratos temporales, que también tienen un límite en el tiempo. Pues nadie se arriesga a no poder reducir personal cuando bajan las ventas.

El laboralista Jorge Toyama explica que es más fácil liquidar a una empresa que despedir a un trabajador, debido a la rigidez de la regulación laboral. “El Perú es uno de los pocos países donde existe reposición, indemnización por daños y perjuicios, seguros de desempleos y CTS juntos. Es necesario una reforma”, dijo en la SNI.

El ministro da algunos argumentos, pero incomprensibles. Pues solo con galimatías se puede negar o minimizar lo evidente. En realidad, no argumenta. Palabrea, dice cosas sin sentido. Discrepa de que haya rigidez laboral, porque:

“no es un tema que debe ser visto únicamente desde la óptica de la economía. No creo en los reduccionismos económicos. La óptica de analizar las relaciones de trabajo tiene que ir de la mano con los criterios valorativos, los criterios de la mejor manera de pensar una solución política a esos problemas complejos”.

¿Ud. entendió algo? ¿Qué tienen que ver los criterios valorativos con la solución política? ¿De qué está hablando? Y si una empresa no toma decisiones racionales desde el punto de vista económico, no sobrevive. Obviamente no contrataría trabajadores formalmente si ante una reducción de la demanda, de las ventas, de aquello que produce, no puede reducir el número de dichos trabajadores. Por el contrario, si tuviera flexibilidad y pudiera crecer y contratar sin temor, a la larga habría más demanda de trabajadores y los salarios subirían solo por esa razón.

Quizá lo que está diciendo es que, si queremos flexibilizar, hay que ver la manera política de hacerlo.  ¡Ojalá fuera! Su siguiente respuesta da una pista algo más clara. Dice:

“La estabilidad no solo debe ser vista como un sobrecosto, ni el seguro social o las contribuciones que paga un empleador… Enfocarlas únicamente como un sobrecosto es perder de vista que son sistemas de protección”.

Nos vamos acercado. Allí quizá delata su clientela. Pues la estabilidad laboral absoluta implícita en la sentencia del TC es un mecanismo de protección, sí, a los relativamente pocos que tienen contrato indefinido de trabajo, a quienes el ministro ha defendido como abogado privado. Pero, en esa misma medida, condena a la desprotección a la mayoría de trabajadores que no pueden acceder a un contrato formal de trabajo. Y no solo por eso, por supuesto. La gran mayor parte de las micro y pequeñas empresas, que es donde está gran parte del empleo también, no puede contratar formalmente ni siquiera a plazo fijo porque el salario mínimo es muy alto en comparación al salario promedio nacional y es aún más alto que los ingresos de muchísimos informales. Suena bonito defender un salario mínimo alto, se consigue aplausos de la galería y de los sectores protegidos, pero es sumamente irresponsable porque se expulsa a las grandes mayorías a la informalidad sin derechos, al reino de la explotación pura.

El ministro en buena cuenta defiende la explotación en este mercado de trabajo rígido y normativamente oneroso. Y lo hace enarbolando la protección de los trabajadores. ¿Cuándo vamos a acabar con esta hipocresía cínica que solo sirve para mantener a las mayorías en el estancamiento y la indefensión?

Lejos de eso, reincide. Afirma: “En el Perú no existe la estabilidad absoluta”. Lea por favor la sentencia del TC. Pero lo increíble es lo que agrega:

“Lo que yo creo es que la estabilidad es un problema dentro de un conjunto de problemas del mercado de trabajo”

¡Bravo! Reconoce que es problema, aunque uno más dentro de un conjunto de problemas. Sería un buen comienzo para empezar a trabajar si no fuera porque lo que agrega a continuación revela que no ha entendido nada. ¿Cuáles son para él esos otros problemas?:

“Uno de ellos es el exceso de la contratación temporal, y el otro es la debilidad de la libertad sindical”

¡Pero si esos dos problemas son justamente consecuencia del primero, de la sentencia del TC del 2001! Esto ya lo demostró hasta la saciedad Miguel Jaramillo. A partir de ese año se produce un salto dramático en el incremento del número de contratos fijos y una caída igualmente dramática en el número de contratos indefinidos o permanentes, de modo que ahora, estos últimos, cuya cantidad era algo superior a la de contratos temporales, en la actualidad alcanza casi al ¡80%!

Por supuesto, los negacionistas argumentaron que la contratación temporal venía subiendo desde 1991, pero Jaramillo demostró con este gráfico que dicha contratación, que estaba en niveles muy bajos, creció naturalmente luego de las reformas de 1991, que abrieron nuevas modalidades contractuales, pero luego de 1996 la contratación temporal se estanca en alrededor del 50 por ciento, e incluso ya empezaba a bajar, hasta que se da la sentencia oscurantista del 2001, cuyo efecto es abrupto e innegable para cualquiera que tenga honestidad intelectual.

Menos aún se quiere reconocer que la expansión desmedida de los contratos a plazo fijo afecta la tasa de sindicalización, porque los empleados temporales son mucho menos proclives a inscribirse en un sindicato. Esa sentencia, pues, ha ayudado a precarizar aún más el trabajo y la propia sindicalización.

Por eso, lo inteligente de parte de la CGTP y de sus abogados como el ministro Sánchez, sería procurar el cambio de esa sentencia para incrementar la proporción de contratos permanentes y ampliar por esa vía la base sindical en el país, que hoy es ridículamente baja, apenas algo más de 5% en el sector privado. Si el ministro quiere abogar realmente por la sindicalización y por el empleo adecuado con derechos, pues debe liderar la reinterpretación adecuada del artículo 27 de la Constitución y proponer un conjunto de reformas que ayuden a flexibilizar el mercado laboral de modo que haya más trabajo formal mejor remunerado para todos y que podamos proteger al trabajador, no al puesto de trabajo.

En una economía crecientemente liderada por la cuarta revolución industrial, en permanente evolución tecnológica, no se puede defender los puestos de trabajo, que pueden quedar obsoletos más temprano que tarde a la vez que aparecen nuevos puestos y funciones. De lo que se trata es de proteger al trabajador para que pueda pasar de un trabajo a otro reciclándose y capacitándose permanentemente y pueda sostenerse durante los meses de desempleo. En una economía dinámica y flexible habría mucha más inversión y mucho más empleo y, por lo tanto, salarios mucho más altos.

Estas son, en realidad, verdades de Perogrullo, salvo para el ministro de Trabajo. Por eso hay que repetirlas una y otra vez porque sigue prevaleciendo la frivolidad facilista de escudarse en palabras vacías de contenido para defender un statu quo que frena al país y excluye a la mayor parte de peruanos del derecho a crecer en empleos formales cada vez mejor remunerados, y que solo beneficia a los abogados que viven de él porque ni siquiera es bueno para los trabajadores “protegidos” por ese régimen, que hoy estarían percibiendo ingresos bastante mayores y participando en estructuras sindicales más amplias si tuviéramos un mercado laboral dúctil y expansivo.

No podemos seguir eternamente escamoteando la realidad solo para defender posiciones personales, en perjuicio del desarrollo económico y social del país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este juego irresponsable? ¿Cuándo vamos a hablar con la verdad y tomar las decisiones que de ella se desprendan? Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En la entrevista que le da al diario El Comercio el domingo pasado, el ministro de Trabajo, Christian Sánchez usa enrevesados tecnicismos filosóficos que algunos han confundido con chistes o bromas, para no decir con claridad lo que realmente piensa: que el mercado laboral peruano no tiene un problema de rigidez ni de costos legales onerosos que expulsan a la informalidad, sino de productividad y de falta de persecución ministerial. No hay reformas que hacer. 

El periodista le pregunta: ¿Pero también hay otros problemas como la informalidad?, y el ministro responde una frase críptica: “Este es un problema del sector trabajo con el mercado de trabajo”. Pero luego agrega algo que significaría lo contrario: “La primera (línea) es no mirar solo al sector trabajo, porque, lamentablemente, cada vez que entraba un ministro de Trabajo que era laboralista miraba al Viceministerio de Trabajo y olvidaba al Viceministerio del Empleo”.

Se infiere de esta parte de su respuesta –no de la primera- que el problema de la informalidad no está en el mercado de trabajo, sino que se resolvería con buenos programas de empleo. Afirma que los programas de empleo que hay en el ministerio podrían juntarse en un solo programa potente orientado al acceso de los jóvenes al empleo. ¿Con programas de empleo se va a resolver los altos costos no salariales del trabajo que impiden la contratación formal de los jóvenes (y de los no jóvenes también)?

Como ese tema no le interesa, confiesa honestamente que no conoce el proyecto de ley de fomento de empleo juvenil que el ex ministro Grados envió al Congreso, que hasta ahora no se discute porque la izquierda que maneja la comisión de Trabajo, no lo pone en agenda. Pero más adelante, sin embargo, recoge la idea central de ese proyecto de ley, ¡pero aplicada solo al Estado! Revela que tanto la CONFIEP como los trabajadores “están dispuestos a que el Poder Ejecutivo pueda discutir incentivos tributarios y algunas herramientas que permitan contratar jóvenes al mercado de trabajo”. Propone dar cuotas y bonificaciones para los jóvenes formados en los concursos de la ley del Servicio Civil (¡qué bien, eso sí, que promueva la reforma del servicio civil. Ojalá tenga apoyo político). Pero, por favor, el 90% del empleo lo genera el sector privado, no el público.

Luego saca una nueva idea: atacar la informalidad con lo que llama “una caja de herramientas”. ¿Qué herramientas hay en esa misteriosa caja? No lo dice. Queda claro, sin embargo, que no entiende la pregunta acerca de que “para el PBI per cápita que tenemos en el Perú, la informalidad laboral es muy alta y esto producto de la rigidez en la legislación laboral”. Repite la pregunta en lugar de responder. Ni acepta que la informalidad es muy alta ni que hay demasiada rigidez. Luego da la impresión que él piensa que hay informalidad por la baja productividad más que por los sobrecostos laborales (él los llama así, no el periodista)

Es más, sugiere que una reducción de los costos no salariales no funciona porque no ha funcionado con las microempresas (sin decir que la remuneración mínima vital es muy alta para las microempresas, que no la pueden pagar, y que formalizar implica reconocer derechos anteriores, algo inviable).

Y acerca del estudio de Miguel Jaramillo que demuestra que la proporción de contratos a plazo fijo se incrementa aceleradamente luego de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2001 que restablece en buena cuenta la estabilidad laboral absoluta, responde así: “Las teorías de la causalidad, en el mundo, en la filosofía, te dicen que para seleccionar una causa en fenómenos complejos se tiene que pasar por una prueba ácida, y parte de esta es el contrafáctico. Hay estadística de que apenas entra en vigor el Decreto Legislativo 728 y sus contratos temporales empieza a subir la contratación temporal. Aparece la sentencia, en un segundo momento y la contratación temporal sigue subiendo, esto es un problema contrafáctico, porque antes de la sentencia ya venía subiendo la contratación temporal”.

Con palabras técnicas extraídas de la epistemología y la filosofía (sic), explica que en realidad esa tendencia comenzó antes. Le resta importancia a la sentencia del TC, que es la causa principal de que tengamos una de las legislaciones laborales más rígidas del planeta. “Híper-rígida” la ha llamado el ministro de Economía. La verdad, sin embargo, es que efectivamente la proporción de contratos a plazo fijo se incrementó en alguna medida luego de las reformas económicas de los 90, pues antes las modalidades temporales estaban limitadas, lo que era hasta cierto punto coherente con una economía híper protegida con aranceles incluso infinitos para los productos importados. Pero abierta la economía, era indispensable flexibilizar el mercado de trabajo. Eso se hizo en alguna medida en los 90 creando modalidades temporales, aunque se subieron notoriamente los costos no salariales del trabajo. Pero la gran inflexión se produjo a partir del 2002, cuanto el TC dispone que la reposición en el puesto de trabajo es una manera de proteger al trabajador del despido. Es decir, se restablece la estabilidad laboral absoluta de la época de Velasco.

Si fuera realmente defensor de los derechos de los trabajadores, se preocuparía de que más trabajadores se formalicen para que accedan a derechos. Se preocuparía de cambiar la interpretación que el TC ha hecho del artículo 27 de la Constitución a fin de que se invierta la tendencia y volvamos a la época anterior al 2002 cuando la proporción de contratos indefinidos era mayor, lo que, dicho sea de paso, favorecería la sindicalización y, por lo tanto, la negociación colectiva. La interpretación del TC cuyo efecto nocivo él desconoce, es la causa de una vigencia cada vez menor del movimiento sindical en el sector privado. Sería bueno que aproveche su orientación profesional pro sindical para recuperar condiciones para la ampliación de la base sindical en el país. Aunque sea por interés propio.    

Pero no. Para él la abrumadora mayoría actual de los contratos temporales se debe a factores de “productividad, bajos niveles de comunicación, falta de una política estatal y potenciar este ministerio para que investigue”. “Potenciar este ministerio para que investigue”. Eso es en el fondo de la cuestión. Perseguir. Lampadia

“El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú”

Elmer Cuba señala que el nuevo gobierno podría llevar a cabo una gran reforma laboral en el país si es que el mandatario así se lo propone

Entrevista a Elmer Cuba, Director del BCR y socio de Macroconsult
Jaime de Althaus
El Comercio, 02 de abril de 2018

En esta entrevista, el director del BCR Elmer Cuba, quien esta semana estuvo voceado como uno de los posibles candidatos al MEF, explica algunos de los retos que tiene en materia económica el nuevo gobierno.

— Podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas si no hubiera habido todo ese entrampamiento político que ha detenido al país el último año y medio. ¿Hemos superado este entrampamiento político?

Sí, podríamos estar yendo al doble de velocidad. Hoy día el Perú está yendo a 2,5% de PBI, podíamos estar yendo a 5%. ¿Por qué no hemos ido a 5%? En parte, por toda la crisis política y, en parte también, por el tema Lava Jato, su mal manejo, y, en parte, por errores de política económica. Tampoco se salva Kuczynski en esto. Entonces, ¿qué puede cambiar ahora? Bueno, el choque externo sigue siendo positivo, el tema Lava Jato comienza a desenredarse con la nueva ley que reemplaza al 003, que es una mejora sustancial, y este arreglo político que era lo que todo el Perú esperaba hace año y medio entre dos grandes agrupaciones que pensaban muy parecido en lo económico, a diferencia de la izquierda que tenemos. Uno observa ahora una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora falta saber cuáles serán las primeras medidas tributarias y de gasto público del nuevo ministro de Economía.

— Bueno, se dijo que Elmer Cuba iba a ser el ministro de Economía, pero ha sido vetado por Juan Sheput, por Violeta, por sectores antifujimoristas en las redes…

Sí, seguramente… Mira, nunca me llamó nadie del Ejecutivo en verdad, o sea que ha sido una hipótesis manejada por las redes sociales. Es lamentable que el odio sea transitivo: que por haber colaborado en la segunda parte de una campaña política, en la parte económica, la gente ya te comience a golpear más allá de tus propios méritos personales. Pero, desde donde uno esté, tiene que colaborar con ideas.

— ¿Y qué es lo que habría que hacer para recuperar la economía?

La primera medida de política económica no es propiamente macroeconómica, sino simplemente el arreglo entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto, por sí solo, ya es positivo, en términos de una paz política por lo menos de 12 a 24 meses antes de la siguiente campaña electoral del 2021. Esto va a hacer que muchos empresarios desempolven sus proyectos que están listos, que los han guardado por esta incertidumbre. Porque el Perú es una economía muy dinámica. Incluso en la desaceleración, le hemos sacado un punto a todos los países. Además, el Perú ha sido capaz de procesar en democracia un cambio de presidente y además está metiendo a otros presidentes presos. Eso no ocurre en México o en Argentina. Eso es algo positivo más bien, nos estamos graduando como un país que es capaz de juzgar a autoridades.

— Pero tenemos un déficit fiscal…

Sí, y hay que atacarlo. Pasivamente no se va a cerrar. Es preocupante porque es un déficit de 3 puntos de producto y el Perú recauda solo 13 puntos de producto. O sea, no es que el Perú recaude 40 puntos de producto como un país europeo que tiene déficit de 3.

— Pero los ingresos fiscales están subiendo de manera sostenida desde octubre…

Han comenzado a subir efectivamente y la buena noticia es que van a ser mayores por el lado de la minería. Las principales empresas mineras han aumentado sus utilidades casi entre 50 y 100%, que no es poco, y eso va a hacer que cuando se regularice, salte la recaudación. Pero aun así no es suficiente, hay que hacer más cosas para controlar la evasión de IGV y renta que en los últimos dos años es mayor que en la década anterior.

— ¿Cómo?

Hay que identificar cuáles son los focos principales de evasión. Yo creo que están básicamente en el Impuesto a la Renta de empresas medianas, que tienen doble contabilidad e informalidad.

— ¿Por qué ha caído la recaudación?

Primero, por el error de bajar las tasas del Impuesto a la Renta a las personas y aumentar la parte no imponible. En el Perú somos 16 millones de trabajadores y solamente declaran impuestos 3 millones, pero pagan 1 millón. Los otros 2 millones son formales, pero no pagan porque están exentos, porque ganan poco. Recién a partir de 20 mil soles al año comienzas a pagar Impuesto a la Renta. Entonces solamente un milloncito paga y a ese milloncito de personas que sí pagan, digamos los profesionales del Perú, les han bajado los impuestos. Una cosa insólita.

— ¿Habría que subirles nuevamente esos impuestos?

Yo creo que sí. Es volver a lo que teníamos en el 2014. Además ocurre que las empresas se mudan a régimen mype para pagar solo 10% de impuestos contra 29,5 del régimen general. Hay que volver a los regímenes de renta previos al 2014.

— En realidad pagan 10% solo por las primeras 15 UIT de utilidad, lo que permite un incremento gradual. ¿Propones eliminar el nuevo régimen mype, que está diseñado precisamente para hacer un tránsito más gradual, sin salto mortal, al régimen general?

Hay que repensarlo antes de saltar al vacío. Habría que optimizar el RER y el RUS.

— Pero, ¿cómo optimizas RER y RUS? Son sistemas para dar apariencia de formalidad a la informalidad. No pagan IGV. No entran a la cadena tributaria. Están hechos para fragmentar empresas y evadir.

Con las tasas y simplicidad. En un híbrido entre la informalidad y la formalidad. La heterogeneidad productiva obliga a eso.

— La ex ministra Cooper propuso simplificar los regímenes tributarios unificándolos en uno solo, eliminando el RUS y el RER, acompañado esto de la digitalización de los comprobantes. Para que todas las empresas ingresen a la cadena tributaria, del IGV…

No hay estudios concluyentes que digan qué método es mejor, porque el aparato privado peruano es muy heterogéneo y quizá habría que mantener regímenes especiales por un buen tiempo, pero que suavicen el paso de un escalón al otro. Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías dos mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco…

— No sería infranqueable si la Sunat te hace la liquidación de impuestos, y al deducirte el IGV terminas pagando menos, que es lo que ocurriría según Claudia Cooper…

Ahí actuamos a ciegas, a diferencia, por ejemplo, del Midis, que tiene la Enaho, con la que mapean la pobreza para hacer políticas sociales. Nos falta conocer realmente las mypes, no las hemos censado, no las seguimos con encuestas, no sabemos cómo acumulan, cómo quiebran, cómo se endeudan, cómo pagan impuestos, cómo contratan. El nuevo ministro tendría que hacer una comisión especial en doce meses con los mejores expertos nacionales e internacionales en el tema para resolver este asunto. No podemos enfrentar bien la informalidad en todas sus dimensiones laborales, tributarias y sobre todo del sector, porque no la conocemos bien. No sabemos cuál ha sido su génesis. En cada sector la causa puede ser distinta. De repente la causa de la informalidad en el sector ‘retail’ al por menor, es la ley laboral. Pero la causa de la informalidad minera sería la ley minera que obliga a que el pequeño tenga un EIA o el cierre de impacto ambiental…

— En el tema laboral es fundamental eliminar la estabilidad laboral absoluta…

El tema es más complejo. Somos 16 millones de trabajadores; solamente 3 millones son formales. El TC, con su sentencia del 2001 que restableció la estabilidad absoluta, indujo a que 2 de esos 3 millones pasen a contrato a plazo fijo, y solamente un millón en contrato indefinido, cuando antes de esa sentencia era al revés. Pero ese problema, que hay que resolverlo con el TC o con el Congreso, va a mejorar la vida solamente de los 3 millones de formales que pasarán más fácilmente a contratos indefinidos…

— Pero también es una barrera a la formalización, ¿no? Muchas empresas no formalizan por temor a no poder desvincular cuando es necesario…

Sí, pero en el caso de las pequeñas y medianas no formalizan sobre todo por los sobrecostos laborales, por los mal llamados derechos laborales que encarecen la formalidad. Por eso hay otro milloncito de trabajadores informales en empresas formales. Ya de ahí para abajo, el tema laboral ya no es laboral, es empresarial. Va a ser imposible que una empresa que es informal per se, tenga trabajadores formales. Estamos hablando ya de 3 millones más, que son trabajadores informales en empresas informales. Entonces ahí la respuesta es: primero formalizas la empresa. El tema es más tributario, y más relacionado con la legislación de cada sector: qué se le pide a la señora que hace galletas, por ejemplo. Y, fuera de estos, los que están en la cola ya son otros 3 millones de independientes –una exageración–, que no tienen jefe ni declaran renta: el gasfitero, el taxista, el cuidador del edificio, el limpia autos, el reciclador, el estibador de mercado… Para no hablar del pequeño agricultor altoandino. Lo más fácil, aunque parezca mentira, es cambiar la sentencia del TC. Lo otro es más complejo. Es la gran reforma laboral de este país.

— ¿La podría hacer el presidente Vizcarra?

La puede hacer si la quiere hacer. Tiene todo para hacerlo. Es un cambio de Gobierno, que tiene ciertas ventajas porque tiene una oposición que no puede ser oposición. Él tiene una cosa importante: su poder de renuncia. El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú si quiere hacerlo o simplemente administrar la cosa esperando que pase el tiempo hasta el 2021.

— ¿Qué efecto va a tener esta alza del salario mínimo?

Si tú me dices, “dame una medida para aumentar la informalidad laboral”: sube el mínimo. Si quieres aumentarlo ya con daños severos, mortales, ponlo en 1.500 soles. Ahorita la mediana de ingresos en el Perú es 900 soles, la mediana. De esos 16 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 900 y hemos puesto el mínimo en 930. Por encima de la mediana, de locos. El mínimo está totalmente pervertido. Ya no es el mínimo, es la mediana. Es un enemigo de la formalización.

— ¿Debería haber dos salarios mínimos: uno para la micro y mediana empresa y otro para la mediana y grande o no debería haber simplemente salario mínimo?

El mínimo debería ser mínimo. Deberíamos dejarlo ahí que pernocte varios años para que realmente sea mínimo. Una vez que sea mínimo, lo indexamos al IPC y a la productividad de ese segmento de bajos ingresos formales. Lo central acá es la productividad laboral.

— Entonces, ¿cómo haces para subir la productividad laboral?

¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía subcapitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

“No sería fácil políticamente eliminar las exoneraciones”

Si los cines no pue- den ganar vendiendo canchita, no va a haber más inversión en cines…

Así es. Esos microrretrocesos, si los juntas, son el principal enemigo de la inversión. Es clave pensar que cada movimiento regulatorio puede tener un daño. Si sumas esas pequeñas cosas, los peruanos nos vamos a entrampar y vamos a perder la batalla. Y lo otro son los costos de transacción por el lado legal judicial. Si la justicia es lenta o corrupta, aumenta también el riesgo de invertir, no te devuelven nunca algo. La tasa de interés en el Perú es alta en parte por el riesgo de cobranza a ese señor que te engañó. Y los que recibimos un crédito pagamos ese sobrecosto.

Se estaría trabajan- do con el Congreso la vieja idea de eliminar exoneraciones. Según el MEF, hay 16 mil millones de soles al año de beneficios tributarios…

Mira, para el mismo MEF, de esos 16 mil, solo 11.600 serían factibles en el corto plazo. Pero no sería fácil políticamente eliminarlas. Por ejemplo, la exoneración más grande, de 1.900 millones, es la del IGV a la educación: habría que cobrar IGV en los colegios, en las universidades o en los institutos. La siguiente es la intermediación financiera, es decir, los créditos, exonerados también del IGV, y la tendencia mundial es a no cobrar IGV para eso. El tercero es la exoneración del Impuesto a la Renta natural para la CTS. Debería pagar, pero habría resistencia. También tienes la devolución anticipada de IGV, que tiene sus ventajas. Y el drawback, que es bien ideologizado, pues si no hay aranceles para importar no debería haber drawback (devolución), que es un subsidio a las utilidades de los exportadores no tradicionales. Y, por último, está el sector agropecuario, que paga solo 15% de Impuesto a la Renta contra 29,5% que pagan todos los demás. ¿Ese ‘boom’ agroexportador va a llegar a su fin si pones el impuesto donde debería estar o hay que dejarlo ahí 15 años más? Esas seis son el 80% de las exoneraciones. Lampadia

La semana pasada, el presidente Emmanuel Macron, superó su primera prueba importante como reformadordesde que asumió el cargo en mayo. Firmó cinco decretos sobre las regulaciones laborales de Francia. Las nuevas reglas, discutidas anticipadamente con los sindicatos, limitarán los pagos de los despidos denominados injustos, y permitirán a las empresas libertad para contratar y despedir trabajadores y para llegar a acuerdos sobre las condiciones de trabajo.

Como muestra el gráfico anterior, los franceses habían perdido en bienestar versus sus pares. Algo que permitió el volteretazo político de la elección de Macron, que incluyó la tomadel control de la Asamblea.

Los decretos ya se han convertido en ley, aunque no surtirán efecto hasta que se reglamenten antes de fin de año. Los cambios en el código laboral son los primeros en una serie de reformas que Macron ha prometido con el objetivo de revitalizar la economía y reducir el desempleo. Sorprendentemente, las demostraciones contra la reforma, parecen estar amenguando. También hay planes para enmendar los beneficios de desempleo y los sistemas de pensiones.

Tras varias semanas de negociaciones y un centenar de reuniones con sindicatos, el gobierno francés presentó una ambiciosa y amplia reforma de la legislación laboral. El objetivo de la “Ley de refuerzo del diálogo social” es aumentar la flexibilidad del mercado laboral a través de 36 medidas concretas. Una mayor flexibilidad a su vez reducirá el costo de hacer negocios para las empresas y, por lo tanto, aumentar la competitividad y la propensión a invertir. Esta reforma es una piedra angular del plan del gobierno para adaptar la economía francesa, la segunda más grande de la zona euro, a una economía mundial competitiva, globalizada y en rápida evolución.

Macron firma la reforma laboral francesa – Fuente: independent.co.uk

Macron celebró esta ley, afirmando que es “una reforma profunda y sin precedentes del mercado de trabajo, crucial para nuestra economía y nuestra sociedad”. Además, pronosticó que los efectos serían profundos “en el empleo y en particular para los jóvenes y las personas menos calificadas”.

La reforma está respaldada por una fuerte legitimidad de los votantes de las elecciones presidenciales y legislativas, así como de la Asamblea Nacional francesa que autorizó al gobierno a utilizar las ordenanzas para acelerar el proceso. Por lo tanto, el gobierno está cumpliendo con la promesa de reformar la economía francesa lo antes posible. La reforma alentará a los empleadores a incrementar la contratación eliminando aspectos rígidos del mercado de trabajo.

La reforma tiene tres ejes principales, según el Ministère du Travail (Ministerio de Trabajo) de Francia:

1. Las relaciones laborales serán simplificadas. Los empleadores tendrán más libertad para negociar el tiempo de trabajo, los salarios y las horas extraordinarias con menos restricciones de las normas establecidas actualmente. El número de órganos estatutarios que representan a los trabajadores se reducirá de cuatro a uno. Las empresas que empleen a menos de 50 trabajadores, es decir, el 95% de las empresas francesas, podrán negociar directamente con los empleados, sin ningún delegado de un sindicato.
2. El mercado de trabajo será más flexible. El elemento de riesgo financiero y la incertidumbre vinculada a los planes de despido serán minimizados gracias a un menor límite de indemnización otorgado por los tribunales laborales por despido injustificado. Cada empresa podrá contar con un mecanismo de despido voluntario.
3. Francia será más acogedora para los empresarios e inversores. Los tribunales laborales sólo tendrán en cuenta la salud financiera de las filiales en Francia y no los activos de una empresa en el extranjero, al evaluar la importancia de los despidos basándose en dificultades económicas.

Días después, líderes y miembros de sindicatos opositores a la reforma marcharon en ciudades de toda Francia, en protesta, aunque en números mucho más bajos que las protestas similares de una semana antes.

El pasado intento de François Hollande de reformar el código laboral francés provocó grandes protestas y condujo a la ocupación francesa, “Nuit debout” (Noche en pie, en francés). Pero la ley de Hollande, que flexibilizó las horas de trabajo y fue forzada por su gobierno, fue muy modesta en comparación con la de Macron. Macron dice que las reformas son necesarias para hacer la economía francesa más competitiva, atraer a los inversores y reducir la tasa de desempleo del 9.5 %, que se mantiene encima de la media de la eurozona.

Fuente: telesurtv.net

Los sindicatos han calificado las propuestas como la “ley laboral XXL”. Jean-LucMélenchon, líder del partido de extrema izquierda Francia Insoumise (“Untamed France”), los describió como un “golpe de estado social”. Los críticos dicen que las reformas de Macron reducirán significativamente la seguridad en el empleo.

La mirada desde el Perú

Esta revolución planteada por el gobierno francés nos debería hacer reaccionar en el Perú, sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa desprotección laboral del inmenso sector informal. Necesitamos una nueva formalidad, una ‘formalidad incluyente’. (Ver en Lampadia: El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’ y Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad). Nuestras regulaciones laborales y sus impactos en el mercado de trabajo son muy similares a las que Francia se alista a abandonar.

Así como la política peruana siguió a Francia cuando levantaron los muros regulatorios que desincentivaron la creación de empleo, ahora nos toca seguirlos con una reforma efectiva que corrija nuestra rigidez laboral, una de las más extremas del mundo. (Ver en Lampadia: Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses). No sigamos promoviendo los malos ejemplos de los opositores a la reforma francesa, liderada por los jóvenes que no tienen empleo, tal como sucedió el año pasado en el Perú con la llamada Ley Pulpín, lo que determinó que los jóvenes se quedaran sin ninguna protección laboral en el mundo de la informalidad.

Está comprobado que la sobrerregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto, es urgente avanzar en la flexibilización laboral que nos lleve a ‘una formalidad incluyente’. Lampadia

La siguiente reflexión de Peter Sanguineti, que presentamos líneas abajo sobre como tratar el deseable paso entre la informalidad y la formalidad, nos revela una serie de elementos de la realidad de la mayoría de esos peruanos trabajadores a los que no les dimos otra oportunidad de vida.

La idea llevarlos al mundo de la formalidad es hoy día muy necesaria, pero esto debe hacerse rescatando sus capacidades y sus sustentos de vida, sin destruir una realidad que, tal como está definida nuestra profusa y ciega normativa, puede ser incompatible con ella.

Fuente: Instituto Continental

El tema de la formalización es crucial para el desarrollo futuro del país. En Lampadia hemos presentado anteriormente esta realidad en: La Realidad del Perú Informal y el retorno a la miopía. Más recientemente, hemos propuesto ligar este objetivo de formalizar al tratamiento del IGV y el de las pensiones, ver: Sobre formalización, pensiones e IGV. 

Peter Sanguineti

Para Lampadia

Lo que hace décadas era un tema tabú deliberadamente soslayado en los planes de gobierno, se ha convertido finalmente en una fuente de preocupación ineludible y no es para menos. Se hace indispensable incorporar la economía informal a la formalidad.  Es evidente por tanto que una de las tareas fundamentales del presente gobierno consista en dictar las políticas necesarias para enfrentar este problema del que depende la viabilidad del Perú como nación.

En su habitual columna dominical Richard Webb (Un debate informal) se ha referido a la informalidad desde otro enfoque, haciéndonos notar el error de declarar una guerra contra la informalidad al mirarla desde la perspectiva del blanco puro y el negro puro como si en esta realidad no existiera un sinfín de gradaciones de gris.  

A mi juicio la informalidad no es todo lo malo que los economistas, académicos y politólogos nos quieren pintar. Se trata más bien de la respuesta creativa y pujante de una inmensa mayoría de la población peruana en edad de trabajar que por diversas razones se ha visto marginada por la economía formal. No creo que exista una expresión más cabal de la preferencia de la población peruana por la economía de mercado que la demostrada por los empresarios informales.

Fuente: gestionpyme.com

Sucede que nuestra realidad formal, la oficial, ha optado por mirar a la realidad informal como a un enemigo al que hay que combatir y eliminar. Pero las armas que utiliza para ello consiguen el efecto contrario. Falta inteligencia y empatía. Una manera de comprender uno de los muchos matices de gris de este fenómeno es verlo desde la óptica del empresario informal. En el discurso académico y oficial se lo suele ver como a un delincuente que evade impuestos, infringe las leyes laborales y perturba a la sociedad y por ende hay que castigarlo, reprimirlo y sancionarlo. En este discurso hay cierta tendencia a imaginarlo torpe y menospreciarlo por no acogerse a los evidentes beneficios de la formalidad.  

Pero las aplastantes estadísticas indican que algo no anda bien en el diagnóstico de los que solo ven entre el blanco puro y el negro puro. La propuesta de PPK de rebajar los niveles del IGV para motivar a los informales a dejar la informalidad toca uno de esos matices de gris. Puede ayudar no cabe duda. Pero hay otros matices de gris en mi concepto no menos importantes de observar que separan al empresario formal del informal. Uno de ellos es la excesiva tramitología resultante de un marco regulatorio desproporcionado que bloquea al informal y promueve la corrupción. Urge implantar una auténtica y cabal simplificación administrativa a todo nivel.

Otro de esos matices generalmente ignorado por los analistas y al que me voy a referir es la Contabilidad. La expresión cabal de la formalización es llevar una contabilidad en orden. ¿Qué significa la contabilidad para el empresario informal?

Este empresario sobrevive en base a su esfuerzo e ingenio creativo, a su perseverancia y su instintiva capacidad de hacerse productivo en un medio hostil. Para crecer y desarrollarse contrata al personal que le es indispensable, muchas veces reclutado entre los miembros de su propia familia. Siendo informal, no necesita de la contabilidad tradicional, le basta con un minucioso seguimiento de sus ingresos y gastos. Sin embargo sabe que si algún día se le ocurriese formalizarse necesitará de un contador, el que será su nexo con la formalidad, representada por la SUNAT. Esa condición es un disuasivo para formalizarse ya que si esa vinculación no es positiva el contador será una carga ingrata de sostener. Normalmente las pequeñas empresas informales por su volumen de operaciones no pueden contratar a un contador full time, ergo para formalizarse lo contratará por horas.

Del contador dependerá la presentación oportuna y exacta de las declaraciones mensuales ante SUNAT y eso es algo que el empresario informal rehúye por intuición. Todos los que tienen alguna experiencia empresarial saben de los errores de los que son capaces los contadores. Esos errores se convierten en multas a veces impagables impuestas por la SUNAT y quien paga esos errores no es el contador sino el empresario, que da la cara ante SUNAT.

Es cierto que hay un régimen simplificado (RUS) que exonera a quien allí se inscribe de llevar libros y registros contables, pero no les permite emitir facturas y por ende sus clientes no pueden deducir el IGV. Las personas jurídicas sí deben llevar contabilidad completa aunque la obligación de presentar libros es parcial para los de menores ingresos. Lo cierto es que luego de varios años de la aplicación del RUS la informalidad continúa rampante.

La necesidad de un contador público resulta ineludible para el informal que busca formalizarse. La tramitología engorrosa y la necesidad de conocer de Windows, manejo del internet, Office, Excel y dominio de computadoras y conocimientos de la contabilidad por partida doble (libros Diario, Mayor etc.) le impide resolver este requisito formal por sí mismo. Su tiempo está dedicado a producir, a ver no solo el hoy, sino el futuro; el contador se dedica a ver el pasado, a registrar los hechos contables ocurridos en su empresa. El empresario informal tiene demasiadas otras cosas de las que ocuparse.

Hace poco vimos en un programa dominical un caso que grafica esto y que lamentablemente no es una excepción sino la regla. Un modesto ganadero informal de Cajamarca es empujado por la empresa lechera que le compra a formalizarse a fin de descontar el IGV de sus facturas. Contrata a un Contador, quien para mala suerte comete un error en una de sus declaraciones ante la SUNAT la que le impone una multa de S/. 80,000.00 que para él, con una venta bruta mensual de no más de S/.10,000 resultó descomunal e impagable. Trató de razonar con la SUNAT, quien le dijo que como requisito previo para revisar su caso, debía primero pagar la multa.

Asombrado por esta absurda lógica (pero infortunadamente usual) de la implacable SUNAT, acude al poder judicial de Cajamarca donde le dan la razón, pero la SUNAT, con todo el poder que tiene, apela ante varias instancias en un proceso que por lo difundido en ese reportaje televisivo lleva más de 9 años mientras le ha congelado sus cuentas e hipotecado su casa. Angustiado y con su vida familiar rota el reportaje televisivo daba cuenta de que ahora la multa era de S/. 200,000 por los intereses acumulados.

La experiencia de este humilde empresario es expresión de una cruda realidad. Fue manifiesta su indignación cuando resaltó la injusticia de su caso frente a empresas multinacionales que deberían miles de millones al fisco y no son tocadas por la SUNAT debido a su enorme peso específico en la sociedad y su capacidad de defenderse con poderosos estudios de abogados. Desigualdad inaceptable ante la ley.

Mientras un informal que se formaliza sea tratado como un delincuente será un ejemplo para todos los informales de lo hipócrita de un sistema que busca formalizarlos para someterlos a un sistema de recaudación injusto y prepotente. Un cambio de visión estratégica frente a este problema es urgente. El empresario informal debiera merecer todo el respeto posible porque tiene la grandeza de procurar empleo al 70% de la población peruana, siendo que en la práctica constituye un colchón que asegura la paz y la tranquilidad en un país por ahora incapaz de ofrecer puestos de trabajo formales a toda su población.

Se necesita una nueva cultura que valore la recaudación pero simultáneamente reconozca el valor del empresario informal en nuestra economía. Una idea sería invitarlo a formalizarse pero desde una perspectiva de genuina empatía con su situación, que sienta que se le toma en cuenta con respeto. Ello sería un paso fundamental para incorporarlo sin trampas ni emboscadas propias de un sistema punitivo y abusivo.

Una medida práctica seria permitirle deducir el IGV en sus operaciones.  Semejante respetuosa invitación supone un esfuerzo de dos vías, tanto de la formalidad como del lado de la informalidad. Tal vez para ello se deba crear una SUNAT 2, una filial o subsidiaria de la SUNAT 1 a crearse con la finalidad de acoger transitoriamente a los informales en un entorno tributario menos severo y con una filosofía de transición –más tolerante– mientras se le educa y capacita en sus obligaciones tributarias y contables.

Con este aprendizaje en dos vías, por un lado, el gobierno que honra la palabra empeñada e invierte en infraestructura física y social y, del otro, el informal que ingresa a la formalidad, se logrará una relación win-win en la que el informal, al ver que su esfuerzo se traduce en mejoras concretas en su nivel de vida, se sentirá más comprometido moral y socialmente en contribuir con sus tributos al gobierno. Este es tan solo uno de los aspectos de gris en este complicado fenómeno de la informalidad pero que merece una mirada particular si se desean resultados concretos.

Lampadia 

(Shhh, ¡Cuidado, de eso no se debe hablar!)

Uno de los temas principales en la agenda pendiente del Perú, para promover el empleo de calidad y superar la informalidad, que condena al 70% de los trabajadores, a vivir sin derechos laborales efectivos, es la normativa laboral. Nuestras regulaciones laborales inhiben la formalización del trabajo y, contrariamente, a los considerandos con que se fue creando, solo favorece a los pocos que tienen trabajo formal y, de facto, es elitista y está representada por cúpulas sindicales, como la CGTP, que solo pueden hablar en nombre de una ínfima proporción de trabajadores.

El arreglo de esta situación conlleva el tener que enfrentar una reforma laboral  que despercuda nuestras normas de sus estipulaciones fariseas e hipócritas. La manipulación populista de este tema ha llegado a tal nivel de penetración, que durante la reciente campaña electoral, ninguno de los candidatos se atrevió a tocar el tema por miedo a recibir un ‘bullying’ político y mediático.

Esta situación de inconsecuencia llega a tal nivel, que en el pasado mes de abril, cuando el gobierno socialista francés planteo una reforma laboral modernizante, la noticia no fue difundida por los medios nacionales, con excepción de Lampadia (ver: Reforma laboral francesa: flexibilidad o más desempleo). Solo cuando las protestas de los jóvenes franceses tomó cuerpo, algunos medios reportaron los desmanes.

Todo esto ejemplifica, una vez más, la debilidad de nuestra clase dirigente y la falta de líderes visionarios que muestren tercamente el camino de la prosperidad.

Según el World Economic Forum, por las normas de contratación y despido, el Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral en el mundo; ocupamos el puesto 14 de 144 (donde el primero es el de mayor rigidez). Como afirmó Iván Alonso en La reforma laboral (Comentado por Lampadia): “¿Qué aspiración al desarrollo podemos contemplar si nuestro sistema laboral es más rígido y menos propicio para la creación del empleo formal que en todos los países desarrollados que integran la OECD? ¿Qué Alianza del Pacífico queremos forjar si el Perú tiene los costos no salariales y costos para el despido mucho mayores que en Chile, Colombia y México?”

Una reciente publicación de EY titulada Guía de Negocios e Inversión en el Perú (publicada en nuestra sección documentos), describe en una de sus secciones los principales elementos de nuestra legislación laboral, los cuales analizamos líneas abajo.

Contratación

Se da mayormente mediante contratos a plazo indefinido, y otorga al trabajador todos los derechos y beneficios laborales creados por la profusa normativa (ver líneas abajo).

Además de regímenes especializados para ciertos sectores, existen otros dos tipos de contratos: a plazo fijo y a tiempo parcial. El primero es por un periodo en particular y también cuenta con todos los beneficios, mientras que el segundo es de a lo mucho cuatro horas a la semana en promedio y no cuenta con el beneficio de indemnización por despido arbitrario ni compensación por tiempo de servicios (CTS) y solo cuenta con 6 días laborables de vacaciones anuales.

En el caso de los extranjeros, se dan las mismas opciones, pero, adicionalmente se requiere que sus contratos sean aprobados por el MTPE con la estipulación de ‘calidad migratoria habilitante’. Esto podría ser más complicado de lo que parece. Por ejemplo, gracias a la Ley Universitaria (Mora – Saavedra), para ser profesor universitario, es obligatorio tener una maestría con 48 créditos y haber culminado con una tesis.  El problema es que en el extranjero, muchas maestrías solo tienen 24 créditos y no necesariamente requieren de tesis. Ergo: un escondido mecanismo de protección para evitar la competencia de extranjeros que perjudica al objetivo del sistema educativo: el estudiante. (Una maestría de la Universidad Alas Peruanas permite la docencia, pero una del MIT, Yale o Harvard, no).

Beneficios Laborales

Estos beneficios son un gran dilema para la formalización del empleo. El exceso de beneficios y la obligación de que se apliquen uniformemente, sin tomar en cuenta diferencias de tamaño y productividad de las empresas, inhibe su aplicación en el llamado sector informal. El conjunto de estos derechos laborales crea grandes sobrecostos. Según Alonso, “sumando las gratificaciones, CTS y otros beneficios, y dividiendo entre los 12 sueldos por año, se llega a la conclusión de que hay unos sobrecostos del orden del 50% o 60%”.

Despido

El mayor inconveniente de las regulaciones radica en el costo de despido, que en teoría es de 1.5 remuneraciones por año trabajado hasta un tope de 12 remuneraciones.

Pero, más allá del costo monetario, está la ‘suerte de estabilidad laboral absoluta’ que se ha ido generando como producto de fallos de la Corte Suprema y del Tribunal de Garantías Constitucionales. Éstos llevan a tener que hacer reposiciones que desconocen la realidad económica de las empresas, destruyen la productividad y hasta, en instituciones como la Policía Nacional, por orden judicial, se obliga a reponer a elementos separados por actos delincuenciales. En este caso, se ha llegado a judicializar la disciplina en las Fuerzas Policiales.

Tributos y aportes que gravan las remuneraciones

El empleador asume la responsabilidad de retener y pagar el impuesto a la renta de sus trabajadores, monto que dependerá del ingreso anual del mismo. Además, el empleador asume el pago de los siguientes elementos:

El ‘Valle de la Muerte’

Tal vez el mayor escollo para la formalización, mayor al tributario, es el laboral, pues los fiscalizadores laborales pueden exigir compensaciones y multas hasta por los diez años anteriores. El resultado de esta eventual carga es de tal proporción, que de aplicarse efectivamente ‘quiebra’ a la empresa es lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a una categorías de mayor tamaño y formalización). Ver en Lampadia: Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad.

Por eso es que el Perú no tiene muchas empresas medianas. Las que se atreven a hacer la transición mueren y, las demás se inhiben de formalizarse.

Como hemos reseñado líneas arriba, el Perú es uno de los países de mayor rigidez laboral del mundo. Lo que es más, durante los últimos 15 años hemos transitado de regreso a la estabilidad laboral absoluta, uno de los grandes frenos a la creación de empleo formal y de calidad. Una afrenta injustificable e hipócrita que afecta a los trabajadores más humildes y más necesitados de una protección laboral adecuada y efectiva.

¿Quién le va a poner el cascabel al gato?

La reforma laboral ha devenido en ser un acto de justicia social y por lo tanto debiera ser afrontada con realismo y responsabilidad, tal como ha tenido que plantear el gobierno francés, otrora modelo de políticas populistas que solo generaron a los galos, desempleo y pérdida de competitividad. Esperamos que el nuevo gobierno esté a la altura de las verdaderas demandas sociales. Lampadia

La migración es una constante de la historia humana que ha producido muy importantes avances en el desarrollo de muchos países, sin embargo no se reconoce su naturaleza positiva y hasta las naciones que nacieron de la migración, hoy la combaten, la limitan y hasta la vilipendian.

Así sucede en EEUU, donde se llega a separar familias que deben dejar a sus hijos al cuidado de algún burócrata, o en las campañas políticas con gente tan despreciable como Donald Trump. También se manifiesta en Europa donde hace falta más sensibilidad humana con los pobres africanos que huyen del hambre y de la guerra. En el Perú, la migración del campo a la ciudad que empezó en los años cuarenta, ha sido finalmente, una fuerza telúrica que ha transformado de raíz la estructura de nuestra sociedad. Más recientemente, tenemos el vertiginoso crecimiento de la nueva clase media peruana, producido en los últimos 25 años, como una expresión del encuentro entre la migración y la liberación de nuestra economía (ver en Lampadia: El libro blanco de la nueva clase media). 

La migración interna del Perú, ese proceso de olas sucesivas de pobladores andinos a la costa del país, principalmente a Lima, es quizá el fenómeno más importante e integrador que ha sufrido el Perú. Como señalaba el gran historiador Jorge Basadre, es “la única revolución verdadera”. Hacia mediados de 1940, dos tercios de la población habitaban en la sierra, pero hoy el Perú Urbano concentra cerca del 80 % de la población. En el camino se produjo lo que José Matos Mar denominó “Perú criollo”, u “oficial”, como lo calificó Hernando de Soto, para fundar el Perú de hoy, heterogéneo, pujante, creativo y clase mediero, como lo describe Rolando Arellano. (Para otros, solo informal).

Simbólicamente este proceso (Matos Mar), empezó, en Lima cuando “La mañana del 24 de setiembre de 1946, el cerro San Cosme fue ocupado por un centenar de personas, en su mayoría provincianos comerciantes de La Parada, quienes arguyendo no tener dónde vivir, con banderas peruanas en mano, instalaron esteras y declararon que se constituían en una asociación de vivienda. El gobierno democrático de Bustamante y Rivero consintió el hecho y, con ello, dio nacimiento a la primera barriada del Perú. A partir de entonces, el fenómeno se expandiría y se haría explosivo”.

Como explica Matos Mar, el fenómeno continuó hasta bien entrado los años noventa. “En todo este lapso se identificaba barriada con pobreza extrema. Hoy la pobreza extrema casi ha desaparecido de Lima y ciertamente las barriadas que llegaron a 400 a fines del siglo XX lograron predominar en 29 distritos de los 49 que tiene la metrópoli Lima-Callao y se convirtieron en distritos; luego, esos distritos formaron conos. Hoy, por sus dimensiones demográficas y geográficas y por su peso social y político, esos espacios se han constituido en tres nuevas Lima”. 

No se puede dejar de asociar a este fenómeno, que se profundizó desde los años 60, el apagón productivo y de inversiones que duró hasta el año 90. No solo se inhibió la producción y la inversión; con el estallido del terrorismo asesino, el Estado se retiró paulatinamente de más de la mitad del territorio nacional. Sin empleo y sin Estado, solo quedaba más migración.

Hoy se puede decir que el resultado fue exitoso. Que es una historia con final feliz, pero este camino fue sumamente complicado. Como señala, Rolando Arellano, el estudioso que mide y caracteriza la nueva estructura social del país, la migración no fue un acto irracional, caprichoso o instintivo sino un acto puramente racional. Los campesinos estaban convencidos de que su situación iba a cambiar, que iban a mejorar. Su meta era superarse.

Como señala el ‘Otro Sendero’, los migrantes descubrieron que el sistema no estaba dispuesto a admitirlos, que los obstáculos eran cada vez más grandes y que las puertas se cerraban. Entonces hicieron lo único que les quedaba a fin de sobrevivir: se convirtieron en informales.

La informalidad, el desarrollo de mercados al margen del país oficial, fue la forma que hallaron para desarrollarse, para conseguir trabajo, vivienda, transporte y servicios que el Perú formal les negaba. Su tesón, emprendedurismo y capacidad de ahorro los llevó a crear una economía sumamente vigorosa en la que la creían firmemente y en la que imperaban las reglas del libre mercado, pues el Estado se hallaba ausente o, como ahora, imponía trabas para el desarrollo. Estos empresarios modernos entienden que para progresar es necesaria la libertad y ahora, comprenden también, que la democracia es el mejor sistema de gobierno.

“El Perú [recién] empezó a reconocer a sus informales como potencial clase media tras enterarse de que representaban más del 60% de las horas-hombre trabajadas, que operaban el 85% de la flota de transporte limeña, que todas sus viviendas eran privadas”, se indica en el ‘Otro Sendero’.

Este reconocimiento por parte del Perú formal aún no ha concluido. Los migrantes no solo han cambiado “el paisaje urbano [Lima], sino también crean un vigoroso circuito económico de servicios, que amplía el mercado interno, constituyen una constelación policlasista formada por pequeños y medianos empresarios, autoempleados y trabajadores eventuales, y forjan una identidad propia que rescata su raigambre serrana y asimila la influencia cultural occidental”, sostiene Matos Mar (ver en Lampadia: La realidad del Perú informal y el retorno de la miopía). 

“Estas nuevas mayorías han crecido lejos de las clases altas. No han dependido de ellas como en Chile, donde la riqueza se ha creado de arriba abajo. Aquí la riqueza se creó abajo porque los de arriba no se metieron en esos sectores. Los conos fueron ignorados ¿Por qué van a aspirar a ser lo que no conocen?”, pregunta Arellano. Ver en Lampadia: No era chorreo, eran manantes.

Además de la migración interna, el Perú ha sufrido una sangría inmensa con el alejamiento del país del 10% de nuestra población. 3’000,000 de peruanos viven en el exterior y su buen comportamiento (en su gran mayoría) es un grito que muchos no quieren escuchar, los peruanos no somos seres despreciables que no respetan la ley y no tienen cultura. ¡Lo que está mal no es el hombre, es el sistema!

La recuperación económica y social del Perú, de los últimos 20 años, ha parado esta sangría, que en algún momento provocó que el 87% de nuestros jóvenes pensara migrar al exterior. Analizaremos este aspecto en un próximo artículo.

Esta auténtica revolución, parafraseando a Jorge Basadre, ha sido enormemente positiva para este país, desarrollo de una nueva clase empresarial enormemente competitiva que exige reglas claras, que cree en la libre competencia y las reglas de mercado. Ha incluido el país y generando un potente mercado interno. Pero sobre todo hoy el país está más integrado y socialmente unido. Lo que falta es redefinir la formalidad para que ese nuevo país se integre totalmente y salga de la informalidad. Lampadia

La desaceleración de la economía peruana es cada vez más pronunciada. Como hemos señalado (ver en Lampadia (L): Hay que prender el motor de la inversión privada), esta se debe en gran medida por la caída de inversión privada y  pública que el año pasado tuvieron un ratio negativo de 1.6% y 3.6%, respectivamente. El freno de la inversión privada se debe en gran medida a que varios proyectos del clave sector minero y de infraestructura no salieron.

Una demostración de que la inversión privada ha caído es que, “las expectativas empresariales se han deteriorado dela mano de la fuerte desaceleración económica. La prueba más palpable de esta situación es que el número de empresas cerradas ha llegado a su mayor nivel desde que se tiene registro.El año pasado se cerraron 163,729 empresas, 6.7% más que en el 2013, en una coyuntura de menor demanda tanto interna como externa, según el boletín “Demografía Empresarial en el Perú”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Pero fue hacia el cuarto trimestre del año en que se llegó al punto más álgido,con hasta 46,370 empresas dadas de baja, lo que representó un 58.6% más que en el mismo periodo del 2013”, según Gestión.

Habría que hacer notar que los “sectores más vulnerables al cierre de empresas fueron el comercio al por menor (17% del total de bajas en el último trimestre), seguido de comercio al por mayor (16.6%), servicios prestados a empresas (14.7%) y otros servicios (12.5%)”. Este golpe se ha sentido mayormente en Lima que concentra el 44.3% del total de compañías desaparecidas. Las regiones parecen haber soportado mejor esta situación aunque las más golpeadas,entre ellas, son “Arequipa (5.3%), La Libertad (5.2%), Cusco (3.8%) y Junín (3.6%), zonas donde se registra un alto dinamismo empresarial”.

La situación económica, como no podía ser de otra manera “afectó el ritmo de creación de empresas.El año pasado se registraron 262,973 firmas nuevas en todo el país, un 8.2% menos que durante el 2013”. Esta situación está, indudablemente, afectando la creación de empleo.

Asimismo, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas, trata de dejar más dinero en  manos de los ciudadanos y empresas, la Sunat hace lo contrario, al crear mayor rigidez para los procesos de fraccionamiento de las deudas tributarias. Esto obliga, como hemos señalado, a que muchas empresas cierren, despidan trabajadores o terminen informalizándose. Además, la Sunat está restringiendo los gastos que se pueden imputar como descuentos fiscales, con lo cual, se retira, adicionalmente, más caja a las empresas.(Ver en Lampadia: El MEF y la Sunat tiran de la cuerda en distintas direcciones).

En el tema laboral, una primera reforma podría ser el evitar lo que Pedro Olaechea llama “el valle de la muerte”, que es el abismo en que cae una empresa que decide formalizarse. El problema es que una vez formalizada es posible de que una eventual inspección laboral termine acotando a la empresa multas y recargos por los incumplimientos laborales en que incurrió mientras era informal. Como es fácil de entender, las eventuales cargas pueden ser tan onerosas que ninguna empresa se arriesga a pasar por el proceso. Las más ingeniosas abandonan su RUC y empiezan a trabajar con uno nuevo. Pero eso crea otros problemas y costos. ¿Cómo hacer? Pues, mediante cierto compromiso de la empresa, se le debería eximir de los eventuales cargos, estableciendo un plazo límite para que estas se acojan a una promoción práctica de la formalidad.

En cuanto a la Sunat, esta debiera desandar sus recientes acciones para dificultar los fraccionamientos. Además, cómo cualquier acreedor bancario, no debiera limitar la posibilidad refinanciar las pérdidas de fraccionamientos, una y otra vez, cobrando algo de cuotas iniciales cada vez que el deudor tributario necesite refinanciar. De lo contrario, si los deudores no cuentan con recursos suficientes para pagar de una sola vez el íntegro de sus deudas, no les queda otra alternativa que volverse informales o quebrar.

En las actuales circunstancias, es necesario que se haga una estrecha coordinación del objetivo de las normas del MEF, el Ministerio de Trabajo y la Sunat para establecer un período de facilitación de la formalización laboral y tributaria. Lampadia