Últimamente, he visto varias publicaciones y exposiciones que afirman que, si queremos tener una mente abierta y no ser represivos, debemos celebrar los conflictos mineros y tomarlos como una oportunidad de cambio social positivo. Afirman que, si no aceptamos a los conflictos mineros como algo positivo, somos insensibles ante las brechas sociales, supuestas causas de los conflictos, y estamos faltando el respecto al derecho de las personas a protestar libremente. La realidad es que esta idea, del conflicto como oportunidad para el cambio social, es elitista hacia la población rural y poco realista hacia las consecuencias de los conflictos.

El conflicto es una actividad compleja, difícil, costosa y peligrosa para quien la realiza. Sufren los involucrados y, muchas veces, sufren aún más sus esposas, hijos, y demás familiares. Para quienes capitalizan con los conflictos, obteniendo riqueza, prestigio social, o beneficios políticos, estos son costos colaterales necesarios para su progreso personal o político. Para la mayoría de los involucrados en los conflictos, estos son costos reales que afectan a todos, pero que benefician sólo a unos pocos. No debe sorprendernos que estos últimos justifiquen sus intereses presentando los conflictos como positivos para el bien común.

Los entusiastas de los conflictos podrían argüir que, si los conflictos tienen costos y riesgos, ¿por qué la población se involucra en ellos? En realidad, la población solo se involucra en un conflicto cuando asume que no tienen otra opción, cuando cree que la sociedad no le ofrece ningún otro camino, sea para defender sus condiciones de vida o para obtener un beneficio económico de las empresas mineras o del gobierno.

La habilidad de los promotores de conflictos sociales consiste justamente en convencer a la población local que involucrarse en un conflicto social es la mejor o la única forma de defender su dignidad y sus condiciones de vida, y abrirse una ruta de progreso. Es decir, la habilidad de los promotores de los conflictos está en manipular las creencias de la población, llamado por ellos de imaginario colectivo, inventando o exagerando los riesgos ambientales, como en Tía María y Cajamarca, o promoviendo y legitimando acciones violentas de extracción rentas como en Las Bambas. Lo que se observa en los cientos de conflictos mineros que ocurren en Perú, sean pequeños o grandes, es una combinación de temores ambientales, expectativas de extracción de rentas e intereses políticos como las reales motivaciones, detrás de los discursos cargados de acusaciones y resentimientos.

Quienes promueven o se entusiasman con los conflictos pueden estar ligados a sus beneficios, pero no a sus costos. Los promotores de los conflictos se han vuelto alcaldes, gobernadores y congresistas, o han hecho buenos negocios, y quienes se movilizaron en los conflictos han perdido muchos días de trabajo y han pasado por riesgos y momentos muy difíciles.

Aunque no lo digan en forma explícita, muchos creen que, más allá de sus costos, si la población logra sacar alguna ventaja de las empresas mineras por medio de los conflictos, entonces los conflictos se justifican. La población es pobre, las empresas son ricas, entonces si logran que las empresas les entreguen parte de su riqueza, aunque sea bajo la amenaza de acciones violentas, la sociedad peruana se haría menos desigual. En esa lógica, si con la extorción se logra la redistribución, entonces los conflictos tienen un efecto positivo sobre la desigualdad. Los que piensan así dicen que los conflictos no son negativos sino oportunidades de cambio social positivo (reducción de la desigualdad), y por ello deben ser motivo de celebración. Desde esta visión, los conflictos son una oportunidad y una manera adecuada para avanzar hacia un mayor grado de distribución de rentas y empoderamiento para las comunidades en el entorno de las actividades mineras. Este interés político opaca su visión para entender lo que sucede en la realidad.

Usar los conflictos sociales como oportunidades de transformación social tiene varios problemas:

1-Se basan en la manipulación.  En la mayoría de los casos, para inducir a la población a asumir los costos y riesgos de movilizarse en un conflicto, se requiere asustarla exagerando algún daño real o propagando rumores sobre algún daño catastrófico en sus medios de vida, especialmente respecto el agua, y/o la presentación de alguna reivindicación económica muy significativa (pedir millones al gobierno o a la empresa minera). Las personas, que no son activistas anti-mineros, no interrumpen sus labores diarias para involucrarse en un conflicto si no tienen un motivo dramático. Los promotores de los conflictos, entonces, necesitan construir esa justificación dramática. Para ello, trabajan en forma complementaria con algunas organizaciones anti-mineras que se encargan de elaborar estudios “técnicos” que den apariencia de seriedad y credibilidad a los rumores, y así fortalecen la propagación de los temores. Para reforzar las apariencias, es común que las organizaciones anti-mineras difundan testimonios de algunos individuos “agraviados”, seleccionados, para incrementar el impacto emocional.

2-Se alimentan de la impunidad. Los conflictos mineros, tal como se realizan actualmente, incluyen la violación de derechos ajenos (empresas y otros grupos de la población) y el uso de violencia no armada (bloqueo de pistas, destrucción de maquinaria, incendios, etc.). Para hacerlo, los promotores de los conflictos buscan alejar la presencia de los organismos encargados de defender el Estado de Derecho (policía, fiscalía, jueces, etc.), y crear “zonas liberadas” de la presencia del Estado. Así ellos generan las condiciones para imponer sus propias reglas sociales y para hacer uso de la violencia impunemente. Los pacíficos son más del 95% de los manifestantes, y los violentos no pasan de una pequeña, muy pequeña, minoría. El problema es que esa pequeña minoría puede hacer daños inmensos en poco tiempo y la movilización crea el contexto para la acción de la minoría violenta. En los últimos años, ningún actor que llevó a cabo acciones de violencia en los conflictos sociales fue condenado, alimentando la idea de la impunidad para la violencia.

3-Desperdician el canon. Mientras la población está involucrada en conflictos con las empresas mineras, el canon minero, es decir, el aporte del 15% de las ganancias de las empresas mineras, entregada a las regiones y municipios para su desarrollo, es mal utilizado o literalmente saqueado por autoridades locales, disminuyendo así su efectividad en la creación de las condiciones para que el desarrollo regional sea más inclusivo. Mientras la minería entregaba a Cajamarca S/.4.440 millones para su desarrollo, los recursos eran robados o mal utilizados y la región marchaba hacia el último puesto, en cuanto a tasa de pobreza nacional. ¿Qué han hecho las autoridades Cajamarquinas con el canon? En la práctica, la conflictividad minera ha facilitado la acción de las autoridades corruptas. Distraídos con los conflictos, y en medio de un discurso de polarización social, nadie supervisó el uso de los miles de millones del canon. Para los líderes corruptos de Cajamarca, los conflictos sociales representaron una gran oportunidad de cambio.

4-Alimentan la cultura de la extorsión. En países, como el Perú, en que el Estado tiene serias limitaciones para garantizar el imperio de la ley, la extorsión es un fenómeno común (las ciudades de la costa norte del Perú dan una idea de los niveles a que puede llegar la extorción). La creación de un ambiente de conflictividad en el entorno de la minería favorece que algunos grupos se dediquen a la extorsión, es decir, a la creación de conflictos con el propósito de obligar a las empresas a entregarles beneficios especiales como requisito para seguir operando. ¿Por qué los entusiastas de los conflictos evitan o minimizan hablar de la cultura de la extorsión en la conflictividad minera? Sería bueno contar con un estudio serio sobre qué proporción de los conflictos mineros se deben al temor ambiental y a las iniciativas de extorsión. Los resultados pueden ser sorprendentes. El caso reciente de Las Bambas es MUY evidente, pero los entusiastas de los conflictos evitan tocar el tema. Para los extorsionadores, los conflictos representan su mejor oportunidad.

5-Son barreras al desarrollo regional. Solo los anti-mineros celebran la paralización de los proyectos mineros y el freno al desarrollo regional. Sin embargo, es mucho más amplio el universo de quienes no entienden como la conflictividad frena el desarrollo regional. Expliquemos un poco. La mejor manera para dinamizar el desarrollo regional es la conformación de una alianza estratégica entre las empresas mineras, las autoridades y empresarios locales, los productores rurales y las universidades. Con una alianza así podrían evitar la corrupción y orientar los miles de millones de soles del canon, generado por la minería, para realizar las obras prioritarias para el desarrollo regional. La conflictividad frena o mata la inversión minera, afecta su rol como dinamizador de la economía regional, reduce o anula el canon minero, limita el beneficio social de la minería a sectores minoritarios y bloquea la posibilidad de establecer una alianza estratégica entre los actores que pueden motorizar el desarrollo regional.

6-Distorsionan el debate. El conflicto legitima agravios que están exagerados o que no se encuentran técnicamente sustentados. Amplios segmentos de la población creen que tendrán afectaciones dramáticas como resultado de las actividades mineras, ese temor puede ser reducido con acuerdos entre las empresas, el estado y la población. Un acuerdo beneficioso para los actores involucrados implica que las empresas mineras compensen adecuadamente las afectaciones que pudieran sufrir sectores de la población, y que el Estado opere como monitor y garante. Para ello se requiere que el sistema de monitoreo sea confiable y capaz de hacer una estimación realista de dichas afectaciones. Si se cree que la minería acabará con la agricultura, envenenará el agua, o afectará toda una cuenca, es imposible que el compromiso de las empresas mineras pueda verse como suficiente, y así se destruyen las posibilidades de llegar a acuerdos duraderos entre empresas y comunidades.

7-Generan zonas de radicalización política. Los conflictos generan condiciones ideales para que las corrientes políticas anti-sistema desplieguen su narrativa. Cuando ocurre un conflicto sus promotores y aliados surgen como voceros calificados y logran acceso gratis a los medios de comunicación para así desplegar una campaña en contra de la minería, promover sus ideologías anti-democráticas, obtener reconocimiento personal, y acceder a puestos públicos. Los resultados de las elecciones nacionales muestran que, en aquellas zonas en que ha habido conflictos mineros, los grupos radicales han obtenido alta votación y tienen una influencia mayor que donde no hubo conflictos. No hay dudas de que los conflictos son oportunidades para quienes quieren cambiar el Perú hacia un régimen autoritario.  Pregunto a los entusiastas de los conflictos, ¿es ese el cambio social que ellos tienen en mente cuando dicen que los conflictos son oportunidades?

Esta lista ilustra el tipo de cambio social que los conflictos provocan, y para hacer pensar a quienes, por interés o por ingenuidad, han asumido que los conflictos son oportunidades de cambio social positivo. No hay dudas de que los conflictos generan cambios sociales, pero la experiencia no indica que esos cambios sean positivos.

Hay, además, algunas preguntas de ética social que necesitan respuestas.

• ¿Por qué creen algunos que la población rural debe progresar vía la conflictividad, y que no le corresponde hacerlo en forma pacífica, como sucede con la mayoría de la población urbana? ¿Creen que los ciudadanos rurales son de segunda categoría?
• ¿Es moralmente adecuado poner en juego las limitadas fuentes de desarrollo de la población rural para que un grupo pequeño se beneficie económica o políticamente, con la justificación de empoderar a la minoría interesada en la conflictividad?
• ¿Por qué contribuir al crecimiento de la extracción de rentas vía conflictos, es decir a la ampliación de la cultura de la extorsión, que beneficia solo a grupos minoritarios y perjudica a rodos los demás, en vez de promover un desarrollo regional inclusivo, institucionalmente ordenado y bajo el imperio de la ley?
• ¿Por qué defender la impunidad de quienes cometen actos de violencia, en vez de condenar a la violencia para así separar la paja del trigo y permitir que los ciudadanos pacíficos puedan manifestarse libremente?

Y para que no digan que estamos hablando en abstracto, quisiera que los entusiastas de los conflictos respondan: ¿Cuál región del Perú ha logrado cambios sociales positivos y ha abiertos caminos de desarrollo compartido en base a los conflictos sociales?

Los conflictos sociales son problemas, y sus consecuencias son negativas, especialmente para la población de las regiones mineras. En vez de celebrarlos, como si fueran oportunidades, lo que hay que hacer fortalecer el marco institucional para que las soluciones sean favorables a la sociedad en su conjunto y no solo a los aventureros y a grupos minoritarios de la población local. Es fortaleciendo el marco institucional y canalizando productivamente los recursos creados por la minería que generaremos verdaderas oportunidades para hacer cambios sociales positivos socialmente amplios y durables. Lampadia

Para resolver la paradoja, observemos las dinámicas de los conflictos socio-ambientales que ocurren en el país. Cada vez que se ha ocurrido un conflicto social ligado a una gran inversión extractiva se puede observar el siguiente patrón:

1. Se dan manifestaciones opuestas con un creciente grado de violencia y repercusión mediática.
2. El Gobierno Central hace uso de las fuerzas de orden con el fin de controlar la protesta.
3. En caso la protesta desborde la capacidad de estas instituciones se entra en una pendiente de violencia y caos que genera costos políticos sobre el Gobierno Central. 
4. En este proceso los opositores al proyecto demandan un diálogo directo con el Gobierno Central siempre apuntando al nivel jerárquico más alto posible, de preferencia el Primer Ministro.
5. Se establecen accidentadas “Mesas de Diálogo” que devienen en áreas de combate discursivo entre quienes defienden y apoyan el proyecto.
6. En caso el costo político infringido al gobierno central sea lo suficientemente alto el Gobierno Central capitula y el proyecto se paraliza.

Previo a este proceso ha existido siempre una larga labor de adoctrinamiento de sectores de la población local en donde la minería es presentada como un peligro para la sostenibilidad de las condiciones de vida de la población local. Además, durante ese período preparatorio esos grupos generan plataformas que le permitan presentarse como representantes de la población local y toman control de componentes de la institucionalidad rural tales como rondas campesinas o juntas de regantes.

En múltiples ocasiones las Mesas de Dialogo promovidas por el Estado Peruano han fracasado completamente, mostrando ser mecanismos inefectivos e incapaces de viabilizar proyectos mineros amenazados por situaciones conflictivas. Lo más sorprendente es que si se diera un acuerdo, esos proyectos podrían generar ingresos fiscales para el Estado, rentabilidad para las empresas, dinamización de las economías regionales, y beneficios económicos múltiples y mejores activos ambientales para la población en el entorno del proyecto.

El enfoque del trinomio (Estado-Comunidad-Estado), hoy predominante en el Perú, deja de lado un factor crítico: los grupos hostiles a la minería. Sucede que las mesas de diálogo no se realizan con la “población,” puesto que no existe un mecanismo práctico mediante la cual la población, como un todo, pueda participar directamente. El diálogo se realiza entonces con un conjunto de dirigentes a los que se les considera como “representantes” de la población: miembros de Frentes de Defensa, alcaldes elegidos con una plataforma anti-minera y ONG’s post-extractivistas. En las propuestas de diálogo promovidas por el Estado Peruano se asume que existe alineamiento entre los intereses de estos grupos “dirigentes” y las aspiraciones de las poblaciones que ellos afirman representar.

Pese a su rótulo de representantes, estos dirigentes, en múltiples ocasiones, rechazan acuerdos en los que la comunidad se vería claramente beneficiada. Es frecuente que ese rechazo sea atribuido a un cierto grado de “radicalismo”, “irracionalidad” o “intransigencia” de estos líderes. Pero, en la mayoría de  ocasiones, estos dirigentes son personas inteligentes y muy astutas, de lo cual es evidencia una habilidad notable para la lideranza de movimientos sociales regionales, que en algunos casos terminan doblegando la voluntad política del Gobierno Nacional, como se demostró en casos como Tambogrande, Conga, y ahora Tía María.

¿Qué explica entonces la intransigencia de estos dirigentes, su negativa a llegar a acuerdos que dieran viabilidad a los proyectos mineros? La realidad es que existe una brecha de intereses entre esos dirigentes conflictivos y la población que afirman representar. Esta brecha se origina en los beneficios que el conflicto les reporta. La explicación es que los dirigentes no enfrentan incentivos para disminuir su hostilidad a las inversiones mineras o hidro-energéticas, y no les importa los efectos que su conducta (paralización de los proyectos) podría terminar reportando sobre la población. Sucede que a la población local puede ir muy mal mientras que a esos dirigentes les puede ir muy bien.

Existen tres beneficios principales derivados del activismo anti extractivo, las “lentejas”, los votos y las donaciones:

a) “Lentejas” (Potencial para la extorsión):  El Proyecto Tía María es un proyecto cuprífero que implica una inversión de 1,400 millones de dólares en las cercanías del Valle del Tambo en la Provincia de Islay Arequipa. Este proyecto ha enfrentado una fuerte resistencia por parte de sectores de la población de Islay la cual ha sido movilizada bajo la consigna “Agro Sí, Mina No”.[2] El conflicto social subsiguiente llevó a 6 muertos y a la paralización del Proyecto. Protagonista de este conflicto fue Pepe Julio Gutiérrez quien fuera Presidente del Frente de Defensa de Valle del Tambo y candidato a Concejero Regional por el Movimiento Tierra y Libertad, liderado por Marco Arana. En su hoja de vida, presentada al JNE,  registraba que sus ingresos provenían de ser agricultor independiente y contador de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo. Gutiérrez se hizo tristemente célebre con la propagación de audios en los que condicionaba el repliegue en las protestas a la entrega de “lentejas”, por un monto de millón y medio sea de soles o de dólares. En el mes de agosto del presente año se le encontró diversas cuentas bancarias con un monto cercano a los 400 mil soles.[3]

La conflictividad social anti-minera ha generado múltiples actores sociales con capacidad de incidir de manera decisiva sobre la posibilidad de ejecución de proyectos con  valor de miles de millones de dólares. A través de conflicto ellos generan una “garita de peaje” a los proyectos, y es difícil de pensar que existiendo semejante oportunidad no traten de lucrar con la misma. Es un secreto a voces que múltiples dirigentes y presidentes de Frentes de Defensa intentan permanentemente obtener recursos de las empresas mineras a cambio de reducir su nivel de hostilidad hacia los proyectos en su entorno.

b) Votos (Posicionamiento electoral). Edy Benavides, oriundo de Bambamarca-Cajamarca y profesor de diversos institutos educativos,  tuvo su salto a la celebridad como Presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Derechos de la Provincia de Hualgayoc – Bambamarca, en radical oposición a la realización del Proyecto Conga.  A nivel local fue célebre su rechazo a la  modernización del, en aquel entonces insalubre,  Mercado Municipal de Bambamarca mediante la modalidad de Obras por Impuestos por parte de Minera Goldfields pues considera que aceptar la colaboración de empresas mineras es una “traición” puesto que estas empresas están “condenando a los Bambamarquinos a una muerte lenta”.

Su postura fue bien recibida por un segmento importante del electorado bambamarquino al ser elegido alcalde de su provincia con el 47% de los votos, durante el presente año Benavides gestionará 17 millones de soles que recibirá su provincia por concepto de canon minero. Benavides no está solo en la lista de presidentes de algún “Frentes de Defensa” que devienen en autoridades elegidas. En el caso de Tambogrande, Francisco Ojeda fue electo alcalde de su distrito y en el distrito de Dean Valdivia, en la provincia de Islay, Jaime de la Cruz Gallegos ganó las elecciones locales.  Frente a semejantes casos existen múltiples dirigentes de organizaciones sociales que consideran que la polarización frente a un proyecto extractivo puede ser la plataforma que necesiten para salir del anonimato y entrar en el ruedo electoral con la imagen de defensor de los intereses del pueblo.

c) Donaciones (Acceso a recursos de cooperación internacional): A finales de 1993 Marco Arana era un joven párroco, cuasi anónimo, de la recientemente creada parroquia “Cristo Ramos de Porcón” en Cajamarca[4], el protagonismo ganado desde entonces en la oposición a Minera Yanacocha ha sido su principal mecanismo de ascenso político y económico.  La ONG que fundó, GRUFIDES, registró ante la APCI entre el año 2012 y el 2014 donaciones  por casi un millón y medio de dólares. Arana ahora es líder de un partido político de escala nacional con inscripción vigente (Tierra y Libertad) y se ha constituido en un referente de opinión en cuanto conflicto social anti-minero relevante exista en el país, teniendo frecuentes apariciones en medios. Sin lugar a dudas, la conflictividad le ha generado grandes beneficios personales.

Un factor común de estos personajes consiste en que sus rutas de ascenso personal se apoyan en la conflictividad misma. ¿Podría Pepe Julio Gutiérrez obtener sus “lentejas” si le decía a la población de Islay que el discurso que detentó durante años era falso y que el Proyecto Tía María no implica la destrucción del valle? Su principal activo personal consistía en haver generado una masa atemorizada que pudiera manipular y con ello tuviera la capacidad de amenaza que le permitiera cobrar “cupo” a la empresa minera. Una Mesa de Diálogo exitosa disiparía el temor, generaría un acuerdo y le quitaría su principal activo para obtener “lentejas.”

¿Edy Benavides podría haber sido elegido alcalde si tras una larga conversación con los técnicos del MINEM se hubiera convencido de que el Proyecto Conga, mediante la construcción de reservorios, incrementaría el suministro de agua para la población y hubiera salido a declarar esto en público? Su victoria electoral se sustentó en el rol que jugó en “la defensa del agua y la vida”.  Si la población de Bambamarca no creyera que la vida y el agua estaban amenazadas, no existiría ningún motivo por el cual los bambamarquinos desearan votar por él, y probablemente hubieran elegido un alcalde que promoviera el desarrollo local. Una exitosa Mesa de Diálogo le quitaría esa posibilidad de votos, ya que las frustraciones y descontento de la población serían capitalizadas por cualquier otro emprendedor político que no dudaría en acusarlo de “vendido a las trasnacionales.” Un político que enfrenta una disyunctiva así difícilmente va querer arribar a ningún acuerdo.

¿Si Marco Arana Arana se hubiera dedicado a mediar en los conflictos sociales buscando salidas convenientes para las comunidades podría ser presentado en múltiples instancias como “Héroe Ambiental,” ser líder de un partido nacional y manejar la camioneta 4X4 que actualmente posee? Su principal activo personal es la imagen, frente a los donantes internacionales y un sector de los líderes opinión locales, de un líder ambiental enfrentado a un malvado poder extractivista trasnacional.  Una exitosa Mesa de Diálogo que culminara el conflicto en Cajamarca, resultaría siendo una derrota para los donantes post-extractivistas que están en contra de cualquier avance de la minería y una amenaza para la estabilidad futura del flujo de donaciones de Sr. Arana. Un acuerdo que viabilizara la minería amenazaría la sostenibilidad del flujo de donaciones que hoy financia sus objetivos políticos y personales.

Creemos que el dialogo es una herramienta útil y necesaria en múltiples conflictos, sin embargo, este mecanismo es ineficaz cuando se aplica con actores que ganan con la conflictividad misma.

Para los promotores de la conflictividad las instancias de diálogo sirven únicamente como plataformas políticas y mediáticas para avanzar en sus propios fines, los cuales se hallan muy disociados de los de la población del entorno de los proyectos extractivos. Ellos viven del conflicto mientras las poblaciones lograrían mejor futuro para sus familias y un adecuado cuidado de su entorno si el conflicto se concluyera, se genera controles ambientales efectivos y la minería prosperara. Creer que esos dirigentes van facilitar la destrucción de sus mecanismos de acumulación de prestigio, poder político y dinero, para viabilizar el bienestar de sus poblaciones, es un acto de profunda ingenuidad.  Como lo hemos explicado ellos no ganan absolutamente nada, más bien pierden, si se llegara a acuerdos beneficiosos para las partes (minería y población) y que terminen desarmando el conflicto. Es lamentable que en diversas instancias del Estado y de los líderes de opinión se crea que la clave de la reducción de la conflictividad parta por negociar un acuerdo con quienes lucran con la conflictividad.

Para lograr que el diálogo sea un mecanismo eficaz para reducir la conflictividad debemos, necesitamos que las aspiraciones de desarrollo de la población local y nacional se expresen con toda su fuerza. No necesitamos interminables mesas de claudicación, necesitaremos foros públicos para discutir como generar sinergias entre minería y economía regional, y garantizar que en estos foros se expresen las opiniones de quienes desean realmente reducir los conflictos. El propósito de esos diálogos no debe se premiar a los generadores de conflicto sino encontrar rutas de progreso económico y social en base al estado de derecho y a relaciones pacíficas entre los actores sociales, instucionales y empresariales. Lampadia