A continuación compartimos un reciente artículo escrito por el notable economista norteamericano y profesor en la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff, en el que describe cómo el actual contexto de bajas tasas de interés a nivel mundial está acrecentando el interés de los gobiernos por tomar deuda a un costo casi nulo del dinero.

El mensaje de Rogoff es claro. Una política que en el corto plazo puede ser sumamente tentadora, sobre todo para aquellas economías que crecen en mayor proporción que las tasas de interés, por los posibles usos que podría dársele a tales volúmenes de deuda pública en un contexto de recesión global, pueden tener un altísimo costo puesto que no toma en cuenta ciertos forados fiscales actuales ya existentes. Aquí se encuentran los sistemas de pensiones de reparto que el fisco tiene que financiar anualmente para hacer frente a la demanda de millones de personas, cuya proporción entrante a la jubilación crece a pasos agigantados en los últimos años (ver Lampadia:  El envejecimiento hay que enfrentarlo).

En ese sentido, el economista propone un manejo prudente de la deuda tomando en cuenta estos costos de oportunidad pero también los riesgos que conllevarían acumular niveles de endeudamiento similares a los de la última crisis financiera del 2008. La deuda al final siempre tiene que pagarse ya sea  con mayores impuestos en el en el futuro o con mayor crecimiento económico, por ende debe sopesarse si el contexto económico actual es el más adecuado para acumular más pasivos en tanto se espera que los próximos años pueda retomarse altas tasas de crecimiento que permitan repagar la deuda sin incrementar impuestos, siendo esta última medida contractiva. Como puede desprenderse de la coyuntura global y la posible recesión con choques permanente de oferta que afectará al mundo en los próximos años (ver Lampadia: Recesión global en 2020), esto no pareciera ser el caso. Lampadia

La deuda del gobierno no es lonche gratis

Kenneth Rogoff
Project Syndicate
6 de diciembre,2019
Traducido y comentado por Lampadia

Con los costos de endeudamiento en mínimos de varias décadas, los gobiernos aparentemente pueden asumir mucha más deuda sin ninguna gran preocupación por las consecuencias a largo plazo. Pero los riesgos y costos reales de un mayor endeudamiento público pueden estar ocultos..

Con las tasas de interés sobre la deuda del gobierno en mínimos de varias décadas, varios economistas líderes han argumentado que casi todas las economías avanzadas pueden permitir que la deuda se desplace hacia niveles japoneses (más del 150% del PBI incluso por la medida más conservadora) sin ninguna gran preocupación sobre consecuencias a largo plazo. Los defensores de una deuda mucho mayor podrían tener razón, pero tienden a minimizar o ignorar todo lo que puede salir mal.

En primer lugar, la nueva visión de la deuda subestima los riesgos para otros reclamantes sobre los ingresos por impuestos públicos, como los pensionistas, que podrían considerarse titulares de deuda junior en el estado de bienestar del siglo XXI. Después de todo, la mayoría de los sistemas de seguridad social son como deudas en el sentido de que el gobierno le quita dinero ahora y promete pagarlo con intereses cuando sea viejo. Y para los gobiernos, esta deuda “junior” es masiva en relación con la deuda del mercado “senior” que se encuentra encima de ella.

De hecho, los gobiernos de los países de la OCDE están pagando actualmente un promedio del 8% del PBI en pensiones de vejez, y un asombroso 16% en el caso de Italia y Grecia. Actuarialmente, los impuestos futuros destinados a pagar pensiones reducen los impuestos futuros destinados a pagar deuda por un múltiplo significativo, aunque muchos gobiernos han estado tratando de ajustar las pensiones a la baja gradualmente, como lo hizo Europa durante la crisis financiera, y México y Brasil lo han hecho bajo coacción más recientemente. Desafortunadamente, el crecimiento lento y el envejecimiento de la población significan mucho por hacer.

Por lo tanto, incluso si parece que los gobiernos pueden endeudarse mucho más sin tener que pagar intereses de mercado significativamente más altos, los riesgos y costos reales pueden estar ocultos. Los economistas Alan Auerbach y Laurence Kotlikoff hicieron un punto similar en una influyente serie de artículos en la década de 1990.

En segundo lugar, y quizás aún más críticamente, la complacencia actual con respecto a una deuda mucho más alta supone implícitamente que la próxima crisis se verá igual que la última en 2008, cuando colapsaron las tasas de interés de la deuda del gobierno. Pero la historia sugiere que esta es una suposición peligrosa. Por ejemplo, la próxima ola de crisis podría derivarse fácilmente de una comprensión repentina de que el cambio climático se está acelerando mucho más rápido de lo que se pensaba anteriormente, lo que requeriría que los gobiernos detuvieran simultáneamente el motor capitalista y gastaran grandes sumas en medidas preventivas y remediación, por no hablar de lidiar con los refugiados del clima. Y la próxima conflagración global podría ser una guerra cibernética, con ramificaciones desconocidas para el crecimiento y las tasas de interés.

Además, la experimentación agresiva con una deuda mucho más alta podría causar un cambio correspondiente en el sentimiento del mercado, un ejemplo de la crítica del economista ganador del Premio Nobel Robert Lucas de que los grandes cambios en la política pueden ser contraproducentes debido a los grandes cambios en las expectativas. Y, francamente, cualquier evaluación realista de los riesgos económicos mundiales actuales debe reconocer que la economía más importante del mundo está en estado de parálisis política, con una toma de decisiones impulsiva que la deja mal equipada para lidiar con una crisis fuera de la caja en caso de que surja.

La conclusión es que no hay garantía de que las tasas de interés caerán en la próxima crisis global.

Ninguno de los argumentos anteriores socava el argumento sólido para invertir ahora en proyectos de infraestructura de alto rendimiento (incluso en educación) que más que se pagan a largo plazo. Mientras los gobiernos se adhieran a criterios sólidos de gestión de la deuda, equilibrando el riesgo y el costo al elegir los vencimientos, las tasas de interés ultra bajas de hoy ofrecen grandes oportunidades.

Pero la afirmación más amplia de que la emisión de deuda del gobierno se ha convertido en un verdadero lonche gratis, similar a las ganancias del gobierno de la emisión de divisas, ha sido exageradamente peligrosa. Si el objetivo de la política gubernamental es reducir la desigualdad, la única solución sostenible a largo plazo consiste en aumentar los impuestos a los que ganan más; la deuda no es un atajo mágico para dar a los pobres sin tomar de los ricos.

Es cierto que en muchas economías avanzadas, las tasas de interés actuales reales (ajustadas a la inflación) sobre la deuda pública están por debajo de la tasa real de crecimiento económico. Por lo tanto, presumiblemente, los gobiernos pueden endeudarse mucho más sin tener que aumentar los impuestos. Después de todo, siempre y cuando el ingreso crezca más rápido que el stock de deuda pública, la simple aritmética muestra que la proporción de deuda a PBI (ingreso) disminuirá con el tiempo.

Sin embargo, las cosas no son tan simples. Las tasas de interés son extremadamente bajas en parte porque los inversores globales están privados de activos “seguros” que aún pagarán en caso  se de una fuerte recesión o una catástrofe económica. Pero, ¿pueden los gobiernos proporcionar ese seguro de forma gratuita si existe el riesgo de que las tasas de interés aumenten en la próxima gran crisis sistémica? Un estudio reciente del FMI de 55 países en los últimos 200 años mostró que, aunque el crecimiento económico superó las tasas de interés de la deuda del gobierno casi la mitad del tiempo, este no fue un buen predictor de si los países encuestados estaban a salvo de los picos de tasas de interés en un crisis.

Por último, pero no menos importante, ¿qué tan seguros pueden estar los inversores de que llegarán primero en la fila en la próxima crisis, como lo hicieron en 2008? ¿El gobierno de los EEUU volverá a poner a Wall Street antes que a Main Street y honrará las deudas con China antes que las obligaciones con los pensionistas?

Las economías modernas tienen muchos usos importantes para la deuda. Pero nunca es una opción libre de riesgos para los gobiernos, razón por la cual debe ser asumida y administrada sabiamente, incluso cuando prevalecen los costos de los préstamos de fondo. Lampadia

Kenneth Rogoff, profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard y ganador del Premio Deutsche Bank 2011 en Economía Financiera, fue el economista jefe del Fondo Monetario Internacional de 2001 a 2003. Es coautor de This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly y autor de The Curse of Cash.

Desde que Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, asumiera la presidencia de México el pasado 1 de diciembre (ver Lampadia: Tropezando con la misma piedra), han transcurrido poco más de 100 días. 100 días en los que su gobierno ha emprendido una serie de políticas que pueden ser divididas en dos grandes grupos, que, como se podrá constatar líneas más abajo, constituyen las mismas estrategias que el populismo latinoamericano ha implementado innumerables veces -desde la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI- para ganar adeptos con el electorado.

Un primer grupo lo constituyen aquellas políticas que se caracterizan por una animadversión hacia lo que se considera como “el enemigo de las grandes mayorías”, en este caso, de la clase trabajadora mexicana: la elite empresarial tanto nacional como extranjera y sus grandes inversiones. Al respecto, un reciente artículo de The Economist (ver artículo líneas abajo) resume muy bien las acciones emprendidas al respecto. Menciona “[AMLO] canceló la construcción de un aeropuerto internacional parcialmente construido, detuvo las nuevas inversiones privadas en la industria petrolera y cerró los ductos de combustible para prevenir el robo, una medida que causó escasez en gran parte del país”.

En línea con lo anterior, el diario británico hace un claro contraste con el gobierno predecesor, liderado por el entonces presidente Peña Nieto, cuya naturaleza fue totalmente distinta. Un estado que no paraba las inversiones extranjeras, que al contrario las promovía e impulsaba, porque sabía que a la larga generaría empleo formal y de calidad. Un estado que fomentaba la competencia de precios en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, en vez de capturarlo a través de estatizaciones o controles de precios. Entre otras acciones. Un liberalismo que le trajo prosperidad al pueblo mexicano pero que ahora es completamente ausente en la mente de su nuevo presidente de corte izquierdista.

Ahora bien, el segundo grupo de políticas emprendidas por AMLO están relacionadas con lo que se conoce en ciencias sociales como “Estado de Bienestar” o “Estado Benefactor”. En palabra simples, este es un tipo de estado que emprende un conjunto de iniciativas cuyo fin último es garantizar el cumplimiento de los derechos “sociales” (pensiones, salud, educación, entre otros) para todos los habitantes de un país, a través de la redistribución de la riqueza.

Al respecto, como señala The Economist en el artículo mencionado anteriormente, AMLO ha duplicado los beneficios de las pensiones y ha reducido los requisitos para que más mexicanos puedan acceder a ellos. Asimismo, también ha empezado a otorgar dinero directamente, por ejemplo, a madres de familia que anteriormente eran benefactoras de cierto beneficio monetario por realizar labores de guardería, pero que ahora, en ausencia de fiscalización, puede terminar desnaturalizando sus incentivos a esforzarse en su trabajo. Y así con otras iniciativas que impulsan el esparcimiento irresponsable de dinero en México y que aparentemente explican la alta aprobación de AMLO en las encuestas.

Sin embargo, ¿Por qué son peligrosas todas estas políticas destinadas a lograr el tan ansiado “Estado de Bienestar”?

En América Latina sabemos que estas políticas de gasto social expansivo no son sostenibles en el tiempo porque se financian con colosales déficits fiscales que no están sustentados en inversiones productivas y que, por ende, solo generan a la larga endeudamiento público y situaciones de default en los países. Ahí están Argentina en el 2018, Brasil en 1998, México en 1994 y Perú en  1990, todos rescatados por el FMI.

En ese sentido, una estrategia de crecimiento que no esté basada en la inversión y por ende en el ahorro no puede durar mucho tiempo. Tal vez las políticas emprendidas por AMLO puedan generar un crecimiento artificial en el corto plazo por el efecto en el consumo privado, pero luego vendrá la deuda y los intereses, que, ante un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales – evento altamente probable en los próximos meses- puede terminar quebrando su fisco, por haber gastado de manera irresponsable por largos período de tiempo y sin haber acumulado reservas.

Peor aún si las proyecciones para el crecimiento de la economía mexicana para este año, situadas en torno al 1.6%,  no son muy auspiciosas. Una mirada a la experiencia del populismo en América Latina no le haría mal ni a AMLO ni a sus asesores económicos y políticos. Lampadia

AMLO esparce dinero en sus primeros 100 días
Pesos a la gente

Cómo Andrés Manuel López Obrador está reformando el estado mexicano.

The Economist
7 de marzo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

CIUDAD DE MÉXICO. “El poder aturde a los inteligentes y vuelve locos a los tontos”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, repite este adagio a menudo, como un reproche a los políticos que prometen mucho y logran poco. El 4 de marzo, el día 94 de su mandato presidencial, volvió a twittear la frase para demostrar que el poder no lo ha sorprendido ni enloquecido, y que mantendrá su promesa de transformar México.

López Obrador, o AMLO, como se le conoce, ya ha traído cambios considerables.

• Canceló la construcción de un aeropuerto internacional parcialmente construido
• Detuvo las nuevas inversiones privadas en la industria petrolera y cerró los ductos de combustible para prevenir el robo, una medida que causó escasez en gran parte del país.
• Ha revivido la política de no injerencia de México en los asuntos de otros países al reconocer al dictador de izquierda de Venezuela, Nicolás Maduro, en lugar del jefe de su legislatura, Juan Guaidó, como el presidente del país. La mayoría de las grandes democracias reconocen a Guaidó.
• AMLO ha recortado los sueldos de altos funcionarios y burócratas, incluido el suyo, y ha subastado sus autos.
• Viaja por avión comercial.

A más de tres cuartos de los mexicanos les gusta lo que ven. Casi 100 días en el cargo, AMLO es más popular que cualquier presidente en esa etapa, excepto Vicente Fox, el primer presidente de la era democrática, en 2001. Aunque AMLO está restringido a un mandato de seis años, espera que su Movimiento Para la Regeneración Nacional (Morena) de corte izquierdista esté en el poder durante mucho más tiempo.

Su plan para lograr esto implica restaurar al estado a su posición anterior como principal asegurador del bienestar de los mexicanos. Los presidentes más recientes pensaron que una de sus funciones principales era crear condiciones para que las empresas y los grupos de la sociedad civil brinden prosperidad y bienestar. Enrique Peña Nieto, el predecesor de AMLO, invitó a los extranjeros a invertir en petróleo e introdujo la competencia en las telecomunicaciones, lo que redujo los precios. Pero el crimen y la corrupción durante su presidencia eclipsaron esos logros. Dejó el cargo como el presidente menos popular de México. Bajo AMLO, el estado tomará la iniciativa y el crédito. Sin embargo, debe conciliar esa ambición con la necesidad de contener el gasto y evitar los déficits presupuestarios.

El estatismo de AMLO no excluye la cooperación con el sector privado. Como alcalde de la Ciudad de México a principios de la década de 2000, trabajó estrechamente con empresas, por ejemplo, para reconstruir el centro de la ciudad. Muchos de los proyectos de infraestructura que planea, como el “tren Maya” a través del sur, necesitarán financiamiento privado o extranjero. Pero nadie dudará que el tren viene de él.

AMLO ha comenzado por dar más dinero directamente a las personas.

• Su gobierno ha duplicado los beneficios de pensión y ha hecho que más personas sean elegibles para ellos.
• Estableció un precio mínimo para los frijoles cultivados en el estado de Zacatecas. Eventualmente, la mayoría de los cultivos principales en México tendrán precios de apoyo.
• El gobierno otorgará becas y subsidios a 2,3 millones de jóvenes adultos.
• Para mantener un superávit presupuestario, AMLO ha ralentizado la introducción de estos programas, por ejemplo, elevando las pensiones para los habitantes de la ciudad mayores de 68 años, no 65 como él esperaba.

Donde los grupos no estatales gastan el dinero del gobierno para promover sus objetivos, AMLO quiere recortar al intermediario. Los ministros tienen prohibido canalizar dinero a través de “intermediarios”, como contratistas, sindicatos u ONG. Bajo Peña, unos 10,000 grupos de la sociedad civil obtuvieron 30 mil millones de pesos ($ 1,6 mil millones) en seis años; más fue a contratistas, proveedores de cuidado infantil y otras “estructuras paralelas”, como los llama AMLO. Gran parte de su dinero terminó en los bolsillos de los amigos de los políticos, sostiene. Ahora todo el apoyo gubernamental “será entregado directamente a los beneficiarios”. Esto tiene una recompensa política. “Los votantes dirán: ‘AMLO me dio este dinero'”, señala Luis de la Calle, un economista.

El cambio viene al cuidado de los niños. El programa “habitación de los niños” creado por Felipe Calderón, presidente de 2006 a 2012, paga 950 pesos mensuales por niño a las mujeres que brindan servicios de guardería en sus vecindarios, a menudo en sus hogares. Unas 300.000 madres utilizan el programa. Muchos no se dan cuenta de que el estado está subsidiando el proyecto de ley.  AMLO planea corregir esto (y ahorrar algo de dinero) pagando directamente a las madres 800 pesos mensuales.

El enfoque de pesos-para-la-gente no siempre puede ayudar a los beneficiarios previstos. AMLO dijo que pondría fin a los subsidios para los refugios para mujeres, pero no explicó cómo daría dinero a las víctimas de abuso doméstico. Después de una protesta, se retiró.

Parecer generoso mantendrá su popularidad solo si mantiene otras promesas, especialmente el reducir el crimen y la corrupción, y mantener la economía fuerte. Su dirigismo, y su sospecha de instituciones independientes, pueden hacerlo más difícil.

Todavía no hay señales de que la tasa de homicidios, que el año pasado fue más alta que en Colombia y Brasil por primera vez, esté en descenso. La gran idea de AMLO para reducirla es establecer una guardia nacional, que deba tener 150,000 miembros para el 2024. Esto puede ayudar, pero no compensará las fallas de la policía estatal y local. AMLO se ha resistido al nombramiento de un fiscal independiente contra la corrupción. Cualquier escándalo socavaría su afirmación de que solo su honestidad inspirará probidad en otros.

La mayor amenaza para su popularidad es la economía. El banco central ha revisado su proyección de crecimiento del PBI para este año, del 2,2% al 1,6%. La inversión extranjera directa en el último trimestre de 2018 estuvo un 15% por debajo de su nivel del año anterior, en parte porque los inversionistas desconfían de AMLO y porque los recortes de impuestos en los Estados Unidos hacen que las inversiones estadounidenses sean más atractivas para las empresas estadounidenses.

AMLO no logró convencer a los inversionistas de que resolverá los problemas de Pemex, el gigante petrolero estatal, que proporciona una quinta parte de los ingresos del gobierno pero tiene una deuda alarmantemente alta. Eso pone en riesgo la calificación crediticia de grado de inversión de México. El 2 de marzo, S&P Global, una agencia de calificación, rebajó la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa. Una recesión en los Estados Unidos el próximo año, que algunos analistas consideran probable, podría causar una en México. Eso supondría problemas para un presidente que necesita crecimiento para pagar sus programas sociales.

Pero por ahora, millones de mexicanos aplauden un golpe de suerte, y al presidente, como él espera. Marcos Velázquez, un reparador en la Ciudad de México, dice que su madre acaba de ver el doble de su pensión. Ambos votaron por AMLO, y no se arrepienten. A diferencia de los políticos del pasado, dice Velázquez, AMLO ha traído “un cambio real”. Lampadia

‘Nunca hay que poner plata buena detrás de plata mala’, o como dicen los sajones ‘realize your loss’ (reconoce tu pérdida). Ambos son preceptos básicos de las finanzas, pero los seres humanos no queremos aprender y el error se repite en distintos espacios y aspectos.

En su libro ‘Homo Deus’, Yuval Noah Harari comenta como los hombres solemos insistir en el error, cueste lo que cueste.

Dice por ejemplo, que en 1915, Italia entró en la Primera Guerra Mundial para recuperar Trento y Trieste del Imperio austrohúngaro. En la primera batalla, Italia perdió 15,000 hombres, en la segunda 40,000, en la tercera 60,000, hasta que al final de la guerra murieron 700,000 soldados. Pudieron retirarse en varias ocasiones pero el síndrome de ‘nuestros muchachos no murieron en vano’ (que permitía esconder el error) hacía que siguieran mostrando un sentido de propósito en continuar la guerra.

La misma lógica funciona en la esfera económica: “En 1999, el gobierno de Escocia decidió ordenar la construcción de un nuevo edificio para albergar el Parlamento. Según el plan original, las obras iban a durar dos años y a costar 40 millones de libras. En realidad, duraron cinco años y costaron 400 millones de libras. Cada vez que los contratistas topaban con dificultades y gastos imprevistos, se dirigían al gobierno escocés y pedían más tiempo y dinero. En todas esas ocasiones, el gobierno se decía: “Bueno, ya hemos invertido 40 millones de libras en esto y quedaremos completamente desacreditados si lo interrumpimos ahora y acabamos con un armazón a medio construir. Vamos a autorizar otros 40 millones”. Seis meses después ocurría lo mismo y para entonces la presión que suponía no acabar con un edificio a medio construir era todavía mayor; y otros seis meses más tarde se repetía de nuevo lo mismo,  así sucesivamente hasta que el coste real fue de diez veces la estimación original”.

Pues en el Perú, en el gobierno de Ollanta Humala, con la inspiración del chavismo, de la mano de Humberto Campodónico como presidente de Petroperú, y con la música del diario La República, nos embarcamos en la ‘modernización’ y ‘ampliación’ de la refinería de Talara. Se llegó a manipular conceptos para afirmar que el costo social de consumir combustibles contaminantes era mayor que el de la inversión en la refinería; pero no se reconoció que importar combustibles limpios era, largamente, más económico.  

Así, alegremente, emprendimos un proyecto absurdo que después hemos descubierto incluía la ampliación de la refinería (de 65,000 a 95,000 barriles diarios), llevándola por encima de la demanda nacional (¿para exportar productos refinados?). La aventura iba a costar como máximo US$ 1,700 millones. Más adelante, con Campodónico aún en la petrolera estatal, pasó a US$ 3,000 millones, más otros ‘rubros privados’ (no especificados, y que no tenían nada de ‘privados’), que llevaban el total a US$ 3,500 millones.

Hoy, sin haber terminado de ajustar los estimados de inversión, el presupuesto está en US$ 5,400 millones. (¿Con IGV o sin IGV? – Quién sabe). Además, según lo anunciado esta semana, se está tomando endeudamiento público por US$ 3,000 millones.

Por su lado, la Refinería de la Pampilla invirtió US$ 470 millones para producir diesel con 50 partes por millón y completará el proceso con otros US$ 270 millones para las gasolinas, unos US$ 750 millones para su actual  capacidad de producción de unos 120,000 barriles por día. Esa es la eficiencia del sector privado.

¿Cuánto más costará Talara? ¿No hubiera sido mejor hacer un gran parque industrial para los talareños, con una fracción de la inversión? ¿Estamos dispuestos a meter otros US$ 500 millones? ¿US$ 1,000 millones?

Hay que parar esta locura y buscar un plan ‘C’, evaluar todas las decisiones y mostrarle a los peruanos el daño que nos regaló el gobierno de Humala y el economista ‘capo di tutti capi’ del Frente Amplio (que no es ni frente, ni amplio), la mano izquierda (en lo económico) de Verónika Mendoza y Humberto Campodónico, hijo predilecto del diario La República. Lampadia

Hace muchas semanas estamos pensando en escribir sobre lo poco que hemos aprendido de la aritmética básica de la economía. Esto se ha hecho especialmente evidente durante la reciente campaña electoral, tanto en los pliegos interrogatorios de los medios, incluyendo a los periodistas más destacados, como en la boca de los propios candidatos.

“Hay que invertir 6% del PBI en educación”. “Se necesita 3% del PBI en infraestructuras”. “La salud requiere 4% del PBI”. Etc. Etc. Nadie repara que desde un punto de vista proporcional, solo tenemos 100% para gastar. Y los que lo hacen, empiezan a ver donde se puede gastar menos para financiar tal o cual cosa o, lo que es peor, se propone alegremente el uso de nuestras reservas, la posibilidad de recurrir al endeudamiento público y/o al aumento de las tasas nominales de impuestos.

Lo sorprendente, es que nadie repara en el único pozo inmenso en el que podemos encontrar prácticamente todos los recursos que necesitamos: EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. Por ejemplo, si crecemos al 7% anual, duplicaremos el presupuesto del Estado en 10 años, sin tomar en cuenta una mejor recaudación. Así lo hemos hecho con cierta facilidad durante muchos de los últimos años y así lo posibilita nuestro potencial productivo y de mejora de la productividad.

Con un enfoque en el crecimiento como fuente de recursos para aumentar la inversión del Estado, tanto el uso de reservas como el del endeudamiento, cobran relevancia como puentes temporales para superar inflexiones o baches y, hasta para adelantar ciertos procesos de inversión comprometiendo recursos futuros específicos para, por ejemplo, ‘el adelanto social’ vinculado a los proyectos de inversión privados en el desarrollo de recursos naturales. El análisis del uso de los recursos del Estado no puede ser estático, tiene que ser dinámico en el tiempo.

Cuando alguien nos hable de que el Estado haga mayores inversiones en cualquier rubro, debemos pedirle que lo haga desde un enfoque de crecimiento, con la visión de un modelo ‘ganar-ganar’. De lo contrario, estaría pretendiendo que repartamos la ‘torta actual’, distribuir lo que tenemos, establecer decisiones arbitrarias en la asignación de gastos o hacer un mal uso de nuestras reservas y/o capacidad de endeudamiento.     

Como hemos explicado en Lampadia, durante los últimos 20 años nuestra economía ha crecido alto y sostenido. Esto permitió que los ingresos corrientes del Estado crezcan en 46 veces entre 1990 y el 2000 y, 167 veces hasta el 2015. 

El siguiente artículo de José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría nos permite abordar este tema tan importante aprovechando sus razonamientos y también, demostrando con tanta facilidad en análisis estáticos.

“No hay lonche gratis”

José Carlos Saavedra, Director de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría,

El Comercio, Domingo 26 de junio del 2016

Glosado por Lampadia

“El Estado (el sector público) solo dispone de los recursos que recauda a través de impuestos, más aquellos que puede conseguir endeudándose”.

Según una encuesta de Ipsos realizada en abril de este año, la población desearía que el próximo gobierno se concentre en mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana. 

En línea con eso, Peruanos Por el Kambio ha propuesto incrementar el presupuesto público de educación a 6% del PBI, el de salud a 4% del PBI y el del Ministerio del Interior a 2% del PBI al 2021. Es decir, el plan es incrementar el presupuesto en esos tres rubros, de 8% hasta 12% del PBI en cinco años. Sin duda, esto permitiría financiar mejoras significativas.

Un incremento de 4% del PBI del presupuesto en cinco años, que representa unos US$ 6,900 millones, no es ningún problema si se relaciona con un crecimiento, incluso mediocre, de 4% anual, que daría un incremento acumulado del presupuesto de US$ 7,600 millones. O sea, aún sobraría algo más para otras inversiones. (Estos cálculos se basan en un PBI de US$ 173,000 millones al 2015 y en ingresos del Estado de 20% del PBI).

Si crecemos al 7% anual el incremento acumulado del presupuesto sería de US$ 14,600 millones. 

Para la inversión en educación también debe considerarse el aporte del setor privado, que ya contribuye con 3% del PBI. Lamentablemente, el ministro de educación actual no considera que el sector privado pueda dar aportes valiosos, ni siquiera validando experiencias exitosas que puedan adoptarse en el sector público. Grave error.

Sin embargo, como bien decía el Nobel de Economía Milton Friedman, “no existe tal cosa como un lonche gratis”. Es decir, estas propuestas implican una cuenta que todos deberemos pagar como sociedad. Entonces, cabe preguntarse si el Estado tendrá recursos suficientes para cumplir con las metas mencionadas.

Fijar las metas de gasto público como porcentaje del PBI puede generar confusión sobre la disponibilidad de dinero que realmente tiene el gobierno para gastar. El PBI representa el valor de la producción de toda la economía peruana, que incluye al sector público y al privado.

El Estado (el sector público) solo dispone de los recursos que recauda a través de impuestos, más aquellos que puede conseguir endeudándose. El monto que recauda el Estado Peruano equivale actualmente a solo el 20% del PBI total, un porcentaje bajo cuando se compara con otros países de la región. Este es el tamaño de la torta que el Estado debe asignar a diferentes rubros, como educación, salud, seguridad, infraestructura, programas sociales, justicia, etc.

Muy bueno el análisis de J.C. Saavedra, pero no repara en el crecimiento.  

Sumas y restas

Esta primera aclaración es muy importante, pues la meta de gasto al 2021 mencionada anteriormente (12% del PBI en educación, salud y seguridad) implicaría utilizar 60% de lo recaudado en estos tres rubros.

El restante 40% de los recursos recaudados, u 8% del PBI, debería alcanzar para todo lo demás. Actualmente, ‘todo lo demás’ (que incluye entre otras cosas el gasto en programas sociales, infraestructura de transporte) cuesta 15% del PBI, así que tendría que bajar a poco menos de la mitad. Imposible.

¿Qué quiere decir esto? ¿Qué no se debe gastar más en educación, salud o seguridad? No. Quiere decir que, si realmente queremos que el Estado gaste más en estos rubros, la recaudación como porcentaje del PBI debe aumentar. Al ser gastos permanentes, tienen que financiarse con ingresos permanentes, no con deuda.

El problema en el Perú no es que el gobierno dé poca importancia a estos tres rubros en la distribución del presupuesto, sino que el Estado dispone de recursos limitados. El presupuesto en educación es un ejemplo claro. Cuando este se compara con el de otros países de la región, como porcentaje del PBI es uno de los más bajos (3.7% del PBI). Pero cuando se lo compara como porcentaje del presupuesto (17% del presupuesto), el Perú ya no está en la cola. De hecho, bajo esta medición se puede decir que el Estado peruano gasta en educación una mayor porción de sus recursos que sus contrapartes en Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.

Algunas alternativas

Si realmente se quiere incrementar el presupuesto en educación, salud y seguridad como está planeado, tarde o temprano el nuevo gobierno deberá buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales permanentes, y priorizar aquellas que distorsionen menos la economía.

En términos generales, hay tres alternativas: subir tasas impositivas, reducir la evasión tributaria y eliminar algunas exoneraciones. De ellas, reducir la evasión tributaria es la medida políticamente más viable y la manera más sana para incrementar la recaudación permanentemente.

Nuevamente, con una visión estática, pierde la oportunidad de explicar la importancia del crecimiento económico.

Reducir la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta que pagan las empresas permitiría financiar buena parte del incremento del presupuesto planeado por el gobierno entrante. Esto requiere un esfuerzo enorme por parte del Estado, en términos de coordinación, fiscalización y focalización. Pero sobre todo, requiere que, como sociedad, estemos dispuestos a pagar la cuenta de las reformas y dejemos de evadir tanto.

Evidentemente, hay que privilegiar el crecimiento como base de la expansión sostenible del gasto y además, considerar una participación adicional del sector privado en el financiamiento de muchas de nuestras necesidades a través de APPs, OXI y otros mecanismos de apoyo.

Esperamos que nuestros trolls no digan ahora que solo hablamos de crecimiento económico. Ya hemos dicho cien veces que este no es el objetivo del desarrollo, pero sí es el medio para lograrlo. Cosa que deberíamos tener muy clara cuando hablemos de la acción del Estado.

Finalmente, queremos enfatizar que el 100% del presupuesto del estado es dinámico en una economía exitosa que crece y hace lo mejor de sí misma para beneficio de todos sus ciudadanos.

Lampadia