Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al día subsiguiente de la primera vuelta, el candidato Pedro Castillo declaró: “En el marco de una nueva constitución, rescatemos los recursos estratégicos del Perú. Que el gas de Camisea sea para los peruanos. Hay que nacionalizar el gas de Camisea, el oro, la plata, el uranio, el cobre, el litio que acaba de entregarse a otros países, tiene que ser para los peruanos.”

Quizá consciente de que solo una tercera parte de la población quisiera cambiar el modelo económico (ver última encuesta de IEP), el candidato Pedro Castillo intentó luego moderar su discurso en RPP el viernes último. Explicó que “hay que saber distinguir” entre nacionalización y estatización. “Lo primero lo que tenemos que hacer es revisar los contratos con las grandes empresas transnacionales. Agotaremos todo tipo de diálogo, …y, de no ser así, es el pueblo el que tiene que tomar la decisión correcta”.

¿Cuál es la decisión correcta que tomaría el pueblo? ¿Cómo la tomaría? Quién tomaría la decisión es él, convertido en pueblo. Y consistiría en “volver los recursos a su nación”, y el Estado convocaría “a la empresa privada nacional para que nuestros empresarios nacionales hagan ese esfuerzo y generen no solamente riqueza, sino empleo…”.

Es decir, si las transnacionales no aceptan las nuevas condiciones, las empresas pasarían a manos de empresarios nacionales. Es lo que se entiende. ¿El Estado expropiaría esas empresas para regalarlas a empresarios nacionales? Eso sería patrimonialismo puro, apropiación privada de bienes públicos. Un delito. Los empresarios peruanos tendrían que comprarlas, o pagar el justiprecio. ¿Qué empresario nacional podría pagar una inversión que cuesta varios miles de millones de dólares?

Evidentemente esas empresas quedarían en manos del Estado. Serían estatizadas, cumpliendo lo establecido en el plan de gobierno de Perú Libre, que contempla estatizar el gas y todas las empresas mineras, y otras.

Cabría la posibilidad, sin embargo, según lo explicado por Castillo, que su gobierno llegue a un acuerdo con las empresas mineras y transnacionales. ¿En qué consistiría? No lo explicó. Podría ser la fórmula boliviana: las empresas ya no son propietarias del mineral que extraen, sino que solo dan el servicio de extraerlos, y luego deben comprárselo al Estado un precio alto establecido. Es el modelo boliviano de nacionalización del gas, que le trajo efectivamente más ingresos fiscales a Bolivia, pero a costa de anular la inversión en exploración, con la consecuencia de que las reservas de gas se están agotando y ahora el déficit fiscal se eleva.

Es la resaca luego de la borrachera. La de siempre. Lo mismo pasaría acá. El Estado tendría más ingresos, pero ya no habrá más inversión minera. El enorme potencial que tenemos, multiplicado por un precio creciente del cobre, que podría ser la gran palanca de nuestro desarrollo e industrialización, se echa por la borda.

Castillo ha señalado en otra ocasión que esas empresas solo dejan el 30% de sus utilidades en el Perú y que debería ser al revés: deberían dejar el 70% o más. El efecto sería exactamente el mismo. Más ingresos en el corto plazo a cambio de mayor pobreza después, porque no habría más inversión.

En efecto. Castillo no toma en cuenta que lo del 30% no es cierto. Las empresas mineras aportan como mínimo el 47% de sus utilidades. Pues al impuesto a la renta que pagan esas empresas, que es el mismo que para toda la economía -29.5%-, se suman las Regalías Mineras, el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el Gravamen Especial a la Minería (GEM). El hecho es que en el Perú las empresas mineras pagan más impuestos a las utilidades que todos los países competidores mineros, como podemos ver en el siguiente gráfico:

De hecho, las empresas mineras en el Perú pagan bastante más que el promedio de otros países y bastante más que en Chile, que es nuestro competidor directo. Es obvio que, si subimos aún más la tributación, y peor aún si la llevamos a 70% u 90%, como se ha mencionado, sencillamente no se producirá ninguna inversión minera más. Dejaríamos de lado el gran recurso que tenemos para convertirnos en un país desarrollado. Sería criminal. Lampadia

Julio Pérez Alván
Vicepresidente de Adex
Para Lampadia

Leyendo el artículo escrito por el Señor Carlos Gálvez Pinillos Expresidente de la SNMPE podemos señalar que coincidimos plenamente con él en el sentido que el Perú ha sido y es un importante productor de oro a nivel mundial. El Perú es un país minero y la mayor cantidad de los ingresos que recauda el fisco provienen de la minería formal. El sector Joyero y Orfebre reconoce este hecho y apoya decididamente la labor que realiza el sector minero para construir un mejor país.

Asimismo recordamos y apreciamos el arduo trabajo que fue realizado entre varios sectores, con la participación de nuestros amigos mineros en forma decidida, para conseguir la promulgación de la Ley de Operaciones SWAP que ha venido beneficiando enormemente al sector Joyero y Orfebre de Exportación durante los últimos años, tanto así que de exportar US$40 millones hayamos pasado a exportar más de US$ 100 millones de dólares anuales. Todas las operaciones SWAP que han permitido impulsar el sector exportador de Joyería y Orfebrería y que han venido funcionando exitosamente, han sido realizadas con grandes empresas mineras 100% formales. Esta colaboración ha sido estrecha y fructífera para el país. En ningún momento de mi entrevista mencionó que el mecanismo SWAP ya no nos satisface. Todo lo contrario, nos satisface enormemente. Pero la situación real es que YA NO FUNCIONA y no funciona debido a factores que tanto los mineros como joyeros no podemos controlar y es por eso mismo que buscamos mediante una pequeña modificación que se enmarca dentro de la misma ley, la emisión de un Decreto de Urgencia que nos permita seguir adquiriendo el oro y trabajando de la mano con el sector minero formal como lo veníamos haciendo. Todo esto se viene coordinando con los principales organismos del estado.

El sector Joyero y Orfebre deplora y condena la minería ilegal y en ninguna parte de mi entrevista se habla de este tipo de actividad que afecta al país de forma dramática, sino de minería informal, y que con la ayuda necesaria debería pasar a la formalidad. Nosotros creemos que los grandes errores se producen por no querer enfrentarse a la realidad y actuar consecuentemente, y la realidad es que nuestra tasa de informalidad como nación sobrepasa el 70% de la población. La única motivación de mi comentario es que como sector no podemos taparnos los ojos y dejar que esta situación continúe eternamente. Es una bomba de tiempo que nos afectará a todos y eso es lo que precisamente buscamos evitar.

El destino del oro en el mundo es principalmente para Joyería y Orfebrería y ha estado oscilando los últimos 10 años entre un 50.60% y 67.90%.[1].El sector Joyero y Orfebre peruano solo participa con menos del 0.50% de un mercado mundial valorizado en más de US$ 250,000 millones de dólares; y por esto y precisando algunos  puntos podemos señalar que no consideramos ninguna falacia el potencial que tiene nuestro sector para contribuir al desarrollo de nuestro país y exportar más de US$1,000 millones de dólares en un plazo de entre 5 y 10 años (El sector agro hace 10 años exportaba US$ 393 millones y ahora sobrepasa los US$6,000 millones de dólares). Asimismo no es una falacia el que los Joyeros deban estar recibiendo oro del extranjero para poder manufacturar nuestros productos, es una triste realidad. El año 2,019 y lo que va del 2,020 han ingresado al país(vía importación y Admisión Temporal) para la confección de joyas barras de oro de 24K  equivalentes a 2,381 kilos (dos mil trescientos ochenta y un kilos)[2] y esto debido a que el SWAP ya no funciona.

El principal exportador del mundo no es Italia, es China, seguida de la India. Italia ocupa el 7mo lugar.[3] El mundo ha cambiado enormemente y nuestro sector también y coincido en parte cuando se dice que una joya es una pieza de arte, sin embargo esa es una visión que debería ser ampliada. La joyería abarca además de piezas únicas, piezas hechas con la ayuda de maquinaria de última generación (tecnología robótica, láser, óptica, impresión 3D y otras) y no solo se fabrican cadenas, que dicho sea de paso son el producto que representa las mayores ventas a nivel mundial, (Italia, Turquía, Indonesia, Tailandia son los mejores ejemplos) también se producen en nuestro país aretes, dijes, medallas, pulseras, monedas, y un sinnúmero de artículos únicos , muchos de ellos respetando nuestra rica tradición joyera y orfebre que viene de miles de años atrás y que compiten exitosamente a nivel mundial.

El diseño como se menciona es un factor primordial a todo nivel y es lo que nuestro sector viene impulsando permanentemente así como otros temas mediante los Congresos Internacionales de Joyería que ADEX ha venido organizando con sede en diferentes lugares del país cada 2 años, contando con la presencia de afamados expositores y autoridades extranjeras (italianos, brasileros, mexicanos, estadounidenses, españoles, turcos, etc) los cuales vienen señalando incesantemente la gran oportunidad que tiene nuestro país de ser una potencia a nivel mundial si se construyen las condiciones apropiadas. Asimismo acabamos de recibir la donación de una planta completa para el tallado de gemas peruanas de parte de organismos turcos gracias a las misiones tecnológicas que nuestro sector ha venido realizando en los últimos años para subir un peldaño más en este prometedor sector. Creemos que estamos en el camino correcto. La implementación de la Mesa Ejecutiva de Joyería y Orfebrería es casi un hecho y permitirá que nuestro sector trabaje de la mano con varios actores incluyendo el sector minero y generar así mayores divisas y miles de puestos de trabajo para el beneficio de nuestro país.

Ya es tiempo que sepamos evaluar selectivamente nuestros valores que consideramos fundamentales, deshacernos de los que ya no tienen sentido, retener aquellos que siguen teniéndolo y combinarlos con algunos valores nuevos que resulten apropiados para las circunstancias actuales en este mundo tan cambiante. Trabajemos de la mano junto a las empresas mineras (a quien consideramos nuestros aliados naturales) y construyamos juntos un mejor país y por favor tener en cuenta que la desinformación en algunos temas puede traer graves consecuencias para el país.

Los seres humanos han usado objetos de adorno personal mucho antes de haber inventado la escritura y es difícil imaginar un futuro en el cual nuestras culturas no requieran un hermoso producto que simbolice sus ritos, éxitos y buen gusto; y ese magnífico producto es una joya. Esto es real y el Perú tiene el derecho a ser protagonista en este gran espacio mundial.

Pero MEF tiene que resolver problema de comercialización y formar Mesa Ejecutiva

El Perú exporta algo más de 100 millones de dólares en joyas de oro, pero podría exportar 1,000 millones. De paso formalizaría a parte importante de los mineros informales de oro, que serían los abastecedores naturales de la joyería de exportación. Para eso, sin embargo, se requiere la conformación de una Mesa Ejecutiva en el MEF, que junte a todas las partes, y resolver un problema con la comercialización interna del oro que impide que las empresas mineras le vendan oro a la joyería peruana de modo que se da el absurdo aberrante de que ésta debe importar oro para fabricar joyas, siendo el Perú el sexto productor mundial de oro. Eso también depende del MEF. 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

No sabemos si el gobierno prolongará la cuarentena, pero en el caso lo haga, o aun si no lo hace, sería conveniente “dar paso a la acción quirúrgica de proteger en lo posible el aparato productivo, los ingresos de la población, y la sobrevivencia de las empresas”, como escribió la semana pasada Roberto Abusada en El Comercio. ¿Cómo? Abusada no lo desarrolla, salvo enfatizar el uso masivo del diagnóstico, pues “el testing a la coreana será la única manera de salir de la cuarentena”.

Al respecto, hay una idea que viene germinando y que permitiría reactivar cada vez más empresas y sectores para restablecer buena parte de la actividad económica, sin necesariamente levantar medidas de aislamiento social en el conjunto. Se trataría de que las empresas mineras, agroexportadoras, industriales, bancos e incluso centros comerciales, etc., apliquen pruebas moleculares a todos sus trabajadores y sus familiares, aislando en sus hogares a los que den positivo y ejerciendo vigilancia sanitaria sobre los que den negativo.

De esa manera las unidades de producción pueden operar sin detenerse, porque todos sus trabajadores estarán libres de virus, y las cadenas de producción podrán seguir operando incluso en estado de cuarentena. Esto es lo que hay que hacer.

Según el Dr. Omar Neyra, estas pruebas moleculares PCR identifican el Covid 19 en dos horas desde el primer día en que una persona ha sido infectada. Fueron desarrolladas en el hospital universitario de Charite en Berlín, y se usaron luego en Wuhan.

El gobierno anunció que compraría 300,000 pruebas moleculares, pero la mala noticia es que ya casi no hay en el mundo. Todos han comprado. Y al gobierno le quedan unas 8,000 según el ministro de Salud. Según fuentes, Corea tenía un stock de 500,000 y lo ofreció a Perucompras el viernes pasado, pero el gobierno no se decide. Mientras tanto el New York Times informaba ayer que el presidente Trump llamó por teléfono al presidente coreano para comprarle su stock. No podemos quedarnos de brazos cruzados.

Si el gobierno no se mueve, las empresas peruanas podrían gestionar directamente una compra, para que puedan operar aun en cuarentena. Pero tienen que correr, porque la pruebas se están agotando. Sería lamentable que ya no hubiera. 15 días más de cuarentena con el aparato productivo parado, puede ser catastrófico para el país. Lampadia

Carlos Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia

Qué buen sabor deja trazarse un objetivo, convocar un equipo de colaboradores de primer nivel, diseñar una estrategia y ejecutar el plan, aún con oposición de algunos actores, alcanzando finalmente el objetivo.

Hace dos años el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) me dio el encargo de presidir el PERUMIN 34. Después de haber estado personalmente involucrado por cerca de medio siglo en la industria minera, sentía que un grupo relativamente pequeño de peruanos conocía y valoraba lo que este sector de la economía brinda y es capaz de aportar a nuestro futuro. Particularmente debíamos acercarnos a la juventud para que conozcan nuestra actividad de primera mano y sin distorsiones, así como para que aprecien las oportunidades que les puede brindar.

La minería es una de las pocas actividades en las que el Perú brilla entre los grandes actores del mundo, compitiendo con; Australia, Canadá, USA, Chile, China, México y Sudáfrica. Esto de por si debiera ser motivo de orgullo y uno de los trampolines para afirmar el desarrollo humano y económico que los peruanos merecemos.

Al recibir el encargo analicé a nuestros competidores y encontré entre los más destacados a Australia, el que, siendo un país tan minero como el nuestro, ha puesto a su población debidamente educada, a trabajar en lograr el máximo beneficio y potenciar sus impactos.

Tengo que reconocer que, tomar un buen paradigma es una buena manera de iniciar el diseño de un plan. Un análisis FODA y la observación de lo que otros hacen bien, sus logros y las ventajas que han aprovechado, ayuda mucho.

En el Perú la minería proporciona empleo directo a cerca de 220,000 trabajadores y trabajo indirecto a alrededor de 1.2 millones más, pero no habíamos abierto aún la gran compuerta de nuestros desafíos tecnológicos y de innovación, como lo ha hecho Australia, para el desarrollo se cientos de miles de oportunidades de emprendimientos y negocios de alta tecnología e innovación para potenciar las oportunidades de negocio a nuestra juventud. Juventud que, al no habernos acercado y abierto antes, nos miraba también distante y enigmático respecto de si pudiéramos ser o no una oportunidad válida para ellos.

Creo que la experiencia ha sido fantástica. Nuestro “Rumbo a Perumin” con; cuatro Hackatones, dos competencias de Tecnología de Información, comunicación, automatización y robótica (TICAR), logró convocar a más de 1,100 profesionales y estudiantes jóvenes de 45 universidades de todo el país, quienes plantearon soluciones impresionantes para nuestros desafíos. No sólo recibieron en cada evento premios económicos, sino que los principales pudieron exhibir sus proyectos en el Pabellón de la Innovación y los tres mejores presentaron un “Pitch” ante el Presidente de la República, cinco ministros, un equipo de ministros, las principales empresas mineras del mundo y los principales proveedores de estas, quienes ya mostraron su interés en los proyectos, han ofrecido prácticas y contratos de trabajo y los quieren tener cerca para soluciones y emprendimientos. Ya de hecho, se ha contratado a algunos jóvenes brillantes.

En esa línea, un grupo de empresas mineras miembros de la SNMPE, han constituido el “Hub de innovación abierta” y a este grupo, al que se está sumando más empresas y sus proveedores, sumando también empresas mineras y proveedores de Brasil y Chile, para generar esta nueva dinámica que, no dudó será muy exitosa. El objetivo es mostrarles desafíos reales, con data real y requerirles propuestas de solución a ser desarrolladas por ellos y probadas en nuestras propias operaciones. La gran noticia es que, como en minería estamos en las “Ligas Mayores”, la exigencia también es de muy alto nivel y la potencialidad de exportar estos servicios y bienes de desarrollo tecnológico, se vuelve global y de mercado ampliado. La segunda buena noticia es que, como la minería es tan exigente, las propuestas y proyectos son escalables a otras industrias y a soluciones de la vida cotidiana.

Reflexionábamos con el equipo de gobierno que nos visitó, acerca de los sensores de fatiga diseñados para nuestros operadores de equipo pesado que, detienen el equipo y alertan al supervisor del centro de control para reemplazar al operador, que ha reducido a cero los accidentes por “micro sueño” en las operaciones. ¿Se imaginan que esto se convierta en una regla para el transporte público y privado de transporte de pasajeros y carga en el Perú?  Eliminaríamos la principal causa de mortalidad en nuestro país.  Autoridades los invitamos a que se animen y lo apliquen.

Mención especial merece nuestro “Perumin Inspira”, que convocó 180 proyectos sostenibles que, resolvían al menos uno de los Objetivos de Sostenibilidad de las NNUU, aplicables a nuestras zonas alto andinas. Ya estamos impulsando el desarrollo a nivel industrial de sistemas de calefacción que, a diferencia de planteamiento anterior de “casitas calientes”, toman y acumulan calor natural durante el día y lo disipan de noche, cuando realmente hace falta. El segundo y de gran impacto, pequeñas plantas de 1 metro cúbico de volumen, operados con energía fotovoltaica de potabilización de agua. Veamos de aprovecharlas pues potabilizan 2,500 m3 de agua por día, una gran solución para poblados pequeños.

La convocatoria a la juventud fue notoria pues, 1,400 voluntarios, estudiantes universitarios de los dos últimos años de todas las profesiones y de todas las universidades del Perú, que luego de un proceso de selección y entrenamiento en TECSUP Arequipa, fueron puestos en contacto con las empresas que les enseñaron respecto a los bienes y servicios que estas ofrecen y que les permitió generar un vínculo con las mismas en una “práctica dirigida” por sus ejecutivos (tengo que mencionar que muchas empresas ya tomaron nota de candidatos a futuros colaboradores) y que además les permitió el acceso a las conferencias, especialmente diseñadas para ellos, por dos horas al día, así como el acceso a la conferencia a la conferencia del conferencista central del evento.  A este grupo de estudiantes se sumó un centenar de “Amautas Mineros”, estudiantes ligados a nuestra actividad y que realizan un voluntariado permanente con escolares quienes, en esta oportunidad, dirigieron la visita guiada por ellos a la Mina Virtual para 2,150 escolares de secundaria y 2,500 adultos durante estos 5 días.

La respuesta de los jóvenes, con quienes tuve la oportunidad de reunirme como acto final del Perumin 34 para agradecer su activa participación, me pareció fantástica, su actitud vibrante y su enganche con nuestro proyecto imparable; al punto que una voluntaria se dirigió, al término del Perumin, a la Plaza de Armas de Arequipa a dar un mensaje en defensa de la inversión minera a los manifestantes anti mineros ahí presentes.

Creo que cuando uno se fija una visión, plantea algunos buenos y claros objetivos, convoca a gente capaz para definir la estrategia y poner en marcha su buena ejecución, se tiene asegurado el éxito.

¡Repliquemos este caso! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia

Quisiera compartir una experiencia que explica lo que nos ocurre en el país que tanto amamos, el Perú.

Preocupados en el sector minero por el azote que significa la desnutrición y anemia en nuestra niñez, diseñamos un plan integral que junte “Alimentación saludable” (programa de Naciones Unidas), con mejoramiento de condiciones de higiene instalando Plantas de tratamiento de agua potable y de tratamiento de aguas residuales, de forma que las empresas mineras, aportando su capacidad técnica, logística y de gestión, puedan “adoptar un distrito” y construir, operar temporalmente, entrenar a pobladores locales en la operación de estas plantas, para finalmente transferirlas a sus autoridades y así “graduarlos” en el manejo de este servicio.

Podemos estar seguros que sería un gran aporte a la solución del problema de anemia y desnutrición, mejora de la calidad de vida y de la evolución escolar, además de mejorar la gestión en los planes de infraestructura básica, eliminando la corrupción atomizada en el sector público.

Para el diseño del proyecto, identificamos los distritos del área de influencia de las operaciones mineras de las empresas responsables y formales de nuestra industria.

Inmediatamente, solicitamos al ministerio correspondiente (MVCS) el inventario y la situación actual de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales y/o los proyectos de atención de esas necesidades básicas, con la finalidad de sumar a los esfuerzos ya realizados.

Cuál no sería nuestra decepción cuando recibimos por respuesta que, “esa información no existe”, pero que verían qué plantas tendrían proyectadas para ver qué podemos hacer.  Ciertamente, un proyecto integral, debidamente estructurado, con control de ejecución y monitoreo de sus resultados; no sólo respecto al agua, sino al control de anemia y nutrición que también debe de enlazarse a la mejora de enseñanza y rendimiento escolar, debe ser un plan integral y que cuente con una entidad responsable (la empresa) a cargo del mismo, no un evento aislado.

Peor aun cuando planteamos, ante la ausencia de la información, que las empresas propondrían la ejecución del proyecto, luego de esfuerzo propio de indagación, mediante “obras por impuestos”. Respuesta; IMPOSIBLE, no se puede ejecutar “obras por impuestos” en proyectos que el Estado no tiene considerados en su presupuesto.

Resultado; si el Estado y el Supremo Gobierno no han pensado siquiera en las necesidades básicas de las poblaciones rurales históricamente abandonadas, NO ES POSIBLE que el sector privado proponga su participación y apoyo en la solución de los problemas.

¡Por eso creo que, tendremos que “celebrar” el bicentenario del mundo de “Macondo “!!! Lampadia

Camilo Sebastian Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Desde el mediados de enero la vía que atraviesa el fundo Yavi Yavi en Cusco que conecta el Proyecto Minero “Las Bambas” al puerto de Matarani se encuentra bloqueada por habitantes de la comunidad de Fuerabamba.

Los manifestantes, quienes vivían en las inmediaciones del actual yacimiento de “Las Bambas”, fueron reasentados luego de un largo proceso de negociación con la comunidad en años anteriores. A cada familia se le hizo entrega de modernas viviendas de tres pisos, se les efectuó un pago en efectivo por sus terrenos y se les transfirieron tierras en el área de Yavi Yavi en Cuzco.

El bloqueo que lleva cerca de 50 días, genera pérdidas diarias de $6 millones de dólares para la Empresa minera. Por otro lado, la región Apurímac ha dejado de percibir cerca de 25 millones de soles por concepto de regalías en lo que va del conflicto. La conducta de los diversos actores con poder en este caso es ilustradora respecto a las dinámicas de poder existente entre manifestantes, el Estado y las Empresas Mineras en el Perú.

Se encuentra bastante difundida la imagen de las empresas mineras como “poderosas” gracias a los enormes recursos económicos de los que dispone. Los sectores a la izquierda del espectro político acostumbran incluir en su discurso la idea de un Estado cooptado por la actividad minera. Un escenario en el que la regulación, las fuerzas del orden y el funcionariado actúan en función de la defensa de los intereses de las empresas mineras. Implícita en esta narrativa esta la idea de un efectivo mecanismo de transformación del poder económico minero en poder político, mediático y coactivo en las zonas de operaciones de las grandes empresas mineras.

Sin embargo, tanto el actual conflicto como los bloqueos previos a las vías de acceso a Las Bambas ponen en duda esta supuesta equivalencia entre poder económico y poder político. En este caso un proyecto minero que demandó una inversión de 10,700 millones de dólares se mostró incapaz de presionar al Estado a garantizar el libre paso de su producción lo que ha llevado a la empresa a perder varios millones de soles a causa de la acción ilegal (Puesto que existe un Estado de Emergencia y leyes que castigan la obstrucción de carreteras) de unos pocos cientos de ciudadanos.

La narrativa impulsada por los anti-mineros busca caracterizar a la empresa como poderosa y abusiva, con control absoluto sobre la Policía y que ha logrado cooptar al Poder Ejecutivo y Judicial. De modo contradictorio se reconoce que esa misma empresa reporta perdidas millonarias diariamente por su incapacidad para llevar al desalojo de los manifestantes por parte de una Policía que supuestamente es “mercenaria” de la empresa. Creemos que esa narrativa es poco coherente con la realidad. Según la narrativa anti-minera (que múltiples ONGs subscriben), la Policía Nacional está sometida a los intereses de las empresas mineras. Esta podría ser enviada a desalojar a los manifestantes sin consecuencias relevantes puesto que cualquier posible penalización ante el abuso de derechos humanos sería neutralizada por un Poder Judicial controlado por las mineras y ocultada por una prensa sometida a los intereses mineros. 

La debilidad de esta visión proviene de una simplista equivalencia entre poder político y económico cuyas limitaciones se manifiestan en el caso del actual bloqueo a “Las Bambas”. Un enfoque sustentado en el tipo de intereses de los diversos actores involucrados en este conflicto podría brindar una interpretación más ajustada a los hechos.

Las comunidades de Fuerabamba tienen por interés racional el maximizar los beneficios económicos de sus miembros. Para ellos es racional -independientemente de la justicia de su reclamo- el asociarse con asesores externos como los hermanos Chávez con el fin de obtener compensaciones financieras ya sea por parte de Las Bambas o del Estado. El mecanismo más fácil para canalizar estas rentas, dados los recursos financieros y logísticos de los que disponen, consiste en infringir costos financieros a la “Las Bambas” y costos políticos al Gobierno mediante el bloqueo de vías de comunicación. Esto parte de un análisis costos beneficio básico, en la medida que ilícitos como el bloqueo carreteras no sean penados, mayores incentivos se tendrá a realizar bloqueos si se generan costos lo suficientemente altos a los actores con recursos económicos (Empresas y Estado). Posteriormente, estos actores se verán obligados a destinar recursos a los movilizados con el fin de dejar de ser perjudicados.

Un Gobierno, en democracia, tiene intereses tanto políticos como de gestión. De la misma manera que los recursos financieros son aspectos críticos para la empresa privada, la popularidad del gobierno es el principal activo a proteger por parte del Gobierno y de sus operadores. Aun un ministro o presidente corrupto se preocupa por su popularidad puesto que la misma afecta la continuidad de la posición de poder de la cual lucra. La decisión respecto a acabar o no con el bloqueo a Las Bambas, la cual corresponde al Gobierno Central, se piensa en términos de los efectos de esas decisiones sobre la popularidad gubernamental. Es decir, se toma en función a los efectos políticos esperados de semejante intervención, los efectos económicos sobre el país son de segundo orden para los gobernantes.

Para el Gobierno Central, despejar la carretera en Las Bambas implica una mejor recaudación fiscal futura e imagen de imperio de la ley frente a los inversionistas y algunos líderes de opinión. Por otro lado, implica un conjunto de riesgos, imágenes de violencia que faciliten el caracterizar al gobierno como abusivo, ruptura con sectores políticos afines a los manifestantes y perdida en la popularidad de ministros específicos (En especial el presidente del Consejo de Ministros, al que se le responsabiliza de la gestión de los conflictos sociales). Como se puede ver los factores a considerar para el Ejecutivo son eminentemente de orden político mientras que los efectos sobre la empresa minera son eminentemente económicos.

En este caso lo que está en disputa es la capacidad de los camiones “Las Bambas” para transitar por una determinada carretera. El orden legal autoriza a la empresa a hacerlo y quienes realizan el bloqueo lo hacen en contra del orden legal vigente. Sin embargo, el bloqueo se mantuvo puesto que la población movilizada se constituye en un poder factico dentro de la zona frente a una Empresa que no puede realizar acciones de fuerza de manera autónoma y un Estado que calcula políticamente su ejerce o no monopolio de la fuerza que institucionalmente le corresponde.

Esto es así porque los movilizados y sus aliados son fuertes en factores críticos de los que depende el análisis de costos y beneficios (De naturaleza política) del que dependen las decisiones del Gobierno Central en este caso. Una empresa puede disponer de muchos millones de dólares, pero hasta ahora los comuneros, políticos y activistas se muestran efectivos en infringir costos y beneficios políticos al gobierno por permitir el bloqueo. El poder discursivo comunicacional de quienes bloquean la vía y de sus aliados en la prensa, fuerzas políticas y líderes de opinión se muestra, hasta ahora, comparable o superior al de la Empresa minera y sus aliados.

Quienes bloquean la carretera son apoyados comunicacionalmente por ONGs, congresistas, algunos periodistas y líderes de opinión. Por el lado de los intereses mineros el apoyo mediático no tiene la amplitud ni la intensidad del otro bando. Este es un juego de capacidades políticas y comunicacionales más que económicas. Las Bambas es poderosa desde el punto de vista económico, pero no desde el político, por ello unos pocos cientos manifestantes pueden infringirles costos millonarios a pesar de los miles de millones de dólares que representan este proyecto minero. Lamentablemente las empresas mineras y los gremios no se han dedicado a construir los instrumentos (tales como voceros, think tanks, estudios académicos) necesarios para poder competir en pie de igualdad con los anti-mineros.

La equivalencia entre poder económico y político forma parte de las creencias básicas de gran parte de la inteligentsia peruana a pesar de los miles de millones dólares en de proyectos mineros paralizados u obstaculizados que son evidencia de lo falso de esta creencia. El sector privado tiene que entender que mientras el poder discursivo de los adversarios sea superior, en muchos casos, no podrán esperar un respaldo gubernamental consistente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ha llamado a preocupación nacional la debilidad extrema del gobierno en sendos acuerdos firmados con los transportistas y con la comunidad nativa de Mayuriaga.

• Los transportistas que cometieron el delito de bloquear carreteras, fueron premiados con una reducción en el precio del diésel que llevará a todos los peruanos, según Elmer Cuba, a subsidiar a los transportistas con nuestros impuestos, fuera de permitirles no pagar algunos peajes durante cinco meses.
• Y la comunidad nativa que había cometido el gravísimo delito de sabotear el oleoducto, ha sido recompensada con una serie de beneficios, obras y promesas de servicios, a muchos de los cuales tendrían derecho, pero no luego de haber obturado el oleoducto.

Preocupación similar causan también algunas de las explicaciones del viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, dadas el sábado pasado en El Comercio. Estrenó sus respuestas con una gran contradicción, muy elocuente: “Se les ha dicho (a las comunidades) que, si queremos desarrollo, debemos respetar la ley. Las comunidades amazónicas tienen innumerables brechas por atender, pero la forma de obtener atención del Estado no es vulnerando la ley o atentando contra la propiedad ajena”. Muy bien, pero acto seguido, en la misma oración, agrega: “Tampoco vamos a desatender a una comunidad porque realizaron una mala acción para obtener atención”. Es el reflejo exacto de lo que ha ocurrido.

Fiscalía y corte supra-provincial

Su justificación es que no han cedido al pedido de la comunidad de retirar las denuncias, que están en manos de la Fiscalía. “La fiscalía es independiente y el Ejecutivo no hará nada por vulnerar sus competencias. Tienen que hacer su trabajo”. Bueno, pero ya sabemos de sobra que no hacen su trabajo. Las fiscalías locales no acusan a los locales. Allí está el caso del bloqueo de la carretera en Fuerabamba, Apurímac, con estado de emergencia y todo. Los conocidos abogados que reinan en el corredor minero, profesionales de la extorsión, se han auto-incriminado varias veces, y ni la Policía ni el Ministerio Público son capaces de armarles un caso. Menos a los dirigentes.

¿Qué se espera para crear una fiscalía y una corte supra-provincial con sede en Lima para acusar y procesar en estos casos que no solo constituyen delito flagrante, sino que comprometen el desarrollo del país al bloquear la salida de mineral y de petróleo? El imperio de la ley es fundamental si queremos tener los recursos justamente para cerrar las brechas históricas en nuestro país. Alentar los actos de violencia como método para atender brechas lleva a la destrucción de toda posibilidad de resolverlas en el mediano y largo plazo.

Sí hay lesionados, y muchos

Molina defiende el diálogo aun en condiciones de extorsión con el siguiente argumento: “La prueba es que tengo poco más de 10 meses en el cargo y no ha habido ningún lesionado en conflictos. Nuestra premisa es buscar soluciones dialogadas hasta el final”. Por supuesto que hay que buscar siempre el diálogo, pero también la aplicación de la ley. Uno no puede ir sin la otra.

Pero aquí hay dos atingencias importantes. La primera es que no es cierto que no haya habido lesionados. Hace solo algo más de un mes, en Fuerabamba precisamente, los medios informaron que 12 policías fueron heridos y dos de ellos de gravedad, y el campamento policial incendiado. Y no se conoce de ningún procesado por esos hechos. No solo eso: según la Defensoría del Pueblo, el 2018 hubo 134 heridos y 5 muertos en los conflictos.

De acuerdo a estos cuadros, en los últimos diez meses de gestión del señor Molina hubo 84 heridos y 2 muertos en conflictos sociales. Pareciera que el problema de los conflictos no está en su radar ni en su escala de prioridades. De lo contrario habría notado el número de víctimas que producen.

Las mesas de diálogo producen más conflictos

La segunda atingencia es que la creación de mesas de diálogo para resolver conflictos, solo ha producido más conflictos. Por la sencilla razón de que el Estado peruano no ha sido capaz de cumplir con los compromisos adquiridos en esas mesas. Según el reporte Willaqniki N°01-2019 de la Secretaría de Gestión y Diálogo Social (SGDS), que pertenece justamente al viceministerio de Gobernanza, hay en la actualidad 112 mesas de diálogo en curso. Pero, como podemos ver, esas mesas y otras anteriores han producido 1,462 compromisos pendientes de cumplimiento, de los cuales 1,118 corresponden al Estado, principalmente a los distintos sectores del Ejecutivo.

Lo que ocurre es sencillamente que las mesas de diálogo se resuelven con compromisos que después el Estado no puede cumplir o se olvida de cumplir. Los sectores, por ejemplo, no colocan en el presupuesto del siguiente año los compromisos adquiridos, y el sistema de seguimiento de los compromisos, a cargo de la mencionada Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, no ha funcionado para asegurar su cumplimiento. El propio Molina lo reconoce en alguna medida: “Hay que firmar actas en procesos complejos como el de Mayuriaga, pero trabajamos para no firmar compromisos fuera de nuestro alcance. Las actas hoy son menos ambiciosas. Es mejor firmar varias actas progresivas que una enorme que no podamos cumplir”.

El problema es, efectivamente, que el incumplimiento por parte del Estado desata a su vez más conflictos, en un círculo vicioso:

Las mesas de diálogo se convierten en un recurso de última instancia cuando el conflicto ya ha estallado. Pero la cosa es aún más compleja. Muchas comunidades y dirigencias provocan conflictos para generar precisamente mesas de diálogo, porque se espera obtener a través de ellas de manera rápida lo que de otra manera tomaría todo el proceso presupuestal normal que tarda mucho tiempo. La mesa de diálogo es una suerte de fast track para obtener obras o servicios. Pero lo que ocurre es que para salir del problema el gobierno ofrece proyectos que luego no se ejecutan. Lo que a su vez provoca más conflictos.

De lo que se trata es de impedir que el conflicto estalle. Para eso se necesitaría no solo una SGDS capaz de montar un oportuno sistema de alerta temprana (tarea que el ministerio de Energía y Minas cumple mejor, dicho sea de paso), sino sobre todo un Estado capaz de estar presente para resolver los problemas y ofrecer servicios eficientes y desarrollo integral e integrado al mercado, de manera de prevenir que se gesten situaciones conflictivas. Es decir, no diálogos para resolver conflictos, sino una comunicación estructural permanente, un Estado internamente comunicado y conectado con la población.

Si las minas y el Estado se preocuparan por infundir tecnologías que aumenten la productividad rural, los campesinos no estarían golpeando a la mina para obtener beneficios, sino que estarían produciendo para el mercado y para la propia mina, convertidos en empresarios integrados a cadenas productivas dentro del mercado nacional.

No hay un alto funcionario coordinador

Y eso, un Estado presente y articulado, responsabilidad del propio viceministerio de Gobernanza de la PCM, no lo tenemos. Por ejemplo, en cada región minera debería haber un alto funcionario de la PCM asegurando la coordinación y la sinergia entre los sectores y entre los tres niveles de gobierno, con una visión territorial, para asegurar una acción coherente y oportuna del Estado en su conjunto. No existe tal cosa, como si la inversión minera no fuera vital para el crecimiento nacional.

No solo eso, resulta que la PCM efectivamente está creando este año 5 Agencias Regionales de Desarrollo para asegurar articulación intersectorial e intergubernamental, pero ¡en regiones no mineras!: La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura. Como si no tuviera conciencia de la importancia estratégica de la minería para el desarrollo nacional.

El único que intenta jugar un papel coordinador en el terreno es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que está creando unos llamados “Comités de Gestión e Información Minero Energético” en las regiones mineras para seguimiento de compromisos, información, buenas prácticas e impulsar proyectos de desarrollo y bienestar. Pero no tienen el empoderamiento de la PCM y carecen de capacidad de convocatoria.

El canon minero no funciona

Ahora bien, se extrañaría menos un Estado articulado y presente, si funcionara el canon minero. Pero no funciona. El canon no sólo no sirve para producir desarrollo integral en las zonas mineras, sino que genera gran corrupción y conflictos. Este es un caso de desperdicio absoluto de cuantiosos recursos. Mediante el canon minero el presupuesto nacional –el país- renuncia a disponer del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, para que sea invertido en el desarrollo de las comunidades y regiones donde están las minas. Esto, de paso, para que la población cercana a las explotaciones mineras perciba los beneficios que trae la minería. Pero eso no ha ocurrido.

El canon minero ha aportado a las regiones casi S/.40 mil millones entre 2000 y 2015, pero no ha producido desarrollo integral y, como podemos ver en los siguientes cuadros, la conflictividad ha subido junto con él. 

Fuente: Sebastiao Mendonca Ferreira: Para reducir la Conflictividad Minera.
Publicación de Lampadia 2017

El problema está en el manejo de los recursos del Canon, a cargo principalmente de los alcaldes distritales cercanos a la mina y también, en segundo término, de los alcaldes provinciales del departamento y del gobierno regional. Los alcaldes distritales carecen de capacidad de ejecución y la gestión de esos recursos se vuelve muy corrupta. Muchos alcaldes distritales usufructuarios del canon están hoy en la cárcel.

Es hora entonces de sincerar esta situación y avanzar hacia una reforma seria del manejo de los recursos del canon. Este debe hacerse dentro de fórmulas institucionales que aseguren la ejecución de un plan serio de desarrollo rural y urbano integral que conecte eficientemente y de manera sostenible a los campesinos y pobladores urbanos con el mercado. 

En ese sentido, el canon que produce cada empresa debería ser manejado por un organismo micro-regional o por un fideicomiso o por un PMO o por un esquema similar al que se aplicó para manejar las contribuciones voluntarias de la época de Alan García que luego Humala convirtió en gravámenes y derechos mineros que son captados a nivel central. Los alcaldes podrían integrar un directorio. Pero no se puede seguir soslayando irresponsablemente este tema.

Conclusión

En resumen, si queremos realmente prevenir los conflictos y lograr que la minería produzca el desarrollo de las regiones mineras y provea los recursos para el desarrollo nacional, necesitamos un Estado que coordine en el territorio, de servicios eficientes, use el canon para producir desarrollo integral, a la OEFA para garantizar equilibrio ambiental, y sea capaz de imponer la ley cuando hay delito.

Por supuesto, también necesitamos empresas mineras que expliquen bien sus procesos tecnológicos y fomentan integración de campesinos y economías locales al mercado aumentando su productividad. Es decir, que hagan desarrollo compartido. No es tan difícil.

Mientras nada de esto ocurra, seguiremos asistiendo a vergonzosas actas de solución de conflictos que premian la comisión de delitos, estimulando la violencia en el país. Lampadia

Semanario Minas y Petróleo, edición N° 1069
L&L Editores, 29 de octubre de 2018

“No dejes que mirar al árbol te impida ver el bosque”, es un sabio refrán, que podría recomendarse tomar en cuenta a las empresas mineras, al momento de preparar sus estrategias de apoyo social a las comunidades de su entorno.

¿Cuál sería el árbol y cuál el bosque en este caso? El árbol sería las comunidades del entorno de la operación minera y el bosque el problema de la agricultura y de la ganadería en todo el ámbito de la sierra peruana.

Con frecuencia, en los eventos organizados por las instituciones que pertenecen al sector minero, las empresas mineras exponen, en relación con las estrategias de apoyo social a aplicarse, programas que buscan incrementar el volumen y mejorar la calidad de los productos agrícolas o del ganado de las comunidades del entorno.

Sin embargo, esto equivale en el refrán antes señalado a mirar el árbol, ya que como lo señaló Juan Manuel Benites en AGROMÍN (ver Minas y Petróleo edición N° 1062), con estos programas se logrará que los pequeños agricultores mejoren su productividad por un tiempo e incrementen marginalmente sus ingresos, pero no dejarán de ser pobres.

Lo mismo ocurre, cuando el ámbito no es el de la agricultura sino la ganadería, como se puede concluir de lo señalado por el ingeniero zootecnista William Vivanco, director técnico de Vivanco International S.A.C., en otra presentación en AGROMÍN, la misma que presentamos en una versión resumida y editada en la presente edición de Minas y Petróleo.

Poder ver el bosque consistiría, en consecuencia, como lo recomendaron Benites y Vivanco en AGROMÍN, en aprender a mirar al mercado y abandonar el modelo de oferta para integrarse con las empresas mi­neras y las de los agricultores y ganaderos de la costa.

[Los minifundios alto-andinos que han podido incorporar las técnicas del programa de Sierra Productiva, han logrado superar varias de las importantes limitaciones de la ganadería alto-andina, adecuadamente reseñada en el siguiente informe. Es una lástima que todos los gobiernos, desde el año 2000 a la fecha, hayan negado su apoyo al programa de Sierra Productiva, y que la gran mayoría de las unidades productivas de la sierra sigan atrapadas en las limitaciones presentadas líneas abajo].

PROBLEMAS PARA DESARROLLAR UNA GANADERÍA SOSTENIBLE

Nos corresponde analizar en esta presentación el tema de la ganadería en la región altoandina sobre los tres mil metros de altura. Ésta es una región compartida, intensamente, entre el sector minero y el agropecuario, pero, fundamentalmente, entre la minería y la ganadería.

La agricultura -por encima de los 3,500 metros de altura- es una actividad de alto riesgo. En cambio, la ganadería es más versátil y puede adaptarse mejor a los climas altoandinos. Se realiza hasta los 4,800 o 5 mil metros de altura, dependiendo de las especies.

En este ambiente altoandino es indispensable identificar cuáles son los problemas que tenemos para desarrollar una ganadería sostenible y rentable y sobre esa base dar algunas sugerencias o aportes, la mayoría de los cuales están validados para convertir esa actividad en una que sea sostenible y rentable.

Al respecto, nos parece recomendable que las empresas mineras -a través de sus órganos de apoyo social o de las organizaciones de apoyo comunal- implementen algunas iniciativas, que queremos sugerir, las mismas que deberían contar, esencialmente, con el apoyo de los gobiernos regionales y el Ministerio de Agricultura.

La ganadería es una actividad muy importante para el país, especialmente en la zona altoandina. En el Perú, destinamos alrededor de siete millones de hectáreas a las actividades agropecuarias, con gran cantidad de cultivos forrajeros. Mientras que en la costa se cultiva chala, en la sierra se siembra ray grass y trébol. Es importante destacar que, en gran parte del área cultivada del país, se desarrolla la ganadería y la producción de alimentos para el ganado.

EN USO DE SUELOS LA GANADERÍA ES LA MAYOR ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE SE REALIZA EN EL PERÚ

En relación a la agricultura, la ganadería ocupa el triple del área de aquella. Entonces, en proporción del uso de suelos, es la actividad económica más importante que se realiza en el Perú.

Coincidentemente, el principal uso del suelo en la zona altoandina es la ganadería. En esa zona existe la extrema ¿Esto qué quiere decir? Significa que los ganaderos no están aplicando estrategias adecuadas o hay factores que los limitan, gravemente, que les impide hacer una actividad rentable.

Si necesitamos alternativas de solución, lo mejor es buscar la forma de que la ganadería sea, realmente, una actividad con la que pueda mantenerse una familia en el alto Ande, porque las experiencias con nuevas formas de generar actividades económicas siempre ha sido un fracaso. Recordemos la gran ilusión que se tuvo con la colza, donde hubo una gran inversión sin lograr los resultados esperados.

CÓMO HACER QUE LA ACTIVIDAD GANADERA SEA MUCHO MÁS EFICIENTE

Es muy difícil que podamos reorientar toda la capacidad que tiene el poblador altoandino que es, eminentemente, ganadero para convertirlo en un productor en otros sectores en los que jamás se ha desempeñado. Por lo tanto, la estrategia debe consistir en buscar cómo hacer su propia actividad ganadera mucho más eficiente y mucho más rentable.

TENENCIA DE LA TIERRA LIMITA RENTABILIDAD DE LA GANADERÍA

El problema principal que limita la rentabilidad de la actividad ganadera, en el alto Ande, es la estructura de la tenencia de la tierra. Un minifundio es o podría ser manejable y hasta rentable en la costa, dependiendo del cultivo que se produzca, pero no en la puna.

En la alta puna, donde el promedio de la unidad familiar es tres hectáreas de pasturas naturales a lo que se agrega la deficiente forma en la que se explotan, es imposible que los pobladores altoandinos salgan de la extrema pobreza. Una hectárea de pastura natural soporta, en el mejor de los casos, tres unidades ovinas. Es decir, una unidad familiar de tres hectáreas tiene 9 o 10 ovejas con lo cual no se puede erradicar la pobreza.

EL MINIFUNDIO GENERA DEPREDACIÓN DE LOS RECURSOS

El principal reto es cómo vamos a trabajar el minifundio tal como está, es decir, con su actual estructura para lograr que las familias ganaderas tengan un sustento decoroso. Tenemos que generar todo un bagaje de innovación, porque no vamos a esperar que los políticos hagan una nueva reforma agraria. Hay que actuar.

El minifundio trae como consecuencia la depredación de los recursos.  El campesino dice: “tengo una hectárea de pasto natural que me va a soportar tres animales, pues pongo ocho animales en ese espacio porque tres no me es suficiente”.

De acuerdo al doctor Enrique Flores, más del 47% de las praderas altoandinas están depredadas o en proceso de desertificación. Llevarlas a su estado original de productividad, demandaría cerrar esas pasturas y no poner animales allí por lo menos ocho años. Entonces ¿dónde se ubicaría todo ese ganado y de qué viviría el campesino?

El otro problema que existe es que ese sistema productivo es inoperante para ese tipo de unidad familiar. Cuando se visita la sierra se comprueba que se acostumbra practicar en las praderas alto-andinas el “low input” “low output”, es decir, no le pongo nada o no invierto nada y recojo lo que me puede dar la naturaleza.

Con ese sistema se puede trabajar en Australia, por ejemplo, donde una sola hacienda tiene 500 mil hectáreas o cuando en el Perú -antes de la reforma agraria- una familia tenía 80 mil hectáreas. En minifundio eso no funciona. ¿Qué está pasando? Solo están quedando los pobladores más longevos. Los jóvenes se van. No pueden vivir en el campo. En consecuencia, tenemos que cambiar la estrategia de explotación, el sistema.

Hemos hecho cálculos para ver cuánto puede rendir una unidad familiar. Este dato de 2.5 hectáreas, por unidad familiar, no es inventado. Es del censo agrario del 2012. Ese es el promedio de extensión de unidad familiar en la alta sierra y si pertenece a una comunidad campesina, el promedio es 10 hectáreas.  Si tiene dos hectáreas y media (con los niveles de productividad que tienen esos animales), una familia gana 80 dólares al año y si la unidad familiar está en la comunidad campesina, gana 350 dólares. Es decir, un dólar por día con sus 10 hectáreas.

Entonces, tenemos que enfrentar con ingenio qué hacer con el minifundio. Debemos determinar qué sistemas utilizaremos en esta nueva situación de estructura agraria.  Si hacemos una priorización errada, como producir lo que yo quiero y no lo que el mercado demanda, se dará prioridad a especies que, realmente, no nos van a sacar del avispero.

VACUNOS LECHEROS, ALPACAS Y CUYES

En el Perú, en el Ministerio de Agricultura y en el INIA están priorizando los vacunos lecheros. Si nos preguntamos: ¿cuantas hectáreas de pasto natural necesita un ganadero para mantener una vaca?, la respuesta es cinco. Y como hemos señalado la extensión promedio que posee una unidad familiar es 2.5 hectáreas. Entonces se debería tener media vaca por unidad familiar, si se trata de la alta puna, con pasto natural.

En cuanto a las alpacas debo decir que no tengo nada en contra de ellas, pero el mercado mundial de la fibra de alpaca es un mercado nicho, que no se puede extender. Surgen así los programas regionales y se plantea: repoblación de la alpaca. Entonces se traen alpacas desde Puno hasta Cajamarca y son animales que producen fibras de baja calidad, ya que ni siquiera traen buenas alpacas. El problema fundamental de la alpaca es cómo lograr una fibra superfina para que pueda competir con las otras fibras raras en el mercado mundial, que es un mercado pequeño.

Y otro problema es que lo que priorizamos en el Ministerio de Agricultura es el cuy, que es el animal más ineficiente de todas las especies zootécnicas que explotamos.

Convierte cuatro kilos de concentrado a uno de incremento de peso vivo, mientras que un pollo convierte 1.5 a 1 y eso, un pollo malo. Porque uno bueno convierte casi 1 a 1. Entonces la priorización está errada. Ese es otro problema que limita la rentabilidad de la puna.

La baja productividad se debe a que no hemos hecho un trabajo de mejora y reorientación genética. Nuestros animales no producen la cantidad y calidad de producto que deberían producir, porque no se ha trabajado en acumular los genes que produzcan más y de mejor calidad.

Si vemos la tabla, sólo para dar un ejemplo, producimos 33 mil toneladas de carne de ovino al año, pero le decimos cordero a un animal de tres a cuatro años con un peso de 12 kilos de carcaza. Para el estándar internacional, el cordero tiene que tener 110 días de edad, tiempo en el que debe haber alcanzado un peso de 15 kilos.

Ese estándar, contra lo que producimos nosotros es abismal. Por eso tenemos que hacer un programa de mejora y reorientación genética.

INEXISTENCIA DE CANALES ADECUADOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN

Otros factores que están afectando la ganadería es la inexistencia de canales de acopio y comercialización adecuados, así como la falta de participación de los productores en la cadena de valor. Eso es fundamental. Nosotros vamos al campo, mejoramos, hacemos todo el trabajo y al final el productor no tiene un premio por la mejor calidad, debido a la falta de dichos canales. Y por lo tanto no hay incentivo para que el ganadero se interese y en consecuencia se mantiene en la pobreza.

¿Hay formas de solucionar el problema? Por supuesto que sí.  La tecnología de hoy en día está disponible y validada. Si a un minifundio de pasto natural le colocamos pasto cultivado, aumentaremos 18 veces su capacidad de carga. [Tal como se hace en lo proyectos de Sierra Productiva] Y si nos vamos a cultivos hidropónicos de forraje podemos aumentarle en 100 veces la capacidad de carga de unidad y superficie.

En consecuencia, no se puede continuar con el pastoreo extensivo en el minifundio. Tenemos que buscar sistemas mucho más intensivos en la priorización de las especies. El ovino es la especie que ofrece la mayor rentabilidad y el mercado más grande a nivel nacional y mundial. Sin embargo, no está considerado en ninguno de los planes del Ministerio de Agricultura.

LA VICUÑA

Otro tema es la vicuña. El kilo de fibra de alpaca vale 5 dólares y en el mejor de los casos 8 dólares. En cambio, el kilo de fibra de vicuña vale 500 dólares. Entonces ¿por qué voy a producir alpaca si puedo producir vicuña?, se preguntarán los productores campesinos. La respuesta es que no se puede porque son animales silvestres. Estamos amarrados por nuestras propias reglas, nuestras propias leyes.

LEY DE MORATORIA

Las tecnologías reproductivas existen. Nosotros hemos instalado un laboratorio que produce más de 10 mil embriones por año. Con el avance de las tecnologías reproductivas, una vaca puede producir más de 100 crías por año.  

Asimismo, contamos con tecnología genética que no podemos usar porque tenemos una ley de moratoria.

Hoy en día se logra el incremento de la productividad y la mejora de la calidad del producto animal en base al establecimiento de Núcleos Genéticos Élite donde se realiza la selección genética y subsecuente diseminación de genes utilizando tecnologías genético reproductivas de punta (IA, TE, IVP, CLONACION, ICSI, SEXAGE, SELECCIÓN GENOMICA, BIOTECNOLOGIA MODERNA, MODIFICACION GENETICA, EDICION GENETICA [CRISPER]), con estas modernas tecnologías se puede lograr un rebaño de alpacas hembras y machos que al reproducirse produzcan vicuñas. Sin embargo, todas esas tecnologías no se pueden usar en el Perú porque tenemos la ley de moratoria. No se puede usar tecnología moderna.

Finalmente, debemos señalar que es indispensable elevar el nivel científico de nuestra gente en las universidades. Podemos convencer a los campesinos en las asambleas, de la importancia de utilizar la tecnología, pero luego un profesional o autoridad del distrito genera el pánico -por prejuicio o desconocimiento- y crea un rechazo o miedo hacia la ciencia, generando que todo se mantenga en atraso. 

Es tan importante la ganadería alto-andina que debería ser priorizada como política de estado, donde converjan todos los sectores: minería, educación, agricultura, porque es vital para el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La legitimidad social de un sector se juega a lo largo del tiempo. Esa legitimidad depende del flujo diario de las opiniones respecto a un sector en la opinión pública, líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. No es algo que puede revertirse con campañas publicitarias circunstanciales, cuando los problemas se agravan. Es una lucha prolongada, y como tal debe ser analizada.

Los pos-extractivistas y sus aliados están en una lucha global de largo plazo para inviabilizar la gran inversión minera. Gran parte de las grandes empresas mineras subestiman el riesgo que representa para ellos el activismo intelectual de los anti-mineros. Muchas empresas, confiadas en su poder económico y contactos con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus operaciones en forma significativa.

Sin embargo, los hechos de los últimos años requieren consideración. En El Salvador se ha prohibido la minería metálica, en Costa Rica se prohibió la minería a tajo abierto, y varias provincias de Argentina también se ha vuelto ilegal la minería a tajo abierto. En el Perú no son pocos los proyectos mineros que no pueden ser ejecutados a causa de la conflictividad promovida por los grupos hostiles a la minería. Esos ejemplos nos enseñan que los anti-mineros operan como la erosión geológica. Su fuerza en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.

Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando que tienen por efecto erosionar la legitimidad del sector minero. Esto ocurre sin que dicho sector tome medidas para mitigar sus efectos, ni mucho menos revertirlos. La falta de respuesta del sector es sintomática de las limitaciones del sector minero para comprender que se encuentra en una lucha de largo plazo contra adversarios determinados e ideológicamente motivados en la que se juega su viabilidad.

Las iniciativas que hemos identificado consisten en tres documentales: “La vida no vale un cobre”, “Criminalización de Defensores” y “Devoluciones Mineras”. Cada una de estas iniciativas articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generarse derivados comunicacionales que llegan a líderes de opinión, a la prensa y terminan impactando sobre la opinión publica y los políticos. De esta manera se va creando, de manera paulatina, una opinión negativa respecto al sector minero. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras. Entre ellas, predispone a periodistas contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles a la minería, que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas e incrementa la facilidad de los anti-mineros para obtener cuadros.

En esta primera entrega trataremos sobre el intento de deslegitimar las operaciones cupríferas en el sur del Perú.

“La Vida no Vale un Cobre”

Se trata de una serie de contenidos[i], en general de videos cortos como entrevistas y animaciones en la que se retrata la conflictividad social de la provincia de Espinar, Cusco desde la perspectiva anti-minera. La postura de este documental “transmedia”, como sus autores lo denominan, es evidente, como se ve en el siguiente párrafo extraído del Facebook del documental:[ii]

“#CortoAnimado A través del recorrido de un río una campesina de Espinar, Cusco, muestra como sus ríos se contaminan debido a la actividad minera, y en el camino ella va viendo como los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras la actividad minera va extrayendo y llevando camiones repletos de concentrado de cobre, dejando pobreza y contaminación para ellos.”

Se muestran testimonios en los que se afirma que las actividades mineras, en especial las de Minera Tintaya contaminan la zona. Como resultado de ello está muriendo el ganado, naciendo niños con malformaciones, y acabándose el suministro de agua en la zona.

El caso de la muerte del ganado es bastante llamativo puesto que los pobladores de la zona han enviado varios de los cuerpos de los animales muertos supuestamente debido a la contaminación minera al SENASA para ser evaluados. Cuyo informe [iii] es concluyente:

Este informe fue firmado por múltiples autoridades y lideres locales de Espinar que no tienen reparos en seguir acusando a la minería de acabar con el ganado local. Siendo esta la más recurrente acusación que se realiza localmente contra la actividad minera en la zona.[iv] A pesar de la evidencia empírica el documental continúa insistiendo en su acusación. La mayoría del público no conoce el informe de SENASA y no tiene como saber que las acusaciones contenidas en el documental ya fueron respondidas. En el vacío, los mensajes de los anti-mineros avanzan.

Ellos buscan también replicar el exitoso modelo de la mujer campesina, pobre, defensora del medio ambiente, ya aplicado con “Máxima Acuña” en Cajamarca por el ex cura Arana. En este caso ellos están visibilizando a la campesina Melchora Surco, quien comparte con Máxima la capacidad para acusar a la minería de múltiples abusos en medio de lágrimas. Al igual que en el caso de Máxima sus acusaciones no requieren ser corroboradas puesto que su condición de mujer pobre indígena es suficiente prueba para los pos-extractivistas y sus aliados. Se ha realizado un documental entero sobre la señora y se plantea presentar frente a múltiples públicos.

Este documental fue realizado con el auspicio de Broederlijk Denle, Entrepueblos, Gobierno Vasco, CooperAcción y Derechos Humanos sin Frontera (Cusco). El caso de CooperAcción es llamativo puesto que de manera insistente esta organización afirma no ser anti-minera, sin embargo, de manera sistemática se dedica a divulgar ataques a la minería independientemente de la carga probatoria de la misma.

El documental va dirigido a desprestigiar la actividad minera de cobre en el Corredor del Cobre del Sur Peruano. Esto es especialmente importante puesto que es el cobre el mineral en el que se enfoca el grueso de las expectativas de crecimiento de la minería en el Perú. Líderes de opinión nacionales, redactores de medios de comunicación y reporteros ven estos materiales y cuando se dan casos de conflictividad social asumirán posturas hostiles a la minería y al cobre específicamente.

Posteriormente las empresas se lamentan por el sesgo anti-minero del periodismo cuando las ONG anti-mineras mantienen líneas de acción sostenidas de desprestigio mientras que las empresas, en su mayoría, hacen algo de relaciones publicas cuando el conflicto asume relevancia nacional.

Estos documentales, y otros que veremos en los artículos siguientes, deforman la realidad de la minería en el país, sin que reciban respuestas adecuadas. Si no se contrarresta la narrativa anti-minera, se priva a los periodistas y a las poblaciones locales de los elementos de juicio alternativos, necesarios para pensar en forma realista sobre la minería y sus opciones de desarrollo y bienestar. Esos hechos no contribuyen a la sostenibilidad social del sector. Lampadia

Las empresas mineras tienen por delante importantes retos para superar los riesgos que se avecinan en su sector. En un reciente informe de EY Perú (Ernst & Young), se analizan cuáles son los 10 riesgos globales que la industria debe tomar en cuenta, basándose en una encuesta realizada por EY Global a ejecutivos de las más importantes empresas de la industria a nivel global.

El análisis reseñado, no incluye el riesgo político, que en el caso del Perú se ha venido agravando por:

• Las acciones (no contrastadas de los grupos anti-mineros)
• La impunidad ante los delitos cometidos en las protestas político sociales contra los grandes proyectos de inversión
• La debilidad expositiva y de liderazgo del gobierno

Según Víctor Burga, Socio Líder de Auditoría en Minería y Metales de EY Perú, “El informe de riesgos mineros de este año muestra cambios importantes con respecto al año anterior: los precios vienen repuntando y los estados financieros de las empresas se ven más sólidos. Son tiempos de seguir con la gestión óptima de los costos, de buscar la innovación en los procesos de negocios y de mantener buenas relaciones con las comunidades. La gestión de estos aspectos resultará clave para el logro de los objetivos de las empresas mineras.”

Este reporte lista los 10 principales riesgos para la minería para los periodos 2017-2018:

1. Efectividad digital

El riesgo está en no darse cuenta del impacto de la digitalización en la minería, en otras palabras, que las compañías no visualicen la relevancia de dicha transformación. El enfoque debería estar en el uso de lo digital para resolver el problema más urgente del negocio: mejorar la productividad y los márgenes de toda la cadena de valor.

2. Retornos competitivos para el accionista

Los accionistas están ávidos de recibir retornos en niveles superiores respecto a los años previos, lo que genera una disyuntiva en las compañías respecto a invertir o repartir sus utilidades. EY considera que el retorno al crecimiento traerá oportunidades para la creación de valor. Esto invita a las compañías mineras a construir portafolios resilientes y de multicíclicos que ofrezcan rentabilidad sostenible a los accionistas.

3. Riesgo cibernético

El mayor grado de automatización que presentan las compañías mineras aumenta el grado de exposición ante ataques cibernético. Las empresas deben aplicar un marco de seguridad cibernética para identificar brechas de control cibernético importantes que deben cerrarse para lograr el perfil de riesgo cibernético meta

4. Nuevas materias primas del mundo

Comprender el impacto del cambio de actitudes y tecnologías es vital para mantener un equilibrio entre las nuevas y antiguas materias primas del mundo. Fenómenos como la electromovilidad están impulsando la demanda por productos como el litio, ante lo cual las mineras están en la disyuntiva de focalizar sus esfuerzos en sus productos tradicionales o en ingresar a nuevos mercados.

5. Riesgos regulatorios

El riesgo regulatorio se ha incrementado para el sector a medida que los gobiernos demandan una mayor rentabilidad y supervisión de sus recursos naturales. Con el ciclo minero al alza, se produce un mayor interés en obtener parte de esas utilidades, por ejemplo a través de modificaciones en los impuestos. A ello se suma la inestabilidad jurídica a la que se ven enfrentados los inversionistas.

6. Optimización del dinero

Riesgo vinculado al desafío de asignar el capital y gestionar de manera competitiva las demandas de los accionistas, frente a la situación de los proyectos en crecimiento. Además, el retorno al crecimiento probablemente impulsará una mayor producción, que a la vez necesitará inversión en el capital de trabajo e inversiones de capital. Estos cambios jugarán un papel importante en las decisiones sobre asignación de capital y cómo esta asignación optimiza el dinero.

7. Aceptación social comunidad local y una variedad de accionistas (ASPO)

Las mineras afronta el desafío de atender los requerimientos de sus diversos stakeholders: comunidad, medio ambiente, proveedores y empleados; ya que, con frecuencia, hay una brecha de expectativa entre lo que las compañías mineras ofrecen y lo que la comunidad quiere, y, como resultado, muchos mineros han tenido que abandonar proyectos.

8. Reemplazo de recursos

El menor Capex de las mineras ha repercutido en una disminución de las inversiones en proyectos de exploración. Para superar algunos de estos desafíos, además de incrementar la inversión en exploración, las compañías de la industria minera deben formar asociaciones estratégicas, comenzar joint ventures, adquirir proyectos o minas existentes y mejorar la tecnología para obtener mayores índices de éxito en la exploración.

9. Acceso y optimización de la energía

Las mineras buscan menores costos y una mayor certeza de su suministro energético, siendo un aspecto relevante que tendrá el tipo de energía elegida, debido a por ejemplo su impacto ambiental. Las operaciones mineras en áreas remotas enfrentan desafíos únicos en cuanto al desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de energía independientes. El acceso al suministro mediante red eléctrica puede brindar beneficios en cuanto al precio, pero es bastante complejo al evaluar opciones, riesgos y beneficios.

10. Gestión de Joint Ventures

Cuando las joint venture son bien gestionadas, tienen el potencial de brindar valor sustancial a los grupos de interés, aumentando significativamente el valor de los portafolios de la compañía y el acceso a las reservas y capacidades. Sin emabrgo, si se gestiona de manera incorrecta, puede convertirse en un gran riesgo.

Conclusión

Como afirma Miguel Zweig, Líder en Minería y Metales de EY Global, “La transformación digital, la constante innovación y el enfoque en las nuevas materias primas del mundo están causando un diferente tipo de volatilidad en el sector minero. Las compañías tendrán que ser cada vez más flexibles y ágiles en sus modelos de negocio para continuar siendo competitivas.” Lampadia

Con Sebastiao Mendonca Ferreira y su equipo del Centro Wiñaq, en Lampadia hemos venido desarrollando un análisis sistemático sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, con especial énfasis en la conflictividad socio-política que ha venido frenando las inversiones mineras, con un impacto clarísimo en la desaceleración de la economía y una menor disminución de la pobreza. Ver nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

En base a este trabajo, se publicó el libro: Para Reducir la Conflictividad Minera. En esta ocasión, queremos compartir con nuestros lectores, la presentación de Mendonca en Perumin33 la semana pasada.

Presentación realizada por Sebastiao Mendonca Ferreira en la  Convención Minera, Perumin 33, en Arequipa, 2017.

La conflictividad minera, hasta ahora, ha resistido los esfuerzos de las empresas mineras y de las instituciones publica que han buscado superarla o por lo menos reducirla de manera significativa.
En nuestra forma de pensar la razón principal de ese hecho es el entendimiento limitado que se tiene del fenómeno.

Esta presentación busca desarrollar elementos de un enfoque que podría generar estrategias más efectivas en ese campo.

Introducción

Antes de ingresar al tema central consideramos necesario explicitar una hipótesis conceptual.

La permanencia de cualquier empresa o institución en una sociedad depende de su legitimidad o, dicho de otro modo, es imposible lograr la sostenibilidad sin lograr la legitimidad social. La falta de legitimidad puede llevar a la abolición de actividades económicas. Por ejemplo: algunas provincias argentinas has prohibido la minería a tajo abierta, en Costa Rica y el Salvador prohibió la minería metálica.

Lo desafiante es que la legitimidad es una percepción la población local, esta percepción es construida sobre la base de las creencias, valores y expectativas de dicha población, dichos elementos pueden ser muy distintos de aquellos de la empresa minera que está buscando legitimarse.

Entre 2005 y 2015, la minería ha entregado a las regiones mineras una cantidad extraordinaria de recursos: 40 mil millones de soles.

Una cantidad de recursos que nunca antes había fluido hacia las regiones.

Lo esperable es que una transferencia a las regiones mineras de grandes cantidades recursos creados por la minería debería generar satisfacción en la población local y una defensa de la actividad minera por dicha población.

Es común el discurso de que la minería extrae los recursos locales y no contribuye al desarrollo. Sin embargo, un estudio del BID sobre el impacto de la minería en las zonas mineras del Perú ha evidenciado que la minería sí ha traído desarrollo económico y social. Múltiples estudios muestran que la minería trae desarrollo local.

Sin embargo, el desarrollo económico y la transferencia del canon y el desarrollo económico no han sido efectivos para reducir la conflictividad.

Ello significa que la falta de progreso económico y social, repetido en esos discursos, no es la explicación para la conflictividad minera.

Durante ese mismo período, las empresas mineras han firmado varios principios voluntarios con ICMM y varios otros estándares globales, y han realizado notables mejoras en sus prácticas ambientales y sociales.

Sin embargo, la conflictividad social es el principal factor de riesgo para el sector extractivo y puede producir pérdidas de miles de millones de dólares a las empresas, al Estado y a las poblaciones locales.

Ello cuestiona que las prácticas ambientales y los aportes sociales de las empresas mineras sean los factores centrales de la actual conflictividad social.Cuestionando así el discurso de los grupos hostiles a la minería y la interpretación predominante en las publicaciones sobre el tema. Que consideran que la conflictividad se genera por la disputa de los recursos naturales y falta de beneficios locales.

Si la evidencia empírica cuestiona las explicaciones que predominan en el país entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de los conflictos mineros?

Ello nos obliga cuestionar la narrativa tradicional y abrir nuestras mentes para otro tipo de explicaciones para la conflictividad minera.

A través de nuestros estudios en el Centro Wiñaq hemos encontrado algunas de las causas de los conflictos mineros.

Aunque los conflictos son -casi siempre- presentados como si fueran ambientales, ello no refleja la realidad de sus causas.

Es común que los promotores de conflictos busquen alarmar a la población con la cuestión ambiental pues ello genera el clima social que genera movilizaciones. Esos grupos lo hacen exagerando los hechos o simplemente inventando rumores.

La narrativa ambiental de los conflictos ocurre porque es creíble. Es decir, si un grupo dice que está luchando porque una mina los está contaminando, el periodismo, los lideres de opinión y la población en general tiende a creer que es verdad.

Sin embargo, si se investigan los antecedentes de los conflictos y las plataformas de lucha y de negociación de la mayoría de los conflictos mineros, se encuentra que las cuestiones ambientales están ausentes o tienen un papel secundario.

Ello no quiere decir que no existan problemas ambientales en algunos conflictos, pero si quiere decir que, en la mayoría de los casos, las causas principales son otras.

Los conflictos mineros son fenómenos con muchos actores y múltiples dimensiones y sus procesos son non-lineales y con saltos cualitativos (Ver teoría de la complejidad).

Ello significa que no existen balas de plata, es decir, que no existen estrategias mágicas basadas en un solo factor.

Sin embargo, existen análisis que pueden servir como radiografías que ayudan a salir de las interpretaciones ideológicas y a entender mejor algunas de sus dimensiones.

Existen muchas expectativas de que los conflictos sociales puedan tener soluciones puramente económicas: distribución de canon, proyectos de desarrollo, adelanto social, etc.

Si revisamos las plataformas de lucha de los conflictos vamos encontrar que los beneficios económicos están presentes y reciben una prioridad muy superior a los temas ambientales.Sin embargo, las expectativas económicas de la población son casi infinitas. Es decir, la atención de una expectativa económica no significa que no se presentarán otras demandas.

Lo más importante, es imaginar los incentivos que la economía genera. Es decir, lo más importante no es lo que las personas ya recibieron como beneficio en el pasado sino sus expectativas sobre los beneficios adicionales posibles de obtenerse. En especial es importante conocer las consecuencias económicas personales de liderar conflictos antimineros. Es detrás de esas expectativas que se mueven los líderes de los conflictos mineros.

El tema de los incentivos es muy descuidado, pues predominan las interpretaciones basadas en las narrativas.

Los sistemas de incentivos son percepciones de la población sobre cual es la forma de obtener el máximo provecho de una situación, de la minería en este caso.

Esos sistemas de incentivos indican a la población cual es la mejor manera de relacionarse y sacar más provecho de la minería.

La minería se desarrolla, principalmente, en zonas rurales con economías tradicionales, principalmente agrícola y de con muy baja productividad. Según el INEI, la renta per-cápita anual en la sierra rural en el 2013, era de US$ 1,250, algo más de US$ 100 mensuales.

La llegada de una mina, con productividades decenas de veces superiores a la agricultura genera una zona de economía moderna, ligada a la minería.

El surgimiento de un sector moderno en medio de una economía tradicional desencadena un cambio en las estrategias de capitalización de las familias. En una situación así, las rutas de capitalización de las familias, y sus poderes relativos, dependen en forma crítica de su relación con ese sector moderno.

Con la llegada de la minería, la cuestión de cómo beneficiarse con la minería se vuelve la preocupación estratégica dominante de la población local.

William Easterly, analizando las economías de los países emergentes, hace hincapié de que los seres humanos reaccionamos a los incentivos. También en la conflictividad minera, las personas están reaccionando al sistema de incentivos.

La minería genera tanta riqueza que abre nuevas posibilidades de ascenso social en las regiones donde opera.

Para algunos grupos de la población, la conflictividad constituye en una de esas formas ascenso social.

La población puede beneficiarse de la minería de múltiples formas. La mayoría de esas formas son constructivas.

Sin embargo, también hay formas destructivas de sacar provecho de la minería. Esas formas destructivas solo benefician a una minoría, pero puede hacer que el conflicto se vuelva una actividad rentable. Algunas de estos beneficios provienen de la posibilidad de acceder a la riqueza minera, pero otras son por el acceso a fondos públicos o de la cooperación internacional. También están presentes los incentivos políticos, es decir, la posibilidad de acceder a la notoriedad política y a cargos de autoridad.En Perú, no son pocas las personas que han logrado puestos en municipalidades, regiones e incluso en el Congreso de la República promoviendo conflictos hacia la minería.

Para incidir sobre la conflictividad es necesario entender el sistema de incentivos que predomina en las zonas mineras. ¿Qué ha aprendido la población y líderes locales sobre la conveniencia o no de armar conflictos?

¿Qué incentivos existen para buscar una relación de cooperación con la actividad minera?

¿Para los campesinos, empresarios, instituciones, autoridades y universidades es más provechoso colaborar o conflictuar con las empresas mineras?¿A quiénes premia el Estado con sus decisiones e inacciones?

El sistema de incentivos es el verdadero paisaje o contexto económico de las zonas mineras. Sin conocer el sistema de incentivos es difícil tener éxito en la superación de los conflictos.

William Baumol, ha clasificado los tres tipos de emprendedorismo: productivo, improductivo y destructivo.

En el caso de la conflictividad minera son importantes los tipos uno y tres. ¿En que medida el sistema de incentivos predominante en las zonas mineras favorece al emprendedorismo destructivo, que aumenta sus rentas por medio de la conflictividad?

La acumulación de riqueza por medio de la violencia es muy antigua. Los Vikingos crearon una institucionalidad especializada en el saqueo. Las mafias peruanas, como en zonas del norte peruano, viven de la extorsión. ¿cuánto hay de este tipo de emprendedorismo en el entorno de las operaciones mineras? Una observación objetiva de muchos conflictos mineros puede sorprender a quienes están influenciados por las explicaciones ideológicas.

La cuestión institucional es fundamental. Según Daron Acemoglu, el éxito o fracaso de los países está ligado a la calidad de sus instituciones.

La conflictividad minera también está ligada a la calidad de las instituciones en el país, especialmente en las zonas mineras.

Cuando una mina se instala en una zona rural, las instituciones locales no están listas para recibir una actividad económica de tan grande escala, ni menos para procesar las nuevas expectativas y conflictos sociales que desencadena.Esta deficiencia institucional genera impunidad e inseguridad jurídica en dichas zonas.

En el Perú, hay tres niveles del Estado de derecho.

En los barrios de clase media y alta de Lima predomina un nivel básico del imperio de la ley. No ocurren saqueos de malls, ni invasiones de oficinas de bancos, ni bloqueos de avenidas. Los conflictos, cuando ocurren, se canalizan por la vía institucional.

En el VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene), zona de narco tráfico y terrorismo, los ciudadanos y empresas no tienen ninguna seguridad, ni jurídica ni física.

En las zonas mineras existe una situación intermedia: la ley se cumple parcialmente y predomina la impunidad para las actividades violentas contrarias a la minería: bloqueo de carreteras, invasiones de propiedad, destrucción de maquinaria, etc.

Esa impunidad incentiva las acciones violentas y las amenazas a las empresas mineras, e incluso estimula que algunos grupos busquen extorsionar a las empresas mineras. En más de una región minera se han identificado comportamientos de extorción en grupos locales.

Hasta estos momentos, la mayoría de los intentos de reducir la conflictividad social han demostrado poca efectividad. No es que las acciones de relaciones comunitarias de las empresas sean completamente inefectivas, sino que son insuficientes para bajar la conflictividad social de los doscientos casos listados por la Defensoría.

Considerando los sistemas de incentivo y las condiciones institucionales es posible iniciar un camino de reducción de la conflictividad.

Antes de sugerir algunas ideas para la reducción de la conflictividad es conveniente clarificar que esa labor desborda las posibilidades de las empresas mineras. La solución a la conflictividad social no se reduce a mejorar la relación entre las empresas mineras y las comunidades del entorno. Hay varios otros actores cuya participación es indispensable.

La reducción de la conflictividad involucra al Estado Nacional, a las autoridades políticas regionales y locales, a las instituciones públicas que operan localmente, las universidades, las instituciones civiles locales e incluso a las empresas que se benefician de la actividad minera.

Sin el adecuado involucramiento de esa constelación de actores, los esfuerzos de las empresas mineras tendrán un éxito limitado.

Como explica Acemoglu y Robinson, las instituciones resisten a los cambios. Ver su esquema de cómo se reproducen las instituciones políticas y económicas y las condiciones para que ocurran los cambios institucionales. En su artículo, él explica que para que los cambios institucionales ocurran se requieren de modificaciones en el poder político formal y de-hecho.

En un corto y mediano plazos lo más viable es modificar la operatividad de las instituciones nacionales en los temas relativos a la minería y en el contexto de las regiones mineras. Esos cambios en la operatividad pueden lograrse si existe la voluntad política de apoyar el desarrollo minero del país.

Aunque algunos de los actores de la conflictividad minera son nacionales e incluso globales, los conflictos son fenómenos principalmente locales y su evolución depende en alto grado de la configuración de las instituciones locales.

La armonización o alineamiento de las instituciones en el contexto local puede crear condiciones favorables para reducir la conflictividad.

Ese cambio en el marco institucional local puede ocurrir sin cambios radicales en el marco institucional nacional, que serían de muy difícil obtención. Es posible así reducir la inseguridad jurídica de la minería sin tener que realizar modificaciones mayores en el marco legal e institucional. Se puede generar reformas institucionales focalizadas en las áreas problemáticas para el desarrollo de la minería en el país.

Ya hemos tratado el tema del sistema de incentivos, o de los intereses. Pero, para completar el enfoque de reducción de la conflictividad hay que considerar las ideas de las personas, su forma de pensar sobre la minería y como imaginan su futuro personal y colectivo.

La influencia en la forma de pensar de la población es una prioridad para los grupos hostiles a la minería. Ellos dedican años montando los mecanismos para influenciar a la población. Sinneutralizar su narrativa es poco probable que pueda crearse un clima social local y regional duradero.

En gran medida, lo que está ocurriendo es una batalla de ideas acerca de la minería y su papel para la realización de las expectativas de progreso de las personas.

Los grupos hostiles a la minería son muy claros en ese campo. Son más claros que las empresas mineras y sus instituciones.

La conflictividad social disminuirá cuando las personas crean que su progreso personal y familiar está ligado a la actividad minera, cuando sientan alegría por el aprovechamiento de la riqueza mineral del país.

En aquellas regiones y localidades en que el ambiente social sea de temor a la contaminación o de resentimiento hacia las empresas mineras los pronósticos son reservados. El problema es que esas regiones no son pocas y parecen estar expandiendo en el Perú.

Los grupos hostiles a la minería trabajan diariamente en la generación de temores, desconfianza y resentimientos en la población de las regiones mineras del país, y sobre esa base desarrollan una narrativa hostil a la minería.

Muchas empresas mineras creen que la actitud de la población local puede ser modificada con campañas transitorias de comunicación. Ello es una ilusión.Las percepciones dependen mucho más del flujo diario de mensajes en los medios que de breves campañasde comunicaciones.

Las percepciones de la población se moldean a lo largo de muchos años. Los rumores que generan temores hacia la minería, los discursos políticos que cultivan resentimientos, las opiniones de los periodistas sobre la minería y el desarrollo, y los gestos simbólicos de los líderes, a lo largo de varios años van moldeando las creencias y percepciones de la población. Los cambios en ese sistema de creencias y en las percepciones de la población requieren mucho más que estrategias comunicacionales. Una población que está bajo cerco cognitivo difícilmente cambiará sus percepciones a causa de campañas comunicacionales de las empresas mineras.

Quienes quieran reducir la conflictividad minera necesitan entender en profundidad a la población y sus temores y expectativas en relación a la actividad minera: afectación a la calidad y cantidad del agua, daño ambiental, cambios en las posiciones sociales, etc.

¿Como piensan sobre los manantiales, sobre el agua que consumen, sobre la minería, sobre las empresas mineras, etc.? ¿En qué aspectos confían y en qué otros aspectos desconfían de las instituciones públicas ligadas a la minería?¿MINEM, ANA y OEFA? ¿Por qué? ¿Qué significa la minería en su imagen de futuro? ¿Qué opinan sobre los conflictos? ¿Creen que los conflictos son positivos o negativos para sus expectativas personales? ¿Por qué? No hay que olvidar que la legitimidad de una actividad económica se define en base al sistema de creencias y valores de la población local.

Si alguien quiere llevar adelante un proyecto minero, expandir sus operaciones o trabajar en un clima social favorable necesita crear algunas condiciones.

La más importante de todas es que la población tenga una opinión favorable sobre el proyecto y sobre la actividad minera.

Para protegerse de los rumores y campañas de los grupos hostiles a la minería es indispensable tener voceros creíbles, dotados de una narrativa pro-desarrollo y con capacidad de rebatir las falacias anti-mineras.

Para que los micro-conflictos no escalen localmente o regionalmente, es necesario contar con el apoyo político y social de personas e instituciones creíbles para la población local.

Para que la violencia no sea una característica frecuente en los conflictos mineros, es necesario que dichos actos no queden impunes. Ello requiere el Estado tenga monopolio en al uso de la fuerza y que la ley impere.

Para los recursos de los gobiernos locales se apliquen en acciones de desarrollo y evitar la práctica de los grupos anti-mineros de financiar sus actividades con el presupuesto de autoridades afines a sus intereses, el uso de los recursos públicos debe ser cuidadosamente supervisado.

La primera responsabilidad del Estado es garantizar el monopolio del uso de la fuerza y el imperio de la ley en las zonas mineras.

Sin este monopolio los anti-mineros podrán amedrentar a sus opositores, amenazar la propiedad privada e impedir el accionar de las Empresas y el Estado.

Dada las deficiencias de la institucionalidad peruana, ya señaladas, su efectividad requiere que el Estado logre un alineamiento en los tres niveles (local, regional y nacional) de las instituciones y autoridades que pueden influir en al clima social relativo a la minería y en el manejo de los conflictos sociales.

Para tranquilizar a la población y evitar la propagación de rumores de contaminación, es importante que los procesos de aprobación y socialización de los EIA sirvan para ilustrar a la población sobre la minería y esclarecer sus preocupaciones. No es suficiente que se cumpla el proceso de manera formal, es necesario que la población entienda y confíe.

La población necesita de referencias institucionales para creer que las empresas mineras están actuando bien y que el Estado está garantizando sus derechos. Para ello el Estado debe dar mucha atención en fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas por la población. Sin fedatarios institucionales, la población se queda vulnerable a los discursos demagógicos.

El Estado, en sus tres niveles (local, regional y nacional) tiene la responsabilidad de aplicar bien los recursos públicos, especialmente el canon minero, con el propósito de generar oportunidades para todos los sectores sociales y fortalecer los incentivos para el emprendedorismo constructivo.

Las empresas mineras tienen la obligación de cumplir con altos estándares ambientales y sociales.

Sin embargo, ello no es una garantía de que no tendrán conflictos. Además de atender esos estándares, las empresas necesitan conocer como piensa la población, cuáles son sus sentimientos hacia la minería y a las empresas mineras, las autoridades locales y las instituciones públicas que operan en la zona.

Debido al carácter formativo del flujo diario de mensajes sobre las percepciones de la población, las empresas mineras conocer y saber analizar dicho flujo, especialmente los mensajes y rumores que pueden afectar su legitimidad social. Este es un tema descuidado por muchas empresas mineras en el país.

Necesitan conocer también quienes son los promotores de la conflictividad, como operan y cuáles son las comunidades que están bajo su influencia. Ello es fundamental para que las empresas mineras puedan neutralizar sus actividades antes que ellas se transformen en conflictos.

Hoy, predominan los enfoques equivocados sobre la conflictividad social y como manejarla. Las empresas mineras necesitanque sus gerentes tengan un entendimiento claro en ese campo.

Necesitan tener la capacidad de analizar el flujo de mensajes que moldean las percepciones de la población y como ello afecta su legitimidad y las perspectivas de cooperación o conflicto en la zona.

¿Cuáles son los disparadores de conflictos entre la población local: expectativas exageradas, temores, resentimientos, etc.?

¿Existen en las zonas mineras voceros pro-desarrollo con credibilidad y con capacidad para rebatir los discursos anti-mineros? ¿Tienen esos voceros acceso a los medios locales, o están aislados?

¿Cuentas las empresas con personal capaz de tranquilizar a la población y de explicar los beneficios que la minería puede traer? ¿Su narrativa está o no está influenciada por la narrativa anti-minera?

Esta es una lista incompleta de las capacidades que una empresa minera necesita construir para poder incidir sobre las dinámicas de la conflictividad social en sus zonas.

Fuentes recomendadas 

Mendonca, S. (2017) Para reducir la conflictividad minera. Lima, Perú: Lampadia.(Accesible para download en https://www.facebook.com/centrowinaq/). Ferreira, C. & Olcese, F. (2017). Como se organizan los conflictos mineros: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/spin-explica-la-convergencia-de-fuerzas-anti-mineria/ Ferreira, C., & Mendonca, S. (2017). Herramientas anti-minería y cerco cognitivo. Lima, Perú: Wiñaq. 70 artículos sobre conflictividad minera escritos por Sebastiao Mendonca Ferreira, Camilo Ferreira Legua y Franco Olcese en Lampadia: http://www.lampadia.com/

Sobre la productividad de la minería y la agricultura: 
Mendoza, W. & Collantes, E. (2017). La economía de PPK. Promesas y resultados: La distancia que los separa. (Documento de trabajo 440). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre Teoría de Juegos: 
https://www.coursera.org/learn/game-theory-1

Sobre la organización de los conflictos mineros, SPIN:
Gerlach, L. (1999) The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. In Jo Freeman &Victoria Johnson (editors), Waves of Protests: Social movements since the sixties, chapter 9. Uploaded from: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch9.pdf

Sobre el uso de la prensa:
Barrell, H. (2014). Press your case to the media: Activism and the media. Sessions 1, 2, 3, & 4. Non-Violent Conflict: https://www.youtube.com/watch?v=wMek2e_tzzs

Sobre el emprendedorismo:
Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98 (5), 893-921. Chicago: The University of Chicago Press. http://www.jstor.org/stable/2937617.

Sobre las instituciones y el desarrollo económico y social de los países:
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2013). Why nations fail. Crown Business.
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Handbook of economic growth. P. Aghion and S. Durlauf (editors), volume 1, Amsterdam, The Nederland: Elsevier B.V.