“El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú”

Elmer Cuba señala que el nuevo gobierno podría llevar a cabo una gran reforma laboral en el país si es que el mandatario así se lo propone

Entrevista a Elmer Cuba, Director del BCR y socio de Macroconsult
Jaime de Althaus
El Comercio, 02 de abril de 2018

En esta entrevista, el director del BCR Elmer Cuba, quien esta semana estuvo voceado como uno de los posibles candidatos al MEF, explica algunos de los retos que tiene en materia económica el nuevo gobierno.

— Podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas si no hubiera habido todo ese entrampamiento político que ha detenido al país el último año y medio. ¿Hemos superado este entrampamiento político?

Sí, podríamos estar yendo al doble de velocidad. Hoy día el Perú está yendo a 2,5% de PBI, podíamos estar yendo a 5%. ¿Por qué no hemos ido a 5%? En parte, por toda la crisis política y, en parte también, por el tema Lava Jato, su mal manejo, y, en parte, por errores de política económica. Tampoco se salva Kuczynski en esto. Entonces, ¿qué puede cambiar ahora? Bueno, el choque externo sigue siendo positivo, el tema Lava Jato comienza a desenredarse con la nueva ley que reemplaza al 003, que es una mejora sustancial, y este arreglo político que era lo que todo el Perú esperaba hace año y medio entre dos grandes agrupaciones que pensaban muy parecido en lo económico, a diferencia de la izquierda que tenemos. Uno observa ahora una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora falta saber cuáles serán las primeras medidas tributarias y de gasto público del nuevo ministro de Economía.

— Bueno, se dijo que Elmer Cuba iba a ser el ministro de Economía, pero ha sido vetado por Juan Sheput, por Violeta, por sectores antifujimoristas en las redes…

Sí, seguramente… Mira, nunca me llamó nadie del Ejecutivo en verdad, o sea que ha sido una hipótesis manejada por las redes sociales. Es lamentable que el odio sea transitivo: que por haber colaborado en la segunda parte de una campaña política, en la parte económica, la gente ya te comience a golpear más allá de tus propios méritos personales. Pero, desde donde uno esté, tiene que colaborar con ideas.

— ¿Y qué es lo que habría que hacer para recuperar la economía?

La primera medida de política económica no es propiamente macroeconómica, sino simplemente el arreglo entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto, por sí solo, ya es positivo, en términos de una paz política por lo menos de 12 a 24 meses antes de la siguiente campaña electoral del 2021. Esto va a hacer que muchos empresarios desempolven sus proyectos que están listos, que los han guardado por esta incertidumbre. Porque el Perú es una economía muy dinámica. Incluso en la desaceleración, le hemos sacado un punto a todos los países. Además, el Perú ha sido capaz de procesar en democracia un cambio de presidente y además está metiendo a otros presidentes presos. Eso no ocurre en México o en Argentina. Eso es algo positivo más bien, nos estamos graduando como un país que es capaz de juzgar a autoridades.

— Pero tenemos un déficit fiscal…

Sí, y hay que atacarlo. Pasivamente no se va a cerrar. Es preocupante porque es un déficit de 3 puntos de producto y el Perú recauda solo 13 puntos de producto. O sea, no es que el Perú recaude 40 puntos de producto como un país europeo que tiene déficit de 3.

— Pero los ingresos fiscales están subiendo de manera sostenida desde octubre…

Han comenzado a subir efectivamente y la buena noticia es que van a ser mayores por el lado de la minería. Las principales empresas mineras han aumentado sus utilidades casi entre 50 y 100%, que no es poco, y eso va a hacer que cuando se regularice, salte la recaudación. Pero aun así no es suficiente, hay que hacer más cosas para controlar la evasión de IGV y renta que en los últimos dos años es mayor que en la década anterior.

— ¿Cómo?

Hay que identificar cuáles son los focos principales de evasión. Yo creo que están básicamente en el Impuesto a la Renta de empresas medianas, que tienen doble contabilidad e informalidad.

— ¿Por qué ha caído la recaudación?

Primero, por el error de bajar las tasas del Impuesto a la Renta a las personas y aumentar la parte no imponible. En el Perú somos 16 millones de trabajadores y solamente declaran impuestos 3 millones, pero pagan 1 millón. Los otros 2 millones son formales, pero no pagan porque están exentos, porque ganan poco. Recién a partir de 20 mil soles al año comienzas a pagar Impuesto a la Renta. Entonces solamente un milloncito paga y a ese milloncito de personas que sí pagan, digamos los profesionales del Perú, les han bajado los impuestos. Una cosa insólita.

— ¿Habría que subirles nuevamente esos impuestos?

Yo creo que sí. Es volver a lo que teníamos en el 2014. Además ocurre que las empresas se mudan a régimen mype para pagar solo 10% de impuestos contra 29,5 del régimen general. Hay que volver a los regímenes de renta previos al 2014.

— En realidad pagan 10% solo por las primeras 15 UIT de utilidad, lo que permite un incremento gradual. ¿Propones eliminar el nuevo régimen mype, que está diseñado precisamente para hacer un tránsito más gradual, sin salto mortal, al régimen general?

Hay que repensarlo antes de saltar al vacío. Habría que optimizar el RER y el RUS.

— Pero, ¿cómo optimizas RER y RUS? Son sistemas para dar apariencia de formalidad a la informalidad. No pagan IGV. No entran a la cadena tributaria. Están hechos para fragmentar empresas y evadir.

Con las tasas y simplicidad. En un híbrido entre la informalidad y la formalidad. La heterogeneidad productiva obliga a eso.

— La ex ministra Cooper propuso simplificar los regímenes tributarios unificándolos en uno solo, eliminando el RUS y el RER, acompañado esto de la digitalización de los comprobantes. Para que todas las empresas ingresen a la cadena tributaria, del IGV…

No hay estudios concluyentes que digan qué método es mejor, porque el aparato privado peruano es muy heterogéneo y quizá habría que mantener regímenes especiales por un buen tiempo, pero que suavicen el paso de un escalón al otro. Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías dos mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco…

— No sería infranqueable si la Sunat te hace la liquidación de impuestos, y al deducirte el IGV terminas pagando menos, que es lo que ocurriría según Claudia Cooper…

Ahí actuamos a ciegas, a diferencia, por ejemplo, del Midis, que tiene la Enaho, con la que mapean la pobreza para hacer políticas sociales. Nos falta conocer realmente las mypes, no las hemos censado, no las seguimos con encuestas, no sabemos cómo acumulan, cómo quiebran, cómo se endeudan, cómo pagan impuestos, cómo contratan. El nuevo ministro tendría que hacer una comisión especial en doce meses con los mejores expertos nacionales e internacionales en el tema para resolver este asunto. No podemos enfrentar bien la informalidad en todas sus dimensiones laborales, tributarias y sobre todo del sector, porque no la conocemos bien. No sabemos cuál ha sido su génesis. En cada sector la causa puede ser distinta. De repente la causa de la informalidad en el sector ‘retail’ al por menor, es la ley laboral. Pero la causa de la informalidad minera sería la ley minera que obliga a que el pequeño tenga un EIA o el cierre de impacto ambiental…

— En el tema laboral es fundamental eliminar la estabilidad laboral absoluta…

El tema es más complejo. Somos 16 millones de trabajadores; solamente 3 millones son formales. El TC, con su sentencia del 2001 que restableció la estabilidad absoluta, indujo a que 2 de esos 3 millones pasen a contrato a plazo fijo, y solamente un millón en contrato indefinido, cuando antes de esa sentencia era al revés. Pero ese problema, que hay que resolverlo con el TC o con el Congreso, va a mejorar la vida solamente de los 3 millones de formales que pasarán más fácilmente a contratos indefinidos…

— Pero también es una barrera a la formalización, ¿no? Muchas empresas no formalizan por temor a no poder desvincular cuando es necesario…

Sí, pero en el caso de las pequeñas y medianas no formalizan sobre todo por los sobrecostos laborales, por los mal llamados derechos laborales que encarecen la formalidad. Por eso hay otro milloncito de trabajadores informales en empresas formales. Ya de ahí para abajo, el tema laboral ya no es laboral, es empresarial. Va a ser imposible que una empresa que es informal per se, tenga trabajadores formales. Estamos hablando ya de 3 millones más, que son trabajadores informales en empresas informales. Entonces ahí la respuesta es: primero formalizas la empresa. El tema es más tributario, y más relacionado con la legislación de cada sector: qué se le pide a la señora que hace galletas, por ejemplo. Y, fuera de estos, los que están en la cola ya son otros 3 millones de independientes –una exageración–, que no tienen jefe ni declaran renta: el gasfitero, el taxista, el cuidador del edificio, el limpia autos, el reciclador, el estibador de mercado… Para no hablar del pequeño agricultor altoandino. Lo más fácil, aunque parezca mentira, es cambiar la sentencia del TC. Lo otro es más complejo. Es la gran reforma laboral de este país.

— ¿La podría hacer el presidente Vizcarra?

La puede hacer si la quiere hacer. Tiene todo para hacerlo. Es un cambio de Gobierno, que tiene ciertas ventajas porque tiene una oposición que no puede ser oposición. Él tiene una cosa importante: su poder de renuncia. El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú si quiere hacerlo o simplemente administrar la cosa esperando que pase el tiempo hasta el 2021.

— ¿Qué efecto va a tener esta alza del salario mínimo?

Si tú me dices, “dame una medida para aumentar la informalidad laboral”: sube el mínimo. Si quieres aumentarlo ya con daños severos, mortales, ponlo en 1.500 soles. Ahorita la mediana de ingresos en el Perú es 900 soles, la mediana. De esos 16 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 900 y hemos puesto el mínimo en 930. Por encima de la mediana, de locos. El mínimo está totalmente pervertido. Ya no es el mínimo, es la mediana. Es un enemigo de la formalización.

— ¿Debería haber dos salarios mínimos: uno para la micro y mediana empresa y otro para la mediana y grande o no debería haber simplemente salario mínimo?

El mínimo debería ser mínimo. Deberíamos dejarlo ahí que pernocte varios años para que realmente sea mínimo. Una vez que sea mínimo, lo indexamos al IPC y a la productividad de ese segmento de bajos ingresos formales. Lo central acá es la productividad laboral.

— Entonces, ¿cómo haces para subir la productividad laboral?

¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía subcapitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

“No sería fácil políticamente eliminar las exoneraciones”

Si los cines no pue- den ganar vendiendo canchita, no va a haber más inversión en cines…

Así es. Esos microrretrocesos, si los juntas, son el principal enemigo de la inversión. Es clave pensar que cada movimiento regulatorio puede tener un daño. Si sumas esas pequeñas cosas, los peruanos nos vamos a entrampar y vamos a perder la batalla. Y lo otro son los costos de transacción por el lado legal judicial. Si la justicia es lenta o corrupta, aumenta también el riesgo de invertir, no te devuelven nunca algo. La tasa de interés en el Perú es alta en parte por el riesgo de cobranza a ese señor que te engañó. Y los que recibimos un crédito pagamos ese sobrecosto.

Se estaría trabajan- do con el Congreso la vieja idea de eliminar exoneraciones. Según el MEF, hay 16 mil millones de soles al año de beneficios tributarios…

Mira, para el mismo MEF, de esos 16 mil, solo 11.600 serían factibles en el corto plazo. Pero no sería fácil políticamente eliminarlas. Por ejemplo, la exoneración más grande, de 1.900 millones, es la del IGV a la educación: habría que cobrar IGV en los colegios, en las universidades o en los institutos. La siguiente es la intermediación financiera, es decir, los créditos, exonerados también del IGV, y la tendencia mundial es a no cobrar IGV para eso. El tercero es la exoneración del Impuesto a la Renta natural para la CTS. Debería pagar, pero habría resistencia. También tienes la devolución anticipada de IGV, que tiene sus ventajas. Y el drawback, que es bien ideologizado, pues si no hay aranceles para importar no debería haber drawback (devolución), que es un subsidio a las utilidades de los exportadores no tradicionales. Y, por último, está el sector agropecuario, que paga solo 15% de Impuesto a la Renta contra 29,5% que pagan todos los demás. ¿Ese ‘boom’ agroexportador va a llegar a su fin si pones el impuesto donde debería estar o hay que dejarlo ahí 15 años más? Esas seis son el 80% de las exoneraciones. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Preguntado sobre la posibilidad de que el presidente Kuczynski invite a Keiko Fujimori a Palacio a una reunión para acordar una agenda de trabajo conjunta, el congresista Carlos Bruce respondió el pasado lunes 19 en la Hora N lo siguiente: “yo creo que tenemos que pasar esta ola de censuras e interpelaciones y luego de haber pasado esto, que ya puede ser una o dos semanas, buscar este diálogo e institucionalizarlo y ver en qué estamos de acuerdo y en qué no lo estamos”. Juan Sheput ha declarado algo parecido. Del lado de Fuerza Popular la congresista Bartra había dicho, comentando una expresión de Mercedes Araoz en el sentido de que PPK invitaría a la lideresa de FP, que había que esperar una invitación formal del Presidente. Ursula Letona se manifestó en sentido parecido y Kenji Fujimori va más allá y exige ‘una sola fuerza’.

Por supuesto, también hay voces dinamitadoras de ambos lados, como Lombardi, Galarreta y otros. Y hay termocéfalos entre los opinólogos. Pero en la medida en que son las voces concertadoras las que se expresan cada vez más, se van dando las condiciones políticas para tal encuentro, que es indispensable no solo para contener la espiral de deterioro de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sino para buscar un punto de inflexión en la tendencia a la parálisis creciente de la economía, que se ha vuelto cada vez más angustiosa para muchos peruanos. Parálisis que se alimenta a su vez de la propia crisis política.

Sólo un encuentro productivo entre el Presidente y Keiko Fujimori podría romper ese círculo vicioso e iniciar una etapa constructiva. Decimos “encuentro productivo” porque en esta ocasión, a diferencia de la anterior, el presidente debería proponer una agenda de los temas y reformas que necesitarían acuerdo para sacarlos adelante si queremos llegar con un país fuerte al bicentenario.  

En realidad, esa agenda está implícita en las coincidencias que se dieron entre los planes de gobierno de ambos partidos. Bastaba cotejar ambos planes para extraerla, trabajo que Lampadia ya hizo y publicó en su momento (Ver: Reformas políticas que moderen los impulsos demagógicos).

A partir de ese trabajo y de los avances registrados hasta ahora en los distintos temas, sugerimos los siguientes puntos para construir un acuerdo político, decisiones para las cuales se requiere una ley o apoyo político:

Aportamos esta propuesta de temas y reformas en la esperanza de que pueda servir como base para una conversación que permita llegar a un acuerdo político entre gobierno y oposición (particularmente Fuerza Popular), indispensable para romper la trampa de la ingobernabilidad, ejecutar reformas necesarias pero políticamente sensibles, y poner al país en otro nivel de desarrollo cara al bicentenario. Lampadia

En este artículo no vamos a hacer un balance de errores del Ejecutivo y el Congreso, o de los llamados ppkausas y los fujimoristas. Estos últimos también están haciendo barbaridades, pero por ahora nos toca buscar una reacción sensata del Ejecutivo, del Presidente de la República, del ‘primer responsable’ de la salud de la nación.

Ahora queremos referirnos al entrampamiento político en que está el Presidente de la República y su gobierno, que como van las cosas, nos está encaminando a coronar el bicentenario con una década de regresión, un lustro del nacionalismo y otro de PPK y PPK (más lo que le toca a Fuerza Popular).

Más allá de las circunstancias, no dirigidas por PPK y su partido, que permitieron que pasaran a la segunda vuelta y llegaran luego a la presidencia, debemos suponer que el acceso al poder también se debió, en parte, a la estrategia que adoptaron, basada en el acercamiento a las izquierdas y al gobierno de Humala para lograr un ‘todos contra el fujimorismo’.

En Lampadia fuimos críticos de ese enfoque. El día siguiente de la primera vuelta, el 11 de abril, publicamos: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado, indicando que el mandato de la población ordenaba la convergencia de los partidos pro economía de mercado.  Máxime, tomando en cuenta que la tarea de gobierno enfrentaba un doble reto: cerrar las brechas económicas y sociales que aún afectaban a buena parte de nuestra población, y enfrentar la ‘cuarta revolución industrial’ desde un nivel de desarrollo que nos permitiera aprovechar sus beneficios y superar sus amenazas, especialmente para nuestros pobres.

Después de la primera vuelta electoral, PPK y su equipo optaron por extremar la polarización de la campaña en contra de Fuerza Popular acercándose al gobierno del nacionalismo de Humala y a las izquierdas anti mercado.

Algo equivocado desde la perspectiva de las necesidades del país, pero entendible en términos del juego político de corto plazo.

Sin embargo, algo que no se puede entender ni justificar, es que esta estrategia de confrontación con Fuerza Popular (FP) se mantuviera desde el gobierno. No nos olvidemos que el propio PPK amenazó con una marcha al Congreso para que se aprobara una norma pro refinería de la Oroya. En los primeros días, el presidente y sus vice presidentes, plantearon una alianza con los gobiernos regionales para gobernar por encima del Congreso, dominado por FP.

Todo esto se fue asentando en un gobierno que pretendió desconocer la realidad política del país:

• Un Ejecutivo débil, controlado por un partido político en formación,  desarticulado, con una bancada de congresistas minoritaria y sin amalgama política, y un gabinete con gente ajena al partido de gobierno, cuyos miembros debían empezar por conocerse entre ellos.
• Por el otro lado, se tenía al mayor partido político del país (FP), con amplia presencia nacional y una bancada ampliamente mayoritaria, con suficientes argumentos para caer en las provocaciones y confrontar al gobierno.
• La primera minoría del Congreso, el Frente Amplio (FA), que después de votar por PPK para presidente, nunca apoyó al gobierno, estaba plagado de gente rechazaba la economía de mercado, planteaba cambiar la Constitución e implantar el ‘pos-extractivismo’, una teoría desquiciada que plantea producir lo mínimo para sobrevivir, desde minerales, combustibles, y madera hasta alimentos. Además, era un grupo, que como hemos visto luego, estaba pegado con babas.

A pesar de la brecha política marcada desde el inicio del gobierno por PPK y el PPK, y de las consecuentes reacciones negativas de FP hacia el gobierno, la mayoría congresal estuvo a la altura de las circunstancias  apoyando al gobierno en los temas cruciales para que encaminara su  gestión, como el plácet al Primer Ministro Fernando Zavala, el otorgamiento de las facultades legislativas solicitadas y la aprobación del Presupuesto Nacional 2017.

Más allá de las confrontaciones políticas, el gobierno malogró una de sus principales tareas para la instalación del  gobierno en la mente de los ciudadanos: En su confusión estratégica, el gobierno de PPK, perdió la oportunidad de marcar la línea de un gobierno pro inversión y crecimiento; de hacer y comunicar el balance negativo de los cinco años del gobierno anterior; de renovar los cuadros de gobierno (mantuvo hasta un 39% de los viceministros del régimen anterior); y, tal vez lo más importante, perdió la oportunidad de comunicar a la población las relaciones causa-efecto de las políticas públicas que nos empobrecieron, que frenaron la inversión, y que ideologizaron la gestión del Estado, versus aquellas que nos ofrecen mayor crecimiento, menor pobreza, menor desigualdad, mejores servicios públicos y mayor cohesión social.

Hoy día, aparte de los shocks externos de la corrupción propiciada por el imperialismo brasileño, dirigido por el padrino de las izquierdas latinoamericanas, Lula Da Silva; y de los impactos del Niño Costero; la economía está parada, la inversión privada en negativo y la inversión pública colapsada. Recién hoy se han hecho evidentes al gobierno, las barbaridades dejadas por el nacionalismo, y por otro lado, el caos interno del Frente Amplio (que como dijimos oportunamente en Lampadia, no es ni frente ni amplio) pero el gobierno sigue sin marcar distancias con sus socios del proceso electoral. Además, el propio PPK tira por la borda las pocas oportunidades de acercamiento con FP.

• A los pocos días de la reunión con Keiko Fujimori, auspiciada por el Cardenal Cipriani, PPK pateó el tablero
• Con ocasión del reconocimiento a los héroes de Chavín de Huántar, PPK hace un buen gesto de hacia Alberto Fujimori, y a pesar de no haber saludado a Keiko Fujimori, se podía tomar como un paso positivo. Pero al día siguiente, el insidioso vicepresidente, Martín Vizcarra, afirmó que el verdadero líder de FP era Alberto Fujimori, dando a entender y haciendo constar, que el gesto de PPK del día anterior, debía verse como negativo y despectivo.

Aún ahora, los asesores del Primer Ministro lo llevaron a confrontar con Luz Salgado, la Presidente del Congreso. En su viaje por Europa, PPK dijo que en la bancada fujimorista hay ‘saña’. La despistada, Segundo Vicepresidente, Mercedes Aráoz señaló: “No necesitamos alianza ni pacto con FP”. Y la asesora del Presidente de la República, Rosa M. Palacios, propone la confrontación total con un nuevo Primer Ministro que sea capaz de pelear con la oposición.

Acá tenemos gente, que en lo personal no tiene nada que perder, pase lo que pase, pueden continuar sus cómodas vidas en el Perú o afuera, pero esa no será la suerte de los peruanos, que parece importarles un pepino.

Esperamos que estas reflexiones, que corren el riesgo de ser calificadas como sesgadas por quienes están embargados por una visión ‘ganar-perder’ en la política, sirvan para que en el espacio de objetividad de nuestras almohadas, cuando uno puede confrontarse a sí mismo, dejen pasar un mensaje que no pretende descalificar, sino más bien rescatar al gobierno, al ejecutivo, hacia el éxito de su gestión, que solo puede darse enfrentando los temores que no le permiten relanzar la economía y avenirse a desarrollar un ‘pacto de punto fijo’ con FP en aras de la gobernabilidad y el impostergable crecimiento económico. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

¿Qué reformas institucionales y económicas debemos hacer para prevenir  casos de mega corrupción como los que hemos tenido y reducir la corrupción masiva y generalizada que sufre el país?

Lo primero, por supuesto, es hacer caso omiso del ardid ideológico oportunista de la izquierda, que responsabiliza a la economía de mercado y a la tecnocracia de la corrupción y señala que  las Asociaciones Público Privadas (APP) están diseñadas para robarle al Estado.

Alberto Adrianzén, por ejemplo, acusa en La República a “un modelo económico que mantuvo las desigualdades, que alentó la corrupción y las prácticas lobistas, y que permitió la captura del Estado grandes grupos económicos, como hoy lo podemos constatar…”.

Por supuesto, nadie se toma el trabajo de explicar cuál sería ese modelo económico alternativo sin mercado libre, sin tecnocracia y sin APP, intrínsecamente refractario a la corrupción. Obviamente no existe. Mejor dicho, sí existe y lo hemos tenido y lo tiene ahora Venezuela, por ejemplo, con la diferencia de que ese modelo sí es una fábrica de corrupción, o funciona gracias a la corrupción.

Ese modelo (Venezuela) consistiría en intervenir el mercado fijando precios y subsidios, dirigiendo las inversiones y estatizando sectores estratégicos. El resultado es la corrupción generalizada, porque se benefician los que tienen acceso a los que deciden qué empresas son prioritarias y quiénes reciben entonces ventajas y concesiones de todo tipo, y porque en una economía llena de peajes, permisos, subsidios, beneficios rentistas y castigos, la única manera de funcionar es pagando a los funcionarios responsables de las autorizaciones o de dispensar los beneficios o los maleficios.

En un esquema en el que la libre competencia en el mercado es sustituida por las decisiones de la burocracia o del Ministro o del Presidente, ganan quienes más llegada tienen u ofrecen compartir con el funcionario una parte mayor de la renta regalada. Es decir: yo te garantizo un mercado seguro, un subsidio o un dólar barato o lo que fuera, pero tú me devuelves una parte de la renta que te obsequio. La competencia entre las empresas no se da en el mercado para ver cuál obtiene más utilidades o mayor proporción de ese mercado mejorando su productividad, sino cuál ofrece un soborno más alto para obtener una ventaja rentista. 

Eso era lo que teníamos durante el primer gobierno de Alan García, por ejemplo. Más bien la liberación de la economía de todos los controles y subsidios intervencionistas a partir de los 90 produjo el resultado de eliminar toda esa corrupción derivada del poder discrecional del funcionario. Este poder fue reemplazado por reglas de juego iguales para todos. Claro que esa corrupción fue sustituida luego por otro tipo de corrupción, mucho más focalizada y perversa, derivada no del modelo económico sino de la concentración del poder político, pero esa es otra historia.

Repotenciar el modelo

Entonces ya vemos cuál es el modelo más proclive a la corrupción y cuál es el que tenemos más bien que profundizar para tratar de minimizarla. El problema que hemos tenido a partir de los 2000, es que gradualmente se ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad expresado en la sobre regulación de los sectores económicos, que no solo ha frenado el crecimiento sino que ha restablecido en alguna medida los pagos para obtener o acelerar permisos, licencias y autorizaciones.

Por eso, la primera medida para luchar contra la corrupción no es menos mercado libre, sino más. No es cambiar el modelo económico, sino repotenciarlo. Es también terminar de instalar lo que no se hizo, una reforma institucional que acompañe y de sustento a la economía de mercado.

El modelo económico como tal necesita más bien un over haul, un mantenimiento profundo que libere nuevamente todos los circuitos de la economía trabados por regulaciones y trámites absurdos, eliminando así peajes que sólo se superan pagando para que trámite salga o se acelere. Las municipalidades –aunque no solo ellas- se han convertido en un bastión casi inexpugnable de esta forma de extorsión.

Esa limpieza es lo que está haciendo el gobierno con el conjunto de decretos legislativos orientados a la simplificación administrativa y la eliminación de trámites, desde la estandarización de los Tupas municipales hasta el empoderamiento de Indecopi para derogar barreras burocráticas pasando por la obligación de demostrar la utilidad de toda norma a los tres años de dada y la revisión, con ese criterio, de todas las normas actuales que contienen procedimientos. Todavía hace falta, sin embargo, desregular algunos sectores específicos, en los que regulaciones excesivamente rígidas o limitativas terminan escogiendo ganadores, normalmente grandes empresas que sí pueden pagar el costo de tales regulaciones, condenando a las pequeñas y medianas a la informalidad o a la desaparición.

La obra pública y público privada

Por supuesto, hay un aspecto de la gestión económica en el que inevitablemente es el Estado quien debe escoger a los ganadores: la obra pública y público-privada. Es por eso que es allí donde se aloja el mayor volumen de corrupción y donde se han producido los escandalosos casos protagonizados por las empresas brasileñas.

Pero hay que señalar que en los casos más notorios lo que ha ocurrido es que el poder político, el presidente de la República o la Primera Dama, según el caso, es el que ha desplazado las decisiones técnicas para imponer proyectos casi al caballazo. No falló la tecnocracia, que en esos casos fue avasallada, sino el poder político, que se corrompió.

¿Cómo dificultar la injerencia política cuando esta no responde a criterios técnicos? En cuanto a las Asociaciones Público Privadas (APPs), El decreto legislativo 1251, recientemente aprobado, establece para Proinversión un Directorio integrado por tres directores independientes, además de tres ministros, que, al decir de Álvaro Quijandría, Director Ejecutivo de esta entidad, “debiera blindar a Proinversión de presiones políticas por sacar proyectos que no estén suficientemente maduros o que no respondan a las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura que se elaborará en los siguientes meses”.

Una constante en los casos de mega corrupción ha sido el grado insuficiente, muy preliminar, de estudios con los que fueron convocados esos procesos. Por eso, según Álvaro Quijandría, una vez aprobado el reglamento se establecerá un lineamiento en el sentido de “iniciar los concursos sólo una vez que se tengan estudios definitivos y con un porcentaje significativo de los terrenos necesarios saneados con expropiaciones avanzadas, lo que podrá manejarse adecuadamente con la creación del Proyecto de Acceso a Predios para Inversiones Priorizadas APIP creado en el DL 1333”. 

El lanzamiento de convocatorias con estudios avanzados es indispensable  para evitar la mala práctica de las ofertas temerarias que ganan ofreciendo un bajo cofinanciamiento del Estado, para luego aumentar considerablemente la parte estatal vía una sucesión de adendas. En relación a esto último, Quijandría nos informa que en el reglamento se establecerá un porcentaje máximo del valor del proyecto para adendas, a partir del cual se debería rescindir los contratos.  “Esto es usual en muchos países y el porcentaje es usualmente 15-20%”, precisa. Y añade: “a fin de eliminar ofertas temerarias y/o colusión de postores en los concursos, en la mayoría de países con sistemas de APP avanzados, se establecen reglas para los concursos que permiten eliminar las ofertas muy bajas o muy altas, así como mecanismos para la presentación de ofertas y su evaluación que reducen al mínimo la posibilidad de ¨comportamientos estratégicos¨ o franca colusión entre los postores.  Por ejemplo, en Colombia se sortea en el momento de presentación de los sobres cuál será la fórmula de calificación de los factores de competencia, entre varias alternativas”.

Quijandría refiere otras medidas que se está adoptando: “Estamos creando una Dirección de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.  Ya está trabajando en Proinversión una experta en este tema.   Adoptaremos estándares internacionales y prácticas que suelen seguir las agencias de APPs de primer nivel internacional”. Además, añade, “desde el primer día de mi gestión he dado la directiva que todos los contratos deben incluir cláusulas anti-corrupción.  Además, de hecho, se han introducido en la Ley de Contrataciones del Estado dos artículos que eliminan la posibilidad que empresas que hayan tenido cargos de corrupción o que se hayan autoinculpado puedan participar en nuevos procesos.  El reglamento está en camino”.

Hay otros aspectos igualmente importantes: Quijandría explica que a lo largo de los años, “los esquemas de contratación utilizados por Proinversión han hecho menos atractivo, o incluso han limitado severamente, la posibilidad de contratar asesores de transacción de primer nivel internacional, que pueden evitar el tener proyectos con diseños que abren la puerta a la corrupción.  Desarrollaremos lineamientos para la contratación de asesores de transacción que hagan posible que nuevamente tengamos en estos procesos la participación de los mejores asesores globales en estos procesos”.

Gobiernos subnacionales y reforma de la descentralización

Queda por enfrentar, sin embargo, la enorme corrupción que existe en torno a la obra pública en los gobiernos subnacionales, por la cual varios ex gobernadores regionales y ex alcaldes vienen pagando penas de cárcel. En realidad, el monto total de los sobornos pagados en este tipo de corrupción mediana y pequeña es mayor que el pagado en los casos de mega corrupción. Si calculamos un 10% de unos 18 mil millones de soles, que es aproximadamente el monto de la inversión pública sub nacional, estamos hablando de 1,800 millones en coimas cada año. Por supuesto, este número es hipotético.

José Escaffi señala que el nuevo “Invierte PERU”, que sustituye al SNIP, establece que en la etapa de planeamiento, no recibirá presupuesto ninguna inversión que no haya sido aprobada por el sistema de prioridades en base a brechas. Además, durante la ejecución de los proyectos habrá un mejor sistema de seguimiento y monitoreo, que antes no había, que estará desconcentrado en los ministerios y no sólo centralizado en el MEF, y, una vez terminado el proyecto, se evaluará resultados e impactos.  

No obstante, la crítica que se ha hecho es que si bien la priorización en base a brechas es correcta, el nuevo sistema relaja los controles técnicos que antes tenía el SNIP. Al respecto, Claudia Cooper, vice ministra de Economía, responde que en la práctica tales controles ya no existían, el MEF no rechazaba nada. Lo que había en cada localidad era un gran negocio de estudios de pre-factibilidad que consultores locales vendían a los gobiernos subnacionales para que estos les dieran viabilidad y llenar así el presupuesto asignado. La viabilidad la daba el propio gobierno sub-nacional y luego era supuestamente revisada por el sector y el MEF, pero esto último ya no ocurría.

Cooper explica que el fenecido SNIP estaba centrado exclusivamente en la  formulación y la adjudicación. Luego de eso no se sabía qué pasaba. Ahora el MEF va a evaluar el proyecto una vez terminado: cuánto costó en relación a lo planeado, cuánto tiene para mantenimiento, etc. Se va a poder hacer un seguimiento actualizado del estado en que está. Lo que el nuevo sistema va a generar es información que antes no existía, disponible para todos, en la web, de modo que la fiscalización será mucho más fácil para cualquiera. “Reduces corrupción generando mucho masInformación en todas las etapas”, sentencia Cooper.

Además, según la vice ministra, la nueva ley de contrataciones introduce tres cambios fundamentales que ayudarán a disminuir la corrupción en la adjudicación misma: primero, habrá mucha más información acerca del ‘track récord’ de proveedor (ratio del costo de ejecución versus el costo propuesto, por ejemplo, en los últimos diez años). Segundo, la empresa que hace el estudio adquiere responsabilidad por el tipo de estudio que haga, con sanción hasta de inhabilitación si se manipularon o falsearon datos. Y, tercero: se ha elevado considerablemente el costo de las impugnaciones y los arbitrajes.

Escaffi, por su parte, agrega que debe mejorarse el tipo de intervenciones de la Contraloría y de los procuradores con sistemas de auditoría forense (capaz de detectar fraudes), mejores controles internos y reglas de gobierno corporativo en las entidades públicas, adoptando las reglas de compliance (cumplimiento) del sector privado internacional. La Comisión Anti Corrupción (CAN), por su parte, ha anunciado el acuerdo de que todas las instituciones adquieran el ISO 37001 anti soborno.

Ahora bien, el problema no se resuelve solo con cambios en el sistema de inversión pública que faciliten más racionalidad y monitoreo. Estamos ante un problema gestado por una descentralización apresurada que transfirió muchos recursos y decisiones a los gobiernos subnacionales sin el contrapeso de sistemas de control, sanción, planificación  y monitoreo adecuados, sin acreditar sus capacidades para asumir esas funciones,  sin una adecuada delimitación de funciones entre los tres niveles de gobierno, y todo esto en el contexto de la descomposición del sistema de partidos políticos, de modo tal que la proporción de alcaldes y gobernadores regionales que pertenecen a partidos nacionales es cada vez menor y por lo tanto no están sujetos tampoco a ninguna clase de control partidario nacional.

Lo que ha ocurrido es que muchos gobiernos subnacionales se han convertido en botines presupuestales asaltados por políticos oportunistas eventualmente vinculados a mafias de proveedores, de usurpadores de terrenos y de extorsionadores de obras públicas, y que imprimen una gestión patrimonialista a sus mandatos.

La solución a este problema complejo es también compleja: pasa por restablecer la autoridad central en los procesos de inversión pública y de gestión de servicios públicos básicos (educación y Salud), donde también hay corrupción, es decir, por una reforma de la descentralización que restablezca mecanismos de control (mejorando el tipo de intervenciones de la Contraloría), sanción e intervención central ante deficiencias serias de gestión en los servicios descentralizados; que recertifique las capacidades de los gobiernos sub nacionales y delimite bien funciones y competencias entre los tres niveles, cuando menos por líneas de servicios.

Reforma del servicio civil

Algo fundamental es llevar adelante la reforma del servicio civil en los gobiernos subnacionales, sustituyendo el patrimonialismo por la meritocracia y la gestión profesional, así como profundizar los presupuestos por resultados. Estas reformas deben aplicarse, por supuesto, también en el gobierno central. Es indispensable que los cargos medios y altos estén ocupados por buenos profesionales bastante mejor remunerados que en la actualidad, pero elegidos por concurso y sujetos a evaluaciones de desempeño con la posibilidad de ser retirados en el caso de desaprobación,  tal como establece la ley del Servicio Civil, que debería merecer mayor prioridad y empuje de parte del gobierno.

En realidad, habría que empezar a instalar la idea de que no debería haber contratos indefinidos en el Estado, sino a plazo fijo. Es la única manera de garantizar eficiencia, rendimiento, honestidad y buen servicio al ciudadano, que es lo que importa. Esto, por supuesto, mientras se mantenga la rigidez laboral que cobija no solo al buen trabajador, sino también el incapaz y al corrupto.

Recientemente se ha legislado la muerte civil y la creación de un registro de sanciones a funcionarios públicos. Debería lanzarse una gran campaña de denuncias ciudadanas de actos de corrupción, una verdadera movilización. Algo de eso ha sido anunciado por el Presidente.

Reforma política

Pero se requiere además del complemento indispensable de una reforma política que permita la reconstrucción del sistema de partidos de modo que los gobiernos subnacionales vuelvan a ser dirigidos por políticos pertenecientes a organizaciones políticas nacionales, para que haya alguna clase de control político nacional. En Lampadia hemos formulado una propuesta al respecto. El Congreso está avanzando en esta reforma, pero todavía no sabemos qué forma tendrá. Un aspecto de esto es, por supuesto, el control del financiamiento de las campañas. No se debe prohibir el financiamiento privado -salvo el de las empresas extranjeras- pero éste debe ser transparente. 

Reforma del sistema judicial

Por supuesto, tampoco estará esto completo si no se emprende una reforma profunda del sistema judicial que comience por limpiar el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía de sus elementos vinculados a las mafias existentes en el territorio. En Interior se ha puesto en marcha una profunda reforma de la Policía que contiene diversas medidas anticorrupción, que ya hemos comentado en Lampadia. También está en marcha el Acuerdo por la Justicia, pero este tiene el límite de estar dirigido por los líderes de las instituciones a ser reformadas. Allí un instrumento fundamental será el expediente digital único en el tema penal, que garantiza celeridad y transparencia en los procesos, algo que todavía no ha sido proyectado. El MEF debería dar todo el apoyo a ese proyecto.

Se trata de una acción  múltiple y compleja, que toque todos los aspectos del problema. De lo contrario, no funcionará. Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No es necesario crear un Senado, y sí es bueno dividir Lima en distritos electorales mas pequeños”

Martín Tanaka, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P. ¿Cuál es tu opinión acerca de las propuestas de reforma política formuladas por Lampadia? (Ver: Empecemos a debatir la Reforma Política).

R. Antes de empezar, quiero mencionar que fui parte del equipo que elaboró la propuesta de reforma institucional presentada por la Asociación Civil Transparencia, que puede verse en: http://www.transparencia.org.pe/documentos/propuestas_de_reforma_institucional.pdf.

Varias de las propuestas de Lampadia coinciden con la propuesta de Transparencia, que suscribo; otras no son parte de esa propuesta, con algunos estoy de acuerdo y con otras no. Pero más allá de esto, me parece importante contar con un diagnóstico claro de cuáles son los problemas más importantes y urgentes, cuáles serían los mejores caminos para enfrentarlos, y que al mismo tiempo puedan contar con el consenso necesario para ser implementadas. Sin una mirada integral, corremos el riesgo de tener nuevamente una falsa reforma política como la que tuvimos al final del Congreso anterior.

P. ¿Respecto de la propuesta de crear un  Senado con funciones solo revisoras, y elegido en distrito único nacional mientras no se integren regiones propiamente dichas?

R. No me es evidente cuál es el problema que se pretende resolver con el Senado, y deberíamos tenerlo claro antes de embarcarnos en su reinstauración: ¿Mejorar la representación con una lógica de elección diferente a la departamental? ¿Hacer más exigente el proceso legislativo, con otra instancia revisora? ¿Aumentar el número de legisladores? ¿Atribuir funciones específicas a una instancia electa con una lógica diferente a la departamental? El asunto es que estos problemas se pueden solucionar con medidas que no pasan por la creación de un Senado.

Si se quiere que los proyectos de ley tengan un mejor proceso de maduración, con lo que estoy de acuerdo, podríamos ser más exigentes con el proceso legislativo: más transparencia en comisiones, en la determinación de sus agendas y las del pleno, más consulta con la sociedad civil; doble votación en el pleno sin excepciones, etc. Si se quiere elegir representantes útiles que no tienen cabida en un esquema departamental, con lo que también estoy de acuerdo, podríamos elegir un grupo adicional de congresistas por lista, para acercar más la votación congresal a la proporcionalidad, como sucede en Alemania; o podríamos simplemente elegir un grupo adicional en lista única, independientemente del criterio de proporcionalidad, que también me parecería bien. El asunto es que ninguna de estas cosas requiere necesariamente de un Senado, como es evidente en la propuesta de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

En el fondo, tenemos que, sin hacer otras reformas, el Senado podría ser más de lo mismo que hemos visto en los últimos años. Preferiría por ello empezar por fortalecer los partidos, y terminar con el Senado.

P. La idea central de un Senado elegido en distrito único o en macroregiones sería limitar el poder de un congreso unicameral que, por ejemplo, tenga una mayoría absoluta y pudiera instaurar una suerte de “dictadura parlamentaria” populista (de izquierda o de derecha) por ejemplo. Y, a la vez, balancear el efecto distorsionador de la proporcionalidad de diputados elegidos en distritos pequeños…   

R. Si lo que se busca es evitar la “dictadura parlamentaria”, funciona mejor la propuesta que uds. formulan de elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo.  De acuerdo con buscar mejor proporcionalidad, y también abrir espacio para liderazgos no territoriales, pero para eso podría funcionar la idea de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

P. ¿Y sobre la propuesta de eliminar el voto preferencial y establecer distritos electorales más pequeños (uni o binominales) para elegir diputados o la parte mayoritaria de la cámara única?

R. Varios puntos diferentes en esta propuesta. De acuerdo con eliminar el voto preferencial, siempre y cuando se asegure la democracia interna en los partidos, y se asegure la alternancia de género. Respecto al tamaño de las circunscripciones, en realidad en nuestro país sólo Lima tiene un tamaño “excesivo”; estaría por ello de acuerdo con “achicar” su tamaño, partiéndola en varios: podría ser Lima norte, sur, este y oeste, y además la de peruanos en el extranjero. Las demás circunscripciones departamentales tienen tamaño chico o mediano, en realidad. No estoy de acuerdo con llegar a circunscripciones uni o binominales, porque se distorsiona en exceso la proporcionalidad del voto nacional, y porque se acentúa en demasía la “provincianización” del Congreso, ya de por sí excesiva en la actualidad.

P. No entiendo bien el argumento de la “provincianización”: no hay contradicción, un buen líder o representante, entenderá los temas nacionales. Con la ventaja de que  el distrito pequeño uni o bi nominal permite una clara relación entre representados y representantes, dándole sentido, contenido real, a la democracia, al Congreso. Y con un distrito electoral pequeño habrá muchos menos candidatos y el elector podrá elegir mejor. De modo que los representantes tenderían a ser mejores. Y en cuanto a la distorsión de la proporcionalidad, esta se corregiría precisamente con un Senado o una parte del Congreso elegida en distrito nacional o macroregional…

R. Yo sí tengo el temor de que circunscripciones uni o binominales acentúen el provincianismo, de que terminemos eligiendo “caciques” provinciales, por así decirlo. No me parece que tengamos distritos muy grandes en Perú, salvo Lima, cuyo tamaño es claramente excesivo. Madre de dios tiene un congresista; Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, tienen dos; Ayacucho y Huánuco, tres; Callao, Ica, Lima provincias, Loreto y San Martín, cuatro; Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno, cinco; Arequipa, Cajamarca seis; La Libertad y Piura, siete. Viendo estos datos, no me preocupa tanto el tamaño, porque se trata de un número no tan grande, que permite cierta proporcionalidad. Lo que me preocupa más no es el número por región, sino la distribución demográfica de la misma, de modo que la representación se concentra en las ciudades o provincias más grandes en desmedro de otras: para solucionar ese problema aceptaría “achicar” algunas para dar cabida a otros, pero no me resulta claro que distritos más pequeños impliquen menos y mejores candidatos, o un mejor trabajo congresal.  

P. Bueno, si eliges entre un número mucho menor, puedes elegir mejor, y si tienen 4 o 5 o 6 representantes, ya no tienes ninguno… La siguiente propuesta es la de Transparencia: elegir el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, o dos semanas después de ella, para favorecer que el gobierno tenga mayoría y acelerar el proceso de reducción de partidos que ya vendría impulsado por los distritos uni o binominales.

R. De acuerdo. Para mí, la principal fundamentación está en permitir que las preferencias de los ciudadanos se dé con la mayor información posible: después de conocer los resultados de la primera vuelta, los electores decidirán si concentran el voto en las fuerzas principales o no, pero es importante saber quiénes pasan a segunda vuelta. Y de acuerdo con que la votación se concentre en las fuerzas más importantes.

P. ¿Subir la valla a las alianzas? 

R. De acuerdo. Hasta el momento, la facilidad para integrar alianzas es el mecanismo que ha permitido la supervivencia de muchos partidos cascarón. En Transparencia propusimos una barrera general del 5% de votos válidos para contar con representación, y en el caso de alianzas 2.5% de votos válidos por cada partido adicional.

P. ¿Reducir significativamente el número de firmas para formar un partido pero obligarlo a participar con candidatos por lo menos en el 50% de las regiones, provincias y distritos?

R. De acuerdo, en tanto las firmas no son un mecanismo que permita identificar la representatividad de los partidos. Ella se define a través del desempeño electoral, así que estoy de acuerdo. En Transparencia hemos sugerido algo muy parecido.

P. ¿Aumentar los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Deben acreditar existencia y presentar candidatos por lo menos en tres regiones? 

R. De acuerdo con ser más exigentes con movimientos regionales, equiparables a las de los partidos nacionales: así deberían estar obligados a presentar candidatos a en las elecciones municipales provinciales y distritales; podría ser además estén obligados a presentar candidatos en más de una región; de otro lado, si no ganan representantes en consejos regionales o alcaldías provinciales, deberían perder el registro. Finalmente, deberían desaparecer las candidaturas de organizaciones políticas locales distritales. Cada vez pierden más terreno, y fomentan la fragmentación.

P. Aumentar el financiamiento público de los partidos y subir el tope de las aportaciones privadas (transparentadas)… 

R. De acuerdo, hacer efectivo el financiamiento público, pero con controles estrictos y sanciones drásticas al mal manejo del mismo. De otro lado, transparentar y hacer más realista la normatividad referida a los aportes privados. Urge hacer transparente los gastos en medios masivos de comunicación, los más costosos.

P. ¿Y respecto de la idea de permitir la candidatura al Congreso de los candidatos a la presidencia, a fin de que los líderes partidarios estén en el Congreso y este se convierta en un verdadero foro político? 

R. De acuerdo, pero debería ir junto con todas las medidas destinadas a reducir la fragmentación política. Atención que la eliminación de la postulación simultánea buscaba desincentivar que los aspirantes al Congreso lanzaran candidaturas presidenciales solo con fines propagandísticos.

P. Jorge Morelli ha propuesto elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en la mayor parte de democracias presidencialistas, a fin de contener los impulsos populistas. 

R. De acuerdo, el Perú aparece como una rareza de poder parlamentario, a pesar de que algunos señalaban, en especial durante los años noventa, que la Constitución de 1993 es “hiperpresidencialista”. Hoy, con mayoría congresal fujimorista, señalan que el presidente es muy débil. Sería prudente subir a los tres quintos los votos necesarios para la insistencia congresal en una ley observada por el ejecutivo, que igual nos pondría en una zona moderada en el contexto regional.

P. ¿Derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general pueden conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas?

R. De acuerdo, estos cambios fueron resultado de oportunismos de última hora del Congreso anterior, que buscaban preservar el statu quo o aprobar medidas efectistas. Entonces, los partidos que no participan en elecciones (no solo nacionales) deben desaparecer; se debe permitir la reelección inmediata por un solo periodo adicional en regiones y municipios; y el reparto de dádivas debe ser sancionado, pero con castigos proporcionales a las faltas, y en donde la pérdida de registro puede ser la pena máxima aplicada solo en casos extremos, y no durante un proceso en curso.

Lampadia

Los llamados conflictos sociales, que muchas veces tienen más de políticos que de sociales, han cobrado especial relevancia en el Perú durante los últimos tres gobiernos. Así hemos tenido los conflictos: del Arequipazo, Moqueguazo, Baguazo, Santa Ana, Cerro Quilish, Conga, Espinar, Tía María, Pichanaqui, Loreto, Cañariaco y muchos casos menos mediáticos a lo largo y ancho del país.

Durante el gobierno de Humala, los conflictos se han multiplicado y las estrategias detrás de ellos se han hecho más visibles, como las increíbles propuestas por el pos-extractivismo de parte de todas las izquierdas del país. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Luego de las últimas elecciones, sus líderes más representativos, como el ex cura Arana, han llegado al Parlamento, y por ahora, vienen ganado la batalla mediática, que ha creado el escenario de impunidad con el que se han movido.

La coyuntura internacional y las presiones sociales por remontar las brechas sociales y económicas que aún nos aquejan, más el impacto de la ‘cuarta revolución industrial’, nos obligan a reactivar la economía y a canalizar, con eficiencia, los mayores recursos fiscales que traería el crecimiento de la economía, hacia agendas de gobierno debidamente priorizadas y efectivas para afrontar nuestros retos.

En esa línea, hemos desarrollado el siguiente ensayo, que enfatiza la necesidad de contar una adecuada colaboración entre las dos más importantes instancias de gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo. Hasta la fecha, ambos siguen apartados y haciendo, cada día más difícil, un acercamiento constructivo. Sin embargo, la amenaza de la conflictividad social puede desbaratar completamente la posibilidad de alcanzar un gobierno exitoso. Esperamos, que la siguientes líneas, que se suman a nuestra biblioteca virtual de Recursos Naturales y Desarrollo, sirvan para una oportuna reflexión.     

Sobre Conflictividad Social y Colaboración Política

1. Sector Extractivo: El motor más fácil de encender

En el quinquenio que se inicia, el Perú enfrenta uno de sus principales retos: el regreso a una mayor tasa de crecimiento. De esto dependerá una rápida reducción de la pobreza, la expansión de las clases medias, el fortalecimiento de la democracia y el acceso a los recursos fiscales necesarios para cubrir las enormes brechas en educación, salud, seguridad e infraestructuras que aún se mantienen. Sin embargo, el Perú enfrenta un entorno mundial poco dinámico y un entorno regional de crisis en varios de sus vecinos. Por ello, el regreso a tasas de crecimiento superiores al 5% anual estará, en buena medida, en el éxito de las acciones internas que nos den más aciertos y menos errores políticos.

Muchos señalan que debemos enfocarnos en la diversificación productiva y en un crecimiento endógeno. Sin duda sería bueno tener varios motores internos de crecimiento, sin embargo, en el corto plazo esto no puede incidir de manera importante en el crecimiento económico. No existe margen fiscal para un reactivación por demanda que pueda ser duradera, y las mejoras en capital humano, instituciones e infraestructuras, necesarias para acelerar el crecimiento económico endógeno, aun si se iniciaran inmediatamente, tardarían años en trasladarse a una mejora notable en el crecimiento.

Sin embargo, existe un motor de crecimiento con impactos de corto plazo que no ha sido aprovechado en la medida de su gran potencial, el sector extractivo. Si se aprovechara mejor el potencial nacional para el despliegue de proyectos mineros y energéticos (el forestal está recién en proceso de desarrollo. Ver: Un sector forestal completamente renovado), podríamos, por un lado, acelerar el crecimiento en el corto plazo y obtener los recursos para financiar las reformas necesarias que además, permitirían fortalecer otros motores endógenos de crecimiento.

Una revisión de la cartera de proyectos mineros en el Perú nos señala que a misma llega a 57 mil millones de dólares, sin embargo, un 20% se ha visto asociado a conflictos sociales, que en algún momento han implicado una paralización temporal o permanente de su avance.

Esto implica no solo la paralización de proyectos emblemáticos como Tía María y Conga, sino también la generación de un “Riesgo Perú” para toda actividad extractiva del país, puesto que no se puede estar seguro respecto al nivel de resistencia social que podría enfrentar un proyecto extractivo. Esto afecta la disposición de las empresas a invertir en proyectos de este tipo en nuestro país.

Múltiples proyectos técnicamente posibles y financieramente rentables han sido dejados de lado por no presentar una tasa de retorno suficientemente alta que compense este “Riesgo Perú” , que representan miles de millones no contabilizados, pero que están en las consideraciones de los inversionistas importantes.

Si queremos reactivar la inversión extractiva en la presente coyuntura, es necesario reducir severamente la conflictividad social, gran parte de lo que se necesita hacer para cumplir este objetivo pasa por acuerdos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto en resumidas cuentas requiere de un acuerdo entre Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP). En nuestra opinión, este acuerdo sería conveniente tanto para el logro de objetivos nacionales como para los intereses políticos de ambas organizaciones.

2. Lo que ambos ganan o dejan de perder, con un acuerdo

En el caso de PPK, una menor conflictividad social permitiría un mayor ritmo de inversión, una aceleración de la economía, una mayor sensación de seguridad y con ello un mejor cumplimiento de uno de sus principales objetivos de gobierno.

La conflictividad social propicia circunstancias políticas sumamente costosas para un presidente. La existencia de conflictos facilita a los opositores radicales caracterizar al régimen como hostil a la población y prepotente, afectando su legitimidad democrática; si capitula, cediendo ante las presiones de los manifestantes, transmite la imagen de un gobierno políticamente débil e incapaz, y además la violencia y el caos propician la eventual censura o cambio de los ministros involucrados en los conflictos, en especial en las carteras de Interior y PCM, propiciando su desgaste institucional.

Los conflictos sociales fortalecen organizacionalmente a fuerzas radicales que se asignarán el capital político ganado con el conflicto, no solo al bloquear proyectos extractivos sino también a “otras luchas” tales como bloquear acuerdos comerciales, incrementar la rigidez laboral y socavar la meritocracia entre los empleados públicos. La posición de la totalidad de la izquierda frente al Acuerdo Transpacífico (TPP), la “Ley pulpín” y la Ley Servir muestra claramente de qué lado se encuentran.

En el caso del fujimorismo existe una complicación para llegar a acuerdos. El principal ganador político de los avances a los que se llegaría mediante acuerdos con PPK sería el mismo PPK. La política peruana es presidencialista y antropomórfica, el agradecimiento a un colectivo como lo es la bancada fujimorista no sería tan claro y directo como el que recibiría PPK.

Sin embargo, en un análisis más comprehensivo, se ven varias ventajas importantes para FP. El fujimorismo también ganaría políticamente con una reducción en la conflictividad social. En primer lugar la  imagen del fujimorismo que viabiliza el gobierno de PPK dificultaría el intento del anti-fujimorismo de retratar a Fuerza Popular como obstruccionista y antidemocrática.

La conflictividad social a gran escala fortalece a las fuerzas anti-fujimoristas. Las victorias aplastantes de PPK en Bambamarca o Islay se originan más del profundo anti-fujimorismo en la zona que de un particular aprecio por PPK. (Lampadia: Del voto al hecho hay un buen trecho). Los conflictos sociales generan en sus áreas de influencia, una dinámica social de control político y mediático por parte de los anti-mineros, los cuales son profundamente anti-fujimoristas. Durante el conflicto, las voces disidentes son política o coercitivamente presionadas para dejar de operar. Una vez construida esta hegemonía, ésta puede ser dedicada a otros fines políticos tal como se logró exitosamente en la segunda vuelta del 2016.  Si Cajamarca hubiera votado como lo hizo el resto de la sierra norte, Keiko Fujimori se estaría mudándose a Palacio el 28 de julio.

El fortalecimiento orgánico de las fuerzas radicales mencionado previamente debilita las perspectivas electorales del fujimorismo en el largo plazo. Estas fuerzas son el núcleo del movimiento social opositor a Keiko Fujimori que se manifiesta con regularidad en cada ciclo electoral. Son además, enemigas de la economía de mercado y de la democracia, valores fundamentales para el fujimorismo.

Los conflictos sociales empujan al fujimorismo a asumir posturas discursivas contrarias a la racionalidad económica, donde el caso de la votación en el caso del Lote 182 es un claro ejemplo. Cuando estas posturas son asumidas, el fujimorismo debilita su coherencia programática y pierde cara frente a las élites económicas y mediáticas de cuya postura depende en gran medida su fortuna hacia el 2021.

Finalmente la puesta en operación de proyectos extractivos implica una mayor base tributaria que facilite a un futuro gobierno fujimorista el cumplir con sus objetivos de gobierno y de consolidación política.

Por lo tanto, en balance, ambas fuerzas políticas tienen mucho que ganar, controlando los conflictos sociales.

3. La Agenda Común

Quedando clara, la naturaleza y magnitud de las ganancias programáticas y políticas de la colaboración entre PPK y FP, es necesario explicar algunos aspectos en los que la colaboración entre ambas fuerzas podría ser efectiva a la hora de reducir la conflictividad social. Estas ganancias apuntan a intereses de largo plazo de ambas fuerzas más que a la coyuntura política. Las medidas mencionadas a continuación requieren de la colaboración entre PPK y FP.

a. Recuperando el Monopolio en el Uso de la Fuerza para el Estado

Este es un aspecto crítico. El uso de la violencia contra las fuerzas del orden, la propiedad pública y privada es un componente básico de la praxis de los anti-mineros y en general de los anti-sistema. Los “espartambos” en Tía María y las Rondas Campesinas en Cajamarca se han involucrado en actos de violencia extremos. Sin embargo, ninguno de sus autores ha sido condenado a prisión a pesar de los evidentes delitos cometidos y la existencia de abundantes pruebas. En buena medida porque la legislación aplicable es, en este caso, pro-reo, el nivel de exigencias requeridas por los fiscales deviene en la práctica en que la Policía Nacional y el Poder Judicial no dispongan de los medios y herramientas legales necesarias para castigar a los culpables. Se debe facilitar el uso de la legislación de flagrancia a quienes realicen actos violentos, simplificar la presentación de pruebas a la fiscalía y reglamentar los criterios para las acusaciones por autoría mediata, en los casos del uso de violencia en manifestaciones públicas a los líderes de las mismas como corresponsables de la violencia que promueven. Además debe facilitarse que los acusados de estas acciones violentas sean juzgados lejos de sus localidades para evitar las presiones a jueces y fiscales.

b. Reduciendo la incidencia del “Enfoque Intercultural”

Desde hace algunos años se ha estado dado un paulatino avance del llamado “Enfoque Intercultural”. El mismo es un tema complejo, pero, en buena medida, busca brindar poderes propios del Estado a los grupos que se definan como “Pueblos Indígenas.”  Para los promotores de ese enfoque, la única condición para un grupo de personas sea catalogada como pueblo indígena es el auto-reconocimiento de un grupo humano como tal, puesto que las otras condiciones que mencionan se aplican a la totalidad el territorio nacional. Por ejemplo la descendencia total o parcial de poblaciones anteriores a la llegada de los españoles. ¿Qué comunidad, barrio o hasta familia no cumple con esta condición en el Perú? Solo un porcentaje muy reducido de la población peruana,  5% o menos, no atiende ese requisito. Con el Enfoque Intercultural, el Distrito de San Juan de Lurigancho puede declararse indígena y ponerse así al margen de las leyes que gobiernan al Perú. Lo mismo se aplicaría a cualquier grupo anti-sistema.

Este enfoque busca, entre otras licencias, la aplicación de la consulta previa para la mayoría de los proyectos extractivos en el país, poniéndola como procedimiento indispensable para la realización de los mismos. Obviamente, para ellos, basta con que un grupo humano que se sienta afectado y rechace un proyecto para que el mismo no se realice, independiente de la opinión favorable que pueda tener entre la mayoría de la población del entorno de un proyecto, en la región o en el país. Este peligrosísimo esquema, que puede ser aprovechado por grupos de interés político, propicia una autonomía radical de las poblaciones rurales y la fragmentación del sistema jurídico del país.

Para ello buscan fortalecer los privilegios jurisdiccionales de la justicia comunitaria, en especial el de las rondas campesinas. En el Perú ya se han dado acuerdos a nivel de la Corte Suprema, favorables a esta visión que tiene como mayores impulsores al Vocal Duberli Rodriguez (Ex congresista ligado al Partido Comunista del Perú, Patria Roja) y, en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, donde la Dra. Raquel Yrigoyen, una de sus promotoras, brinda apoyo jurídico a Gregorio Santos, da cursos de sobre litigios estratégicos para paralizar proyectos extractivos y hace actos de incidencia sobre el Congreso de la República con el mismo propósito. Algunos sectores extremos de esta corriente buscan la generación de “zonas liberadas” en la sierra peruana, semejantes a las “Caracolas Zapatistas” en México.

El Congreso puede hacer mucho para reducir el daño que este esquema para-legal puede hacer. En primer lugar, acotando claramente el rol de las Rondas Campesinas hacia una de lucha contra la criminalidad local en colaboración con la policía e impidiendo el deseo de que las mismas puedan atribuirse prerrogativas tales como multar o punir físicamente a quienes no participen en movilizaciones, impedir el libre tránsito, ejercer la violencia contra los disidentes y afectar los derechos de propiedad de actores privados. El facilitar la emisión de títulos individuales a nivel de las comunidades campesinas también disminuye la vulnerabilidad de estas poblaciones a ser un laboratorio social para políticos radicales. Un intento de reformar la el Código Penal en este sentido fue exitosamente bloqueado por los radicales quienes lograron presionar a la Comisión de Justicia del Congreso.

Todo esto discurre por debajo de la línea de mira de la sociedad, las instituciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Es hora de prestarle la máxima atención y organizar las acciones necesarias para eliminar sus impactos antinacionales.

c. Incrementando la Voluntad política del Gobierno

Las interpelaciones, mociones de censura y caída de ministros son eventos que socavan la voluntad política de un gobierno para sostener los proyectos extractivos y sirven de caja de resonancia del discurso anti-minero y aumenta la capacidad de estos para infligir costos políticos al gobierno de turno. Un acuerdo con Fuerza Popular incrementaría la solidez de los miembros del gabinete en caso de un conflicto social. Esta mayor fortaleza se derivaría en una menor conflictividad al percibirse que la convulsión tiene una menor probabilidad de éxito. No es necesario llegar a compromisos de respaldo incondicional a ministros involucrados en un conflicto social, pues ello haría al fujimorismo corresponsable de los errores del gobierno. Lo que es viable es que los congresistas de ambas fuerzas, contrasten con valentía el discurso anti-extractivista (conspirando contra sus intereses de largo plazo y sirviendo a los intereses de los anti-mineros). 

d. Evitar el financiamiento de actividades anti-extractivas

El Estado, por diversas razones, puede financiar directa o indirectamente iniciativas que atentan indirectamente contra sus intereses. El gobierno que está terminando lo ha hecho en innumerables veces. Un caso emblemático fue el financiamiento del documental “La Hija de la Laguna” por parte del Ministerio de Cultura, una clara herramienta de propaganda anti-minera audio visual con impacto fuera del Perú.  Este documental ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Post Producción de Obras de Largometraje 2013, a pesar que los mismos jueces no lo consideraron un trabajo logrado. Este tipo de “coladeras” de financiamiento permiten a organizaciones hostiles a las actividades extractivas llevar a cabo acciones de propaganda que dañan severamente la imagen de la industria y son una ayuda para fomentar los conflictos sociales. Ambas fuerzas políticas podrían llegar a un acuerdo, bloqueando los esfuerzos de estas organizaciones para obtener recursos del Estado para promover la conflictividad social.

e. Debilitar los ‘cercos cognitivos’

Los anti-mineros construyen exitosamente cercos cognitivos en las zonas rurales próximas a los proyectos extractivos. Ellos dominan todas las fuentes creíbles de información en una comunidad (profesores, líderes de organizaciones locales, religiosos, etc.) y callan las voces que se oponen a ellos.  Este cerco permite formar y fortalecer creencias referentes a las industrias extractivas que pueden catalogarse como insólitas en algunos casos.  Las acusaciones, basadas en ‘relatos’ fabricados (que rehacen la historia) dañan la imagen de las empresas, de la industria y de la independencia del Estado. Ambas fuerzas podrían colaborar en incrementar la presencia del Estado en las zonas de conflicto, no sólo con inversiones sociales, sino con presencia activa (comisarías, antenas repetidoras, programas del Estado, etc.) que defiendan la pluralidad de opinión, y que permitan a la población estar mejor informada sobre la naturaleza real de la afectación que los proyectos provocarán.

Conclusión

El reducir la conflictividad social tendría fuertes efectos de bienestar sobre el país y ello debería ser más que suficiente para motivar tanto a PPK como los fujimoristas para actuar en ese sentido. Pero convencer a políticos que actúen únicamente en beneficio del país a costa de su propio beneficio político de corto plazo puede ser difícil. Por ello hemos brindado aquí argumentos en los que se muestran con claridad las ganancias políticas institucionales y de largo plazo para ambas fuerzas partidarias, de desarrollarse una conducta de cooperación en relación a los conflictos sociales. La agenda presentada es incompleta y ciertamente existen áreas de colaboración que han sido omitidas, sin embargo podrían servir para facilitar el entendimiento, por parte de la opinión pública, de los beneficios que mayores espacios de colaboración que tendrían para el Perú, así como la eventual reacción positiva de las fuerzas en disputa. 

Lampadia

No se necesitan más llamadas de atención para que los peruanos nos aboquemos a corregir las deficiencias de nuestro sistema de partidos políticos y las normas que regulan el proceso electoral. Es suficiente apreciar el continuo descrédito del Congreso de la República en opinión de los ciudadanos y recordar las vicisitudes del reciente proceso electoral, para que asumamos la tarea de sus reformas.

La siguiente propuesta, preparada por Jaime de Althaus pretende poner en la agenda inmediata una de las reformas pendientes más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

La indispensable reforma política que el nuevo Congreso deberá abordar

El nuevo Congreso deberá abordar, como una de sus primeras tareas, la reforma electoral y política indispensable para que no se repitan los problemas que se presentaron en el reciente proceso electoral y, sobre todo, para resolver los problemas de fondo de la democracia peruana: la ausencia de un sistema de partidos, el desequilibrio potencial en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, y el descrédito del Congreso.

En los dos gráficos que siguen podemos ver la tragedia del sistema de partidos políticos del Perú. En el primero muestra cómo el sistema de partidos colapsó en 1989 y nunca se pudo recomponer:

Y en el siguiente constatamos cómo en cada elección municipal los partidos nacionales ganan cada vez menos alcaldías provinciales, de modo que su presencia en el interior del país es cada vez menor, en provecho de movimientos locales liderados en ocasiones por aventureros políticos que convierten a los gobiernos sub-nacionales en botines políticos. Es la feudalización del país, que tiene que acabar.  

La otra cara de esto es la ruptura de los canales de representación: no hay conexión ni comunicación entre alcaldes o gobernadores regionales que no pertenecen a ningún partido, y los partidos presentes en el Congreso. Y los congresistas representan colectivamente a circunscripciones relativamente grandes, donde nadie sabe quién es realmente su representante: no hay relación entre electores y representantes. La consecuencia es el descrédito total del Congreso.

El problema es que ningún partido político de los que accedió al nuevo Congreso formuló propuesta alguna de reforma política en sus planes de gobierno. Sugerimos, por lo tanto, que se forme una comisión integrada por especialistas para elaborar un proyecto de tales reformas que tome como base la propuesta de reforma institucional elaborada por la Asociación Transparencia[1]. Mientras tanto, nos adelantamos a presentar la nuestra, que creemos recoge un conjunto de medidas orgánicamente pensadas para resolver los tres problemas mencionados.

Reformas electorales para no repetir los problemas que se presentaron en las últimas elecciones generales:

1. Calendario electoral: inscripción de candidatos presidenciales y congresales con más anticipación. Y acortar la segunda vuelta a 4 semanas.

2. Requisitos: disminuir la cantidad de requisitos formales para acreditar democracia interna y reemplazarlos por una fórmula como la que propone Transparencia: que los partidos políticos elijan a sus candidatos mediante elecciones abiertas supervisadas obligatoriamente por los organismos electorales. En esas elecciones podría participar cualquier ciudadano esté o no inscrito en el partido y lo ideal sería que se realizaran simultáneamente.

3. Exclusión de candidatos: derogar la sanción de exclusión para los candidatos que distribuyan dádivas o mantenerla solo para casos muy escandalosos, pero habría que tipificarlos con claridad. Y, tal como propone Transparencia,  prohibir la candidatura de personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, delitos contra el Estado, homicidio, secuestro o violación sexual.

Reformas políticas para resolver los desequilibrios potenciales entre Ejecutivo y Legislativo:

1. Creación del Senado. Podría tener 30 miembros y ser elegido en distrito único nacional hasta la creación de regiones propiamente dichas, momento en el que se elegirían por regiones. Su función sería principalmente revisora. Es particularmente importante y necesario aprobarlo en una circunstancia como la actual en la que un partido tiene la mayoría absoluta, pues dos cámaras son una forma de limitar el poder del Congreso. Fuerza Popular podría dar una señal democrática muy positiva si propone auto limitar su poder con el restablecimiento de la bicameralidad. 

2. Elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en casi todas las democracias presidencialistas. Actualmente es de solo la mitad más uno del número legal de congresistas. Esto, junto con lo anterior, para prevenir el populismo parlamentario.

3. Permitir la candidatura al Congreso del candidato a la presidencia de la República. Esto es muy importante para dos efectos:

a. Que el Congreso se convierta en un verdadero foro político, con la presencia de los líderes partidarios.

b. Que el ex candidato o líder del partido pueda mantener unida a su bancada.

Reformas políticas para revalorizar el Congreso y reconstruir el sistema de partidos

1. Eliminación del voto preferencial y su reemplazo por el distrito electoral uni o binominal para el Congreso o para la Cámara de Diputados. El mejor voto preferencial es el voto por un representante en un distrito electoral pequeño en el que solo se elige a un representante. Esta reforma es fundamental por varias razones:

a. Para que los ciudadanos se sientan representados en el Congreso y la democracia tenga sentido concreto: en un distrito uninominal uno sabe quién es su representante y puede expresarle sus demandas y problemas, y puede fiscalizarlo. Y el representante está obligado a relacionarse con sus electores para representar bien sus intereses si quiere ser reelegido. En cambio, en el sistema plurinominal o proporcional, el congresista representa al partido y no a los electores[2]. Por eso en la última elección para el Congreso el 34% votó en blanco o nulo.

b. Para elegir mejores representantes: en un distrito uninominal no se presentan decenas o cientos de candidatos, como ocurre actualmente, sino solo uno por cada partido que participa. Conforme se reduzca el número partidos, los electores tendrán que escoger entre, digamos, 4, 6 u 8 candidatos. Pueden entonces conocerlos mucho mejor antes de elegir.

c. Para reducir el número de partidos: el distrito uninominal induce a los partidos pequeños a aliarse con otros más grandes a fin de tener chances de ganar en algún distrito. De lo contrario, no ganaría en ninguno. Fomenta, así, la aglutinación partidaria, lo contrario de nuestra actual fragmentación. Apunta al bipartidismo, que es el sistema más eficiente.[3]  

2. Inscripción y vigencia de los partidos políticos. La idea es bajar la valla para la inscripción de los partidos pero subirla para su permanencia.

a. Reducir sustancialmente el número de firmas (no más de 10 mil, por ejemplo) para formar un partido, pero éste queda obligado a presentar candidatos por lo menos al 50% de las regiones y municipalidades provinciales y distritales del país.

b. Subir la valla para las alianzas. El Congreso recientemente la subió un punto por cada partido que se suma a una alianza, pero eso es insuficiente. La propuesta original fue aumentar 2.5% por cada partido adicional.

3. Subir los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Para inscribirse y funcionar, deberán acreditar existencia y presentar candidatos en por lo menos tres regiones.

4. Financiamiento público y privado de los partidos.

El financiamiento público de los partidos debe comenzar a ejecutarse a partir del 2017 tal como lo establece la tercera disposición transitoria de la ley Nº 30414, de modo que debe estar incluido en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso en agosto del presente año.

En cuanto al financiamiento privado, este tiene un tope anual muy bajo, de 60 UITs, equivalentes a 237 mil soles, lo que obliga a los partidos a buscar formas de disfrazar aportes mayores y favorece la búsqueda y blanqueo de financiamiento ilegal. Si el monto que una persona individual o una empresa formal puede dar es mayor –bastante mayor- entonces será más fácil para los partidos depender de financiamiento privado formal o legal, que del ilegal. Para eso tiene que ser transparente, por supuesto.

Lampadia  

El primer reclamo de los contendores de Fuerza Popular, al día siguiente de la primera vuelta, fue que la población optara por un balance de poderes. La elección presidencial terminó estableciéndolo así. El ejecutivo estará en manos de Peruanos Por el Kambio de Pedro Pablo Kuczynski y el Legislativo será controlado por Fuerza Popular de Keiko Fujimori.

Después de una larga y azarosa campaña de más de cinco meses, que parecía más un ‘thriller’ hollywoodense que una justa electoral, los peruanos eligieron como Presidente de la República para el período 2016 – 2021, a Pedro Pablo Kuczynski, a quien corresponde felicitar y desear el mejor de los éxitos.

De igual manera hay que felicitar a Keiko Fujimori por haber formado un partido político con presencia nacional que ahora tendrá mayoría absoluta en el Congreso.

Como hemos comentado en anteriores publicaciones, el resultado de las elecciones nos parece ‘sub-óptimo’, pues el país ha perdido la oportunidad de un gobierno convergente o incluso, de coalición entre las dos fuerzas que pasaron a la segunda vuelta electoral y que adscriben la defensa de la economía de mercado, el fomento de la inversión privada y un serio compromiso con la superación de la pobreza, para lo cual, ejecutarían un paquete de reformas institucionales.

En nuestra opinión, un gobierno de esa naturaleza nos habría permitido enfrentar, en las mejores condiciones posibles, los grandes retos que tenemos que superar, tanto los referidos a las brechas económicas, sociales, institucionales y de infraestructuras que arrastramos como consecuencia de los 30 años que nos robaron los malos gobiernos que tuvimos desde los años 60 hasta la promulgación de la Constitución de 1993; como los retos que en forma de oportunidades y riesgos, nos trae la ‘cuarta revolución industrial’. Ver en Lampadia: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario.

Lo que enfrentaremos los próximos cinco años supera en imprevisibilidad y complejidad, a cualquier período anterior. No es broma ni exageración. Los que siguen de cerca nuestros análisis de los últimos 18 meses, podrán apreciar que nuestra alarma es producto de contrastar nuestra nueva línea de base, deteriorada durante los últimos cinco años, con nuestro potencial y el ambiente planetario en el que deberemos triunfar. Esto implica un esfuerzo extraordinario, pues sobrevivir, más mediocridad, o la convivencia con minorías antisistema, solo nos augurarían que se abra una nueva brecha, esta vez con los países más inteligentes, que sepan aprovechar la cuarta revolución industrial, algo fatal para nuestros pobres. Recordemos la advertencia del historiador israelita Noah Yuval Harari: “Esta vez, quienes pierdan el tren [de la nueva revolución] no tendrán una segunda oportunidad. Hoy en día, si un país, un grupo de personas, se queda descolgado, no tendrá una segunda oportunidad, en particular porque la mano de obra barata no tendrá ninguna relevancia”. (Ver en Lampadia: Del Homo Sapiens al Súper-Humano).

Como reza el antiguo dicho inglés: “Necessity is the mother of invention” (la necesidad es madre de la invención), esperemos que una mayor toma de conciencia de las dificultades que se nos avecinan, permita que las dos principales fuerzas políticas del país, que ejercerán los mayores poderes del Estado, puedan acercarse a un mejor plano de colaboración que el que ha producido una campaña llena de agravios e intrigas.

Además, deseamos que el partido ‘no-partido’ de gobierno, pueda también abocarse a crear un verdadero partido político que pueda, junto con Fuerza Popular, tener una presencia nacional relevante. 

Lampadia  

Según publicación del diario Gestión del 4 de marzo pasado, Luis Iberico, Presidente del Congreso, ponderó el proyecto que  permitiría el retiro de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), con las siguientes expresiones, que habría dado a Radio Exitosa:

“Lo cierto es que los aportantes estamos sintiendo mucho abuso por parte de este sistema (privado de pensiones) actual y deben cambiarse muchas cosas”.

Pero agregó: “No creo que el Congreso se allane a las observaciones del Ejecutivo en el tema de las AFP, pero pueden haber dos alternativas: o se insiste, con lo cual la ley va tal como se aprobó y se requiere de una votación altamente calificada, o se busca puntos intermedios”.

“La Comisión de Economía ha dado la exhortación a que se trabajen estas observaciones enviadas por el Ejecutivo, ante las cuales creo que la posibilidad del allanamiento es prácticamente inexistente”.

Como se puede apreciar, el tema es muy delicado políticamente, pues los proponentes de la aprobación de la ley consideran que su carrera política estaría detrás del proyecto.

Por lo demás, sería más sensato que este tema, dada su naturaleza vinculada a impactos de muy largo plazo, sea contemplado por el próximo gobierno, alejados ya, del escenario electoral.

En Lampadia hemos planteado la necesidad de ampliar el diálogo y el análisis sobre las consecuencias de ir adelante con el proyecto, como también, contemplar alternativas que se ajusten de mejor manera a los intereses sociales de largo plazo de los peruanos.

Ver en Lampadia: Futuro de los jubilados en la picota

Nos parece que las declaraciones del Presidente del Congreso, muestran, de alguna manera, la tremenda responsabilidad de los líderes del Parlamento ante las eventuales consecuencias de insistir en la ley. Es evidente, que cuando se hagan visibles los daños de una norma precipitada como esta, la sociedad terminaría asignando su costo político a la dirigencia parlamentaria. Algo que ojalá no veamos en la foja de servicios de Iberico y su junta directiva.

Nada importante nos apura para que, en la práctica, se elimine el SPP. Calma, ponderación y responsabilidad. Lampadia  

El Presidente Ollanta Humala, fiel al estilo confrontacional con el que viene gobernando el país, decidió desoír los consejos de la gran mayoría de ciudadanos que le pedían un Primer Ministro de consenso y optó por un hombre de su extrema confianza y que por añadidura, como Ministro de Defensa, ha sido una pieza clave en exacerbar los ánimos. Pedro Cateriano que se define como un antiaprista y antifujimorista, desde su cartera no dejó de lanzar puyas a la oposición. Su designación en reemplazo de la censurada Ana Jara es, de cierta forma, una manera de devolverle el golpe a la oposición.

Una actitud que puede encender innecesariamente el conflicto en un momento delicado del país. Como señaló Pablo Bustamante en la Hora N, “este es un mensaje del Presidente, en el que nos dice que está dispuesto a enfrentarse con quien sea. Esta es una falta del respeto al país y una falta de consecuencia con la situación que atravesamos en el aspecto económico e institucional”. En la misma línea de estas declaraciones, Martín Tanaka asegura que “nombrar a Pedro Cateriano Presidente del Consejo de Ministros es la respuesta a la oposición: no nos dejamos atarantar. Por supuesto, se está pensando en dar un mensaje a la oposición, no en la eficacia de las políticas públicas o en un plan de reformas para el último año de gobierno, que no existe”.

Desde que asumió el mando, este gobierno ha preferido dedicarse a lanzar o devolver golpes antes que buscar consensos. Este estilo ha enrarecido en demasía el ambiente político y ha generado un ánimo de permanente crispación que ha impedido que se discutan seriamente las reformas institucionales impostergables para apuntalar el crecimiento y el desarrollo social en un momento en que la economía se desaceleraba.

Enfrascarse en este “juego” le ha impedido a la pareja presidencial percibir que a pesar de la pésima calidad de nuestros congresistas, existen varias bancadas que han sido gobierno (fujimorismo, Perú Posible, Acción Popular, PPC y Apra), aún así no pudo articular propuestas para efectuar las reformas institucionales clave que necesita el país. Por el contrario, al parecer siguiendo los designios de un plan que les permitiera perpetuarse en el poder, intentaron agudizar las contradicciones atacando a la oposición y culpándola de todos los males nacionales y tildándola de corrupta. La frustración de tener que descartar este programa puede explicar este ánimo confrontacional. La buena noticia es que Cateriano es un demócrata y no defiende la Gran Transformación, sino que se sumó al Gobierno luego de que este suscribiera la Hoja de Ruta.  

La oposición se ha mostrado madura y ha preferido escuchar al flamante Premier antes de descargar baterías. Hasta ahora la actitud de Cateriano es conciliadora, pero la situación del país exige mucho más que eso. Es necesario que tenga un plan de acción para reencausar el crecimiento del país. Con la llegada del ex ministro de defensa a la PCM se ha perdido una brillante oportunidad de cambiar al bisoño y liviano equipo económico de este gobierno que hasta la fecha parece haber tirado la toalla. Segura, recientemente, ha declarado: “ya no podemos hacer nada más”. No se entiende, entonces, porque no se ha puesto en marcha la propuesta formar equipos de notables que puedan destrabar las inversiones públicas y privadas. Un tema clave para poner relanzar al país y devolverle la confianza a los agentes económicos (Ver en Lampadia (L): 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos). Segura, en cambio ha preferido confiar esta tare a las huestes del MEF, pero como todos sabemos, hasta ahora no ha logrado poner que ninguno de los proyectos se echen andar.

Cateriano debe enfocarse en un plan mínimo que debe tener como prioridad implementar medidas urgentes para reactivar la economía (para ello será fundamental  su mediación para que Tía María, Las Bambas, la Línea 2 del Metro, y el gasoducto del Sur aceleren su desarrollo), culminar las negociaciones para suscribir los TLCs con Turquía e India, asegurar un proceso electoral limpio (debe descartarse por completo la idea de instaurar el voto electrónico (ver en L: La peligrosa campaña por el voto electrónico) y controlar los arrestos populistas, establecer un plan para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño, solidarizarse con la lucha por la democracia que la oposición venezolana viene dando y denunciar los abusos y el autoritarismo de Maduro, y, finalmente, devolver a las relaciones con Chile a un nivel óptimo. A arremangarse la camisa, no para pelear, sino para recuperar el tiempo perdido. Lampadia

Basta ver los titulares de los diarios o escuchar los de noticieros radiales y televisivos, oír las discusiones en los pasillos del congreso, las entrevistas en los sets de televisión o leer las columnas de opinión, para darnos cuenta que nuestros políticos, periodistas y “analistas” solo les preocupan los temas de coyuntura, el dime y el direte antes que los asuntos de fondo. Concentrados en el juego de quien lleva agua para su molino, desgastar al contrario y quedar mejor posicionado en las encuestas de popularidad, se olvidan que el país está atravesando por un momento delicado. Además de discusiones sobre si se censura o no a la Ministra Ana Jara, si es conveniente o no cerrar la Dirección Nacional de Inteligencia, si todos los líderes importantes salieron en una foto en Palacio de Gobierno, se debiera estar discutiendo sobre qué medidas deben tomarse urgentemente para reactivar la economía y reiniciar la senda de la disminución de la pobreza y la desigualdad.

La desaceleración económica no es un problema menor. No se puede pensar, como han indicado algunos despreocupados analistas, que debiéramos contentarnos con un crecimiento de 2%. No. El Perú tiene el potencial para crecer un 7% o más. Cada punto menos del PBI que dejamos de crecer significa que menos peruanos salen de la línea de pobreza o que pierden posibilidades de educarse, comer mejor y tener una mayor calidad de salud. Tampoco es cierto que el menor crecimiento de socios comerciales, como la China, nos impida crecer más alto. En Lampadia, hemos demostrado que esto el gigante asiático sigue teniendo un impulso enorme.   

El crecimiento económico como hemos señalado repetidamente, es el directo responsable de la reducción de la pobreza y la desigualdad. Según Juan Mendoza, profesor de la UP y otros especialistas, casi 85% de la reducción de la pobreza desde el 2004 se debe exclusivamente al crecimiento económico. Sin este crecimiento al día de hoy tendríamos al menos 52% de pobres, [vs. el 23% actual]. Mendoza remarca: “Los datos sugieren que la manera más eficaz de combatir la pobreza no es diseñar programas de transferencias sino fomentar la inversión privada y el funcionamiento de los mercados, que han sido los motores del crecimiento desde 1990.”

La pregunta, entonces se cae de madura: ¿Qué estamos haciendo para fomentar la inversión privada y el funcionamiento de los mercados, que han sido los motores del crecimiento y los que han permitido que tantos peruanos dejen de ser pobres? Ese es el debate al que políticos, analistas y líderes de opinión debieran prestar atención. Es triste, pero todos prefieren concentrarse en la acusación, el insulto y los temas coyunturales antes que los asuntos de fondo.  Es hora de que nuestra clase dirigente siga el consejo de Churchill: “el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”

El verdadero debate (que los estadistas) debieran propiciar debe girar en torno a la urgente reactivar necesidad de incentivar y atraer una mayor inversión privada. Esta es la única manera en que podamos empezar a crecer a nuestro real potencial. Para ello se debiera analizar como reactivamos o incentivamos los verdaderos motores de nuestra economía, en vez de estar buscando inventar motores virtuales. Veamos:

1. Minería: Es vital crear las condiciones económicas, sociales y políticas para que los proyectos mineros en cartera empiecen a producir lo antes posible. La cartera de inversiones mineras suma 47 proyectos (32 de extracción de cobre). Es decir cerca de los 60 mil millones de dólares en inversión potencial hasta el 2021. Como hemos indicado se debiera hacer una cruzada en la que todas las fuerzas políticas se comprometan a generar las condiciones necesarias para que estos proyectos a la brevedad puedan empezar a operar. Eso no quiere decir relajar los estándares ambientales internacionales, pero si explicar a la población los beneficios de la minería.

2. Pesca. Afortunadamente, se ha empezado a rectificar la desastrosa política pesquera que implemento este gobierno. Es imprescindible dada las malas condiciones climáticas que se den algunos incentivos para que este importante sector vuelva a recuperar su aporte a la economía.

3. Agroindustria: Si bien se mantiene pujante y creciendo, se debe empezar a abrir nuevos mercados. El TLC con la India podría contribuir. Es crucial, sin embargo empezar a solucionar aspectos que en el mediano plazo pueden afectar a este sector, como seguías en Ica y Piura. Debieran ejecutarse proyectos de infraestructura para represar las aguas en estas regiones.

4. Construcción: Sin duda fuertemente afectada por la desaceleración. Son imprescindibles medidas que reactiven el sector. Si bien el programa de infraestructuras públicas permitirá que la construcción mejore su aporte, se necesitan medidas complementarias para incentivar la construcción de viviendas.

El gobierno ha empezado a realizar esfuerzos para destrabar las concesiones y las obras de infraestructura que se hallaban paralizadas (en especial las de transporte). Se debe seguir por este camino. Adicionalmente, son positivos los esfuerzos por poner en valor nuestros recursos forestales. Se han dado algunos pasos en ese sentido, aunque debiera hacerse mucho más, para atraer inversión a este sector que tiene un inmenso potencial para dinamizar nuestra economía.

También, ha sido saludable la reestructuración del impuesto a la renta de las personas naturales, que ayudará a reactivar el consumo interno. Pero, a todo esto se deben sumar los esfuerzos por recuperar la confianza en el desarrollo del país. La economía, como toda actividad humana, también es un estado de ánimo. Los agentes económicos deben recibir las señales correctas para lanzarse a invertir. El caldeado ambiente político (en gran medida propiciado por el propio gobierno), debe atemperarse para que nos concentremos en lo importante: volver a crecer, como hemos señalado antes, pudiendo aliviar sosteniblemente la pobreza, no hacerlo es inmoral. Lampadia

Las aguas están movidas. Las políticas, las económicas y las de confianza en el futuro. El gobierno y la oposición acaban el año, en medio una guerra de guerrillas (que caigan Sansón y los filisteos), que solo agravan los cuestionamientos de la población. El gobierno, cercado por serias acusaciones de corrupción que amenazan, de una u otra forma, la conducción del país. A esto se suma la merma de la bancada oficialista en el Congreso y la pérdida de aliados políticos, lo que impide la rápida aprobación de Leyes clave para reactivar la economía. Todo esto mantiene la popularidad de la pareja presidencial y de las instituciones públicas, en niveles de “pena”. El Ministro de Justicia en la picota y, por supuesto, todo esto en el contexto del colapso del crecimiento de la economía.

Lo económico tampoco pinta bien. A duras penas el país crecerá un 2.7% (¿?). Buena parte de esta desaceleración se debe al descuido en el que el gobierno tiene a los sectores minería, energía e hidrocarburos, los auténticos motores del crecimiento del país en la última década (ver en Lampadia (L): Otra vez la parada (esta vez en la inversión)). Curiosamente, con un tonito circense, el Ministro de la Producción se burla de todos los peruanos diciéndonos: “El menor crecimiento favoreció también la simplificación administrativa y mejoras en la regulación”. Y agrega: “El 2014 no ha sido un año de crisis, sino de oportunidades aprovechadas, pues la preocupación por el menor crecimiento impulsó la renovación de la políticas económicas”. (El Comercio, “Mirando el largo plazo”, por Piero Ghezzi, 18 de diciembre 2014). Ya parece un editorialista del Pravda o Granma.

La razón de la parálisis de la inversión no es porque no se quiera invertir en el Perú, ni mayormente por la debilidad de la economía internacional. Es porque se ha hecho casi imposible invertir, tanto en negocios grandes como en pequeños. Desde abrir una mina hasta poner un restaurante. Desde levantar una antena para comunicación celular hasta tramitar un cambio de uso de terreno, desde conseguir permiso para abrir un nuevo colegio hasta colgar un letrero en la fachada de una bodega. La debilidad política del gobierno (Conga) y la maraña burocrática han trabado la inversión y el crecimiento, lo ha impedido hasta casi detenerlo por completo. (Ver en L: La “liciensitis” afecta las inversiones pequeñas, medianas y grandes).

El otro problema es la incapacidad que han demostrado los funcionarios para echar andar los grandes proyectos de inversión pública. Atrapados en las arenas movedizas de la tramitología y el pánico a tomar decisiones, dado el torpe e inhibidor sistema de control nacional. El dinero que debió poner en marcha las ruedas de nuestra economía nunca llegó a movilizarse. A eso hay que sumar las elecciones regionales y los gravísimos casos de corrupción que descabezaron a regiones y municipios de sus autoridades, con lo que la inversión pública se quedó en las cuentas bancarias.

Si bien el gobierno ha intentado mejorar este panorama mediante una serie de medidas que incentiven la inversión privada, (los cinco paquetitos pre-navideños) todavía es muy pronto para ver sus resultados. Algunos se pararon en el Congreso, otros se siguen discutiendo, y otros se reputan de tardíos e insuficientes. En todo caso, no han conseguido impulsar el crecimiento del producto este año y, aunque se espera que el próximo será mejor, ya no se puede creer en los pronósticos oficiales.

La debilidad del Gobierno y su aislamiento se han hecho notorios los últimos días. La oposición que está enfrentando la Ley Laboral juvenil es un síntoma de ello. Todos los personajes y partidos que en su momento apoyaron esta iniciativa, ahora se retractan, generando un desentendimiento político innecesario para una medida a todas luces positiva (ver en L: No me importa estar mal, si los demás corren la misma suerte).

Que Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Alan García se opongan a ella, sumándose a las cúpulas sindicales como la CGTP, es un contrasentido y una vergüenza. Después de haberla señalado conveniente, hoy, por mero cálculo político de corto plazo, la atacan duramente. El Gobierno ha decidido defenderla con uñas y dientes. Ojalá persista y muestre algún saldo de fortaleza.

La irresponsabilidad de la oposición, propiciada por la agresividad del propio Presidente de la República, está arrinconando al Ejecutivo. Semejante postura, puede llevar al gobierno a olvidarse de un programa sensato y hacerlo optar por un populismo que le de réditos inmediatos y lo haga subir en las encuestas. (Ver en L: Queda poco tiempo para evitar los peores escenarios al 2016). Ese sería el peor escenario. La economía no permite este tipo de juegos. Es vital que todos recuperen la cordura y que se busque retomar la armonía y el crecimiento.

Como hemos reseñado en Lampadia: Niall Ferguson, el historiador británico, en una recientevisita a Santiago, dijo que Chile era el “país más inteligente” de la región pero que ahora estaba “ejerciendo su derecho a ser estúpido”. En el Perú hemos sido estúpidos mucho tiempo, “es hora de ejercer nuestro derecho a ser más inteligentes”. Lampadia