Presentación

“Análisis Estratégico del Conflicto Tía María” es un libro oportuno. Sirve para entender a los conflictos sociales que se desarrollaron en el Valle de Tambo desde el 2009 hasta hoy, y presenta un marco de interpretación del origen de los conflictos, y del accionar de los actores involucrados la conflictividad, de cómo actúan, sus objetivos y la interacción entre los mismos.

Para analizar Tía María, los autores parten marco analítico derivado de un estudio previo de varios conflictos mineros ocurridos en América Latina en las dos últimas décadas: Pascua Lama, Río Blanco, Esquel, Colombia, Costa Rica, etc. El propósito de ese estudio ha sido entender la lógica que guía los promotores de los conflictos e identificar qué determina los desenlaces de ellos, es decir, cómo hacen los grupos anti-mineros para bloquear los proyectos extractivos.

La oposición que se desarrolla a los proyectos mineros es vista como parte de conflictos políticos prolongados en el cual los opositores a la minería buscan erosionar la reputación de quienes pueden afectar dicha actividad. Sea el ejecutivo, el congreso, el poder judicial o la empresa minera. Es una lucha por producir daño reputacional, por erosionar la confianza de la sociedad en dicha actividad, o en un proyecto especifico y desprestigiar a todos aquellos que defiendan a la actividad minera.

Los autores explican como los temores hacia la minería son exacerbados para inducir a la población a creer que están frente a una amenaza a gran escala y que es un imperativo vital movilizarse para defender su forma de vida tradicional y salud de su entorno. Una vez generados los conflictos, éstos son utilizados para forzar a los poderes del estado y la empresa a enfrentar el dilema de apoyar el proyecto o abandonarlo.

En el caso de Tía María, los promotores del conflicto buscan generar costos políticos al actual gobierno para que éste, por la necesidad de proteger su popularidad, termine renunciando a brindar el marco institucional necesario para darle viabilidad al proyecto.

El texto ofrece a sus lectores un estudio realista de la problemática social y política de la minería moderna, y de los desafíos que deben enfrentar para hacer que dicha actividad pueda dinamizar de la economía peruana y abrir las puertas del progreso a la población. Lampadia

Líneas abajo reproducimos la presentación de José Luis Sardón, Magistrado del Tribunal Constitucional, sobre el desempeño económico y la Constitución. Esta presentación es particularmente relevante, cuando se quieren sembrar dudas sobre el rol del Estado en la economía, como lo ha hecho el propio ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

El producto de la vida económica y social no es casual, sino producto, en gran medida, de la estructura normativa que la define. Las dos últimas constituciones peruanas han producido resultados diametralmente diferentes y hasta opuestos, como puede verse en el siguiente cuadro:

Ver en Lampadia: El ciclo de crecimiento del Perú empezó en 1993.

Como dice el Magistrado Sardón, “Felizmente, la Constitución de 1993 —en el Capítulo I de su Título III— elevó las normas contenidas en ellos —principalmente, en los Decretos Legislativos 668 y 757— a la máxima jerarquía normativa.

Estas normas consolidaron la liberalización de la economía peruana, estableciendo un marco de protección jurídica a lo siguiente:

• Libre iniciativa privada y economía social de mercado;
• Libertad de trabajo y de empresa;
• Límites formales y sustantivos a la actividad empresarial del Estado;
• Prohibición de los monopolios legales;
• Libertad contractual y estabilidad jurídica;
• Libre comercio exterior e igualdad de trato a la inversión extranjera;
• Libre tenencia de moneda extranjera; y,
• Protección al consumidor”.

Recomendamos pues leer la reflexión de Sardón y estar alertas al contrabando ideológico que está detrás de revivir la discusión sobre el rol empresarial del Estado.

José Luis Sardón
Magistrado del Tribunal Constitucional

Buenos días.  Para mí, es muy honroso poder compartir con ustedes una breve reflexión por el vigésimo tercer aniversario del Tribunal Constitucional.  Agradezco a mis colegas por este gentil encargo.

Quisiera centrar esta reflexión en el vínculo que existe entre las Constituciones y la prosperidad de los países.  Especialmente, me referiré a la Constitución de 1993 y su impacto sobre el proceso de desarrollo peruano.

Parafraseando respetuosamente al Nuevo Testamento (Hechos 17:28), podemos decir:

En la economía, vivimos, nos movemos y somos.

Todas las normas constitucionales tienen impacto en la economía. La multiplicación de derechos, por lo pronto, amplía el ámbito de responsabilidad estatal.  Una definición más sobria de estos, en cambio, concentra al Estado en sus tareas esenciales.

Más importante aún, la separación de poderes busca lograr el equilibrio de poderes, para tener así gobierno limitado.  De esta manera, se busca, a su vez, proteger la libertad de los ciudadanos.

Las Constituciones pueden también facilitar o dificultar la formación de los partidos políticos.  Ellos son asociaciones privadas pre-estatales, pero su conducta es afectada por las reglas electorales.

Todas estas cuestiones han sido objeto de estudio en la literatura de la elección pública.  En ella, destaca el trabajo reciente del sueco Torsten Persson y del italiano Guido Tabellini, El efecto económico de las Constituciones.

Al evaluar los pros y contras de la democracia sobre el desarrollo económico, concluyen que “el diablo está en los detalles”: determinados esquemas institucionales potencian el impacto positivo de la democracia en el desarrollo; otros, no.

Particularmente, son relevantes los que facilitan la formación de “capital democrático”, que no es sino la acumulación de experiencia democrática en un país y su vecindario.  Las democracias prósperas son las democracias estables.

¿Qué necesidad había, entonces, de incluir un Régimen Económico en la Constitución de 1993?  La respuesta es clara: se buscaba hacer un segundo intento por alcanzar el fin anhelado por su propulsor original, Ernesto Alayza Grundy.

En la Asamblea Constituyente 1978-79, este propuso incluir normas que evitaran que volviéramos a aventurarnos en reformas estructurales como las de los 1970s.  Lamentablemente, no tuvo respaldo político suficiente.

La Constitución de 1979, por el contrario, consagró tales reformas, incluyendo a las dos más destructivas, la agraria y la de la empresa.  Así, lejos de ayudar a revertir el decaimiento económico heredado del gobierno militar, contribuyó a agravarlo.

Entre 1988 y 1990, la economía peruana se encogió un tercio.  La responsabilidad de ello recae no solo en la Constitución de 1979.  Desde que en 1982 México dejó de pagar su deuda externa, los 1980s fueron conocidos como “la década perdida” de la región.

En 1980, por otro lado, Sendero Luminoso desató una embestida que pretendía aniquilar a la sociedad peruana.  Hubo, pues, factores extra constitucionales —para no hablar de la pésima política económica de la segunda mitad de los 1980s— que incidieron en ello.

Sin embargo, la Constitución de 1979 contribuyó a que ocurriera tal situación, por los conceptos económicos equivocados que contenía y por las reglas barrocas e inoperantes con las que estructuró al Estado.

En 1990, consciente de la necesidad de efectuar una profunda reforma constitucional, Mario Vargas Llosa pidió a los peruanos no solo ser elegido Presidente de la República sino que el Fredemo obtuviera la mayoría de los asientos del Congreso.

Al conseguir solo un tercio, de hecho, quiso declinar su participación en la segunda vuelta.  Con ese nivel de respaldo congresal, pensó, le sería imposible emprender las reformas imprescindibles.

En todo caso, un paquete de decretos legislativos promulgados en 1991 por el gobierno de Alberto Fujimori se inspiró en las ideas del Fredemo.  Empero, ellos empezaron a ser declarados inconstitucionales por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

A mi juicio, ese Tribunal actuó bien: no le competía resolver lo que, a su criterio, sería bueno para el país, sino solo señalar lo que era inconsistente con la Constitución.  Dichos decretos, en efecto, contradecían a la Constitución de 1979.

Felizmente, la Constitución de 1993 —en el Capítulo I de su Título III— elevó las normas contenidas en ellos —principalmente, en los Decretos Legislativos 668 y 757— a la máxima jerarquía normativa.

Estas normas consolidaron la liberalización de la economía peruana, estableciendo un marco de protección jurídica a lo siguiente:

• Libre iniciativa privada y economía social de mercado;
• Libertad de trabajo y de empresa;
• Límites formales y sustantivos a la actividad empresarial del Estado;
• Prohibición de los monopolios legales;
• Libertad contractual y estabilidad jurídica;
• Libre comercio exterior e igualdad de trato a la inversión extranjera;
• Libre tenencia de moneda extranjera; y,
• Protección al consumidor.

Algunas sentencias constitucionales han hecho prevalecer estas normas.  La emitida en el expediente 0008-2003-PI/TC, por ejemplo, defendió la libertad de precios, con los que se logra la asignación eficiente de los recursos productivos escasos de la sociedad.

Empero, el sistema de precios requiere que no haya emisión de moneda.  Desde que el déficit de las empresa estatales fue la causa principal de la inflación de los 1980s, deben destacarse también aquellas que han controlado la actividad empresarial del Estado.

Las sentencias emitidas en los expedientes 00034-2004-PI/TC y 00019-2006-PI/TC marcaron una línea jurisprudencial, que ha sido respetada por las sucesivas composiciones de este Tribunal Constitucional, incluyendo a la actual.

Al insistir en que la actividad empresarial del Estado debe ser autorizada por ley expresa del Congreso, y desarrollada solo subsidiariamente, esas sentencias han apuntalado el equilibrio presupuestal y, por ende, la estabilidad monetaria.

Finalmente, deben destacarse las sentencias emitidas en los expedientes 00018-2003-PI/TC y 00013-2007-PI/TC, referidas a la igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera.

Carlos Adrianzén ha recogido evidencias abrumadoras del contraste existente entre el desempeño del Perú bajo la Constitución de 1993 y el registrado bajo sus predecesoras, en términos de integración comercial con el mundo.

Dentro de los aportes de la Constitución de 1993 al proceso de desarrollo peruano, destacan, pues, la estabilidad de nuestra moneda y la apertura de nuestra economía a los productos e inversiones extranjeras.

Debemos apreciar debidamente los frutos de este marco constitucional.  En los últimos 25 años, los niveles de pobreza y de extrema pobreza se han reducido de 53% a 20% y de 23% a 3%.

Esta reducción ha sido fruto, principalmente, de nuestro crecimiento económico.  En millones de soles constantes de 2007, nuestro PBI de 1993 ascendía a 162,093; en esos mismos términos, el 2018 llegó a 535,255.  Hemos tenido un crecimiento de 228%.

Lo que es más notable aún es que este crecimiento ha sido pro-pobre.  Como han demostrado Gustavo Yamada y Hugo Ñopo, en estos años los hogares más pobres han experimentado un crecimiento varias veces superior al de los más ricos.

Durante este tiempo, el Régimen Económico de nuestra Constitución ha sido, pues, una de nuestras fortalezas.  Empero, nuestra Estructura del Estado no ha facilitado el surgimiento del estado de Derecho.

En una escala vigesimal, en el índice internacional de libertad económica obtenemos ahora una nota de 13.6.  3 años atrás llegamos a 13.9, pero hemos tenido un ligero retroceso.

La explicación radica en el componente más institucional de la libertad económica, Estado de Derecho, en el que apenas conseguimos 08.1.  Dentro de sus sub-componentes, especialmente grave es la disminución en Integridad Gubernamental.

El índice internacional de derechos de propiedad, por su parte, nos da una perspectiva complementaria.  En este, el sub-componente Estabilidad Política es particularmente bajo.  Este es nuestro talón de Aquiles.

Un hecho insoslayable es la volatilidad de los partidos políticos que han llegado al gobierno.  Tres de los cuatro últimos desaparecieron tan rápido como antes habían irrumpido en la escena política.  Una democracia constitucional no puede funcionar así.

La democracia constitucional se caracteriza por la alternancia ordenada de partidos en el poder.  Ello simula —hasta donde cabe— la estructura de la economía de mercado, puesto que implica competencia, pero también un sentido de continuidad en el gobierno.

La democracia constitucional facilita el surgimiento del estado de Derecho, ya que hace que quienes están en el poder traten a los otros como esperan que ellos les traten mañana.  El estado de Derecho implica que todos seamos medidos con una misma vara.

La lección fundamental de la política comparada es, pues, que no hay democracia constitucional sin partidos y sin sistemas de partidos.  Descalificar apresuradamente a estos como organizaciones criminales es abrirles paso a aventuras autoritarias.

Donde no hay partidos, su lugar es ocupado por los grupos de presión, que articulan intereses de un sector de la sociedad, pero sin agregarlos con los del resto.  Un proceso político mangoneado por estos es, por definición, menos transparente.

Debe valorarse debidamente la continuidad en el tiempo de algunas organizaciones políticas y censurarse el aventurerismo de otras.  El dinamismo económico requiere apoyarse en instituciones políticas estables; de lo contrario, no llegará a florecer plenamente.

Debemos revisar el diseño de nuestras instituciones políticas a la luz de lo vivido.  En los últimos 25 años, nuestro crecimiento económico ha sido importante, pero ha podido ser mayor, considerando que teníamos lo que Erich Weede llamó la ventaja del atraso.

Esta revisión, sin embargo, ha de hacerse con cuidado, introduciéndose cambios puntuales muy pensados.  Hacer “fuego a discreción” contra nuestras estructuras políticas es irresponsable y tendrá consecuencias negativas en el futuro.

Roger Scrutton ha dicho: “Las instituciones, una vez destruidas, no pueden ser recreadas.”  Y, parafraseando a Wittgenstein, ha agregado: “revivir una tradición es como tratar de reparar una telaraña con las manos desnudas”.

En todo caso, el rediseño institucional debe hacerse sub specie aeternitatis.  Como dijo John Rawls en su teoría de la justicia, esta perspectiva no es un punto fuera de la historia sino una que puede alcanzarse cuando hay desinterés y pureza de corazón.

Confío en que el amor al Perú nos hará capaces de lograrlo.  Proclamo mi fe en la democracia constitucional y mi esperanza en el fortalecimiento del estado de Derecho en el Perú.

Muchas gracias.

Lampadia

Se advirtió, se reclamó, pero el gobierno miró a otro lado y dejó caer la economía peruana. Si no hubiera alternativa, santo y bueno, pero el país podría estar creciendo 6% si las cosas se manejaran con más responsabilidad y sindéresis.

Recientemente The Economist publicó su reporte “Economic and financial indicators” en el que ofrece sus estimados de crecimiento económico trimestral, así como sus proyecciones para el cierre del 2019 y 2020, para una gran diversidad de países alrededor del globo. Como se puede apreciar en la tabla líneas abajo, el Perú registró un crecimiento del trimestre enero-marzo negativo de -5.3%, la peor tasa de crecimiento comparada con sus pares regionales en América Latina, siendo solo superior a la de Venezuela. Ello – como el informe destaca – en un contexto de agravamiento de la guerra comercial EEUU-China, de la cual hemos escrito extensamente en anteriores publicaciones (ver Lampadia: Consecuencias del conflicto EEUU-China, EEUU vs. China: ¿Una nueva Guerra Fría?, Se agrava la guerra comercial EEUU-China).

Tabla 1. Crecimiento del PBI en América Latina

Fuente: The Economist

Por otra parte – como han destacado diversos medios de la prensa local – este resultado difiere del publicado por el INEI, cuya cifra de crecimiento del primer trimestre se situó en +2.6%. Como informó recientemente Gestión, esta diferencia se debería básicamente a la forma en que se midió el cambio en la producción; mientras que The Economist comparo el primer trimestre del 2019 contra el cuarto trimestre del 2018, el INEI la comparo contra el primer trimestre del 2018.

Sin embargo, más allá de esta observación metodológica, queda por responder la siguiente pregunta: ¿Qué implica el resultado de The Economist para el bienestar de los peruanos, tan venido a menos en los últimos años por la desaceleración de nuestra economía (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad)?

La realidad es que esta cifra refleja una reducción importante del tamaño de nuestra economía; reducción que de hecho ya se ha venido reflejando en otros indicadores sociales como el desempleo y la informalidad. Como de hecho destacó también el informe de The Economist, el desempleo de abril aumentó en 5.5%. Y este resultado se agrava en Lima Metropolitana, la cual, según cifras del INEI, alcanzó un desempleo del 8.1% del total de la población, la cifra más alta en los últimos 6 años. Por otra parte, según el mismo ente estadístico, el empleo informal no solo se incrementó en 5.6% en el primer trimestre del año, sino que además se ha producido una eliminación de puestos de trabajo formales en -2.5%.

¿Cuál es la principal causa de este decrecimiento trimestral en la economía peruana?

Como escribimos en Lampadia: Inversión y economía a capazos, los dos principales motores de nuestro crecimiento e importantes generadores de empleo – la inversión privada y pública – se encuentran prácticamente paralizados a la fecha. Como se observa en la tabla adjunta, la desaceleración de ambos componentes del gasto agregado es un hecho; mientras que en el caso de la inversión privada, el crecimiento del primer trimestre ha pasado de 5.3% el 2018 a 2.9% este año; y en el caso de la inversión pública, este crecimiento ha pasado de 6.8% a -10.9%.

Fuente: BCRP

Ello – ahunado a una caída de las exportaciones en el primer trimestre del año (-7.4%) motivada en gran parte por el conflicto comercial EEUU-China (ver  Lampadia: Cuidado con el desplome de las exportaciones) – mostrarían una clara tendencia a la baja de la actividad económica que se vería reflejada en el resultado de -5.3%, provisto por The Economist. Y los prospectos a futuro tampoco serían esperanzadores. Según el INEI el crecimiento de abril ha sido de 0.02%. Si bien hay ciertos factores extraordinarios que ayudan a explicar este resultado, no deja de confirmar el deterioro de la economía. Veamos:

Fuente: INEI

¿Cómo salir de este entrampamiento?

El ex ministro de economía Ismael Benavides comentó recientemente, en Expreso, que el gobierno debe dejar de obsesionarse únicamente con la reforma política y atender con urgencia el ámbito económico tan dejado de lado en los últimos meses (ver Lampadia: Confrontación sin Gobernanza). Al respecto, sugiere viabilizar los proyectos mineros de envergadura como Tía María, y Majes-Siguas II, para demostrar que el país está dispuesto a retomar la senda del desarrollo. Por otra parte, Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC, sugiere racionalizar y encauzar los recursos públicos hacia las verdaderas necesidades del país y no dirigirlos, por ejemplo, a campañas publicitarias que no tienen un impacto tangible en el bienestar del pueblo peruano.

A dichas propuestas queremos complementar en insistir con la implementación de la reforma laboral, cuyo principal eje debe ser la flexibilización de la contratación y el despido, y llevar a cabo la Modernización del Estado (ver Lampadia: La oportunidad para el gran punto de inflexión). Dichas propuestas harán que nuestro crecimiento potencial tome impulso. Y probablemente, hará que los medios internacionales, como The Economist, nos traigan mejores noticias respecto del desempeño de nuestra economía. Lampadia

Como presentamos en Lampadia: Auge de empleos en países ricos, el desempleo – principal problema económico que aquejaba a los países en el  período de la pos-guerra – se ha extinguido en buena parte de los países desarrollados gracias a los beneficios provistos por la globalización, el libre comercio y el mismo sistema capitalista, durante finales del siglo XX y todo el siglo XXI (ver Lampadia: Recuperando lo mejor del capitalismo).

En este espectro de países, EEUU constituye uno de los casos más emblemáticos dado que en los últimos meses no solo se han observado mínimos históricos en sus tasas de desempleo (ver Lampadia: Economista predice el crecimiento de EEUU) , sino que también se han reflejado notables mejoras en la calidad de sus empleos – en su mayoría, formales – y también en el crecimiento de los ingresos de los menos remunerados (ver Lampadia: EEUU: Crecen salarios de los menos remunerados).

Esta discusión del tema laboral como un problema multidimensional que va más allá de la misma empleabilidad y que integra cuestiones que tienen que ver con la calidad de los empleos, la seguridad social y la movilidad de los ingresos se encuentra muy presente entre los hacedores de política en las economías modernas. En un reciente artículo escrito por Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001, que compartimos líneas abajo, se ahonda en la problemática actual que lidian estos países.

Lo que refleja este nuevo enfoque de ver el empleo, claramente expone como la misma mejora de la calidad de vida ha volcado a los economistas a volverse más sofisticados en su tratamiento de los problemas sociales, buscando siempre constantes progresos en el bienestar.

Y curiosamente este es un enfoque que hace mucha falta en nuestro país, dada la precariedad del empleo existente en nuestros trabajadores – el 73% de la PEA es informal, según el INEI, y el 49% de la PEA con educación superior son subempleados, según el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

El desempleo coyuntural – producto de la desaceleración del crecimiento – por el que puede estar pasando actualmente la economía peruana no debe desenfocarnos de los problemas estructurales que experimenta su mercado laboral por más de una década, como son la informalidad y la baja productividad. Solo a través de una verdadera reforma laboral, que flexibilice los marcos de contratación y despido (ver Lampadia: La reforma laboral que los peruanos necesitan) se podrá generar un quiebre en pos de la mejora de los trabajadores peruanos. Lampadia

Más allá del desempleo

Project Syndicate
28 de mayo, 2019 
Michael Spence
Glosado por Lampadia

Durante buena parte del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la política económica se concentró en el desempleo. Las masivas pérdidas de empleo de la Gran Depresión (que sólo se revirtieron cuando esa guerra, y la deuda inmensa que se acumuló para financiarla, reactivaron el crecimiento económico) tuvieron un impacto duradero en al menos dos generaciones. Pero el empleo es sólo un aspecto del bienestar, y en el mundo actual, no es suficiente.

Las pautas de crecimiento que se dieron entre la Segunda Guerra Mundial y más o menos 1980 fueron mayoritariamente benignas. Aunque hubo recesiones, el desempleo se mantuvo reducido. La participación de los trabajadores en el ingreso fue subiendo gradualmente, y los grupos de ingresos medios, en particular, alcanzaron una mayor prosperidad y movilidad ascendente. En EEUU y en otros países, el mandato del banco central era sencillo: mantener el pleno empleo y tener a raya la inflación.

Este énfasis en el desempleo subsiste, y se refleja, por ejemplo, en la discusión en torno de la inteligencia artificial y la automatización, que está cada vez más centrada en el temor al desempleo tecnológico. A la economía estadounidense, en tanto, se la considera relativamente sana, porque el desempleo está en mínimos históricos, hay crecimiento moderado y la inflación está contenida.

Pero las pautas de crecimiento benignas de hace unas décadas ya no existen. Es verdad que hay economías cuyos problemas principales tienen que ver con el crecimiento y el empleo. En Italia, por ejemplo, el crecimiento del PBI durante las últimas dos décadas ha sido insignificante, y el desempleo se mantiene alto, por encima del 10% (llegando casi al 30% para los jóvenes). Asimismo, en economías en las primeras etapas de desarrollo, el objetivo dominante de la formulación de políticas es incrementar la cantidad de empleos, para ofrecer oportunidades a los jóvenes que entran al mercado laboral y a los pobres y subempleados en los sectores tradicionales.

Pero el empleo es sólo el primer paso. En las economías modernas, los problemas de empleo son multidimensionales, y las personas empleadas tienen grandes inquietudes en una variedad de áreas que incluyen la seguridad, la salud, el equilibrio trabajo‑vida personal, el ingreso y la distribución, la capacitación, la movilidad y las oportunidades. De modo que las autoridades deben mirar más allá de las mediciones simples de desempleo y considerar las muchas dimensiones del empleo con incidencia sobre el bienestar.

Tomemos por ejemplo la seguridad laboral. En períodos de cambio estructural acelerado, hay creación, destrucción y transformación de empleos, y cambian las habilidades que se les piden a los trabajadores. Esto genera inseguridad, incluso habiendo programas y políticas de apoyo, y la situación se pone mucho peor cuando el Estado hace mutis por el foro.

Incluso aquellos trabajadores que no han perdido el empleo pueden ver su bienestar disminuido por el temor a perderlo. Al fin y al cabo, en un tiempo de niveles extremos de desigualdad de riqueza, relativamente pocos tienen capacidad para protegerse por sí mismos contra variaciones bruscas de la situación de empleo y de los ingresos o para invertir grandes sumas en recapacitación. Según una encuesta reciente de la Reserva Federal de los EEUU, cuatro de cada diez adultos estadounidenses serían incapaces de cubrir con efectivo un gasto inesperado de 400 dólares.

En este contexto, se vuelven todavía más importantes el diseño y la cobertura de los sistemas de seguridad social y de los servicios sociales. Pero en vez de reforzar las redes de seguridad social, algunos gobiernos y empresas están tratando de ahorrar dinero mediante la subcontratación de funciones relacionadas con beneficios como la atención de la salud, las pensiones y el seguro de desempleo.

Otra dimensión del problema del empleo es el ingreso. En casi todas las economías desarrolladas, o tal vez todas, hay un incremento comprobado de la polarización laboral y de ingresos, que obedece en parte a la creciente divergencia entre la productividad (en aumento) y la remuneración (estancada) de muchos empleos de bajos y medianos ingresos.

La extranjerización o automatización de muchos empleos poco cualificados amplió la oferta de mano de obra para trabajos no automatizables en los sectores económicos no transables. El hecho de que el producto marginal del trabajo poco cualificado es menor, combinado con el deterioro de mecanismos de negociación colectiva eficaces, contribuyó a la desigualdad de ingresos. Si bien en algunos países medidas como la política tributaria redistributiva han contrarrestado en parte estas tendencias, no la han revertido.

Una tercera dimensión del problema del empleo es la equidad. Casi todos comprenden que, por diferencias de capacidades y preferencias, las economías de mercado no producen resultados enteramente igualitarios. Pero una aceptación amplia de la desigualdad sólo es posible en la medida en que esta sea moderada y esté fundada en el mérito. Una desigualdad extrema basada en un acceso privilegiado y no meritocrático a oportunidades y remuneraciones (algo que puede verse hoy en muchos países) es socialmente corrosiva.

Esto está muy relacionado con una cuarta cuestión: las perspectivas de movilidad ascendente. Es posible que hasta cierto punto se le esté dando una importancia exagerada a la desigualdad de oportunidades, al menos en EEUU. Se da por sentado que en cuanto una persona consigue conectarse con una red en particular (por ejemplo, asistiendo a una de las grandes universidades de la “Ivy League”), su acceso a oportunidades de empleo mejora considerablemente, y con él, sus perspectivas de progreso socioeconómico.

No hay duda de que algo de verdad hay en esto. Existen en los mercados, estructuras de red reales, con importancia en casi todas las esferas (aunque no aparezcan en la mayoría de los modelos). Algunas de estas estructuras (por ejemplo, mecanismos para la transmisión de información confiable) son benignas. Otras (como las que se racionan según la clase social o, en la actualidad, según la riqueza) son más problemáticas.

Por ejemplo, el reciente escándalo de las admisiones que involucró a ocho prestigiosas universidades estadounidenses demostró de qué manera padres ricos pudieron comprarles a sus hijos un lugar en la élite educativa. Pero, aunque un título de una universidad importante puede abrir puertas (sea porque transmite señales de capacidad extraordinaria o porque confiere pertenencia a influyentes redes de egresados), dista de ser el único modo de obtener acceso a oportunidades valiosas.

En EEUU, en particular, hay una gran cantidad de establecimientos de educación superior de calidad, públicos y privados, con graduados distinguidos, en áreas tan diversas como la administración de empresas, las humanidades y la educación. De modo que el camino a las oportunidades no es tan estrecho como muchos creen.

Esto no quiere decir que no haya un problema de deterioro de la movilidad ascendente, tanto en relación con el pasado cuanto en comparación con otros países occidentales. Por el contrario, las causas de esta tendencia han sido objeto de una valiosa investigación que debería inspirar la formulación de políticas.

Y esa es precisamente la cuestión: no hay soluciones simples. Ya no es posible medir la salud de una economía, y mucho menos el bienestar de sus trabajadores, con una sola cifra (la proporción de personas con empleo). Por eso se necesita un abordaje más elaborado que tenga en cuenta las muchas dimensiones del empleo con incidencia sobre el bienestar de las personas. Lampadia

Traducción: Esteban Flamini

Michael Spence, premio Nobel de economía, es profesor de economía en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y miembro principal de la Hoover Institution. Fue el presidente de la Comisión independiente sobre Crecimiento y Desarrollo, un organismo internacional que, desde 2006-2010, analizó las oportunidades para el crecimiento económico mundial, y es el autor de The Next Convergence – The Future of Economic Growth in a Multispeed World.

Líneas abajo reproducimos el excelente artículo de Jorge Baca Campodónico sobre el impacto de los errores de gestión de los gobiernos de Humala, Kuczynski y Vizcarra, que entre el 2011, donde se dio el ‘Punto de Inflexión’ del proceso virtuoso de crecimiento, y el 2021, malograron la posibilidad de crecer y reducir la pobreza, entre otros beneficios sociales y económicos.

Próximamente, completaremos este análisis con una nueva mirada al mandato estratégico de gobierno para los siguientes 20 años.

Las caídas de las exportaciones (11.8%) y de las importaciones (7.3%) en el mes de marzo confirman la desaceleración de la economía y ratifican nuestro pronóstico de que el PBI no crecerá mas de 3.6% este año y no mas de 4% en los años 2020 y 2021. Con estos resultados cerraremos una década de pobre desempeño económico que nos quita la ilusión de llegar al bicentenario de la independencia habiendo superado la trampa del ingreso medio.

Lamentablemente el pobre desempeño de esta década se lo debemos a decisiones erradas tomadas por el gobierno de Humala que las administraciones de PPK-Vizcarra no solo no han sabido revertir, sino que las han acentuado.

• Desde el día en que Humala tomó el poder juramentando por la constitución socialista de 1979, las autoridades han venido tomando medidas populistas que socaban el modelo económico consagrado en la constitución de 1993.
• Se han priorizado proyectos de inversión de dudosa rentabilidad económica como la Refinería de Talara, los Panamericanos y Gaseoducto del Sur.
• Al mismo tiempo que se han puesto trabas a la ejecución de proyectos mineros como Conga, Tía María, La Granja, El Galeno, y muchos otros.

Las autoridades de las diferentes administraciones de esta década han esgrimido diferentes justificaciones para explicar el pobre desempeño de la economía como la crisis mundial, el fenómeno del Niño Costero, la corrupción, la obstaculización del Congreso, etc. Muy pocas autoridades reconocen los errores cometidos. Por el contrario, se insiste en medidas populistas como el incremento del salario mínimo, de las pensiones, de los programas no contributivos de salud y pensiones, de los programas de sociales de transferencia monetaria, en incremento de la burocracia no productiva. Como en la época de la bonanza del guano, las autoridades están mas interesadas en el gasto no productivo que en cómo hacer crecer la economía.

¿Cuánto nos está costando los errores de política económica de los gobiernos de Humala y PPK-Vizcarra? Para responder esta pregunta hemos utilizado nuestro modelo PREDICE para simular que hubiera pasado con la evolución del PBI si se hubieran concretado en forma progresiva la inversión minera postergada por las decisiones erradas del gobierno. Para fines comparativos hemos utilizado la evolución del PBI chileno para el periodo 1997 – 2021. En el caso chileno, las proyecciones para el periodo 2019 – 2021 son las proyecciones del FMI.

En el Gráfico 1 se presentan las evoluciones del PBI real chileno y peruano en miles de millones de dólares de 2018 para el periodo 1997 – 2021 juntamente con el escenario alternativo correspondiente a la evolución del PBI peruano si se hubiesen puesto en ejecución los proyectos mineros que se han paralizado o se vienen aplazando por diferentes trabas burocráticas o conflictos sociales.

La conclusión que se llega del ejercicio de simulación es que el aumento de inversión asociado a la puesta en marcha de los proyectos de inversión mineros adicionales hubiese generado un PBI que superaría ligeramente al PBI de Chile en el 2021. Es decir, que hubiésemos llegado al Bicentenario con un PBI ligeramente superior al PBI de Chile.

Este PBI implica un crecimiento promedio anual para el período 2011 – 2021 de 6.8%, que contrasta con el magro crecimiento promedio de 3.7% que obtendremos con las políticas que venimos implementando. En el 2021, hubiésemos llegado a tener una economía de US$ 330 mil millones en lugar de los US$ 250 mil millones que tendremos con la política actual.

La inversión minera adicional también hubiese significado un crecimiento de nuestras exportaciones muy por encima del observado en los últimos años. En el Gráfico 2 se presentan las evoluciones de las exportaciones chilenas y peruanas en millones de dólares americanos juntamente con el escenario alternativo que describe la evolución de las exportaciones peruanas si se hubiesen concretado los proyectos mineros paralizados o postergados por las trabas burocráticas o conflictos sociales. En el escenario “Perú sin década perdida”, nuestras exportaciones hubiesen crecido al ritmo de la evolución de los precios de los minerales para ubicarse en el 2021 a la par con el valor de las exportaciones de Chile.

La puesta en marcha de los proyectos de inversión mineros hubiera significado un aumento de la inversión bruta fija total a lo largo de la década. Este aumento de la inversión es la que explica el mayor aumento del PBI a lo largo de la década y el aumento de las exportaciones. En el Gráfico 3 se presenta la evolución de la inversión bruta fija medida como porcentaje del PBI para Chile y Perú para el período 1997 – 2021.

Observamos que la puesta en marcha de los proyectos mineros paralizados o postergados representa en promedio 1.5 puntos porcentuales del PBI por encima de lo sucedido a lo largo de la década 2011 – 2021. Los 1.5 puntos porcentuales adicionales son equivalentes en promedio a 3,000 millones de dólares americanos adicionales de inversión por año. Esta cantidad es equivalente a la inversión de dos Tía María o a la mitad de Conga o La Granja.

Si no hubiésemos tenido la década perdida, para el 2021 no solo hubiésemos superado el PBI de Chile, pero podríamos haber eliminado la pobreza extrema y reducido la pobreza monetaria a un dígito y podríamos haber recibido el Bicentenario en un clima de optimismo que significa romper la trampa del ingreso medio. Lampadia

¿Cuál es el estatus actual del gasto burocrático en nuestro país? ¿Su crecimiento ha ido de la mano de la recaudación tributaria y del crecimiento de las remuneraciones de nuestros maestros, policías, FFAA médicos, enfermeras y jueces?

Veamos. Como se observa en los dos siguientes gráficos, si bien la recaudación tributaria creció notablemente en las últimas dos décadas – producto del crecimiento económico – este incremento en términos reales se dio a razón de 5 mientras que el gasto burocrático – excluyendo educación, salud, justicia y seguridad – creció en mayor proporción, casi 8 veces.

Asimismo, el acrecentamiento de esta brecha tiene su origen en el 2013, último año en el que la economía peruana exhibe tasas de crecimiento cercanas al 6% anual para entrar en una fase de desaceleración pronunciada y caracterizada por una notable animadversión hacia la inversión, particularmente, privada, tanto nacional como extranjera (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, El Perú se aleja de los circuitos internacionales de inversión).

No es de sorprender pues que la recaudación tributaria, que está determinada entre otras cosas por la producción nacional, haya crecido en menor cuantía en el período 2013-2018.

Dicho esto, ¿Cómo se explica que el gasto burocrático, sin considerar los rubros anteriormente indicados, haya seguido creciendo en tal período en mayor proporción que la recaudación?

Lo que nos estaría dejando entrever este hecho es que, más allá del endeudamiento público en el que se pudo haber incurrido para financiar dicha brecha, se ha aumentado el peso de las remuneraciones del Estado en personal administrativo – ya sea en términos de número de autoridades o de mayores salarios al personal existente – a expensas de las necesidades del personal de sectores que son fundamentales para las reformas que necesita el país como son la seguridad, la justicia, la salud y la educación. ¿Cómo podemos si quiera idealizar reformas en estos campos si no somos capaces de ser condescendientes con el capital humano que trabaja en las instituciones responsables en cada uno de ellos?

Resulta elemental por ende ajustar las remuneraciones en dichos sectores que son tan necesarios para nuestro desarrollo a la vez que se reduce el gasto de personal administrativo, de manera que se fomente la meritocracia y se atraiga capital humano de calidad a estos sectores, los cuales deben ser la prioridad. En palabras simples, reordenar nuestro gasto burocrático y redirigirlo hacia las verdaderas necesidades de nuestro país. Nuestros compatriotas lo agradecerán. Lampadia

La desaceleración que viene experimentando nuestra economía en los últimos meses ya es un hecho palpable y comprobable en los datos. Como informó el INEI en los últimos días, en enero pasado la producción nacional registró un magro crecimiento de 1.58% con respecto al mismo mes en el 2018. Como se observa en el siguiente gráfico, de repetirse estas desalentadoras caídas en las tasas de crecimiento, se terminaría de configurar una tendencia bajista en el comportamiento anual de la actividad económica.

¿Qué ha motivado este decaimiento del crecimiento de la producción nacional? ¿Obedece puramente a un factor estacional o se debe a una creciente debilidad por parte del gobierno para reactivar los diversos motores de nuestra economía, como hemos venido advirtiendo previamente en anteriores publicaciones (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, Perú crece por debajo de su potencial?

Desagreguemos el crecimiento del PBI de manera sectorial y analicemos.

Como se observa en la siguiente tabla, los sectores que estarían determinando el comportamiento desfavorable del PBI en enero son los sectores primario, compuestos por el sector pesca y minería e hidrocarburos, que cayeron en -31.33% y -1.26% respectivamente, y secundario, arraigados a la demanda interna y compuestos por la construcción y la manufactura, que crecieron 0.90% y -5.64% respectivamente.

Vayamos uno a uno:

• En cuanto a la caída del sector pesquero, esta fue explicada principalmente por una menor captura de anchoveta para consumo humano directo (-56.02%), la cual se deriva de una fuerte declinación de la captura de este recurso en la segunda temporada de pesca. Según la misma entidad estadística, es relevante señalar que las condiciones del mar a 30 millas de la costa afectaron gravemente la distribución de este abundante recurso.

• En cuanto a la caída del sector minería  e hidrocarburos esta se explica en mayor y menor medida por un desempeño desfavorable de algunos componentes de la minería metálica – como el hierro (-39.10%), la plata (-14.03%), el oro (-9.40%), entre otros- y  la menor extracción del petróleo crudo (-21.78%). Analicemos con mayor detalle las razones de la caída de estos subsectores:

• Por el lado de la minería metálica, si bien una parte de la menor producción de estos concentrados obedece a menores tonelajes tratados y a la paralización temporal de algunas minas, también existe un factor de agotamiento de reservas existentes como es el caso de las operaciones auríferas de la Minera Barrick Misquichilca. Este agotamiento sí es responsabilidad directa del gobierno puesto que de haberse dado luz verde a proyectos mineros de envergadura como Conga y particularmente, Tía María, del cual ya se tiene permiso de construcción, probablemente el sector no hubiera registrado cifras negativas.

• En el caso de la fuerte caída en la producción de petróleo crudo, también se trataría de responsabilidad directa del gobierno. Ella obedecería a la paralización de las operaciones de explotación en el Lote 192 por parte de Pacific Stratus desde diciembre pasado, afectadas por la inoperatividad del Oleoducto Norperuano, ante la ruptura del ramal norte efectuada por una comunidad nativa de Loreto con el consecuente derrame de miles de barriles de este recurso.  Como es de conocimiento, la reacción del gobierno ante estas manifestaciones violentas fue escandalosamente tardía, que posteriormente terminó cediendo ante muchos de los requerimientos de esta comunidad para darle “supuesto fin” al conflicto.

• En el caso de la manufactura, su caída está explicada por un desempeño desfavorable del subsector fabril primario (-27.51%), ante una contracción del sector de metales no ferrosos (-46.22%), elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-32.76%) y azúcar (-14.9%). Aquí la responsabilidad del gobierno es indirecta. Si bien no podría adjudicársele la responsabilidad por el lado de la caída del sector de conserva de pescado, ya que arrastra el mal resultado del sector pesca anteriormente mencionado; en el caso de la minería, el agotamiento de las reservas por el poco empuje hacia nuevos proyectos mineros desde el Ejecutivo, ha terminado por producir una menor producción a refinar, perjudicando así a la industria. Asimismo, es menester señalar que si bien el sector fabril no primario, otro importante componente de la manufactura, creció 3.49% en enero, uno de sus subsectores, la producción de bienes de capital, registró una fuerte caída de -19.01%. Esta fuerte caída se debió a la contracción en la producción de máquinas para la explotación minera y canteras así como para obras de construcción (-57.10%). Este constituye un caso adicional en donde el poco impulso hacia la minería por parte del Ejecutivo termina afectando otros sectores de alto valor agregado de la economía.

• Finalmente, en el caso de la construcción su magro crecimiento ubicado en 0.9%, se explica mayormente por la fuerte contracción en el avance físico de las obras, ubicado en -9.43%. Muchos podrían argumentar que este hecho se habría dado por la coyuntura política, caracterizada por la llegada de las nuevas autoridades a los Gobiernos Regionales y Locales. ¿Es este pues un factor estacional propio del cambio del ciclo político? La respuesta es parcial. Si uno desagrega el avance físico de las obras, no son los Gobiernos Regionales los que han restringido su gasto de inversión en construcción, ya que ellos han experimentado un crecimiento del 38.06% en este indicador. Por el contrario, han sido el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales los que han contraído su gasto en este concepto en el orden de -17.73% y -19.50%, respectivamente. En ambos conceptos se observan claras falencias y faltas de capacidades por parte de ambos niveles del Estado para lidiar con los atrasos de las  obras de infraestructura vial y de vivienda, así como de mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado, en la zona norte del país, aún afectada por el Niño Costero.

Es menester señalar que este débil crecimiento de la actividad económica no es reciente pues se da en un contexto de desaceleración pronunciada en las tasas de crecimiento del PBI acompañada de una caída en la inversión (ver gráficos a continuación), que, como advertimos en Lampadia: El Perú se aleja de los circuitos internacionales de inversión, Aterrizaje en la mediocridad, viene desde los años 2011-2012, producto de una animadversión hacia la inversión privada, con especial énfasis, hacia la inversión minera.

Esta es pues la nefasta herencia que nos dejó el gobierno nacionalista de Ollanta Humala que no pudo ser reversada por el actual gobierno de PPK-Vizcarra.

De seguir promoviendo este enfoque anti-inversión y no darle solución a los cuellos de botella anteriormente mencionados, no podremos seguir con nuestra tarea de generación de empleo y reducción acelerada de la pobreza que nos caracterizó en la década pasada. Nuestros compatriotas exigen pues dicho cambio. Lampadia

A pesar del quiebre de la tendencia positiva que venía exhibiendo la economía peruana hasta el 2011 – que como hemos escrito en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, tuvo su origen a inicios del gobierno de Humala y se sostuvo en el gobierno de PPK-Vizcarra – y a pesar de no lograr retomar la senda de crecimiento alto del PBI y de la inversión, así como la reducción sostenida de la pobreza, desde una perspectiva ámplia nuestras cifras son muy positivas.

Así lo ha mostrado en el exterior el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP). Los resultados del Perú desde el año 2000, aún lo sitúan como país líder de la región en materia macroeconómica. Así lo mostró Julio Velarde en febrero pasado, durante el XVI Road Show Europa 2019 InPeru, evento celebrado en Londres y Madrid y cuyo objetivo es atraer inversionistas de clase mundial al Perú.

En su presentación, el economista destacó el desempeño favorable que han tenido una serie de variables macroeconómicas en nuestro país en los últimos 18 años, que son fundamentales para garantizar la estabilidad monetaria y fiscal, ambos requisitos indispensables para producir crecimiento en el largo plazo:

• Destacó el comportamiento favorable del PBI real de nuestro país, el cual ha reportado la tasa de crecimiento más alta en lo que va del siglo de la región, ubicándose por encima del promedio mundial y del promedio de los mercados emergentes. Asimismo, destacó que los últimos 20 años han sido años de crecimiento ininterrumpidos y se proyecta que seguirá habiendo crecimiento por encima del PBI potencial.

• Asimismo, gracias a una política monetaria responsable e independiente, destacó que el Perú reportó la tasa más baja de inflación de la región en el mismo período, y se proyecta que siga siendo entre las más bajas en dicho territorio para los siguientes años.

• En el ámbito fiscal, destacó el manejo consciente de la deuda pública, la cual se redujo en más de 20 puntos porcentuales –en porcentaje del PBI- entre el 2001 y el 2018.

• En el ámbito social, resaltó la notable caída de la pobreza producto del crecimiento económico ininterrumpido y la inflación baja de los últimos años.

• Finalmente, enfatizó que el sólido comportamiento de la economía peruana se sostuvo principalmente de dos pilares, la inversión tanto pública como privada, las cuales han mostrado un cambio de tendencia desde el 2011.

Compartimos la presentación completa del presidente del BCRP en el mencionado evento de InPerú.

Una de las trampas que paraliza el desarrollo de la economía peruana e impide la formalización del empleo, es la arbitraria interpretación del Tribunal Constitucional, sobre la compensación con reposición por despido del trabajador.

Por su importancia – en un tema vital para el desarrollo del país y para la formalización de las grandes mayorías informales y excluidas – publicamos a continuación los votos singulares de los magistrados del Tribunal Constitucional José Luis Sardón y Augusto Ferrero, a propósito de un caso de reposición judicial en el trabajo ordenado judicialmente.  Ambos, demuestran que el derecho al trabajo consagrado por el artículo 22 de la Constitución no incluye la reposición y que cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada contra el despido arbitrario”, se refiere solo a obtener una indemnización determinada por la ley.

I. Voto Singular del Magistrado Sardón de Taboada

II. Voto Singular del Magistrado Ferrero Costa

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador contra el despido es de configuración legal, resulta pertinente mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o injustificados, mientras que para los despidos nulos prescribe una protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. […].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con la reposición del trabajador.

Por las consideraciones expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, de conformidad con el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

Es pues muy claro que cualquier análisis serio debería corregir los nefastos precedentes, que no son otra cosa que la búsqueda de espacios políticos sustentados en minorías activistas, que atentan gravemente contra las grandes mayorías. Lampadia

Recientemente, el BCRP publicó las cifras de inversión directa extranjera (IDE) al cierre del 2018 (ver nota de El Comercio líneas abajo) y lamentablemente, estas no fueron auspiciosas. Así, refiere que por tercer año consecutivo, se retraen los flujos de capitales de largo plazo –esta vez con una fuerte reducción del 8.8%, con respecto al 2017–  lo cual termina de configurar y confirmar una tendencia a la baja que ya se venía observando desde principios del gobierno de Ollanta Humala, y que, la administración PPK-Vizcarra no ha podido revertir. Peor aún, los niveles actuales se encuentran aún muy por debajo de los observados en el 2012, como indica el siguiente gráfico.

Las causales de esta caída son variadas, pero consideramos a dos como fundamentales. En primer lugar y como se desprende directamente del gráfico, se observa un desplome de la inversión minera extranjera, la cual ha pasado de representar el 3.7% del PBI en el 2012 a 1.2% en el 2018.

Este desplome se ha dado principalmente por problemas internos producidos por los ataques por parte del movimiento anti minero que ha estado presente en muchas de las regiones al interior del país, en particular, Cajamarca. Como es de conocimiento público, estos movimientos imposibilitaron la puesta en marcha de dos proyectos mineros que eran cruciales para nuestro crecimiento, Conga y Tía María.

En segundo lugar, una creciente animadversión hacia la inversión privada que empezó con el gobierno nacionalista de Humala, reflejada en una caída de 14 trimestres consecutivos de este indicador entre los años 2014 y 2016. Ello indudablemente tuvo que afectar las expectativas de los empresarios a nivel internacional, redundado en una menor inversión extranjera.

Es importante notar que el tema de las cotizaciones de los metales tiene un impacto menor en el Perú, ya que, por ejemplo, el costo de producir cobre es relativamente bajo, de unos US$ 1.10 por libra.

Pero, ¿Por qué es relevante la IDE para las economías pequeñas y abiertas como el Perú?

En el caso peruano, si bien la IDE no tiene un peso tan significativo comparada con la inversión privada nacional -se ubicó alrededor del 20% del total de la inversión privada en la última década- su relevancia  descansa en que permite corregir cualquier déficit en cuenta corriente que pueda conducir a crisis de balanza de pagos con la consecuente devaluación de nuestra moneda. Estas crisis han sido recurrentes en América Latina en los años 80, incluida la del Perú, por ello es que es fundamental retomar la tendencia positiva de la IDE, con el fin de evitarlas.

Adicionalmente, la IDE es la mejor calificación del ambiente de negocios del país, que como es evidente, entre la burocratización, tramitología, conflictos sociales y corrupción, viene deteriorándose paulatinamente.

En contraste, tener una IDE lo suficientemente alta en el tiempo, que posibilite tener superávits en la balanza de pagos, le permite al BCRP acumular reservas internacionales, las cuales son imprescindibles para mantener la estabilidad del tipo de cambio y mitigar los efectos de cualquier choque externo internacional adverso, eventos altamente probables al ser el Perú una economía pequeña y abierta. Este ha sido el camino que ha seguido nuestro país en los últimos años y por ello al 2018, reportaba la mayor cantidad de reservas internacionales en la región, las cuales representaron el 27% del PBI.

Todo ello, por supuesto, sin considerar que la IDE, al ser un tipo de inversión, que además es de carácter permanente en el tiempo, resulta favorable para la generación de empleo y reducción de la pobreza, razón por la cual debemos promoverla con feroz ímpetu.

…Y cómo se viene comportando la inversión total, incluida la nacional?

Si bien los indicadores de inversión, tanto total, como el desagregado en inversión pública como privada han mostrado un cambio de tendencia a partir de la segunda mitad del 2017 – como bien advirtió el IPE en los últimos días  –  estos siguen estando muy por debajo de los niveles del 2013, año en el que se dio el punto de inflexión de crecimiento de la economía peruana, pasando de un período de crecimiento de tasas anuales comparables a las de los países del sudeste asiático – entre 6% y 9% – a magros crecimientos que si quiera alcanzan el 4% (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad). Como se puede observar en el siguiente gráfico, la brecha real de inversión en el caso de la inversión directa extranjera es de casi 4,000 mil millones de dólares.

Este cambio de fase de la economía peruana –  del que la caída en la inversión extranjera directa ha sido parte – ha tenido fuertes implicancias en diversos indicadores, como el estancamiento observado de la informalidad laboral en los últimos años. Sin embargo, el que vale la pena destacar es el relacionado a la pobreza. Así, después de haber reducido por más de 10 años consecutivos la pobreza – pasando de 58.7% en 2004 a 20.7% en el 2016- , esta subió un punto porcentual en el 2017, lo cual quiere decir que 375,000 peruanos pasaron a ser pobres.

Por todas las razones anteriormente expuestas no podemos permitir que los flujos de capitales extranjeros de largo plazo sigan yéndose de nuestro país, peor aún, si los indicadores de crecimiento para la economía peruana en enero y los proyectados para el primer trimestre de este año – de diversos centros de investigación, como el IPE, y reconocidos bancos comerciales, como el BCP – apuntan a un crecimiento no mayor al 4%. Como hemos escrito en Lampadia: Perú crece por debajo de su potencial, este crecimiento de 4% no solo no es suficiente para absorber toda la mano de obra que entra al año al Perú, sino que está por debajo del potencial que Perú debería tener para su nivel de desarrollo, en su calidad de país emergente.

No permitamos que nuestro país se aleje de los circuitos internacionales de inversión. Ello sería condenarnos a menor crecimiento, menor empleo y por ende, mayor pobreza, todos infortunios que nuestras futuras generaciones no merecen enfrentar. Lampadia

Inversión extranjera directa cayó por tercer año consecutivo

En el 2018 sumó 8.8% menos que el 2017, debido a la reducción en las reinversiones.

El Comercio
24 de febrero de 2019
Glosado por Lampadia

Según el Banco Central de Reserva (BCR), el año pasado la entrada de inversión extranjera directa (IED) fue inferior en 8.8% frente al ejercicio anterior, al sumar US$6,175 millones. En el 2016 y 2017, esta había caído en 17% y 1.4%, respectivamente.

El ingreso de capitales extranjeros en el Perú puede realizarse a través de aportes de dinero y otras operaciones, la reinversión en empresas establecidas en el país y préstamos entre dichas compañías con la casa matriz.

De acuerdo con el BCR, en el período de análisis el flujo de dinero destinado a la reinversión fue inferior en US$916 millones o en 16.6% respecto al año anterior, al cerrar en US$4,597 millones. En tanto que los aportes de capital disminuyeron en US$396 millones o 19.9%, al sumar US$1,588 millones. Así, al término del 2018, el monto de IED representó el 2.6% del producto bruto interno.

1.2% del PBI representó la inversión extranjera directa al sector minero en el 2018, según el BCR.

77.5% cayó la inversión extranjera directa en el cuarto trimestre del 2018. La reducción determinó la caída del año.

Por sector de destino, en el 2018 destacó el ingreso de IED a la actividad minera y manufacturera. En la primera, el influjo de capitales sumó US$5,654 millones, luego de que superara en US$541 millones el registro del 2017, es decir, hubo un aumento en 25.6%. En el segundo sector, la entrada de inversiones llegó a los US$1,389 millones, lo que implicó un aumento de 104.6% o US$710 millones.

No obstante, dichos incrementos fueron insuficientes para contrarrestar la salida de capitales en el sector financiero, energía y servicios no financieros. Lampadia

Como ya hemos comentado anteriormente (ver Lampadia: La Minería en el 2019, Mesías Guevara desconoce la realidad minera de su región) varias regiones con alto potencial minero al interior del país, tanto en el sur (Arequipa, Moquegua y Puno) como en el norte (Cajamarca) y el centro (Junín)  del territorio nacional,  se encuentran pasando por una situación política compleja, desde que las nuevas autoridades regionales asumieron funciones el pasado 1 de enero.

El discurso anti-minero que durante el gobierno de Humala provocó un aumento considerable de la conflictividad social en las regiones y que redundó en la paralización de grandes proyectos del sector como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca – que eran fundamentales para el crecimiento de la economía peruana – ha resurgido en mayor y menor medida en varios de los discursos de los gobernadores regionales de las regiones anteriormente mencionadas. Veamos:

• El pasado 19 de enero en TV Perú, Mesías Guevara, gobernador regional  electo por la región Cajamarca afirmó “La minería solo ha traído conflicto, pobreza y desigualdad en Cajamarca”.
• El 18 de noviembre del 2018, en las postrimerías de las campañas electorales, el ahora gobernador regional electo por la región Arequipa Elmer Cáceres, declaró: “Tía María, no va; Zafranal, no va; Tambomayo, no va”.
• El pasado 20 de enero en una entrevista en Canal N, el gobernador regional electo por la región Puno, Walter Aduviri se mostró a favor de crear una nueva Constitución ya que consideró que en las zonas geográficas donde opera la minería se viola el derecho legítimo de las comunidades como el derecho a la consulta previa. 
• Vladimir Cerrón, gobernador regional electo por la región Junín, además de haber denunciado públicamente a empresas mineras de no pagar regalías ni canon, pretende imponer la creación de un nuevo currículo escolar regional, rechazando el currículo escolar del MINEDU.
• En Moquegua, el nuevo gobernador, Zenón Cuevas, pretende aplicar un impuesto a las utilidades de las industrias extractivas, en el orden del 10%, aumentando la contribución que actualmente pagan estas empresas por concepto de impuesto a la renta (29.5%).

Todas estas declaraciones claramente reflejan una completa incomprensión y una falta de entendimiento del potencial que ha generado y podría seguir generando la minería en esas regiones en materia económica y social. Antes bien, pareciera que quisieran impulsar agendas políticas extra regionales con las que pretenderían ganar notoriedad nacional, sacrificando a la población de sus propias regiones.

La minería ha demostrado ser una importante fuente de generación de empleo formal (directo e indirecto) y un motor protagónico de la reducción de  la pobreza fuera de la capital – tal como, por ejemplo, lo ha evidenciado el impacto del desarrollo minero en Apurímac y Arequipa. Mientras que, aquellas regiones que no han impulsado su potencial en este sector, como es el caso de la agenda anti-minera de Cajamarca, han terminado con un mayor empobrecimiento de sus comunidades.

Sin embargo ¿Por qué es especialmente relevante esta discusión para la economía nacional, específicamente, hacia al 2020?

Como bien ha advertido Macroconsult recientemente en uno de sus reportes económicos semanales, probablemente este  fenómeno, que eventualmente podría paralizar más proyectos en los próximos años-  es uno de los grandes riesgos que enfrentará la economía peruana en el corto-mediano plazo – por no decir el más álgido – conforme la cartera de proyectos  mineros aprobados se va agotando y el stock de proyectos de envergadura a la fecha ya experimentaron su fase máxima de producción.

Por otra parte, como hemos señalado también en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad , el sector minero se encuentra paralizado, tras haber caído en 1.1%  en el 2018, producto de una debilidad del gobierno por promover la inversión minera. Esta debilidad se ha puesto en evidencia con la marcha atrás del proyecto Tía María, que a pesar de que las encuestas sugerían que más de la mitad de la población de Arequipa estaba  favor del proyecto a setiembre del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas no le otorgó la licencia de construcción a la empresa Southern (ver en Lampadia: El Gobierno no da luz verde  a Tía María pese a cambios en el valle).

Todo ello con el agravante de que el FMI prevé para este año y para el próximo una desaceleración de la economía mundial – principalmente por una mayor tensión comercial entre EEUU y China – lo cual indudablemente impulsará los precios de las materias primas a la baja, agravando aún más las condiciones de crecimiento de nuestra economía.  (ver Lampadia: Perú crece por debajo de su potencial).

En este escenario, consideramos que el presidente Vizcarra, dado el enorme capital político que ostenta, además de darle luz verde al proyecto Tía María, haría bien en desarrollar un discurso que promueva la minería y que explique a todos los peruanos los beneficios que ha tenido esta actividad, de manera que las poblaciones en las regiones entiendan que para que nuestra economía pueda retomar la senda del crecimiento alto de años pasados, el desarrollo minero es esencial.

No podemos seguir perdiendo la generación de riqueza y menos en las regiones, que es donde la pobreza está más presente. Si se promueve frontalmente la minería desde el Ejecutivo, los gobiernos regionales eventualmente podrían alinear su discurso al del presidente, considerando su enorme popularidad en varias regiones del país. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 25 de enero de 2019
Para Lampadia

El Perú ha crecido mucho a partir de los años 90. Me refiero al ámbito económico. Los indicadores de inversión, producción, exportaciones, empleo, tributación, ahorro público y privado, inflación, estabilidad monetaria, tasas de interés, capitalización bursátil, financiamiento bancario… todos los indicadores macroeconómicos muestran una evolución muy favorable. Nuestra economía es sólida y dinámica… aunque muchos no lo crean.

Ahora bien ¿por qué muchos peruanos no creen en el crecimiento económico de nuestro país? O mejor dicho ¿por qué no lo valoran?

Entonces cabe la repregunta:

• ¿Qué podrían valorar aquellos pacientes que son maltratados cruelmente en los hospitales del Estado?
• ¿A quién le podría interesar la buena marcha de la economía, si para obtener un servicio estatal cualquiera, tiene que coimear al funcionario público encargado?
• ¿Qué valor puede tener el crecimiento económico si – por esas cosas de la vida – uno termina en manos de la Policía o del Poder Judicial, y descubre ese mundo sucio y profundo donde lo único que vale es el dios soborno y la diosa coima?

Ciertamente, el crecimiento económico – que es real y concreto – NO se está reflejando en bienestar social.

• La economía ha crecido bastante… pero la burocracia ha crecido aún más que la economía.
• El crecimiento económico ha devenido en un aumento significativo de la recaudación tributaria. Pero la burocracia – creciente – se ha tragado toda esa mayor recaudación.
• A la población civil no le llega nada… más allá de maltratos y chantajes. Esa es la situación.

¿Qué hacer? REDUCIR. Hay que reducir la burocracia estatal. Ahí está la madre del cordero. Sí… ahí está la corrupción que afecta directamente a los ciudadanos de a pie. Ahí está el maltrato cruel a los pacientes de los hospitales públicos. Ahí están los indolentes, los incapaces, y los coimeros. En eso se gasta el 60% del presupuesto público. Decenas de miles de millones… ¡para maltratar a la población!

Hay ministerios redundantes que no tienen razón de ser. Hay que fusionarlos con otros similares. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción debería fusionarse con Energía y Minas, Agricultura, y Comercio Exterior y Turismo. Así, en vez de cuatro ministerios tendríamos uno… y no pasaría nada. El Ministerio de Trabajo, el de la Mujer, y el de Inclusión Social deberían fusionarse en uno solo. El de Educación y Cultura… igual. Y así por el estilo.

Hay que eliminar toda la burocracia innecesaria, redundante, inoperante, y corrupta. Así ahorraríamos un montón de plata. La idea es mejorar el bienestar de la población. La razón de ser de la burocracia NO es servirse a sí misma… como es el caso en nuestro país. La burocracia se está gastando la plata que debería utilizarse para construir escuelas, hospitales y carreteras. Y para mejorar las remuneraciones de maestros, médicos, policías y jueces. Si redujéramos la burocracia inoperante y corrupta – incluso – alcanzaría para bajar el IGV poco a poco, y así facilitar la formalización de los pequeños empresarios. Además, los precios del mercado bajarían para beneficio de la población.

Estas son ideas – sólo ideas – para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social. Para que nuestra solidez económica no sea dulzura para la burocracia y amargura para la población. Esa es la idea. Lampadia