Uri Landman
Para Lampadia

A raíz de la orden del juez Hixson para que el ex presidente Toledo, se entregue a las autoridades judiciales norteamericanas para su posterior extradición, hemos escuchado sobre el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, más conocidos como los “US Marshals”.

El Servicio de los “US Marshals” es una agencia federal de policía del gobierno norteamericano, que pertenece al Departamento de Justicia y está bajo el mando del Fiscal General. Es la agencia federal más antigua, creada por la Ley Judicial de 1789, durante la presidencia de George Washington.

Ellos son responsables de la protección de los jueces y funcionarios del sistema judicial. También se encargan de la búsqueda y captura de fugitivos, la administración del programa federal de protección de testigos, el transporte de prisioneros y extranjeros bajo custodia del sistema judicial; entre otras tareas más. Los “US Marshals” tuvieron un rol importante en la “conquista del oeste norteamericano” ya que se encargaban de mantener la ley y el orden en el “viejo oeste”.

Cuánta falta nos hace en el país una agencia de “Perú Marshals” para que pueda imponer la ley y el orden en nuestras convulsionadas ciudades. Empecemos por el principio.

A diferencia de Estados Unidos que tiene un sistema federal de gobierno (con múltiples niveles de agencias policiales), nuestro país cuenta con un solo sistema policial, encargado a la Policía Nacional del Perú.

El Serenazgo, es para algunos un sistema policial complementario a la PNP.  Según la concepción por el que fue creado y su ley orgánica, esta visión es incorrecta, según mi opinión.

El Serenazgo tiene sus inicios en el año 1958, cuando el alcalde en ese entonces de San Isidro, el señor Carlos Neuhaus creó el Cuerpo Municipal de Patrulla. En el año 1996 el alcalde de Lima, Alberto Andrade, (quien había creado el Serenazgo en la Municipalidad de Miraflores en el año 1991) inauguró el Serenazgo para el Cercado de Lima. Desde esos años, todos los municipios del país, han implementado el cuerpo de Serenazgo en sus jurisdicciones.

Ante el incremento del crimen en nuestra ciudad y la inoperancia de la PNP, los ciudadanos han trasladado al Serenazgo, la responsabilidad de la seguridad ciudadana, algo para lo cual no fueron creados ni están capacitados de enfrentar.

La mayoría de alcaldes han caído en el error de tratar de combatir la delincuencia con serenos equipados con armas no letales en lugar de exigir más policías debidamente armados y preparados.

Los encargados de velar por la seguridad y combatir el crimen en las ciudades y a nivel nacional son los miembros de la PNP. No olvidemos que fue la PNP quien combatió y derrotó al terrorismo en los años ochenta y noventa. Fue la PNP quien capturó al genocida Abimael Guzmán y lo mostró al mundo, encerrado en una jaula con su traje de pijama a rayas. Es válido preguntar: ¿Por qué esa misma policía no puede combatir a los delincuentes el día de hoy? Brevemente les presentaré mi análisis.

A diferencia de Colombia donde hubo un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, en Perú fue la PNP quién acabó con el terrorismo. Aquí no hubo ningún acuerdo de paz. Uno a uno, la PNP fue encarcelando a la mayoría de los terroristas. Los comunistas nunca han perdonado a la policía esta derrota y por ello han hecho hasta lo imposible para debilitarla, hasta convertirla en el muerto viviente que es el día de hoy.

En lugar de dar armas no letales al cuerpo de Serenazgo, se debe equipar de manera adecuada a nuestra policía. Les puedo asegurar que un solo patrullero en la ciudad de Dallas (donde no existe el Serenazgo) tiene más armamento letal y equipo tecnológico que toda la comisaría de Los Olivos. Los policías de la cuidad de Lima, con las justas portan su pistola de reglamento – que en la mayoría de los casos es obsoleta- tienen una dotación limitada de munición y estoy seguro que no han realizado prácticas de tiro en años.  Si el policía tiene la “osadía” de usar su arma de fuego y disparar a un delincuente, lo hace con el miedo de matarlo ya que sabe que automáticamente una horda de “defensores de los derechos humanos” del delincuente, lo va a enjuiciar y perseguir hasta que logren sacarlo del cuerpo policial o meterlo preso. Se deben mejorar las leyes que protegen a la policía en el uso reglamentario de su arma de fuego para acabar con los delincuentes sin miedo.

Recordemos que los caviares aplaudieron a Vizcarra cuando sacó al ejército a las calles durante la pandemia, para obligarnos a quedarnos encerrados en casa. ¿Por qué ahora esos mismos caviares critican la propuesta de sacar al ejército para cuidarnos de la delincuencia? La respuesta es obvia. Los caviares odian a la policía y FFAA.  De allí su afán de impulsar un Serenazgo con armas no letales que pueda ser manejado por los alcaldes, en lugar de una policía nacional armada y empoderada para que pueda derrotar nuevamente a la subversión si fuera el caso. ¿Recuerdan los ataques subversivos durante las marchas de enero? ¿Quién se enfrentó a los terroristas, la policía o el Serenazgo?

Si bien no es la solución que el ejército salga a patrullar las calles de nuestra ciudad de manera permanente, si es necesario dar un “shock” de seguridad con la presencia disuasiva del ejército durante un año, hasta reorganizar, equipar y entrenar nuevamente a la policía, para que pueda cumplir con el rol que la Constitución le manda, la seguridad de los ciudadanos.

“Dios, Patria y Ley” Lampadia

Por: Mario Saldaña
El Comercio, 20 de Abril del 2023

“Son muchos los factores que unen a un o una congresista ‘mochasueldo’ con un empresario del caso Lava Jato”.

Alguna vez, un destacado profesor de la Facultad de Derecho en la PUCP, exdecano de la misma, también exdecano del Colegio de Abogados de Lima, académico reconocido y abogado de gran prestigio, me hizo una confesión sinceramente dolorosa: “Si hay una de las pocas cosas de las que me arrepiento en la vida es el haberme metido en política y, dentro de esa, la peor de todas, el haber aceptado ser congresista”.

No lo culpo. Ya hacia mediados de los 90, el deterioro de la calidad de la representación parlamentaria se mostraba como inexorable.

De esa época hasta hoy, las justificaciones que nos hemos dado como sociedad fragmentada que somos han tenido la misma función de la alfombra que tapa una inmundicia conocida y compartida.

Por ejemplo: “Es el país real y profundo el que se expresa y he ahí sus representantes, es el Perú que por fin ya tiene rostro, así somos los peruanos, etc.”.

Lo que la evidencia muestra con crudeza, más allá de explicaciones sociológicas, antropológicas o históricas (que ciertamente tienen un alto grado de validez), es que tanto el Congreso como la mayoría de cargos de representación política en el país son vistos como emprendimientos personales, familiares y económicos. Como podría ser cualquier otra iniciativa empresarial de cualquier peruano promedio.

Acentúo la palabra ‘promedio’ porque no es privativo de determinados sectores socioeconómicos. Aunque no lo sepan, son muchos los factores que unen el caso de un o una congresista ‘mochasueldo’ con un empresario de los casos Lava Jato o ‘club de la construcción’.

Convertido el Congreso y cualquier cargo de representación (ojo, hay varias excepciones que confirman la regla) en emprendimientos, siguen la suerte de muchos negocios en el Perú para rentabilizarse: invertí x; ergo, mi retorno debe ser x+y, trabajo con gente de mi entera confianza cuando no familiares, trato de eludir al máximo la formalidad (laboral, tributaria, parlamentaria o municipal) y tengo un pacto tácito de apoyo mutuo con quienes están en similar situación (otros emprendedores, parlamentarios, alcaldes, etc.).

El emprendedurismo político, al final del día, no divide a sus actores por ideologías ni posiciones programáticas; estas terminan siendo solo herramientas de marketing para ganar o aumentar el patrimonio. Así, el poder es solo un vehículo, no un fin en sí mismo.

Entrevista a Miguel Torres
Expreso, 20 de Abril del 2023
Por: Aaron Salomón

Estima que en 15 días la congresista María Cordero será expulsada de su partido por recortar sueldo a trabajadores. Rechaza interferencia de ministros en investigación a Joaquín Ramírez.

Usted señaló que Fuerza Popular ya inició un proceso disciplinario contra la congresista María Cordero Jon Tay. ¿Cuáles son las etapas a seguir para que finalmente sea expulsada? Porque lo que ha sucedido con el recorte de sueldo a sus trabajadores es flagrante.

Normalmente, el proceso para poder sancionar a un militante toma cerca de 7 a 15 días y estamos verificando si es que hay alguna alternativa especial, contemplada dentro del estatuto, porque esto es evidentemente flagrante. Pero siempre teniendo mucho cuidado de que se cumpla el debido proceso, para evitar que haya algún tipo de reposición, que es lo último que queremos.

¿Ella va a tener derecho a presentarse con su abogado y exponer su defensa como ocurre en un juicio?

Sí, como ha sido en el caso de Luis Gustavo Cordero (Jon Tay), que solicitó una audiencia especial para la visualización de videos. Respecto a ella, salvo que se logre encontrar un camino más resumido, el proceso debería tomar entre 7 a 15 días.

¿Entonces, en 15 días como máximo, María Cordero Jon Tay debería estar fuera de Fuerza Popular?

Sí, fuera del partido.

¿Y cuándo se le expulsa de la bancada?

El congresista Arturo (Alegría), que es el vocero alterno, ha presentado una solicitud de expulsión. Tengo entendido que también se le ha retirado de todas las comisiones.

También la bancada misma ha decidido presentar el caso en Ética, que lo ha hecho Patricia Juárez. Incluso, se está analizando presentar una acusación constitucional. Lo que queremos hacer es que esto sea un ejemplo de cómo se debe reaccionar ante una situación tan denigrante como la que hemos podido ver.

Si ustedes mismos presentan una denuncia constitucional sería un precedente importante.

Exactamente. Y es un mensaje a las demás fuerzas políticas, diciéndoles que hay que cerrar filas contra este tipo de actos porque no solo desprestigian al grupo parlamentario, al partido, al Congreso, sino a la política, y eso es lo lamentable.

He visto el esfuerzo que hace Fuerza Popular para intentar tener un partido serio, pero ¿qué pasó con los hermanos Cordero Jon Tay? ¿De dónde salieron? ¿Cómo han llegado a ser congresistas?

Hay fallas de filtros. Lastimosamente, creo que siempre va a haber fallas de filtro. Cada vez el tema se hace más riguroso, pero nos falta trabajar mucho al respecto. La ciudadanía merece un mea culpa del partido, unas disculpas, porque hemos fallado. Creo no nos hace menos reconocerlo.

¿Y qué tanto han afectado las nefastas reformas de Martín Vizcarra para que haya este tipo de personajes en el Congreso?

Muchísimo. Solamente el hecho de que no exista la reelección, que es muy impopular, puede llevar a muchos a relajar su moral. Esta reforma, además, lo que ha hecho es separar los partidos políticos de la población, y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad.

¿Cómo encontrar nuevos cuadros que quieran participar en política y ser congresistas, sabiendo ellos que solo podrán estar un periodo?

Exactamente, y hay que recordar que en la época de Vizcarra se inició la persecución contra Fuerza Popular. Habría que preguntarnos, entonces, ¿quién querría complicarse la vida?

Pasando a otro tema, ¿cómo han tomado ustedes la presencia de los ministros de Justicia y del Interior en esta conferencia sobre Joaquín Ramírez? ¿No están politizando la justicia?

Creo que es el peor favor que le han podido hacer al Perú, en medio de la extradición de Alejandro Toledo, a quien le dieron la excusa perfecta. No me va a sorprender cuando escuche al abogado del señor Toledo alegar eso para evitar su extradición.

No puede quedar solo en reconocer el error porque hay responsabilidad política.

Los ministros tienen responsabilidad política y acá hay un claro caso de una infracción a la independencia de los poderes. Sé que están corriendo mociones de interpelación.

Y reformar la financiación partidaria

Jaime de Althaus
Para Lampadia

No es la condena moral, ni las denuncias periodísticas, ni la comisión de ética lo que va a corregir la mala práctica de muchos congresistas de recortar el sueldo de sus empleados. Lo que tenemos acá es una práctica patrimonialista originada en el sistema electoral plurinominal con voto preferencial, en el estado de los partidos y en la organización del Congreso.

Comencemos por esto último.

El especialista César Delgado Güembes recuerda que hasta 1988, los diputados y senadores no tenían personal alguno. Había un servicio parlamentario que asesoraba al que lo demandara. No había más de 300 empleados para una cámara de 180 diputados, por ejemplo. Hoy el congreso unicameral tiene casi ¡3,400 trabajadores!

En 1988 por primera vez se asigna a cada diputado y senador una secretaria y un asesor, nada más. Y es a partir de 1995 que se crea el despacho congresal de cada congresista, que ahora está integrado por 7 empleados:[1]

Son puestos creados para que el congresista pueda recompensar a quienes le ayudaron en la campaña, o colocar a sus amigos. Según la norma, los asesores tienen que ser profesionales, pero un técnico, por ejemplo, solo necesita tener formación técnica terminada o universitaria incompleta. El auxiliar, el asistente y el coordinador, apenas secundaria completa. Son puestos de favor, y por lo tanto es muy fácil pedirles que entreguen parte de su remuneración. Es el sistema. Ningún profesional de valía aceptaría algo así.  Ver en Lampadia: Reformemos el Congreso.

No hay ninguna necesidad de que el Congresista tenga ese personal.

Cualquier asesoría debería ser prestada por una oficina central de profesionales y especialistas a la que los parlamentarios acudan, reformando el llamado servicio parlamentario (al que, según Milagros Campos, ¡ya nadie entra por concurso público desde el 2009!). Y por asesores de bancada.

Hay una analogía entre este profuso e inútil despacho congresal en detrimento de un cuerpo de asesores serios de bancada, y el voto preferencial en detrimento de la unidad partidaria.

En un sistema de distritos electorales plurinominales con voto preferencial, los candidatos compiten con los candidatos de su propio partido por el voto preferencial, y hacen campaña unos contra otros. Luego tienen que premiar a su equipo de campaña con puestos inútiles. Si tuviéramos un sistema de distritos uninominales o binominales, es el partido el que compite contra otros partidos, y entonces tiende a reforzarse el programa y la estrategia partidarias, no los del candidato.

Y, por supuesto, como señala Delgado Güembes, los candidatos deberían ser mejor seleccionados y capacitados por los partidos, que para eso tienen financiamiento público. Pero esto demanda a su vez una reforma del financiamiento, para que empresas puedan financiar campañas y think tanks partidarios por medio del mecanismo think tanks por impuestos, de modo que los mejores quieran ingresar a la política.

En suma: eliminar los despachos congresales (o limitarlos a una secretaria), convertir el servicio parlamentario en una verdadera oficina central de asesoría y fortalecer el cuerpo de asesores de bancada. Y reformar el sistema electoral y el financiamiento partidario en la línea señalada. Para no tener que seguir con esta historia sin fin. Lampadia

[1] Acuerdo Nº 005-2021-2022 / MESA-CR. Aprobación del módulo de personal de confianza de despachos congresales y prohibición de desdoblamiento de plazas

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de abril de 2023
Para Lampadia

En Ica – al igual que en todo el país – la salud pública ha vuelto a sus peores niveles de atención. En realidad, la crueldad e inoperancia en el trato a los pacientes iqueños viene desde la gestión 2019 / 2022 de Javier Gallegos. Pero sigue tal cual – o peor – con el Gobernador Regional actual: Jorge Hurtado.

Gallegos se hizo famoso por vender puestos de trabajo al mejor postor. En el caso de la Dirección Regional de Salud, todo fue subastado… desde directores de hospitales hasta técnicos de enfermería, tal como consta en los audios propalados – en su momento – que no dejan ninguna duda al respecto. Para ello – mejor dicho, para tapar la corrupción – Gallegos tuvo que sobornar a cerca de un centenar de periodistas locales, tal como denunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en junio del año pasado.

Ahora, bajo la nueva gestión regional a cargo de Jorge Hurtado, las cosas van de mal en peor. El 3 de enero pasado, el recién designado director regional de Salud – César Valdivia Rosales – fue baleado cuando salía de su clínica privada Vida Medic. ¿A quién se le ocurre designar director regional de Salud al propietario de una clínica privada? Bueno pues, sólo a los corruptos se les ocurre poner al gato de despensero.

Recientemente, ha circulado un audio donde Carlos Zegarra – asesor del Gobernador Hurtado – instruye a un sicario “avanzar sobre esa línea”, en referencia al propósito de matar a la vicegobernadora regional y al periodista opositor Gastón Medina. ¡Así estamos en Ica!

Por último, la semana pasada – el jueves, para ser exacto – la Fiscalía intervino la sede principal del Gobierno Regional de Ica, en busca de sabe-Dios-qué mañosería que se habría cocinado en el seno de la referida institución. Así las cosas ¿qué se podría esperar de la salud pública en Ica, si todo – en el Gobierno Regional – se resuelve con coimas o balas?

Por otro lado, respecto de los diseñadores del proceso de regionalización de nuestro país, allá por el año 2002 ¿a quién se le pudo ocurrir delegar la gestión de la salud pública – un servicio tan especializado, y sobre todo, tan crítico para la salud de la población – a entidades tan corruptas e inoperantes como los Gobiernos Regionales?

De sólo pensar que la salud de muchos compatriotas estuvo – en su momento – en manos de gobernadores regionales tan corruptos como Vladimir Cerrón en Junín, César Álvarez en Ancash, Elmer Cáceres Llica en Arequipa…y por limitaciones de espacio, paro de contar.

Bueno pues, como no podía ser de otra forma, en manos como las que acabo de mencionar… la gestión de la salud pública – entre otras – fracasó estrepitosamente, a nivel nacional.

De allí mi insistencia de quitarle dichas competencias – y otras – a los Gobiernos Regionales. El problema – sin embargo – es que tampoco el Ministerio de Salud, ni EsSalud, ni los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y Policiales, dados los pésimos servicios que brindan, están en condiciones de gestionar la salud pública de los peruanos de manera profesional y eficiente.

Por ello, desde Lampadia venimos proponiendo – tercamente – la creación de una Autoridad Nacional Autónoma (ANA), específicamente para gestionar la salud pública en todo el país. Ver: “Hay hermanos muchísimo qué hacer”.

Una ANA capaz de gestionar la salud de los peruanos de manera profesional, especializada, apolítica, meritocrática, descentralizada, estable, eficiente, oportuna, y sobre todo, digna y sensible al dolor y sufrimiento de los pacientes y sus familiares.

Está claro… el gremio médico – como todo en la vida – tiene de cal y de arena. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos médicos muy corruptos e indolentes que maltratan cruelmente a los pacientes y sus familiares. A ese respecto – ante la clamorosa inoperancia de los órganos de control del Estado – la ciudadanía debe identificar a esas lacras de la salud pública, y desenmascararlas públicamente como corresponde.

No obstante, hay felizmente – en Ica y en todo el país – muchos excelentes profesionales de la salud que hacen honor a sus juramentos hipocráticos, y que son el orgullo de todos los peruanos. A ellos se deben muchas curaciones extraordinarias que han salvado miles de vidas humanas. Gracias a ellos – precisamente – eliminamos las colas en todos los hospitales de Ica y mejoramos mucho la salud pública en la región, durante la gestión 2015 / 2018 que me tocó presidir.

Para ello, hubo que sancionar drásticamente – de acuerdo a ley – a quienes cometieron faltas graves. Por ello, fuimos objeto de muchas denuncias. Los médicos corruptos – y sus defensores – jamás dieron su brazo a torcer. Sin embargo, la experiencia de luchar contra la corrupción y la indolencia en los hospitales de la región fue muy gratificante.

Contra viento y marea, sancionamos muchos actos de indisciplina laboral, por más respaldo cómplice – político y periodístico – que tenían aquellos malos servidores públicos. Pero no se salieron con la suya. La ciudadanía – sobre todo, los pacientes y sus familiares – eran la razón de ser de nuestro trabajo.

El problema – repito – es que todo lo avanzado en la gestión 2015 / 2018 ha vuelto a fojas cero. La mafia de la salud – promovida desde el Gobierno Regional de Ica – ha vuelto. Desde el 2019 Ica está nuevamente a la par de la pésima atención de la salud pública en todo el país. ¡Pobres pacientes! Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

En los inicios de la historia de la televisión peruana, el periodista Guido Monteverde, quien escribía en Última Hora, se aventuró a tener un programa en los inicios del canal 9, al que denominó “La Escalera del Triunfo“.

Para animar esta secuencia convocó a un conocido narrador de carreras de caballo, Augusto Ferrando.

Este programa tuvo tanto éxito, que luego de un tiempo, Ferrando se cambió de canal y tuvo su propio programa al que denominó “Trampolín a la Fama”.

Este programa que se convirtió en una leyenda en la televisión peruana, surgieron artistas que luego brillaron con luz propia.

Como decía Ferrando, “yo lo descubrí“, de ese programa surgieron a la fama, Cecilia Barraza, Fernando Armas, Melcochita, el Loco Ureta, Carlos Alvarez, Jorge Benavides entre otros.

El gran mérito de Ferrando, fue apoyar a gente de mucho talento que en base a su esfuerzo y calidad triunfaron en sus profesiones.

Pero esto llevó tiempo y dedicación.

En el otro lado de la vereda tenemos a personajes como Alejandro Toledo, Joaquín Ramírez, Pedro Castillo, Fernando Zevallos, Zamir Villaverde, Daniel Urresti, entre otros.

Haciendo una analogía al programa de Ferrando, es como si se hubieran presentado en otro programa: “Trampolín a la Cana”.

Los peruanos estamos cansados que estos oscuros personajes que provienen de distintas cunas, que al final se hagan famosos no por su calidad y talento, sino por atributos nada santos.

Los peruanos podemos creernos que:

Joaquín Ramírez, que empezó hace tres décadas, siendo cobrador de microbús, esté en un proceso donde se le han incautado bienes por Mil Millones de Dólares?

Este oscuro personaje que actualmente es alcalde de Cajamarca y que hace una década fue secretario general del partido político Fuerza Popular, con el cuento que como soy “cholo y rico“, el ministerio público y el poder judicial se la han agarrado conmigo.

No señor Ramírez a los peruanos no pretenda agarrarnos de cholitos.

Como escribió León Tolstoi, “atrás de cada gran fortuna, hay un pequeño crimen”.

En este caso atrás de esta gran fortuna hay un gran crimen.

Pedro Castillo, que nos hizo creer que era un modesto profesor de primaria en un pueblo olvidado de Cajamarca y por cuestiones del destino, llegó a la presidencia de la república.

Desde antes de asumir la presidencia, se convirtió en el jefe de “La Banda del Choclito“ y en estos nefastos 15 meses de presidencia, esquilmo al estado con tanto dinero que será muy difícil hacer un recuento de ello.

Licitaciones fraguadas, poner a su familia y amigotes en puestos importantes y vender el alma al diablo, con la ayuda de Satanás Torres y de la indescriptible Betsy Chávez, fueron sus obras favoritas.

Fernando Zevallos, un narcotraficante a quien la DEA ya lo tenía en su relación de los más importantes mafiosos de la droga, llegó a lavar tanto dinero que fundó una empresa de aviación Aero Continente.

Llegó a ser una de las más importantes de Perú, compitiendo con Faucett la empresa más antigua, exitosa y orgullo de todos los peruanos.

Ahora este señor cumple una condena de 20 años de prisión.

El crimen nunca paga.

El inefable Alejandro Toledo, que se convirtió en el líder de “la marcha de los 4 suyos “y lideró a la población que condujo a la caída de Fujimori y su posterior huida.

Este caballero de etiqueta azul, al poco tiempo se convirtió en un mafioso más, que cobraba millonarias coimas por apoyar en licitaciones fraudulentas.

Toledo sigue haciendo denodados esfuerzos para que la orden de extradición al Perú se dilate semana a semana.

Tarde o temprano llegará al Perú y le esperan largos años de cárcel, en donde pasará los últimos años de su vida.

El caso más patético de este gobierno fue el de Zamir Villaverde, un exconvicto que fue capturado en flagrancia, asaltando una pizzería y que luego de purgar prisión, se convirtió en un cercano colaborador de Castillo, vía sus ingenuos sobrinos.

Daniel Urresti, un general del ejército, que en la oscura época del terrorismo estuvo a cargo del cuartel en Huanta y después de 35 años de ocurrido el asesinato del periodista Hugo Bustios, corresponsal de Caretas en Ayacucho, ha sido condenado a 12 años de cárcel como responsable mediato del cruel asesinato.

Este personaje luego de ello se hizo conocido como figureti ministro del interior de Humala, congresista y aspirante a la presidencia de la República y hace pocos meses por pocos votos no salió elegido alcalde de Lima.

Acá está la gran diferencia entre la calidad humana y la escoria corrupta que debemos de erradicar.

Mientras en el programa de Ferrando, la gente logró gracias a sus cualidades personales, superarse cada vez más alto brincando en el trampolín a la fama.

Los otros oscuros personajes saltaron en otro trampolín, del cual no pudieron permanecer con equilibrio y en base al exceso de peso delictivo, salieron despedidos de ese trampolín y cayeron en el fango de la corrupción.

Qué triste el final de estos pobres personajes, que han llegado al pináculo de la fama por el camino equivocado. Lampadia

Por: María Cecilia Villegas
El Comercio, 10 de Abril del 2023

“Para encauzar al Perú hacia el desarrollo no necesitamos un caudillo defensor del libre mercado y la Constitución”.

A la caída del fujimorismo, un aventurero de Cabana tomó un rol estelar en la política peruana. Acompañado por un grupo de “notables” que se autodenominaron la “reserva moral” del país, ofrecieron a los peruanos recuperar los valores y principios perdidos. Nos hablaron de democracia y de una agenda posmaterialista. Ilusamente, muchos peruanos no solo les creyeron, sino que luego, a la luz de los hechos, siguieron defendiéndolos. Pero lo cierto es que desde un inicio supimos bien quién era Alejandro Toledo Manrique, y, aun así, los peruanos lo llevamos al poder.

Antes de llegar a Palacio de Gobierno, supimos, a través de los medios de comunicación, que Alejandro Toledo tenía una hija que no había querido reconocer, y para ello se valió de las más sucias estrategias, como contratar a dos individuos para sostener en el juicio de paternidad que la madre era una mujer de moral ligera. Como no existían en aquel entonces las pruebas de ADN, eso era suficiente para que el juez desestimara el pedido. Sabíamos de las denuncias que por violencia doméstica había presentado Eliane Karp contra él y su suegro. Porque los dos Toledo la habían agarrado a golpes y patadas. Conocimos el Melody y se hizo famosa la suite presidencial. Supimos de su debilidad por el alcohol, las prostitutas y el dinero. Su afición por comer en los mejores restaurantes e irse sin pagar. Sabíamos del dinero que Soros donó y parte del cual apareció en una maleta que llevaba Coqui Toledo a Carolina del Norte, Estados Unidos. Todo esto lo sabíamos e igual lo elegimos presidente del Perú.

Luego, la prensa se encargaría de hacer públicas las facturas que pagaba el Estado Peruano por los arreglos de su casa en La Molina; las remodelaciones de Palacio de Gobierno, para satisfacer los costosos gustos del presidente, pagadas a través de Petro-Perú; los frecuentes viajes presidenciales a Punta Sal, desde donde se lo veía bajar de algún yate cargado por la seguridad del Estado, incapaz de caminar. Las joyas y vestidos de la primera dama, las cuentas de whisky etiqueta azul. Lady Bardales, las cartas al Vaticano y las enormes concesiones otorgadas a cambio de un sencillo. Corrupción, tráfico de influencias y malversación. Y, en lugar de liderar un país, él y sus amigos parrandearon durante cinco largos años a expensas de todos los peruanos. La “reserva moral” venía cargada de intereses privados, de repartija y acuerdos bajo la mesa. Y nos dejaron la célebre frase: “Oiga, Barata, paga carajo”.

Alejandro Toledo es solo la caricatura de un político corrupto que llegó a Palacio para enriquecerse ayudado por sus muy distinguidos amigos, acaudalados empresarios, que le hicieron el favor de canalizarle las coimas que recibió. Encumbrados y notables amigos que hoy, cuando falta muy poco para que Toledo venga a enfrentar a la justicia, deben estar algo preocupados. Pero Toledo es solo uno de los cientos de políticos corruptos que tenemos en el Perú, en todos los niveles de gobierno. Centavos más, centavos menos, llegan a enriquecerse, repartiendo jugosos contratos públicos a cambio de dinero. Y es que, en el Perú, la corrupción es un sistema.

Y aquí cabe la pregunta: si sabíamos todo lo que sabíamos de Toledo, ¿por qué lo llevamos al poder? ¿Por qué los peruanos decidimos pasar por alto la calidad moral de las personas a las que les damos nuestro voto? Y a quienes, en muchos casos, además, financiamos. En un país donde la corrupción aparece como uno de los principales dos problemas que los peruanos debemos enfrentar, ni siquiera nos preocupamos en analizar la calidad moral de las autoridades. Como tampoco cuestionamos, pese a que tres de cada cinco mujeres peruanas serán víctimas de violencia por parte de sus parejas en algún momento de su vida, las denuncias de violencia, maltrato y abandono.

Para encauzar al Perú hacia el desarrollo no necesitamos un caudillo defensor del libre mercado y la Constitución. Necesitamos ejercer ciudadanía, y eso implica participar en política de manera activa y responsable. Necesitamos también sanción social y liderazgo. Si no nos atrevemos a levantar la voz y cuestionar, seguiremos rodeados de Baratas, Toledos y sus buenos amigos.

Jaime de Althaus
Para Lampadia 

El caso de Ricardo Briceño, ex presidente de la CONFIEP, acusado por José Domingo Pérez de haber de haber cometido fraude contra la propia CONFIEP al haber desviado a la campaña de Keiko Fujimori dos millones de soles donados por empresas para una campaña en defensa de la inversión, es increíble. Al punto que ha tenido que interponer un hábeas Corpus, según ha revelado su abogado, el constitucionalista Luciano López.

De acuerdo con lo explicado en el programa Punto Final, el tema es delirante.

Según la acusación fiscal, Briceño (que ya ni siquiera era presidente de CONFIEP, porque su periodo había terminado) convocó a una reunión a varios empresarios para que donaran un aporte a una campaña comunicacional en defensa de la inversión. Las donaciones se produjeron y acto seguido -según el fiscal- Briceño destinó ese dinero no a la campaña mencionada sino al financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, para lo cual falsificó los balances y estados financieros del gremio omitiendo que la finalidad de esos ingresos era solventar la campaña política de dicha candidata. ¡Como si la campaña de defensa de la inversión no hubiera existido! Todo el mundo vio la campaña por televisión y allí están las facturas.

Es decir, Briceño, según esta fabulación, habría engañado y cometido fraude contra la propia CONFIEP. Por supuesto, la CONFIEP desmintió en un comunicado que haya sido agraviada por su expresidente. Incluso aclaró que Briceño ni siquiera manejó esos fondos. Y que estos se destinaron, efectivamente, como todo el mundo sabe, a la campaña televisiva por la inversión.

Y, naturalmente, la fiscal María León Pizarro, de la segunda Fiscalía Corporativa de la Victoria, a la que el propio José Domingo Pérez le había encargado que investigara y fundamentara esta acusación, archivó el caso declarando que no procede formalizar la investigación preparatoria contra Ricardo Briceño porque no se encontró evidencia alguna de fraude contra la persona jurídica mencionada.  

Pese a que el caso ya había sido archivado por la propia fiscal a quien él encargó el tema, José Domingo Pérez insistió en la acusación y el juez Zúñiga no archivó el caso.

Por eso, explicó Feliciano López, Briceño ha interpuesto un hábeas Corpus, porque acá se está violando el principio de la cosa decidida y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por tanto, se viola su derecho a la libertad personal porque se le lleva indebidamente a un juicio cuestionando su inocencia con una absurda acusación.

Lo que hay acá es un abuso, una voluntad ofuscada de acusar a como dé lugar, no solo inventando hipótesis delictivas que solo pueden provenir de una intención persecutoria irrefrenable que busca obsesivamente su propósito sin mirar los hechos, sino pasando por alto la resolución de una fiscal que, por supuesto, no encontró nada delictivo.

En realidad, la principal imputación del fiscal a Briceño es, cuando no, lavado de activos, que es la figura que usó, también de manera forzada e impropia, para otorgarle carácter delictivo a las donaciones de campaña a Keiko Fujimori y a Ollanta Humala, entre otros. Las donaciones de campaña no eran delito, y como se trataba de criminalizar a los políticos y a sus partidos, sobre todo si eran de oposición al régimen de entonces, se usó indebidamente la figura del lavado de activos. La consecuencia fue la destrucción de parte importante de la clase política.

Y la destrucción de las personas. En este caso, como no tenía cómo convertir en lavado de activos la actuación -por demás inexistente- de Briceño en este asunto, se le ocurrió la fantasía del fraude a la persona jurídica como delito fuente. Pero esto fue archivado por la fiscal León Pizarro. Pese a ello, sigue acusando a Briceño de lavado de activos. A una persona que ni siquiera era ya presidente de CONFIEP, que no pidió ni manejó los fondos, los cuales se usaron efectiva y probadamente en una campaña de comunicación en defensa de la inversión, y no para financiar la campaña política de Keiko Fujimori.

Hay 54 imputados o acusados en el caso cócteles. ¿En cuántos de ellos se habrá inventado historias imaginarias como esta para mantener a los imputados con la espada de Damocles por algo que ni siquiera fue delito? Es hora de detener estos abusos. Lampadia

Uri Landman
Para Lampadia

En declaraciones a la prensa la semana pasada, el ministro de Educación, Oscar Becerra, afirmó que las gestiones anteriores dejaron los colegios “que parecen que hubieran sido bombardeados” (sic) refiriéndose al estado calamitoso de miles de colegios a nivel nacional. Según el ministro, la brecha en infraestructura educativa es de 152 mil millones de soles.

Por otro lado, el ministro Becerra también se refirió a los 728 millones de soles que se han gastado en consultorías solamente en el ministerio de Educación en los últimos 10 años, un verdadero botín que terminó en manos de los caviares.

En este artículo, analizaremos cómo los caviares a través de sus Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de las consultorías que éstas dan a los diferentes niveles de gobiernos, se llenan los bolsillos para financiar sus campañas electorales y solventar su agenda ideológica.

De los cientos de casos que pude revisar sobre las consultorías, voy a reseñar brevemente uno que es de conocimiento público pero que ilustra claramente cómo funciona la mermelada.

En el año 2019, la entonces congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, denunció que el esposo de la ministra de Educación de ese entonces, Flor Pablo, había realizado una consultoría por seis millones de dólares con el Ministerio de Educación.

Ante tal escándalo, la ministra Flor Pablo salió rápidamente en todos los medios a desmentir a la congresista Salazar, afirmando que su esposo Ernesto Márquez Calvo, no había hecho ninguna consultoría con el Ministerio de Educación, lo cual era cierto. Pero la ministra Flor Pablo, omitió un pequeño detalle: su esposo si había participado en una consultoría con el gobierno Regional de Piura a través de su ONG “Asociación Para el Mejoramiento de la Educación Básica de Piura” en donde había cobrado la impresionante suma de 6 millones de dólares con uno de los temas favoritos de la ministra Pablo: “el enfoque de género”.

Pero el esposo de la ex ministra Flor Pablo, no se limitó a participar en esta millonaria consultoría. Según el OSCE, entre los años 2008 y 2020, el señor Márquez registra 7 órdenes de servicios por más de 27 mil soles con diferentes entidades como la Defensoría de Pueblo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la Universidad Mayor de San Marcos.

Según información difundida por medios periodísticos, la misma congresista Flor Pablo, brindó dos servicios de consultoría entre los años 2017 y 2019 (antes de ser nombrada ministra) al Ministerio de Educación y a Servir por un monto de 52 mil soles.

Al ser nombrada ministra de Educación, Flor Pablo nombró como viceministra de Gestión Pedagógica a Patricia Andrade Pacora, quien por pura coincidencia brindó 7 servicios de consultoría al MINEDU entre los años 2015 y 2022 por más de 124 mil soles.

También debe ser una coincidencia que el esposo de la ex viceministra, el señor Luis Guerrero Ortiz haya obtenido 24 órdenes por consultorías entre los años 2013 y 2022 por la suma de 331 mil soles.

Para que no quede duda que las coincidencias se dan en el MINEDU, el ex viceministro de Gestión Pedagógica Martín Vegas también brindó consultorías a su ex empleador durante los años 2015 al 2022, por un monto de 241 mil soles.

Para que entendamos el nivel de presunto robo encubierto al estado, el contralor Nelson Shack, anunció hace unas semanas que su institución realizará un mega operativo para fiscalizar las consultorías. El contralor recordó que el estado gasta la impresionante suma de 3,000 millones de soles anuales por concepto de consultorías.

Ahora podemos entender por qué ciertos políticos apoyados por medios de prensa “amigos” salen como jauría para atacar a cualquier político o funcionario del estado que tenga la osadía de cuestionar los miles de millones que se gastan en consultorías inútiles en todos los niveles del estado.

Como bien lo dijo el ministro Becerra, el MINEDU se convirtió en la caja chica de un partido político. Sin embargo, tenemos que recordar que este problema de las consultorías también se repite en el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y otros más, que son la cuota de poder de los caviares en el gobierno de turno. No podemos olvidar las “consultorías” que dio Richard Swing al Ministerio de Cultura por 175 mil soles, por presuntas órdenes de Martín Vizcarra.

Desde esta columna hemos afirmado en múltiples ocasiones que necesitamos un estado pequeño pero eficiente, con políticas de gastos bien definidas en las que se prioricen dar servicios básicos de calidad a la población y que se deje al sector privado desarrollar y crear la riqueza mediante el libre mercado.

Sin embargo, siempre habrá un grupo de parásitos que les gusta vivir del estado y que se opondrán fuertemente a toda reducción de la burocracia y simplificación administrativa, con la excusa que el estado debe satisfacer las necesidades del pueblo. Pero que en realidad, ellos solo están interesados en satisfacer sus propias necesidades a expensas del trabajo de todos los peruanos, menos del suyo.

Recordemos las palabras de Tácito, historiador romano: “Cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes”. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

Jorge Hernández Fernández (a) “el español” de 32 años nos quiere agarrar de cholitos a todos los peruanos.

Usted querido lector, en su sano juicio ¿puede creer todo lo que está declarando en estos días este indescifrable personaje?

Se pasea muy orondo por la mayoría de las estaciones de radio y televisión, contando una historia para la que hay que ser muy limitado mentalmente para creerla.

Él llega a Lima a los 26 años, huyendo de no se sabe dónde, y según la versión de la policía, vivía de hackear cuentas de correo y Wattaspp para luego extorsionar a los usuarios.

Ahora nos quiere hacer creer que, de la noche a la mañana, paso de vivir en un cuarto alquilado en el distrito de Carabayllo, a un modesto departamento de Callao, y de allí pasa a vivir en una lujosa residencia de 1,500 mts. en La Molina con piscina incluida.

Y por arte de magia, gracias a la amistad que tuvo con el sobrino de Castillo, llego a convertirse en asesor del presidente.

¿Tan bajo hemos llegado?

Pedro Castillo permitió que este oscuro personaje se codee con los ministros del interior y que incluso llegue a darle ordenes al Comandante General de la Policía.

Antes de la residencia de La Molina, vivió (oh sorpresa) a 20 mts. de la casa de Aníbal Torres, y allí convocaba a las más altas autoridades del ministerio del Interior para coordinar ascensos de los más altos puestos en la Policía.

¿No les parece esta historia de éxito rotundo y rápido, una historia surrealista?

No será que este español, con acento cubano, sería más bien un infiltrado del popular Gallo.

Pero al margen de lo que el servicio de inteligencia de la isla pudo hacer con el débil Castillo y con el iracundo Aníbal, la crisis que se ha desatado en la policía es inmensa.

Pedro Castillo no solo ha sido el más nefasto presidente del Perú, sino que, sumado a su incapacidad total, dejo que un mocoso infiltrado en nuestra policía acabe aniquilando los últimos rezagos de decencia que quedaban en las fuerzas del orden.

Hasta ahora no hemos podido cuantificar el daño económico generado por Castillo al Perú, pero el daño moral es gigantesco.

No solo intento destruir la economía, dividir a la población con esos consejos de ministros descentralizados, donde tanto el cómo Aníbal Y Betsy destilaban todo el odio que tenían en sus entrañas.

Cambio 78 ministros en solo 16 meses y en ese lapso tuvo que cambiar a 5 comandantes generales de la Policía.

Para que tengan una idea, cada dos años se debe de nombrar al jefe máximo de la policía.

En el efímero y nefasto gobierno de Castillo, se cambió cada tres meses.

Alguien en su sano juicio puede pensar que con esos cambios se tenía la idea de mejorar la situación.

Ahora salen los exjefes policiales a defenderse de este español cubanizado, que dispara excremento con ventilador contra toda la institución policial.

La corrupción policial es de tal grado que nada de eso nos sorprende.

Qué pena nos da la institución policial, que está sufriendo de una enfermedad terminal.

La semana pasada se presentó el excomandante general de la policía Vera en un programa de TV y al conductor no le quedó más remedio que decirle “no le creo nada de lo que me dice”.

Y los televidentes nos dimos cuenta que este pobre hombre no decía la verdad.

Este español surrealista ha dado la estocada final a nuestra alicaída policía.

¿Este hombre es un delincuente de poca monta o un infiltrado al más alto nivel en las fuerzas del orden?

Si es de poca monta no es verosímil que pueda haber llegado a ser asesor de Castillo, solo porque jugaba fulbito con sus sobrinos.

No pues, no somos tan ingenuos.

Este joven es un infiltrado del más alto nivel de algún sistema de inteligencia extranjero, que intentó, sin lograrlo, destruir la seguridad peruana, para luego hacer una policía paralela y un equipo de inteligencia clandestino.

¿A que les huele esto?

¿En qué país estábamos camino de convertirnos?

Lo peor con la complicidad de Castillo, Torres y compañía.

Este detalle debe de ser investigado muy a fondo por el equipo especial de la fiscalía, ya huele a traición a la patria.

Luego de esta nefasta situación, y si como indique en mi artículo anterior, si la presidenta Boluarte se queda en el poder, es urgente una profunda reorganización de la policía.

Si lo empieza, será un largo camino para cambiar la mentalidad y la tan mellada moral de la policía.

Deben de hacer una limpieza profunda de la policía y también deben de hacer una exhaustiva investigación de las redes extranjeras de servicios de inteligencia, comenzando por la cubana.

Es más que seguro que se abrirá una caja de pandora y las consecuencias serán impredecibles.

Pero es un camino de no retorno, o se hace una profilaxis en la policía o seguirán apareciendo españoles surrealistas. Lampadia

Por: Federico Salazar
El Comercio, 2 de Abril del 2023

“Castillo no solo cooptó el poder, sino que lo lotizó y subastó. Vendió posiciones en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y algunos ministerios”.

El plan de Pedro Castillo fue, desde un inicio, dar un golpe de Estado. Quiso pasar por inocente y se disfrazó de campesino, incluido un sombrero que luego abandonó.

“Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas”. Esto declaró Castillo, luego de su proclamación, en julio del 2021.

La mentira flagrante es una de las marcas distintivas del poder absoluto.

No era extremista, pero buscó a los extremistas; no era comunista, pero entregó ministerios y prefecturas al partido oficialista –Perú Libre–, marxista por autodefinición.

Castillo no era chavista, pero quiso hacer la trampa de Hugo Chávez. Esa estrategia es la de obtener el poder dictatorial por la vía democrática inicial. No era extremista, pero entregó el país a los violentos extremos.

Castillo no solo cooptó el poder, sino que lo lotizó y subastó. Vendió posiciones en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y algunos ministerios.

Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha sido detenido hace pocos días. Se le investiga por licitaciones arregladas. Incluso, habría pagado mensualmente una suma de dinero a Pedro Castillo para mantenerse en el puesto.

Desarrollar ese sistema de ratería requería de oscuridad. Había que silenciar o desprestigiar a la prensa, a la fiscal de la Nación y al Congreso.

En el Congreso, aparentemente, hubo compra de conciencias. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al parecer, fue objetivo de actos preparatorios para un asesinato por sicariato. La prensa fue acusada de “basura”, “mermelera” y “sicaria”.

“Se ha creado ciertos temores cuando hemos asumido este mandato, diciendo cosas como que somos un gobierno que llamaremos a una asamblea nacional constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, un modelo chavista, un modelo distinto. Es totalmente falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza”.

Esto declaraba Pedro Castillo en marzo del 2022. A fines de abril, presentaba un proyecto de ley al Congreso para abrir un camino hacia la asamblea constituyente.

¿Y para qué hubiera querido esa asamblea? ¡Pues para ampliar el sistema de ratería!

La asamblea constituyente no hubiera cambiado nada que no pudiera cambiar cualquier gobierno. Hubiera servido, en cambio, para crear falsas representaciones, quebrar el Estado de derecho y enquistar en el poder al campesino que se quitó el sombrero.

Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, enfrenta a la justicia por eso. Algunas de sus conversaciones de WhatsApp revelan los planes de inteligencia ilegal y de espionaje político que tenía Castillo.

La constituyente y las oficinas de chuponeo ilegal no son cosas separadas. Van amarradas. La inteligencia criminal busca eliminar adversarios para ganar elecciones. Con ese poder delincuencial se conquista el poder político.

La asamblea constituyente, por su lado, sería como la cizalla para romper el orden legal. Se rompe el orden legal para evitar el balance de poderes y el control político, la investigación fiscal y la indagación periodística.

El trabajo del Ministerio Público nos permitirá revelar el proyecto político completo.

La investigación fiscal debe continuar y el país debe tener alguna estabilidad. No solo para restablecerse, también para aprender de aquello que se hizo a sí mismo. Y no me refiero a la segunda vuelta, sino a la primera.

Aprendamos a ver bajo el sombrero.

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Las reuniones y llamadas del actual jefe de la Policía Nacional con individuos del entorno corrupto de Pedro Castillo ponen en duda su idoneidad para el cargo. En realidad, todos los altos mandos de la PNP del último tiempo se han relacionado con la gavilla de delincuentes que ocupó el gobierno el 2021. Algunos se sometieron a cambio de prebendas, otros compraron sus cargos y varios aceptaron servir a esa camarilla y se convirtieron en cómplices de sus delitos a cambio de que les permitieran realizar sus chanchullos.

No obstante, no todos se sometieron. Un ejemplo notable es el del general Oscar Arriola, que como responsable de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) conocía la vinculación de Pedro Castillo y sus secuaces con Sendero Luminoso. Hubo otros también que con perfil bajo se mantuvieron al margen de la corrupción que se extendió como una mancha de aceite, y resistieron la embestida de los delincuentes socialistas del siglo XXI que trataban de controlar la PNP para usarla en función de sus intereses.

Recién cuando han aparecido informaciones y declaraciones de colaboradores que, en el curso de las investigaciones fiscales, han señalado las trapacerías de los jefes policiales, el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola ha reaccionado, a pesar que desde el 2021 se conocían casos escandalosos como el de la compra de ascensos y puestos a cambio de sobornos.

Entonces Otárola ha anunciado pomposamente una reforma de la PNP. En verdad, eso no tiene sentido. Es muy obvio que este gobierno no tiene ni las ideas, ni la fuerza, ni la decisión, ni las personas para hacer un cambio sustancial en la Policía. Es decir, se trata de palabrería para tratar de entretener a la ciudadanía y hacer creer que van a realizar grandes cambios. Además, eso genera rechazo en la PNP que está harta de reformas frustradas. Solo sirve para reforzar la sensación de inestabilidad e incentivar la pasividad en la institución.

Lo que sí podría y debería hacer el gobierno son unas pocas cosas indispensables.

En primer lugar, identificar a los oficiales que pagaron coimas para ascender y los que se beneficiaron con prebendas a cambio de ejecutar los designios de la gavilla delincuencial enquistada en Palacio. Y sancionarlos.

En segundo lugar, defender a los policías que han participado en la debelación de la asonada con la que los comunistas y delincuentes trataron de retomar el poder después de la defenestración de Castillo, y no lavarse las manos y dejarlos a merced de las ONG caviares y fiscales influidos por ellos.

En tercer lugar, equipar a la PNP que carece de lo más elemental para cumplir sus tareas, tanto para enfrentar la delincuencia como las algaradas que provocan los comunistas. Por ejemplo, el escuadrón de emergencia en Lima tenía unos 700 patrulleros en 2015 y ahora tiene unos 120 operativos, además de un precario sistema de comunicaciones debido a las compras corruptas realizadas en el gobierno de Ollanta Humala. O la carencia de carros rompe manifestaciones y vehículos para enfrentar turbas violentas, además de materiales anti motines.

En síntesis, en lugar de discursos grandilocuentes y promesas incumplibles, el gobierno debería trazarse unas pocas metas concretas que sirvan para restituir la institucionalidad corroída por el nefasto gobierno anterior (y por los de Francisco Sagasti y Martin Vizcarra) y permitan a la PNP cumplir con eficiencia su misión de combatir la delincuencia. Lampadia