Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras sociales y económicas. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a la modernidad, a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado.

Es por eso que análisis como el recientemente publicado por el IPE (ver en nuestra sección Documentos: IPE – Infraestructuras), son tan importantes. Eliminar las brechas de infraestructuras no solo permitirá reducir los costos de transacción de las empresas y los ciudadanos, sino que también ayuda a los pobres a tener acceso a electricidad, caminos y telecomunicaciones. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Como muestra el gráfico superior, existe una gran diferencia en el bienestar (sobre todo por el acceso a servicios básicos) entre las zonas rurales y urbanas. Una mejora de las infraestructuras ayudaría a reducir la pobreza en el país, especialmente en las zonas rurales. Lo más apremiante es acceso al desagüe, que es la brecha más importante (tan solo el 15% cuenta con este servicio básico).

Un trabajo que subraya que las infraestructuras tienen un enorme impacto en la reducción de la pobreza es el reciente libro de Richard Webb, Conexión y despegue rural que demuestra que los avances en infraestructuras en la sierra rural han producido una revolución económica en la región más pobre del Perú. La conclusión de esta investigación es clara: mientras en el período 1900-1994 (casi 100 años) el crecimiento de los ingresos fue de solo 1.4% por año, pero entre el 1994 y el 2011, los ingresos se incrementaron a un ritmo de 7.2% anual, una prueba de que los beneficios de la economía de mercado llegaron a todas las zonas del país. Lo que no es óbice para reiterar que lo que falta por hacer es aún inmenso.

Según el IPE y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, la brecha total de infraestructuras es de US$ 160,000 millones, de los cuales el 36% se centra mayormente en el sector transporte (gran parte en carreteras), 19% en energía y 17% en telecomunicaciones. Esto se puede observar a más detalle en el siguiente cuadro:

Sin embargo, la cartera de proyectos de ProInversión al 2016 es de tan solo US$ 6,346 millones. Y, de los proyectos que se han concesionado, una buena parte no logra ejecutarse por diferentes trabas y trámites burocráticos.

El principal problema, según el IPE, es la inexistencia de un plan nacional de infraestructuras en el Perú. Países como Colombia, Chile y México sí los tienen (Chile cuenta con un plan hasta el 2025). Es así que hasta ahora no mejoramos en el pilar Infraestructuras del Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial y nos mantenemos por debajo de otros países de la región.

Un plan nacional de infraestructuras ayudaría a planificar de forma integral y expansiva los proyectos en el país, además de orientarse al mediano y largo plazo. Una reciente publicación de McKinsey sobre el último foro de Iniciativas Globales de Infraestructura (GII por sus siglas en inglés), sugiere que casi el 40 % de los US$ 9 millones de millones invertidos en infraestructura anualmente se mal gasta debido a los cuellos de botella, la falta de innovación y fallas administrativas. El plan ayudaría a tener una visión conjunta al futuro, necesaria ya que tiene que ser diseñada para cumplir con su función durante sus 30 a 40 años de vida, con una capacidad de adaptación para satisfacer una demanda cada vez más cambiante.

El IPE afirma que existirían “prácticas inadecuadas en el proceso de inversión pública”. La inadecuada formulación de proyectos explica que haya 560 obras públicas paralizadas. El 74% son de administración directa y se concentran en gobiernos locales.

Otro punto importante es que se proponen muchos proyectos pequeños en vez de grandes proyectos. El informe del IPE afirma que en 2011 los gobiernos regionales programaron proyectos,  que implicaron la contratación de 285 perfiles, expedientes técnicos, contratos de obra y contratos de supervisión, generando finalmente 1,140 contratos en poco más de un año.

También existe un exceso de trabas burocráticas. La falta de coordinación gubernamental genera severos obstáculos para la provisión adecuada de los servicios públicos. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. IPE cita un ejemplo publicado en el Diario El Comercio, en el que se explica como el inicio de las obras de instalación del aire acondicionado en el aeropuerto de Piura demoró cerca de 4 años debido principalmente a una gestión ineficiente. 

El IPE termina su informe proponiendo unas recomendaciones, como la elaboración de un plan de mediano-largo plazo, con un horizonte mínimo de 10 años y sujeto a revisiones periódicas. Dicho plan debe priorizar las necesidades de los servicios públicos y empaquetar múltiples proyectos en uno solo. Con respecto a la inversión rural, se debe propiciar una inversión en “combos”, en vez de realizar inversiones individuales en sectores y tiempos diferentes. La complementariedad demostró tener mayor impacto.

Esto es importante porque, como afirma McKinsey, los planes de infraestructuras sirven para “cumplir con las necesidades de los ciudadanos actuales y futuros, impulsar la mejora del crecimiento económico y reducir al mínimo las disparidades socioeconómicas. Pero para ello es necesario traducir las ideas de pequeños proyectos en mega proyectos viables, políticamente resistentes y adaptables en una dinámica cambiante. Para lograrlo, es fundamental: trabajar con los tomadores de decisiones a nivel local para llevar a cabo los proyectos; involucrar a todos los actores y socios potenciales desde el principio, una visión de futuro y de los potenciales beneficios; trabajar con los gobiernos para generar apoyo público y gestionar las expectativas de los mega proyectos; y el fomento de la experimentación y el procesamiento en paralelo del diseño, ingeniería, estudios ambientales y contratación para reducir el tiempo de planeamiento y ejecución para permitir la innovación que tanto se necesita.”

Para lograrlo, el IPE sugiere restructurar ProInversión, complementando sus funciones para diseñar, promover y ejecutar los proyectos de inversión. Deberá coordinar con las autoridades pertinentes para la pronta ejecución de los proyectos, eliminando posibles trabas, así como realizar evaluaciones expost de los proyectos.

Como se pude observar, entonces, resolver los déficits de infraestructuras es un asunto urgente y requerirá de grandes reformas. Ya hemos dicho que no hay desarrollo sin crecimiento económico. Ver en Lampadia: Infraestructuras: menos pobreza y más desarrollo

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Para ello es necesario diseñar un esquema de financiamiento de las contrapartes del Estado en los proyectos concesionados, no se puede estar buscando soluciones caso por caso. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Esperamos que este análisis y el esfuerzo del IPE, conlleven a un planteamiento efectivo y a ejecutar las reformas necesarias que faciliten el desarrollo de nuestras infraestructuras. Lampadia

Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras. Estas son de dos tipos: económicas y sociales. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado. Ver la posición relativa de las infraestructuras peruanas con respecto al resto del mundo, en los siguientes dos gráficos.

El gremio empresarial vinculado a las empresas privadas de servicios públicos (AFIN), donde se agrupan una buena parte de las operadores de las infraestructuras, acaba de recalcular la brecha de infraestructuras del país, presentada en un estudio de la Universidad del Pacífico. El nuevo cálculo, ha diferencia de los anteriores incluye las infraestructuras sociales en salud y educación. La nueva brecha se ha calculado en US$ 160,000 millones hasta el 2025, con US$ 69,000 millones al 2020. Ver sus componentes:

Además de la brecha de infraestructuras, tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión. Primero en cuanto a la demora entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs, como puede verse en el siguiente cuadro comparativo con otros países. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.  

En cuanto al impacto de las infraestructuras entre los más pobres, el siguiente gráfico, del libro de Richard Webb, ‘Conexión y Despegue Rural’, muestra como el aumento de la conectividad rural, incide en la mejora de los jornales. Ver gráfico:

En cuanto al financiamiento de las infraestructuras en el Perú, hay que plantear las relaciones entre necesidades (brechas), ahorro y deuda pública. El Perú tiene reservas fiscales del orden de 15% del PBI y un nivel de deuda pública casi inexistente, 3.6% de deuda neta. En verdad es absurdo demorar el desarrollo de las infraestructuras que tienen un impacto económico y social tan importante, contando con amplias capacidades de financiamiento. Esta situación es solo producto de la falta de visión, capacidad de gestión e imaginación de las autoridades económicas del país.

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras ha quedado en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas, lamentablemente más en la teoría que en la práctica. Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes, con lo cual queda asegurada la calidad de los servicios en el tiempo y evitándose los desastres históricos en los que se rehacía las mismas obras varias veces por el típico abandono en su mantenimiento.

En su reciente presentación en el Congreso de Infraestructuras, el ex Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, ha criticado que se haya cambiado la regla de déficit fiscal que limitaba el crecimiento del gasto corriente y dejaba espacio para la inversión en infraestructuras. Desde su cambio, por parte del actual gobierno, se ha disparado el gasto corriente y no se ha sabido promover la inversión pública. Ver el siguiente gráfico:  

Carranza planteó además, la posibilidad desarrollar estructuras financieras que permitan adelantar los futuros recursos del canon y regalías de determinados proyectos, lo que permitiría acelerar los beneficios de los proyectos fortaleciendo el apoyo social. Ver la presentación de Carranza en el siguiente enlace: Política de Financiamiento de Inversiones en Infraestructura de Uso Público.

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta de Lampadia pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Lamentablemente, el gobierno de la inclusión ha dificultado las inversiones en infraestructuras, a veces por desconfianza en el sector privado (al que algunos consideran una suerte de fuerza de invasión extranjera) y otras por los absurdos procesos burocráticos que han crecido como frondosas hiedras. Probablemente, solo queda esperar que el próximo gobierno tenga la responsabilidad necesaria para priorizar adecuadamente y sin complejos, mejores acciones de gobierno. Lampadia  

Ha pasado poco mas de un año desde que los dos primeros complejos hospitalarios de Latinoamérica gestionados bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP) (llamados el ‘Modelo Perú’) por ESSALUD fueran inaugurados y ya están generando muy buenos resultados en la prestación de salud en el Perú. Por lo pronto, los niveles de satisfacción que reconocen los pacientes que se atienden en estos centros sanitarios supera el 90%, algo difícil de imaginar en los hospitales nacionales y en muchas clínicas privadas.

Los complejos que se hallan funcionando desde el 30 de abril del 2014 son el hospital especializado Alberto Leopoldo Barton Thompson en el Callao y el hospital Guillermo Kaelin de la Fuente en Villa María del Triunfo, junto con sus respectivos Policlínicos. Cada uno tiene asignada una población nominativa de asegurados de 250,000 personas y son operados por la empresa española IBT Group bajo la modalidad de “bata blanca”, que incluye toda la operación, desde la logística a los servicios médicos.

El concepto bajo el cual se han desarrollado estas APP crea incentivos muy positivos que determinan un modelo “Ganar-Ganar”. El contrato establece una asignación o pago fijo al operador por cada asegurado sin importar el número o tipo de atenciones. De esta manera se crea la necesidad de que el operador promueva que su población (de clientes) sea lo más sana posible, pues a mejor salud de su población, habrán menos asistencias y por lo tanto mayores ingresos para el operador. Un esquema brillante: muy positivo para la población, pues recibirán atención de salud preventiva y de buena calidad; positiva para el operador, pues podrá generar mayores márgenes con una mejor salud y satisfacción de sus clientes; y muy positivo para ESSALUD (que se debate en una gravísima crisis de servicio), pues con un costo fijo puede generar una gran calidad de servicio sin correr el riesgo de los sobrecostos que generan la imprevisión, la ineficiencia y/o la corrupción.    

El proceso se inició el 2008, su desarrollo tomó 7 años. Ambos entraron en funcionamiento el 30 de abril de 2014. La inversión, hasta la puesta en marcha de los hospitales y policlínicos ha sido de US$ 29 millones por cada uno, íntegramente a cargo del concesionario.

Estos centros cuentan hoy día con más de 200 camas, 100 consultorios externos, 34 camas de observación en emergencia, tres salas de parto y siete salas de operaciones, todas ellas dotadas con equipamiento laparoscópico. El servicio de hemodiálisis de cada hospital tiene 17 puestos totalmente automatizados. Sus laboratorios para análisis de sangre son de los más modernos y rápidos del mundo y mantienen capacidades mayores a su demanda.

A pesar de las indudables ventajas del modelo, copiado por otros países, aún existen fuertes resistencias al uso de APPs para la atención de salud, al punto que en lugar de que se siga replicando el modelo, aún recibe críticas desde distintas instancias. Las APP, sin embargo, están demostrando que este es el camino a seguir en salud.

Esta colaboración entre el sector público y empresas privadas es sumamente beneficiosa, pues las privadas aportan experiencia, conocimientos, equipos y tecnología que permiten crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública y ofrecer servicios de salud de alta calidad. Los servicios siguen siendo públicos, pero la gestión corresponde a una empresa privada. De esta forma los usuarios obtienen los beneficios y ventajas de una atención privada de primer nivel.

Conocido como el “modelo peruano”, el Internacional Finance Corporation (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, ha reconocido esta experiencia como una de las diez mejores APPs en mercados emergentes de América Latina y entre las 40 más importantes del mundo.

El siguiente esquema muestra como se distribuyen las responsabilidades del modelo: 

Propiedad Pública: El objeto de la concesión es un hospital público, construido en suelo público y perteneciente a la Red de hospitales y centros públicos de ESSALUD.

Financiación Pública: ESSALUD paga a la  empresa concesionaria, en este caso a las Sociedades Callao Salud y Villa María del Triunfo Salud (formadas por el consorcio que lidera IBT Group de España), una cantidad anual fija y preestablecida. En este caso “el pago per cápita anual es de 297.92 dólares y cubre todas las atenciones a la población asignada, sin importar la frecuencia y duración de las mismas.

Control Público: La empresa concesionaria está sujeta al cumplimiento de estándares altos establecidos en el contrato y en el pliego de condiciones determinados por indicadores que miden la satisfacción de los asegurados, la calidad de los servicios y los resultados en salud. ESSALUD tiene total capacidad de control y de inspección, así como facultad sancionadora. Además, la Superintendencia Nacional de Salud, también verifica el cumplimiento de los estándares. Entre estos se incluyen por ejemplo, que solo pueden demorarse cinco días en dar la primera cita a un paciente, diez como máximo para la segunda cita y solo demorar 30 días en realizar una intervención quirúrgica en caso que esta sea necesaria. 

Prestación Privada: La prestación del servicio se adjudica durante un período de tiempo preestablecido (30 años), en el que el operador se compromete a la  buena  marcha y gestión del servicio público. Esto le permite a la empresa gestionar adecuadamente, contratar al personal médico más calificado, contar con los mejores equipos técnicos y la más alta tecnología.

Como vemos esta forma de operar permite que los intereses de la empresa se alineen con los de los usuarios. Pues dado que el monto por atención siempre es el mismo (US$ 297.92) , lo que perseguirá el gestor es tener una población cada día más sana y, por tanto, invertirá en prevención tal y como dicta la medicina moderna.

Otros evidentes beneficios son que el Estado no tiene que invertir en la construcción de hospitales, sino que paga por los servicios recién cuando estos empiezan a brindarse. Por otra parte traslada su gestión a la supervisión y no a la ejecución y administración de los centros de salud.

La experiencia dicta que rápidamente se mejora la eficiencia, calidad y acceso a servicios hospitalarios especializados, pues la tecnología que se emplea es mejor y porque los estándares establecidos son altos, mucho mejores que los que hoy logra ESSALUD que, por ejemplo, mantiene colas de espera para intervenciones quirúrgicas, que pueden superar un año.

Otro ventaja considerable es que se elimina la corrupción en la contratación y compra de medicinas y equipamiento. Además que estos se hacen más rápido debido a que no están sujetos al tortuoso procedimiento de contratación y compras públicas.

Al visitar estos hospitales se descubre lo bien edificados que están, que cuentan con la más alta tecnología médica y administrativa. Se ha implementado, por ejemplo, un sistema de Historias Clínicas Electrónicas que facilita la atención y registro de las enfermedades, con lo cual la calidad de atención mejora. Además, la transparencia esta asegurada, pues se puede acceder a ver como se vienen cumpliendo los estándares requeridos.

Finalmente, los usuarios y pacientes no se puede equivocar, por ello el índice de satisfacción, medido por agentes independientes, supera el 90%.

Como hemos explicado líneas arriba, la base del modelo es la asignación a cada hospital de una relación nominativa de asegurados, lo que permite una atención integral incluyendo un importante componente de prevención. Lamentablemente, ESSALUD, ‘sin querer queriendo’, ha empezado a cambiar la relación de las poblaciones asignadas a cada centro de salud y, por lo tanto, está debilitando el modelo, pues deteriora la capacidad de la labor de prevención. Algo que debiera ser corregido inmediatamente.

Este espectacular desarrollo no ha sido debidamente difundido por ESSALUD. Lo que es más, se debiera estar multiplicando el esquema. Ya es hora de que los peruanos apoyemos nuestros éxitos y que los multipliquemos. Lampadia

Compartimos comunicado de ex Presidentes de la Cámara de Comercio del Cusco que ante los acontecimientos sucedidos en Arequipa levantan la voz como un paso para romper con el silencio cómplice que puede destruir nuestro futuro.  

Ni la VIOLENCIA, ni la CORRUPCION cambian la HISTORIA.  LA DESTRUYEN.

Dos flagelos azotan nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra vida cotidiana: la violencia y la corrupción.

La violencia es para algunos un instrumento de acción política. Siguiendo la anacrónica consigna de que la “violencia es la partera de la historia” e impregnando en sus actos el odio de clases, destruyeron nuestro país en la década de los 80s en busca de una dictadura del proletariado que dejó más de setenta mil muertos  y una incipiente democracia debilitada e ineficiente. Hoy, los mismos de siempre, siguiendo los mismos manuales pero nuevas consignas internacionales, se camuflan aquí en el Perú en ropajes ambientalistas y atacan las actividades extractivas. Las legítimas preocupaciones de las poblaciones circundantes sirven de caldo de cultivo para la violencia, pero no son su verdadero propósito, sino los veríamos actuar frente a la depredación de la minería ilegal en la Selva Sur del Perú  o frente las indignantes formas de explotación laboral de las minas ilegales de la costa. De otro lado, las  debilidades de algunos proyectos de inversión privada o su falta de inteligencia social, sirven como excusa para “encender la pradera”,  siendo sin embargo esto último, el verdadero fin de la acción violentista que presenciamos.

En paralelo, nuestra sociedad se ve igualmente sacudida por la corrupción, que se ha convertido para muchos en un medio de acción. En lo político sirve para cooptar voluntades a favor de una opción partidaria, para pagar favores electorales y para lograr réditos que la acción política decente no otorga. En lo empresarial sirve para obtener acceso a concesiones, obras, licencias, monopolios o privilegios estatales o para lograr que la renuente y asfixiante institucionalidad pública avance. En general, sirve para torcer la voluntad de la ley, obtener réditos indebidos  y obtener ascenso social inmerecido.

Los acontecimientos recientes del Valle del Tambo en Arequipa, a raíz del proyecto Tía María, han servido para mostrar un hecho que era conocido y sonado pero no evidente ni probado:  la articulación entre estos flagelos. VIOLENCIA Y CORRUPCION se han unido para destruir el país, en el Valle del Tambo, en Andahuaylas, en Marcona o donde exista el caldo de cultivo necesario y la inversión privada o pública que sirva de excusa.

Quienes hemos estado en la vida pública del país a través de la defensa gremial empresarial en el Sur del País, siempre repudiamos a la violencia como instrumento de acción política y criticamos que las fuerzas políticas del país den cabida a quienes alientan  la agitación social. Siempre hemos creído que la protesta debía ser sustituida por la propuesta.  Creemos que la inversión genera la paz porque da empleo y genera desarrollo. Hemos advertido que el entusiasmo empresarial por el crecimiento económico de los últimos años no era suficiente sin institucionalidad e inteligencia social.

Por todo lo anterior, frente a esta grave conjunción de factores que destruirán la historia de nuestro país, expresamos nuestra voz.

CREEMOS que la historia no se construye con violencia, ni corrupción y debemos rechazar a las personas, organizaciones y partidos vinculados a estos flagelos.

CREEEMOS  que el trabajo, el esfuerzo, el emprendimiento y la inversión son los verdaderos instrumentos del cambio y progreso social.

CREEMOS que los peruanos de bien no tiran piedras, ni incendian  buses para expresarse. Quieren empleos, oportunidades para invertir, espacio para sus emprendimientos, mercados para sus productos y oportunidades para sus hijos

CREEMOS que algunas  personas, por intereses subalternos y consignas internacionales no tienen derecho de agitar las voluntades de nuestros conciudadanos para destruir el curso de la historia, menos si al hacerlo causan la muerte de policías o de ciudadanos inocentes.

ALZAMOS nuestra voz para reclamar, junto con muchos peruanos, alto a la VIOLENCIA y la CORRUPCION y, para que nuestra posición no sea un mero reclamo de moral pública:

EXIGIMOS a todas las fuerzas políticas del país que no recompensen en sus listas electorales a quienes estén vinculados de forma directa o indirecta en hechos de VIOLENCIA Y CORRUPCION, para contribuir de esta manera a que estos flagelos no tengan recompensa política en las elecciones próximas, como ha sucedido lamentablemente en la historia reciente del país.

Finalmente, EXIGIMOS a la autoridad pública nacional que actúe en el combate de estos flagelos de manera tangible:

Frente a la violencia y la infiltración de tintes subversivos, que cumpla su papel el Ministerio Publico y el Poder Judicial y que actúen las armas de inteligencia del Estado, las cuales deben dejar de perseguir empresarios, políticos y opositores del gobierno y buscar a los verdaderos enemigos del Perú.

Frente a corrupción, que otorgue todas las facilidades para la investigación del caso de corrupción más sonado del país (Belaunde Lossio), que involucra a la cúpula misma del gobierno y del partido de gobierno,  a fin de restaurar la institucionalidad y credibilidad en el país.

Los peruanos no podemos ver como se destruye nuestra historia. Debemos pasar a la acción y la primera medida es dejar el silencio, que en estas circunstancias resultaría cómplice u oportunista.

Cusco, 03 de junio de 2015

Fernando Ruiz Caro Villagarcía

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco y ex Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Sur del Perú

Carlos Milla Vidal

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco

Fausto Salinas Lovón

Ex – Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco

Luis Samanez Argumedo

Ex – Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco

Gustavo Barberis Romero

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco y Ex Presidente de APEMIPE

Oscar Vargas Pacheco

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco

Fernando Lasanta Vidal

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco 

Hace mucho tiempo que Enrique Ghersi plantea la necesidad de que los dueños del suelo sean también dueños del subsuelo, como sucede en muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos.

Enrique reitera estos conceptos en una reciente entrevista que le hizo Juan José Garrido para Perú21, el 10 de mayo 2015: “la derecha puede tener en la propiedad privada el gran motor para abandonar el espíritu elitista y convertirse en una derecha liberal moderna con un raigambre popular democrático que es la difusión universal de la propiedad. En el Perú, hay temas que no se le pueden dejar a la izquierda. La derecha tiene que levantar claramente la bandera de que la propiedad de los recursos naturales tiene que ser de los peruanos y que la propiedad del subsuelo debe corresponder a los propietarios del suelo. Si hay una comunidad indígena o una familia encima de la mina, ellos deben ser los dueños de esos recursos”.

Por su lado, Ian Vásquez, del Instituto Cato, recoge el planteamiento de Ghersi en su artículo: Propuesta a los mineros, publicado en El Comercio el pasado 25 de abril.

“No debemos esperar una mejora sustancial o sostenible de esta situación [los conflictos sociales]. A menos que, como propone el abogado y profesor de derecho Enrique Ghersi, se resuelva el problema de fondo: la definición deficiente del derecho de propiedad. Una pregunta que Ghersi hace en clase es: ‘¿Cuál es la diferencia entre encontrar petróleo en tu jardín, en Talara o en Houston? La respuesta es que si lo encuentras en Houston, eres rico, porque el petróleo es tuyo; mientras que si lo encuentras en Talara, eres pobre porque es del gobierno’”.

“En el Perú, el propietario del subsuelo es el Estado. Los campesinos, comunidades e individuos que viven y trabajan sobre los grandes recursos naturales que están debajo de la tierra no tienen derecho a los mismos, solo a la superficie. El Estado otorga concesiones a las empresas mineras. Lo que reciben los campesinos, que se consideran los verdaderos dueños de esta riqueza, es una parte inferior de las rentas que los burócratas y las empresas deciden gastar en ellos. Para Ghersi, esta asignación de derechos viene a ser una expropiación del subsuelo de los pobres y produce resentimiento y desconfianza”.

“Establecer derechos de propiedad privada al subsuelo sería una reforma social de largo alcance, beneficiaría directamente a los campesinos propietarios, los responsabilizaría por las decisiones sobre su propiedad, y reduciría la violencia social. (…) Con una mejor asignación de derechos, los lugareños propietarios de minerales tendrían un incentivo poderoso para desmentir acusaciones infundadas que suelen hacerse hoy con facilidad en contra de los proyectos mineros”.

Como este planteamiento requeriría un cambio constitucional, Vásquez propone que las empresas otorguen acciones a los ciudadanos y miembros de las comunidades. Otros hablan de compartir utilidades. Ambos esquemas ya se han aplicado en el Perú, en algunos pocos casos.

La base argumental del eventual derecho de propiedad del subsuelo es impecable, pero es muy importante contrastarla con la realidad de las estructuras de propiedad del país.

Número uno, los programas de titulación han quedado truncos, especialmente en las áreas rurales de la sierra y la selva.

En segundo lugar, en las comunidades de la sierra coexisten dos tipos de propiedad, pero ninguna está debidamente registrada. En las comunidades, se supone que la propiedad es de la comunidad, pero las familias individuales poseen una suerte de propiedad privada de las áreas que trabajan. Estas áreas individuales se heredan, informalmente, y pueden crecer si extienden sus áreas de labores, por ejemplo, en las laderas.

En tercer lugar, no hay un registro formal de la propiedad de cada comunidad y menos catastros que delimiten las tierras de cada una.

En cuarto lugar, las directivas de las comunidades no están inscritas en los Registros Públicos, como sucede con cualquier empresa e institución. Por lo tanto, sus actos sociales de venta, renta o cualquier otra transacción relacionada a sus derechos, tampoco son registrados. Por eso es que muchas veces las comunidades no respetan sus acuerdos societarios vinculados a la propiedad del suelo. Basta cambiar de directiva para desconocer los actos previos y llevar las cosas a base cero. Así es como algunas empresas mineras han tenido que comprar o alquilar varias veces las mismas tierras.

En consecuencia, antes de pensar en otorgar derechos sobre el subsuelo, es menester desarrollar una serie de procesos complejos que requieren plazos muy largos para culminarse, una vez que se tomen las eventuales decisiones políticas que permitan iniciarlos.

Mientras tanto, los peruanos debemos vivir y respetar nuestro ordenamiento legal, defender el Estado de Derecho y luchar contra la IMPUNIDAD cuando se cometan delitos como los acontecidos en Arequipa.

Para ello, debemos defender a la Policía Nacional y exigir al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan con sus funciones. Esto, por supuesto, no exime al Poder Ejecutivo de actuar en aplicación de la Ley, con sus capacidades ordinarias o de emergencia. Lampadia

La semana pasada fueron las “Spring Meetings” del FMI, en la que se tocaron diversos temas relacionados a la economía y política mundial.

Uno de los temas más importantes, y en el que participó nuestro ministro de Economía y Finanzas Alonso Segura, fue de la brecha de infraestructuras. En el panel participaron: Mitsuhiro Furusawa, Subdirector Gerente del FMI y ex asesor del ministro de Finanzas de Japón; Joaquim Levy, ministro de Finanzas de Brasil y ex presidente de Bradesco Asset Management; el Dr. Rajiv Lall, director general y vicepresidente del Infrastructure Development Finance Company (IDFC), India; Geoffrey Spence, el Director Ejecutivo de Infraestructura de Reino Unido y, por supuesto, Alonso Segura.

Reuniones de primavera en el FMI “El por qué, dónde y cómo de la inversión en infraestructuras”

La inversión en infraestructura es fundamental para el crecimiento económico y el bienestar. La existencia de grandes brechas de infraestructuras a lo largo del planeta refleja una combinación de limitaciones institucionales y financieras, así como la presión creciente de la  demanda. Esta inversión tiene el potencial de aumentar la eficiencia y la competitividad, y promover tanto la integración internacional como la nacional. Reduce los costos de transacción y democratiza el acceso al mundo moderno. Asegurar la financiación necesaria en condiciones adecuadas es un gran desafío, lo que refleja las limitaciones de las finanzas públicas, los riesgos regulatorios y los largos períodos de gestación. 

Una cuestión clave es la definición de las funciones de los sectores público y privado de tal manera que se garantice una buena prestación de servicios y la protección de los intereses de los inversores y contribuyentes. 

El panel discutió primero la importancia de la inversión en infraestructuras y sobre la elección de los proyectos adecuados en un contexto de objetivos contrapuestos y recursos limitados.

Furusawa describió dos beneficios claros de la inversión en infraestructuras. El primero es que aumenta el crecimiento de corto plazo, aumentando la demanda y creando empleos. Y segundo, aumenta el crecimiento de manera indirecta y a largo plazo, porque aumenta la capacidad productiva y el producto potencial. 

El Dr. Lall habló sobre la aguda escasez de infraestructuras en la India. A pesar de tener una alta tasa de ahorro el acceso a los recursos es un problema. Otra dificultad es la implementación de proyectos “financiables”. Comentó que su país había llevando al gobierno a buscar agresivamente la participación del sector privado. Afirmó que les ha ido muy bien, y en conjunto con el sistema bancario, no bancario y mercado de capitales han logrando financiar un total de US$ 400 a 500 mil millones en infraestructuras en los últimos 15 años. Casi todo operado por el sector privado, que también asume los riesgos de capital. Considera que es crucial que el gobierno supervise y regule las concesiones de manera meticulosa y contar con un Poder Judicial capaz de resolver los inevitables conflictos que se presentan en el camino.

Levy afirmó que a pesar de la desaceleración de Brasil, invertir en infraestructura es muy importante porque sus objetivos son para el mediano y largo plazo. Para él, es primordial involucrar al sector privado, algo que han estado haciendo por muchos años en distintos sectores como agua, electricidad y transporte con bastante éxito. La mayor parte es operada por el sector privado y en estos momentos busca incluso aumentar las concesiones y así involucrar aún más al sector privado en la inversión pública. De esta manera se pueden concentrar los recursos del estado en otros sectores públicos que no tienen retorno sobre la inversión pero que son importantes para el país.

Siguiendo la línea de los países latinoamericanos, Segura compartió su plan de inversión multisectorial. Lo describió en base a propuestas del sector privado, que son calificadas y priorizadas a mediano o largo plazo. No todos son hechos con dinero público, sino cofinanciados.

Sin embargo, siempre hay costos escondidos. Afirmó que en los últimos dos años se ha reformado el marco legal para poder minimizar riesgos y estandarizar los proyectos de APPs, y que las obras por impuestos (OxI) tienen mejores controles que los contratos tradicionales.

Según los cálculos, la brecha de infraestructuras del Perú representaría alrededor de 40% a 50% de PBI (que bordea los US$ 200,000 millones). Según Segura, el Gobierno ha duplicado su asignación para infraestructura en los últimos seis y siete años. Además, ha aprovechado el menor costo para financiar proyectos y no se prevé ninguna escasez de fondos. También comentó que el Gobierno está dando una mayor importancia a las APPs para infraestructuras, sin embargo, estas presentarían algunos riesgos y suponen un compromiso de fondos públicos.  

En verdad, el avance logrado en el Perú es mínimo. En Lampadia (abril 2014) propusimos una estrategia de financiamiento de infraestructuras (ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones):

Usar APPs con un cofinanciamiento promedio del Estado de 25% (hasta US$ 20,000 millones). Un equivalente del 10% del PBI. Para ellose emitirían “Bonos de Infraestructuras” a 30 años (llevando la deuda externa a un máximo de 20% del PBI). Deberíamos solicitar el apoyo del Banco Mundial (BM), BID, FMI, CAF y Naciones Unidas, para el diseño, monitoreo, promoción y financiamiento de un “Fondo de Inversión en Infraestructuras” que se depositaría en un fideicomiso en el BM. Este desembolsaría los fondos a las empresas que ganen los concursos, las cuales se comprometerían a repagarlos  directamente al fideicomiso. Un detalle importante sería que nos ayuden a rediseñar la contabilidad fiscal para evitar contabilizar déficits no representativos.

Para que el Perú salga pronto de sus brechas y atrasos, debemos ser creativos y audaces, aprovechando nuestro bien ganado prestigio, antes de que se siga licuando. Lampadia

El titular del MTC anuncia nuevas concesiones portuarias para este año y explica lo avanzado para viabilizar algunos de los proyectos viales más importantes del país.

Comentario de Lampadia

¿Es tan difícil aprender más rápido?

Por Silvia Mendoza Martínez

(El Comercio – Portafolio, 26 de Febrero de 2015)

El sector Transportes es el que concentra el grueso de la inversión pública y buena parte de la privada. Consciente de ello, el ministro Gallardo hace un balance de los avances logrados para destrabar grandes proyectos de infraestructura.

Hace unos meses anunció un grupo de adendas para destrabar proyectos importantes. ¿Cuánto se ha avanzado realmente?

Desde julio [pasado] estaban acumuladas 23 adendas. De este grupo ya hemos avanzado con las de los proyectos más grandes, que son la red dorsal, la línea 2 del metro de Lima, red vial 6, una de la IIRSA Norte, las dos de la Carretera Central, una de la IIRSA Sur para la doble calzada del tramo Puno-Juliaca. Además las adendas de las redes viales 4 y 5 y de la línea 1 del metro para traer más vagones están encaminadas.

¿Se puede decir que las demoras acumuladas se deben a errores cometidos durante el proceso de concesión?

Creo que sí, pero como Estado hemos ido aprendiendo y mejorando. Por ejemplo, Chinchero es el primer aeropuerto que se concesiona sin tener problemas con las expropiaciones. Sin embargo, tienes a los otros operadores, Aeropuertos del Perú y Aeropuertos Andinos, que aún tienen problemas. Con las concesiones viales pasa lo mismo, hay que tener en cuenta que este tipo de concesiones recién se comienzan a hacer desde la década del 2000, antes lo que se hizo fue recuperar la red vial destruida.

Hay varias propuestas para enfrentar las demoras por las expropiaciones. Desde crear una dirección de expropiaciones en Pro Inversión, no concesionar mientras no se tengan los terrenos o dejar en manos del privado esa labor. ¿Cuál es el mejor camino?

Creo que en algunos casos se debería concesionar solo cuando están disponibles todos los terrenos, por ejemplo en el caso de aeropuertos, puertos o colegios. Sin embargo, no puede ser el caso de las carreteras, porque hablamos de cientos de kilómetros y esperar a tener todos los terrenos retrasaría el proyecto muchos años. Sobre las capacidades de los privados, algunos definitivamente sí podrían asumir la tarea, pero no es el caso de todos.

La disputa contractual por la puesta a punto de las carreteras es otro de los problemas recurrentes en varias redes viales ¿Cómo evitar que pase lo mismo en las futuras concesiones?

La mayor lección de este tipo de problemas es que se tienen que tomar decisiones. Por ejemplo en el caso de la Carretera Central, el proyecto no se destrabó con algo muy complicado, sino que dijimos que si estábamos de acuerdo en el 95% de la discusión, entonces que la primera adenda sea separar el otro 5% para ir avanzando.

Mencionó el metro de Lima. ¿Qué pasó con la IPC para ampliar la línea 1 que fue rechazada por Pro Inversión?

Sí, la propuesta fue rechazada como iniciativa privada porque implicaba solo la construcción y no la operación. Entonces si la aceptábamos, hubiese sido raro tener un ramal de 4 km con un operador y lo demás con otro. Ahora los técnicos están evaluando cómo hacer porque el proyecto tiene sentido, pues vamos a tener en Pachacámac el Museo Nacional. Además, hay un proyecto para construir un tren de cercanías que iría desde Chincha a Lurín.

¿Bajó qué modalidad entonces se haría?

Ahora estamos analizando como una extensión y operación, pero vía una adenda con el actual operador porque aparentemente es lo más viable. Lo mismo va a pasar con la línea 2 y el ramal de la línea 4.

¿Por qué?

Es que todo el mundo piensa cómo se va a terminar la línea 4, pero también hay que pensar en cómo ampliar ese ramal para que los pobladores de Ventanilla tengan salida.

En ese caso también vas a tener el problema de cómo manejan dos operadores una misma línea cuando licites la construcción del resto de la línea 4…

Por eso te decía que hay que ver las adendas, porque es probable que en un futuro para el resto de la línea 4 se presente el actual operador.

¿Cómo se pueden acelerar las decisiones para evitar nuevas demoras?

Creo que a veces se generan discusiones cuando hay premisas que nos deben guiar. Por ejemplo, como parte de la diversificación productiva este año debemos pasar de tener 3 puertos [concesionados] en la costa [Paita, Callao y Matarani] a ocho para que cada zona exportadora tenga su puerto de salida. Ya tenemos las iniciativas privadas para Salaverry, Chimbote, Ilo, hay un puerto privado en Chancay, otro potencial puerto de Lomas y Corío.

También tenemos puertos fluviales, como el caso de Yurimaguas, que está complicado por la demora en la hidrovía…

Lo que ha pasado es que en octubre del 2014 presentaron una acción de amparo y me informaron que se podía seguir con el concurso e concesión mientras el juez no se pronuncie. Pero en enero la situación era distinta y la organización que impulsó la acción no se presentó al diálogo. Ahí se toma la decisión [de parar el concurso]. Creo que la comunicación del proyecto no ha sido la mejor porque si no cómo se entiende que la población no vea que la hidrovía les va a cambiar la vida. Ahora tienen un transporte muy caro y que se realiza en horas y otro barato pero que hace la ruta en días. Con la hidrovía vas a tener la posibilidad de desarrollar el servicio de ferris para dar el servicio rápido a precios accesibles.

¿Y el puerto?

La hidrovía es un proyecto muy grande que no solo está pensada para el puerto. Pero tenemos claro que es un proyecto que tiene que salir, ya hemos avanzado un par de conversaciones y tenemos previstas otras para los próximos dos meses.

El Muelle Sur: desde enero se sabe que ya hay un acuerdo con el concesionario DP World, ¿qué falta para firmar la adenda?

Las adendas tienen un recorrido que deben hacer y ahora están en eso. Entidades como el MEF y Ositrán tienen que opinar. Tenemos que hacer las cosas bien para que las adendas salgan blindadas. Nosotros estamos en proceso de aprendizaje y aún falta agarrar rapidez.

Por José Carlos Reyes

(Gestión, 18 de Febrero de 2015)

Economista estima que la economía crecería entre 3% y 3.5%. Advierte que aún no se recupera, pues el PBI desestacionalizado cayó tanto en noviembre como en diciembre del 2014.

El Gobierno podría volver a fallar en cumplir la meta de crecimiento trazada para este año, e incluso también será difícil que se supere la tasa de expansión de 2.3% registrada en el 2014.

Para el economista Pablo Secada, este 2015 el PBI crecería solo “un cachito más” que el año pasado: “entre 3% y 3.5%”. Ello debido a que los últimos datos del INEI no muestran una recuperación y tampoco repunta la confianza empresarial.

Refirió que si se observa el PBI desestacionalizado -que compara el PBI de un mes con el anterior- en diciembre y noviembre pasados la economía retrocedió, a diferencia de lo ocurrido en meses previos (ver cuadro).

“En noviembre y diciembre la actividad económica retrocedió. Entonces, hemos terminado el año no recuperándonos, sino retrocediendo”, indicó a Radio Exitosa.

Incertidumbre

Asimismo, Secada subrayó que actualmente la confianza empresarial está “estancada”, y si en algún momento se recupera, sus efectos en la economía se sentirían recién luego de dos trimestres.

“No es que mañana mismo se gira el cheque. El dinero entra en dos trimestres. Por ejemplo, mientras pides la maquinaria y llega, luego recién la pagas”, anotó.

Cabe recordar que tanto el Ministerio de Economía (MEF) como el Banco Central de Reserva estiman que este año el PBI crecería alrededor de 4.8%, impulsado por la recuperación de la minería y pesca, la baja del precio del petróleo, el avance de las obras de infraestructura y los efectos del paquete fiscal lanzado a fines del 2014.

Sector externo “no ayuda”

No obstante, Secada remarcó que este año el “sector externo no ayudará”, pues se prevé una baja en la demanda, incluida la de los minerales, del mercado chino y europeo. “Si bien no es un panorama de crisis, como en algún momento lo dijo el presidente, la economía mundial no te va a ayudar. Básicamente, lo que te queda es el consumo privado y el gasto público”, sostuvo.

Pero advirtió que en el primer caso el consumo privado ha venido desacelerándose, al crecer antes a 6% anual y ahora a solo 4%. Mientras que el gasto público viene avanzando muy lento, no solo a nivel de las regiones y municipios, sino también de parte del gobierno central (Gestión 12.02.2015). “Entonces, no sabemos de dónde va a salir el crecimiento (adicional para este año)”, anotó.

“Fallas” en concesiones

Secada, analista del Instituto Peruano de Economía (IPE), también advirtió sobre fallas en los contratos de concesión de los proyectos de infraestructura elaborados a nivel del MEF y el Ministerio de Transportes para luego ser promovidos en ProInversión. “El diseño es pobre, los contratos están mal hechos, pues no se define bien de quién es el riesgo. Por ello, al final, se presentan pocas empresas postoras”, anotó el analista.

El Perú ha desaprovechado la riqueza potencial de sus bosques. Basta ver el mapa del Perú con cierto detenimiento para descubrir que el 50% de nuestro territorio está cubierto de bosques naturales (68 millones de hectáreas). Somos el segundo país Latinoamericano con esta riqueza y décimo primero a nivel mundial. A pesar de ello, hemos despreciado este inmenso potencial como se ve expresado en que nuestras exportaciones no llegan ni al uno por ciento de la demanda global por recursos forestales. Como hemos señalado en Lampadia, este es un desperdicio sin nombre que las regulaciones actuales no llegan a corregir y se ve agravado por la tala ilegal que sufre la selva amazónica al punto de poner en riesgo de extinción especies como la caoba.

Sin una clara visión que promueva una política adecuada para el desarrollo forestal, nuestros bosques vienen siendo desbrozados por mafias de taladores ilegales que incluso han llegado al asesinato de dirigentes nativos con el fin de perpetuar su comportamiento delictivo. Aunque no existen cifras precisas, se cree que por lo menos el 50% de la madera que se extrae en el país es de dudosa procedencia.

Mientras los taladores ilegales operan literalmente amparados en la Ley de la Selva, el Estado poco o nada hace para detener este tráfico y mucho menos para que se efectúe una explotación racional, técnica, eficiente y legal, que ponga en valor este magnífico recurso, hoy desperdiciado y saqueado. Desde el 2004, en que se dieron las últimas concesiones madereras  ya se mostraba la falta de efectividad de esta política, el sector ha estado en el abandono. Como recuerda el Comité de Madera e Industria de la Madera de Adex, “de los 17 millones de hectáreas con aptitud forestal que existen en el Perú, menos de 2 millones se encuentran en producción real”. De las 613 concesiones forestales que se otorgaron hasta el 2004, las cuales cuentan con 7’622,244 hectáreas, solo el 35% se halla en actividad, según Serfor. Las exportaciones peruanas de madera solo ascienden a 150 millones de dólares anuales.

¿La razón? El sistema de concesiones no crea las condiciones e incentivos suficientes. Un estudio de la Universidad del Pacífico concluyó que el periodo de concesión es muy breve, por lo que no creaba los alicientes necesarios para que el bosque se explote adecuadamente y al largo plazo, como exige la naturaleza del recurso.

Como señaló en Lampadia, antes de su sensible fallecimiento, Antonio Brack Egg, uno de los mayores problemas que impiden el desarrollo de la industria forestal es que “el estado no garantiza los derechos de los inversionistas y eso empezó antes del 2006, cuando un grupo de personas, cerca de Atalaya, invadió un campamento forestal con una inversión española calculada en 36 millones de dólares, quemó el campamento, se robó todo lo que podía llevarse, y gente política del gobierno de aquel entonces los apoyó. Eso paralizó enormemente. Tenemos que ser conscientes: El sector forestal en el Perú puede ser un sector económicamente poderoso, fuerte, pujante, pero tenemos que dar el marco y el control para que eso se verifique, y dar confianza al inversionista”.

Otra debilidad importante ha sido la limitación impuesta por la definición de los bosques como propiedad del Estado, así sean plantaciones industriales y de reforestación. Estas últimas debieran tener la “condición de cultivos forestales”, y por ende, el mismo tratamiento que los cultivos agrícolas. Mientras esta condición no se establezca con claridad, el manejo de las plantaciones estaría sujeto a regulaciones engorrosas y disuasivas de su desarrollo.  

Recientemente entró en funcionamiento el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Este organismo está diseñado para incentivar la actividad forestal del país. Como señala su directora Fabiola Muñoz, la idea es “crear una industria forestal fuerte y competitiva, por ello el Serfor antes que una institución controlista busca ser un ente promotor. Vamos a modernizarnos para desaparecer la lista interminable de trámites”. Espera en breve contar con una plataforma para trámites en línea y, especialmente de vigilancia satelital para un mayor control de los bosques. Un avance considerable.

Según Muñoz, el potencial es inmenso. Solo para el mercado interno peruano se importa anualmente 1,000 millones de dólares en productos maderables y sus derivados. En los últimos diez años las importaciones de estos productos han crecido 281%, mientras que nuestras exportaciones solo se incrementaron en un 115%. (Ver cuadro)

Como se ha hecho en Chile y otros países que han sabido manejar este recurso, se debe desarrollar una industria poniendo en valor los recursos forestales. Chile cuenta con dos millones de hectáreas de bosques para explotación comercial lo que le permite exportar más de 6,000 millones de dólares anuales y emplear a 250 mil personas. Como hemos señalado en Lampadia, “el potencial de desarrollo del sector forestal en el Perú debería ser del orden de cinco veces el de Chile, y constituye un buen ejemplo de una magnífica oportunidad que se está desperdiciando para generar una producción forestal de más de US$ 25,000 millones anuales, dando empleo de calidad a toda la población de la selva y a buena parte de la de la sierra”.

Ese es el reto. “El Perú se ha trazado la meta de tener dos millones de hectáreas reforestadas y cero de deforestación al año 2030”, ha señalado Muñoz. Para ello Serfor “está trabajando en tres líneas: la primera es sobre el patrimonio forestal que ya tenemos para promover un manejo forestal sostenible. Sobre las áreas degradadas tenemos que plantar bosques que pueden ser con fines comerciales (…). Otro elemento fundamental es la lucha contra la deforestación, no perder más bosques naturales”, detalló la directora de Serfor.

Actualmente existen al menos 10 millones de hectáreas aptas para la reforestación. De ellas, 7 millones están en la sierra, 2.5 millones en la selva y 0.5 millones en la costa. La reciente promulgación del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales en tierras de propiedad privada permitirá que unas cuatro millones de hectáreas se siembren con recursos maderables de fines comerciales, lo que generaría que el Perú exporte unos 1,000 millones de dólares en el corto plazo. Hay que recordar que la madera es uno de los pocos commodities que incrementa su demanda anualmente. Para el 2050 se espera que esta llegue a los 4,500 millones de metros cúbicos de madera rolliza. El Perú no puede desaprovechar sus favorables condiciones naturales para crear una gran industria forestal.

Actualmente el sector forestal representa un irrisorio 0.1% del PBI, nuestras exportaciones son 40 veces menores que las de Chile, teniendo el potencial de ser cinco veces mayores. Es hora  que empecemos a desarrollar esta industria y que apuntemos a ser una potencia maderera. Como es el caso de la explotación de otros recursos naturales, este desarrollo permitiría múltiples encadenamientos con otros sectores, una gran demanda de empleo de calidad,  mayores exportaciones y recursos fiscales. Además, con buenas concesiones, se formalizaría todo el sector y se tendría una actividad legal que si podría competir con éxito con la tala ilegal y los sembríos de coca.

El desarrollo del sector forestal es clave para la generación del empleo a vistas de la tercera revolución industrial, ver en (L): Apuntes para la creación de empleo al 2034 (II). Lampadia

Una buena noticia por dónde se la vea: El viernes 12, Perupetro anunció que Graña y Montero Petrolera (GMP) se encargará de las operaciones de los lotes III y IV de Talara por los  próximos 30 años tras adjudicarse la buena pro en el proceso de concesión que se llevó a cabo.

El Gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado y el presidente ejecutivo de GMP, Francisco Dulanto, señalaron que invertirán unos US$ 600 millones para desarrollar estos lotes. Las operaciones comenzaran en abril del 2015, cuando venza la cuestionada ampliación del contrato que Perupetro suscribió con la empresa de capitales noruegos, Interoil.

Esta es una excelente noticia. Primero, porque se empiezan a realizar concesiones en un sector que es vital para el desarrollo del país, a pesar de que los precios del petróleo vienen descendiendo dramáticamente (menos de sesenta dólares el barril). Segundo, porque una empresa peruana (GMP) empieza a destacar en este rubro. Tercero, porque los compromisos asumidos permitirían duplicar la producción de estos lotes. GMP desarrollará 23 pozos anuales a lo largo de 10 años en el lote III  y 33 en el lote IV. Es decir, 560 nuevos pozos en total.

En los próximos días Perupetro anunciará un nuevo proceso para concesionar otros 7 lotes petroleros en la selva. Lampadia

La presidenta Michelle Bachelet está enfrentando una fuerte caída de popularidad y el enfriamiento de la economía chilena.  La confianza en su capacidad se ha deteriorado rápidamente y, según la encuestadora Plaza Pública Cadem, el aumento en los niveles de desaprobación de la Presidenta a fines de setiembre llegaron al 43% (la aprobación está en 45). (Ver en Lampadia (L): Chile por el mal camino).

La economía chilena, además, estaría desacelerándose más de lo esperado en la actividad y la demanda. Esto ha llevado a que el Banco Central de Chile redujera su pronóstico de crecimiento para este año nuevamente, al igual que el FMI, recortando a 2% su proyección, a pesar de su anterior pronóstico de expansión de 3.2%. (Ver en L: El modelo chileno pierde cintura)

Tras haber establecido una reforma tributaria,para recaudad 8,200 millones de dólares (que le representan al país 3 puntos del PBI), “para mejorar la educación y reducir la desigualdad”, estableció una inversión de riesgo en CODELCO, hasta por 23,000 millones de dólares para recuperar viejas minas. Ya aportó 4,000 millones de dólares al capital de la empresa.

Ahora, según El Mercurio del 5 de noviembre 2014, la presidenta Bachelet, reaccionando a las duras pruebas de la realidad, estaría lanzando un nuevo plan de medidas para destrabar las inversiones privadas.

Estas medidas tendrían como objetivo reducir la burocracia y agilizar proyectos de inversión privada por 6,000 millones de dólares, inyectando dinamismo a una economía contraída. De este paquete, más del 80% estarían dirigidos a proyectos en los sectores de minería y energía.

Por otro lado, como puede verse en la foto de la Tercera del mismo día, la presidenta Michelle Bacheletestá culpando a sus ministros por pérdida de popularidad y les “está pidiendo que trabajen más”. Ver líneas abajo la reproducción del artículo de El Mercurio. Lampadia

Inversiones en minería y energía suman más del 80% del plan agilizador del Gobierno

Por Mariana Penaforte

(El Mercurio – Chile, 05 de Noviembre del 2014)

La Presidenta Michelle Bachelet llamó ayer a sus ministros a trabajar con más ahínco ante el escenario de desaceleración por el que atraviesa la economía.

“La desaceleración económica ha hecho aún más exigente la tarea que tenemos por delante”, afirmó la Mandataria, tras un consejo de gabinete con sus ministros en el que analizaron la situación que enfrenta el país.

Acompañada de sus ministros políticos, pidió al equipo económico que se enfocara en sacar adelante una cartera de iniciativas de concesiones en materia de transporte público, carreteras urbanas e interurbanas y puertos, cuyo monto asciende a entre US$ 6 mil millones y US$ 8 mil millones.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, se trata de nuevas iniciativas que se darán a conocer en los próximos días.

Respecto del plan que anunció la Presidenta el lunes para destrabar unos 10 proyectos de inversión privada por US$ 6 mil millones, en donde los sectores de minería y energía concentran más del 80% de los montos, la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que cerca de US$ 2 mil millones corresponden a iniciativas de su sector. Sostuvo que particularmente en minería identificaron cuatro proyectos que se desarrollarán el próximo año. Williams también afirmó que una de las tareas que encargó la Mandataria es la ejecución de todas las partidas presupuestarias en un l00%.

En tanto, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que los proyectos del ámbito energético suman unos US$ 3 mil millones, y que también se iniciarían en 2015.

Agregó que una de las propuestas que evalúan es aumentar el límite que tienen las centrales denominadas “minihidro”, que actualmente tienen un techo de 20 MW de capacidad para entrar en esa categoría. “La idea es (…) construir más centrales que generen energía eléctrica con agua”, manifestó.

Por Jorge Marshall. Economista y Ph.D. Harvard

(El Mercurio, 28 de Octubre del 2014)

Para avanzar hacia el desarrollo necesitamos una infraestructura de un nivel muy superior a la que tenemos, que satisfaga las necesidades de la población y de las actividades productivas. En la actualidad no estamos cerrando esta brecha porque la inversión está por debajo de lo que se requiere. La desaceleración de la economía, contrario a lo que podría pensarse, abre una oportunidad para corregir este déficit, lo que debe hacerse a través de un Fondo Nacional de Infraestructura que sea significativo en su monto; que promueva la colaboración público-privada; que asegure la selección de proyectos de alto impacto, y que tenga una institucionalidad que dé confianza a todos los sectores.

De acuerdo a un estudio reciente de la Cepal, desde mediados de la década pasada Chile está invirtiendo anualmente menos de un 3% del PIB en infraestructura. Considerablemente menor al promedio anual de un 4,5% del PIB invertido entre 1990 y 2005. El resultado de este hecho es que la calidad de la infraestructura en el país lleva varios años estancada, mientras perdemos posiciones relativas entre los países de ingreso medio (WEF).

Ahora es el momento para incrementar significativamente la inversión en infraestructura. Desde el año pasado el panorama externo relevante para Chile se viene empeorando y el Banco Central está advirtiendo que el crecimiento mundial para el próximo año será menor que lo esperado. Es decir, enfrentamos el riesgo real de que se prolongue la desaceleración.

En este contexto, hay que reemplazar el impulso que los términos de intercambio le dieron a la inversión privada entre 2004 y 2013, cercano a un 3% anual del PIB, por proyectos de inversión significativos, que le devuelvan la vitalidad a la economía, evitando un deterioro mayor en la ocupación.

Esta propuesta tiene todas las condiciones que el Fondo Monetario Internacional considera necesarias para que la inversión pública en infraestructura tenga un efecto particularmente fuerte sobre el producto: se viene un período de capacidad ociosa; la política monetaria ya ha bajado las tasas de interés; el sector público tiene una situación económica sólida, por lo que es posible un endeudamiento sano, y hay proyectos de infraestructura de alto impacto.

Para que esta estrategia tenga el resultado deseado es necesario que considere varias condiciones. Primero, asegurar la rentabilidad de la inversión. La experiencia internacional muestra que el efecto de la inversión en infraestructura es muy sensible a la calidad de los proyectos que se seleccionan.

Son numerosos los ejemplos de obras que luego de realizadas son subutilizadas. Por esta razón el fondo debe tener criterios rigurosos para priorizar y seleccionar los proyectos que le propone al Gobierno, lo cual requiere conocer las evaluaciones y definir criterios para establecer prioridades.

Para este efecto conviene nominar un Consejo de alto nivel que proponga los proyectos que se financiarán con cargo al fondo y facilite la decisión final que corresponde al Gobierno. La nominación de este Consejo (de unos cinco miembros) la debe hacer la Presidenta con la aprobación del Senado. Además, utilizar el esquema de concesiones cada vez que sea posible ayuda a asegurar la rentabilidad de los proyectos.

Segundo, el monto del fondo debe ser del orden de un 1% del PIB anual, por al menos cinco años, y su contabilidad debe estar fuera de los compromisos de la regla fiscal, porque las finanzas públicas están sanas y no se deterioran si la inversión se realiza en proyectos rentables.

Además, si se considera que las actuales concesiones están cerca de cumplir el período de los contratos, los ingresos esperados por el Estado permiten estructurar un endeudamiento de largo plazo que se puede financiar sin comprometer el resto de los ingresos estructurales del Gobierno general.

Tercero, el financiamiento del fondo se debe realizar con instrumentos financieros, colocados prioritariamente en el país, lo cual permitiría dar profundidad a un mercado que demanda instrumentos libres de riesgo para financiar pensiones y seguros de vida, lo que tiene el efecto adicional de reducir el riesgo de estas actividades.

En síntesis, para muchos economistas conservadores el panorama actual se ha convertido en una fuente de lamentos, con pocas propuestas realistas.

Lo que corresponde, en cambio, es asumir desafíos más ambiciosos y convocar a todos los sectores para que pongan todo su esfuerzo en favor del progreso y las transformaciones del país. Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir U$S 80,000 millones.