El prestigioso profesor de la Universidad de Harvard y ex economista jefe del FMI, Kenneth Rogoff, advirtió recientemente sobre los riesgos económicos a largo plazo de nuestra región, a propósito de los avances de las izquierdas en Colombia, con las persistentes marchas en contra de la reforma tributaria, Chile, con la ya convocada Asamblea Constituyente y más recientemente nuestro país, con la inminente proclamación del candidato de izquierda radical, Pedro Castillo.

Y es que dar por sentada una recuperación económica de América Latina y el Caribe en los próximos años, a pesar de la relativa estabilidad de los mercados de deuda y el súper boom de commodities, no tiene asidero con el peligro que supone retornar a las trasnochadas políticas que han sumido a la pobreza a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En todo caso y como hemos mencionado anteriormente, la clase política en nuestro país debe procurar no torcer su senda de crecimiento protegiendo el capítulo económico de la Constitución de 1993, que otorga límites al acrecentamiento del Estado y permite al sector privado, a través de la inversión en sectores estratégicos como la minería y la agro exportación, seguir reduciendo sostenidamente la pobreza desde un 60 al 20% en el tiempo en el que ha tenido vigencia dicha Carta Magna.

Como menciona Rogoff, sostener un crecimiento basado en ciclos alcistas de la economía mundial y no en la productividad tiene sus límites, lo cual debe volcarnos a retomar la atracción e impulso de la inversión privada, de manera que podamos propender mayor desarrollo real a nuestros pobres a través del empleo de calidad como ya lo hicimos en la década pasada del 2000.

Veamos el análisis de Rogoff. Lampadia

Bajo el Volcán Latinoamericano

Project Syndicate
Kenneth Rogoff
1 de julio, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

La mayor parte de América Latina todavía está lejos de las horribles condiciones que prevalecen en Venezuela, donde la producción ha caído en un asombroso 75% desde 2013. Pero, dada la catástrofe humanitaria en curso allí y el espectro de inestabilidad política en otros lugares, los inversores no deberían tomar una recuperación económica sostenida por sentada.

La desconexión actual entre la calma del mercado y las tensiones sociales subyacentes es quizás en ningún lugar más aguda que en América Latina. La pregunta es cuánto tiempo más puede continuar esta flagrante disonancia.

Por ahora, los datos económicos de la región siguen mejorando y los mercados de deuda permanecen inquietantemente imperturbables. Pero una furia hirviente se está derramando en las calles, particularmente (pero no solo) en Colombia. Y con la tasa de nuevos casos diarios de COVID-19 en América Latina ya cuatro veces más alta que la mediana de los mercados emergentes, incluso cuando se inicia una tercera ola de la pandemia, los 650 millones de personas de la región enfrentan un desastre humanitario en desarrollo.

A medida que aumenta la incertidumbre política, la inversión de capital se ha estancado en una región ya acosada por un bajo crecimiento de la productividad. Peor aún, una generación de niños de América Latina ha perdido casi un año y medio de escolaridad, lo que socava aún más las esperanzas de alcanzar el nivel educativo de Asia, y mucho menos de EEUU.

Para Cuba, Rusia y China, que ya tienen una cabeza de playa en Venezuela, la pandemia presenta una oportunidad para avanzar más. Los mercados parecen aliviados de que el aparente ganador de las elecciones presidenciales de Perú, Pedro Castillo, un marxista, parece tener al menos un par de asesores económicos del mainstream, pero queda por ver qué influencia real tendrán.

Además, los datos económicos de América Latina en lo que va de año son buenos solo en el sentido de que no son tan horribles como en 2020, cuando la producción cayó un 7%. En abril, el FMI pronosticó que el PBI de la región crecería un 4.6% en 2021; estimaciones más recientes se acercan al 6%. Pero en términos per cápita, ahora entendido como una mejor manera de medir la recuperación de crisis económicas profundas, la mayoría de las economías latinoamericanas no volverán a los niveles prepandémicos hasta bien entrado el 2022 o más allá.

Es preocupante que gran parte del crecimiento real de la región este año se deba al aumento de los precios de los commodities impulsado por la recuperación en otros lugares, no a mejoras genuinas de la productividad que sostendrán los ingresos a lo largo del ciclo de los productos básicos. Para empeorar las cosas, los hogares de bajos ingresos se han visto especialmente afectados por la pandemia y la recesión económica asociada.

Para comprender los desafíos de las políticas de América Latina, solo necesitamos mirar a sus dos economías más grandes, Brasil y México, que juntas representan más de la mitad de la producción de la región. Superficialmente, están gobernados por polos opuestos: Brasil por el presidente de derecha Jair Bolsonaro y México por el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador (ampliamente conocido como AMLO). Pero los dos hombres son similares en aspectos importantes.

Si bien los instintos políticos de AMLO están arraigados en la cosmovisión radical de la década de 1970, y Bolsonaro parece nostálgico por la era de gobierno militar de Brasil, ambos son autócratas erráticos. Además, ambos siguen siendo razonablemente populares a pesar de su catastrófico mal manejo de la pandemia y una serie de otras decisiones económicas desacertadas. AMLO canceló el nuevo y necesario proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México poco después de asumir el cargo a fines de 2018, a pesar de que estaba en marcha. Y aunque hizo campaña con la promesa de un rápido crecimiento económico, el PBI de México se estaba reduciendo incluso antes de la pandemia, en un 0.1% en 2019.

Bolsonaro, cuando no amenaza con arrasar el Amazonas, ha seguido teniendo éxito en culpar de los problemas de Brasil al opositor Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó el país hasta 2016. Varios de los líderes del PT, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fueron encarcelados por corrupción.

Sin embargo, es muy posible que, dentro de unos años, Brasil vuelva a tener un presidente de izquierda -quizá Lula, cuyas convicciones fueron revocadas en marzo- mientras que México vuelva a estar en manos de un centrista. Por tanto, es difícil predecir el rumbo futuro de las políticas de los dos países.

¿Por qué los mercados de deuda no están asustados por toda esta incertidumbre? En parte, se debe a que ambos países se han mantenido bastante conservadores en la gestión de su deuda. Es cierto que se prevé que la deuda del gobierno de Brasil alcance casi el 100% del PBI este año. Pero en su mayoría está denominado en moneda local, y los residentes nacionales poseen hasta el 90% del total, frente al 80% hace cinco años. Incluso se ha contenido el endeudamiento externo de las empresas, con la deuda externa del país todavía alrededor del 40% del PBI.

La deuda pública de México es más baja que la de Brasil, al 60% del PBI. A pesar de todo su radicalismo, AMLO ha sido hasta ahora un conservador fiscal, al igual que Lula en Brasil. La lección de que las crisis de la deuda pueden descarrilar una revolución populista ha sido bien aprendida.

Es cierto que los gobiernos de la región han montado una respuesta macroeconómica sorprendentemente sólida a la pandemia. Pero tienen mucho menos margen que EEUU para seguir utilizando financiación deficitaria. Para aumentar el gasto y abordar la desigualdad de manera sostenible, los países latinoamericanos también deben encontrar una forma de aumentar los ingresos presupuestarios. Irónicamente, las protestas en Colombia no comenzaron como respuesta a recortes de beneficios, sino porque el gobierno trató de aumentar los impuestos a la clase media para brindar más y mejor alivio por la pandemia a los ciudadanos más pobres del país. Los gobiernos que buscan redistribuir los ingresos deben aumentar los impuestos a los ciudadanos más acomodados en lugar de ocultar temporalmente los problemas con la deuda adicional.

En las últimas décadas, EEUU se ha mostrado reacio a comprometerse profundamente en la resolución de los problemas de América Latina, pero tal vez esto cambie. Para empezar, la región necesita una asistencia masiva de vacunas para poder recuperarse. EEUU también puede ayudar fortaleciendo el comercio, especialmente abordando los cuellos de botella inducidos por la pandemia y eliminando las medidas proteccionistas persistentes de la era Trump.

La mayor parte de América Latina todavía está lejos de las horribles condiciones que prevalecen en Venezuela, donde la producción ha caído en un asombroso 75% desde 2013. Pero, dada la catástrofe humanitaria en curso allí y el espectro de inestabilidad política en otros lugares, los inversores no deberían tomar una recuperación económica sostenida por sentada. Lampadia

Kenneth Rogoff, profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard y ganador del Premio Deutsche Bank en Economía Financiera 2011, fue el economista jefe del Fondo Monetario Internacional de 2001 a 2003.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Los mismos argumentos, las mismas mentiras se repiten en Colombia, Chile y Perú.

Asumiendo buena voluntad por parte de los activistas anti mercado, habría que decirles que sus ideas ya no son parte de una utopía esperanzadora, son solo un remedo de todas las ‘ideas muertas’ trajeron fracasos políticos y sociales en TODOS los países que las adoptaron.

El comunismo nunca generó bienestar. Solo generó pobreza generalizada, abuso de los derechos humanos y enriquecimiento de las satrapías que se hicieron del poder.

Mientras tanto, las ideas de las economías sociales de mercado (ESM), están coronadas por múltiples éxitos económicos, sociales, institucionales y políticos.

Para probarlo, solo basta recordar los casos de:

• Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, optó por la ESM y fue espectacularmente exitoso.
• Singapur, que convirtió un territorio sin esperanza en un modelo de desarrollo.
• Nueva Zelanda, donde una izquierda moderna guardó las ideologías en cajones, y le dio un gran bienestar a su población.
• China, que después de Mao alejó la ideología comunista de su economía, afirmando que no importa de que color sea el gato, siempre que cace ratones, sacando de la pobreza a 800 millones de chinos.
• Igual hicieron los países nórdicos sus ESM adaptadas a sus realidades.

Pero igual podemos ver de las experiencias de Chile y Perú.

• Chile, después del fallido experimento comunista de Allende, tanto las izquierdas como las derechas, generaron un desarrollo social revolucionario con una ESM que prácticamente eliminó la pobreza extrema y mejoró sustancialmente los ingresos de todos sus habitantes.
• Perú, le dio vuelta al fracaso de 30 años de un izquierdismo torpe que nos llevó a la condición de ‘Estado Fallido’ en 1990. Con nuestra incipiente ESM, bajamos la pobreza de 60% a 20%, disminuimos la desigualdad, mejoramos los ingresos, en mayor proporción, de los pobres y de la población rural, creamos una nueva clase media emprendedora, y generamos confianza en el futuro. Ver en Lampadia: Prosperidad sin precedentes en el Perú.

Desgraciadamente, desde el 2011 se produce una creciente ocupación del Estado por personajes de las izquierdas retrógradas, que no aprendieron nada de las experiencias propias y ajenas. Llegando el año 2020, amparados en la pandemia y ad-portas de las elecciones generales, a prácticamente sabotear nuestra ESM, para llevarnos de rodillas a recibir los peores sermones.

Así de desubicados en términos históricos y desconociendo los hechos duros, las izquierdas decimonónicas ganan terreno por ‘walk over’. Sin competencia en la batalla cultural, por la defección de las clases ilustradas y empresariales en el debate nacional, siembran confusión y hasta odios, que malogran el tejido social de países que están en la mitad del camino a la prosperidad. Momento en el que se requiere mucha claridad de ideas, para no flaquear en los avatares de la gesta del desarrollo.

Veamos la entrevista de La Tercera a Sebastián Claro, ex vicepresidente del Banco Central chileno, sobre el ataque al modelo económico y la sincronía del verbo político:

“Dicen que Chile tiene un modelo de desarrollo agotado, pero lo que proponen a cambio es un modelo que fracasó en el mundo”

La Tercera – Chile
Olga Bustamante
10, de julio, 2021
Glosado por Lampadia

Sebastian Claro, economista y ex vicepresidente del Banco Central. Foto: Andrés Pérez

El ex vicepresidente del Banco Central se pronuncia contra el juicio de que la economía chilena está asentada sobre un grupo que vive de las rentas y que requiere de un Estado que la dinamice. “Es una caricatura”, afirma y advierte que “el Estado, cuando domina la economía, también es un gran extractivista”. Agrega que pensar que éste va a ser el gran promotor de la innovación es totalmente errado y pregunta: ¿alguien cree que Cornershop hubiese salido de una oficina pública?

El ex vicepresidente del Banco Central analiza la actual discusión económica en el país, en el contexto de las propuestas presidenciales y de las definiciones de los constituyentes de la convención. Y su juicio al respecto es enfático: ”Los datos y las experiencias local e internacional no apoyan la idea de que la economía chilena se ha desacelerado porque acá hay un modelo agotado, en el sentido de un grupo empresarial cómodo, sentado sobre ciertas rentas, y que por lo tanto lo que tiene que pasar es que debe venir el Estado a reemplazarlo”.

Desde el estallido social y tras el resultado de la elección de constituyentes y las propuestas presidenciales, el eje de la discusión económica se ha corrido hacia un ideario más de izquierda. ¿Es así y cómo lo evalúa?

-Hay que distinguir entre problemas y soluciones. Visualizo dos temas que subyacen a la discusión económica en el país. Uno es de oportunidades, crecimiento y empleo. La economía chilena ha venido perdiendo dinamismo, con fuerza, a partir de mediados de la década pasada. Eso es una música de fondo respecto de lo que ha pasado.

Lo otro, es una demanda de mayor protección social, en el sentido de que para mucha gente la salida de la pobreza es un estado frágil y así lo mostró la Casen 2020. Eso se podría asociar también a una demanda de mayor participación, en el sentido de que la participación en la vida social y económica, para que sea efectiva y de verdad libre, requiere de ciertas seguridades.

Yo no pienso que ninguna de esas dos cosas sea una agenda de izquierda, en absoluto, por lo tanto, la discusión está más bien en la solución de esto.

¿En las soluciones a esas demandas están predominando las ideas de izquierda?

-En efecto, en ese ámbito es donde se ha instalado un mensaje erróneo. Ese mensaje dice que Chile tiene un modelo de desarrollo agotado, pero lo que nos proponen a cambio es un modelo que fracasó en el mundo. Esa es la tensión que subyace a la discusión económica hoy. Se hace el juicio de que nuestra economía es poco diversificada, poco dinámica, y que el Estado va a ser capaz de innovar, de revitalizarla. Los datos y las experiencias chilena e internacional sugieren que eso no es así. El juicio de que la economía chilena no tiene dinamismo, de que está asentada sobre un grupo de personas que viven de las rentas, y que requiere de un Estado que la dinamice, no habla con la evidencia. En el pasado, cuando el Estado tuvo un rol muy significativo en la economía chilena, era una economía mucho menos diversificada, innovadora y dinámica. Ese es el eje del debate y la solución de pensar en un Estado empresario, promotor de la innovación, como la mejora a nuestros problemas, es completamente errada.

Usted es economista de centroderecha, ¿no hay un fracaso del ideario de su sector?

-No hablo como representante de ningún ideario político, sino simplemente como economista. Los datos dan cuenta de una economía más dinámica de lo que se cree. Si bien el cobre representa un porcentaje muy grande de las exportaciones, parte importante de eso es un efecto precio en la actualidad y en la última década. Tanto así, que la actividad minera creció cerca de cero en los últimos 15 años y la economía es más diversificada de lo que se dice.

Segundo: las exportaciones como porcentaje del PIB en Chile, de cerca de un tercio, no son muy diferentes de países como Nueva Zelanda, 27%; Israel, 28%; y Finlandia, 36%. [En el Perú son de aproximadamente 20%] Por tanto, el estancamiento de las exportaciones en el último tiempo da cuenta de un fenómeno global. Tercero, se pierde de vista que la inversión extranjera es un sustituto de las exportaciones y la inversión extranjera de empresas chilenas es muy sustantiva. Como porcentaje del PIB, Chile está dentro de los 10 primeros países de la OCDE, superando a Alemania, Israel y Finlandia. Eso también da cuenta de sectores ligados a los servicios que han logrado innovar.

Por último, hay una ola de emprendimiento que se ve no solo en los datos, sino que también en los estudiantes, que más que emplearse quieren ser emprendedores. Por lo tanto, hay una cierta caricatura de una economía chilena poco dinámica.

Sin embargo, la expansión del PIB se trancó hace ya un buen rato.

-Podemos discutir por qué Chile ha crecido poco en los últimos años, pero la caricatura de que esta es una economía sentada, pasmada y que el Estado será el que impulsará la innovación, no tiene evidencia.

Si es una caricatura, como dice, ¿por qué el crecimiento ha sido tan bajo y por qué la desigualdad sigue tan alta?

-Ha habido un estancamiento de la productividad y una caída muy fuerte de la inversión. Esta llegó a representar cerca del 27% del PIB y hoy está en el 20%, lo que es muy bajo. Obedece a múltiples factores, pero uno de ellos es que a la preocupación medioambiental y de las comunidades, que es muy legítima, no se le ha logrado dar una institucionalidad adecuada. En Canadá, Australia, etc., también existe esa preocupación, pero han construido una institucionalidad más robusta y predecible para efectos de los proyectos de inversión. En Chile el Estado no ha sido capaz de construir esa institucionalidad. No es un problema de estándar, es cómo, dado un estándar, aseguramos que las grandes inversiones puedan hacerse en un tiempo y con costos predecibles. Hoy hacer inversiones grandes en Chile es muy incierto y caro por los plazos y permisos involucrados. Esto también afecta la productividad, porque es justo en aquellos sectores en que el país tiene ventajas donde es difícil invertir. ¿Hace cuántos años no se amplían autopistas interurbanas o se construyen grandes obras de riego?

Pero un sector no menor de la Convención Constituyente y los precandidatos presidenciales del bloque PC-FA consideran que el actual modelo se basa en una economía extractivista y de poco valor agregado, y que por eso ya se agotó y debe cambiarse.

-Eso no es cierto. Hay un sector minero que representa cerca del 10% del PIB, no el 50%. [En el Perú la minería representa también el 10% del PBI] Hace varias décadas la minería representaba el 90% de las exportaciones. Por eso hago el punto sobre la inversión extranjera chilena afuera, ya que da cuenta de un sector servicios más dinámico y desafiado por nuevas tecnologías. Entonces, acá se construye esta frase de una economía extractivista, cuyo concepto fundamental apunta a un modelo basado en la captura de rentas.

¿Y eso tampoco es así?

-No hay evidencia de eso, pero incluso, si así fuera, metámosle más competencia y no un Estado que va a bloquear la competencia. El Estado, cuando domina la economía, también es un gran extractivista. Así como el control de la política por parte de los negocios es muy negativa para el desarrollo y la innovación, porque propicia que las leyes se hagan en favor de los incumbentes, también es muy negativo que el Estado se haga cargo de los negocios, porque también es extractivista y quienes viven del Estado tienen incentivos a hacerse de las rentas y a reelegirse. Por lo tanto, si hay un juicio respecto de rentas excesivas que no se compiten, lo que falta es más competencia y más apertura, y no un Estado que tome un rol que finalmente también va a ser capturado.

Los promotores de este otro modelo de desarrollo hablan de una política industrial moderna y no del tipo de la CEPAL en los 60.

-Lo que plantean no es muy distinto a las ideas de la Cepal de esa época. Hablan de guiar la innovación, de una política industrial donde el sector público define, a través de una agencia, los sectores a privilegiar. ¿Alguien cree que Cornershop hubiese salido de una oficina pública? Es un rol que ha fracasado mayoritariamente en el mundo.

El otro gran tema que se ha instalado es la necesidad de elevar la carga tributaria para allegar los recursos que el Estado requiere y como política redistributiva.

-Efectivamente hay una necesidad de allegar recursos, pero el gran problema de querer redistribuir en exceso a partir de los impuestos, es que eso genere una distorsión que termine afectando el crecimiento y el empleo. Redistribuir a partir de gastos y transferencias es más eficaz.

Pero buena parte de los precandidatos presidenciales lo ha planteado, y Jadue propone subir hasta 10 puntos del PIB en el próximo gobierno. ¿Es factible?

-Lo que conocemos de los programas de los candidatos en la materia es mucho titular y poco contenido. Además, percibo cierto voluntarismo en el sentido de que se manifiesta como algo fácil recaudar en poco tiempo y con poco efecto. Y la experiencia es que es difícil, por varias razones. Por ejemplo, en las exenciones, cuando se discuten en detalle, los candidatos empiezan a decir ‘mira esta no, porque es muy complicada políticamente’. Entonces, no es algo fácil y así con varios otros de los cambios que se plantean, como royalty, impuesto a los super ricos y la disminución de la evasión. Y si estos esfuerzos de mayor recaudación tienen como consecuencia que la economía seguirá creciendo muchos años bajo el 2%, las demandas sociales no se van a solucionar.

Ramón López, de la candidatura de Jadue, puso de ejemplo a Dinamarca que subió cerca de 12 puntos del PIB su carga tributaria en pocos años. ¿Es suficiente referencia?

-Ese es un argumento muy frágil, por dos razones. No se pueden sacar grandes conclusiones de un caso en particular sin controlar todas sus particularidades. En la mayoría de los países los aumentos tributarios son mucho más suaves, porque son difíciles de hacer y no son inocuos. Dos, la gran diferencia entre la recaudación tributaria chilena y la de países OCDE está en un menor impuesto a las personas. Sobre todo las personas de ingresos medianos en Chile, pagan pocos impuestos versus Europa, y esa discusión hoy no existe, porque nadie encontraría viable políticamente decir que habrá un aumento de impuestos a la clase media. Así, veo candidaturas promoviendo con mucho voluntarismo soluciones fáciles para los problemas, y eso me preocupa por la frustración que se puede generar.

“La autonomía del Banco Central también se juega en la responsabilidad fiscal”

Los objetivos y autonomía del Banco Central (BC) serán parte de la discusión constitucional y presidencial. ¿Se requieren cambios importantes al respecto?

-No. Lo que la Constitución dice del BC, más lo que establece su Ley Orgánica, han permitido tener una institución que ha hecho bien su trabajo en base a sus objetivos, y que ha contribuido a la estabilidad macroeconómica de Chile. Nadie podría cuestionar eso. Y hay dos dimensiones de la autonomía. Una es la legal o constitucional, donde lo fundamental es que la autonomía descanse en objetivos acotados y observables, en una rendición de cuentas de esos objetivos y en la independencia de sus autoridades para cumplirlos. Si se pretende ampliar los objetivos del BC a cuestiones que van más allá de lo que puede cumplir dados sus instrumentos, y se abre la posibilidad de un juicio político a los consejeros, esa es una combinación que pone en riesgo, abiertamente, la autonomía del BC.

Lo segundo es que la autonomía del BC, no en términos legales, sino que, en términos prácticos, también se juega en la responsabilidad fiscal. El rol del BC no puede entenderse sino fruto de la autonomía legal, pero además de la responsabilidad fiscal con que ha actuado la política en Chile por varias décadas. Si la Constitución o el quehacer de la política pública terminan minando esa solvencia fiscal, lo que vemos en muchos países es que, de facto, el quehacer de la política monetaria se modifica. Una situación fiscal frágil genera más volatilidad en las tasas de largo plazo, más temor a dejar flotar el tipo de cambio y, por tanto, más dificultad para el BC de manejar su política de corto plazo. Por eso la discusión constitucional debe promover la estabilidad macroeconómica y ello exige sustentabilidad de las cuentas fiscales.

¿Por qué el BC no puede sumar otros objetivos explícitos como el crecimiento o el empleo, como lo hace, por ejemplo, la Reserva Federal de EE.UU.?

-El BC de Chile tiene una política monetaria orientada a la estabilidad de precios en el mediano plazo y eso le permite compatibilizar los objetivos de empleo y de actividad, con el objetivo de inflación. Pero son objetivos de empleo y de actividad en el ciclo económico. Ningún BC tiene herramientas para afectar el crecimiento de largo plazo.

¿Eso significa que aunque no sea explícito, el BC de Chile vela por el crecimiento económico y por el empleo?

-El BC ha aceptado en varias ocasiones desviaciones, en algunos casos importantes, de la inflación, para suavizar el ciclo económico. Y compatibilizar esas dos cosas es, precisamente, el arte de la política monetaria. Así está manifestado por el BC en una serie de documentos y es lo que hacen también los principales bancos centrales del mundo.

El economista Nicolás Grau, del FA, señaló que “al BC se le ha pasado un poco la mano en la independencia que tiene respecto a los intereses del país en general”, cuestionando su política cambiaria, ya que tiene impacto en la estrategia de desarrollo de Chile…

-Esa lógica da cuenta de poca confianza en lo que significan los contrapesos institucionales o la independencia del BC. Por eso digo que es importante que al BC se le pongan objetivos claros. La discusión de hoy de los bancos centrales en el mundo no dice relación con la diversificación de las exportaciones. Además, la política cambiaria, como en la mayoría de los bancos centrales del mundo, es un instrumento que el BC debe tener para efectos de cumplir con sus objetivos.

¿Al ser parte del instrumental para cumplir con su mandato, la debe definir él?

-Así es, al igual que el manejo de la tasa de interés y de las operaciones de crédito. La mirada alternativa, donde se declara autonomía, pero se le exigen determinadas decisiones de política, no respeta esa autonomía. Lampadia

La arremetida de la izquierda socialista que amenaza con cernirse sobre el Perú con una eventual victoria del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, sobre Keiko Fujimori en las elecciones del 6 de junio, no es exclusivo en nuestro país sino que se extiende en el resto de la región, salvo raras excepciones como Ecuador.

Chile fue abatido recientemente con la elección de una convención constituyente de dos tercios de sus miembros de tendencia de izquierda que reescribirá una carta magna que claramente favorecía las libertades económicas y civiles. Colombia sigue siendo víctima de terribles turbas que, a pesar de ceder a la derogación de una propuesta de reforma tributaria por parte del presidente Duque, han terminado condenando la represión de las fuerzas policiales y, en ciertos casos, hasta reclaman la salida del presidente. Argentina sigue desangrándose con las destructivas políticas kirchneristas de antaño, y que no pudieron ser reversadas con Macri. Bolivia, cuyas cuentas fiscales se han tornado deficitarias tras el boom del gas y cuyo crecimiento apenas y supera el 2% hasta el 2019, prevalece en las políticas estatistas heredadas por Evo Morales. Venezuela, Cuba y Nicaragua es una historia de crisis humanitaria, económica y social que ya todos conocemos.

Y por su parte, el gigante de la región, Brasil, tampoco se queda atrás. Un reciente artículo escrito por The Economist vislumbra que, ante la falta de reformas políticas y el mal manejo del presidente Bolsonaro de la crisis sanitaria, el otrora candidato de izquierda Lula tendría buenas posibilidades de ganar la elección el próximo año frente a su contendor.

Las experiencias de los países en la región en el plano económico y social pues deberían hacernos reflexionar sobre las políticas públicas conducentes al bienestar general. No son las propuestas intervencionistas de las izquierdas, las cuales han arrasado con las clases medias, las que han logrado el bienestar; sino aquellas donde se ha dado más libertad económica para prosperar y así mejorar las oportunidades en el grueso de sus poblaciones. Las propuestas del candidato Castillo, muchas de ellas importadas, de los modelos económicos implantados en Venezuela y Bolivia como la estatización/nacionalización de los recursos naturales, el proteccionismo y restricción a las importaciones y la imposición de tasas de impuestos a la renta irrisorias como el 70% a la minería, son más de lo mismo de estas izquierdas retrógradas que solo quieren hacernos retroceder a un modelo fallido de hace 40 años.

Esperemos pues que los peruanos tomen en cuenta esta advertencia en estas elecciones. Tenemos la oportunidad de avanzar y no de retroceder. Lampadia

Se necesita una reforma política

Brasilia está lleno de nuevos políticas y viejas ideas

The Economist
3 de junio, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

Tabata Amaral quería ser astrofísico, no político. Se crio en las afueras de São Paulo y se graduó de Harvard en 2016. A su regreso, vio el lamentable estado de la educación en Brasil y decidió que solo un cambio de política lo mejoraría. Entonces lanzó una candidatura para el Congreso y se convirtió en diputada federal a los 24 años. En su primer día en Brasilia en 2019, aprendió por qué el cambio es tan difícil. El hijo de otro congresista estaba en cuclillas en su departamento estatal y se negó a irse. Los políticos obtienen muchas ventajas: un salario de 405,000 reales, 25 asesores de su elección, vivienda gratuita y foro privilegiado, lo que los hace difíciles de castigar. Los partidos reciben 2,000 millones de reales entre ellos para realizar campañas. Los distritos de tamaño estatal requieren grandes gastos, por lo que los clanes políticos ricos suelen ganar. A cambio de su apoyo, el presidente reparte puestos de trabajo y privilegios.

Algunos políticos jóvenes quieren un cambio. Después de Lava Jato, Amaral fundó Acredito (Yo creo), un movimiento que predica la “renovación de personas, prácticas y principios”. También se unió a Renova BR, un bootcamp de políticas públicas fundado por Eduardo Mufarej, un empresario, que capacitó a 117 candidatos antes de las elecciones de 2018, de los cuales 17 resultaron electos. Los miembros de Renova BR representan partidos de todo el espectro ideológico y no siempre obedecen las instrucciones del partido. Amaral estuvo a punto de ser expulsada del Partido Laborista Democrático de centro izquierda por votar a favor de la reforma de las pensiones.

“Cada político tiene que elegir si trabaja para adentro o para afuera”, dice. Amaral y otros dos congresistas redujeron costos compartiendo personal. Su “gabinete compartido” fue el primero en proponer un ingreso básico para los pobres durante la pandemia. Los políticos veteranos ahora usan las redes sociales. “Era como si el público no existiera y ahora existe”, dice Fernando Henrique Cardoso, ex presidente. Internet puede impulsar más cambios que las modestas reformas acordadas hasta ahora, como una ley de “expediente limpio” que prohíbe a los candidatos con condenas por corrupción durante ocho años y una “cláusula de cumplimiento” que niega fondos a los partidos con menos del 3% de los votos.

Las reformas más profundas podrían incluir distritos más pequeños, reglas de financiamiento de campañas más estrictas y la admisión de candidatos independientes. Pero ninguna parece probable. Aunque los votantes en 2018 eligieron un número récord de novatos, la mayoría eran “nuevos políticos con viejas ideas”, dice Joênia Wapixana, la primera congresista indígena. Los políticos respaldan el sistema que los puso en el poder. Eso quedó claro cuando se negaron a ceder privilegios en el presupuesto a pesar de que significaba recortes en la salud y la educación. Los diputados pueden incluso apoyar un proyecto de ley para aumentar sus mandatos de cuatro a cinco años y recuperar las donaciones de campañas corporativas.

Los votos de renovación de Bolsonaro también han resultado falsos. “En 2018 fue una decisión entre algo que sabíamos que había puesto al país de rodillas y algo que no sabíamos”, dice Mufarej. Eso fue un “error colectivo”. La desilusión aumentó cuando el presidente desperdició oportunidades de comprar vacunas. Un ejecutivo de Pfizer le dijo a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que Bolsonaro ignoró seis ofertas de la compañía. [Igual que Vizcarra en el Perú]. Su índice de aprobación cayó de más del 40% en agosto a menos del 30%. Pero el Congreso ha ignorado 111 peticiones de juicio político contra Bolsonaro. Antes de que Rousseff fuera acusada, enfrentó meses de protestas y su apoyo cayó al 9%.

CPI dará munición a los oponentes de Bolsonaro para las elecciones del próximo año. La batalla la librarán los políticos tradicionales. Su principal rival es Lula, que quiere recordar a los brasileños lo bien que estaban las cosas cuando él era presidente. “La gente pobre viajaba en aviones y se enorgullecía de comer carne los domingos”, le dice a The Economist. “Ahora están pasando hambre”. Sin embargo, las calificaciones negativas de Lula son casi tan altas como las de Bolsonaro. Muchos brasileños no lo han perdonado por el papel del PT en la corrupción. Sugiere que los fiscales de EEUU colaboraron con Lava Jato por “un interés en nuestra Petrobras”. Admite que el PT perdió en 2018 por “errores que cometimos”, pero dice que fueron económicos, no éticos. Con el crecimiento estancado del desempleo en aumento, “el papel del gobierno es poner dinero sobre la mesa”, dice.

Si las elecciones se celebraran hoy, el resultado más probable sería una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro. Algunos de los críticos de Lula se taponarían y votarían por él. “Al menos el PT está en el espectro democrático”, dice Cardoso, cuyo Partido de la Socialdemocracia brasileña fue durante mucho tiempo su mayor rival. Los partidos centristas luchan por encontrar una alternativa. “Lula y Bolsonaro ven el país por el espejo retrovisor”, dice Luciano Huck, un presentador de televisión que puede correr. Otras opciones incluyen a João Doria, gobernador de São Paulo, y Ciro Gomes, un exgobernador que quedó tercero en 2018. Pero si se postula más de uno, podrían dividir el voto centrista.

¿Problemas en el futuro?

Si Bolsonaro pierde, puede haber protestas. El exministro de Relaciones Exteriores llamó a quienes disputaron la pérdida de Trump “buenos ciudadanos”. En cualquier levantamiento bolsonarista, algunos policías brasileños podrían unirse. En cuanto al ejército, podría dividir las filas, dice un ex oficial. Eso es lo que sucedió en 1964. El golpe de estado contra João Goulart, un presidente populista, fue ampliamente apoyado por los brasileños que esperaban que la democracia regresara pronto. Los generales gobernaron durante 21 años.

Carlos Alberto Santos Cruz, exjefe de gabinete de Bolsonaro, insiste en que los generales de hoy están comprometidos con la democracia. Los que estaban en el gabinete se unieron como ciudadanos, no como soldados, dice. Aun así, admite que los más de 6,000 soldados en puestos gubernamentales dejan la impresión de “que los militares están participando”. Es posible que muchos quieran que Bolsonaro se quede, incluido Eduardo Pazuello, un exministro de salud bajo escrutinio del CPI por ignorar las súplicas de Manaos antes de que los hospitales se quedaran sin oxígeno en enero. El ejército desprecia al PT por su papel en la corrupción y por crear una comisión de la verdad para investigar los abusos a los derechos humanos durante la dictadura. En 2018, antes de que la Corte Suprema rechazara un recurso para salvar a Lula de la cárcel, el comandante del ejército tuiteó que su institución estaba “en alerta” y “comparte el deseo de todos los buenos ciudadanos de repudiar la impunidad”. Muchos lo percibieron como una advertencia.

Bolsonaro llama a las fuerzas armadas “mi ejército”. Dice que podría ordenarles que abran negocios que los gobernadores han cerrado debido a la pandemia. La reciente renuncia de altos mandos sugiere que podrían rechazar tales órdenes, pero Bolsonaro está tratando de hacerlos más leales, dice Antonio Ramalho, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Brasilia. Los soldados han tenido aumentos salariales y se han librado de los recortes de pensiones más profundos. En febrero, el presidente intentó sin éxito otorgarle a Pazuello una cuarta estrella. Cambiar las reglas de ascenso para que los oficiales más jóvenes puedan avanzar rápidamente es una táctica que funcionó bien para Hugo Chávez en Venezuela. “La gente subestimó a Bolsonaro”, dice Ramalho. “Está pensando en el futuro”. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Finalmente, y “a la hora nona”, se publicó el tan esperado Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2021-2024. Al margen de que, una caída de 12% en el PBI para el 2020 resulta algo optimista y el rebote estadístico de 10% para el 2021(año electoral), resulta más optimista aún, es comprensible que así lo sea, pues si el ejecutivo no muestra una dosis de optimismo, nadie lo hará.

Dicho esto, lo que sí resulta absolutamente incomprensible, son las proyecciones de crecimiento de; 4.8% para el 2022, 4.7% para 2023 y 4.2% para 2024, cuando no se plantea una estrategia de recuperación económica clara y el crecimiento del Perú, entre los años 2014 y 2019, fluctuó entre 2.2% y máximo 4.0%,  a pesar de la conclusión de la construcción del proyecto Las Bambas y su entrada en producción, lo que dio un gran impulso a los años 2015 y 2016, pero aún así.

Ciertamente, la economía no crece porque un gobernante lo sueña, sino porque este lo planea y genera las condiciones para que tal cosa suceda, trabajando con todos los agentes económicos y sociales del país para lograrlo. Ya desde el mes de abril, hemos compartido que los programas financieros; “Reactiva Perú”, fondos diversos para MYPES, actividades agrícolas y bonos de subsistencia por la pandemia, son muy loables, pero estos sólo sirven para que aquellos negocios que se quedaron sorpresivamente sin ingresos por la cuarentena, no se vean obligados a romper la cadena de pagos, afectando con ello a sus trabajadores y proveedores. En realidad, el “Reactiva” es un término demasiado pretencioso, que realmente pudiera ser reemplazado por “Aguanta Perú”.

De abril en adelante, insistimos con varios artículos, dando ideas para que el ejecutivo diseñe prontamente un Plan Económico y proponiendo que analice los sectores de la economía que debieran reactivarse más rápidamente. Los criterios sugeridos fueron; que dependan poco del mercado interno, dado que esa demanda está deprimida. Que tengan potencial de exportación de productos con alta demanda internacional y que puedan ser financiados vía mercados de capitales internacionales, con apetito por esos sectores (así no presionamos los escasos recursos públicos). Que generen efecto de arrastre vía demanda a otros sectores, entre ellos infraestructura y sectores tan golpeados como hoteles, restaurantes y transporte, entre otros criterios, que no los haga dependientes de un esfuerzo fiscal.

Ya en la primera quincena de julio sugerimos ser muy activos en el proyecto de “near-shoring”, promovido y financiado por el gobierno USA, para traer al Perú industria de transformación de alta tecnología, que aproveche nuestros recursos naturales y nos permita desde el Perú, atender a los grandes mercados de productos finales. Para estos fines, sugerimos organizar de inmediato un “Task force” público-privado, diplomático y empresarial, pero liderado por el Estado, para contactar a ese 76% de empresas norteamericanas instaladas en China y que ya han decidido reubicarse geográficamente.

Iluso yo, consideré que el poder ejecutivo tomaría la idea y actuaría con rapidez, pero veo que, recién ahora, en setiembre, en Promperú, impulsado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), “están desarrollando una estrategia para identificar las necesidades de las empresas norteamericanas basadas en China, que quieran trasladarse a Latinoamérica” y esperan lograr declaraciones de interés en las próximas semanas. “Proinversión hará eventos virtuales para presentar el portafolio de optimización de proyectos y se están preparando para un encuentro a fines de setiembre con la Embajada Norteamericana, el Servicio Comercial y la Corporación Financiera Internacional”. Pero la SNI espera mayor respaldo del gobierno y de la cancillería.

El gobierno de Colombia, en cambio, viene actuando muy proactivamente. Ha tomado la iniciativa y ofrece incentivos fiscales y facilidades para la inversión referida al traslado de fábricas americanas establecidas en China y que han decidido trasladarse. Esperan atraer US$11.5 mil millones de inversión no relacionada a hidrocarburos para el año 2022 y, desde luego, Colombia cuenta con que estas nuevas inversiones, impulsen la creación de empleo formal y calificado e incremente las exportaciones de productos terminados.

Ya el gobierno Colombiano hizo su trabajo, pues, de un grupo de 250 empresas, posibles candidatas, ha hecho una depuración y tiene una lista corta de 20 empresas americanas, interesadas en trasladarse a Colombia, tarea liderada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien está absolutamente involucrado.

Como se puede ver, el gobierno colombiano con su equipo diplomático, ha estado muy atento a posibles decisiones políticas internacionales y, como consecuencia, tenían un plan para generar el “near-shoring” desde Colombia, para el momento de las decisiones del gobierno USA, mientras que el gobierno peruano no se ocupó de estar debidamente informado, no ha pensado en esa oportunidad, ni ha diseñado una estrategia temprana para estar en la primera línea.

En el Perú, es el sector privado y sus gremios quienes tienen que plantear las ideas que al gobierno no se le ocurren, mientras en Colombia, es el gobierno quien asume sus responsabilidades y lidera las iniciativas para su recuperación económica ante esta crisis mundial. ¡Qué diferencia! Lampadia

Canadá, Francia, Australia y Colombia han dirigido una carta de preocupación al Congreso. No hay injerencia, afirma abogado.

Entrevista a Fausto Salinas Lovón
Diario Expreso
Domingo, 07 de junio de 2020

¿Cuáles cree son las implicancias de la carta remitida por los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia al presidente del Congreso a raíz de la Ley que suspende el cobro de peajes?

Que tendremos un escenario de responsabilización internacional contra el Perú por la afectación a la propiedad y a la contratación de empresas de capital extranjero, a quienes el populismo y el interés específico de algunos congresistas las ha afectado dejándolas sin ingresos. Una especie de confiscación sin compensación.

¿Que implica esta responsabilidad internacional?

Demandas en tribunales en el extranjero o en centros de arbitraje de inversiones, indemnizaciones cuantiosas que tendremos que pagar todos los peruanos y, por supuesto, lo más grave, el retorno a las épocas oscuras donde el Perú era un paria en la comunidad financiera, inelegible para créditos, con alto riesgo país y vetados para la inversión privada.

¿Pero no es que las embajadas debieron ir por la vía de la Cancillería para no dar la impresión de que hay una injerencia con poco cuidado de formas?

Hay que tener en cuenta que el documento enviado al Legislativo no tiene la condición de una nota diplomática, lo cual sí sería más grave para el país, sino que es una carta de preocupación al cual sí pueden acceder. No veo entonces que haya injerencia. De otra parte, si hubo corrupción en algunos de los peajes, eso es un tema de los tribunales.

¿Y la acción de inconstitucionalidad promovida ante el Tribunal Constitucional no debiera remediar este problema?

Sin duda que ese es el mecanismo interno disponible, ya que los jueces se hallan guardados en casa, en cuarentena, sin atender los abusos del poder. Queda el TC para corregir este problema. Ya existen pronunciamientos notables que vienen desde la STC 008-2003-AI, por ejemplo, sobre esta materia, donde se delimitaron los contornos del régimen económico garantizando la propiedad, las libertades de contratación, empresa e industria. Bastaría que el TC mantenga la línea jurisprudencial y expulse la Ley 31018 o por lo menos module sus alcances confiscatorios.

Usted ha afirmado en una columna en Lampadia, esta semana, que hay un ataque sostenido contra la empresa privada. ¿Estos ataques son solo de parte del Congreso o también del Ejecutivo?

En el populismo compiten todos, unos quieren ser más populistas que otros. Ojalá que el TC no se sume a esta peligrosa corriente. El Congreso, además de atacar los peajes pretende liquidar las microfinanzas con el congelamiento de tasas que solo resistirían cinco bancos grandes. Los congresistas ya perforaron el sistema de las AFP abriendo el forado para que el Estado se apropie de dichos fondos, so pretexto de una “reforma integral” que ya viene y cuyos resultados son de pronóstico reservado.

NO SE QUEDA ATRÁS

El Gobierno ha restringido durante la emergencia la suspensión laboral perfecta prevista en la Ley laboral y la ha complicado y distorsionado, primero mediante un decreto de urgencia cuya constitucionalidad ya es discutible y, luego, mediante normas reglamentarias que lo tergiversan.

En pleno crecimiento de las tasas de contagio por covid 19 en nuestro país, urge indagar en buenas prácticas de la gestión pública en el manejo de la presente crisis que hayan sido acometidas por países similares al Perú, pero que sobretodo no hayan acarreado un alto costo económico y social, como vemos que está sucediendo con la cuarentena total recientemente extendida por el estado.

Al respecto resalta la experiencia que ha tenido la gestión de la alcaldía de Medellín, considerada la segunda ciudad más grande de Colombia, pero cuyas muertes por el mencionado virus no llegan ni a la decena de personas.

Como presenta un reciente artículo publicado por The Economist, la combinación del registro en tiempo real de las condiciones de vida de los hogares, y  la colaboración estrecha con las entidades privadas prestadoras de servicios de salud (EPS), no solo le habrían permitido evitar un colapso en su sistema hospitalario sino también propender los recursos necesarios a las familias más necesitadas, evitando a la vez un desacato de la cuarentena.

Sin duda una experiencia que debería ser replicada en las principales ciudades de nuestro país, sobretodo en la relacionado al análisis y explotación de datos de los casos de contagio sospechosos. No es posible por ejemplo que, teniendo el desagregado de contagios y muertes a nivel distrital en nuestro país, el gobierno central siga  decretando cuarentenas totales y no focalizadas. Esto conduce, entre otras cosas, a un desmedro de recursos humanos (policías y personal de salud), puesto que no se está siguiendo un criterio tan fino en la asignación de este personal hacia las zonas más críticas, más allá del simple análisis regional que esconde las tan heterogéneas dinámicas distritales.

Esperemos pues que estas reflexiones puedan ser tomadas en cuenta por nuestras autoridades en las siguientes semanas e intenten exhibir políticas parecidas que permitan paliar su fracaso en el control de la pandemia. Medellín, sin ser una ciudad de un país de primer mundo, ha probado que no es imposible. Lampadia

La maravilla médica de Medellín 
Cómo la segunda ciudad más grande de Colombia está controlando la pandemia

Al actuar temprano y reunir muchos datos

The Economist
4 de junio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, ha tenido una carrera inusual. Vendió bonsáis y postres caseros en las calles para pagar las tasas universitarias, se convirtió en ingeniero y fue viceministro de información y tecnología en un gobierno colombiano anterior. Esa biografía puede ayudar a explicar su enfoque poco convencional del covid-19. Comenzó a preparar la segunda ciudad más grande de Colombia a fines de enero. Muchos colombianos lo llamaron paranoico. A medida que transcurría febrero sin casos en el país, se preguntó si podrían tener razón. Cuando el virus llegó en marzo, la provincia de Antioquia, de la cual Medellín es capital, fue cerrada, cinco días antes que la mayor parte del país. Quintero actuó más rápido que cualquier otro alcalde.

El mayor desafío, como en muchas ciudades latinoamericanas, es mantener a las personas en casa cuando muchas no obtienen ingresos si no trabajan. El programa de Quintero, llamado “Medellín Me Cuida”, se basa en la recopilación de datos. Al igual que otras grandes ciudades, Medellín asignó dinero para ayudar a los trabajadores que perdieron sus ingresos. Bogotá y Cali lucharon por encontrarlos. Medellín pidió a los residentes que se registren para recibir ayuda en línea. Para inscribirse, las personas deben proporcionar mucha información, incluido el tamaño de su hogar y los detalles de sus facturas de electricidad. (La información de facturación impide que las familias reciban más de un paquete de ayuda). Más de 3 millones de personas, casi el 90% de la población del área metropolitana, se han inscrito. Los necesitados han recibido alimentos o, más comúnmente, dos pagos de 100,000 pesos (US$ 28), suficientes para que una familia sobreviva durante algunas semanas, cuando muchos han suspendido el pago del alquiler y las facturas de servicios públicos. La gente en Medellín ha respetado el encierro más que otros colombianos.

Cuando se registran, se les pregunta a las personas si tienen síntomas de covid-19 o afecciones que dificulten el tratamiento. Pueden actualizar la información en una línea directa. La ciudad asigna los datos para identificar brotes y predecirlos. Las Unidades de Promoción de la Salud (EPS) —principalmente empresas privadas que brindan seguro de salud a la mayoría de los colombianos— envían equipos para evaluar a los vecinos de pacientes de covid-19. Los funcionarios se aseguran de que los pacientes y las personas expuestas a ellos se queden en casa. Los pacientes de covid-19 reciben kits con oxímetros, que evalúan su oxígeno en la sangre. Si cae a niveles peligrosos, una EPS envía un equipo con oxígeno. El metro utiliza los datos de Medellín Me Cuida para bloquear las tarjetas de los pacientes y sus familias.

Colombia ha controlado mejor el covid-19 que muchos de sus vecinos. Ha tenido 33,466 casos confirmados y 1,099 muertes. En Brasil, Chile, Ecuador y Perú, la tasa de mortalidad es al menos tres veces mayor. Incluso para los estándares de Colombia, Medellín, una vez hogar del narcotraficante Pablo Escobar, sobresale. Solo tres personas en la ciudad han muerto de la enfermedad y ocho están en el hospital; 304 personas se han recuperado, más de las que están enfermas. En Cartagena, una ciudad turística en la costa atlántica de Colombia, los hospitales no pueden hacer frente a la carga de casos. El éxito de Medellín continúa con un récord de innovación por parte de alcaldes anteriores, como la reducción de la pobreza al mejorar los enlaces de transporte de los barrios pobres con el resto de la ciudad.

No todos están contentos con la recopilación de datos de Quintero. Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, que aboga por los derechos digitales, dice que no está claro qué hará la ciudad con su base de datos después de la pandemia o cómo se protege. Colombia tiene una historia de espionaje patrocinado por el estado contra periodistas, políticos y extranjeros. El mes pasado, los informes de noticias revelaron espías ilegales por parte del ejército.

Quintero responde que solo los funcionarios de salud tienen acceso a la información y promete dejar que la gente decida qué datos puede conservar la ciudad cuando termine la pandemia. Los datos le dieron a la ciudad, que establece algunas reglas de cierre, la confianza para comenzar a reabrir centros comerciales y pequeñas tiendas esta semana, dice. Quintero espera que aumente el número de casos de covid-19, pero cree que Medellín podrá identificar a las personas más vulnerables a tiempo. Los colombianos en otras ciudades miran con envidia, ya que permanecen bajo cierres que son cada vez más difíciles de hacer cumplir. Pocos aún dudan de la cordura de Quintero. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, el cierre de la economía fue mucho más eficaz que la cuarentena. En el Perú la economía cayó en marzo -16.3%. En Brasil -1.5%, en Chile -3.5% y en Colombia -4.9%. Somos el país que más cerró su economía y el que más infectados tiene por millón de habitantes. El enorme sacrificio económico no tuvo un correlato sanitario.

La causa de esto último es conocida: la altísima informalidad, las aglomeraciones en los mercados, la falla en la distribución de víveres y bonos y la ausencia de una estrategia sanitaria inteligente. El problema es que la misma configuración estructural va a acompañar la reapertura de la economía y la salida de la cuarentena: mientras la economía formal se reabre por fases -cuando deberían abrir simultáneamente todas las empresas que puedan aplicar protocolos eficientes-, y con requisitos y exigencias excesivas, la informal se reabre de golpe a partir del 24 y sin protocolos.

Por lo tanto, si no se aplica estrategias sanitarias inteligentes, la pandemia puede rebrotar fácilmente.

Mercados

Se ha empezado, por fin, con mucho retraso, a intervenir algunos mercados. Los cierran y para reabrir deben cumplir condiciones de salubridad y aforo, al mismo tiempo que PRODUCE empadrona y formaliza a los comerciantes por medio del programa Tu Empresa, en coordinación con Sunat, Sunarp y el Colegio de Notarios. Eso está bien. Además, se pretende llevar a los ambulantes que circundan los mercados a otros espacios, formalizándolos, lo que ya está produciendo resistencia.

Si todo esto llega a funcionar relativamente bien, se reducirá en alguna medida la tasa de contagios, pero de todos modos la cantidad de gente que acude a los mercados hace muy difícil asegurar que se mantenga, por ejemplo, el distanciamiento necesario. Y de los 2,400 mercados están interviniendo sólo algo más de 30.

Te Cuido Perú muy lento

Por eso, se requiere ir más allá: ejecutar una estrategia transversal orientada a cortar las cadenas de contagios. Aislar a las familias de todos los contagiados de los últimos 14 días a nivel nacional, llevándoles alimentos a sus casas para que no salgan, y vigilando que no lo hagan. Es lo que están haciendo con los infectados de los mercados, pero debe ser general.

Para eso se creó “Te cuido Perú”, pero el jueves 14, exactamente un mes después de su lanzamiento, sólo había logrado abastecer a 6,353 familias con canastas de víveres y abarrotes, cuando los infectados de los últimos 14 días sumaban ese día 43,628. Es decir, muy lejos de la meta.

Sector privado, brigadas juveniles y plataforma geo-localizadora

Es obvio que el Indeci no tiene capacidad para avanzar a la velocidad necesaria. Está repartiendo alrededor de 600 canastas por día. Tendría que multiplicar por 10 esa velocidad para atender a los infectados restantes en un plazo de 6 días, por ejemplo. El gobierno debe solicitar el auxilio del sector privado. Grandes empresas de alimentos que tienen sistemas de distribución, lo harían mucho más eficientemente.

Y el alcance sería mucho más rápido aun si se entregara las canastas a brigadas juveniles, que a su vez las lleven a las casas, que tendrían que estar bien geo-localizadas. Una alternativa sería que los comerciantes de los mercados preparen y lleven canastas a las familias de los infectados. Como fuere, todo esto se puede manejar y monitorear perfectamente con una plataforma de geolocalización e interacción de datos que ha construido Leopoldo Monzón de Proesmín que Lampadia ha conocido y cuya presentación publicamos mañana.

Ese sistema puede ubicar a los contagiados y sus viviendas y a los jóvenes que integrarían las brigadas, por ejemplo. Podría decir cuántos jóvenes hay en la manzana o en un conjunto de manzanas, si son universitarios o profesionales y qué edad tienen. Puede monitorearlos por medio del celular, indicarles en qué viviendas tienen que entregar y saber dónde están cuando les toque entregar los productos. Y verificar si se entregaron. Lo mismo podría hacer con los comerciantes de ellos mercados, si ese fuere el caso.

Hábitos instintivos

La plataforma tiene también el registro de las organizaciones o juntas vecinales, que podrían seleccionar a los jóvenes. Puede, además, mediante mensajes de texto y WhatsApp enviados a los ciudadanos según la situación particular de cada uno, infundir e inyectar hábitos preventivos casi a nivel instintivo para que todos sean su propio policía y haya un control recíproco de las normas de distanciamiento, lavado de manos, etc. Esto es fundamental sobre todo para el sector informal y la pequeña y microempresa.

Cuarentenas focalizadas

Y debe servir luego cuando pasemos, acaso a partir del 24 de mayo, a una estrategia de cuarentenas regionales, distritales y barriales en las áreas de mayor tasa de contagio, para aislarlas y mantener a las personas en sus casas, llevándoles alimentos también, con este mismo sistema. Ricardo Fort y Álvaro Espinoza de Grade también tienen una aplicación para el manejo territorial.

Si no usamos este tipo de herramientas para que Te Cuido Perú y cuarentenas focalizadas funcionen, no vamos a ganar la batalla, y la pandemia puede recrudecer. Eso sería catastrófico. La economía formal tiene que abrirse más rápidamente y con menos profusión de requisitos y exigencias, pero la estrategia sanitaria tiene que ser mucho mas sofisticada y efectiva. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

En las últimas semanas, algunos émulos de Fukuyama, anuncian el fin del liberalismo en ensayos y columnas, que “followers” comparten en las redes sociales. Stiglitz, para diferenciarse habla más bien del “fin de neoliberalismo y del renacimiento de la historia”. AMLO, el otoñal gobernante mexicano que habla de “Economía Moral” y otorga al mismo tiempo un inmoral asilo al tramposo Evo Morales, también pontifica acerca del fin del neoliberalismo.

Todos los que escriben, y los que comparten, olvidan que ni la historia, ni la libertad tienen fin. Ignoran algo que es aún más importante: que las expresiones sociales de los últimos días en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, y las que sigan, pese a que en varios casos estén influenciadas y auspiciadas por agitadores internacionales, sólo son posibles porque los que protestan son ciudadanos libres. Así es, por paradójico que parezca, las protestas sociales que sacuden parte de América Latina solamente son posibles porque aun existen ciudadanos libres en esos países.

Los indígenas ecuatorianos eran libres de expresarse y de excederse como lo han hecho en su absurda protesta contra un incremento del precio de los combustibles que buscaba frenar el contrabando a los países vecinos como el Perú. Eran libres de seguir o no a sus dirigentes radicalizados o de quedarse en sus casas, aun cuando a estos niveles de organización social existan ciertas formas de coacción grupal. Sin embargo, difícilmente es posible pensar que indígenas y jóvenes ecuatorianos hayan quedado exentos del libre albedrío, para hacer lo que han hecho.

Los niños bien de América Latina, los chilenos, son libres de expresarse hasta el punto de destruir todo aquellos que los hacía creerse superiores al resto de los latinoamericanos. Aun cuando algunos de ellos coreen que son hijos de Fidel, Chávez o del Che Guevara y lo hagan precisamente porque son libres de expresarse sin ir a ejecución extrajudicial, saben perfectamente que en Santiago, Concepción o Valparaíso no correrán la suerte de los jóvenes, estudiantes y homosexuales que han perecido en manos de aquellos cuyos nombres invocan.

Los ciudadanos bolivianos, pese a 12 años de asfixia populista, encontraron espacios para la libertad y repudiaron el fraude escandaloso de Evo Morales. Fue su deseo de ser libres el que los impulsó a protestar a riesgo de su vida. Inclusive, aunque parezca paradójico y contradictorio, los vándalos del MAS (el partido de Evo Morales), a quienes el autócrata insta a protestar para “dejar sin comida a las ciudades”, lo hacen porque son seres libres de hacerlo o no. Son irresponsables y cometen un crimen al atentar contra sus semejantes para defender a un autócrata cobarde que renuncio y huyó, pero son libres de hacer lo que están haciendo.

Quienes ayer han protestado en algunas ciudades de Colombia, siguiendo los dictados e instigaciones de los propulsores de la “brisa boliviariana”, no son robots que actúen bajo el impulso del combustible venezolano. Son ciudadanos libres, libres también de equivocarse y hacerle el juego a la estupidez latinoamericana.

A todos ellos, los relatos colectivos les hacen creer que actúan movidos por propósitos colectivos superiores, afanes de justicia, propósitos morales superiores a lo material o deseos de equidad. Esos relatos no les dicen que actúan, ante todo, porque son libres y porque su libertad les permite salir a las calles a expresarse, a protestar, a confrontar y hasta a destruir. El relato les oculta que sin libertad no podrían salir a pedir justicia, equidad o bienestar. El relato les oculta que la verdadera chispa que hay detrás de todo es su libertad individual. Obviamente, el relato les oculta con más celo todavía, que el uso irracional e irresponsable de la libertad que hemos visto en Chile, en Ecuador y en las hordas del MAS boliviano, los puede conducir por “el Camino de la Servidumbre” del cual ya advirtió Hayek al mundo entero y que la espontaneidad del orden social también puede generar el caos y el desorden.

Mientras haya seres humanos en este mundo habrá libertad y mientras haya deseos de libertad, habrá liberalismo, que no es otra cosa que el culto a la libertad personal y el repudio a la coacción injustificada. Hablar entonces del fin de la historia, de su renacimiento o del fin del neoliberalismo es un relato más que no se condice con una realidad como la latinoamericana donde sus ciudadanos, ejercen, hoy más que nunca, su libertad.

La responsabilidad, que es la otra cara de la moneda, los llevará más temprano que tarde, a asumir las consecuencias del ejercicio absurdo, violento y destructivo de la libertad. Cuando tengan que seguir pagando tributos en Ecuador para compensar el drenaje de recursos que generan los subsidios a los combustibles, cuando tengan que demorar como en el resto de américa latina más tiempo en llegar a sus universidades o centros de trabajo por la inoperatividad de las estaciones de metro destruidas en Santiago o cuando deben confrontar la cárcel por incendiar plantas de hidrocarburos para buscar el retorno del autócrata boliviano, estos ciudadanos latinoamericanos entenderán que la libertad nos permite hacer muchas cosas, inclusive ser estúpidos. Y que esa tendencia o propensión natural, no tiene fin, a pesar de lo que se diga en las redes sociales. Lampadia

Una de las presentaciones más asertivas de CADE 2017 fue la de Liliana Rojas-Suárez, PhD, brillante economista peruana, Investigadora Principal y Directora de la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development, quien habló de un Perú dual,viendo sus fortalezas y debilidades en una presentación titulada “Crecimiento y Desarrollo en Perú”.

Fuente; Ipae

Según Liliana, “Si en el 2007 (antes de la crisis financiera internacional) veíamos dónde estaba Perú pues ocupaba el sexto lugar dentro de los países emergentes, como el más fuerte macroeconómicamente, y el número uno era Chile. Hemos pasado diez años y si vemos la fortaleza macroeconómica, el Perú continúa en el sexto lugar y Chile ha bajado del primer lugar.”

Sin embargo, mencionó que,si se combina lo macro con aspectos estructurales, Perú queda entre los últimos lugares; mejor que Colombia, Brasil y Argentina, pero muy inferior a Chile. “Esto es como una dualidad macroeconómica muy fuerte, pero desde el punto de vista de políticas estructurales pro-crecimiento falta mucho por hacer”, advirtió.

Estas fuertes debilidades del Perú en políticas estructurales pro-crecimiento limitan el crecimiento, limitan significativamente la inversión en momentos de bajas entradas de fondeo y capital extranjero y producen una baja productividad total de los factores. “Para un país que está tan sujeto a la volatilidad de flujo de capitales, de precios de commodities, el hecho que no tenga una fuente suficientemente fuerte de recursos internos que fondeen la falta de recursos externos en momentos malos, pues debilita las probabilidades de crecimiento”, tó.

Por eso, son necesarias las reformas estructurales pro-crecimiento. Lamentablemente, de 1980 a la fecha, el Perú ha avanzado muy poco en acortar la brecha del ingreso per cápita con respecto a los países avanzados.

Por lo tanto, el Estado debe participar de la diversificación de exportaciones. “Pero el Estado no puede hacerlo solo, el Estado solamente permite poner las reglas de juego, los que lo hacen es el sector privado, es el empresario. El empresario y el Estado tienen que ir juntos en este proceso”, afirmó.

Su análisis sobre el ritmo de crecimiento muestra que es necesario que el Perú cierre las brechas de ingresos con respecto a los países más avanzados (que compartimos líneas abajo). En un primer caso, con respecto al conjunto de los países más avanzados y en un segundo, con respecto a aquellos países que alcanzaron el status de avanzados recientemente.

Como puede verse en el siguiente cuadro resumen de los escenarios analizados por Rojas-Suárez, al ritmo actual de crecimiento de la economía, de alrededor de 4% anual, necesitaríamos entre 78 y 25 años para nivelarnos con los más avanzados o con los que recién lo lograron, respectivamente. Si crecemos a un 7% anual, necesitaríamos entre 28 y 13 años para nivelarnos.  

Esto nos muestra que nos espera un esfuerzo descomunal para llevar a nuestra población a los estándares de calidad de vida que ofrecen los países más avanzados. Algo que no puede dejar de ser nuestra más importante aspiración. Y sin un crecimiento acelerado entonces no se llegará a cerrar la brecha con los países desarrollados, la famosa y difícil convergencia.

Como afirmó Liliana, “El Perú, en estos momentos, está solamente al 27% de la brecha del ingreso per cápita con los países desarrollados, no llega a ser ni un tercio del ingreso per cápita ajustado por poder de compra de los países desarrollados. Si Perú crece al 4%, entonces demoraría entre 60 y 70 años, ni sus hijos ni sus nietos lo verían. Perú necesita altas tasas de crecimiento y si crece al 7% puede cerrar la brecha en 26 años, por supuesto considerando un montón de factores analíticos”, dijo.

La economista señaló que si Chile logra crecer 4% al año entonces demoraría 25 años alcanzar el nivel de ingreso per cápita de los países desarrollados y si logra crecer en 7% entonces cerraría la brecha en siete años. “El crecimiento y el desarrollo van juntos, y al hablar de desarrollo me refiero al desarrollo social, los niveles de acceso a servicios, los niveles de educación, los niveles de salud”, afirmó.

Hoy estamos muy lejos del ritmo de crecimiento que necesitamos. Después de la parálisis del gobierno de Humala, el nuevo gobierno de PPK intenta poner una meta de crecimiento insuficiente para cubrir nuestras brechas y que no parece basarse en el aprovechamiento de nuestros potenciales productivos. Lampadia

Tras una espuria jornada electoral marcada por la violencia, el pasado domingo 30 de julio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), un apéndice de la dictadura chavista, anunció que el 41.5% de los electores eligió a la nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual se encargará de redactar una nueva Carta Magna a la medida de la tiranía. Los resultados han sido cuestionados en su integridad, y al menos catorce países (Argentina, México, Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Colombia, España, Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos y Canadá) los han rechazado. El Perú, por su lado, ha invitado a los cancilleres latinoamericanos a reunirse en Lima el 8 de agosto.

Fuente: bbc.com

El fraude en las elecciones es clarísimo: el método de elección, que combina sufragio por territorios y sectores sociales, permitió que 62% de los 19.8 millones de electores puedan votar dos veces. Esto dificulta el cálculo de participación ciudadana y confirma la ilegitimidad de las elecciones. Esto además del ya cuestionado sistema de voto electrónico controlado por el gobierno.

Y es que habría que ser ciego para no reconocer la crisis humanitaria y el descontento que atormenta a la población. Venezuela atraviesa una ola de protestas antigubernamentales que ya suman cuatro meses y han costado a los valientes venezolanos, casi 120 muertos. Según la encuestadora Datanálisis, la Constituyente es rechazada por el 72% de los venezolanos.

En su reciente artículo ‘Cómo lidiar con Venezuela’, The Economist hace una síntesis de la grave situación política y económica por la que está pasando el país: “A finales de este año, el colapso económico de Venezuela desde 2012 será el más pronunciado en la historia moderna de América Latina. El ingreso por persona ahora está de vuelta donde estaba en 1950. La causa principal de esta calamidad es ideológica. Siguiendo el ejemplo de su difunto mentor, Hugo Chávez, Maduro gasta generosamente dinero público, sobre todo en sus partidarios. Los bajos precios del petróleo y la inepta gestión significan que no puede pagar sus cuentas”. Además, The Economist destaca las siguientes cifras:

• La inflación superará 1,000% este año.
• El precio del dólar en mercado negro está alrededor de 900 veces el tipo oficial.
• Los controles de precios y la expropiación de empresas privadas han generado la escasez de alimentos y medicinas, y los hospitales están completamente desabastecidos.
• La tasa de mortalidad materna aumentó un 66% el año pasado.
• Los funcionarios del régimen se benefician flagrantemente de su acceso a bienes y a las divisas oficiales.
• Venezuela se ha convertido en la ruta favorecida del tráfico de drogas.

Fuente: www.voanoticias.com

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no dudó en reaccionar a los resultados y ha convocado a nuevas protestas masivas a partir del lunes. Entre las principales voces de activismo y lucha contra la opresión resaltan tres mujeres: María Corina Machado, Lilian Tintori y Luisa Ortega. En su nombre queremos rendir homenaje a todos los valerosos demócratas venezolanos.

María Corina Machado

María Corina Machado es un ejemplo de una mujer líder que es capaz de enfrentarse a un régimen dictatorial. Golpeada, perseguida y acosada por el chavismo, la ex diputada venezolana sigue presentándole batalla al chavismo dentro y fuera de su patria.

Actualmente es coordinadora del movimiento político Vente Venezuela y líder de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pero en realidad su trayectoria de lucha contra el chavismo es larga. En 2002 fundó (junto con Alejandro Plaz) SUMATE, una organización no-gubernamental dedicada a la promoción y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos.

Corina es una de las líderes de la oposición y la defensa de la libertad y la democracia latinoamericana. Y es también puro coraje: “Mi trabajo es dentro y fuera de Venezuela, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. En la calle he acompañado la protesta ciudadana desde el primer día y estaré allí acompañándola en esta nueva etapa de lucha”. “Que les quede claro a todos los demócratas del mundo, este movimiento pacífico, civil y ciudadano, que hoy recorre las calles de Venezuela, es irreversible. Y nosotros los venezolanos vamos a luchar hasta vencer”.

Fuente: www.lapatilla.com

Debido a su interminable lucha contra una de las más perversas dictaduras de la historia de la región, luego de que el chavismo la expulsara de la Asamblea, en Lampadia la nombramos ‘Diputada honoraria de América Latina’ (25/03/14).Su lucha quedó inmortalizada cuando, en una sesión de la Asamblea, fue golpeada en el rostro por los esbirros de la dictadura, ante la impasible mirada de los diputados. No se amilanó y por el contrario eso le dio aún más fuerzas para seguir luchando.

Lilian Tintori

Desde el 18 de febrero de 2014, día en que su esposo, Leopoldo López fue apresado, Lilian Tintori empezó una interminable lucha por su liberación. López fue encarcelado por decir lo que Venezuela quería escuchar. La mayoría de los venezolanos quieren un cambio.

El arrestarlo solo hizo que Lilian luche más fuertemente y que se vuelva una líder en búsqueda de las libertades y la democracia. Recorrió grandes distancias buscando el apoyo de numerosas voces internaciones (llegó incluso a encadenarse en la plaza de San Pedro de El Vaticano) y fue vocera de la lucha contra el chavismo y el Gobierno de Maduro.

Fuente: caraboboesnoticia.com

Recorrió el mundo reclamando la libertad de los presos políticos en Venezuela. No solo la de su marido, sino la de todos los que estaban en su misma situación. Organizó manifestaciones y habló con toda clase de dirigentes políticos para intentar que mediaran y que presionaran a Maduro. Como dijo la señora Lilian Tintori, esposa del injustamente encarcelado Leopoldo López, “ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado”.

El último mensaje de Leopoldo López (1/8/17):

https://www.youtube.com/watch?v=BcPFrl0hxD8

El coraje y la fuerza de Lilian Tintori son grandes cualidades que deben ser resaltadas, pues su lucha ha sido incesante (y ahora tras el reciente anuncio de estar embarazada, tiene más razones para pelear por su patria). Lamentablemente, a pesar de que Leopoldo López fue devuelto a su hogar bajo arresto domiciliario hace tan solo un mes, ayer (01 de agosto) fue devuelto a prisión porque ‘supuestamente’ planeaba fugarse y más bien debido a su llamado a no votar en la Constituyente del tirano.

Luisa Ortega

Otra gran líder que no ha dudado en criticar y enfrentarse al chavismo y al gobierno opresor de Nicolás Maduro es la Fiscal General Luisa Ortega, quien además afirma desconocer la Constituyente de Venezuela y acusa al gobierno: “Estamos ante un delito de lesa humanidad”.

Su historia es algo diferente a la de Lilian y María Corina. Ortega ha estado vinculada al chavismo desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela. Dentro de sus principales acciones en la Fiscalía, como chavista, está la mismísima condena de Leopoldo López y otros opositores. Fue solo en noviembre de 2016 que empezó a deslindar del gobierno de Maduro, al advertir asesinatos extrajudiciales.

Fuente: panorama.com.ve

Desde entonces empezó su ruptura con la dictadura y rechazó sin ambages la convocatoria a la tramposa Asamblea Constituyente del gobierno. Sorprendiendo a todos, Ortega declaró que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo (TS) había “roto el hilo constitucional” y pidió “a todos los habitantes del país que rechacen la Constituyente”, lo que provocó una sacudida política y un fuerte golpe al chavismo.

Su cargo de fiscal general debe durar hasta 2021, pero los sectores maduristas más acérrimos quieren destituirla lo antes posible, tildándola de “mentirosa” y “loca”. El TSJ afirma que la “Fiscal general traicionó las leyes y la Carta Magna de Venezuela” y le han prohibido salir del país.

Todos con los venezolanos

Reiteramos nuestro más contundente apoyo y admiración por estas mujeres líderes venezolanas que están dando una lucha muy desigual contra una de las más perversas dictaduras de la historia de la región y exigimos a nuestros gobiernos que hagan todo lo posible por terminar con el sufrimiento de los hermanos venezolanos.

Pero no todos los peruanos estamos hechos de la misma pasta, la mayoría de nuestros izquierdistas siguen apoyando a la dictadura de Maduro que detenta el poder del ‘Eje-Cuba-Venezuela’ y está masacrando a su población entre la crisis humanitaria que les ha infringido, sin hacer nada por remediarla, y con la represión de los valientes venezolanos. Ver la nota de El Comercio, que recoge las ominosas expresiones de un congresista peruano:

Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

El Congreso se convierte en ocasiones es un caso de laboratorio de la teoría de “La Lógica de la acción Colectiva” de Mancur Olson: legisla a favor de grupos organizados con capacidad de presión buscando sus votos, en perjuicio de grupos amplios de la sociedad no organizados o de la sociedad entera, cuyo interés está más diluido y que, por lo tanto, no ejercen presión directa ni se enteran de que el beneficio a un grupo se da en perjuicio del beneficio de todos. El Ejecutivo, por su parte, es incapaz de buscar acuerdos políticos con Fuerza Popular para sacar adelante y defender reformas que precisamente afectan a grupos organizados y que por eso requieren de un acuerdo político (que permita anular el efecto Olson).

Porque esto es lo que parece haber pasado con la reciente decisión de la Comisión de Constitución de derogar el artículo del decreto legislativo 1242 que modificaba el artículo 87 del decreto legislativo 1149 (ley de carrera policial) estableciendo que la renovación de cuadros de manera excepcional se produce no solo con la designación de un nuevo Director General (pasando al retiro a los generales de mayor antigüedad), sino en cualquier momento y una vez al año respecto de cada grado, “en consideración a las necesidades de la Institución y en base a criterios de oportunidad y utilidad pública”.

El antecedente fue el pase al retiro de 790 oficiales, cuya finalidad principal fue reestructurar la pirámide policial pero que también sirvió para dar de baja a algunos oficiales considerados no idóneos –por diversas razones, incluyendo éticas- para la función policial. Esa medida probablemente generó preocupación en los que quedaron. Pero para nadie es un secreto que la Policía Nacional sufre un problema de corrupción interna que va desde un conjunto de prácticas corruptas institucionalizadas en la operación rutinaria[1],hasta grupos de oficiales y subalternos vinculados a mafias y organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, usurpación de terrenos, narcotráfico, etc. 

Entonces no cabe duda que si queremos abatir esas organizaciones y reducir los índices delincuenciales en el país, tenemos que comenzar con depurar la Policía de sus elementos perniciosos. Para ese fin el gobierno dio un conjunto de decretos legislativos con instrumentos diversos orientados a identificar al personal que comete delitos o aquel propenso a faltas disciplinarias que, sumados a las evaluaciones de desempeño, arrojará regularmente un listado de personas no idóneas para desempeñar la función policial –sea por razones éticas o profesionales- que deberían ser retiradas de la Institución. Para ese fin precisamente el decreto legislativo 1242 regula la mencionada “renovación de cuadros de manera excepcional”, que ahora ha sido derogada, asestando un golpe al objetivo fundamental de conseguir una Policía mucho más honesta y profesional si es que no se reemplaza esa norma por una que brinde una salida similar.

Pero eso se debe también a que el Ejecutivo jamás planteó un acuerdo sobre este punto. El argumento del grupo revisor de los decretos legislativos, presidido por Ursula Letona, fue de tipo constitucional: el fin del vínculo laboral tiene que fundamentarse. Tiene que haber debido proceso. Se apeló a una sentencia del Tribunal Constitucional (STC, Exp. N° 0090-2004-AA/TC, asunto Callegari Herazo, fj. 8) que establece  que “…en la actividad estatal del Estado de Derecho se admiten los denominados actos no reglados o discrecionales, que consisten en decisiones en las que la ley otorga a las autoridades o funcionarios del Estado, amplios márgenes de valoración decisoria…”. Pero, “…para que la discrecionalidad no se convierta en arbitrariedad, se deben verificar determinados requisitos…”, y el grupo se refiere a dos de ellos, que no fueron considerados en la ley: se debe tratar necesariamente de una decisión motivada, y dicha motivación debe estar basada en criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la decisión.

El informe de la Comisión arguye que tal motivación no debe estar referida solo a las razones de necesidad institucional, sino que debe haber una para cada individuo.

Lo primero que debe anotarse es que dicha motivación individual y no solo institucional no se exige para el caso de la renovación de cuadros ordinaria o regular que se realiza una vez al año, normada por el artículo 86 de la ley[2], y que siempre ha existido y existirá. La pregunta es ¿por qué la renovación de cuadros excepcional se le exige algo que no se le pide a la regular? ¿Por qué la primera es inconstitucional y la segunda no? Son idénticas en los procedimientos.  Lo mismo podemos decir para el otro caso de renovación excepcional, regulado ya desde el 2012 en el decreto legislativo 1149, que ocurre cuando al nombrarse a nuevo Director General pasan al retiro automáticamente los de mayor antigüedad. Eso sí es definitivamente arbitrario.

La renovación de cuadros por proceso regular se aplica en base a criterios técnicos como los requerimientos de efectivos de la Policía Nacional del Perú, al número de vacantes asignadas para el proceso de ascenso, al número de efectivos fijados anualmente por el Poder Ejecutivo que aseguren la estructura piramidal de la organización, la evaluación de la carrera y su prospectiva de desarrollo, y no constituye sanción administrativa.

Por lo demás, la renovación extraordinaria como herramienta de renovación amplia y discrecional ya existía: fue creada en el art. 87 del DL 1230 del 2015 para aplicarse “…cuando así lo amerite el Comando de la institución policial”. Según el viceministro Ricardo Valdez, “lo que propusimos en el nuevo artículo 87 del DL 1242 era más bien circunscribir esta herramienta de renovación a una vez por año en cada grado, pero el Congreso ha entendido otra cosa…”.

Parece claro que la lista de quienes pasarían al retiro en virtud de la renovación excepcional saldría de dicho informe. Si esto es así, pudo señalárselo explícitamente en el decreto legislativo. En lugar de eso, el Ministerio optó en el Decreto por el atajo más directo: la renovación de cuadros obedeciendo a razones institucionales, no relativas a cada caso. Es que también es cierto que ya el decreto 1149 del 2012 establecía, por ejemplo, que la propia renovación de cuadros regular “no constituye sanción administrativa”. Esto precisamente para que las resoluciones de pase al retiro no tengan que ser fundamentadas en el sentido de acopiar pruebas de la comisión de delitos o faltas. Pero puede haber muchos casos en los que no se disponga de pruebas, aunque sí de diversos elementos que configuran la falta de idoneidad del policía para el desempeño de su función, y que se podrían extraer del informe mencionado. Se trata, entonces, de que pueda existir un cierto grado de discrecionalidad, y si realmente se necesita que haya algún grado de motivación caso por caso, habría que precisar qué es lo que debe contener dicha motivación.

Pero nada de esto se está planteando. Los congresistas festejaron la derogatoria del artículo en cuestión como si fuera un triunfo, cuando hay que buscar una salida. Tampoco el Ministerio hizo ningún esfuerzo por buscar una   conversación, un acuerdo, y no solo para encontrar la fórmula, sino para sostenerla, porque la necesaria depuración de la Policía es un proceso difícil y duro –aunque indispensable- que generará obviamente resistencia. La propia decisión de la Comisión de Constitución ha sido expresión de esa resistencia. Por falta de conversación, de un acuerdo político, que el Ejecutivo nunca buscó.

En Colombia, por ejemplo,  hubo un acuerdo nacional para aprobar una ley que le diera al gobierno una discrecionalidad muy grande para depurar la policía sin fundamentos mayores. Una ley que contenía una discrecionalidad mucho mayor –según nos explicó Walter Albán, ex ministro del Interior- que la que tendría que plantearse para el Perú si nos atenemos a los parámetros fijados por el TC. La norma fue objetada ante el Tribunal Constitucional colombiano, pero éste la legitimó. Como consecuencia, se pudo retirar alrededor del 12% de los policías entre los años 1995 y 2000. El resultado fue que la Policía de ese país recuperó la confianza perdida de la población. Su aprobación ciudadana pasó de un 21% al 72% en diez años. 

Eso es lo que tenemos que lograr en nuestro país. Lo increíble es que en el último tramo del gobierno anterior se elaboró un proyecto de ley en ese sentido, que fue supuestamente entregado a la nueva administración para que ésta lo presentara al nuevo Congreso. Pero al parecer al Ministro Basombrío y su equipo se les traspapeló tal documento o no lo leyeron, porque –cuando menos el Ministro, a quien le pregunté- no sabía de su existencia.

El proyecto de ley en cuestión[3] establecía precisamente “la falta de idoneidad para el cumplimiento del servicio policial como causal de pase a la situación de retiro del personal policial”, y señalaba como condiciones para establecer la falta de idoneidad algunas tales como haber incurrido en conductas contrarias a normas de orden público, sobre todo aquellas relacionadas con la organización y el cumplimiento de las funciones de la Policía Nacional, haber mostrado ineficiencia reiterada o grave en el desempeño de las funciones policiales, haber incurrido en conductas contrarias a los principios y valores que rigen la institución policial, haber incurrido en conductas notorias que afecten directamente la legitimidad y confianza en la  Policía, no haber cumplido con las exigencias y requisitos inherentes al grado que ostenta, haber incurrido en delitos o faltas, y haber sido sancionado disciplinariamente de manera reiterada.

[1]  Ver “La Gran Reforma (de la seguridad y la justicia)”, de Jaime de Althaus, Planeta
[2] “Artículo 86.- Renovación de cuadros por proceso regular
La renovación de cuadros por proceso regular se aplica en base a criterios técnicos como los requerimientos de efectivos de la Policía Nacional del Perú, al número de vacantes asignadas para el proceso de ascenso, al número de efectivos fijados anualmente por el Poder Ejecutivo que aseguren la estructura piramidal de la organización, la evaluación de la carrera y su prospectiva de desarrollo, y no constituye sanción administrativa.
[3] Ver “La Gran Reforma (de la seguridad y la justicia)”, de Jaime de Althaus, pp. 35-39

El Índice de Democracia Global de The Economist Inteligence Unit, que analizamos y compartimos líneas abajo, registra el deterioro de la democracia de EEUU, que ha sido degradada, y nos muestra las mayores debilidades del Perú. La publicación incluye 60 indicadores usados para determinar el score de cada país, de modo que puede constituirse en una hoja de ruta para nuestras tareas pendientes.

Estados Unidos ya no es una democracia plena, afirmó recientemente la prestigiosa Unidad de Inteligencia de la publicación británica “The Economist”, que compila cada año un Índice de Democracia, proporcionando “una imagen del estado de la democracia en todo el mundo para 167 países”. El país que durante mucho tiempo se ha definido como el estándar de la democracia para todo el mundo ahora es considerado “una democracia imperfecta”.

La unidad del índice se basa en los resultados de 60 indicadores que se agrupan en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. La clasificación de los países se hace de acuerdo a su puntuación: países con democracia plena, países con democracia imperfecta, países con regímenes híbridos y países con regímenes autoritarios. Esto se puede observar más claramente en la tabla inferior:

Para ser clasificado como una democracia plena, un país debe mantener una calificación de 8.0 a 10.0, basada en las cinco categorías. La calificación de EEUU fue de 8.05 el año pasado, pero este año cambió de categoría bajando a 7.98, por lo que ya no está clasificado en la categoría de “democracia plena” con Australia, Canadá, Alemania y el Reino Unido. Y está muy por debajo de las democracias sociales como Noruega (Nº 1 en el Índice de Democracia 2016), Islandia (Nº 2) y Suecia (Nº 3).

En el caso de EEUU, “La confianza popular en el funcionamiento de las instituciones públicas ha disminuido [en EEUU]”, explica la introducción al recién publicado Índice de Democracia. Continúa diciendo que “para aquellos de nosotros que desde hace muchos años estamos preocupados por el vulnerable estado de la democracia en Estados Unidos, la noticia es aún más preocupante porque el análisis del Índice de Democracia nos recuerda que esto va mucho más allá de  Donald Trump, como se puede ver en el gráfico inferior, el cual muestra que desde el 2003, la confianza de los estadounidenses ha venido cayendo en picada”.

“La confianza popular en el gobierno, los representantes electos y los partidos políticos ha caído a niveles extremadamente bajos en EEUU. (…) Al golpear una tensión profunda del descontento político con el funcionamiento de la democracia, Trump se convirtió en un beneficiario de la baja estima en la cual los votantes de los EEUU sostienen a su gobierno, los representantes elegidos y los partidos políticos”.

Un patrón similar de disminución de la confianza popular en las elites políticas y en las instituciones también ha sido evidente en Europa. Este descontento ayudó a disminuir las puntuaciones de más de 70 países en comparación con 2015. Aunque Gran Bretaña es uno de los principales ejemplares de esta tendencia, fue uno de los 38 países que registraron un mejor puntaje gracias a la sólida participación del 72.2% en el referéndum Brexit de junio de 2016.

Los países desarrollados de la OCDE en Europa dominan entre las “democracias plenas” del mundo. Según The Economist, “el predominio casi completo de los países de la OCDE entre los clasificados como ‘democracias plenas’ sugiere que el nivel de desarrollo económico es una restricción significativa, sino una obligación, para el desarrollo democrático”. Las ‘democracias imperfectas’ se concentran en América Latina (15), Europa del Este (13) y Asia (13), aunque Europa occidental cuenta ahora con seis, incluidos los principales países europeos como Francia e Italia.

A nivel global, el ranking se encuentra liderado por Noruega con un puntaje de 9.93 de 10, seguido por Islandia con 9.58 y Suecia con 9.45. El primer lugar entre países de América Latina fue Uruguay, alcanzando la 19ª posición con un puntaje de 8.17, seguido por Costa Rica en el puesto número 23. El Perú ocupa el lugar 59, con una puntuación de 6.65. Nuestro vecino, Chile, obtuvo el puesto 34, Brasil el 51 y Colombia el 57.

En 2016, el aumento del populismo trastornó el establishment político y el statu quo en gran parte del mundo, pero América Latina resistió en gran medida la tendencia. Sufriendo de una “resaca populista”, como lo tilda The Economist, la región comenzó a moverse en una dirección más estable en 2016, con candidatos de centroderecha y pro-mercado tomando el mando en muchos países.

Según The Economist, América Latina sigue siendo la región más democrática de los países en desarrollo. Sin embargo, la puntuación media de la región ha continuado disminuyendo, bajando a 6.33 en 2016, de un promedio anual de 6.37 en 2011-15 y un pico de 6.43 en 2008. Perú, por su lado, obtuvo una puntuación de 6.65, ocupando el puesto 59 a nivel global y 12 a nivel regional. La categoría en la que obtuvo el menor puntaje es Cultura Política, seguido por el Funcionamiento del Gobierno.

Una cultura política democrática es crucial para la legitimidad, el buen funcionamiento y, en última instancia, la sostenibilidad de la democracia. Esto se debe a que “una cultura de pasividad y apatía -una ciudadanía obediente y dócil- no es consistente con la democracia. El proceso electoral divide periódicamente a la población en ganadores y perdedores. Una cultura política democrática exitosa implica que las partes perdedoras y sus partidarios acepten el juicio de los votantes y permitan la transferencia pacífica del poder”. Por otro lado, Funcionamiento del Gobierno se refiere a la capacidad del gobierno de implementar sus decisiones democráticamente.

En el caso del Perú, nuestras peores calificaciones se dan en ‘Cultura Política’ (4.38/10.0) y ‘Funcionamiento del Gobierno’ (5.36/10.0). Para profundizar el análisis de estas categorías, el cuadro inferior muestra ejemplos de las preguntas hechas en las encuestas del Economist Intelligence Unit, con las que determinaron su ranking.

Ejemplo de encuesta de Opinión Pública para Índice de Democracia

Entonces, ¿triunfó de la democracia este año? Esta fue la pregunta planteada por el Economist Intelligence Unit dado los dramáticos acontecimientos políticos de 2016. La respuesta del equipo fue inequívocamente negativa. “La respuesta predominante entre las élites políticas a los acontecimientos de 2016 ha sido la de arruinar la reacción popular contra el orden democrático y de interpretarlo como una amenaza para el futuro de la democracia liberal. Algunos incluso han cuestionado si se debe confiar en la gente común para tomar decisiones sobre asuntos importantes como la pertenencia del Reino Unido a la UE. Sin embargo, la reacción popular contra el orden establecido también puede verse como una consecuencia, no una causa, de las fallas de la democracia contemporánea”. Lampadia