Entre el rosario de errores del gobierno de PPK, destaca con luz propia, el manejo del escándalo de corrupción del Lava Jato, que ha terminado desprestigiando buena parte de nuestra clase política y, paralizando proyectos de inversión y operaciones empresariales, con gran impacto en la economía.

1. Normativa y su evolución

Cuando estalló el escándalo, a fines de diciembre, 2016, el gobierno peruano entró en shock, sin saber qué hacer. (Ver referencia del despacho del Departamento de Justicia de EEUU). 

https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve

Un mes después, hace dos años en estos días (19/1/2016), en Lampadia publicamos, A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente):

“Los circuitos de corrupción empresarial y política organizados por el PT de Lula da Silva, Petrobras y Odebrecht más otras empresas constructoras brasileñas, han llegado a niveles insoportables para una sociedad que debe ir hacia la formación de instituciones sólidas y transparentes”. 

Entonces, nuestra principal recomendación fue “intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación …”. El propósito era muy claro, velar por que los recursos de las empresas no se sifoneen a los accionistas comprometidos en las acusaciones y, preservar el aporte de trabajadores, proveedores y terceros (inocentes), cuidando la fluidez de la economía en su conjunto. Había que evitar que las eventuales intervenciones desordenadas de la Fiscalía, Poder Judicial, Procuradurías, Sunat, et al (al son de los acordes mediáticos y gritas de políticos fariseos), paralizaran empresas y proyectos.

Pero, el gobierno de PPK, presumiblemente por consejo de la entonces ministra de justicia (MPT), consideró que las intervenciones serían ilegales y diseñó el perjudicial Decreto de Urgencia 003. Este decreto, entre otras cosas, suspendía los pagos del Estado a dichas empresas, con lo cual se podía desequilibrar sus operaciones y proyectos. Un primer paso hacia el peligrosísimo corte de la cadena de pagos.

Sin una estrategia de intervención ordenada, se iniciaron acciones diversas acciones por parte de distintas entidades del Estado, como por parte de la Fiscalía, Sunat y otras, ahondando los impactos sobre la cadena de pagos. Además, se dificultaron las eventuales transferencias de activos y proyectos a empresas que no estuviera implicadas en las acusaciones, dañando el valor de importantes activos, con perjuicio para todas las partes.

Posteriormente, por ímpetus de algunos políticos, especialmente de Fuerza Popular y Acción Popular, se promueve la extensión del DS 003 a las empresas peruanas que se hubieran asociado con Odebrecht. Como resultado de esta iniciativa, en noviembre de 2017, el Congreso termina aprobando el Proyecto de Ley 1410, que modifica el DS 003, incluyendo en sus alcances a las empresas que se hubiesen consorciado con empresas como Odebrecht, con una participación mayor al 5% de los contratos.

Esto, entre una serie de otras disposiciones, impediría que estas empresas participen en proyectos del Estado, (llámese reconstrucción u otros), y también confiscaría las acreencias, que, por todo concepto, tuvieran con el Estado; incapacitándolas.

Lógicamente, el Ejecutivo se vio obligado a observar la ley, cosa que hizo el 18 de diciembre pasado; planteando aspectos constitucionales, legales, tributarios y económicos. Advirtiendo que se generaría la ruptura de la cadena de pagos y la paralización de proyectos de inversión por aproximadamente el 13% del presupuesto de inversiones del país.

El Congreso de la República entró en receso el pasado 12 de enero, sin haber debatido la eventual insistencia para la promulgación de la Ley 1410. Mientras tanto, la vigencia del dispositivo original, el DS 003, vencerá el 13 de febrero próximo. Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, declaró al respecto, “Ojalá que el ejecutivo saque otro decreto de urgencia y modifiq1ue la norma ante la proximidad de su vencimiento y ante su inoperancia”. Por su lado, Víctor Andrés García (AP) y Jorge Castro (FA), propusieron un pleno extraordinario para que sea el Congreso, el que defina el tema.

2. Análisis conceptual

• Normas Contra-Propósito

Como lamentablemente, se repite una y otra vez en el Perú, las disposiciones de muchas leyes y normas, son contrarias a sus enunciados. Veamos el caso del DS 003, del 11-2-2017:

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas que eviten la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país, (…).

¿Increíble no? El DS 003 originó todo lo contrario de su ‘objeto’.

• Enfoque de las intervenciones del Estado

El Perú es un país pobre, que no ha podido acumular una masa suficiente de capital, para sustentar un mayor desarrollo.

Por ejemplo, en los procesos concursales ante Indecopi, toda la orientación normativa se dirige a cautelar a los acreedores (pasivos). Un país pobre debiera privilegiar la cautela de los activos, que son el medio para crear riqueza y prosperidad. 

En el caso del escándalo de Lava Jato, debieran, efectivamente, haberse asegurado, las acciones que permitieran la continuidad de operaciones de las empresas y el avance de los proyectos.

• Cautela efectiva de los intereses del Estado

Un manejo inteligente del caso del Lava Jato, debía identificar la cautela de los siguientes objetivos:

• Cuidar que los recursos vinculados a eventuales casos delictivos, no puedan ser retirados antes de la finalización de las investigaciones correspondientes y el establecimiento de responsabilidades y penas.
• Evitar la pérdida de valor económico y/o de la capacidad de crear riqueza de las operaciones vinculadas a las acusaciones.
• Evitar la pérdida de ingresos de los trabajadores y proveedores peruanos, vinculados a las operaciones en cuestión.
• El caso del llamado ‘club de constructores’
  Cuidado con repetir los mismos errores. Seguir lineamientos anteriores.

Conclusión

Como recordó Julio Luque, en su artículo, El futuro de Graña y Montero, en marzo 2017, en Alemania, el Reino Unido y EEUU, varias empresas icónicas, como: Siemens, Walmart, Daimler, Glaxo, British Aerospace, Avon, ABB y Alcatel; fueron halladas culpables de corrupción y soborno de funcionarios estatales.

Sin embargo, luego de investigaciones serias, sin escándalos, todas fueron condenadas a pagar lo que establecieron las cortes, sin destruir la operatividad de las empresas.

En el caso que nos ocupa, tal vez podamos aún recuperar el tiempo perdido y enmendar la acción del Estado en sus diferentes estamentos.

Nuestro planteamiento: Cuando las investigaciones judiciales ameriten medidas cautelares y den origen a la apertura de procesos acusatorios, el Estado debe designar interventores en las empresas y proyectos que corresponda.

Función del interventor

Cautelar que los recursos de la empresa y/o proyecto se mantengan en el ámbito de sus operaciones, evitando que se canalicen a los accionistas de la empresas.

Invocación

Invocamos pues, al Estado a abstenerse  de las presiones mediáticas y a repensar la mejor manera de enfrentar los procesos del Lava Jato, vinculados a empresas y proyectos de inversión. Lampadia

Las elecciones nacionales que han recogido el voto de los ciudadanos el 10 de abril establecen un mandato popular que tenemos que interpretar y recoger con mucho cuidado para una acción política consecuente de los intermediarios del pueblo, la clase política y los medios (pareciera que los otros estamentos de la clase dirigente siguen adormitados).

Un primer tema que salta a la vista de los resultados es que varios se computan como ganadores: Fuerza Popular, el evidente ganador, pero también PPK, que está en la segunda vuelta, e incluso el Frente Amplio (FA), cuya candidata y demás líderes no han tenido el menor gesto (tradicional) de cortesía de reconocer los resultados y saludar al ganador, vergüenza ajena.

En nuestra opinión, estas elecciones han producido un mandato muy claro. Más claro que en muchos de nuestros procesos electorales, sin embargo PPK sigue tratando de descalificar la calidad y representatividad del ganador y el FA desarrolla abiertamente sus planes desestabilizadores de la democracia amenazando con desequilibrar al próximo gobierno “desde la calle”.

Por ejemplo, Alberto Adrianzén, columnista de La República, Congresista Andino (¿?), y miembro de varias cúpulas de las izquierdas tradicionales, comenta:

“En este contexto, qué puede hacer la izquierda. Por un lado, mantener su independencia frente a los dos candidatos, PPK y Keiko, pero con una clara orientación, como se ha demostrado en estos días, de sumarse a la ola antifujimorista y, por el otro, proponer un frente antifujimorista y levantar un programa o plataforma antineoliberal, que si bien hoy tiene un remitente preciso que es su electorado, con seguridad le será útil cuando acabe la segunda vuelta y pase a integrar el Congreso. Con un parlamento con mayoría absoluta fujimorista lo más probable es que el conflicto político, como fue durante los años noventa, se traslade a la sociedad y a las calles que son, justamente, los espacios donde creció la izquierda”.

Patético comentario de un congresista de la República, solo falta que se ponga a decir que ‘la violencia es la partera de la historia’.

En Lampadia hemos convocado a los candidatos que pasan a la segunda vuelta a aprovechar esta magnífica oportunidad en que el 67% de los electores (dijimos, algunos lo ampliaron hasta 80% interpretando los votos de otros candidatos) optó por “construir sobre lo avanzado”, en vez de echar todo por la borda y zambullirnos nuevamente en la pobreza y el estancamiento. Ver: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado y El mandato popular que tenemos que leer.

El tremendo apoyo popular logrado por Keiko Fujimori (KF) y Fuerza Popular (FP), que no se quiere reconocer, no puede significar que en un eventual gobierno de KF y FP, los ganadores tengan patente de corso para hacer lo que les venga en gana, ni que vayan a practicar formas abusivas de gobierno. Para empezar, KF ya ha tenido algunos gestos democráticos, como ofrecer la presidencia de las comisiones de fiscalización e inteligencia a la oposición. Además, es evidente que FP solo puede consolidar su eventual gobierno para enfrentar la difícil tarea de corregir simultáneamente tantos problemas, convocando, más que dividiendo. No hay otra manera de emprender un gobierno que tendrá que: relanzar el crecimiento de la economía, recuperar la confianza de los peruanos en el futuro y en sus autoridades, avanzar sólidamente en un programa de reformas que nos den un Estado presente, eficiente y efectivo y, liberar la creatividad y laboriosidad de los peruanos de las múltiples amarras (les llaman leyes y normas) que nos impiden prosperar. Ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Veamos algunas cifras y cuadros que nos permiten evaluar los resultados de las elecciones más allá de nuestros propios deseos:  

Como puede verse, KF y FP obtuvieron una victoria democrática muy importante, lograron prácticamente el 40% del voto nacional, ganaron en 17 regiones con un promedio de 44% y llegaron segundos en otras 6 regiones con un promedio de 32%. En las otras 2 regiones salieron terceros con un promedio de 24%. No deja de llamar la atención que PPK no haya ganado en Moquegua, contando con Martín Vizcarra, su exitoso ex Gobernador, como candidato a la primera vicepresidencia.

Además, Fuerza Popular habría obtenido 72 de los 130 curules en el Congreso. Ver el gráfico de Transparencia:

Para mayor ilustración, queremos aprovechar los magníficos cuadros producidos por ‘50+1 Grupo de Análisis Político’, alguno de los cuales presentamos a continuación:

Este cuadro nos muestra que PPK ha ganado solamente en 3 provincias, Alejandro Toledo en 2 y, Gregorio Santos en 13. En el resto de las 196 provincias del Perú, ganó Fuerza Popular, seguida, de lejos por el Frente Amplio. 

En Lima solo aparecen como ganadores a nivel de distrito, Fuerza Popular y PPK. Sin embargo, PPK solo ganó en los distritos de la clase alta y media tradicional, más Punta Hermosa y Santa María, donde votan limeños de los mismos estratos. El ‘neo-fujimorismo’, como ahora le llama yp reconoce Carlos Tapia, uno de los políticos más representativos de la izquierda tradicional, arrasó en el resto de Lima, con una presencia muy importante en los distritos de clase media emergente y de los más pobres.

En resumen, podemos decir que los resultados hablan por sí solos. En nuestra opinión, con esta información es como se inicia la segunda vuelta, más que con las nuevas encuestas, que ya se anticipan a marcar un empate y un final de fotografía. Lampadia

Los titulares de diarios y noticieros disparan denuncias sin cesar: El lunes, los quioscos se tiñeron con las letras rojas de una portada que decía: “Lluvia de millones. Anotaciones en agendas: Se hicieron registros de US$ 5’865,791 entre el 2009 y el 2011”. Tan solo dos días después, otro titular buscaba llamar la atención con: “Pagué 15,000 dólares por un narco indulto”. El fin de semana, acusaron a PPK de tener un pasaporte norteamericano y él respondió (tirando dedo como en el colegio): “Keiko Fujimori tiene uno japonés”. Tan solo unos días atrás, el tema de la semana fue la visita a ex ministros apristas de algunos involucrados en el caso Lava Jato, el mismo que tiene contra las cuerdas a las principales empresas constructoras y políticos brasileños, en especial a los líderes de Partido de los Trabajadores (Lula y Dilma Rousseff). También se denunció que Alejandro Toledo se había reunido con Rodolfo Orellana para financiar un periódico. Por si fuera poco, hasta el Cardenal Cipriani cayó en esta fiebre de “denuncitis” que padece hoy la prensa y la política peruana.

La insensatez parece haberse apoderado de la clase política. En vez de discutir los temas cruciales, en un momento en que la desconfianza se apodera nuevamente de los peruanos, la economía se desacelera y que el mundo se sumerge en una nueva revolución industrial que transformará la vida de las personas, empresas y países, momento en el que es urgente establecer un marco de consensos mínimos sobre las políticas de desarrollo y de retomar el rumbo de crecimiento que redujo la pobreza en la última década, nuestros “líderes” creen que lo mejor es destruirse mutuamente. La estrategia es no dejar títere con cabeza. Un suicidio colectivo de la clase política y un empujón al país hacia el borde del abismo.

Llevados por este impulso autodestructivo han abierto las puertas a un ‘hueco negro’ que podría desaparecerlos a todos. Conscientemente o no, están desprestigiándose y devaluando la política peruana. Los resultados ya se sienten con claridad.  

Este mes (agosto 2015), según IPSOS, la aprobación del Presidente Ollanta Humala, y la de los principales líderes políticos bajó de forma significativa.

La encuesta arrojó que la aprobación de Toledo cayó a 18 % desde 27 % (julio), además 55% considera que las empresas brasileñas pagaron sobornos durante su gestión. Algo similar le ocurrió a Alan García bajó a 21 % (25 % en julio) y el 65 % está seguro que se coimearon a funcionarios apristas. Incluso, Keiko Fujimori que nada tiene que ver en este caso, también sufrió una fuerte baja en su popularidad: llegó a 37 %, cuando en julio estaba en 44 %.

“Las sospechas vienen a sumarse a las acusaciones de corrupción que afectan a estos y otros líderes políticos con el resultado de un descrédito generalizado tanto del Gobierno actual como de sus opositores”, aseguró Alfredo Torres, director de IPSOS a El Comercio.

A la luz de estos resultados, en una reciente entrevista realizada a la Alfredo Torres, al preguntársele: “¿qué crees que piensa el ciudadano de a pie de que la mayoría de candidatos presidenciales tiene serias denuncias de corrupción? El analista respondió: “Una gran decepción, desconfianza. La sensación de que la política es sucia y que no se puede esperar nada de los políticos”.

Esta desconfianza en la política ha generado reacciones nefastas en latinoamericana y el mundo, más aún si a esta se le suma crisis económica o un ajustón como el que estamos viviendo. En Venezuela, fue el preámbulo de la llegada del chavismo al poder y allí están las desastrosas consecuencias. En Argentina, ni se diga: se desató el “que se vayan todos”, y ese país padece a los Kirchner desde casi una década. Sin ir más lejos, en la Grecia de estos días, el arribo de Syrisa al gobierno helvético se debió al hartazgo en la ciudadanía, que desde entonces sufre ahora más estrecheces y angustias.

Como ha advertido Torres y otros analistas, se está abriendo la posibilidad de que un outsider, un aventurero antisistema llegue a la segunda vuelta con un porcentaje de votos relativamente menor (20 a 25%) y pueda luego nuclear el descontento generalizado con una campaña populista parecida a la de Humala del 2011. ¡Cuidado! (Ver en Lampadia: Sumémonos a la lucha contra el populismo en Latinoamérica). El populismo es la razón fundamental del menor desarrollo de nuestros países en la región, es un proceso antinatural de selección de gobernantes, favorece la victoria de los peores. El Perú ha sido una de las víctimas más afectadas por esta enfermedad social. (Ver en Lampadia: ¡Qué calato… ni que ocho cuartos!).

De crearse este escenario en el Perú, se perderían todos los avances alcanzados en la última década y nos pondríamos en las peores condiciones para sufrir los impactos de la revolución industrial sin aprovechar sus oportunidades. Si bien es cierto, que la prensa debe cumplir con su deber y hacer públicas las denuncias de corrupción para evitar la impunidad y que el voto sea bien informado, es imprescindible hacerlas con absoluta objetividad, evitando juicios anticipados y de valor, la adjetivación fácil y el comentario ligero. Parece incluso, que en la cortesana Lima, importa más el escándalo que el delito efectivo.

Ahora que nos acercamos a las elecciones, en un año, en que como señalamos líneas arriba el país siente un auto-infligido frenazo de la economía (ver en Lampadia: Otra vez la parada) es imprescindible que los políticos dejen de lado las estrategias de confrontación (y en el fondo de autodestrucción) que están aconsejándoles sus asesores y se detengan antes de que nos precipitemos al abismo que perpetúe nuestro menor desarrollo. No olvidemos la advertencia de Y.N. Harari de que el país que pierda la posibilidad de engancharse en el tren del desarrollo, no tendrá otra oportunidad (ver en Lampadia: Diálogo sobre la Tecnología y el Desarrollo).

Los ciudadanos, como empiezan a mostrar las encuestas, ya están dando su veredicto. En momentos como estos, es necesaria la grandeza y pensar más en los intereses nacionales que en los particulares.

La sociedad les requiere un pacto, parar la guerra de todos contra todos y abrir la discusión de programas e ideas y dar una lección de altura, compromiso y entrega. Lo mismo debiera ocurrir con la prensa, que debe entregarse a sus deberes (no económicos) con la mayor responsabilidad posible para que esta elección no sea el puntillazo al reclamo de desarrollo de nuestra nación. Lampadia

Entrevista sobre la realidad nacional, donde se incide en problemas de empleo y educación.