Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Quisiera hacer recuerdo de los tiempos de ministro de transporte del Sr. Vizcarra, quien se apareció un día a “resolver” el conflicto suscitado en la carretera (vía nacional), por donde transitan los camiones que transportan la carga de Las Bambas, y la forma como, a su mejor estilo de “gobernador regional” promotor del “Moqueguazo”, ofreció a los manifestantes todo lo que se les ocurrió pedir, asfaltado total de la carretera incluido, y como no podía ser de otra manera, el ofrecimiento de un costo del orden de $800 millones que correría por cuenta de la empresa. La pregunta es, ¿Evaluó el pedido y los verdaderos costos? ¿Consideró los tiempos de ejecución de lo ofrecido? ¿Preguntó si la compañía podía asumir ese costo y si había aceptación del nivel resolutivo correspondiente? No, se mandó porque creía que estaba en su “chacra” y que cuál municipalidad de Moquegua, podía decidir de manera improvisada.

Otro tanto pasó con el aeropuerto de Chinchero. Muchos saben que es un proyecto con problemas de; altitud que hace que sea cuestionado como aeropuerto internacional para orígenes y destinos transoceánicos, calidad del terreno que obliga a un movimiento de tierras monumental, planeamiento del traslado de materiales y equipo durante la construcción, teniendo en cuenta que la carretera de acceso es la misma usada por los turistas y la capacidad limitada de Machupicchu para recibir mucho más visitantes, sin ser afectado en su calidad de patrimonio cultural.

Después del escándalo que lo obligó a renunciar, para luego recalar en la embajada en Canadá (supongo para aprender inglés), con el apoyo activo de su amigo César Villanueva (quien conspiró con el fujimorismo para sacar a PPK, negando la posibilidad de ocupar algún cargo), se encontró asumiendo la presidencia de la república.  Recuerdo que llegó sin “brújula”, no sabía qué hacer, absolutamente anodino y al no tener plan, objetivo, ni estrategia, se arrancó a viajar a cualquier lugar del país todos los días, en lo que podría denominarse “una laboriosa ociosidad”.

En ese trance, las encuestas de popularidad comenzaron a bajar, hasta que consiguió que un asesor lo alerte que necesitaba forjar un enemigo que personifique sus problemas y a quien trasladar la carga negativa de la población, el Congreso. Tengo que reconocer que la mayoría de los congresistas estaban como para la foto y se ganaron todo el odio popular (la tarea se la pusieron fácil), hasta que cerró el Congreso. En el camino había encomendado a un grupo de “especialistas” que preparen una reforma política para ser implementada en las elecciones del 2021, lo que se sometió a un referéndum y ahí vamos. Luego del cierre del congreso se convocó a elecciones congresales para algo más de un año. Hoy estamos a un año de las elecciones y, por un lado, las propuestas de los iluminados ya resultan inaplicables, mientras que, por otro, hemos elegido un grupo de congresistas peor que el anterior, que a la fecha no tiene agenda, que ya dejó pasar la fecha legal para la sesión de investidura del gabinete reparchado y que tampoco ha prestado atención a los Decretos de Urgencia dados en gobierno sin Congreso. Más improvisación.

No quiero hacer mayor análisis de la convocatoria de ministros y la desastrosa calidad de la mayoría de los mismos. Del 30 de setiembre a la fecha se ha cambiado 10 ministros que se han caído solos, pues no ha habido posibilidad de interpelaciones o censuras. Vizcarra, durante su mandato va teniendo ministros “ochomesinos” y cada 19 días tiene que tomar juramento a uno nuevo, al punto que ya lo hace en “jeans” (no se para qué se pone la banda presidencial), supongo que los próximos ministros también juramentaran en jeans, pero espero que no sea “con la banda en el hombro” …

Entre tanto, ¿que pasó con la reconstrucción con cambios del norte? Buena pregunta. No pasó nada, el abandono fue absoluto, la gestión de este gobierno desde marzo de 2017 hasta la fecha, “cero balas, cero puntos”. En el camino se ofreció 80 hospitales y 1,000 colegios, por supuesto no se dijo dónde, ni de qué tamaño, ni con qué planos, ni cuál era el presupuesto y menos quién o quiénes eran los responsables directos.  El único hospital puesto en operación el 20 de marzo de este año es el de Ate y con grandes deficiencias, a pesar que se terminó de construir y equipar en julio del 2018.  Ante la crisis, se ha tenido que improvisar el uso de las Torres de los Panamericanos para que funjan de hospital. Ya sabemos que lo que no se puede medir, no se puede controlar. En el ínterin y como no se hacía nada, siguió viajando “como poseído” sin brújula, supongo que para que no lo ubiquen.

En el camino, en el mundo apareció el COVID-19, esta pandemia iniciada en Wuhan en diciembre 2019 y combatida en países asiáticos y europeos desde enero 2020. El 6 de marzo se reportó el primer caso arribado al Perú, ante ese caso un colegio privado tuvo mejor reacción que el Estado. El colegio suspendió actividades y decretó cuarentena a sus alumnos, mientras el Estado titubeaba, hasta que el 15 de marzo decretó dos semanas de cuarentena nacional. Me pregunto; ¿el Estado con sus embajadas desplegadas por el mundo, no tuvo información oportuna de esta pandemia? ¿No observaron y analizaron las estrategias seguidas por China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, ¿sólo por mencionar algunos países? La pregunta más simple; ¿Cuanto tiempo de cuarentena tenían ellos, que habían estudiado y enfrentado el problema algunos meses antes? ¿Dos semanas, un mes? No, ellos llevaban combatiendo la pandemia más de dos meses cuando menos. ¿A quién si no a un improvisado se le ocurre decretar una “cuarentena” (el término viene de 40 días) por dos semanas?

Cualquiera que piensa un poquito, habría hecho un planeamiento mínimo. Si uno le adelanta a la población la magnitud del problema que enfrentaremos, tal como lo hizo Ángela Merkel en Alemania y advierte que nos veremos obligados a tener una cuarentena de cuando menos dos meses, con cierre de todas las actividades que se han cerrado, sin poder generar ingresos durante ese tiempo (especialmente aquellos que ganan su dinero día a día) y que, antes que se disemine el virus por todo el país, se daba facilidades de retorno a sus lugares de origen, con bono incluido a ser entregado cuando lleguen a destino, hubiéramos tenido un manejo más ordenado y menos contaminados en Lima. Se hubiera evitado las necesidades de aglomeración en bancos y mercados y no hubiéramos tenido población de caminantes tratando de regresar a su tierra de un lado, y alcaldes y gobernadores tratando de impedirlo.

Los penales y su manejo son otra área de improvisación, hay sobre-población y se aprecia inacción para reducir su hacinamiento. No se ha liberado a presos ancianos que están enfermos e incapacitados para valerse por si mismos, hay presos por juicios de alimentos a quienes les han puesto como condición pagar la deuda para darles libertad. En el Perú no hay prisión por deuda, pero estas deudas por alimentos son penadas con cárcel. Entiendo el espíritu de la ley, pero mejor sería que tengan libertad restringida, produzcan ingresos con su trabajo y si no cumplen con el pago mensual, realicen trabajo comunitario remunerado en favor de los niños que no hayan recibido la mesada, pero retener en cárcel a miles por esa razón, generando gasto al Estado y sin producir, es de locos. Otro tanto ocurre con los que sufren prisión preventiva, pues esto fue instituido para delincuentes organizados en bandas, narcotraficantes, terroristas, asesinos y secuestradores. Vale decir, aquellos que significan un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero nadie reacciona y tenemos una sobrepoblación de penales expuesta a “pena de muerte por COVID-19”. Ya eso generó protestas y en una sola jornada se tuvo 44 muertos y mas de 50 heridos, así como 7 funcionarios del INPE muertos, cosa que no ocurría en 7 años.

Luego “toma medidas” para manejar la etapa de cuarentena y de nuevo la improvisación, si las empresas pueden dar o no vacaciones a quienes las tengan acumuladas o a los que puedan tomarlas, si pueden o no reducir temporalmente las remuneraciones y si pueden o no aplicar la ley de “Suspensión perfecta de labores”. Estos personajes creen que pueden pontificar con “cara de autoridad” y que las empresas no quiebran por decreto. Qué peor muestra de improvisación, cuando la prevalecía de la realidad los obliga a transigir, pero después de un mes de angustia empresarial y laboral.

Para cerrar con broche de oro, cada día se presenta en la TV el Sr. Vizcarra para dar información, cuya estrictez requiere ser verificada (ver discrepancias entre información oficial e informe de IDL Reporteros). Más aún, preocupa que al día siguiente de ese informe se pretenda demostrar eficacia del trabajo y decisiones adoptadas, comparando las estadísticas del número de casos de infectados y fallecidos del Perú con España e Italia, a sabiendas que estos dos países tienen 45 días más de pandemia que el Perú. ¿Por qué no compara con esos países a los mismos 43 días de reconocida la presencia del virus o con Chile, que empezó en el mismo tiempo que el Perú? ¡Hasta para eso improvisado!

Sinceramente los peruanos merecemos respeto Sr. Vizcarra. Usted está confundido y no es aceptable que pretenda esconder su incapacidad con argumentos tan pueriles y nuevamente improvisados. Lampadia

El cese de la Procuradora Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y de la procuradora Ad Hoc Katherine Ampuero ha creado una crisis institucional  que es solo el colofón de una cadena de errores. Es sorprendente que el gobierno de PPK no tenga buenos asesores y que, peor aún, no escuche los consejos y advertencias que se le hacen desde la civilidad. Veamos:

Error #1: Otorgar Autonomías Constitucionales

El 6 de setiembre de 2016, advertimos en Lampadia sobre lo inadecuado que era dar plena autonomía a la Procuraduría. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.

• La mayoría de países occidentales no tienen una Procuraduría en absoluto, sino una Fiscalía.
• Mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso (salvo que su poder esté limitado por el de otras instituciones), y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una fuente de corrupción adicional. (…) ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).
• En lo referente al ‘abogado del Estado’, el abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.
• El gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Posteriormente, el 13 del mismo mes publicamos: La ‘balcanización’ del Estado. Entonces extendimos nuestra preocupación a los casos del Contralor y el Defensor del Pueblo. “En el caso del Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres del Estado”.

En Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor, agregamos:

• Darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le dé la gana y que se convierta en una especie de monarca, es  una barbaridad, nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos.
• Todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Príncipe-Nadine.
• Aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú.  Si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar alguna otra figura con los fiscales.

A raíz de la salida de Yeni Vilcatoma de la presidencia de la comisión de Fiscalización del Congreso, insistimos en nuestras advertencias: Autonomía constitucional de la Procuraduría.

• El proyecto de ley propone que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo (al nivel del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Defensoría del Pueblo), integrado por un Procurador General de la República y un colectivo de Procuradores designados directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un plazo de siete (7) años renovables. Un verdadero Poder del Estado.
• El Poder Ejecutivo, ha recibido facultades legislativas para “Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, con la idea de crear una Procuraduría como organismo público, dotándola de altos niveles de autonomía.  
• El art. 159º de la Constitución peruana establece que el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad, conduce la investigación del delito y ejercita la acción penal. Por lo tanto, crear una Procuraduría autónoma, duplicaría y sobrepondría funciones muy delicadas.   
• En el Perú, según la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 1068), los procuradores tienen una función diferente a la del Ministerio Público: representan y defienden jurídicamente al Estado, no a la sociedad. Por eso, los Procuradores están localizados en cada Ministerio, en cada Región y en cada municipalidad, porque representan los intereses de las entidades públicas de las que forman parte. Cumplen dos funciones: i) son los abogados de dichas entidades para su defensa jurídica y, a la vez ii) son los representantes de dichas entidades en los procesos judiciales.
• Carecería de sentido la creación de una Procuraduría General (como insiste en proponer Fuerza Popular), como organismo constitucional de carácter autónomo de los tres poderes del Estado, porque la mayor parte de su función es la defensa jurídica del Estado. Ya existe el Ministerio Público (MP), que sí tiene precisamente autonomía constitucional. Una alternativa sería más bien fortalecer al MP.

Estallada la crisis, el ex congresista Ántero Flores-Araoz dijo que fue el propio gobierno el que se hizo ‘harakiri’ al otorgarle autonomía plena a los procuradores. “En enero del presente año, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual modificó integralmente el Sistema de Defensa del Estado, dándose indebidamente autonomía a los procuradores”. Agregó: “Según la Constitución, los procuradores son los abogados del Estado, (…) no pueden ser autónomos, pues tienen que depender de quién les da el encargo de defensa”.

Es igualmente preocupante que Keiko Fujimori insista en dar mayores autonomías al Procurador General de la Nación.

En resumen, se les dijo, se les advirtió pero no escucharon.

Error #2: El pobre manejo de la crisis del Lava Jato

Cuando estalla la crisis del Lava Jato, en Lampadia (19/01/2017), advertimos la necesidad de establecer acciones efectivas e inteligentes para evitar la cacería de brujas y el desorden, que podían traernos aún más daños. Publicamos nuestro editorial: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), donde afirmamos:

• Esta situación establece una crisis muy profunda y compleja de manejar en el Perú.
• Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía.
• Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.
• Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.
• En vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.  
• Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias.
• ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales, pero evitando también que todas las acciones de las empresas estén dirigidas a cautelar el mejor interés nacional, y no a salvaguardar los intereses de los corruptos.
• De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad.

Ver también: La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad (2 de febrero, 2017).

Como todos conocemos, la falta de visión y decisión del gobierno originó que diferentes estamentos del Estado inicien acciones descoordinadamente y sin responder a una estrategia general, como las desarrolladas por la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, las Procuradurías y la Sunat. 

Hoy día tenemos que lamentar la interrupción de proyectos, los impagos del personal y proveedores de muchas empresas, una mayor parálisis de los funcionarios públicos, y como consecuencia de todo ello, un mayor debilitamiento de la economía y el riesgo del corte de la cadena de pagos. Y debemos notar que el Decreto de Urgencia 003 fue tardío e inadecuado para enfrentar la crisis.

Error #3: El pésimo manejo del licenciamiento de la procuradora Ampuero

Una vez empoderada la doctora Julia Príncipe como Procuradora y presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con todos los aspavientos de un supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción, y dados los nombramientos de las otras procuradoras, se hizo evidente que, por ejemplo, la doctora y procuradora Katherine Ampuero, era absolutamente inadecuada para el cargo. Tanto por sus soberbias y groseras expresiones, y su afán de notoriedad, como por su absurda y descoordinada acción en el caso del proyecto Olmos.

Evidentemente, la responsable de los nombramientos, la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, no coordinó los lineamentos del manejo de las procuradurías en temas cruciales.

No solo eso, cuando se hace necesario salir de la doctora Ampuero, no explica previamente a los ciudadanos, la naturaleza del entrampamiento de los proyectos y el tipo de acciones de control que debían llevarse a cabo.

Además, les miente a los ciudadanos afirmando que la doctora Príncipe había renunciado, pues se oponía a cesar a la doctora Ampuero.

En nuestra opinión era necesario licenciar a la doctora Ampuero, pero sin chambonadas. Pésimo manejo de la ministra, que ha creado una nueva crisis de gobernabilidad.

Conclusión:

Este grave desmanejo y la serie de errores descritos, todos del ámbito del Ministerio de Justicia, solo pueden empezar a corregirse luego de ‘agradecer a Marisol Pérez Tello por los servicios prestados a la Nación’. Lampadia