A propósito del anuncio de estatización del consorcio Camisea que hiciera el ex premier Guido Bellido, surgieron una serie de falsedades que alimentaron la mal información dentro de la población peruana sobre cómo se forman los precios del GLP, que a continuación procederemos a rebatir. 

En primer lugar, se debe distinguir de Gas Natural – que es transportado a través de ductos subterráneos – del Gas Licuado de Petróleo (GLP) – el cual viene envasado y es usado comúnmente para consumo del hogar. 

Camisea dedica una parte de su producción a la extracción de líquidos de Gas Natural que sirven para producir GLP, luego de un proceso de separación en la planta de Pisco, Ica.

Por otra parte, el precio del balón de GLP no sólo depende del Consorcio Camisea, pues este concentra el 40% del costo total, mientras que otros componentes como los impuestos y regalías concentran el 31.6% del costo y la logística y distribución, 27.7%.

Asimismo, el precio no es fijado directamente por Camisea, ya que depende del mercado, en tanto el Perú es un importador neto de GLP. El Perú con lo que produce localmente apenas puede abastecer al 75% de la demanda interna, siendo el 25% importado restante el que determina finalmente el precio. De hecho, con estas condiciones, el precio del balón en el Perú esta por debajo del promedio global, quitando del escenario a los países que subsidian sus precios por motivos políticos o por contar con excedentes de exportación de GLP.

La solución entonces para tener un gas barato no pasa por la estatización de los yacimientos ni tampoco por controlar o subsidiar el precio como se ha estado pretendiendo meter en el debate público, sino por incrementar la capacidad instalada de la distribución. Ello implica construir gasoductos y tuberías que lleven Gas Natural a las casas de los peruanos. Debido a que el Gas Natural es el gas que más produce Camisea: energía más barata que el balón de GLP y que debe llegar a todos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

A partir del descubrimiento del yacimiento de gas de Camisea por parte de Shell en 1984 y algunos esfuerzos infructuosos por definir un proyecto viable hacia 1994, Shell abandonó el Perú y el Estado licitó internacionalmente el desarrollo del proyecto de explotación del campo, transporte y comercialización de gas y líquidos. El ganador de esa licitación fue el Consorcio constituido por Plus Petrol, Hunt Oil, SK y Teck Petrol, quien ofreció pagar una regalía de 38% del valor de venta, recibiendo el derecho de explotación por 40 años. En el tiempo, se sumaron al consorcio, Repsol y Sonatrac.

Este proyecto tuvo tres efectos:

1. Una inversión del orden de los US$13 mil millones, entre el campo para la explotación, los ductos para el transporte, la planta criogénica de Melchorita, la planta de fraccionamiento de Pisco y las instalaciones portuarias, lo que ciertamente brindó grandes oportunidades de trabajo.
2. La modificación de nuestra matriz energética (mercado interno) y
3. la exportación mediante un contrato de 15 años plazo.

Esta gran inversión permitió que, todos los peruanos nos hayamos beneficiado desde el inicio de operaciones hasta la fecha, con un ahorro de más de US$100 mil millones; en nuestros recibos de luz, al reemplazar en la generación eléctrica diésel por gas, por usar GNV en transporte público, ahorros en la industria mediana y comercios, al igual que en la gran industria, al cambiar la fuente de energía por gas natural.

[El gas de Camisea llega a todos los peruanos, pues alimenta el 40% del consumo de electricidad del país]

En términos de recaudación fiscal, producto de la exportación y venta local, durante estos 17 años, Camisea ha pagado US$14,880 millones entre Regalías e Impuesto a la Renta, vale decir, el 65% de la renta generada, llegando directamente al Cusco, más de US$1 millón diario.

Es muy importante que todos sepamos, que su capacidad de producción es de 1,650 MMPCD (1) (millones de pies cúbicos por día), de los cuales, el mercado local consume entre 550 y 600 MMPCD, se exporta entre 550 y 600 MMPCD y se reinyecta al pozo en promedio 400 MMPCD. Esto confirma que contamos con gas natural más que suficiente para toda nuestra población, si consideramos que, a la fecha, Calidda (responsable de la distribución) destina 17 MMPCD para atender a 1.1 millones de hogares (aproximadamente 5 millones de peruanos), por lo que se estima que, reservando 50 MMPCD adicionales, se podría atender al resto de la población del centro y sur del Perú.

Mucho se habla de los precios del contrato de exportación de Camisea, y es importante que sepamos que, independientemente de tener un comprador contractual por 15 años (Shell), no se fija un precio en el contrato, sino que se establece lo que se llama un “Marcador”, que es el precio del mercado al que se destina el producto. Así tenemos:

• HH (Henry Hub) para el mercado de las américas.
• JKM para el mercado asiático.
• NBP principal marcador para Europa.

Igualmente debemos conocer algunos hechos históricos, como que, cuando se inició la exportación con destino a Manzanillo, México, el HH era el marcador con precios más altos en el mundo, puesto que para ese entonces no existía el shale oil, ni el shale gas (petróleo y gas de esquisto o de fracking), que se desarrolló al sur de USA, pero que se convirtió en una amenaza al mercado a mediados de la década pasada. Por su lado, un terremoto y tsunami en 2011, afectaron gravemente la central nuclear de Fukushima y todo el sistema energético japonés, por lo que tuvieron que construir de emergencia centrales termoeléctricas a gas, y al aumentar dramáticamente la demanda de gas natural, el precio del marcador JKM subió mucho. Finalmente, en Europa, dependiente del gas y del gasoducto ruso, el mercado se vio expuesto a las decisiones políticas rusas, que hicieron subir los precios en el marcador NBP. En resumen, mientras los altos precios del HH cayeron por presencia de shale gas, los mercados asiático y europeo, subieron radicalmente por las razones indicadas. Lo importante aquí, es que durante los últimos 5 años se han despachado 220 barcos y de ellos, sólo 5 han tenido México como destino, pero ninguno durante los últimos 2 años.

En esencia, el problema que debemos resolver en el Perú, es la masificación del gas y ese es un tema que corresponde al Estado peruano resolver, no a ningún contratista.

En el pasado se decidió construir el “Gasoducto del Sur” hoy “SIT”, una obra faraónica, que, siendo un sistema secundario para el transporte de gas, se construía con tuberías de mayor diámetro que el de TGP (TGP 32”, 24” y 18”, mientras el SIT entre 36” y 30”).

Algo que pocos mencionan, es la diferencia entre el GN (gas natural) que nos sobra, y el GLP (gas líquido de petróleo) que se vende en los balones de gas, del que no tenemos suficiente. Este último se obtiene de los líquidos que se extraen de los pozos de gas y que debemos complementar con GLP que importamos. En consecuencia, 75% del GLP proviene de nuestra producción y 25% es importado.

Para resolver nuestra necesidad de masificar el gas, deberíamos hacer cabotaje de gas natural licuefactado en la planta criogénica a muy baja temperatura, en buque tanque hasta Ilo. Pocos saben que el gas licuefactado reduce su volumen en 600 veces, mientras que el gas comprimido para ser transportado en camiones, tal como se transporta hoy, reduce su volumen sólo entre 30 y 60 veces. Debemos pues instalar una planta de regasificación en Ilo, para atender las dos centrales termoeléctricas construidas ya en esa zona y desde Ilo, con tuberías de sólo 8”, distribuir el gas a Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, etc., mientras que el norte del Perú, se debe atender con gas de Talara, disponible desde hace muchos años.

Esta propuesta podría ejecutarse en un año y con costos mucho más razonables que las otras opciones, permitiendo con esto que los peruanos se beneficien de este gas natural que, a pesar de este proceso, su costo es de hasta un tercio del diésel o el GLP.

El gobierno debería estar actuando diligentemente en esta dirección, en lugar de estar dando mensajes inadecuados a la comunidad de inversionistas nacional e internacional.

¡No sigan destruyendo la reputación e imagen del Perú! Lampadia

(1) En campo se obtiene una mezcla de gas y líquidos que le llaman “sopa”. In situ se separan el gas de los líquidos (unos 80 MBBLD), 50% se convierte en GLP, 10% es diésel y 40% es Nafta que se exporta para ser tratado y convertido en gasolina de aviación de alto octanaje.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Cómo entender que al mismo tiempo que la premier Mirtha Vásquez pide voto de confianza para una política de promoción de la inversión privada y de masificación del gas, el presidente Castillo demanda al congreso trabajar una ley para estatizar el consorcio de Camisea?

¿Cómo entender que el propio presidente Castillo invite en Estados Unidos a los grandes inversionistas a invertir en nuestro país, repita esa invitación cuando anunció la salida de Bellido, y ahora reclame la nacionalización del gas?

¿Como entender que ni la premier Mirtha Vásquez ni el ministro de economía Pedro Francke hayan renunciado después de esa proclama que contradice la política por ellos enunciada y que, en el caso del MEF, echa por tierra cualquier posibilidad de éxito del programa económico?

Claro, después, en la noche, Castillo publicó un tuit diciendo que “somos y seremos respetuosos de la libertad de empresa”, y que su compromiso es con el gasoducto y la masificación. La interpretación optimista es que se trata de una rectificación. Pero entonces, o estamos ante un presidente que dice cualquier cosa, con efectos muy destructivos, o existe acá una racionalidad. Y si la hay, la única que puede explicar todo esto, es una de cambios tácticos dentro de una estrategia única orientada a cerrar el Congreso y acelerar los pasos para la asamblea constituyente.

Es decir, hubo un retroceso cuando, ante las amenazas de Bellido de hacer cuestión de confianza por Maraví, el Congreso se unificó tras la aprobación de la ley de la cuestión de confianza, y el Ejecutivo tuvo la percepción de que la idea de la vacancia empezaba a madurar. Entonces sacó al estridente Bellido y puso a una premier más ecuánime, aunque no menos radical, que sin embargo tranquilizó relativamente al país al aclarar que la asamblea constituyente no era una prioridad en este momento.

Pero ahora el Presidente parece haber regresado al plan máximo. Con un agravante: si en la ocasión anterior fue el ex premier Bellido quien amenazó con nacionalizar el gas si la empresa no se avenía a una renegociación del contrato, esta vez es el propio presidente Castillo quien además concreta esa amenaza en el anuncio de un proyecto de ley para estatizar.

Se dirá que el tuit posterior de Castillo desmentiría que estemos ante una nueva radicalización.  Pero varias señales indicaban ya un retorno a la posición maximalista. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, había declarado, tres días atrás, que la asamblea constituyente “sí es una prioridad de carácter nacional”, contradiciendo abiertamente a la Premier. Y la propia presidenta del Consejo de ministros, cambiando su posición, anunció al comienzo de su intervención en el Congreso que “Hemos venido a proponer un acuerdo, un pacto, un nuevo contrato social…”, y culminó su discurso llamando a un “nuevo pacto social que se construya con las bases en el marco de una auténtica democracia”. “Un nuevo contrato social” es un eufemismo de “nueva constitución”. Y una auténtica democracia implica que la actual no lo es.

Es posible que se esté provocando nuevamente al congreso para que no de la confianza al gabinete. Todas las bancadas de oposición le pidieron a la primera ministra en las rondas de conversaciones que tuvieron con ella, que retirarse a los ministros Barranzuela y Gallardo, y que deslindara claramente con la asamblea constituyente, pero no solo no hizo caso, sino que insistió de manera agravada.

Hay un juego perverso. El gabinete tiene más de una semana para sincerar su posición antes del voto de confianza. Mientras tanto, es hora de que las bancadas democráticas se reúnan para realizar un análisis serio de esta situación y adopten una estrategia inteligente y eficaz para manejarla. Pues el país no puede permanecer indefinidamente en este juego que ya produjo una nueva subida del dólar y que solo lleva al caos económico y social. Lampadia

Carlos Gonzales Ávila
Director Gerente de ENERCONSULT S.A.
Para Lampadia

Los contratos de hidrocarburos son instrumentos de largo plazo, lo que significa que son susceptibles de ser renegociados frente a cambios en los supuestos y condiciones existentes al momento de suscribirse. No debe extrañar entonces que una de las Partes de un contrato solicite revisar alguna condición del mismo. Eso es natural. Lo que no es natural es que se hable de renegociar contratos sin decir qué es lo que se quiere renegociar, y peor aún, que se inicie una renegociación bajo amenaza.

Para comenzar, los que proponen la renegociación deben decir primero qué contrato quieren renegociar (¿Lote 88, Lote 56 o ambos?) y después precisar qué parte del contrato buscan renegociar. En este punto, cabe algunas reflexiones respecto a los contratos de Camisea.

• Se habla de recuperar el Gas para todos los peruanos, pero no se dice que el Gas del Lote 88 está reservado para el mercado interno y que es el único contrato en el que se establecen precios máximos en boca de pozo, para generación y para los demás usuarios.
• Se cuestiona la exportación de gas natural pero no se dice nada sobre el impacto social y económico que tiene dicha exportación no solo en regalías e impuestos, sino también por la mayor producción de GLP nacional, reduciendo nuestra dependencia del GLP importado.
• Se cuestiona la exportación del gas natural, pero no se aclara que teniendo el Lote 88 gas natural para abastecer el mercado interno por más de 30 años, hubiese sido absurdo buscar inversionistas para otros lotes con la condición de abastecer el mercado interno. Nadie en su sano juicio habría hecho inversiones en sísmica y perforación de pozos para sentarse a esperar 30 años.
• Se habla de “ampliar reservas” pero no se dice que hay solo dos formas de hacerlo, logrando nuevos descubrimientos con más exploración o reduciendo el costo de producción para convertir en “reservas probadas” lo que ahora solo son “recursos” porque su explotación no es económicamente viable.
• No se aclara que la masificación del gas natural no depende de los productores de los lotes de Camisea, sino del Estado que debe invertir en infraestructura para ese objetivo. Tanto es así que en Camisea se tiene que reinyectar gas (más de 400 millones de pies cúbicos todos los días) porque no hay quien lo compre.
• Se escuchan declaraciones sobre una inequitativa distribución de las utilidades de los contratos de Camisea, pero no se aclara que la participación del Estado (Government take) es de 65% y que la utilidad neta del contratista no llega al 35%.
• En el caso del gas natural, solo califican como reservas probadas los volúmenes susceptibles de ser vendidos, esto significa que si no hay mercado que compre el gas, entonces no hay reservas y solo tendremos recursos cuya explotación no es económicamente viable.
• Entre tanto, el verdadero drama del Perú es el petróleo. Producimos poco más de 30,000 barriles de crudo por día y consumimos más de 250,000. En lugar de pensar en renegociar los contratos de gas natural, deberíamos pensar en renegociar los contratos en cuyos lotes se produce petróleo, para incrementar reservas y nivel de producción.

La lista de reflexiones en torno a la renegociación de los contratos en general y de los contratos de Camisea en particular es larga y solo hemos hecho un breve recuento de algunas ideas al respecto. Si la decisión del Gobierno es renegociar algún contrato, esperemos que para tal fin, por lo menos conforme un equipo negociador con técnicos de experiencia comprobada en contratación petrolera y desarrollo de proyectos de gas natural. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

Seguimos en la mas completa incertidumbre sobre el rumbo de este gobierno. Todo indica que estamos en camino a un régimen totalitario. Castillo dice que no es comunista, pero sus antecedentes y sus actos contradicen lo que expresa.

El 05 de noviembre se cumplirán los primeros 100 días del mandato de Pedro Castillo y no hemos visto una sola iniciativa de gobierno que nos indiquen un rumbo democrático.

Lo único que hemos podido ver es un primer ministro histriónico y malcriado, que no solo se burla de los periodistas, sino que “siguiendo alguna orden superior “, solo trata de dejar sin piso no solo al presidente, sino al gabinete en general.

Mientras tanto nosotros “el pueblo “estamos a la espera que ocurra algo.

Esta incertidumbre ha generado que el dólar alcance récords en el tipo de cambio, que se manifiesta en un alza tremenda en los productos de primera necesidad y seguimos en la mas absoluta incertidumbre sobre lo que sucederá.

Creo que ya llego el momento de decir basta y exigir al gobierno un pronunciamiento sobre el destino del país.

Todo el crecimiento logrado en las últimas décadas se está yendo al tacho y lo que no entiende este débil gobierno, es que regresar a este nivel de crecimiento toma el doble de tiempo de lo que genera el decrecimiento.

Durante estos primeros 70 días hemos estado confiando que el presidente pueda enmendar el rumbo y salir del ostracismo que vive y nos diga: señores a partir de ahora me ocupare del crecimiento del país, con claras reglas de juego y mi tarea principal será logar un mejor nivel de vida de la población menos favorecida mediante hechos concretos.

Es lo menos que podemos esperar de quien nos gobierna.

Sin embargo, vemos un intolerable grado de desafío y de falta de respeto de Bellido hacia Castillo.

Cualquier persona con un mínimo de autoestima y sentido común ya le hubiera retirado la confianza y lo hubiera sacado del premierato.

Castillo no lo hace y eso refleja su incapacidad de gobernar.

Si no puede poner en vereda al malcriado de su primer ministro, como podemos pedirle que se dedique a gobernar.

Castillo ha creado un personaje, silencioso, intrigante, y lleno de dudas. Ya no es el maestro de la campaña, ahora es el hombre del sombrero que se esconde de todos.

El pueblo tiene todo el derecho de preguntarle a Castillo, adonde vamos, y el se mantiene en ese silencio sepulcral, que le hace un gran daño al país.

Un gobierno no puede tener doble cara, si su idea es llevar al país al extremismo, con una presencia del estado en todas las instancias, pues que lo diga.

Un país que recibe 67.4 % del gas de Camisea entre impuesto a la renta y canon, no puede darse el lujo de tener un presidente del consejo de ministros que diga: si no renegocias el contrato te expropio.

En el plan de gobierno de Perú Libre indicaban que el estado debía de recibir no menos de un 70% de ingresos entre impuestos y regalías por la explotación del gas. ¿Saben cuánto costaría expropiar, para conseguir 2.6% adicional?

Eso costaría al país mas de 30 mil millones de dólares, ¿para qué? para destruir ese proyecto y no lograr nada.

¿Se ha preguntado el impresentable de Bellido, lo que se puede lograr con 30 mil millones dólares en beneficio del pueblo?

No entiende que lo de Camisea es una concesión, es decir el dueño del proyecto es el Perú. Es tan difícil entender eso.

Un premier que estuvo 15 años en la universidad es probable que lo hizo o porque no fue buen alumno, o porque trabajaba y estudiaba.

Me lanzo a pensar que es lo primero.

El Perú esta en cuidados intensivos, luego de casi 2 años de pandemia, con miles de negocios quebrados y decenas de miles de compatriotas que han perdido el empleo.

No podemos seguir jugando a gobernar.

Es tan difícil entender la misión del gobierno cuyo único afán es el de convocar a una asamblea constituyente.

¿Para qué? me pregunto

Pues para perpetuarse en el poder, la respuesta es muy lógica.

¿Entonces sabremos hacia donde se dirige este gobierno y nuestra misión será detenerlo?

 ¿Ustedes se preguntarán como se puede hacer?

Pues la respuesta esta en el congreso, ellos son los únicos que pueden detener esta locura que estamos viviendo.

Deben de convocar de inmediato al presidente del consejo de ministro y censurarlo. Pero deben de hacerlo unidos.

Dejemos de estar especulando en que usara una de sus balas de plata.

El Perú no puede estar gobernado por una gavilla de incompetentes que nos está llevando al despeñadero.

Si queremos evitar un levantamiento de la población, es misión urgente del gobierno darnos una clara idea hacia adonde estamos yendo. Y así estar preparados para cualquier escenario.

No podemos seguir viviendo en la incertidumbre, tenemos que saber adonde vamos, a menos que se trate de un plan concertado entre Castillo y Bellido.

No hay día que no estemos enterándonos de situaciones toxicas, como el chat de PL, donde Bellido les pide a los congresistas que hagan un comunicado exigiendo la renuncia del canciller, cuando siendo Bellido su jefe, se lo puede pedir directamente. Es la prueba más saltante de incompetencia y deslealtad.  El mundo al revés.

No nos olvidemos que estamos inmersos en un mundo muy competitivo y que cada retroceso en nuestro progreso implica que nuestros vecinos, que tienen gobiernos normales, nos siguen sacando una ventaja que será muy difícil de remontar.

En lugar de “no más pobres en un país rico”, el lema de Castillo será “cada vez más pobres en un país rico “. Lampadia

¿Cuál sería el impacto de la nacionalización del yacimiento gasífero?

El proyecto de Camisea ha generado beneficios inmensos al Perú en sus 16 años de operación:

• US$ 100,000 millones en ahorros para la economía, sobre todo por menores costos de energía industrial y residencial
• US$ 10,450 millones en regalías
• S/ 25,000 millones en canos
• 1.5% de PBI adicional cada año

El Cusco se ha beneficiado de manera muy importante. Por ejemplo, su crecimiento promedio entre el 2001 y el 2009, según el siguiente gráfico fue de 7.6% anual.

Claramente superior que el promedio nacional de 6.0%, e incluso mejor que el de India, Chile y el resto del mundo. Un crecimiento de nivel chino, que promedió 10.8% en el mismo período.

Sin embargo, la narrativa de las retrógradas izquierdas peruanas no ha dejado de torcer la realidad y sembrar todo tipo de trampas populistas para frenar la inversión en el país.

Evidentemente, la propuesta de Castillo de tomar Camisea causaría inmensos daños a todo el Perú, y especialmente a los más pobres, como siempre hacen los regímenes socialistas. 

Con estas eventuales acciones habría que ajustar el lema de Castillo, de:

No más pobres en un país rico, a
Más pobres en un país pobre

Lampadia

Juan Saldarriaga
El Comercio
26 de abril de 2021
Glosado por Lampadia

Expertos en hidrocarburos analizan las consecuencias de una eventual expropiación de los recursos de gas y la instauración de un modelo de explotación calcado del boliviano.

El candidato Pedro Castillo se propone’ recuperar’ para los peruanos los recursos de gas de Camisea, en el entendido que su explotación no deja al país los beneficios que debería (Foto: EFE)

La noticia más llamativa de los últimos días ha sido el deslinde del aspirante presidencial Pedro Castillo con el ideario de su agrupación política (Perú Libre), el cual propugna cambiar la Constitución y ‘capturar’ los principales yacimientos mineros y de hidrocarburos, como el de Camisea, al cual dedica especial atención.

Y es que la nacionalización del gas cusqueño, en el imaginario de Perú Libre, permitiría triplicar el presupuesto para el sector educación, convirtiendo dicho recurso “en el pan de la educación peruana”.

En vez de eso, Castillo propuso la semana pasada “no ir más allá” en la nacionalización de Camisea si el consorcio liderado por Pluspetrol acepta destinar toda su producción al mercado interno y mostrar su conformidad “con el planteamiento de que el 70% queda para el país y el 30% se la lleva”.

Esto es, una ‘vuelta de tuerca’ a la supuesta expoliación de los recursos de gas por parte del Consorcio Camisea, una noción distorsionada por cuanto éste ya deja el 50% de sus ganancias en el país a través del pago del Impuesto a la Renta (30% de la utilidad bruta) y regalías (37, 24% del valor de la producción),. según expertos consultados por Día1.

ONDA NACIONALISTA

“Pocas personas conocen que los lotes 88 y 56 de Camisea pagan las regalías gasíferas más elevadas de la selva peruana. Con este dinero Cusco ha recibido S/1 millón al día desde el 2005 y ahora recibe US$1 millón diario”, apunta Gustavo Navarro, socio director de Gas Energy.

Gonzalo Chávez, economista de la Universidad Católica Boliviana, apunta que la repetición constante de cifras erróneas por parte de un “líder que se victimiza” y que achaca los males de un país a las trasnacionales constituye “la receta perfecta para nacionalizar los recursos minero-energéticos”.

El candidato presidencial Pedro Castillo ha detallado que su gobierno nacionalizará los recursos de petróleo y gas pero que no los administrará directamente, sino que los entregará a “empresas privadas peruanas”. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Ejemplo de ello es lo acaecido en Bolivia a inicios del prolongado gobierno de Evo Morales (2006-2019), un acontecimiento que brinda muchas luces sobre lo que podría suceder en el Perú.

“Se decía antes de la nacionalización del gas que el 82% de las riquezas se iba con los extranjeros y que sólo el 18% se quedaba en el país. Pero cuando uno examinaba el conjunto del government take veía que la proporción era de 55% a 45%. Jamás hubo la expoliación que se pregonaba”, comenta Chávez.

A entender del economista, es muy difícil desmontar propagandas como esta, profundamente enraizadas en el inconsciente colectivo de muchos latinoamericanos.

Pero, ¿qué implicancias tendría su aplicación en el Perú?

EL COSTO DE EXPROPIAR

Fuentes del Ejecutivo citadas por el diario Gestión estiman que una eventual nacionalización de Camisea motivaría una demanda internacional de US$7 mil millones, fundamentadas en las inversiones efectuadas por el Consorcio Camisea desde el 2000.

Esta no sería, sin embargo, la única manera de estimar una indemnización. Otra forma, según el ex viceministro de energía Luis Espinoza, consiste en analizar el flujo futuro de ganancias por la venta de gas natural y, sobre todo, de líquidos de gas natural, hasta el término del contrato de Camisea (2040-2044).

Esta ecuación arrojaría un valor nominal de más de US$26 mil millones y un valor presente de más de US$13 mil millones, asumiendo precios corrientes para el gas y el petróleo.

“Una cifra monstruosa”, declara Espinoza.

Sea cual fuere el caso, el exministro de energía y minas Carlos Herrera Descalzi considera que la nacionalización de Camisea sería un mejor negocio para el consorcio liderado por Pluspetrol que para el Perú, debido al alto costo de la expropiación y al menor beneficio que el país podría obtener de un yacimiento con reservas declinantes tras 20 años de explotación continua.

“Hoy, Camisea tiene la mitad de los recursos que tenía cuando el contrato se firmó hace 21 años, sobre todo, en líquidos de gas natural (materia prima del gas licuado) que es lo que sostiene al consorcio”, anota.

Por esta razón, Herrera enfatiza que una eventual expropiación de Camisea dejaría al Perú en un trance parecido al que nos dejó Juan Velasco Alvarado cuando nacionalizó La Brea y Pariñas en 1969: ahorcados y endeudados.

Las reservas de gas natural y líquidos de Camisea se han reducido dramáticamente en los últimos años tras sucesivos fracasos exploratorios por parte del Consorcio Camisea.

IMPACTO PROFUNDO

El costo de la expropiación no es, sin embargo, el único impacto que se debe considerar en un escenario de nacionalización. Uno no menor es el riesgo de desabastecimiento de gas natural y gas licuado, como consecuencia de la pérdida de conocimiento “en cómo operar eficientemente los pozos con los más altos estándares internacionales”, apuntan fuentes del sector gasífero.

Según un reciente estudio de Macroconsult, la puesta en marcha de Camisea ha generado ahorros para el país por US$100 mil millones, particularmente, en generación de energía eléctrica debido a la sustitución del diesel, combustible más caro y contaminante que el gas natural.

Otro punto en contra es la pérdida de credibilidad del país frente a futuros inversionistas en gas, petróleo y, sobre todo, minería.

“Las inversiones en hidrocarburos no son muchas, pero jalan a otras. Si el Perú no respeta este sector, existe el riesgo de que tampoco respete al resto. Los inversionistas lo ven así. En este escenario sus inversiones se van a ahuyentar”, refiere Espinoza.

El gobierno podría verse tentado a creer, sin embargo, que ha vuelto a recuperar la riqueza de todos los peruanos y que lo que vendrá será una maravilla, si sigue los pasos del modelo gasífero boliviano.

No obstante, estaría obviando una evidencia poco conocida en el Perú, y es que la nacionalización de los recursos de hidrocarburos en Bolivia tuvo muy poco o nada que ver con el auge del gas en el país altiplánico.

LAMENTO BOLIVIANO

De acuerdo a Gonzalo Chávez, la nacionalización del gas boliviano tuvo un efecto más político que efectivo, pero se le atribuyen todas las virtudes.

“Lo cierto es que Evo Morales se sacó la lotería cuando entró al gobierno porque encontró un precio del petróleo en alza y una nueva ley de hidrcarburos (promulgada anteriormente) que fue la que motivó la captura de una mayor renta gasífera. La nacionalización no tuvo nada que ver”, remarca el economista.

Bolivia experimentó un auge gasífero sin precedentes en 2008-2014, basado en el elevado precio del petróleo. Hoy el modelo boliviano está en crisis, al extremo que podría tener verse obligado a importar gas desde el 2029. (AFP / RONALDO SCHEMIDT).

Prueba de ello es que el modelo boliviano ha colapsado desde el desplome del precio del crudo en el 2014, al extremo de que su producción de gas ha entrado en “declinación profunda” y sus ductos “se están quedando vacíos”, añade Álvaro Ríos, ex ministro de hidrocarburos de Bolivia.

Bolivia, en efecto, ha pasado de una situación fabulosa en 2008-2014 a una muy preocupante, en la que tiene que importar todos los derivados del petróleo que consume debido a la nula exploración por parte del Estado, propietario de los recursos de hidrocarburos.

“Si no hay un cambio en el modelo, Bolivia también va a necesitar importar gas en el 2029 o 2030”, advierte Ríos.

¿Cuál es la alternativa, entonces, a la nacionalización Camisea? El mismo Pedro Castillo lo ha adelantado, cuando indica que renegociará los contratos del consorcio liderado por Pluspetrol.

Al respecto, los especialistas en hidrocarburos concuerdan en señalar que es posible implementar nuevas reglas, pero sin atentar contra la competitividad de las empresas y el sector hidrocarburos.

MASIFICACIÓN DEL GAS

Por ejemplo, Luis Espinoza señala que se puede empezar a negociar el precio del gas natural para que sea “un poco más bajo”, lo cual no sería difícil de conseguir porque el gas seco no es la médula del negocio para el Consorcio Camisea, como sí lo son los líquidos de gas (mejor cotizados).

El volumen de gas natural necesario para la masificación en hogares y comercios es muy pequeño, pero aún así se necesitan redes de ductos regionales e interregionales para poder transportarlo.

Por el contrario, advierte que el precio del gas licuado, debe seguir guiándose por el mercado, salvo que el gobierno acceda a devolverlo al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, como demanda la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas Licuado (ASEEG).

El desafío mayor, sin embargo, es cómo masificar el gas natural en el Cusco y el interior del Perú, una aspiración que no se podrá plasmar reencausando el gas que se exporta hacia el consumo interno, como propone Pedro Castillo.

Si el gas natural no es exportado, señala Gustavo Navarro, se quedará en Lima o en Camisea, porque no existe forma de transportarlo hacia el Cusco u otras regiones debido a la falta de gasoductos (sólo hay dos, que conectan Camisea con Lima e Ica, respectivamente).

Esta ausencia de infraestructura, y de un fuerte mercado de consumo en la sierra, obliga al Consorcio Camisea a reinyectar el 12% de su producción de gas natural.

De allí la importancia de reemprender el desarrollo del gasoducto surperuano (SIT-Gas), pensado para llevar el gas natural a las urbes más pobladas del Ande.

La alternativa a este proyecto es la masificación del gas mediante gasoductos virtuales (camiones) una opción que ha demostrado ser poco exitosa debido a sus elevados costos logísticos y de transporte, como lo demuestra la quiebra de Naturgy, concesionario del gas para el sur del Perú, y las dificultades de Quavii en la concesión norte.

“No se puede masificar el gas natural con camiones. Para eso se necesitan gasoductos”, sostiene Álvaro Ríos.

La penetración del uso del gas natural es muy grande en Lima pero escasa en las regiones, una situación que alimenta las contradicciones entre la capital y el resto del país. Lampadia

Jorge Pérez-Taiman
Abogado especializado en petróleo y gas
Para Lampadia

Según información difundida recientemente, el proyecto gasífero de Camisea ha permitido ahorros para el Perú del orden de los cien mil millones de dólares en el período 2004-2019, al desplazar a otros combustibles más costosos y contaminantes para una diversidad de usos. Actualmente el gas natural genera el 40% de la energía eléctrica que se consume en el país, con ahorros calculados en 77 millones de dólares para los usuarios. Como combustible ofrece ahorros de 57% con respecto a la gasolina y de 50% con respecto al Diesel y reduce dramáticamente el impacto ambiental de aquellos. Los clientes residenciales se han beneficiado con un ahorro de 419 millones de dólares, cifra que naturalmente aumentará conforme se vaya consolidando la masificando de su uso a nivel nacional.  Las cuantiosas regalías que paga el proyecto benefician al Estado en general y a la Región Cusco en particular.

No cabe duda que el desarrollo y puesta en producción del gas natural de Camisea constituye un éxito que hoy nadie discute y que casi hace olvidar los 16 años que tomó vencer la oposición demagógica al proyecto, basada en ideologías de izquierda e información distorsionada o abiertamente falsa. Lamentablemente, no habiendo aprendido de la experiencia, tenemos hoy operaciones petroleras que podrían beneficiar al país, a las regiones y a las comunidades aledañas a las mismas, que son atacadas y paralizadas con irresponsabilidad y demagogia similar a la que demoró Camisea durante 16 años.

Nuestra producción de petróleo crudo, que en su mejor época llegó a los 200 mil barriles diarios (MBD), está hoy alrededor de 30 MBD pese a que con el esfuerzo de contratistas privados había subido a 60 MBD en meses anteriores. Lamentablemente, a los precios internacionales del crudo afectados severamente por la pandemia y a las trabas puestas por   algunos entes estatales relativamente autónomos que funcionan descoordinadamente y sin un norte común, se sumaron tomas de campos e instalaciones petroleras que paralizaron las operaciones en la selva. Los reclamos de las comunidades nativas que protagonizaron estos hechos no están relacionados directamente con las operaciones petroleras, pues tienen que ver con promesas incumplidas por parte de los sucesivos gobiernos nacionales relativas a lo que se ha denominado cierre de brechas.  Como es evidente, estas acciones no solo perjudican la producción nacional y el canon para las mismas regiones productoras, sino que privan al Estado de importantes ingresos y espantan a las empresas que podrían tener interés en hacer las inversiones de riesgo que tanto necesitamos.

No siendo un país de grandes reservas de petróleo, en el pasado hemos podido atraer inversiones petroleras ofreciendo términos atractivos, respeto irrestricto a los contratos celebrados y condiciones razonables de seguridad para los inversionistas. Hoy vemos sin embargo que las inversiones en pozos exploratorios son ínfimas y la realidad es que la exploración que hoy no realizamos es la producción que no tendremos en el futuro y que hará que obligará a seguir pagando miles de millones de dólares en importaciones de crudo de países donde las empresas pagan impuestos y crean puestos de trabajo que bien podrían radicarse en el Perú.  No es pertinente comparar nuestra producción (30 MBD) con la de los grandes países petroleros, pero si con países vecinos que cuentan con una mayor actividad petrolera, como son Colombia y Ecuador, cuya producción hace palidecer la nuestra (Colombia (900 MBD y Ecuador 530 MBD), producto de una mayor cantidad de contratos activos y una mucho mayor inversión en exploración.  Sin embargo, nuestro país no es el único en Sudamérica con proclividad a dispararse en el pie.

En Ecuador tiene lugar en estos momentos un proceso judicial contra una serie de personas, basado en un informe de la Dirección de Auditoria de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, que objeta la tarifa por barril producido pactada en un contrato suscrito en el año 2012 con un inversionista extranjero para el Bloque Singue. El problema es que el informe de la Contraloría del vecino país contiene una serie de conceptos absurdos que demuestra una nula comprensión de la industria petrolera. De manera increíble, objeta el incremento de las reservas del lote – hasta el momento se han producido aproximadamente 4 veces las reservas estimadas inicialmente- lo que indudablemente beneficia al país y al inversionista a través de un contrato cuyo propósito era precisamente que el contratista privado realice inversiones en un campo marginal, con escasa información geológica, como lo confirma un informe de la propia Secretaría de Hidrocarburos al Viceministro del sector que analizó el potencial del Bloque Singue y otros cinco bloques previamente al ofrecimiento de los mismos al sector privado: “(…) estos bloques podrían contar con un potencial hidrocarburífero adicional ya que no han sido evaluados en su totalidad todos los prospectos estructurales y/o estratigráficos; motivo por el cuales se requerirán inversiones adicionales para explorar, explotar, desarrollar, poner en producción y evaluar el petróleo crudo que se explotarían de estos bloques, en un monto de aproximadamente USD 230 millones, cifra que podría ser superior o menor en función de los nuevos descubrimientos. Por lo señalado y considerando la importancia que tiene para la economía del País el desarrollo de nuevas estructuras prospectivas hidrocarburíferas y el incremento de la producción de petróleo crudo; creemos necesario se inicie un nuevo proceso licitatorio abierto a la inversión privada”

Frente a esta contundente afirmación de las propias autoridades ecuatorianas, ahora se sostiene que hubo una sub valuación de reservas en el Bloque Singue, sin considerar que la cifra disponible el 2011 en base a información proporcionada por un solo pozo exploratorio es, en ausencia de pozos confirmatorios, muy imprecisa por su propia naturaleza. También se ha llegado al extremo de afirmar que estudios sísmicos confirmaban la presencia de mayores reservas, cuando cualquier persona medianamente informada sobre la industria petrolera sabe que es absolutamente imposible confirmar reservas solamente con actividad sísmica. Se ha objetado que se haya considerado un factor de recobro de reservas algo menor al 100% de las que se calculaba existían originalmente, cuando esta es una práctica común en la industria petrolera internacional por razones estrictamente técnicas.  Lo peor, sin embargo, es que con estos argumentos falaces se está violando la seguridad jurídica de un contrato que ha sido exitoso y beneficioso para ambas partes y se está comprometiendo la honra de personas que –salvo evidencia en contrario que la fiscalía ecuatoriana no ha podido hasta ahora presentar- simplemente cumplieron con su deber.

Resulta necesario anotar que los contratistas cuyas operaciones están paralizadas en el Perú cuentan, al igual que en el caso ecuatoriano, con contratos válidos y con las decenas de permisos regulatorios y ambientales que la correspondiente legislación nacional exige, pero aquí no pueden operar y allá están involucrados en un proceso judicial alucinante.

Perú y Ecuador, dos países vecinos con diferentes realidades petroleras y diferentes problemas que la afectan, pero con una común y lamentable vocación de dispararse al pie. Lampadia

Carlos Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hay una discusión permanente respecto a cómo se debe reportar el costo marginal de generación eléctrica de corto plazo ante el COES (Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico), la misma que se exacerba ante las ganancias o pérdidas potenciales de los generadores térmicos e hidráulicos.

El tema se complica cuando el análisis se quiere reducir solo a la generación eléctrica y no a los componentes y costos de la energía. Unos exigen que, para el cálculo del costo marginal de generación térmica con gas, se asuma que el costo del gas puesto en planta para generación sea considerado como costo variable. Por otro lado, los generadores termoeléctricos reclaman, con justa argumentación técnica que, para el costo marginal deban reportar sólo el costo variable del gas consumido y no el total proveniente de los contratos “take or pay”.

Este es precisamente el meollo del asunto, pues los contratos “take or pay” se diseñaron para asegurar el desarrollo del proyecto de gas de Camisea, la infraestructura de su transporte y la planta criogénica de Melchorita para la exportación. Tal modalidad de contratación buscaba cubrir los riesgos de inversión propios de la incertidumbre de la demanda, puesto que no se contaba con compromiso de consumo asegurado.

Todos comprendemos que la solución adoptada de suscribir contratos “take or pay” era indispensable, tanto para la comercialización del gas, como para el transporte del mismo. Lo que resulta muy claro es que, estas soluciones son temporales y sólo aplican mientras se den las condiciones de debilidad e incertidumbre de la demanda, condición que debe eliminarse cuando el proyecto madura y la demanda es suficiente.

Es el caso  del proyecto del gas de Camisea, que se construyó hace quince años y la demanda del gas creció lo suficiente, al extremo que TGP (Transportadora de Gas del Perú) se vio obligada hace varios años a incrementar la capacidad de transporte del tubo, instalando compresores para aumentar el volumen de gas transportado.

Lo anterior hace que nos preguntemos si hay, a estas alturas de la historia, razón alguna para las empresas que compran gas estén obligadas a suscribir cláusulas “take or pay” con el productor del gas y con el responsable de su transporte. La consecuencia de mantener esa modalidad de contratación genera un ingreso (utilidad) por un bien (gas) o servicio (transporte) no vendidos y en exceso a lo realmente consumido. Claramente eso no es adecuado.

Cuando introducimos este ajuste (corrección) en la comercialización del gas, inmediatamente convertimos el costo del gas y su transporte en costo variable. Entonces la fórmula planteada y discutida entre los generadores térmicos e hidráulicos adquiere sentido y a partir de ese momento alcanzaremos un costo marginal de generación de corto plazo más adecuado y justo.

Es claro que también se debe transparentar TODOS los elementos que impactan los costos de generación, como, por ejemplo; las restricciones técnicas de arranque y tiempo mínimo de operación de las máquinas térmicas, pues, por esa vía también se ha impactado por muchos años los costos marginales de generación en beneficio de tales generadoras térmicas.

Para que cualquiera entienda con facilidad, cuando alguien declara que su máquina “tiene que operar” como mínimo un número de horas (168 horas) muy superior al real (2 horas), está obligando al mercado a pagarle por horas de operación, pero de una forma muy graciosa; el generador térmico obliga a que todos los generadores  le paguen entre ellos el costo total del gas y su transporte como costo variable, mientras que para generar regularmente, asumen que tal costo es fijo y no se debe computar.  La consecuencia es que les deben reconocer un costo en el que no incurren realmente. Eso no es correcto e impacta la tarifa, exacerbando el conflicto entre hidroeléctricas y termoeléctrica, pues se manipula ciertos parámetros en beneficio de estos últimos y perjuicio de los primeros. Lampadia

Cusco ha batido todos los records de crecimiento en lo que va del año y sigue manteniendo su liderazgo. Según un informe reciente del INEI, esta región se ubica en el primer lugar de crecimiento de su PBI con resultados realmente espectaculares: 17.5% en el 2013.

Cabe recordar que en un estudio del IPE publicado a mediados de este año, se afirma que el crecimiento acumulado del PBI de Cusco entre el 2001 y 2013 fue también impresionante. Después de China, se convirtió en la economía de mayor crecimiento del mundo, superando también a Panamá y la India. En el mismo período el crecimiento mundial acumulado fue de solo 55%, mientras que el Perú tuvo una expansión de 109% y el Cusco de 172%. Bolivia que el último año creció más que el Perú, solo acumuló un crecimiento de 61% en los últimos 13 años. Performance que no es suficiente para que ahora la izquierda pretenda descalificar nuestro modelo. 

Según el INEI, otras regiones del Perú han tenido un desempeño inverso. En el 2013, Pasco y Cajamarca, mientras Cusco creció en 17.5%, cayeron a -0.3% y -0.6%,  respectivamente.

Los motivos del crecimiento de Cusco se deben principalmente a la inversión privada, el gas de Camisea y el turismo. Las proyecciones de crecimiento de la Cámara de Turismo del Cusco (CARTUC) para el 2014 señalan una cifra  aproximada de cuatro millones de turistas que ingresarán a la región; con lo cual se prevé que siga este extraordinario avance del sector.(Ver en Lampadia (L): Cusco, te busco)

La explotación del gas natural de Camisea ha sido decisiva en el extraordinario crecimiento de Cusco. Este proyecto, que debió iniciarse a mediados de los años 80, se postergó 20 años en entrar en producción por la absurda oposición  de la izquierda. En especial de los cusqueños liderados por el entonces alcalde, Daniel Estrada, quien recibió el respaldo de Alan García (primer gobierno). Sí el proyecto se hubiera realizado en esa época las condiciones sociales y económicas de la región serían inmensamente mejores a las de hoy.Para muestra, las cifras del siguiente cuadro:

Camisea, además, cambió notablemente la matriz energética del país. En el 2001 el 58.5% de la energía eléctrica provenía del petróleo, pero hoy esa cifra se ha reducido porque el 43% de la energía proviene del gas natural.

Cusco recibió por regalías del gas US$ 1,304 millones en el 2013 y 101 millones de nuevos soles por canon minero.

Sin embargo, los beneficios no han conseguido desterrar aún del todo las  ideas anti inversiónde muchos cusqueños. Un ejemplo es la paralización de la inversión minera en Espinar, que pretendió boicotear las operaciones de Antapaccay. (Ver en L: Tierra y Libertad conspira en Espinar). Acaba de suspenderse el proceso de concesión del Teleférico de Choquequirao mediante una resolución judicial, producto delos celos regionalistas. Este proyecto habría generado inversiones de S/. 123 millones.

No se entiende esta actitud, lo ocurrido con el proyecto de Camisea, el cual tuvo que sortear una absurda demora de 20 años, demuestra que oponerse a inversiones de este tipo es en realidad un disparo al pie. Conga, de alguna manera, está sufriendo el mismo tipo de oposición que en su momento afectó a Camisea.

Este proyecto traería una inversión de US$ 5 mil millones, esperemos que no tome 20 años en viabilizarse. Lamentablemente hay algunos que todavía no quieren comprender y aceptar que el crecimiento se debe fundamentalmente a la inversión privada, y siguen deteniendo proyectos importantes. (Ver en L: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Si Cusco y el Perú quieren seguir creciendo como lo han hecho tan espectacularmente en los últimos años, deberán apostar por la inversión. Lampadia

El lote 108 es uno de los más prometedores. En su subsuelo estaría atrapado una reserva gasífera más importante que la de Camisea. De confirmarse su existencia, el Perú obtendría la energía suficiente para seguir impulsando nuestro crecimiento económico. Desde luego, también se beneficiaría enormemente los distritos, provincias y departamentos enmarcados dentro de este lote (Pasco, Junín, Ayacucho, Ucayali y Cusco) y por dónde pasarían las necesarias obras de infraestructura que se debieran levantar para lograr la explotación de dicho recurso. Esta posibilidad de desarrollo es la que ha movilizado a los antipatriotas de siempre (curas, izquierdistas radicales, pseudo ambientalistas y falsos líderes indígenas y campesinos) para detener el proyecto y mantener de esta manera al país en el atraso y la pobreza. Con este fin convocaron a un paro el 22 de junio último, cerraron las carreteras y exigieron que Pluspetrol se retirara. Su objetivo era impedir que la empresa empezara a realizar las labores de sísmica. (Ver en Lampadia (L): Pichanaki y el lote 108: historia sin fin). Los revoltosos no pudieron mantener su medida de fuerza, el 25 de setiembre, al perder respaldo tuvieron que levantar la paralización.

El 13 de diciembre del 2005 Perupetro y Pluspetrol E&P firmaron el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 108 que se ubica en la Selva Central y abarca las provincias de Oxapampa del departamento de Pasco; Chanchamayo y Satipo del departamento de Junín; Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho; Atalaya del departamento de Ucayali; y, La Convención del departamento del Cusco. Esta es una zona que estuvo altamente convulsionada durante los 80. Allí operó Sendero Luminoso y el MRTA, así como bandas de narcotraficantes. Hasta la actualidad los remanentes subversivos, los traficantes de drogas y madera controlan amplios espacios en el lugar. A pesar de las precarias condiciones de seguridad que mantienen en la pobreza, tiene un enorme potencial agrícola, especialmente cafetalero y de cacao. Un megaproyecto gasífero podría hacer despegar toda la región, pero los intereses de las mafias y los dirigente antiinversión quieren impedirlo.

El complot contra las operaciones de Pluspetrol en el lote 108, siguió todos los procedimientos del manual intiinversión impreso en Cuba y que ha sido empleado al pie de la letra para impedir el desarrollo de importantes proyectos. Ahí están los ejemplos de Tambogrande, Conga, Santa Ana, la represa de Inambari, Cañariaco, etc. Las pasos de este brevario son: Camuflar su discurso bajo el paraguas ecológico, repetir las falsedades, movilizar a la población. Para esto último, chantajean, intimidan, amenazan y hasta violentan a los ciudadanos. Finalmente se institucionalizan creando comités, asociaciones, frentes de “defensa”.

En esta oportunidad, los operadores antiinversión realizaron las mismas tareas. La prédica estuvo a cargo del sacerdote español Ricardo García García, quien de acuerdo a los pobladores  no solo difamaba a los dirigentes indígenas, sino que azuzaba a los ciudadanos con el pretexto de defender el medioambiente. Además, crearon el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki y se puso como presidente a Carlos Echevarría, un etnocacerista que participó en el Andahuaylaso. Los dirigentes acusaron a Pluspetrol de cometer excesos, de incomodar a los agricultores y de que sus camiones atropellaban a los lugareños.

Lo que no tomaron en cuenta es que Pluspetrol venía laborando en la zona con mucho cuidado. Desde el 2012 efectuaron 134 talleres informativos con 101 comunidades indígenas de la zona, y con 33 centros poblados en los que se iban a realizar labores. En estas comunidades llevó a cabo 3 audiencias públicas con participación de autoridades locales, regionales, y del gobierno central. Y no solo eso, se firmaron acuerdos con 1,900 agricultores y 34 comunidades indígenas. Para que no queden dudas, todo lo actuado se publicó en varios medios de comunicación para que la gente esté enterada.

Además, se venían coordinando y trabajando muy estrechamente con la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central la cuál reúne a varias federaciones de comunidades y pueblos indígenas originarios de la familia Arawak: Asháninkas (mayoritarios), Asheninkas, Nomatsiguengas, Kakinte y Yaneshas. Fueron ellos, los que salieron a defender el proyecto y a desenmascarar a los dirigentes del supuesto frente de defensa. En varios comunicados rechazaron las actividades y el discursos de los dirigentes del Frente y exigieron que se retire al cura Ricardo García, quien habría hostigado a la población con violencia para que plegara al paro.

En una dura carta al obispo de San Ramón señalan: “Hacemos responsable a su despacho de la conducta de este cura mediocre y falso, que promueve la violencia. Hacemos responsable a la Iglesia Católica de este nuevo atropello a nuestros pueblos, dignidad y nuestra vida. Le recordamos que si algún hermano indígena se ve afectado por cualquier hecho de violencia, nosotros aplicaremos nuestra propia ley, nuestra propia justicia indigna. Este es nuestro último aviso”.

Son pues los verdaderos pueblos indígenas los que desean y son conscientes de las oportunidades que puede traerles el desarrollo de un proyecto de esta magnitud. Todos debemos apoyar y defender la voluntad de estos peruanos que han sufrido el abandono y que resistieron a la insania senderista. No los podemos abandonar en esta lucha que es la de todos los peruanos, la del crecimiento y el desarrollo integral y sostenible. Lampadia