Rafael Venegas
Para Lampadia

Esta conocida expresión urbana se utiliza cuando algo prohibido sucede en presencia y ante la pasividad o falta de acción de quienes deberían impedir que suceda.

Por lo tanto, es perfectamente aplicable a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Estamos permitiendo que una banda de malos peruanos, aprovechándose de las debilidades de la población y utilizando métodos vedados, se apoderen del país y de sus instituciones, para saquearlo en nombre del ¨pueblo¨ y a vista y paciencia de todos. 

¿Qué nos pasa? ¿Por qué lo permitimos? 

¿Vamos a dejar que destruyan nuestro país sin que hagamos nada? 

Lo que está sucediendo no es un hecho político, es el avance de un grupo delincuencial que se ha encontrado con el poder, sin tener la mas mínima preparación, para dar rienda suelta a sus instintos corruptos. Las pruebas están claramente a la vista y las consecuencias serán desastrosas si permitimos que esto continúe.

La repartija de cargos públicos incrementando mas aún la burocracia y la incapacidad estatal, la corrupción generalizada aprovechando estos cargos, el tráfico de influencias y el abierto apoyo a la ilegalidad, narcotráfico e impunidad, son las características que este escandaloso, corrupto e incapaz gobierno ha mostrado en menos de seis meses a vista y paciencia de todos. 

Además, para que todo esto pase desapercibido, generan situaciones políticas extremas para distraer la atención pública y de la prensa. Entre ellas el nombramiento de ministros y altos funcionarios públicos impresentables, las amenazas de expropiación, el apoyo a desmanes públicos, los pactos con la informalidad, entre otras infames tácticas. 

Por eso la única solución para detener esta debacle es la inmediata vacancia o destitución de este nefasto gobierno. Felizmente, la Constitución y los códigos legales nos dan las herramientas necesarias y suficientes para poderlo hacer. Sólo es cuestión de decisión firme, valentía y patriotismo de quienes tienen el deber representativo de ejecutarlo. 

Como se trata de corrupción y delincuencia, el camino normal sería a través de las instituciones encargadas de impartir el orden y la justicia. Sin embargo, como todos sabemos, estas están totalmente tomadas y parcializadas con el fraude y la corrupción. Estas incluyen a las fiscalías, las cortes de justicia, el nefasto sistema electoral y hasta la vergonzosa e inútil Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lamentablemente este camino no nos conducirá a ninguna parte.

Por eso, la solución está en los mecanismos de defensa amparados por la Constitución y que deben ser ejecutados en primera instancia por el Congreso y en último caso por vía de la insurgencia ciudadana o la participación de las FFAA.  

Aquí no estamos hablando de izquierda vs. derecha, ni de ricos vs. pobres, ni de dueños vs. trabajadores. Aquí se trata de los buenos peruanos honrados y trabajadores vs. los malos peruanos corruptos y aprovechadores. 

Repito que esto no es un tema político, es un tema delincuencial, sino revisen los ¨ensayos de laboratorio¨ que se han llevado a cabo en varias regiones y municipios liderados por políticos corruptos de izquierda, como en Junín, Puno, Ancash, Cajamarca y Arequipa, entre muchos otros. 

Como acaba de confesar el dirigente máximo de PL, su objetivo era lograr pasar la valla electoral para no perder su inscripción, ya que el plan de largo plazo de la izquierda radical aún no estaba a punto.

Jamás soñaron con ganar las elecciones, menos aún cuando obtuvieron sólo el 10.5% de los votos en primera vuelta. Nunca pensaron que la ayuda de los anti fujimoristas, los ¨cojudignos¨, los caviares, la pandemia y el fraude electoral avalado por los entes electorales y el gobierno caviar de turno, los llevaría del 10.5% al 50.5% en la segunda vuelta. Pero así sucedió a vista y paciencia de todos. 

 En nuestro país, la izquierda ha sido exitosa en la implementación del plan de largo plazo ideado por el foro de Sao Paulo. Han logrado cumplir sus dos principales objetivos:  

1. Penetrar las mentes de los jóvenes y las personas vulnerables a través de la toma del sector educación y la lucha de clases.

2. Penetrar las instituciones públicas y hacerse de los cargos que toman las decisiones.

Sin embargo, no lo han conseguido solos, ya que han contado con la importante ayuda de sus adoctrinados y acomodados seguidores (los caviares), así como de los vergonzosos medios de comunicación, salvo contadas excepciones. 

También es necesario reconocer que contaron con un apoyo indirecto de la clase empresarial, ya que ésta prefirió gozar del crecimiento económico y la bonanza, manteniéndose alejados e indiferentes de la política y del quehacer diario del país. Craso error, que debe ser analizado en detalle y corregido para que no vuelva a ocurrir. 

Esta fue la plataforma que le sirvió a este corrupto y delincuencial grupo de malos peruanos, que sin saber cómo, se han hecho del poder y lo están aprovechando al máximo para saquear al país.  

La buena noticia es que toda esta pesadilla si tiene una posible solución legal y constitucional la cual está a vista y paciencia de todos.

Ante la ausencia de la primera línea de defensa, es el Congreso quien tiene el deber de hacerle frente a esta gran amenaza, en defensa de la población que representan. 

Para esto se cuenta con las herramientas necesarias y suficientes en la Constitución. No sólo en el artículo 113, que regula las causales de vacancia, sino también en los artículos 99 y 100, que han sido expuestos y sugeridos por la magistrada y ex presidente del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma.

El artículo 99 dice a la letra: ¨Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al presidente de la República; a los ministros de Estado; a los miembros del TC y de la JNJ; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de cesado en estas¨.

El artículo 100 dice: ¨Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad¨

“Más claro ni el agua”. 

Entonces, señores congresistas, está en sus manos el futuro del Perú y de los peruanos. Ya dejen de escudarse en “la gobernabilidad”, la cual no es posible en un escenario donde reina la corrupción y la impunidad.  

Es hora de que los congresistas del grupo “intermedio”, que son los que tienen la decisión en sus manos, asuman con valentía y patriotismo su rol de defensa de la población a la cual representan y decidan en favor del Perú y de los peruanos. 

Si se comportan como deben, tengan la seguridad que toda la población se los reconocerá y agradecerá.

En el supuesto negado que el Congreso no se comporte a la altura requerida, tendremos que pasar a las dos siguientes líneas de defensa. ¡Para lo cual se necesitará un eficaz liderazgo, mucha valentía y un gran patriotismo! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La presidenta del consejo de ministros consolidó en unos tuits los mensajes que dio sobre la minería en la entrevista que concedió a Enrique Castillo el domingo pasado. Su tono razonado deja traslucir claramente su visión y su posición frente a las empresas mineras.  

“Lamento que los conflictos hayan escalado tanto, sin embargo, las demandas que la población está planteando tienen muchos años y tenemos que entender el hartazgo por la desatención del Estado”, afirma. Se refiere, por supuesto, al incendio del campamento y la planta de la mina Apumayo y a los bloqueos y ataques a Antamina. Y, claramente, los justifica. Los lamenta, pero los justifica: “tenemos que entender”. Se lo dijo aun mas claramente a Enrique Castillo: “En los conflictos se pueden presentar factores que distorsionan la protesta. No podemos por estos factores descalificar de plano estas legítimas demandas”. La violencia no descalifica.

Esto es grave. Si la segunda máxima autoridad gubernamental justifica la violencia, los violentistas se sentirán autorizados a actuar y los actos destructivos se van a generalizar. La Premier convertida implícitamente en la primera agitadora nacional. ¿La violencia como partera de la historia? ¿Ese es su credo? Sólo un marxista leninista justifica la destrucción de la propiedad pública y privada. Pero es un delito que tiene que ser condenado y sus autores juzgados y castigados. Estamos en un estado de derecho. La primera obligación del Ejecutivo es establecer el imperio de la ley.

Argumenta la primera ministra que “Una protesta siempre tiene una serie de demandas que para la población son justas”. En muchos casos sí. Pero en algunos otros son pura extorsión. Que también es un delito. Tenemos el caso de Antamina, donde una comunidad bloqueó la carretera protestando por el mineroducto, denunciando que la empresa había usurpado los terrenos comunales. Pero la empresa había comprado las tierras para construir esas infraestructuras 20 años atrás, y optó por el mineroducto precisamente para que no hubiese impactos de ningún tipo.

En el corredor minero la extorsión se ha convertido en un negocio. Las Bambas ha entregado 2,500 millones de soles en obras, compensaciones y regalías, el nivel de vida ha mejorado según demuestra un informe de Macroconsult, pero se bloquea sistemáticamente exigiendo más beneficios. Y eso ocurre debido a la ausencia e inoperancia del Estado en todo sentido. Es la ley de la selva. Por un lado, el Estado no impone la ley cuando se extorsiona a las empresas o se bloquea carreteras. Por otro lado, no cumple sus compromisos de inversión, lo que irrita con justicia a la población. El canon, diseñado para que los pueblos se beneficien con las rentas de la minería, no funciona: se gasta poco, mal y con mucha corrupción.

En suma, no hay gobernanza minera. Entonces la Premier ofrece un nuevo enfoque: “En esta nueva etapa, estaremos llegando con nuestros equipos a los lugares donde están los conflictos, con una estrategia multidisciplinaria, acompañados de los ministerios que tengan que ver con el tema del conflicto”. Pero así se ha hecho siempre y no ha funcionado. Se firman compromisos y luego se pierden en el pantano burocrático.

Se requiere de las siguientes medidas:

• Crear un vicepremierato en las regiones mineras, que coordine a todo el Estado, asegure que los compromisos se cumplan y se adelante a los conflictos. O adaptar para esos efectos esas Oficinas de Desarrollo Regional que se han creado en algunas regiones.
• Luego, reformar el uso del canon. Milton Von Hesse tiene una propuesta: que el 70% del canon pueda ser entregado voluntariamente por las autoridades regionales y locales a Proyectos Especiales de Inversión Pública que puedan ejecutar un plan integral. Las autoridades tendrían el incentivo de adicionar una cantidad similar a la transferida a cuenta del adelanto del canon futuro. Esta unidad ejecutora puede:
  • Contratar personal altamente calificado, con mayor sueldo,
  • Usar modelos contractuales modernos y contratar asistencia técnica o PMO.

Pero la Premier no está planteando nada de esto. Para ella la solución se reduce a un diálogo en el que el Estado balancee las “asimetrías”. Dice: “estamos decididos a retomar los procesos de diálogo, pero de manera adecuada, respetando los actores, con los enfoques pertinentes, ayudando a que las asimetrías se reduzcan y que dialoguemos genuinamente para buscar salidas”.

Pero las mesas de diálogo se abren cuando el conflicto ya está instalado. Y son un círculo vicioso porque producen compromisos que luego no se cumplen, lo que lleva a mas conflictos. Entonces es necesario crear una institucionalidad como la mencionada que permita la gobernanza minera, prevenir los conflictos y conseguir el desarrollo integral.

Por lo demás, la visión de la primera ministra acerca de las asimetrías es parcial. Existe efectivamente una asimetría tecnológica y de poder económico entre las empresas mineras y las comunidades, en favor de las empresas mineras. Pero hay también una asimetría de narrativas, en contra de las empresas y de la minería. Es muy difícil que argumentos técnicos cambien creencias y mitos que en algunos casos se fundan en el historial pasado de la minería, que era muy contaminante. Es muy fácil atribuirle a la mina la mineralización natural de un río, por ejemplo. Los temores son muy fáciles de infundir. Y entonces allí la labor del Estado es explicar, no alimentar o atizar los mitos.

La Premier afirma que no es antiminera. Pero ella ha sido directora ejecutiva de Grufides, la ONG de Marco Arana responsable de que Conga no se pudiera ejecutar, con argumentos falaces y con violencia. Esos son sus antecedentes. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de octubre de 2021
Para Lampadia

Llamarle pomposamente 2ª. Reforma Agraria a un conjunto de actividades y programas inherentes al Ministerio de Agricultura es pura demagogia política. Y anunciarla un 3 de octubre – fecha del golpe militar de Velasco en 1968 – denota el sesgo irrefrenable de este Gobierno, por aquel estatismo retrógrado, totalitario y fallido de los aciagos años 70´s y 80´s en nuestro país.

Efectivamente, Velasco fue un expropiador nato. Expropió todo lo que se le cruzó por la mente: petróleo, minería, pesca, gran parte de la industria y el comercio, energía, telefonía, banca, medios de prensa y televisión, algunas salas de cine (el tipo estaba loco), hoteles, y – por supuesto – tierras agrícolas. Las empresas agrarias – incluidas las maquinarias, ganado, instalaciones, y todo – fueron expropiadas, sin pago alguno, dentro del marco de la Reforma Agraria de entonces, que como se sabe, fracasó al poco tiempo de su promulgación.

Sin embargo – según el propio Presidente Castillo – la 2ª. Reforma Agraria no va a expropiar nada. ¿Para qué – entonces – la denominación reformista? Y – peor aún – ¿para qué el 3 de octubre? ¡No nos vengan con cuentos! Castillo tenía 364 días del calendario para anunciar una medida como la 2ª. Reforma Agraria, y escogió el único día del año en el que – repito – Velasco dio un Golpe de Estado, con el que se iniciaron las expropiaciones confiscatorias y el estatismo perverso en nuestro país.

Por otro lado, recién se ha conformado el Grupo de Trabajo que elaborará el Plan de Acción correspondiente. O sea, la 2ª. Reforma Agraria es – por ahora – sólo un título. O – en el mejor de los casos – una idea vaga, sin ningún detalle de quién va a hacer qué, ni cuándo. Y tampoco se sabe cuánto costará, ni de dónde saldrán los recursos.

Lo único que se sabe es que estará basada en ciertos lineamientos, bien intencionados, como Seguridad Alimentaria, Asociatividad y Cooperativismo, Productividad y Competitividad, Ingreso a Mercados, Afianzamiento Hídrico, Tecnificación, Industrialización, Servicio Civil de Graduados (SECIGRA), Capacitación de Pequeños Productores, Caminos Rurales, entre otros. Al menos, eso es lo que dicen.

La pregunta es ¿acaso no son esas funciones inherentes al Ministerio de Agricultura? Entonces ¿para qué llamarle Reforma a algo tan rutinario y propio de la institución rectora del sector? ¿Para qué parecerse a una medida fracasada como la Reforma Agraria de Velasco, que empobreció – hasta la miseria – a millones de compatriotas?

Ahora bien, en lo que va de este Gobierno – 60 días y más – no se ha dado ninguna medida de reducción del gasto improductivo en el Ministerio de Agricultura, lo cual avizora que la 2ª. Reforma Agraria no va a tener recursos para su implementación. Todo se va a gastar en burocracia, consultorías y papeles… como siempre. Y nada en el campo.

Como dije en el artículo de la semana pasada – aquí en Lampadia – (2ª. Reforma Agraria… tan retrógrada y acomplejada como la 1ª.), este Gobierno no achunta una. Y – en este caso – por generar tantas expectativas… para nada, le va a salir el tiro por la culata.

Los lineamientos de la 2ª. Reforma Agraria están bien. Nadie – en su sano juicio – podría estar en contra de ellos. Pero no se necesitaba tanta pompa para anunciar programas y actividades propias del Ministerio de Agricultura. Aun así, nada de lo anunciado se va a lograr. Nada va a beneficiar a la agricultura de nuestro país, y menos a los pequeños productores del campo. La burocracia inepta, indolente y elefantiásica del Estado aguará la fiesta. La organización criminal estatista, retrógrada, terrorista y corrupta que nos está gobernando – empezando por el Presidente Castillo y el Premier Bellido – lo echarán todo a perder.

– Mucho ruido y pocas nueces – es un refrán muy popular, que en este caso significa que la 2ª. Reforma Agraria es puro floro y cero sustancia. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

Cuando se le pregunta a la población, ¿cuál es el principal problema que enfrentamos?, la gran mayoría indica que es la corrupción.

Pues bien, este problema no comenzó ahora, lleva ya 200 años en el Perú.

Alfonso Quiroz, fue un estudioso investigador, historiador y profesor universitario en prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa, con múltiples publicaciones y lamentablemente fallecido muy joven a los 57 años.

Un año después de su muerte, se publicó su libro “Historia de la Corrupción en Perú” y en él hace un análisis muy exhaustivo de esta lacra social.

Quiroz define la corrupción, “como el mal uso del poder político burocrático por parte de camarillas de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas o políticas, contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones”.

Según el autor, en el Perú han existido ciclos de alta y muy alta corrupción. Nunca baja ni muy baja. Increíble

Si nos remontamos al inicio de nuestra vida independiente, según Quiroz, nuestros héroes libertadores San Martín y Bolívar, se apropiaron de manera abusiva y prepotente de fortunas a costa de expropiaciones, de recompensas jugosas que se hicieron otorgar y de tributos en nombre de la independencia y de su sacrificio.

Treinta años después, el general Echenique es derrocado acusado de haberse robado objetos pertenecientes al estado.

Hace muy poco el gobierno peruano acaba de recuperar después de muchos años, una pieza de oro: el “Intip Inti “(Sol de soles) que la hija de Echenique vendió a un coleccionista americano,

Es decir, no estamos hablando del siglo XXI, sino de los años 1821 para adelante. Hace 200 años ya teníamos serios problemas de corrupción.

La corrupción atenta persistentemente contra el desarrollo nacional. Es fácil ver cómo el poder en la historia del Perú va siendo manejado por una reducida élite, compuesta por los mismos personajes.  Es posible encontrar como parte de los grupos de poder: al político chantajista, al militar abusivo y prepotente, al funcionario público ineficiente y oportunista y al empresario interesado en los negocios de plata fácil, listo para hacer fortunas rápidas a cualquier costo

Si analizamos solamente los últimos 60 años, podemos ver que, en el primer gobierno de Belaunde, del cual nadie puede dudar de su honestidad, solo el escándalo del contrabando generó pérdidas por 59,000 millones de soles.

Ni se diga del primer gobierno de Alan García con múltiples casos de corrupción, con una estadística de la cual nadie se debería de sentir orgulloso, el dólar MUC, las reservas del país que fueron depositadas en un banco de dudosa reputación BCCI, el escándalo del tren eléctrico, la irrigación Chavimochic, el negociado de los Mirage, produjeron ingentes pérdidas el país.

Los gobiernos de Fujimori, Toledo, Humala y Vizcarra no se quedan atrás.

Tendría que utilizar muchas páginas para hacer un resumen de estos latrocinios.

Si cuantificamos lo que el estado perdió por la corrupción, no tendríamos cifras creíbles.

Solamente el año 2019, según estudios recientes la corrupción representó pérdidas para el país del orden de 23,000 millones de soles.

Cuando Antonio Raimondi en el año 1850 dijo,” el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, no tomó en cuenta que ese mendigo iba a producir ingentes recursos que irían a los bolsillos de gente inescrupulosa y no sirvió para el desarrollo del país. A pesar de ello hemos seguido creciendo.

El Perú es un país profundamente resiliente.

Cada vez que escribo mis artículos, siempre indico que se pueden hacer muchas cosas en bien del país, pero que es imprescindible la decencia y la honestidad.

Podríamos hacer un inventario de lo que se hubiera podido lograr, si esta elite de corruptos gobernantes no hubiera esquilmado al Perú.

Déjenme hacerles una pequeña relación:

• Se hubiera podido asfaltar todos los caminos del Perú, no solo carreteras sino trochas inaccesibles. Eso hubiera contribuido a que la gran mayoría de pequeños y medianos agricultores pudieran trasladar sus productos sin tener que acudir a intermediarios.
• Se hubieran podido construir cientos de hospitales de primer nivel, equipados con la última tecnología.
• Se podría dar educación de calidad y gratuita a toda la población escolar.
• Se tendrían universidades de primer nivel.
• Analfabetismo Cero y Hambre Cero.

Podría hacer una relación mucho más amplia, sin embargo la pregunta que cae de madura, es:

¿Somos una sociedad corrupta o es un tema inherente a la condición humana?

¿Somos el único país o en la gran mayoría de países el problema es el mismo?

Creo que en todos los países se cuecen habas, pero al tener instituciones fuertes, el tema de la corrupción es más controlado.

¿Podremos superar este problema que tiene 200 años?

¿Tendremos la solución a la brevedad o pasarán otros 100 años y alguien hará el mismo comentario?

Tenemos que entender que cuanto antes enfrentemos este problema, encontraremos el camino de la justicia social y del crecimiento. Lampadia

Hace un tiempo venimos escribiendo sobre el denominado “capitalismo consciente”, una tendencia corporativa que busca reformular el rol de las empresas desde su compromiso con la sociedad, con una misión y valores que expliciten el verdadero sentido de los negocios, como una fuerza creadora de bienestar. Ello más allá de su rol tradicional de maximización de ganancias en el largo plazo, enunciado por el economista Milton Friedman (ver Lampadia: Recuperando lo mejor del capitalismo).

En general en el Perú, los empresarios han evitado participar directamente en la política. Lo que es más, últimamente, los gremios empresariales han disminuido sustancialmente su participación en el debate político, dejando un vacío que viene siendo llenado por académicos, generalmente de izquierda, que no llegan a abogar por la consolidación de una economía de mercado sólida y convocante.

Esto, en un ambiente, desde el sector público, de una alarmante lejanía con el sector privado. Desde el gobierno de Humala, el sector público ha incorporado muchos funcionarios anti empresa y anti economía de mercado. Esto ha ido generando una absurda brecha con el sector privado, que llegó a su clímax en el gobierno de Vizcarra, en que incluso durante la emergencia nacional de la crisis sanitaria, no solo no se buscó el apoyo privado, sino que hasta se lo rechazó puniblemente, rehusando aceptar  donaciones de plantas de oxígenos y otros.

Además de esta actitud anti empresa del sector público, tenemos otro desarrollo muy pernicioso: el crecimiento de la burocracia pura, aquella que no incluye a los maestros, médicos, enfermeras, jueces y fiscales, y policías y militares, que desde el año 2020 ha crecido diez veces, sin correlato del crecimiento de la recaudación fiscal, que solo creció cuatro veces.

Como toda burocracia, se alimenta sola, creando cada día miles de normas que solo entorpecen al sector empresarial, desde la empresa más grande a la más pequeña, y al conjunto de la sociedad.

En estas condiciones la pregunta no es si los empresarios deben participar en política o no, sino que la sociedad civil, con los empresarios a la cabeza, no puede desentenderse del devenir del país.

En nuestra opinión, para evitar la participación en política y no caer en la búsqueda de la defensa de los intereses empresariales a puertas cerradas en las oficinas públicas, tenemos que fomentar una presencia transparente del sector empresarial en el debate público, ya sea mediante divulgación de propuestas a la opinión pública a través de sus gremios o, mejor aun, mediante el empoderamiento de Think Tanks y portales de análisis y opinión, que promuevan con autonomía la economía de mercado. Ver en Lampadia: Penetración de los Think Tanks en las redes.

Líneas abajo compartimos un artículo publicado por The Economist sobre este tema en EEUU. Lampadia

Empresas y democracia
El CEO político

Las empresas y la política se están acercando en EEUU, con preocupantes consecuencias

The Economist
15 de abril, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

Cuando los estadounidenses notan que las empresas y la política se mezclan en otros países, a menudo lo ven como un signo de decadencia institucional, capitalismo de amigos o autoritarismo. Hoy en día, la mezcla de gobierno y corporaciones está sucediendo en EEUU. A veces, eso se hace en pos de causas honorables, como en la protesta de los directores ejecutivos por las nuevas leyes que restringen la votación en Georgia y otros estados. A veces es visible en el estadista-CEO: el último manifiesto de Jamie Dimon, jefe de JPMorgan Chase, se pronuncia sobre adquisiciones militares y justicia penal, entre muchas otras preocupaciones importantes. En general, se refleja en la forma en que el Business Roundtable, un grupo de lobby, ha ampliado el ámbito empresarial para incluir el servicio a todas las partes interesadas para el éxito de sus empresas, comunidades y países.

Este periódico apoya firmemente la protección de los derechos de voto. Creemos que las empresas que operan en mercados competitivos impulsan el progreso social. No obstante, como liberales clásicos, también creemos que las concentraciones de poder son peligrosas. Los empresarios siempre presionarán para su propio beneficio, pero cuanto más se acercan al gobierno, más daño amenazan tanto a la economía como a la política.

EEUU fue pionero en la separación de las empresas de los políticos en el siglo XIX al poner fin al requisito de que las empresas de responsabilidad limitada sean autorizadas por el estado. Esta innovación fue contraria al patrocinio y ayudó a enriquecer a EEUU. Las relaciones entre el Estado y las empresas aún han sido turbulentas, desde la ambición y el injerto de la Edad Dorada hasta el corporativismo posterior a 1945. En las últimas décadas, el pensamiento dominante ha mirado a Milton Friedman, un economista del siglo XX que argumentó que la autoridad de los gerentes se deriva de los propietarios de las empresas, y que deberían priorizar los intereses de los propietarios, que suelen ser maximizar las ganancias a largo plazo.

Pocas empresas alguna vez estuvieron a la altura de ese ideal, pero hoy lo rechazan abiertamente debido a varias fuerzas. A medida que más ciudadanos quieren que las empresas apoyen las causas que aprecian, los directores ejecutivos que guardan silencio corren el riesgo de ser acusados de complicidad. Los administradores de fondos buscan evaluar los puntajes “sociales y de gobernanza” de las empresas, en respuesta a la demanda de sus clientes, y cobrar tarifas más jugosas. Las empresas de tecnología ejercen influencia sobre el discurso político. Muchos estadounidenses piensan que el gobierno de Washington está roto y pueden esperar que las empresas puedan llenar el vacío. Donald Trump intimidaba y seducía a las empresas. El presidente Joe Biden tiene una agenda de gran gobierno que se basa en una alianza con las empresas para lograr la renovación nacional, luchar contra el cambio climático y ceñir a EEUU contra el ascenso de China.

Incluso si esos objetivos son loables individualmente, todo esto equivale a un cambio en el papel de las empresas que conlleva riesgos subestimados. Uno es un despliegue de hipocresía que desacredita a todos. Muchos fondos de inversión con conciencia social están repletos de acciones de gigantes tecnológicos acusados de infracciones antimonopolio. Los miembros de la Business Roundtable que se comprometieron a cuidar de todas sus partes interesadas recortaron cientos de miles de puestos de trabajo el año pasado y están ocupados haciendo campaña contra los aumentos de impuestos para pagar el costo social de la pandemia. Querer defender los derechos de voto, que son fundamentales para la democracia, es natural. Pero eso conduce inevitablemente a la siguiente prueba: el apoyo a, digamos, nuevas leyes federales de votación, la reforma de la Corte Suprema y los boicots a China por los abusos de los derechos humanos en Xinjiang. Si los directores ejecutivos afirman que sus empresas son actores morales, ¿serán coherentes?

También está en juego el vigor de la economía. Los llamamientos a las empresas para que atiendan a todas las partes interesadas corren el riesgo de ser vacíos porque brindan poca orientación sobre cómo priorizar sus reclamos en competencia o medir el desempeño de los CEO. Un panorama empresarial saludable es heterogéneo, no uniforme: incluso en una economía que está creando puestos de trabajo, algunas empresas necesitan despedir a la gente, y un país que está reduciendo las emisiones todavía necesita algunas empresas para vender petróleo. Algunas de las empresas actuales ya están protegidas gracias a sus vínculos con el gobierno, a expensas de los innovadores externos que no lo están. Piense en Delta Airlines, que presionó en privado para enmendar la legislación electoral en Georgia. Es parte de un oligopolio que perjudica a los consumidores, acaba de recibir US$ 8,500 millones en efectivo del gobierno, redujo su fuerza laboral en un 19% durante la pandemia y es un importante contaminador.

El riesgo para los políticos es más sutil. Su inconsistencia es flagrante: los progresistas que alguna vez aborrecieron la participación de las empresas en la política ahora la instan, mientras que los líderes republicanos que se complacieron con las grandes empresas ahora quieren que se silencie. Pero los políticos desvían rutinariamente las acusaciones de hipocresía. El peligro real es que cuando se pide a las empresas que ayuden a resolver problemas políticos, como la reforma de las votaciones, los ejecutivos explotan su lugar en la mesa para promover sus propios intereses estrechos. Existe una profunda disonancia en la idea de que el descontento popular con la política puede resolverse dando más poder a una élite de CEO’s no electos.

La competencia que aprobó Friedman es una mejor forma de pensar sobre las empresas y la política. La competencia hace que sea legítimo y lucrativo adoptar el cambio social. En un mercado, las empresas deben anticiparse y adaptarse a las preferencias de la sociedad. Los consumidores quieren productos más humanos y menos derrochadores, por lo que las empresas están innovando para proporcionarlos, desde Beyond Meat hasta Tesla, lo que a su vez obliga a McDonald’s y General Motors a adaptarse. Para contratar al mejor personal, las empresas necesitan cada vez más culturas abiertas y diversas. Y para prosperar a largo plazo, las empresas deben anticipar cómo cambiarán las leyes sobre externalidades a medida que cambie la opinión pública. Hoy en día, pocos capitalistas harían inversiones duraderas basadas en el supuesto de cero impuestos sobre las emisiones de carbono o los suministros de los campos de trabajo en Xinjiang.

Quizás la nueva agenda corporativa sea solo otro frente en esta competencia: el marketing para ganar talento y clientes. Si es así, hay disponibles tácticas mejores y más efectivas, como el programa de Home Depot para aumentar la participación electoral entre su personal. Porque no se equivoquen, las empresas no sustituyen a un gobierno eficaz. Es el estado el que garantiza que los mercados sean competitivos y no estén sesgados por monopolios o corrupción. Solo los gobiernos pueden gravar externalidades como la contaminación y construir una red de seguridad social. Y la única forma legítima de mediar en las amargas divisiones de EEUU y proteger sus derechos fundamentales es a través del proceso político y los tribunales, no la suite ejecutiva. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

A pocas semanas de las elecciones generales, los candidatos empiezan a ofrecer de todo, creando falsas expectativas en la ciudadanía y una inminente posterior decepción. Esto pone en riesgo la democracia y pone en el tablero opciones radicales y anti-democráticas, pues la “dignidad” que promete nuestra democracia, desde hace varios años no está acompañada por crecimiento económico importante. Por lo tanto, los candidatos democráticos debieran aceptar algunas de las grandes limitaciones que tiene el Estado y pensar en fórmulas aceleradas de asegurar desarrollo económico y al mismo tiempo reforzar nuestra desgastada democracia a través de la educación.

Hemos visto ya algunos mecanismos de “aceleración” de inversión que funcionan muy bien (siempre con oportunidad de mejoras) como las Asociaciones Público-Privadas y las Obras por Impuestos. Sin embargo, se debe profundizar en este tipo de mecanismos y extenderlos a otros conceptos. Por ejemplo, explorar dos mecanismos para mejorar la educación: Servicios por Impuestos y un modelo de “Charter Schools” como existe en Estados Unidos, con muy buenos resultados.

En el caso de los servicios por impuestos, se podría permitir que empresas privadas especializadas en educación (Grupo San Ignacio de Loyola, Innova Schools, etc.) puedan operar colegios públicos y así salir de la burocracia del sistema estatal. Estas empresas privadas pagan impuestos – no están exoneradas, y podrían aportar con la provisión de sistemas, maestros y basarse en modelos más modernos y flexibles que permitan elevar el nivel educativo.

Por otro lado, los Charter Schools son colegios manejados de manera independiente (asociaciones de padres, empresas, organizaciones, iglesia), a pesar de que se financian con fondos públicos. Para poder abrir un charter school, sus impulsores deben presentar un expediente riguroso que debe ser aprobado por lo que sería el Ministerio de Educación/SUNEDU. Estos colegios no se rigen bajo las regulaciones de los colegios públicos normales, así como tienen más libertad para armar un currículo ad hoc, de acuerdo a características específicas de la comunidad y sus objetivos, emplear distintos métodos de enseñanza (ejemplo Montessori) e innovar, y también más flexibilidad para operar como un privado, para contratar y despedir maestros. A cambio de esta “libertad”, estos colegios están obligados a compartir mayor información, reportes e indicadores con el ente regulador. Los alumnos de estos colegios están sometidos a exámenes estandarizados, al igual que demás colegios, y es en poblaciones de bajos recursos y minorías, donde estos colegios han tenido mayor éxito.

Por lo tanto, lo que necesitamos no es un Estado todopoderoso, sino más bien alternativas prácticas que liberen la carga del Estado, que permita una ejecución rápida de planes y programas en beneficio de los ciudadanos, y que en el camino elimine oportunidades de corrupción. Lampadia

Referencias

https://www.cato.org/commentary/charter-schools-get-better-results-less-money-government-run-schools

https://gestion.pe/economia/gasto-publico-alumno-primaria-secundaria-peru-superaria-us-1-000-2021-151035-noticia/#:~:text=En%20el%20caso%20del%20gasto,hoy%22%2C%20se%C3%B1al%C3%B3%20el%20Ceplan.

https://www.vox.com/2014/4/30/18076968/charter-schools

https://www.edweek.org/policy-politics/what-are-charter-schools/2018/08

https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading/

https://gestion.pe/economia/gasto-publico-alumno-primaria-secundaria-peru-superaria-us-1-000-2021-151035-noticia/

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 12 de marzo de 2021
Para Lampadia

La burocracia estatal está atiborrada de “servidores públicos” indolentes, ineptos y corruptos. El entrecomillado es adrede porque muchos “servidores” no son – para nada – serviciales de cara a la ciudadanía. Ciertamente hay burócratas honestos y eficientes. Pero ellos no son el problema. El problema son los burócratas que todo lo traban. Aquellos que maltratan a la ciudadanía a más no poder. Aquellos que le brindan pleitesía al dios soborno. Aquellos que se sirven de la ciudadanía, en vez de servirla.

Por ellos – por los malos burócratas – los servicios públicos están como están. Me refiero a servicios que el Estado está obligado a brindarnos como salud, educación, seguridad ciudadana, justicia, etc. Por ellos, muchas inversiones públicas están paralizadas. Por ellos, las inversiones privadas avanzan a paso de tortuga. Y para colmo de males, por ese cardumen burocrático las cuentas fiscales están en déficit. Muchos peruanos no están conscientes de que gran parte del presupuesto público se destina al pago de remuneraciones de esa burocracia parasitaria, la cual crece día a día.

El problema se ha agravado por la proliferación de instituciones públicas. Básicamente Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), y Municipios Distritales. Tenemos 19 ministerios, alrededor de 70 OPD´s y 1,874 municipios distritales en el país. Pero eso no es todo. Hay en proceso de creación ¡120 nuevos distritos a nivel nacional!

En los últimos 20 años la burocracia estatal no esencial – es decir, excluyendo a médicos y enfermeras, maestros, policías y militares, y jueces y fiscales – ha crecido 10 veces (de S/. 3,500 millones en el 2000 a S/. 35,000 millones el año pasado). Mientras que la recaudación fiscal a cargo de la SUNAT aumentó 4 veces en dicho período (de S/. 25,000 millones en el 2000 a S/. 100,000 millones en el 2020). O sea, estamos aumentando desmedidamente la burocracia administrativa del Estado en desmedro de los servicios de salud, educación, seguridad y justicia. Y ni qué decir de las tan necesarias inversiones en infraestructura pública.

¿Qué sentido tiene que tengamos – por un lado – un Ministerio de la Producción, y – al mismo tiempo – un Ministerio de Energía y Minas, un Ministerio de Agricultura, ¿y un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? ¿Acaso no todo es “Producción”? En vez de cuatro, podríamos tener un solo ministerio que agrupe a todos.

¿Para qué tenemos Ministerio de la Mujer? ¿Y qué decir del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Un solo ministerio debería cubrir – con mayor eficiencia – todos los programas sociales. La verdad que tenemos ministerios por demás. Y como se sabe, a más ministerios… más burocracia. Y a más burocracia… más corrupción.

Algo parecido pasa con los distritos. Colombia tiene 50 millones de habitantes y 1,000 distritos en todo el país. Nosotros somos 33 millones de peruanos, pero tenemos más distritos que Colombia. ¡Casi el doble!

Bogotá – y Lima – tienen alrededor de 10 millones de habitantes, cada una. Son ciudades enormes. Sin embargo, Bogotá tiene un Alcalde y un Consejo Municipal para todo el territorio metropolitano. Mientras que Lima cuenta con un Alcalde Metropolitano y su Consejo Municipal… más 43 Alcaldes Distritales con sus respectivos Concejos Distritales. ¡Y lo mismo se repite en TODAS las provincias del interior del país! O sea… burocracias por las puras.

¿Se imaginan cuánto dinero habría para pagar mejor a maestros, médicos, enfermeras, policías y jueces; y para invertir más en carreteras, escuelas y hospitales… si elimináramos toda esa burocracia?

¡Disolver! ¡Eliminar! ¡Reducir! ¡Desaparecer! ¡Fusionar! Llamémosle como queramos. Pero para salir del caos burocrático – y presupuestal – en el que nos encontramos, tenemos que fusionar ministerios y reducir drásticamente las burocracias estatales. ¡No a la proliferación de instituciones públicas – inoperantes y costosas – a lo largo y ancho del país!

¡Quién se atreve a tomar al toro por las astas… y reducir – drásticamente – el cardumen burocrático en el Estado! ¡Quién se atreve a gobernar para servir a la ciudadanía, en vez de servirse de ella! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El concepto de “dominación patrimonialista” fue creado por Max Weber para designar monarquías en las que no se distingue la propiedad pública de la privada, en las que el rey hace uso de los bienes públicos como si fueran propios, y afianza su poder otorgando beneficios, monopolios, prebendas, licencias, etc. Y en las que no hay una burocracia formada por profesionales contratados por sus méritos, ni existe una planificación con arreglo a metas racionalmente sustentadas.[1]

Organizaciones patrimonialistas no resuelven problemas ni generan desarrollo; administran privilegios.  

Weber explica que el patrimonialismo no es compatible con el capitalismo, porque supone formas de propiedad y de disposición de bienes y privilegios que entorpecen o anulan el funcionamiento de los mercados. No hay leyes racionales en cuya duración pueda confiarse, por “el amplio ámbito del arbitrio de los actos discrecionales puramente personales del soberano y…por la tendencia connatural de todo patrimonialismo hacia una regulación de la economía” basada en ideales utilitarios, ético-sociales o ‘culturales’”. [2]

Guillermo O’Donnel observó que en nuestros Estados subsistían rasgos “neo patrimonialistas”. En el Perú, salvo en las islas de excelencia y en los sectores vinculados a la administración económica, esto es notorio. El caso de la Digemid, que hemos descrito, es casi un arquetipo, pero el patrimonialismo está presente en general en el sector salud, con médicos dueños de sus puestos en un sistema sin meritocracia organizado para trabajar pocas horas, desviar medicamentos y derivar pacientes a los consultorios privados, lo que explica por qué, habiendo multiplicado ese sector su presupuesto por 7 en términos reales en los últimos 20 años, los servicios no mejoraron ni de lejos en la misma proporción.

En Educación, jefes de Ugel o directores pueden operar como dueños de su pequeño feudo burocrático cuando venden cambios de localidad o licencias laborales o contratos. Y hemos visto cómo la Policía y el Poder Judicial son también organizaciones semi patrimonialistas basadas no en meritocracia y cumplimiento de metas sino en relaciones personales de amistad, promoción, compadrazgo o parentesco que pueden derivar en redes de corrupción interna.[3]

Los gobiernos subnacionales, por su parte, suelen ser verdaderos paraísos patrimonialistas. El alcalde electo se convierte inmediatamente en un autócrata que usa los recursos municipales como si fueran propios, despide a los técnicos de la gestión anterior y coloca a sus amistades o parientes en los puestos clave sin concurso público. Esto le permite la complicidad en el otorgamiento discrecional de licencias, concesiones u otros beneficios para conformar una clientela y una red de apoyo y enriquecimiento mutuo, y que explican la ineficacia en el ordenamiento del transporte, del comercio ambulatorio, bares y discotecas, invasiones, etc., es decir, el funcionamiento caótico de las ciudades, que no se regulan de acuerdo a un plan sino a la lógica de las reciprocidades patrimonialistas.[4]

Para no hablar de gestión de la obra pública, multiplicada por el trasvase de la inversión pública del gobierno central a los locales y regionales en los últimos 25 años, y en pleno crecimiento económico. Verdaderos botines presupuestales que hay que asaltar.[5]

Hay raíces sociológicas e históricas para todo esto. En el caso de los gobiernos locales más pequeños, las relaciones de parentesco y reciprocidad de las familias campesinas se trasladan a la gestión municipal[6] que, por añadidura, maneja recursos que no son recaudados localmente sino transferidos desde el gobierno central, lo que determina que no exista una base de ciudadanos contribuyentes que fiscalicen el gasto municipal. Hay allí una reproducción a la inversa y malamente reparadora de la falla de origen del Estado peruano, que en el virreinato estuvo organizado para la extracción de recursos, no para servir a la población. El Estado virreinal era patrimonialista por definición.

Juega aquí también el proceso migratorio a las ciudades que, al decir de Juan Yamamoto,[7] expuso a los migrantes a relaciones de discriminación -incluso por migrantes más antiguos-, lo que rompió los valores tradicionales llevándolos a desarrollar conductas aprovechadoras o ventajistas para obtener un reconocimiento espurio. De allí la compra de títulos universitarios falsos para ingresar al Estado no por verdadero concurso sino por vinculación con algún funcionario de cuya argolla tendrá que formar parte para medrar. Y de allí la eventual lucha de argollas o mafias dentro de algunas entidades.

El otro mecanismo es la captura de entidades por grupos de interés o gremios profesionales, como el caso de la Digemid que mencionáramos antes. O Salud y Educación.

Por supuesto, ha sido perfectamente funcional a esos condicionamientos la ideología de la estabilidad laboral, que consagra la propiedad del puesto de trabajo. Pese a que se trata de servidores pagados por todos los peruanos, ingresan y permanecen por vara y privilegio legal, no por mérito.

El mejor antídoto contra el patrimonialismo es la profundización social del mercado libre, y la meritocracia en el Estado. Son lo mismo. La libre competencia en el mercado es esencialmente meritocrática: gana más el que trabaja más y mejor. La libertad económica supone la eliminación de la discrecionalidad burocrática. El patrimonialismo se vuelve inocuo si carece de discrecionalidad. Una burocracia profesional basada en el mérito se orienta no a trabar la actividad sino a facilitarla y resolver problemas. De eso depende su ascenso, remuneración y permanencia.  

De hecho, en la década del 90 el Perú avanzó de manera importante en la despatrimonialización del Estado en todo lo relativo a la regulación de los mercados y la administración económica (aunque el manejo de la Inteligencia y las FF.AA. fue típicamente patrimonialista). La liberalización de la economía fue un avance sustancial pues redujo la discrecionalidad de los funcionarios al mínimo y dictó normas universales que no diferenciaban beneficios para no fomentar el mercado de compra de beneficios o ventajas.  Eliminó, en buena cuenta, el mercantilismo, que es la forma que adopta la administración de la economía en los estados neo-patrimonialistas. En la medida en que ya no era necesario pedirle permiso a un burócrata para actuar, la corrupción derivada de la administración de la economía disminuyó. Una economía libre, sin peajes, es una economía libre de corrupción.[8]

Como parte de ese esquema se crearon o refundaron organismos reguladores que funcionaron con principios técnicos y racionales, y algunos ministerios y organismos de lucha contra la pobreza pasaron a organizarse de la misma manera. Fueron las llamadas “islas de excelencia”. El Estado patrimonialista se refugió, sin embargo, en las áreas donde el funcionario todavía decide o brinda servicios: en la justicia, en las licencias municipales, en los medicamentos, en la salud y la educación y, naturalmente, en las compras estatales y la obra pública. Y a partir de cierto momento, movilizado por gremios o grupos de interés, empezó a recuperar poder discrecional incluso en los temas económicos. Por eso venimos creciendo poco en los últimos años y la pobreza incluso se incrementó el 2017. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas; Senior Advisor de Spencer Stuart
Para Lampadia

Esta frase que seguramente es muy conocida por los abogados le pertenece al político, orador y gran historiador romano Cornelio Tácito. Lo interesante es que a pesar de que tiene casi dos mil años, sigue muy vigente en todo el mundo y últimamente con mucho énfasis en nuestro país. La traducción literal al español es ¨Cuantas mas leyes existan, más corrupta será la república¨ o mas directo ¨a más leyes más corrupción¨. Un indiscutible hecho que creo nadie puede objetar.

En nuestro país los últimos congresos han generado una enorme cantidad de leyes y han modificado la constitución a su antojo y sin el debido proceso. Pero esto no solo ocurre en el congreso, también sucede en cualquier organismo del estado, ya que la emisión de nuevas reglas, procedimientos, disposiciones, ordenanzas y cualquier tipo de normativa, que en su mayoría son absurdas e inaplicables, es cosa de todos los días. Esto que en su gran mayoría es hecho adrede por los burócratas, hace tan complejo su cumplimiento lo cual es aprovechado para crear espacios apropiados para la corrupción.

Sabemos que este vicio afecta a casi todo el mundo y desde tiempos inmemoriales. Lo que es distinto son las magnitudes y las modalidades en cada país. La corrupción no es sólo un problema moral, sino también económico y muy grande. Se estima que el monto anual que se pierde por la corrupción globalmente supera los tres trillones de dólares. Mas del 2% del PBI global.

La corrupción se define como ¨el abuso del poder para beneficio propio¨ y se presenta en todos los frentes y a todo nivel. Desde un empleado público del nivel mas bajo, hasta el mas alto servidor público del país (el presidente de la república, el primer ministro, el dictador de turno y hasta el rey). Casi todos cobran por hacer uso del poder temporal que se les ha confiado.

Hay muchas formas de corrupción, pero haciendo un esfuerzo de clasificación, podríamos agruparlas en tres tipos.

El primero es la ¨gran corrupción¨, que es el abuso del poder de alto nivel para beneficiar a uno o a unos pocos (los corruptos), en perjuicio de muchos (el país). Aquí se incluye el fraude y malversación en las compras a gran escala, especialmente en los sectores de defensa y salud, así como también los proyectos de infraestructura pública. También se incluye el lavado de activos, la evasión fiscal, el contrabando a gran escala y la cartelización de precios.

El segundo tipo es la ¨corrupción hormiga¨, que es el abuso diario de los funcionarios cuando interactúan con ciudadanos que requieren hacer uso de algún bien o servicio público. Estos funcionarios incluyen a los burócratas de oficinas públicas, la policía, los fiscales, los jueces, los reguladores y cualquiera que ostente algún tipo de poder. Aquí se paga (soborna o coimea) por apurar o demorar trámites, por exonerar o reducir multas o castigos, por inventar o archivar denuncias o juicios, por conseguir citas médicas o hasta camas en hospitales, por obtener certificaciones, por aprobar velozmente o denegar la inscripción de partidos políticos, etc. Toda una industria y para muchos un modus vivendi.

El tercero tipo es la ¨corrupción política¨, que es el mal uso del poder para la manipulación de instituciones, normas, procedimientos públicos y hasta para modificar o adecuar leyes en beneficio propio o para cumplir con ¨encargos contratados¨. Aquí también se incluye la cleptocracia (robo de fondos públicos), el tráfico de influencias y el clientelismo, modalidad muy usada en el Perú.

En todos estos casos hay dos frentes que participan y que hacen posible la transacción ilegal. Si uno de ellos no participa no hay transacción y por lo tanto no hay corrupción. Pero si ambas partes están de acuerdo y se concreta la transacción ilegal, ambos son igualmente culpables de corrupción y deben recibir sanción.

Los tres tipos de corrupción existen hace muchos años en el Perú lo cual genera un gran perjuicio económico y sobretodo una profunda crisis moral. A pesar de esto, nunca se ha enfrentado el tema con convicción y firmeza y siempre se ha quedado en falsas promesas o fracasados intentos. El problema es que en los últimos años este mal ha crecido desmesuradamente. Prueba de esto es que desde 1985 hasta hoy día, los seis presidentes que han gobernado en ese periodo han estado involucrados en temas de corrupción y están presos o denunciados esperando juicio. Lo propio sucede con jueces, congresistas, gobernadores, alcaldes, militares de alto rango y hasta empresarios privados. ¡Una verdadera vergüenza nacional!

A mi parecer el crecimiento de la corrupción de los últimos años en nuestro país se debe principalmente a tres factores claves: la tremenda falta de valores éticos y morales, el gran deterioro del sistema de justicia y la vergonzosa y escandalosa impunidad. Si no hay firmeza, transparencia y celeridad en la investigación, acusación, proceso judicial y sanción, no hay ninguna posibilidad de detener esta peste, que seguirá creciendo.

Como el combate y derrota de este mal se ve como muy difícil o casi imposible, la gran mayoría de personas ya ¨tiraron la toalla¨ y piensan que debemos aprender a vivir con él. Tal vez hay algo de razón en este razonamiento, pero felizmente existen ejemplos reales de éxito de la lucha y derrota de la corrupción en países que tuvieron un escenario de corrupción igual o peor que el nuestro.

Transparencia Internacional (Coalición Contra la Corrupción), procesa y publica desde hace varios años un Índice Anual de Percepción de la Corrupción. En el se califica a 180 países, desde los mas limpios de corrupción, hasta los más corruptos. En el ranking del 2019 mas de dos tercios de los países no tenían nota aprobatoria (mayor a 50/100), siendo el promedio 43/100. Es decir, el mundo está ¨jalado¨ en el combate contra la corrupción. Los cinco países mas limpios son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Singapur y Suiza y los cinco mas corruptos Somalia, Sudan del Sur, Siria, Yemen y Venezuela. El Perú aparece en el puesto 101 con nota desaprobatoria de 36/100.

Lo interesante de este ranking, es que se pueden ver los resultados de las políticas que aplican los países (si es que suben o bajan en el ranking). Los casos de Singapur y Hong Kong son dos grandes ejemplos de una efectiva aplicación de normas anticorrupción. Mientras que Venezuela es un claro ejemplo de deterioro al caer muchos puestos ubicándose como el quinto país mas corrupto con una nota de 16/100 en el 2019.

Tanto Singapur como Hong Kong sufrían de gran corrupción en los años sesentas/setentas y estaban muy mal ubicados en el Ranking de Transparencia (como lo está hoy Perú). Sin embargo, en el 2019 están entre los países mas limpios de corrupción del mundo. Singapur está en el puesto cuatro (85/100) y Hong Kong en el doce (77/100). Entonces esto nos confirma que sí es posible combatir exitosamente contra la corrupción.

¡Si se puede!

¿Cómo lo lograron? Ambos lo hicieron casi con la misma receta, ya que Hong Kong utilizó las medidas implementadas en Singapur como modelo, pero diez años después. Ambos programas se basan en:

(1) Voluntad y compromiso político de muy largo plazo.

(2) Autoridad independiente y autónoma, con legislación ad-hoc y línea de reporte directa a la máxima autoridad del país.

(3) Absoluta firmeza en la aplicación de la norma, sin miramientos ni excepciones.

(4) Personal operativo de primer nivel y uso intenso de la tecnología y

(5) Cero Impunidad.

Ambos gobiernos crearon sus respectivas autoridades autónomas. La CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) en Singapur y la ICAC (Independent Commission Against Corruption) en Hong Kong. Las historias de ambas son muy interesantes y aleccionadoras y tal vez serán contenido de otro artículo.

Como mencioné antes la corrupción no solo impacta negativamente la moral de la población, sino que también hace un daño terrible a la economía del país y de los ciudadanos. Como ejemplo les menciono que Singapur tenía un PBI per cápita de $450 en 1965, cuando inició su lucha contra la corrupción. Actualmente este indicador supera los $70 mil. En comparación, el Perú tenía casi el mismo PBI per cápita que Singapur en 1965 y hoy es $7 mil; 10 veces mas pequeño. Gran diferencia que grafica de alguna manera el impacto tan negativo que tiene la corrupción en el país.

Las historias de lucha y derrota de la corrupción de Singapur y Hong Kong son un vivo ejemplo que esto es posible de lograr, así se tenga este mal enquistado en nuestra sociedad. Por lo tanto, no debemos rendirnos y pensar en acostumbrarnos a vivir con corrupción, sino que hay que demandar a nuestros gobernantes que no se queden en lindas promesas y que hagan copy/paste de estos programas exitosos.

¡Otro sueño! Lampadia

Como todos hemos visto en los medios de comunicación, una de las campañas políticas contra el sector privado se refiere al precio de los medicamentos. Se ha llegado a declarar que en el Perú tenemos los medicamentos más caros de América Latina, cuando la verdad es que los medicamentos en el país son 37% más baratos que el promedio de la región, y los medicamentos genéricos puros cuestan en promedio 70% menos que en los demás países.

Según IPSOS, los medicamentos en Perú son 37% más baratos que el promedio en Latinoamérica

“El Estudio de IPSOS demuestra que gracias a niveles de competencia saludables en el mercado y las eficiencias en costos a las que pueden acceder las cadenas de boticas, los precios de los medicamentos en Perú son 37% más bajos en promedio que en otros países de Latinoamérica. Esto significa que el gran reto del Estado ahora es asegurar un correcto abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos, ya que el 80% de las órdenes de medicamentos viene de recetas del sector de salud público. Y, además, debe seguir combatiendo la informalidad y falsificación de medicinas, que atentan contra la salud de los consumidores. Por ello es crítico continuar con campañas de información y reforzar los controles de calidad para poder asegurar la efectividad de las medicinas ¿Cómo logramos que la población tenga acceso a medicamentos seguros y de calidad? Hacia allí debemos enfocar todos nuestros esfuerzos de manera coordinada.”

Carla Sifuentes, Directora de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB)

Además, durante los últimos años, esta diferencia favorable de precios, vis a vis las necesidades de la población, a mejorado desde un menor precio relativo de 28% a menos 37%.

El estudio también muestra las diferencias relativas por tipo de medicamento, como puede verse en el siguiente gráfico:

El estudio de IPSOS “Levantamiento de precios en medicamentos LATAM 2020”, se ha hecho por tercer año consecutivo y muestra resultados para siete países de Latinoamérica.

Para la realización del estudio se compararon 73 medicamentos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Los medicamentos fueron clasificados en 3 grupos: Innovadores, Genéricos de Marca y Genéricos Puros.

Sifuentes señaló que para obtener estos resultados, Ipsos Perú recolectó los precios de cada medicamento en al menos tres puntos de venta por país. En el caso de Perú, se eligió los establecimientos de las cadenas de farmacias Inkafarma, Mifarma y Boticas y Salud.

“La evidencia indica que los medicamentos en el Perú, no tienen un problema de precios. La oportunidad de mejora para solucionar el problema de acceso a medicamentos estaría en dinamizar el abastecimiento del sector de salud público, ya que este concentra más del 90% de la demanda y el 78% de la dispensación de medicamentos a la población”, sostuvo la Directora de ANACAB.

Puede verse el estudio completo en el siguiente enlace: https://www.ipsos.com/es-pe/medicamentos-en-latinoamerica

En conclusión se puede afirmar que los precios de medicamentos en el Perú son más baratos que el los principales países de la región.

¿Por qué entonces se hacen campañas políticas y mediáticas, afirmando lo contrario?

Básicamente, porque en el Perú tenemos una izquierda decimonónica que sigue pensando que su oferta política debe basarse en la destrucción del estatu quo. Son los reyes del síndrome del ‘vaso medio vacío’, y desconocen todos los tremendos avances sociales de los últimos 25 años, que permitieron reducir la pobreza de 60% a 20%, disminuir la desigualdad, crear una gran clase media emergente, mejorar los ingresos de los peruanos llevando el PBI per cápita de US$ 600 (1990) a US$ 10,000 y aumentar significvativamente las finanzas públicas.

Que nuestros políticos no hayan sido capaces de aprovechar el crecimiento para mejorar suficientemente la educación, la salud y las infraestructuras, no es porque faltó crear riqueza, sino porque no nos deshicimos de la corrupción y la incapacidad en la gestión pública.

Otro fenómeno que complotó contra un mayor desarrollo es el clientelismo, expresado en la grosera multiplicación de la burocracia. La burocracia inservible. En el siguiente gráfico de Fernando Cillóniz, podemos apreciar el crecimiento de la burocracia pura desde el año 2,000, que se multiplicó por 8. Este indicador es de la burocracia pura, pues  excluye del mismo a los maestros, médicos, enfermeras, jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales; en comparación de la evolución de la recaudación tributaria, que creció 5 veces.

Así es pues cuando la mentira es la plataforma de la oferta política. Por ello es muy importante hacer análisis profesionales y difundir los resultados. Los peruanos necesitamos buena información de la realidad para poder acometer la tarea de la prosperidad. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 21 de agosto de 2020
Para Lampadia

El país es un desmadre. Cada uno hace lo que le da la gana. Los contagios y muertes por COVID 19 suben y suben sin parar. La economía… es decir, las ventas de las empresas y el empleo están en caída libre. Cientos de miles de micro y pequeñas empresas han quebrado. Y millones de peruanos – más de 6 millones, dicen algunos – han perdido su trabajo.

La pregunta es ¿alguien gana con todo este desmadre? ¿Cómo podría alguien ganar en medio de esta crisis? Pues bien… la respuesta es que sí hay ganadores.

• El narcotráfico y la corrupción ganan.
• Ganan la delincuencia y la agitación social.
• El terrorismo también gana.
• Incluso, la burocracia estatal gana. Los burócratas tienen su remuneración asegurada… a pesar de la cuarentena.
• Y el populismo político… ¡qué quieren que les diga! Los caudillos populistas – los caciques de la política – están en su garbanzal.

Conclusión: no son pocos los que ganan con este desmadre.

Por eso tenemos que ser firmes en nuestras críticas al Gobierno. El manejo gubernamental de la pandemia es un fracaso. Un fracaso sanitario. Un fracaso económico. Y consecuentemente, un fracaso social. Ahora bien… así como debemos ser críticos con el Gobierno por el pésimo manejo de la pandemia, al mismo tiempo debemos estar firmemente comprometidos con la solución de la crisis.

La propuesta de Jaime de Althaus de conformar un comando COVID para Lima va en ese sentido. Pero yo lo extendería a todo el país. La situación de la pandemia en Ica es también dramática. Y lo mismo ocurre en varias otras regiones. Articular – desde la sociedad civil – todos los recursos existentes; públicos, privados, sociales y de la academia. Y coordinar con el Gobierno todo el manejo de la pandemia. Obviamente, previo consentimiento del Gobierno.

A ese respecto, el modelo a seguir es Uruguay. En vez de enfrentamiento políticos inoportunos y absurdos; en Uruguay, todos los actores claves confluyeron para atender y resolver la pandemia de manera integral.

El presidente Lacalle de Uruguay – a diferencia del nuestro – supo rodearse de los más calificados científicos del país… sin afiliaciones políticas partidarias. En Uruguay se produjo un alineamiento sin precedentes entre el Gobierno, el sistema científico, la academia, el empresariado, y la ciudadanía en general. Así fueron capaces de detectar y rastrear el virus como ningún otro país lo pudo hacer.

La educación cívica y la participación ciudadana jugaron un papel clave. La gente se quedó – mayoritariamente – en casa, a pesar de que no hubo cuarentena obligatoria. Los que tenían que trabajar para ganarse el pan del día, lo hicieron… sin sanción alguna de parte de las autoridades. Libertad con responsabilidad… esa fue la clave del éxito uruguayo frente a la pandemia.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo pasado – hasta el día 22 de agosto – el país sudamericano apenas había registrado 1,485 positivos del virus y 40 muertes. Por otro lado, Uruguay es el primer país latinoamericano en poner en marcha la vuelta a las aulas, pese a la pandemia. ¡Envidiable y admirable!

Y volviendo al tema de los politiqueros, es increíble ver – y escuchar – a algunos atribuir al “modelo neoliberal” el fracaso del Gobierno frente a la pandemia. Expropiar todas las clínicas y farmacias privadas… proponen estos oportunistas de la política. Incluso, llegan a decir que el Gobierno está siendo manejado por grandes grupos empresariales. Y que por eso estamos como estamos.

Así es… aunque parezca mentira. La semana pasada participé en un debate – con Vladimir Cerrón – convocado por un grupo estupendo de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Y lo vi y oí – vía zoom – con mis propios ojos y oídos. Aparte de las expropiaciones antes indicadas, el susodicho exigió seguir los modelos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

A eso me refiero. Los caudillos populistas – los caciques de la política – están en su garbanzal. Ellos – junto con los corruptos, narcotraficantes, terroristas, agitadores sociales, y todos los demás – ganan con este desmadre.

Es – pues – hora de actuar. Es hora de sumar y colaborar. Es hora de corregir el rumbo. Porque estamos avisados… ¡precipicio a la vista! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 14 de agosto de 2020
Para Lampadia

A muchos políticos sólo les gusta decir lo que la gente quiere escuchar. Ellos sólo quieren ser portadores de buenas noticias. Sin embargo, cuando las cosas van mal – como ahora – se muerden la lengua. ¡No se oye padre! En vez de enfrentar la adversidad – y resolverla – la pasan por alto… agravando aún más la situación.

Ese es el caso de la abrupta caída de la recaudación fiscal – o tributaria – a causa de la pandemia. O mejor dicho, a causa del pésimo manejo de la cuarentena.

Bueno pues – como se sabe – el presupuesto público proviene de la recaudación fiscal. Para que se entienda mejor; el presupuesto público del año 2021 saldrá de la recaudación fiscal del año 2020. ¿Y cómo viene la recaudación tributaria en el presente año? Pues por obvias razones… mal, muy mal.

Entonces, la reducción presupuestal del próximo año – ¡qué duda cabe! – será brutal. Tan brutal como la caída en la recaudación fiscal del presente año. O ¿acaso las ventas, las utilidades, y los empleos no han caído abruptamente?

Sin embargo… muy poco se habla del tema. Peor aún, para muchos políticos todo sigue como si nada en materia económica. Incluso, algunos anuncian aumentos presupuestales en salud, educación, programas sociales, y cosas por el estilo. ¿En qué planeta viven?

Tampoco se habla de la tremenda burocratización del aparato estatal, y de lo que ello significa en materia de gasto público. Las escandalosas contrataciones de los amigos del presidente – Richard Swing, los tenistas, y muchos más – se critican desde una perspectiva clientelista. Más no desde una perspectiva de gasto público.

El problema es que el Estado está atiborrado de personajes como Richard Swing. Por ello – con razón – la población debería indignarse; básicamente por las siguientes tres razones:

(1) Por el clientelismo político… que de por sí es escandaloso.

(2) Por el altísimo gasto público que ello conlleva. Y

(3) Por disponer de fondos públicos para contratar servicios absolutamente injustificados, cuando estos se requieran – a gritos – para luchar contra la pandemia.

El asunto es que el presupuesto público del próximo año – quiéranlo o no los políticos – caerá más que nunca comparado con lo sucedido en las últimas varias décadas. Efectivamente, dado el crecimiento sostenido de nuestra economía durante los últimos tiempos, el presupuesto público – y el Estado, en general – crecieron y crecieron… año a año. Pero con la pandemia y la crisis económica actual, eso se acabó.

En consecuencia, además de la cancelación de los servicios de Richard Swing y sus amigos – para adecuarse al presupuesto público reducido – el Estado tendrá que fusionar instituciones redundantes, eliminar programas y / o actividades que no sirven para nada, y digitalizar – al máximo – todos los servicios del Estado que puedan digitalizarse.

¡No al despilfarro y a la ineficiencia en el Estado! Ese es el grito del momento. Programa y/o actividad estatal que no impacte favorablemente en el bienestar de la población… ¡fuera! Y aún si impactara, pero cuesta más de lo debido… ¡también! El Estado está para servir… eficientemente.

Lo que se viene – pues – en materia de presupuesto público es dramático. La reducción del gasto público vendrá – esta vez – impuesta desde la reducción de la recaudación fiscal. Hacen muchos años que no habíamos enfrentado una situación parecida. Y eso no les gusta a muchos políticos.

Veremos cómo nos va. Pero yo empezaría por trasmitirle al país que lo que lo que se viene en materia presupuestal estatal es color de hormiga. Y que – ante ello – sólo queda ser austeros, eficientes, y muy serviciales. Lampadia.