Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 21 de junio de 2019
Para Lampadia

La semana pasada estuve por Abancaycito. ¡Maravilloso! Si el paisaje andino es – en general – precioso, el paisaje apurimeño es doblemente precioso. La tierra del gran Arguedas es paradisíaca. Y lo mejor es que tiene mucha agua. Y mucho cobre. Incluso, oro, plata y hierro. Está profundamente quebrada por ríos fabulosos. Cada cual más bello y profundo que el otro. Eso sí, con su majestad el río Apurímac a la cabeza.

El problema de Apurímac está en el ámbito social. ¡Cuándo no! Hay mucha pobreza en la región. ¿Cómo es posible que un pueblo rico en agua y minerales sea pobre? “La corrupción pues” contestan al unísono los apurimeños. Gobernadores y alcaldes corruptos. Hay varios presos y algunos no habidos. Congresistas y jueces también. Dirigentes chantajistas. Maestros sinvergüenzas que cobran a sus alumnos para aprobarlos. Y los infaltables médicos indolentes que abandonan los hospitales en horarios de trabajo. La cantidad de obras inconclusas es alucinante… hospitales, aulas universitarias, obras de alcantarillado. ¡Coimas, coimas y más coimas!

La historia de la corrupción apurimeña es la misma que se repite – cual disco rayado – en todo el resto del país. Con el agravante de la pobreza extrema de muchos pobladores locales.

¡Qué hacer! El centralismo no es solución. Las “mesas de trabajo” que se establecieron con bombos y platillos para implementar el “Plan Cotabambas” no han funcionado. Me refiero al problema social vinculado al proyecto minero Las Bambas. Los apurimeños están hartos de las mecidas de los ministros y hasta de presidentes de la República.

Es increíble. Apurímac tiene todo para ser una región próspera pero no lo es. La corrupción es la gran aguafiestas. Aparte de un potencial minero colosal, Apurímac podría ser una gran potencia forestal. Como mencioné anteriormente, hay mucha agua en la región.

Además, el acceso a Choquequirao – la otra Machu Picchu – es por Apurímac. ¡Qué pasa con el proyecto del teleférico! ¿Porqué tarda tanto el Estado en hacer realidad este gran proyecto, que en su recorrido volaría por encima del Cañón del Río Apurímac? Inoperancia, indolencia, codicia, corrupción… ¡qué será!

También está el proyecto ferroviario Cotabambas – Marcona. Una iniciativa que bien podría financiarse entre el Estado e inversionistas privados, para transportar carga de todo tipo – no sólo minerales – y personas. ¿Porqué tarda tanto el Estado en hacer realidad este proyecto? Saque usted sus conclusiones.

Ahora bien. No todo está perdido para Apurímac. El potencial minero está intacto. Lo de Las Bambas recién comienza. Y aparte de Las Bambas, hay muchos otros proyectos mineros tan ricos y rentables como la gran mina ubicada en las provincias de Cotabambas y Grau. Se habla de un Canon Minero futuro de US$ 10,000 millones o más para la región.

En mi opinión Apurímac debería crear una oficina de planificación, diseño y construcción de proyectos – altamente calificada – que se encargue de administrar los recursos del Canon Minero. Está más claro que el agua. Los alcaldes y gobernadores – no sólo de Apurímac, sino de casi todo el Perú – no están capacitados para administrar recursos públicos.

Cero coimas. Eso es lo que necesita Apurímac para salir de su agobiante pobreza. Apurímac minera, turística, forestal, próspera y bella como sus ríos profundos. He ahí la imagen del futuro deseado de Apurímac. Lampadia

El Índice de Competitividad Regional – INCORE elaborado por el IPE es una herramienta muy útil para identificar las fortalezas y los cuellos de botella que enfrentan las 24 regiones del país en su desarrollo económico, social e institucional – necesarios para alcanzar una mayor competitividad. Siguiendo la metodología ideada por el economista Xavier Sala i Martín para el Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, el IPE construye un indicador compuesto que pondera seis pilares para determinar la competitividad de cada región: Entorno Económico, Infraestructuras, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. La edición del 2019 se publicó recientemente, por lo que a continuación repasamos y analizamos las principales conclusiones del mencionado informe.

Regiones que mejoraron

En primer lugar, como se puede apreciar en el gráfico líneas abajo, Lima ostenta el lugar de la región más competitiva del país, seguida de Arequipa, Tacna y Moquegua, por mencionar algunas. Por otra parte, entre las regiones menos competitivas se encuentran Huancavelica, Cajamarca, Huánuco y Loreto.

Fuente: IPE

Fuente: IPE

Los 16 primeros puestos no han registrado cambio alguno respecto a la edición del 2018; sin embargo, a partir del puesto 17, se puede destacar el avance de dos regiones. Así, Ucayali pasó de ocupar el puesto 20 al 17 y Loreto, del puesto 24 al 22. En el caso de Ucayali la mejora en su posición se ha dado principalmente por avances en el pilar de salud – 4 posiciones – y laboral – 3 posiciones. En relación al avance de Loreto, este quedó explicado principalmente por su avance en el pilar de instituciones, concretamente, un incremento de 18 posiciones en el indicador referido a la ejecución de la inversión pública.

Apurímac y Junín entre las regiones que más empeoraron

Por otra parte, es menester señalar que Apurímac, región que registró el mayor avance en el INCORE el año pasado (ver Lampadia: Apurímac avanza en su potencial de desarrollo), se encuentra – junto a Junín – entre las regiones que más empeoraron en el ranking general de competitividad – cayendo del puesto 17 al 20.

Tabla 1. Índice de Competitividad Regional de Apurímac

Fuente: IPE

Esta caída se ha dado principalmente por el descenso de 9 posiciones en el pilar instituciones, 5 posiciones en el pilar laboral y 3 posiciones en el pilar entorno económico. Es de destacar la caída del pilar instituciones, explicada por descensos en los indicadores de resolución de expedientes judiciales y percepción de la gestión pública. Asimismo y en relación a este mismo pilar, la región se ubica como la segunda con mayor tasa de conflictividad social, reflejo, entre otras cosas, de un agravamiento en los últimos meses del conflicto minero del gran proyecto cuprífero Las Bambas. Como explicamos en Lampadia: Esfuerzo Intelectual Anti-minero, este hecho responde a los ausentes esfuerzos anticipados por parte del Gobierno y del sector minero para estructurar un discurso que permita detener el creciente avance del movimiento anti-minero de los últimos años, promovido por ONG’s y diversos académicos asociados a ellas.

El proyecto Las Bambas – que actualmente se encuentra amenazado con otro bloqueo en su corredor minero, para impedir la salida de la producción de cobre para ser exportada – significó a Apurímac una inversión total de US$ 10,000 millones en una vida útil de 18 años, con una producción de 453,000 toneladas al año. Los ingresos fiscales producto de tal actividad hubieran significado sendos avances en los ámbitos de infraestructura, educación y salud, tan importantes para que más hogares de la región escapasen permanentemente de la pobreza e indigencia. Por otra parte – aunque no se menciona en el informe – este paro indudablemente ha debido estar asociado a las ya mencionadas caídas en los pilares de entorno económico – traducido en un menor gasto real por hogar – y en el laboral – concretamente por una reducción de la creación de empleo formal.

Otro caso a destacar, como mencionamos, es el de Junín que registró también una caída de tres posiciones en el ranking general de competitividad, pasando del puesto 11 al 14. Este retroceso estuvo explicado por notables caídas en los pilares de salud y laboral – 4 posiciones – así como también en los pilares de entorno económico e instituciones – 3 posiciones.

Tabla 2. Índice de Competitividad Regional de Junín

Fuente: IPE

Es de destacar la caída en el pilar de salud, la cual está explicada por un incremento en la incidencia de desnutrición crónica en menores de 5 años – situando a la región en el puesto 22 – y una mayor prevalencia de la anemia infantil – situando a la región en el puesto 19 – ambas enfermedades que – como se explica en el informe de Macroconsult: La anemia infantil, un enemigo silencioso – generan efectos irreversibles en el desarrollo del cerebro temprano de los niños, comprometiéndolos a un bajo rendimiento tanto escolar como universitario.

Esperemos que los resultados de este informe puedan ser tomados en cuenta por los hacedores de política para enfocar mejor sus intervenciones en las regiones, priorizando las necesidades y oportunidades de mejora en cada una de ellas y considerando además que el presupuesto público hacia los gobiernos regionales, como todo presupuesto, cuenta con una restricción de recursos que debe ser usada de manera eficiente y eficaz para hacer frente a los problemas que aquejan – en este caso – a los peruanos al interior del país. Lampadia

Camilo Sebastian Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Desde el mediados de enero la vía que atraviesa el fundo Yavi Yavi en Cusco que conecta el Proyecto Minero “Las Bambas” al puerto de Matarani se encuentra bloqueada por habitantes de la comunidad de Fuerabamba.

Los manifestantes, quienes vivían en las inmediaciones del actual yacimiento de “Las Bambas”, fueron reasentados luego de un largo proceso de negociación con la comunidad en años anteriores. A cada familia se le hizo entrega de modernas viviendas de tres pisos, se les efectuó un pago en efectivo por sus terrenos y se les transfirieron tierras en el área de Yavi Yavi en Cuzco.

El bloqueo que lleva cerca de 50 días, genera pérdidas diarias de $6 millones de dólares para la Empresa minera. Por otro lado, la región Apurímac ha dejado de percibir cerca de 25 millones de soles por concepto de regalías en lo que va del conflicto. La conducta de los diversos actores con poder en este caso es ilustradora respecto a las dinámicas de poder existente entre manifestantes, el Estado y las Empresas Mineras en el Perú.

Se encuentra bastante difundida la imagen de las empresas mineras como “poderosas” gracias a los enormes recursos económicos de los que dispone. Los sectores a la izquierda del espectro político acostumbran incluir en su discurso la idea de un Estado cooptado por la actividad minera. Un escenario en el que la regulación, las fuerzas del orden y el funcionariado actúan en función de la defensa de los intereses de las empresas mineras. Implícita en esta narrativa esta la idea de un efectivo mecanismo de transformación del poder económico minero en poder político, mediático y coactivo en las zonas de operaciones de las grandes empresas mineras.

Sin embargo, tanto el actual conflicto como los bloqueos previos a las vías de acceso a Las Bambas ponen en duda esta supuesta equivalencia entre poder económico y poder político. En este caso un proyecto minero que demandó una inversión de 10,700 millones de dólares se mostró incapaz de presionar al Estado a garantizar el libre paso de su producción lo que ha llevado a la empresa a perder varios millones de soles a causa de la acción ilegal (Puesto que existe un Estado de Emergencia y leyes que castigan la obstrucción de carreteras) de unos pocos cientos de ciudadanos.

La narrativa impulsada por los anti-mineros busca caracterizar a la empresa como poderosa y abusiva, con control absoluto sobre la Policía y que ha logrado cooptar al Poder Ejecutivo y Judicial. De modo contradictorio se reconoce que esa misma empresa reporta perdidas millonarias diariamente por su incapacidad para llevar al desalojo de los manifestantes por parte de una Policía que supuestamente es “mercenaria” de la empresa. Creemos que esa narrativa es poco coherente con la realidad. Según la narrativa anti-minera (que múltiples ONGs subscriben), la Policía Nacional está sometida a los intereses de las empresas mineras. Esta podría ser enviada a desalojar a los manifestantes sin consecuencias relevantes puesto que cualquier posible penalización ante el abuso de derechos humanos sería neutralizada por un Poder Judicial controlado por las mineras y ocultada por una prensa sometida a los intereses mineros. 

La debilidad de esta visión proviene de una simplista equivalencia entre poder político y económico cuyas limitaciones se manifiestan en el caso del actual bloqueo a “Las Bambas”. Un enfoque sustentado en el tipo de intereses de los diversos actores involucrados en este conflicto podría brindar una interpretación más ajustada a los hechos.

Las comunidades de Fuerabamba tienen por interés racional el maximizar los beneficios económicos de sus miembros. Para ellos es racional -independientemente de la justicia de su reclamo- el asociarse con asesores externos como los hermanos Chávez con el fin de obtener compensaciones financieras ya sea por parte de Las Bambas o del Estado. El mecanismo más fácil para canalizar estas rentas, dados los recursos financieros y logísticos de los que disponen, consiste en infringir costos financieros a la “Las Bambas” y costos políticos al Gobierno mediante el bloqueo de vías de comunicación. Esto parte de un análisis costos beneficio básico, en la medida que ilícitos como el bloqueo carreteras no sean penados, mayores incentivos se tendrá a realizar bloqueos si se generan costos lo suficientemente altos a los actores con recursos económicos (Empresas y Estado). Posteriormente, estos actores se verán obligados a destinar recursos a los movilizados con el fin de dejar de ser perjudicados.

Un Gobierno, en democracia, tiene intereses tanto políticos como de gestión. De la misma manera que los recursos financieros son aspectos críticos para la empresa privada, la popularidad del gobierno es el principal activo a proteger por parte del Gobierno y de sus operadores. Aun un ministro o presidente corrupto se preocupa por su popularidad puesto que la misma afecta la continuidad de la posición de poder de la cual lucra. La decisión respecto a acabar o no con el bloqueo a Las Bambas, la cual corresponde al Gobierno Central, se piensa en términos de los efectos de esas decisiones sobre la popularidad gubernamental. Es decir, se toma en función a los efectos políticos esperados de semejante intervención, los efectos económicos sobre el país son de segundo orden para los gobernantes.

Para el Gobierno Central, despejar la carretera en Las Bambas implica una mejor recaudación fiscal futura e imagen de imperio de la ley frente a los inversionistas y algunos líderes de opinión. Por otro lado, implica un conjunto de riesgos, imágenes de violencia que faciliten el caracterizar al gobierno como abusivo, ruptura con sectores políticos afines a los manifestantes y perdida en la popularidad de ministros específicos (En especial el presidente del Consejo de Ministros, al que se le responsabiliza de la gestión de los conflictos sociales). Como se puede ver los factores a considerar para el Ejecutivo son eminentemente de orden político mientras que los efectos sobre la empresa minera son eminentemente económicos.

En este caso lo que está en disputa es la capacidad de los camiones “Las Bambas” para transitar por una determinada carretera. El orden legal autoriza a la empresa a hacerlo y quienes realizan el bloqueo lo hacen en contra del orden legal vigente. Sin embargo, el bloqueo se mantuvo puesto que la población movilizada se constituye en un poder factico dentro de la zona frente a una Empresa que no puede realizar acciones de fuerza de manera autónoma y un Estado que calcula políticamente su ejerce o no monopolio de la fuerza que institucionalmente le corresponde.

Esto es así porque los movilizados y sus aliados son fuertes en factores críticos de los que depende el análisis de costos y beneficios (De naturaleza política) del que dependen las decisiones del Gobierno Central en este caso. Una empresa puede disponer de muchos millones de dólares, pero hasta ahora los comuneros, políticos y activistas se muestran efectivos en infringir costos y beneficios políticos al gobierno por permitir el bloqueo. El poder discursivo comunicacional de quienes bloquean la vía y de sus aliados en la prensa, fuerzas políticas y líderes de opinión se muestra, hasta ahora, comparable o superior al de la Empresa minera y sus aliados.

Quienes bloquean la carretera son apoyados comunicacionalmente por ONGs, congresistas, algunos periodistas y líderes de opinión. Por el lado de los intereses mineros el apoyo mediático no tiene la amplitud ni la intensidad del otro bando. Este es un juego de capacidades políticas y comunicacionales más que económicas. Las Bambas es poderosa desde el punto de vista económico, pero no desde el político, por ello unos pocos cientos manifestantes pueden infringirles costos millonarios a pesar de los miles de millones de dólares que representan este proyecto minero. Lamentablemente las empresas mineras y los gremios no se han dedicado a construir los instrumentos (tales como voceros, think tanks, estudios académicos) necesarios para poder competir en pie de igualdad con los anti-mineros.

La equivalencia entre poder económico y político forma parte de las creencias básicas de gran parte de la inteligentsia peruana a pesar de los miles de millones dólares en de proyectos mineros paralizados u obstaculizados que son evidencia de lo falso de esta creencia. El sector privado tiene que entender que mientras el poder discursivo de los adversarios sea superior, en muchos casos, no podrán esperar un respaldo gubernamental consistente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La provincia cusqueña de Espinar es un microcosmos en el que se juntan muchas de las taras que afectan nuestro desarrollo. Problemas de contaminación en el agua revelados por un informe de la Dirección General de Salud que, por supuesto, no precisa la causa, aprovechamiento político de la situación para acusar a la mina (Antapaccay) de ser la causante, competencia entre facciones de izquierda de cara a las elecciones del 2021 por ver cual se radicaliza más contra la mina, una empresa minera incapaz de comunicar y explicar, una planta municipal de agua potable muy mal gestionada e ineficiente para tratar los minerales, un Estado desarticulado y ausente que no resuelve los problemas de contaminación ni atiende a las personas afectadas.

La provincia tiene una larga historia de informes de distinta autoría que demuestran la existencia de metales en los ríos o en los animales y personas que superarían los niveles permisibles, pero ninguno establece la causa de esa contaminación –si es la actividad minera o es de origen natural, dada la configuración mineralizada de los suelos. Tampoco se precisa si esas concentraciones de metales son causa de enfermedades.

La constante, sin embargo, es que los estudios son inevitablemente aprovechados por ONGs y políticos de izquierda para acusar a la mina (Xstrata Tintaya primero y Antapaccay, de Glencore, ahora) de ser la causante de la presencia de elementos dañinos.

El último informe, que ha desatado un nuevo movimiento contra la mina, ha sido elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud y dado a conocer en diciembre pasado. Revela la presencia de metales como arsénico, hierro, manganeso y aluminio por encima de los niveles permitidos en varias muestras del agua destinada al consumo de la población de Espinar.

Por supuesto, el informe no indica el origen de esos metales, si provienen del agua naturalmente mineralizada de los ríos Apurímac y Huayllumayu, que son los que abastecen a la planta de agua potable de Espinar, o si proceden también de la operación minera. Pero ya la ONG Derechos Humanos sin Fronteras y el propio alcalde Lolo Arenas, se lanzaron a culpar a la empresa minera y convocaron a una marcha que se realizó a fines de enero exigiendo al gobierno declarar el sistema de abastecimiento de agua en emergencia sanitaria.

La OEFA viene realizando un estudio para establecer la “causalidad” de la presencia de metales en el agua en Espinar, cuyos resultados aún no han sido entregados. Pero basta mirar el mapa en Google Earth para percatarse de que es prácticamente imposible que la actividad minera de Antapaccay pueda afectar la calidad del agua en Espinar. En efecto, la planta de agua de la ciudad se abastece, como decíamos, de los ríos Apurímac, que es el que aparece más a la izquierda en la imagen, y el río Huayllumayo, que es el que aparece al centro. Pero la actividad minera de Antapaccay emite agua tratada al río Cañipía, que está en otra sub cuenca, separada por una cadena de cerros de los ríos proveedores, y además en una cota superior. Es prácticamente imposible que haya filtraciones de una sub cuenca a la otra. Por lo demás, el agua que Antapaccay vierte al río Cañipía es tratada, inocua, y más bien sirve para compensar el déficit hídrico de ese río. Es decir, es un activo ambiental.

Según nos informan, al alcalde Lolo Arenas se le ha mostrado estas imágenes incluso en 3D, pero no le interesa la verdad. Insiste en culpar a la mina. Por supuesto, aun hay que esperar los resultados del estudio de la OEFA. Pero también es notoria la incapacidad comunicacional y relacional de la empresa minera, que no es capaz de explicar la realidad.

Competencia entre facciones de la izquierda

Lo que ocurre, según fuentes bien informadas, es que la tradicional desinformación deliberada en Espinar acerca de las causas de la contaminación se ha acentuado en esta coyuntura, aunque parezca mentira, debido a la competencia que ya desde ahora se da entre facciones de la izquierda nacional por posicionarse frente a las elecciones generales del 2021. En las ONGs ambientalistas de la zona, como la vicaría de Sicuani y “Derechos sin Fronteras”, siempre ha tenido mucho predicamento Verónica Mendoza, líder de Nuevo Perú. Gregorio Santos, de otro lado, que perdió las elecciones en Cajamarca, no las perdió precisamente en Espinar, donde su candidato, Lolo Arenas, triunfó. Santos, que se ha aliado con Vladimir Cerrón, gobernador de Junín que posee un partido inscrito, Perú Libertario, desea postular a la presidencia de la república por ese partido, pero necesita recuperar terreno en Cajamarca –como veremos- y avanzar en Junín y en el Cusco. Ha efectuado recientemente un recorrido por el sur y la consigna en el caso de Sicuani es desplazar al mendocismo encarnado en “Derechos sin Fronteras” de Jaime Borda y Vidal Merma, y también a los alfiles enviados por Walter Aduviri, a costa de atacar más fuertemente a la mina.

Es algo penoso. La izquierda siempre se construye destruyendo al capital, a la inversión, al desarrollo del país. Esto no es novedad. En Cajamarca está haciendo lo propio, aunque allí sí aprovecha una afectación real, el derrame de agua de relave ocasionado por la minera Goldfields hace unas semanas, así como el hecho de que ni Activos Mineros ni la Dirección General de Minería han comenzado con la remediación de los pasivos ambientales en Hualgayoc, que vienen de la Colonia, pero a lo que el gobierno se había comprometido el 2016 cuando se declaró emergencia ambiental esa zona. Por supuesto, gran compromiso, pero a la hora de la ejecución nada porque no se había presupuestado un centavo para tal efecto. No obstante, Heydi Araujo, funcionaria de la OEFA, nos informa que en diciembre pasado ya se otorgó 54 millones de soles para realizar un nuevo estudio y licitar recién la remediación quizá a fines de marzo.

Pero la intención de Gregorio Santos iría más allá: abroquelar las rondas campesinas contra el inicio de Michiquillay, y mantener, por supuesto, la oposición a Conga. Es decir, recuperar y cohesionar su base social y política a costa del desarrollo de Cajamarca y del país.

Las taras del Estado peruano

Pero, junto a estas derivas perversas de la izquierda, están también las taras del Estado Peruano. La mineralización del agua de los ríos de la provincia de Espinar se conoce desde siempre –hay un río que se llama “Salado”- pero fue estudiada y demostrada por lo menos desde el año 2010. El 2013 la mesa de diálogo, con presencia del gobierno central, aprueba un Plan Ambiental Sanitario, cuyas acciones principales, según la OEFA, no han sido ejecutadas aún. Lo que se requiere, nos dice Heydi Araujo, son básicamente tres acciones:

• Reforzar los servicios de salud de la provincia para atender a las personas diagnosticadas con presencia de metales pesados. Esto depende del gobierno regional.
• Modernizar la planta de tratamiento de agua Virgen de Chapi para tratar metales pesados, y
• Dotación de agua de calidad para el consumo de animales de pastoreo y mejoramiento productivo del sector agropecuario.

La incapacidad de avanzar en estas líneas pone de manifiesto las carencias del Estado en sus tres niveles y los problemas de un proceso de descentralización fallido. Se denuncia la existencia de metales pesados en el agua, pero la municipalidad es incapaz de gestionar la planta de agua a fin de que pueda tratar dichos metales. El agua potable no debería estar en manos de empresas municipales.

El gobierno regional, por su parte, es incapaz de mejorar los servicios de Salud en la provincia para tratar a las personas afectadas. La descentralización del sector Salud sin control ni rectoría central ha sido un problema en el país.

Y ni la Dirección Regional de Agricultura ni el Ministerio de Agricultura son capaces de dar una respuesta a la necesidad del desarrollo agropecuario de la zona.

Es increíble que siendo la minería tan importante para el desarrollo nacional,  y habiendo la descentralización en buena cuenta feudalizado el país, la presidencia del Consejo de Ministros no haya nombrado hasta ahora a funcionarios coordinadores del Estado cuando menos en las regiones mineras, que tengan el poder para hacer que los sectores y los gobiernos regionales cumplan  los compromisos acordados en las mesas de diálogo o de desarrollo y ayuden a atender con oportunidad demandas y problemas que se presentan. Recién se va a crear, con financiamiento externo, unas Agencias de Desarrollo Regional, con función articuladora, pero en 5 regiones ¡que no son mineras! (La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura). Absurdo.

1,462 compromisos pendientes

Según el informe Willakniki de la Secretaría de Diálogo y Gestión Social (SDGS) de la PCM, existe un total nada menos que de 1,462 compromisos suscritos con las comunidades y pueblos que no han sido cumplidos hasta ahora.

De ellos, 1,118 corresponden al Estado, de los cuales 695 (62%) compromisos pertenecen a los sectores, 202 (18%) a los Gobiernos Regionales, 146 (13%), a los Gobiernos Locales y 61 (6%) a empresas públicas. Lo frecuente es que el Ministerio o los gobiernos sub-nacionales asumen un compromiso y luego no lo incluyen en su presupuesto. No le hacen caso, acaso como un reflejo del desprecio colonial a lo andino. Recién en los últimos meses la SDGS está montando un sistema de seguimiento de los compromisos, pero sin capacidad coercitiva. Lo que hace falta, como decíamos, es un coordinador presente en las regiones que, además, ayude a que funcionen los sistemas de alerta temprana para anticipar los conflictos.

El canon de la corrupción

Ahora bien, muchos de estos problemas se resolverían si hubiese un manejo adecuado del canon y las regalías mineras. La gestión actual de esos recursos, en manos principalmente de las municipalidades, es un gran desperdicio que no genera desarrollo local sino corrupción y conflictos. Urge una reforma que establezca organismos de desarrollo locales o fideicomisos o PMOs que gerencien esos recursos aplicando un plan de desarrollo integral y sostenible de las zonas. Los alcaldes podrían participar en un consejo consultivo o directivo.

Para no hablar de la incapacidad del Estado de implantar el imperio de la ley cuando actos de protesta devienen en delitos tales como el bloqueo de carreteras o el ataque a policías. En el corredor minero se mueven impunemente unos abogados especializados en la extorsión a las empresas mineras que instigan tomas de carreteras para exigir compensaciones, y ni el gobierno ni la fiscalía son capaces de armarles un caso.  

Lo único que ha mejorado en estos últimos años es la presencia de la OEFA, incómoda para las operaciones mineras que no respeten los estándares ambientales, pero fundamental para que la población encuentre un árbitro estatal imparcial que la defienda de eventuales agravios ambientales. La OEFA realiza estudios de evaluación ambiental y paraliza actividades cuando hay afectación.

Conclusión

El Perú no puede darse el lujo de mirar displicentemente el enorme potencial que le brinda la minería para conseguir los recursos que permitan financiar nuestro desarrollo y la mejora de los servicios públicos.

Es hora de organizar el Estado para facilitar la inversión minera y para que los recursos que genera esa inversión se conviertan en desarrollo rural, local y regional efectivo y tangible en las regiones mineras. Lampadia

Recientemente se publicó el último informe INCORE (Índice de Competitividad Regional) elaborado por el IPE. Según el informe, los resultados indican una relación directa entre competitividad y desarrollo económico y social.

Este indicador cuantifica la posición de las 24 regiones del país mediante seis pilares: Entorno Económico, Infraestructuras, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Cada uno de los cuales está compuesto por varios componentes que dan como resultado un total de 46 indicadores. Con esta información se puede evaluar el desarrollo integral de cada región, así como identificar sus principales fortalezas y debilidades.

Entre los resultados más importantes tenemos que Lima continúa liderando la competitividad del país. Además, una de las regiones que ha avanzado es Arequipa, que desplazó a Moquegua del segundo lugar que vino ocupando en los últimos tres años. Dicho avance se debe a que Arequipa obtuvo mejores cifras en el pilar Laboral debido a la mejora en creación de empleo formal, pero registró un retroceso de una posición en el pilar de Instituciones.

Les siguen las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. Estas cinco regiones se ubican en el tercio superior en más del 60% de los 45 indicadores evaluados, lo que muestra una notable ventaja respecto al resto de regiones.

Por otro lado, Cajamarca, Puno y Loreto son las regiones menos competitivas del país por quinto año consecutivo, y se ubican en el último tercio en más de la mitad de los 45 indicadores del INCORE.

Cajamarca, específicamente, es un caso trágico porque hasta hace pocos años, era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales, pudo haberse convertido en la región más rica del Perú.

El sorprendente salto de Apurímac

Quizás lo más revelador del informe es que Apurímac fue la región que registró el mayor avance, que subió del puesto 19 al 14, gracias al mejor desempeño de los pilares instituciones, laboral, infraestructura y entorno económico.

Según el IPE, Apurímac es la región que escaló más posiciones en el INCORE (cinco puestos) debido al avance sustancial de los pilares Instituciones y Laboral. El primero mejoró ocho puestos, por una caída importante en el número de homicidios por cada 100 mil personas y una mayor resolución de expedientes judiciales. El segundo avanzó seis puestos, debido principalmente a la mayor creación de empleo formal y a la reducción de la brecha de género en los ingresos laborales.

Es importante remarcar que gran parte de los avances que se pueden ver en Instituciones y Laboral tienen que ver con las mejoras de entorno económico que, aunque el informe no lo destaca, pasó del puesto 16 en el 2016 al 12 en el 2017. Estas mejoras económicas que dan inicio a las mejoras en los demás pilares fueron impulsadas por el inicio de las operaciones del proyecto Las Bambas.

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas, el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año.

Es importante recalcar que este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales, pero, a pesar de todo, el proyecto pudo ir adelante iniciando sus embarques de exportación que ha brindado una gran mejora económica y social a la región, que se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la producción minera. En Lampadia ya hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región. Ver en Lampadia: Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería.

Apurímac, al igual que otras regiones con un alto puntaje como Arequipa, Ica, y Tacna son parte de la zona cuprífera donde se ubican las principales unidades mineras productoras de cobre a gran escala: Toquepala, Cuajone, Cerro Verde, Tintaya, Antapacay, Constancia y el Proyecto de Las Bambas.

Esto debe dejar claro que la inversión minera ha traído consigo un impacto altamente positivo. La minería moderna usa tecnología de punta y se integra adecuadamente con sus espacios sociales y ambientales. La recuperación del sector minero ha traído consigo el desarrollo de un sector industrial que ahora puede calificarse como el más grande, sólido, competitivo y exportador de nuestra historia. Además, se han construido carreteras y aumentando la cobertura eléctrica y de telecomunicaciones, mejorando la calidad de vida de los pueblos aledaños. (Ver en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento).

La minería ha creado puestos de trabajo bien remunerados e importantes ingresos fiscales. (Ver en Lampadia: Informe del Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú elaborado por el IPE). Este estudio demuestra que, por cada empleo generado por la minería, se crean nueve empleos indirectos en otros sectores (el sector agrícola solo crea 1/6 de empleo indirecto por cada empleo directo de su sector). Esto se puede ver en los buenos resultados de Apurímac en este último INCORE.

El INCORE es un buen indicador para identificar el nivel de competitividad de las regiones y tomar las decisiones correctas en las agendas políticas para lograr retomar su crecimiento. Como afirma el IPE, “definirá la ruta que seguirán las regiones en el futuro y las condiciones responsables no solo de su crecimiento sino también de su desarrollo, atraso o estancamiento y de las diferencias regionales.”

Para retomar la senda del crecimiento y el ciclo virtuoso del Perú, urge seguir promoviendo un alto nivel de inversión, sobretodo en el sector minero. Esta es nuestra fuente principal de crecimiento de la economía, empleo y encadenamiento con los demás sectores. Hoy, sin embargo, estamos atrapados entre la tramitología y el caos político. Lampadia

El CADE 2017 reunió a muchos empresarios, políticos y opinólogos del país y, como suele hacer, trajo algunos expositores renombrados del extranjero. En esta ocasión queremos resaltar la exposición del español Rafael Fernández Rubio, catedrático emérito de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, quien expuso sobre las propuestas para hacer viable el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de generar desarrollo territorial, empleo y bienes.

Rafael Fernández explicó con mucha elocuencia que los agricultores no se perjudican por un agua contaminada al estar cerca de una mina, ya que sostuvo que el oro, el cobre, el hierro y el carbón sí pueden extraerse sin dañar la labor agrícola.

En su presentación, Fernández mostró fotografías sobre algunos proyectos mineros europeos y norteamericanos en donde no solo coexisten los cultivos agrícolas al lado de las minas, sino que es el agua extraída del interior de las minas, la que se utiliza para irrigar las tierras agrícolas.

El catedrático español explicó que la minería es productora de agua, porque esta sale del subsuelo y hay que drenarla para poder pasar en busca del mineral. El mayor lago de Europa, citó, está al lado de una mina de carbón y produce agua de excelente calidad gracias al adecuado drenaje y purificación que se realiza en la mina. Ver la presentación de Rafael Fernández en el CADE:

El oro, los cultivos agrícolas y la trucha son compatibles, recalcó, si se utilizan las tecnologías adecuadas y se siguen las metodologías correctas. La mina, agregó, puede usar el 10% del agua extraída y el resto se va para el riego de los cultivos. Así sucede en Portugal, Alemania, Polonia y varios países más, dijo.

Ver video completo:

Este es un argumento más que desmiente a muchos anti mineros que afirman que hay que estar en contra de la minería en cabeceras de cuenca al temerse un eventual acaparamiento de las fuentes de agua. La verdad es que el agua de la lluvia no cae solo en las cabeceras de cuenca, que son áreas muy pequeñas. La lluvia cae en zonas mucho más amplias y en consecuencia, la presencia de una mina en una cabecera de cuenca no vulnera la acumulación y aprovechamiento de agua para el resto de la sociedad.

La verdad es que el ciclo del agua es integral y continuo. En consecuencia, el agua proviene de toda la cuenca, no solamente de la cabecera. Este elemento que proviene de las lluvias, previamente se ha evaporado del mar, de las plantas y de todo lo que emite vapor hacia la atmósfera.

Lamentablemente no todos entienden, o quieren entender el tema. En un reciente análisis sobre el tema (Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’), decíamos, sobre las declaraciones de Cayetana Aljovín y Elsa Galarza, ministras de Energía y Minas y del Ambiente, respectivamente, que como no podemos dudar de la sinceridad de las damas que conforman el gabinete ministerial, asumiremos que no conocen lo suficiente o han sido engañadas.

Lo cierto es que tenemos 159 cuencas que cubren todo el territorio nacional y todos estamos parados sobre parte de alguna cuenca. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los peruanos es aprender a aprovechar nuestros recursos, como los minerales, la energía, el agua, etc., etc. Solo la Cuenca del Alto Apurímac (una de las 159 que tenemos en el Perú), cubre buena parte de los departamentos de Apurímac, Cusco y Arequipa. ¿Tiene una cabecera? ¿Cientos? ¿No es toda la cuenca la que debe cuidarse, ponerse en valor y aprovechar (en sus múltiples recursos) para el beneficio de sus pobladores, y no más bien, de malos dirigentes que viven de la pobreza de la gente? Ver en Lampadia: Centrando el debate sobre las cabeceras de cuenca.

Existe la oportunidad para llenar déficit de oferta de minerales como el cobre desde el Perú y se puede lograr si entendemos que es un sector con sostenibilidad ambiental y lo vemos con una visión integral para desarrollo de toda la región ofreciéndoles agua limpia. Solo así cerraremos las brechassociales y económicas que arrastramos, logrando un desarrollo sostenible del sector y del país. Lampadia

Leopoldo Monzón, especialista en geografía peruana y georreferenciación, nos ha hecho llegar su análisis técnico sobre las cabeceras de cuenca, que compartimos líneas abajo.

En nuestro último análisis sobre el tema (Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’), decíamos, sobre las declaraciones de Cayetana Aljovín y Elsa Galarza, ministras de Energía y Minas y del Ambiente, respectivamente, que como no podemos dudar de la sinceridad de las damas que conforman el gabinete ministerial, asumiremos que no conocen lo suficiente o han sido engañadas.

En esta ocasión nos vemos forzados a incluir en el mismo supuesto, al Presidente de la República, luego de escuchar sus declaraciones sobre las cabeceras de cuenca en RPP el pasado viernes, 6 de octubre 2017, veamos:

“Hay gente que dice que las cabeceras de cuenca deben controlarse para que no estén contaminadas, y yo estoy totalmente de acuerdo.

Tenemos un muy buen ejemplo de eso, …si uno sube a Huaraz y llega a Conococha, ahí hay una laguna grandaza, …unas posibles minas que se iban a poner ahí, que afectarían el río Pativilca, ¿no? Pues, …y en este c aso no habrá mina pues, y se acabó. Punto final.

Y ahora, delimitar las cuencas no es un pecado. [Que se prohíba la minería a partir de los 3,000 msnm ¡No!, eso no es posible.

[El proyecto Arana va por ahí] Pero ese proyecto no lo vamos a aprobar nunca. ¿No?

Vamos a ver, las grandes minas del Perú, ¿a qué altura están? Hay muchas minas a 4,000 msnm. Una se acaba de inaugurar en Arequipa, está a 4,600 msnm. Yo me crie de chiquito en San Antonio de Esquilache, que está en Puno a 5,000 msnm.

Las minas están donde el movimiento telúrico volcánico, hace miles de años, empujó la masa candente hacia arriba, ¿no?”

Solo la Cuenca del Alto Apurímac (una de las 159 que tenemos en el Perú), cubre buena parte de los departamentos de Apurímac, Cusco y Arequipa. ¿Tiene una cabecera? ¿Cientos? ¿No es toda la cuenca la que debe cuidarse, ponerse en valor y aprovechar (en sus múltiples recursos) para el beneficio de sus pobladores, y no más bien, de malos dirigentes que viven de la pobreza de la gente?

¿Cabeceras de Cuenca? ¡No! – Desarrollo Integral de Cuencas

Leopoldo Monzón Ugarriza
Para Lampadia

Diversos grupos por muchos años han venido buscando la intangibilidad de las “cabeceras de cuenca” para desarrollar actividades extractivas de recursos naturales no renovables, sin conocer el concepto exacto de una cuenca, su potencial y el daño que esto podría originar a nuestro País.

Por ello procederemos a explicar el tema de una manera sencilla y plantearemos una propuesta que creemos puede resolverlo de manera definitiva.

Una cuenca hidrográfica es un territorio por donde fluye el recurso hídrico en un único sistema de drenaje natural, es decir, que discurre sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas; por lo que el concepto de cabecera de cuenca es bastante discutible ya que la cuenca es única y no se divide por partes y menos por una cabecera de cuenca y sus partes, la cuenca es un todo indivisible.

Fuente: Proesmin, 2017

Una cuenca está formada por un amplio territorio: de variadas pendientes, de múltiples tipos de suelos, climas diferentes, recursos hídricos superficiales y subterráneos; esta combinación define las potencialidades de las cuencas. En el Perú, este territorio está lleno de recursos renovables y no renovables, que deben explotarse en su conjunto de manera racional, sin ponerle ninguna etiqueta por el lugar geográfico donde se encuentre. En el Perú existen 159 cuencas hidrográficas todas ellas, sin excepción, con potencialidades que las hacen únicas, de ellas hay más de 25 con un potencial minero importante. Por lo expuesto es impostergable comenzar con un plan de desarrollo, cuenca por cuenca, que sustente lo expuesto poniendo mayor énfasis en aquellas zonas donde hay extracción de recursos no renovables.

Ejemplo: Proyectos Mineros en Cuenca del Alto Apurímac

Ejemplo: Proyectos Mineros en Cuenca del Alto Apurímac

>>>INVERSION ESTIMADA US$ 30,000 MM

Durante los últimos años, en PROESMINvenimos estudiando diversas cuencas,habiendo encontrado algunos factores que se repiten y deben servir de base paraun estudiointegral. Estos factores son:

• La estacionalidad del recurso hídrico en sistemas de alta montaña,abundante en épocas de lluvias y deficiente en épocas de estiaje, pero siempre con un superávit importante en el conteo anual.
• La necesidad e importanciael desarrollar infraestructuras para el almacenamiento y trasvases de agua.
• Actualmente contamos con muy pocas infraestructuras de soporte para dotar de sistemas de riego eficientes, así como de agua potable y desagüe.
• Del mismo modo, se requiere desarrollar redes vialesque consoliden el aprovechamiento de las cuencas.
• En ninguna cuenca, incluyendo las pertenecientes a la vertiente del Pacifico, se han desarrollado estudios profundos de la calidad de suelos(el último disponible data de 1980), para la puesta en valor de nuestra geología económica y estructural.

Implementando lo expresado en los párrafos anteriores por cuenca, podremos crecer la frontera agraria en 20,000 Has por cuenca y 10,000 has la frontera ganadera, desarrollo turístico e industrial, explotación de los principales depósitos minerales que cuenten con los permisos y estudios pertinentes, y garantizar la buena marcha de las minas operadas actualmente. Esto es, tendríamos delante nuestro casi US$60,000MM en inversión y proyectos por un valor presente de US$120,000 MM, más de 1 millón de empleos, principalmente en agro y ganadería.

Por lo expresado, no pensemos más, manos a la obra, deroguemos las leyes que solo afectarían al país y que nos impedirán, tarde otemprano, el desarrollo que nos merecemos. Lampadia

El ejemplo de la Mancomunidad Regional de los Andes, que está llevando a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín e Ica, a una visión de desarrollo sobre la base de sumar esfuerzos, es algo que debemos destacar como el camino que puede dar viabilidad a los procesos de regionalización y descentralización en que estamos inmersos.

Como sabemos, los procesos de descentralización y regionalización se iniciaron apuradamente, por un impulso político hasta irresponsable: sin fijar las estructuras y delimitaciones entre lo nacional y regional, sin crear capacidades regionales que permitan una gestión eficiente y efectiva, y sin establecer las salvaguardas necesarias para la protección de ciudadanos y empresas ante los nuevos poderes, que no se dotaron de garantías democráticas, como la doble instancia, el rendimiento de cuentas y el balance de poderes.

Se falló inclusive en la definición de los procesos, habiéndose generado una confusión entre términos como regionalización y descentralización. La regionalización es esencialmente un proceso político, y como tal, define la estructura de responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, nacional (gobierno central), regional (gobierno regional –la nueva instancia de gobierno) y local o municipal, en sus distintos niveles provincial, distrital y de centro poblado.

En cambio, la descentralización es esencialmente un proceso económico. Se debe orientar al potenciamiento de las capacidades productivas de las distintas regiones, y sus procesos de inversión, generación de empleo y provisión de recursos fiscales. Como los departamentos, convertidos absurdamente en regiones, no son iguales en capacidades de desarrollo y, la demarcación política no coincide con lo que podríamos llamar áreas de desarrollo económico, o corredores económicos, la regionalización debe ser complementada por procesos de integración entre regiones que pueden potenciar su desarrollo mediante mancomunidades. Tal como ofrece la de los Andes que hoy analizamos. 

Más al sur de la Mancomunidad de los Andes, tenemos a Cusco, Puno, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Arequipa, incapacitados políticamente por sus dirigencias políticas regionales, y muchas veces por sus clases dirigentes locales, que como en el caso de Arequipa, en vez de converger en un esfuerzo macro-regional, levantan las pasadistas banderas de nacionalismos regionales, sacrificando a sus pueblos, y muchas veces llevándolos enfrentarse con quienes podrían asociarse para multiplicar su riqueza.

En el norte, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes, han formado la “Mancomunidad Regional Macro Nororiente del Perú”. 

Fuente: rpp-noticias.io

Según RPP “Mediante la Ordenanza Regional Nº 005 – 2017, el Consejo Regional de Lambayeque, aprobó la constitución de la “Mancomunidad Regional Macro Nororiente del Perú”, integrada por las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes. Con esta ordenanza se ratificó la elección de Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán, gobernador regional de Piura, en el cargo de presidente del Comité Ejecutivo de la nueva Mancomunidad”.

Además, RPP también afirmó que “La Ley 29768 de Mancomunidad Regional faculta a los gobiernos regionales a unir esfuerzos para la prestación conjunta de servicios públicos, cofinanciamiento o inversión en la ejecución de obras que promueven la integración, el desarrollo regional y la participación de la sociedad, fortaleciendo el proceso de regionalización”.

Entendemos que el proceso de integración entre Ancash, Huánuco, Pasco y Ucayali, está aún en veremos. Esperamos que pueda consolidarse pronto.

En el norte, la identidad de sus pueblos como el ‘Sólido Norte’, es muy propicia para que se consoliden procesos de integración. En cambio, el sur, está perdiendo la posibilidad de desarrollar lo que podría llamarse: ‘El Gran Sur’.

En el siguiente artículo, Alfonso Baella, destaca la vocación y capacidades de desarrollo de la Mancomunidad de los Andes.

Alfonso Baella Herrera
Para Lampadia

En el Perú los debates de coyuntura son, a veces, una enorme muralla que oculta tras de sí, temas estructurales de la mayor importancia. Peor aún, el conocido centralismo limeño relega a la provincia y olvida las potencialidades regionales. La minería formal, por ejemplo, alejada y distante de la capital es una de las actividades de mayor impacto económico y constituye, sin la menor duda, uno de los caminos más seguros de desarrollo y progreso para todos los peruanos. Pero debemos mirar más allá de Lima para reconocer las oportunidades y los casos de éxito que se están gestando, para destacarlos, para aprender de ellos y para multiplicarlos.

El caso de la Mancomunidad Regional de los Andes es un ejemplo que debemos conocer y replicar. En el año 2011 tres gobiernos regionales –Apurímac, Ayacucho y Huancavelica- decidieron unir esfuerzos en función de una visión compartida, de obras de infraestructura integrales y de proyectos mineros, de agroexportadores, de energía y demás. En el 2014 se adhirieron Ica y Junín.

Hoy, los cinco departamentos forman esta mancomunidad que tiene personería jurídica de derecho público y partida presupuestal asignada. Los gobernadores regionales tomaron una decisión política y hoy son un bloque que viene trabajando de manera coordinada.

Aquí un breve resumen de la cartera de proyectos que tienen entre manos: 

En Minería suman US $ 14,259 millones de dólares donde destacan Haquira (2,800), Los Chancas (2,800), Cotabambas (1,963), la ampliación de Toromocho (1,300) y la Mina Justa (1,300).

En Agroexportación suman cerca de US $ 4,500 millones de dólares y están el proyecto Hidroenergético y de desarrollo agrícola Pampas Verdes (4,000) y el trasvase del Rio Pampas en Apurímac e Ica (415).

En Energía llegan a US $ 3,000 millones de dólares con el Complejo termoeléctrico en Pisco, Cuquipampa (420) y Viscatan (400).

Además, en otras obras hay casi US $ 10,000 millones de dólares y están la construcción del Túnel Trasandino Matucana-Lima / Pomacocha-La Oroya (4,000), el Ferrocarril Andahuaylas-Marcona (3,000), la interconexión del Ferrocarril Central Huancavelica-Ayacucho-Apurímac-Cusco (1,800).

Es decir, hay más de US $ 32 mil millones de dólares de proyectos de inversión para los siguientes años que, de llevarse a cabo, convertirán esta zona del Perú en un importante generador de puestos de trabajo.

Hay que reconocer el esfuerzo y el buen ejemplo de esta mancomunidad, y de sus cinco gobernadores regionales: Julio Sevilla Sifuentes, Gobernador de Ayacucho; Fernando Cillóniz, Gobernador de Ica; Wilber Venegas Torres, Gobernador de Apurímac; Glodoaldo Álvarez Oré, Gobernador de Huancavelica; y, Ángel Unchupaico Canchumani, Gobernador Regional de Junín.

Son cinco líderes que han apostado por el desarrollo encontrado intereses comunes, complementariedades estratégicas y un verdadero compromiso con sus pueblos. Que distancia con regiones como Cajamarca que perdieron el tren de la historia y que hoy viven pobreza y aislamiento. Hay que mirar las mancomunidades como el mejor camino para generar macro regiones y promover espacios sanos de prosperidad y oportunidades. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 21 de julio de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

¡Vaya que el tema de los paros vandálicos está en boca de todo el mundo! Ciertamente, los paros en el Cusco han sido los más sonados, pero los huelguistas de Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín… y hasta de la propia Lima no se han quedado atrás. Pareciera que nada de lo que nos rodea está exento de ese mal llamado vandalismo.

Pero no. No todo es vandalismo en nuestro país. En Ica – por ejemplo – tenemos casos notables de integridad profesional, que contrastan – como el día y la noche – con la miseria moral de algunos personajes de nuestro entorno.

Fuente: RPP

Me refiero – de manera muy especial – a nuestros médicos y maestros que – en su inmensa mayoría – no acataron los paros convocados por la Federación Médica Peruana (FMP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú (SUTEP).

Y digo “de manera muy especial” porque – ciertamente… tanto médicos como maestros – tienen motivos de sobra para protestar. Los niveles salariales en ambos sectores – y en general, en todo el sector público del país – son bajísimos. La “Deuda Social” se está pagando a cuenta gotas. Sin embargo, en lo que a la Región Ica concierne, más primó el compromiso con los pacientes y los estudiantes, que los legítimos derechos de nuestros profesionales de salud y educación.

Es muy interesante lo que está pasando en nuestra región. El liderazgo – del bueno – y el orden y disciplina en el trabajo está revolucionando el servicio público a nuestros ciudadanos. Dicho sea de paso, a muchas autoridades se nos califica en función de las obras que realizamos… parques con más cemento que jardines, hospitales que después no hay quién los opere, palacios municipales, etc. No importa si la obra sirve o no… el tema es hacer obras. Y si detrás de ellas hay sendos negociados… no hay problema. Así piensan muchos.

Sin embargo, pocos se fijan en la gestión pública. Es decir, en la calidad del servicio público… entre los que destacan nítidamente la atención a los pacientes que acuden a nuestros centros de salud, y la educación de nuestros niños y jóvenes que merecen una formación integral y de calidad. En síntesis, la gestión de la salud y la educación.

A ese respecto, Ica está demostrando que – a pesar del poco presupuesto… que es realmente poco – sí se puede mejorar el servicio de estos dos sectores fundamentales para el bienestar de la población.

A los huelguistas sólo se les ha escuchado cantaletas como Falta de Presupuesto, Aumento Salarial, Falta de Equipos, Falta de Medicamentos, etc. Ah – y para no perder la costumbre – también exigen las cabezas de las Ministras de Salud y Educación. Pero ni una palabra de corrupción e indolencia en sus propios integrantes.

Me refiero a médicos que abandonan sus centros de trabajo y cobran como si hubieran trabajado, médicos que derivan a pacientes a clínicas privadas para cobrarles indebidamente, médicos que se roban medicinas y equipos de nuestros hospitales públicos para usarlos en sus prácticas privadas, médicos que se coluden con malos proveedores para comprar medicamentos en exceso… ¡unos delincuentes!

Pues bien, en Ica también tenemos médicos de esa calaña. Felizmente, pocos comparados con la gran cantidad de médicos estupendos que atienden muy bien a los pacientes. Pero – a diferencia de otras regiones – en Ica estamos denunciando a los servidores corruptos, y – eventualmente – sancionándolos. Y gracias a ello, todo está cambiando en nuestros hospitales… y para mejor. Lo mismo está sucediendo en educación, y en todas las direcciones del Gobierno Regional.

Como dije alguna vez… sí se podía. Era cuestión de liderazgo para separar la paja del trigo, y trabajar con gente honesta, capaz y servicial. Como nuestros médicos y maestros que atendieron normalmente a sus labores durante las últimas huelgas. Eso se llama integridad profesional… y moral. ¡Enhorabuena! Lampadia

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas.

Además, hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región, mientras Cajamarca hizo lo contrario,dió un salto atrás, un descalabro que le quitó a sus ciudadanos la posibilidad de ser la región más rica del Perú. Por arte y magia, aunque más por una suerte de brujería, Cajamarca, al ritmo de los anti-mineros Arana, Santos, et al, tiró por la borda cinco proyectos mineros que le hubieran cambiado la vida.

Ver en Lampadia:

• Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

• El Perú se la juega en Cajamarca

• Necesitamos más minería para una mayor competitividad 

• En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

En esta ocasión presentamos un importante análisis de Ciudadanos al Día (CAD), sobre: Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo – Caso Apurímac. (Ver la publicación en Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo: Caso Apurimac).

El trabajo de CAD, muestra que, tanto a nivel del gobierno Regional, como de los gobiernos locales, la ejecución o uso de los recursos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para el período 2013-2016, ha sido muy baja, desperdiciando recursos valiosísimos para el desarrollo de la región.

“Algunos departamentos como el Cusco y Callao fueron los más destacados por la alta ejecución de su presupuesto, 88.5% y 86.9% respectivamente. Sin embargo, se observa que existen departamentos cuyo nivel de ejecución se encuentra muy por debajo del promedio nacional (68%): tal es el caso de Ancash (52.6%), Apurímac (47.9%) y Madre de Dios (45.4%) quienes presentaron los menores niveles ejecución presupuestal en dicho periodo”.

A pesar de ello, por la fuerza de la inversión privada en Las Bambas, que incluyó inversiones sociales del orden de US$ 300 millones, Apurímac dio su salto adelante. ¿Qué hubiera logrado Apurímac si sus autoridades hubieran tenido una efectividad parecida a la del sector privado, que terminó su inversión a tiempo y que logró alcanzar su capacidad de producción con gran rapidez?

Afortunadamente, en Apurímac, además de la ineficiencia de sus autoridades, no se habría presentado escándalos de corrupción, como se ha visto en otras regiones. Bien por ello. Pero no podemos dejar de insistir que la organización política del Perú, con su apurada descentralización, ‘coja y manca’ pero con delegación de ‘poderes absolutos’, debe ser corregida.

Esto es producto, fundamentalmente del gobierno de Toledo que empujó la descentralización a una piscina vacía, y de García II, que en vez de poner una escalera para salvar la situación, tiró arena y creó un pantano que tiene atrapados a muchos gobiernos regionales entre la ineficiencia y la corrupción. En Lampadia hemos analizado los defecto del arreglo institucional de las regiones, pero el país, parece no tener cabeza para entender la importancia y urgencia de hacer algunas reformas. Ver: ¿No quieren evitar la corrupción? y Patente de corso para la corrupción.

Lo más escandaloso de la ineficiencia (falta de ejecución presupuestal y usos inadecuados) y la corrupción en el manejo de los presupuestos públicos en los departamentos, es que se trata de regiones pobres, que nunca tuvieron los volúmenes de recursos que generó el Perú para sus pueblos desde el regreso de la inversión privada con la Constitución de 1993. No se debió desperdiciar ni un sol. Lo hecho es una suerte de crimen social que algún día tendrá que ser debidamente señalado.

Veamos algunos de los cuadros y tablas del trabajo de CAD:

Es increíble que el Perú no haya sabido aprovechar sus recursos y que ahora, encima de todo, sin que importe debilitar el reto de seguir creciendo y reduciendo la pobreza, se haya parado las inversiones mineras, la mayor fuente de recursos para los peruanos más pobres de las regiones. Peor aún, es escandaloso que nuestra clase dirigente, especialmente la política, no tenga claras estas cosas y no se aboque a su corrección. Lampadia  

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMP
Para Lampadia

Hoy en el Perú contamos con una potencia instalada de 14,800 MW, mientras la máxima demanda alcanza 6,500 MW.  El exceso de capacidad instalada tiene como origen la sobre oferta provocada durante el gobierno anterior, que no entendía las reglas del mercado (por pensar inocentemente) y promovió el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con precios garantizados,  mientras al mismo tiempo, se produjo la paralización de los proyectos mineros que hoy estarían resolviendo los problemas de crecimiento económico del Perú. 

Para quien no esté familiarizado, las fuentes energéticas en el Perú de hoy son muy limpias; 46.5% hidroeléctrica, 45.4% gas natural, incluyendo “ciclo combinado”, 2.1% eólica y 0.5% fotovoltaica (solar), dejando solo para fines de reserva extrema, fuentes contaminantes (carbón, residual y diésel), por lo que pretender promover fuentes alternativas de generación eléctrica para sistemas interconectados, por razones ambientales, es una falacia.

Bajo las circunstancias mencionadas, queda claro que,  quienes creyendo en la economía de mercado asumieron los riesgos empresariales  y optaron por invertir en generación para el bien del Perú, sin pedir nada al Estado, hoy sufren la competencia desleal de aquellos que, promovidos por el gobierno de Humala, recibieron garantía de precios en el largo plazo, obviamente pagada por la ciudadanía.

No contentos con eso, hoy  promueven en el Congreso leyes de corte mercantilista que fomentan más subastas de energía alternativa, ciertamente con precio garantizado, otra vez de cargo del ciudadano.

Ya basta de negociados, pues al paso que vamos nos sobrará energía por lo menos por una década (hasta el año 2028 según el COES) y siempre que tengamos un crecimiento económico de 5% por año de manera sostenida.

Igualmente, es tiempo de olvidarse de propuestas de ley, tales como la presentada el 5 de mayo para declarar de “interés nacional y necesidad pública la construcción de la Central Hidroeléctrica Santa María”, so pretexto que le falta energía eléctrica a la población de Apurímac, como si con el  sistema interconectado de transmisión eléctrica nacional, fuera necesario que cada departamento cuente con una central de generación eléctrica propia para que “le cueste más barato al consumidor local”. No deja de sorprender el número de congresistas que se suman a este concepto y firman tal proyecto, sin informarse de cómo funciona el mercado eléctrico.

En el Perú debemos permitir que el sector empresarial invierta, asumiendo sus riesgos empresariales y de mercado, sin más intervención estatal que la de garantizar el marco regulatorio y la estabilidad política y social, bajo el imperio y respeto  absoluto de la ley.

De su lado, el sector político debe comprender que el mercantilismo no es más que una muy importante, pero soterrada forma de corrupción, de la que el Perú está harto y tenemos la obligación de desterrar.  Pues gracias a esta intervención inapropiada, los mercantilistas aseguraron sus utilidades y los que invirtieron sin hacer lobby, hoy enfrentan serios riesgos empresariales, vendiendo  energía por debajo de los niveles de precios que permitan recuperar la inversión y sin que esos menores precios puedan beneficiar a la ciudadanía que paga el precio garantizado. Lampadia

Cada día va quedando más claro que detrás de los conflictos, como quiera que se les llame, hay varias agendas y jugadores que están muy lejos de expresar protestas y propuestas de buena voluntad.

Los recientes eventos de Puente Piedra, no dejan dudas de la presencia de elementos anti sociales que deben responderse firme e ingeniosamente. El ejecutivo debe plantear un compromiso público anti impunidad por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo y crear los mecanismos que nos permitan superar situaciones como las de la primera marcha en Puente Piedra, donde, mientras el Ministro del Interior denunciaba la presencia de senderistas, el Sistema Judicial liberaba a todos los detenidos.

En la segunda marcha el Ejecutivo se puso las pilas, uso ‘drones’, aseguró elementos probatorios y tras la liberación de la mayoría de los intervenidos hasta ahora quedan algunos detenidos. Pero no sabemos por qué no se aplican los procesos de flagrancia. Esperemos que este esfuerzo del Mininter rindan frutos subiendo el costo del delito.

Estimados lectores, especialmente los que se sienten lejos del tema minero, lo de Puente Piedra permite entender algunos aspectos de todo tipo de conflictividad. Empecemos a seguir las noticias de la parálisis de la inversión minera, pues solo la opinión pública puede legitimar las necesarias y difíciles acciones que requiere tomar el Estado para superarla.

Gregorio Santos y la izquierda se suman a protesta por peaje. Fuente: Correo

Minería y Conflictividad Social 2017

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El primer semestre del gobierno de PPK nos ha permitido ver algunos elementos de la manera cómo el presente gobierno enfrenta y enfrentará la conflictividad social ligada a la gran minería. El Adelanto Social es el más visible de sus instrumentos. El Adelanto consiste en una intervención pro desarrollo realizada por Estado en el entorno de los proyectos mineros de manera previa a que entre en operación.

La premisa del gobierno es que ese Adelanto permitirá que el entorno social perciba los beneficios de tener un proyecto minero de manera previa al pago de Canon por parte de las empresas. Supuestamente, esto facilitaría un mayor grado de confianza de la población local en el gobierno nacional y permitiría articular intereses locales con el porvenir del proyecto en las fases iniciales del proyecto. El Adelanto social es útil, pero sólo impacta sobre las expectativas de los sectores moderados, y no reduce las dinámicas locales de extracción de rentas o réditos políticos, así como la propagación de la narrativa anti-minera entre la población. Por ello podemos esperar que el Adelanto sea, como máximo, una herramienta de efectividad parcial sobre la conflictividad. Sin los otros elementos, el Adelanto puede dar una idea de seguridad al gobierno, pero puede fracasar en prevenir los conflictos.

Los casos de Saramurillo, Las Bambas y Chumbivilcas han sido bastante informativos respecto a las políticas de facto de este gobierno frente a acciones de fuerza existente o potenciales. En todos estos casos la reacción del gobierno ha sido la instalación de una Mesa de Dialogo con participación ministerial, a veces con la participación de varios ministros. Estas mesas han sido efectivas en la desmovilización temporal de protestas y bloqueos, pero también han servido para legitimar y empoderar a los líderes de las posturas radicales.

En aquellos casos en los que las agendas de los movilizados y los objetivos del Estado no se encuentran muy distanciados, las mesas de diálogo pueden ser útiles para facilitar una convergencia entre las partes. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales las agendas de los movilizados están sumamente enfrentada a los objetivos del Estado, difícilmente estas mesas llevaran a una mayor viabilidad de los grandes proyectos de inversión.

Por el contrario, la Mesa puede transformarse en un mecanismo mediante el cual se le da representatividad legítima a actores sociales y políticos claramente anti-mineros. Adicionalmente las Mesas facilitan asociar -frente a la opinión pública-  a los ministros a los resultados del dialogo. Lo que los hace políticamente responsables de lo que ocurra y ello genera vulnerabilidades al gobierno e incrementa la capacidad de los anti-mineros para infligir costos políticos a los miembros del gabinete. 

Estas Mesas, hasta ahora, se realizan mientras el Estado no realiza ningún esfuerzo efectivo por implementar el imperio de la ley en las zonas de conflictos o contrarrestar la influencia de la narrativa anti-minera. En los últimos meses se ha visto el archivamiento de las denuncias a todos los dirigentes de las violentas protestas en el caso Conga, la liberaciones sistemáticas tras los desmanes en Puente Piedra, la continuidad del bloqueo del acceso principal a “Las Bambas” sin ninguna respuesta del Estado, la falta de castigo a quienes bloquearon el Marañon en Saramurillo, etc. La impunidad frente a los actos de violencia en la protesta social es prácticamente total y no se percibe una estrategia efectiva para abordar este problema.

Lo que Podemos Esperar

En el caso de Las Bambas hay una clara brecha entre la propuesta del Gobierno y las demandadas de la Plataforma de Lucha firmada por múltiples autoridades, frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias de Grau y Cotabambas. En el caso del Gobierno, el mismo propone financiar un plan de desarrollo con un valor estimado de 2,000 millones de soles y el asfaltado de la ruta de los camiones que llevan el mineral de Las Bambas. En el caso de la Plataforma de Lucha se solicita una participación de 50% del valor de la producción de Las Bambas (un imposible económico), una repetición de los trámites ya aprobados y la renegociación de los acuerdos que la Empresa ha tenido con las comunidades en su entorno.

Lo que hace más complejo el caso, es que la participación en la producción de la empresa ha sido una parte integral discurso de los líderes del movimiento social en Cotabambas. Ahora, dicho liderazgo no puede renunciar fácilmente a semejante pedido sin socavar su propia imagen frente a sus bases. Por ello es esperable que en algún momento se reinicien las acciones de fuerza mientras se sostenga la amplitud de la brecha entre la propuesta gubernamental y las demandas de las organizaciones sociales, y el Estado deje la sensación de que el uso de la violencia no tiene costos para quienes la aplican.

En el caso de Tía María el Gobierno apuesta por la represa de Paltiture (que incrementaría el acceso de agua para la población del valle del Tambo) como eje de una solución al rechazo de la población hacia el proyecto Tía maría. El problema es que la presa por si sola no alteraría las actitudes de la población hacia el proyecto de Tía María, ni sus temores hacia el impacto ecológico del proyecto en el valle del Tambo. Si la preocupación por una potencial disputa por el agua entre la mina y los pobladores fuera la única causa del rechazo, el aviso que hizo la empresa de que utilizaría agua desalinizada hubiera tranquilizado a la población, sin embargo, esa tranquilidad no se dio.

A estas alturas, las condiciones sobre el terreno manifiestan una correlación social adversa hacia el proyecto y muestran la efectividad del trabajo de “agitación y propaganda” por parte los anti-mineros en Islay y en Cocachacra en particular.  Un estudio de la Asociación Civil Labor[1] muestra que un 72% de la población es partidaria de la suspensión del proyecto y un 87% desea la revisión de EIA del Proyecto por un tercero. En el distrito de Cocachacra, el epicentro del conflicto, la suma de los votos de Gregorio Santos y Verónica Mendoza llega a 59%, mientras que el resto de Arequipa llega al 29% esto nos señala que el conflicto por Tía María ha afectado claramente las dinámicas políticas en su entorno cercano. Esto es un poderoso indicador del grado en el que la narrativa anti-minera ha calado. En esta narrativa la actividad minera afectaría gravemente a la agricultura y la salud de la población, y acabaría o contaminaría las fuentes de agua, además de exponer al agro y la población a polvos tóxicos originados en el tajo minero. Por otro lado, dentro de esta narrativa, el Gobierno Central se haya supeditado a las Empresas Mineras por lo que su rol de fiscalización y control no es confiable.

Para quienes consideren que la minería les traerá semejantes afectaciones, la construcción de importantes obras de infraestructura es un factor desmovilizador poco efectivo frente a los temores a lo que se percibe como una amenaza devastadora a la agricultura y a la salud de las personas. Tampoco en las medidas del gobierno se ven acciones contra el aparato de represión a disidentes instaurado por los anti-mineros en la zona, ni tampoco a la instrumentalización de las instituciones locales (Ej. Junta de Regantes) como aparatos de movilización en acciones violentas.

Como los temores de la población están estructurados en un discurso multi dimensional, los cambios en su actitud serán lentos y tendrán que responder a las diversas dimensiones de la narrativa anti-minera. Por todo ello, es poco probable que la visita de PPK, sin la debida preparación, resulte efectiva para desactivar las resistencias al proyecto. Lo que puede pasar con su visita es que los grupos anti-mineros aprovechen la presencia del Presidente para generar un evento político negativo para el gobierno.

Conclusiones

La política de las Mesas de Dialogo conseguirá desmovilizar momentáneamente algunos conflictos. Sin embargo, es una estrategia desbordable por la magnitud de la conflictividad.  Existe un número limitado de ministros para participar en las Mesas, hay una importante brecha entre las demandas de los movilizados y las posibilidades de cumplimiento por parte del gobierno. La impunidad implica que “patear la mesa” con acciones violentas no implica ningún costo para los dirigentes. Ese desequilibrio se da en una situación en que al gobierno no se le ocurre ninguna iniciativa para modificar la correlación de fuerzas políticas en las áreas en conflicto.

Esto lleva a considerar que las medidas a ser aplicadas por el gobierno no podrán reducir de manera decisiva la conflictividad ni en los casos de Tía María ni en Las Bambas por lo que podríamos esperar que estos conflictos cumplan roles protagónicos a lo largo del 2017.

Podemos esperar entonces la dinámica en la que se da una acción de fuerza, se manifiesta la pérdida de autoridad del Estado, se plantea una Mesa de Dialogo, y tras un periodo se da el reinicio de las acciones de fuerza como mecanismo de negociación. Si el gobierno no modifica sus políticas de gestión de conflictos, es muy probable que el año 2017 sea aquel en el que se haga evidente las limitaciones de la actual doctrina estratégica para conflictos sociales seguida por el gobierno. Veamos si van a darse cuenta antes que sea demasiado tarde, o si vamos asistir de nuevo el desperdicio de una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del Perú.

Se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado.

En Superemos los conflictos políticos prolongados – Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), aquí en Lampadia, se ha sugerido estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad – Propuestas para reducir la conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

En todo caso, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. Lampadia