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Economía peruana se sigue desacelerando y apenas crece 1.58% en enero

Economía peruana se sigue desacelerando y apenas crece 1.58% en enero

La desaceleración que viene experimentando nuestra economía en los últimos meses ya es un hecho palpable y comprobable en los datos. Como informó el INEI en los últimos días, en enero pasado la producción nacional registró un magro crecimiento de 1.58% con respecto al mismo mes en el 2018. Como se observa en el siguiente gráfico, de repetirse estas desalentadoras caídas en las tasas de crecimiento, se terminaría de configurar una tendencia bajista en el comportamiento anual de la actividad económica.

¿Qué ha motivado este decaimiento del crecimiento de la producción nacional? ¿Obedece puramente a un factor estacional o se debe a una creciente debilidad por parte del gobierno para reactivar los diversos motores de nuestra economía, como hemos venido advirtiendo previamente en anteriores publicaciones (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, Perú crece por debajo de su potencial?

Desagreguemos el crecimiento del PBI de manera sectorial y analicemos.

Como se observa en la siguiente tabla, los sectores que estarían determinando el comportamiento desfavorable del PBI en enero son los sectores primario, compuestos por el sector pesca y minería e hidrocarburos, que cayeron en -31.33% y -1.26% respectivamente, y secundario, arraigados a la demanda interna y compuestos por la construcción y la manufactura, que crecieron 0.90% y -5.64% respectivamente.

Vayamos uno a uno:

  • En cuanto a la caída del sector pesquero, esta fue explicada principalmente por una menor captura de anchoveta para consumo humano directo (-56.02%), la cual se deriva de una fuerte declinación de la captura de este recurso en la segunda temporada de pesca. Según la misma entidad estadística, es relevante señalar que las condiciones del mar a 30 millas de la costa afectaron gravemente la distribución de este abundante recurso.

  • En cuanto a la caída del sector minería  e hidrocarburos esta se explica en mayor y menor medida por un desempeño desfavorable de algunos componentes de la minería metálica – como el hierro (-39.10%), la plata (-14.03%), el oro (-9.40%), entre otros- y  la menor extracción del petróleo crudo (-21.78%). Analicemos con mayor detalle las razones de la caída de estos subsectores:
  • Por el lado de la minería metálica, si bien una parte de la menor producción de estos concentrados obedece a menores tonelajes tratados y a la paralización temporal de algunas minas, también existe un factor de agotamiento de reservas existentes como es el caso de las operaciones auríferas de la Minera Barrick Misquichilca. Este agotamiento sí es responsabilidad directa del gobierno puesto que de haberse dado luz verde a proyectos mineros de envergadura como Conga y particularmente, Tía María, del cual ya se tiene permiso de construcción, probablemente el sector no hubiera registrado cifras negativas.

  • En el caso de la fuerte caída en la producción de petróleo crudo, también se trataría de responsabilidad directa del gobierno. Ella obedecería a la paralización de las operaciones de explotación en el Lote 192 por parte de Pacific Stratus desde diciembre pasado, afectadas por la inoperatividad del Oleoducto Norperuano, ante la ruptura del ramal norte efectuada por una comunidad nativa de Loreto con el consecuente derrame de miles de barriles de este recurso.  Como es de conocimiento, la reacción del gobierno ante estas manifestaciones violentas fue escandalosamente tardía, que posteriormente terminó cediendo ante muchos de los requerimientos de esta comunidad para darle “supuesto fin” al conflicto.

  • En el caso de la manufactura, su caída está explicada por un desempeño desfavorable del subsector fabril primario (-27.51%), ante una contracción del sector de metales no ferrosos (-46.22%), elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-32.76%) y azúcar (-14.9%). Aquí la responsabilidad del gobierno es indirecta. Si bien no podría adjudicársele la responsabilidad por el lado de la caída del sector de conserva de pescado, ya que arrastra el mal resultado del sector pesca anteriormente mencionado; en el caso de la minería, el agotamiento de las reservas por el poco empuje hacia nuevos proyectos mineros desde el Ejecutivo, ha terminado por producir una menor producción a refinar, perjudicando así a la industria. Asimismo, es menester señalar que si bien el sector fabril no primario, otro importante componente de la manufactura, creció 3.49% en enero, uno de sus subsectores, la producción de bienes de capital, registró una fuerte caída de -19.01%. Esta fuerte caída se debió a la contracción en la producción de máquinas para la explotación minera y canteras así como para obras de construcción (-57.10%). Este constituye un caso adicional en donde el poco impulso hacia la minería por parte del Ejecutivo termina afectando otros sectores de alto valor agregado de la economía.

  • Finalmente, en el caso de la construcción su magro crecimiento ubicado en 0.9%, se explica mayormente por la fuerte contracción en el avance físico de las obras, ubicado en -9.43%. Muchos podrían argumentar que este hecho se habría dado por la coyuntura política, caracterizada por la llegada de las nuevas autoridades a los Gobiernos Regionales y Locales. ¿Es este pues un factor estacional propio del cambio del ciclo político? La respuesta es parcial. Si uno desagrega el avance físico de las obras, no son los Gobiernos Regionales los que han restringido su gasto de inversión en construcción, ya que ellos han experimentado un crecimiento del 38.06% en este indicador. Por el contrario, han sido el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales los que han contraído su gasto en este concepto en el orden de -17.73% y -19.50%, respectivamente. En ambos conceptos se observan claras falencias y faltas de capacidades por parte de ambos niveles del Estado para lidiar con los atrasos de las  obras de infraestructura vial y de vivienda, así como de mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado, en la zona norte del país, aún afectada por el Niño Costero.

En conclusión, la situación grave por la que pasan cuatro sectores económicos que son responsables de la caída de la economía en el mes de enero, por lo menos tres, se deben a la incapacidad del actual gobierno para lidiar con los cuellos de botella heredados de anteriores administraciones como la poca habilidad para una resolución eficaz de conflictos sociales así como la falta de impulso de sectores como la minería, que son vitales para el desarrollo y que además están encadenados con industrias de alto valor agregado.

Es menester señalar que este débil crecimiento de la actividad económica no es reciente pues se da en un contexto de desaceleración pronunciada en las tasas de crecimiento del PBI acompañada de una caída en la inversión (ver gráficos a continuación), que, como advertimos en Lampadia: El Perú se aleja de los circuitos internacionales de inversión, Aterrizaje en la mediocridad, viene desde los años 2011-2012, producto de una animadversión hacia la inversión privada, con especial énfasis, hacia la inversión minera.

Esta es pues la nefasta herencia que nos dejó el gobierno nacionalista de Ollanta Humala que no pudo ser reversada por el actual gobierno de PPK-Vizcarra.

De seguir promoviendo este enfoque anti-inversión y no darle solución a los cuellos de botella anteriormente mencionados, no podremos seguir con nuestra tarea de generación de empleo y reducción acelerada de la pobreza que nos caracterizó en la década pasada. Nuestros compatriotas exigen pues dicho cambio. Lampadia




Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera

Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera

Este ensayo forma parte de nuestro repositorio Recursos Naturales y Desarrollo que pretende traer luces sobre la conflictividad anti-inversión que ha paralizado muchos proyectos y ralentizado nuestra economía y mejora social.

Los anti mineros pueden sostener conflictos sociales de manera prolongada y violenta porque manipulan el flujo de conocimientos accesibles a la población y el proceso de formación de la opinión pública local. Controlan sus fuentes de credibilidad, exponen a las poblaciones locales a un bombardeo sistemático de falacias, exageraciones, rumores y mentiras, inoculando una narrativa profundamente anti-minera. Los medios de información creíbles sostienen el mismo relato y la institucionalidad local se encuentra capturada, legitimando así las acciones de los anti-mineros que aplican la violencia contra los disidentes. Bajo estas condiciones, la población se encuentra aislada de visiones alternativas. En estas situaciones, las acciones y los esfuerzos de comunicación de las empresas mineras y del gobierno central difícilmente podrán ser efectivos. El Cerco Cognitivo de las poblaciones ha cumplido un rol fundamental en el crecimiento de la conflictividad minera de los últimos años.

La renuncia al progreso

La minería moderna, atendiendo los estándares ambientales, los requisitos legales y las prácticas de responsabilidad social, es una actividad altamente beneficiosa para el Perú. La minería es especialmente positiva para la gran mayoría de las poblaciones de  las localidades en que opera[1]. Si las empresas e instituciones locales desarrollan estrategias inteligentes, canalizan bien los recursos generados por la minería y establecen sinergias entre la economía local y la actividad minera, el beneficio puede ser aún mayor.

¿Cómo entender, entonces, que los conflictos mineros se hayan incrementado tanto en los últimos años? ¿Cómo puede ser que las poblaciones locales renuncien a posibilidades reales de progreso ofrecidas por la minería para dedicarse a un enfrentamiento en que todos pierden, con la sola excepción de los anti-mineros?

¿Será una consecuencia del bajo nivel educativo de las poblaciones rurales? ¿Será la existencia de una mentalidad localista y resentida de algunas regiones? ¿Es la existencia (supuesta) de remanentes de sociedades indígenas que rechazan la modernidad? ¡No!

No creemos que estos factores expliquen la conflictividad social respecto a la minería.

Pensamos que la existencia de creencias tradicionales sobre los cerros, el agua y la minería, los resentimientos sociales, las inclinaciones políticas y los sesgos cognitivos de las poblaciones rurales favorecen a los anti-mineros, pero esas condiciones siempre han existido y no explican satisfactoriamente la conflictividad social de los últimos años. Nuestra hipótesis es que las causas de la conflictividad son bastante modernas y tienen que ver más con el trabajo sistemático de las corrientes ideológicas anti-mineras que con las características culturales y sociales pre-existentes en el país. Ellos manipulan este sistema de creencias para construir sobre él una narrativa mucho más robusta. Veamos cómo funcionan esos mecanismos.

El cerco cognitivo

Para convencer a las poblaciones de renunciar a sus aspiraciones de progreso económico y social, los anti-mineros generan un cerco que son el objetivo de sus acciones. Lo llamamos cerco cognitivo porque se refiere al control de los conocimientos a los que la población puede acceder. Es con ese cerco cognitivo que los anti-mineros logran manipular a la población en función de sus objetivos políticos. ¿En qué consiste el cerco cognitivo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo construyen?

El cerco cognitivo consiste en la combinación de cuatro mecanismos: (a) una narrativa hostil a la minería, (b) la captura de los referentes creíbles de la población, (c) control del flujo de mensajes hacia la población, y (d) el bloqueo de las voces independientes.

1. Narrativa anti-minera: Con la narrativa hostil a la minería, ellos difunden en la población el temor a la actividad minera y la mistificación del conflicto como fuente de dignidad y como mecanismo de bloqueo a las aspiraciones de progreso de la población. La dignidad juega un papel clave en esta narrativa: al no poder ofrecer una alternativa real a los beneficios que la minería ofrece, la dignidad cumple una función como fuente de satisfacción al poblador que participa en el conflicto.[2] En esa narrativa las empresas mineras son los “Malos” y los anti-mineros son los “Buenos,” además los conflictos son presentados como necesarios para defender los recursos naturales y la dignidad de la población.[3]

2. Fuentes de credibilidad: Con la captura y adoctrinamiento de las fuentes de credibilidad de la población (profesores, líderes locales, religiosos, periodistas, etc.) los anti-mineros controlan la interpretación de los hechos y la formación de opiniones de la población local. Como ellos mismos lo explican: “El apoyo o involucramiento de líderes religiosos o incluso de la iglesia misma puede marcar toda la diferencia en la lucha” (Zorrilla, Buck, Palmer & Pellow). [4] Las creencias religiosas de las poblaciones rurales hacen que los líderes religiosos, como algunos curas, tengan condiciones favorables para manipular a la población.[5]

3. Flujo de mensajes: El control del flujo de mensajes tiene tres propósitos: la repetición de su versión de los hechos, la propagación de rumores y la descalificación de mensajes alternos. Los anti-mineros logran ese control sobre el flujo de mensajes de dos maneras: (a) la presencia de decenas de activistas anti-mineros en permanente contacto con la población local, y (b) la creación de programas radiales y medios de comunicación hostiles a la minería y orientados hacia la conflictividad.

4. Bloqueo a las voces independientes: Los anti-mineros reducen mucho las posibilidades alternativas de pensamiento con el bloqueo de las voces independientes. Las voces discrepantes son presentadas como vendidos a la minería, interesados en su beneficio personal o traidores a la comunidad y evitan así que los temas del progreso económico y social sean debatidos democráticamente en las zonas controladas por ellos. La intimidación y la violencia hacia periodistas y líderes locales son actividades estándares para lograr el silencio de los independientes. Normalmente se le camufla y legitima la aplicación de la violencia mediante eufemismos tales como “se aplicaron usos y costumbres” entiéndase castigos físicos a quienes “dividen la comunidad”, es decir a quienes disientan de ellos.[6] Para el control de la población es necesario generar la impresión que todos en la comunidad están de acuerdo con la posición de los anti-mineros. Es así que las personas que disienten con ellos, sienten una mayor presión social para mantener el silencio y no ser criticados por el resto de la comunidad.

El Funcionamiento del Cerco

¿Cómo puede la población rural establecer en qué grado una actividad compleja como la minería moderna afecta o no al subsuelo y a sus recursos naturales, y pone o no pone en riesgo sus actividades agrícolas? ¿Cómo saber si los EIA de las empresas mineras, aprobados por el Estado, están bien hechos y son realmente confiables? ¿Cómo saber si un rumor que anda corriendo sobre la contaminación del agua por la minería es falso o verdadero?

Para preguntas como esas, la población local recurre a las pocas fuentes de información con credibilidad que le son accesibles. Si esas fuentes están controladas por los anti-mineros y las voces independientes están intimidadas y acalladas, las conclusiones de la población son previsibles. Los anti-mineros trabajan años capturando las fuentes de credibilidad para introducir su narrativa en las conclusiones de la población.

Control de la institucionalidad local

Mientras trabajan para controlar las fuentes de credibilidad, los anti-mineros buscan crear o asumir el control de la institucionalidad rural: comunidades y rondas campesinas, instituciones religiosas, alcaldías provinciales y distritales, frentes de defensa, organizaciones locales, ONG’s, centros de salud, unidades educativas, frentes de defensa, etc.

Cuando se controlan las fuentes creíbles de información, los anti-mineros pueden inocular su narrativa. Esto genera las condiciones necesarias en la opinión pública para la captura de la institucionalidad local.

Esa institucionalidad local y sus representantes pasan a ser las fuentes de legitimidad para su accionar conflictivo y para la descalificación de las opiniones favorables al progreso económico y social. La opinión de los representantes de la institucionalidad local influencia fuertemente a la población para definir si algo es legítimo o ilegítimo, correcto o incorrecto.

Esta captura viabiliza la aplicación ‘legitima’ (a los ojos de la población) de la violencia contra quienes se opongan a sus intereses, con ello se impermeabiliza a la población ante fuentes alternativas de información que disientan de la narrativa anti-minera.

Cuando los anti-mineros tienen esas condiciones instaladas localmente, ellos están en la capacidad interpretar las acciones de las empresas mineras y de cualquier otro actor externo según sus intereses. Por ejemplo: Todo lo que una empresa haga a favor de la población (proyectos, servicios de salud, etc.) es visto, en esa narrativa, como un intento de la empresa de resarcir parcialmente un daño que sus actividades estarían generando en la población local (contaminación, etc.), o es parte de un engaño en el que el poblador no debe caer. En vez de reconocerlas como algo positivo, ellos presentan las acciones de las empresas mineras como un intento de manipular a la población local aprovechándose de sus necesidades materiales y de su pobreza. Según ellos los proyectos de desarrollo de las empresas son “migajas” cuyo propósito es adormecer la conciencia de la población, para seguir contaminando las aguas y destruyendo el futuro de todos, especialmente de los niños.

Una de las consecuencias del cerco cognitivo es que las acciones de responsabilidad social de las empresas pierden mucho de su eficacia para ganarse la confianza de la población. Los estudios de opinión pública de las diversas encuestadoras muestran que, en las zonas de operación de las empresas mineras, donde se han realizado mayor cantidad de acciones de responsabilidad social, la población es más hostil a la minería que en otras zonas donde las empresas no han hecho obras ni proyectos. La explicación a esta supuesta paradoja es el control de los anti-mineros sobre la manera cómo se forma la opinión pública. Ellos afectan la manera como la población interpreta las acciones de responsabilidad social de las empresas y reducen en gran medida las ganancias en reputación que éstas esperaran conseguir.

Con la narrativa anti-minera instalada en la mente de las personas y la institucionalidad local controlada por los anti-mineros, pueden luego manipular a la población y crear así la base de operaciones para un conflicto político de larga duración.[7]

Cuando los anti-mineros logran instalar su narrativa y estructurar su cerco cognitivo sucede una tragedia social. Poblaciones pobres con altos índices de mortalidad materna e infantil ponen sus aspiraciones de progreso a un lado y dedican una parte importante de su tiempo y energía a bloquear la actividad económica que les posibilitaría salir de la pobreza y ofrecer a sus hijos un futuro mejor. Los procesos de aprendizaje social sobre cómo progresar son interrumpidos y muchos de sus líderes se especializan en el oficio nefasto del conflicto y la manipulación.

¿Cómo romper el cerco cognitivo?

Quienes más necesitan romper el cerco cognitivo de los anti-mineros son las poblaciones y empresas de las regiones mineras. Ellas son quienes necesitan aprovechar la demanda global de materias primas para construir sus rutas de progreso. Sin embargo, la superación de las barreras construidas por los anti-mineros no es algo que ellas puedan hacer solas, aisladas de otros actores sociales. Esta es una tarea que requiere una alianza social que necesariamente debe incluir a los sectores y medios mejor informados.

Las empresas mineras solas también tienen grandes limitaciones para romper los cercos cognitivos de los anti-mineros. Los estereotipos sobre las empresas mineras que ya están instalados en la mente de la población constituyen condiciones desventajosas. Además, todo lo que una empresa diga en sus comunicados puede fácilmente ser interpretado como un mensaje de parte que sirve a sus propios intereses de lucro. Como ya hemos visto, si los anti-mineros controlan las fuentes de credibilidad de la población, los mensajes de las empresas son interpretados negativamente y no cumplen los objetivos de contrarrestar la narrativa anti-minera. La promoción de otras fuentes de credibilidad para la población se vuelve fundamental.

Se requiere una coalición social pro-desarrollo, conformada por los actores favorables a la minería, para que se pueda romper el cerco cognitivo de los anti-mineros. En realidad, en todas las regiones existen importantes sectores de la clase media urbana y rural que pueden beneficiarse de la presencia de la minería, pueden montar negocios, prestar servicios y abrir una ruta de progreso para ellos y para la mayoría de la población. No es coincidencia que los anti-mineros realicen una actividad sistemática para descalificar, amedrentar y neutralizar a los actores de los sectores medios de las sociedades regionales.

Son esos actores de los sectores medios quienes pueden asumir una narrativa pro-desarrollo y pueden constituirse en nuevos referentes de credibilidad para la población urbana y rural. Si las empresas mineras quieren neutralizar a los anti-mineros y crear bases para una minería sostenible, necesitan ofrecer a esos sectores medios dos cosas:

(a) Una ruta de progreso económico dinamizada por la minería (ver las propuestas de Michael Porter sobre Valor Compartido), y

(b) Desarrollar en diálogo con los sectores medios, una narrativa de progreso culturalmente adecuada a la idiosincrasia regional.

Cuando los actores de los sectores medios comiencen a liderar la agenda pública local en función una propuesta de minería y desarrollo, el cerco cognitivo de los anti-mineros se derrumba. Gradualmente sus mentiras y falacias se harán visibles, y las poblaciones locales podrán imaginar su futuro con un mayor nivel de confianza y libertad. Lampadia

 


[1] Zambrano, Omar; Robles, Marcos; Laos, Denisse (2014) Global boom, local impacts: Mining revenues and subnational outcomes in Peru 2007-2011 Banco Interamericano de Desarrollo.

[2] Cuando una organización, como los anti-mineros, enfatiza la dignidad en su narrativa, es porque no puede ofrecer opciones de progreso, y quiere que la población renuncie a sus aspiraciones para servir a los intereses de la organización.

[3] La elaboración de una narrativa es una actividad de alta complejidad. Los grupos anti-mineros locales no tienen la capacidad intelectual para hacerlo. Son los centros internacionales, financiadores de los anti-mineros locales, quienes desarrollan dichas narrativas. Los anti-mineros locales y sus ONG’s repiten, adaptan esas narrativas, y generan imágenes que las ilustran. Por las características, funcionalidad y falacias de la narrativa anti-minera, escribiremos un artículo próximamente.

[4] Zorrila, C., Buck A., Palmer, P., & Pellow, D. (2009). Protegiendo a su Comunidad Contra las Empresas Mineras y Otras Industrias Extractivas. (p. 15). Bolder, OH, USA: Global Response.

[5] Los anti-mineros hacen un mapeo cuidadoso de quienes son las personas que la población rural tiene como referencia para formar una opinión sobre los diversos temas. Aunque se presentan como parte de la población pobre, esas personas son en realidad parte de la élite local.

[6] Ellos copian en una escala micro, local, lo que Stalin ha logrado implantar en la Unión Soviética.

[7] Cuando la idea de progreso es sustituida por la falacia de que el conflicto es la fuente de dignidad de la población, el futuro de la población está en riesgo de postergarse por décadas y generaciones. 

 

 

 

 

 




Desmitificando el tema de la desigualdad

Desmitificando el tema de la desigualdad

El tema de la desigualdad, como lo explica Andrés Velasco en el siguiente artículo de Project Syndicate que glosamos más abajo, ha entrado al debate político y a los medios de información sin el debido cuidado y rigurosidad que un asunto tan importante requiere.

Como hemos venido presentando en Lampadia, el ciclo virtuoso que hemos tenido en el Perú hasta su interrupción el 2011 (ver: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo), ha generado, junto con un crecimiento mayor al del resto del mundo y especialmente, de la región, una muy importante reducción de la pobreza y de la desigualdad. Ver en Lampadia: La minería: generó un ciclo virtuoso de crecimiento y El 2014 terminó nuestro ciclo virtuoso de desarrollo – ahora necesitamos acumen y una agenda de desarrollo efectiva.

La reducción de la desigualdad no es común para procesos de crecimiento alto y sostenido. Lo normal ha sido que cuando un país crece alto y sostenidamente, se acentúe la desigualdad. Pero en el caso del Perú, hemos tenido un crecimiento pro-pobre y pro-clase media, que lamentablemente ha pretendido ser desconocido por el mundo político, especialmente por los movimientos anti-inversión y anti-economía de mercado.

Dice Velasco: “Por lo tanto, la afirmación que con frecuencia se escucha de que el aumento de la desigualdad es el hecho económico central de nuestros tiempos, probablemente se deba a una disparidad de otro tipo: el impacto desproporcionado que los medios noticiosos y los expertos de países ricos tienen en los debates internacionales”.

Efectivamente, en los países más desarrollados, como EEUU y Europa, se ha producido un incremento de la desigualdad y, las noticias y los artículos y ensayos referidos a su realidad han inundado los análisis sobre la desigualdad en todo el mundo. La verdad es que ésta ha disminuido en los países emergentes que han absorbido buena parte de la producción global y que con la recuperación de los precios de los commodities del nuevo siglo (contrariando la teoría de la dependencia de la CEPAL), han logrado un incremento importante de riqueza en los países más pobres, como, notoriamente, se produjo en el Perú.

El artículo de Velasco y los enlaces a los estudios que refiere, muestran este tema con una perspectiva rigurosa, que incluye los impactos de las políticas redistributivas que se hicieron posibles gracias al crecimiento económico indicado. Ver líneas abajo el análisis de Velasco:

Nueva luz sobre la desigualdad del ingreso

Andrés Velasco, ex candidato a la presidencia de Chile, profesor de desarrollo internacional. Octubre, 2015. Project Syndicate. Traducción de Ana María Velasco

Los discursos de los políticos sobre la desigualdad tienden a ser parcos en cuanto a hechos, pero expansivos en cuanto a propuestas ideológicas. Una explicación caritativa para la baja calidad del discurso público sobre la desigualdad del ingreso en las economías en desarrollo y emergentes, es que en ellas los datos acerca de la distribución del ingreso suelen ser escasos o dudosos. Sobre un tema de la importancia de éste, los debates por lo general generan más calor que luz.

Pero esto podría estar llegando a su fin a través de un nuevo conjunto de estudios. Liderado por Nora Lustig, profesora de economía especializada en América Latina, un equipo del “Commitment to Equity Institute” de la Universidad de Tulane ha desarrollado extensas bases de datos relacionados con el estado de la distribución del ingreso, y asimismo con los efectos de las políticas públicas relativas a dicha distribución. De importancia crucial es que las cifras son similares a través de un conjunto amplio de países de ingresos medios y bajos, y también concuerdan con los datos existentes en relación a países avanzados. Las conclusiones preliminares que están surgiendo de estos estudios van a iluminar los debates políticos – y probablemente desagradar a los ideólogos tanto de derecha como de izquierda.

Empecemos, como afirma Lustig en un estudio reciente, con el hecho de que la desigualdad del ingreso a nivel mundial no va en aumento. La forma más frecuente de medir la desigualdad es empleando el coeficiente de Gini, el cual asigna el valor cero a la igualdad perfecta y 100 a la desigualdad perfecta (cuando una sola persona recibe todos los ingresos). En los países para los cuales existen datos, el puntaje promedio de este coeficiente (no ponderado según la población) declinó levemente, de 39 a 38, en el período 2000-2010.

Efectivamente, en los países ricos, durante este mismo período, el puntaje se elevó – de 29,8 a 30,4. Pero, en América Latina cayó estrepitosamente, de un escandaloso 55,1 en 2000 – que hacía de este continente la región más desigual del mundo – a un 50,2, todavía muy alto, diez años después. El valor de Gini también disminuyó en el sur de Asia. En el África Sub-sahariana, donde los datos son menos ciertos, parece haber permanecido relativamente constante.

Todavía más, la desigualdad al parecer está bajando precisamente donde era más aguda para empezar. Esto es válido para regiones, especialmente América Latina, tanto como para países, por ejemplo, Brasil y Sudáfrica.

Por lo tanto, la afirmación que con frecuencia se escucha de que el aumento de la desigualdad es el hecho económico central de nuestros tiempos, probablemente se deba a una disparidad de otro tipo: el impacto desproporcionado que los medios noticiosos y los expertos de países ricos tienen en los debates internacionales.

Otro conjunto de resultados que por cierto no va a ser del agrado de los derechistas fanáticos, es que las políticas fiscales redistributivas pueden tener y, de hecho, están teniendo, un impacto significativo en la reducción de la desigualdad. En una comparación de países de ingresos medios de Asia, África y América Latina, Lustig muestra que los coeficientes de Gini después de los impuestos y las transferencias (incluido el valor monetario de la educación y de los servicios de salud) son contundentemente más bajos que los correspondientes a los de los ingresos iniciales generados en el mercado.

La caída promedio para los nueve países emergentes que Lustig compara – entre ellos, Sudáfrica, que es en extremo desigual – es más de tres puntos (55,7 a 52,5). El mismo ejercicio, que trata a las pensiones como consumo diferido y, por lo tanto, abstrae del papel redistributivo de las pensiones entre las poblaciones de más edad en las economías avanzadas, arroja una caída de siete puntos en Estados Unidos y de un poco más de nueve puntos en la Unión Europea. Es decir, los países emergentes están progresando – aunque podrían hacerlo considerablemente más.

Sin embargo, esto no significa que los activistas deberían exigir mayores impuestos y más gasto público en todas las circunstancias. La calidad de los programas fiscales es de importancia fundamental. El tamaño del sector público en Brasil es casi el doble del de Chile – donde la recaudación tributaria anual equivale a alrededor del 20% del PIB, en contraste con alrededor del 40% (las estimaciones varían) en Brasil. En este último, además, el gasto social (tratando, otra vez, a las pensiones como consumo diferido) también es el doble: 16% en comparación con 8% del PIB en Chile.

De acuerdo a Lustig, no obstante, el efecto en la desigualdad que tiene la redistribución por parte del gobierno, es el mismo en los dos países: una caída de casi cuatro puntos en el coeficiente de Gini. Lo que Lustig no explora es que el contraste es aún más agudo si uno toma en cuenta que, en relación al PIB, el gobierno brasileño gasta considerablemente menos en infraestructura que el chileno. Es difícil no llegar a la conclusión de que parte del gasto público en Brasil sirve más bien para mantener convenientemente callados a ciertos grupos de interés políticos.

Un caso que vale la pena señalar es el de Bolivia, donde los gobiernos izquierdistas han aumentado de manera considerable el gasto en el sector del bienestar social. Sin embargo, según lo revela otro estudio, debido a que las transferencias monetarias no están enfocadas exclusivamente en los pobres sino que son universales, su efecto distributivo en general no es progresivo sino neutral.

Otro elemento de rotunda importancia es que los impuestos y las transferencias no constituyen la única forma de luchar contra la desigualdad. En estudios anteriores, Lustig y sus colegas muestran que una prima salarial en declive – es decir, una disminución en la brecha salarial entre trabajadores con mayor o menor preparación – explica parte del descenso en el coeficiente de Gini en los países latinoamericanos. No es fácil desentrañar el papel que desempeñan la oferta y la demanda en la reducción de la prima salarial, pero al parecer ambos factores han incidido.

Por el lado de la demanda, las devaluaciones de los tipos de cambio hicieron que las exportaciones no tradicionales se volvieran más competitivas y ayudaron a elevar la demanda de obra de mano relativamente no especializada. Por el lado de la oferta, un fuerte aumento en los años de escolaridad, y especialmente el acceso a estudios superiores, produjo un notable incremento en el número de profesionales y otros trabajadores altamente capacitados, lo que contribuyó a disminuir sus sueldos relativos.

Todo esto es positivo para la distribución del ingreso, pero los procesos políticos resultantes permanecen tensos. Es posible que los activistas estudiantiles que exigen (junto con el resto de la sociedad) una distribución más justa de los recursos, no deseen enterarse de que el aumento en el número de profesionales con frecuencia obedeció a la rápida y polémica expansión de universidades privadas – a veces con fines de lucro – y que esto explica parte de la disminución de la desigualdad.

De manera similar, a los hombres y mujeres jóvenes que con dificultad llegaron a la universidad con la expectativa de lograr una remuneración relativamente alta, al graduarse no les agrada descubrir que, por ejemplo, los sueldos de periodistas y psicólogos aumentan de modo mucho más lento que los de técnicos en computación o de operarios de maquinaria. En efecto, esta frustración es algo subyacente (aunque no siempre de forma manifiesta) en muchas de las últimas protestas estudiantiles en América Latina y en otros lugares del mundo.

En resumen, la desigualdad del ingreso resulta ser políticamente controvertida cuando empeora, como también cuando tiende a declinar. Estudios como los dirigidos por Lustig iluminan las inevitables controversias y, así, éstas podrían dejar de conducir a simples animosidades para dar paso a la creación de políticas mejores. L




¿Gobierno pro-empresa? ¡No le quiten el p… a la jeringa!

¿Gobierno pro-empresa? ¡No le quiten el p… a la jeringa!

En la vida y, como no, en la política, se colocan calificativos, se ponen apelativos, chapas que de una u otra manera se convierten en un destino, o por lo contrario resultan ser todo lo opuesto a lo que realmente representa o hace el bautizado. “Es la candidata de los ricos” [Alan a Lourdes Flores]; “Este es el gobierno de los empresarios, de la Confiep” [la izquierda a Ollanta Humala]. Con estas “definiciones” se intenta calificar al oponente como alejado del pueblo, de vincularlo con un sector “privilegiado” que es o sería apoyado en detrimento de los intereses de las grandes mayorías. En el Perú de los últimos años, este señalamiento está asociado al intento dedesacreditar el libre mercado.

Una apuesta que nos ha permitido crecer a lo largo de 25 años incrementando el empleo, desapareciendo el analfabetismo, casi eliminando la pobreza extrema y ampliando la clase media. Es decir, creando un inmenso desarrollo integral que se ha traducido en bienestar social para las grandes mayorías (Ver en Lampadia: ¡Qué calato… ni que ocho cuartos!). Este mismo proceso ha llenado las antes escuálidas arcas fiscales (no nos olvidemos de los setentas y ochentas), lo que ha permitido a los Gobiernos mejorar las infraestructuras y los servicios estatales, así como quedestinar recursos ingentes  a departamentos, provincias y distritos, no siempre bien invertidos. 

Este desarrollo, este bienestar que hoy gozamos y, que ha empezado a detenerse (justamente por el gobierno anti-inversión de Ollanta Humala), ha sido posible por que empresarios (grandes, medianos y chicos), encontraron las condiciones para crecer. Eso es algo, que quienes realizan este tipo de calificativos, no quieren reconocer. Sin inversión privada, sin facilidades (no confundir con prebendas) para que los empresarios puedan dar rienda suelta a su potencial creativo y a la generación de empleo,todo se detiene y se inhibe la reducción de la pobreza. Aún después de las lecciones que hemos vivido los peruanos, se persiste en la demagogia y el populismo.

Últimamente, las críticas de la izquierda al Gobierno de Ollanta Humala lo sindican de haber gobernado para los grandes empresarios, para la manida Confiep, es decir habría hecho lo que los empresarios le pedían. Nada más evidentemente falso. Justamente la economía se ha detenido porque Humala no ha hecho lo que los empresarios anhelaban, (ver en Lampadia: Otra vez la parada (esta vez en la inversión)). Si bien no se puede decir tampoco que se ha alejado completamente de un manejo racional de la economía, ha cometido una serie de desaciertos. Como dijo hace unas semanas,en la Hora N de Jaime de Althaus, Mateo Balarín, vicepresidente de la SNI: “Este gobierno no nos ha matado de un bombazo, pero lo ha hecho por el ataque de millones de mosquitos”.

Como hemos señalado repetidas veces en Lampadia, Humala, debutó en su administración con el equipo de la llamada “Gran Transformación”, liderado por Lerner Ghitis, se oficializó el credo anti-minero que terminó afectando a toda la economía. El primer traspiés fue, sin duda, Conga. Veamos:

  • ¿Los empresarios querían que aborte Conga?   NO.
  • ¿Los empresarios querían que se paralice Tía María?   NO.
  • ¿Los empresarios querían que se entregue el Lote 192 a dedo a Petroperú?   NO.   (Ver en Lampadia: Del arequipazo a Pichanaki. Un Estado que retrocede).
  • ¿Los empresarios querían que se demore Majes-Siguas?   NO.
  • ¿Los empresarios querían que se cambie el aporte minero voluntario por el impuesto a las sobre ganancias?   NO.
  • ¿Los empresarios querían que se mantengan límites absurdos para las emisiones de Dióxido de Azufre?   NO.
  • ¿Los empresarios querían que Sunafil se convirtiera en una suerte de ‘extorsionador’?   NO.   (Ver en Lampadia: Papi, te busca la Sunafil).
  • ¿Los empresarios querían que se establezca la norma anti-elusión para empoderar abusivamente a la Sunat?   NO.
  • ¿Los empresarios querían se promulgue una Ley Universitaria de fuerte tufo anti inversión privada?  NO.   (Ver en Lampadia: Retroceso que nos alejará del futuro que viene).
  • ¿Los empresarios querían que se promulgue la llamada Ley Chatarra?   NO.
  • ¿Los empresarios querían que se destroce el sector pesquero con el D.S. 005-Produce?   NO.   (Ver en Lampadia: El fracaso del Decreto 005-Produce).
  • ¿Los empresarios querían que el Estado comprara La Pampilla?   NO.
  • ¿Los empresarios querían que se exacerben las regulaciones estatales al punto de inhibir las inversiones?   NO.
  • ¿Los empresarios querían que se profundice la desconfianza con el sector privado y el desdén por la inversión privada?   NO.

Como vemos, el gobierno del nacionalismo ha sido cualquier cosa menos “un gobierno de los grandes empresarios”, por el contrario, se acerca más a uno anti-empresa y anti-inversión. Eso explica el afán de llevar al Estado nuevamente a la actividad empresarial con Petroperú, el Banco de la Nación y otros. Por todos estos desaciertos y ‘millones de picaduras más’, hemos paralizado el ciclo virtuoso de crecimiento y desarrollo más importante de nuestra historia. Las responsabilidades del Presidente Ollanta Humala están claras, pero, ¡ALTO!, que la izquierda retrógrada no nos venga ahora con el cuentito de que este fue el gobierno de los empresarios y que la economía de mercado a fracasado. Lampadia




Entre mentiras y omisiones

Entre mentiras y omisiones

Sorprendente, o tal vez no, entrevista a Verónika Mendoza en la revista Somos de El Comercio el pasado sábado 18 de abril, 2015. La parlamentaria continúa con su discurso anti-minero y anti-inversión con la misma estrategia que tuvo en el pasado.

Recordemos que Mendoza fue acusada de azuzar a los pobladores de Espinar en contra de la minera Xstrata Tintaya en junio del 2012. La entonces legisladora, de forma malintencionada, omitió, tergiversó y manipuló información afirmando que la población corría peligro de muerte por la contaminación que generaría el proyecto minero de Antapacay. (Información omitida por Somos). Luego de ser descubierta, se vio obligada a renunciar a Gana Perú. Ver en L: Tierra y Libertad conspira en Espinar.

Ahora retoma su discurso anterior, afirmando que “la realidad de nuestro país demuestra que donde ha habido mayor explotación de recursos naturales no necesariamente hubo mayor desarrollo humano, e incluso viene de la mano de corrupción y clientelaje”. Nuevamente, falso.

De acuerdo a cifras publicadas por el IPE en el último Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2015, las regiones mineras son las más competitivas del país, afirmando que la actividad minera es un factor que contribuye poderosamente a mejorar la competitividad. Por eso, entre las seis regionescon mayor INCORE (excluyendo Lima), son importantes productores mineros o energéticos desde hace décadas: Moquegua, Arequipa, Tacna, Madre de Dios y Cusco.

Cabe señalar que, para lograr un alto puntaje en el INCORE, se cuantifican 6 pilares importantes: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Por lo tanto, existe una relación directa entre la minería y la competitividad de las regiones.

Otro indicador que contradice la publicación de Somos, sobre la base de las distorsiones de Mendoza, es el IDH (Índice de Desarrollo Humano del PNUD), que demuestra que los distritos mineros tienen mejores niveles de IDH, como lo ha demostrado varias veces la revista “Minas y Petróleo”. 

Además, critica que  “se ha profundizado la lógica de poner por delante el crecimiento y las inversiones como fin, en lugar de entenderlas como herramientas para el bienestar social”. Es cierto que el fin del desarrollo económico y social no es el crecimiento, pero es el medio para lograrlo. (Ver en LampadiaEl Índice de Progreso Social y el PBI per cápita). En nuestro caso, es justamente el sector minero el medio para lograr el desarrollo integral. Es el que ha permitido multiplicar el presupuesto público por 2.5 veces en la última década, y ha permitido el alto crecimiento del país, además de reducción de la pobreza, la desigualdad, la mortalidad y la desnutrición infantil. Ver en (L): 90-90-90.

El crecimiento del Perú ya se detuvo, una estimación optimista de crecimiento para este año, es de solo 3.8%, además, el ingreso de capitales privados se ha reducido a la mitad y sigue cayendo. Ver en (L): Hay que prender el motor de la inversión privada.

No sigamos haciéndole caso a discursos intransigentes e ideologizados como los de Verónika Mendoza (promovida por Somos), quien ya ha demostrado no tener seriedad, legitimidad, ni capacidad de dialogo. Tenemos que centrarnos en retomar la viabilización de proyectos para poder reactivar rápidamente la economía del país. Lampadia




Hay que prender el motor de la inversión privada

Hay que prender el motor de la inversión privada

Es impresionante observar cómo, en el bastante sombrío panorama económico que se presenta este año, nos estemos disparando al pie y, así, seguimos trabando nuestro progreso.

A pesar de las ‘optimistas’ proyecciones oficiales para la economía (expansión de 4.8%) y nuestro constante positivismo, los analistas siguen corrigiendo sus estimaciones de crecimiento hacia la baja. Por ejemplo el FMI ya redujo a 3.8% su estimado de crecimiento para Perú en 2015, y nos incluye en el grupo de países con 35% de probabilidades de recesión.

Según informó el BCR recientemente, el ingreso de capitales privados al Perú ha sido de US$ 7,000 millones en el 2014, monto que ha sido aplaudido y se ha afirmado que habría “ido en aumento en los últimos años”. Esto no es cierto. Según los datos oficiales del BCR, y como se puede ver claramente en el gráfico inferior, los montos netos han ido en aumento hasta el 2012, y desde entonces han comenzado a disminuir. En el 2014 la cuenta financiera del sector privado fue menos de la mitad que la del 2013.

Mientras que la tendencia hasta el 2012 fue al alza, hubo dos momentos claros de caídas antes del año pasado. Uno fue en el 2009, fácilmente explicado por la crisis financiera mundial del mismo año. El otro fue en el 2011, año electoral de gran incertidumbre política y el desastre de la suspensión del proyecto minero Conga en Cajamarca, en el cual no sólo se perdió la inversión de US$ 4,000 millones, sino que generó un efecto domino negativo y paulatino en toda la economía peruana, agravado por el pésimo ambiente político fomentado por el propio Presidente de la República. Tal vez hay que pedirle a Nadine que vuelva a acercarse a su esposo, ella nunca le dijo panzón a nadie, ni habló de cloacas. Una mujer inteligente puede ser un buen balance para un militar solo y acorralado por sus desconfianzas.

El estudio enlazado más abajo demuestra el beneficioso impacto que tendrían,si se pusieran en marcha, las inversiones mineras en la vida de todos los peruanos. Como afirma un estudio del impacto macroeconómico de la minería, “no parece haber otra actividad económica con un aporte macroeconómico potencial tan positivo como la minería”.  Además, afirma que “de concretarse todos los programas de inversión, la producción de cobre podría incrementarse en 140% para el 2024, equivalente a un ritmo de crecimiento promedio anual de 28%. Aproximadamente el 64% de la nueva producción de cobre se ubicaría en el sur del país”.

Los diversos proyectos mineros en marcha cuentan con una cartera de inversiones que asciende a US$ 63,928 millones hasta el 2020, en materia de modernización, exploración y explotación. La mayor parte de las inversiones proviene de China (20.4%), Estados Unidos (15.8%) y Canadá (12.3%); tan sólo el 7.2% de la cartera estaría financiada con capitales peruanos. Estas inversiones habrían alcanzado una participación en el PBI nominal de 3.5% en el 2014 y llegarían a 2.8% en el 2015.

Sin embargo, la inversión en minería ya se está contrayendo. En el 2014 llegó a US$ 8,700, que significaría 11% menos a las cifras récord del 2013 (US$ 9,700). Además, según el Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Carlos Gálvez Pinillos, las proyecciones de nuevas inversiones mineras son preocupantes:

Esta tabla muestra la gravedad de la situación. Para el 2018, no habría inversión minera. Y, si no sale Tía María, las cifras del 2017 también se reducirían sustancialmente. Sin una mayor inversión en esta industria, no podremos retomar la senda de crecimiento que tuvimos hasta el 2013. Ha sido la inversión privada, liderada por la minería, la que ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, multiplicando por 4 el PBI per cápita, reduciendo la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y mortalidad infantil. Ver en L: La minería: generó un ciclo virtuoso de crecimiento.

Además, ante el negativo contexto internacional, es necesario incentivar con fuerza la inversión minera para aumentar los volúmenes de producción y compensar la caída de los precios de los metales. Toromocho, Constancia, Tía María, Las Bambas y Cerro Verdeson los proyectos mineros que podrían duplicar la producción de cobre en el Perú al 2016.

A nivel mundial, las inversiones están cayendo. Esto se debe principalmente  al aumento de  la tasa de interés en Estados Unidos, lo que incentivaque los capitales regresen a EEUU,por lo tanto, se vuelven más rentables comparativamente. Entonces, en un marco en el que tenemos que ser más competitivos porque concursamos por menos dinero y en el que debemos ofrecer mayores seguridades para atraer a los inversionistas, no se ha hecho nada concreto para fomentar la inversión. No se ha concretado ninguna ley, peor aún, le ponemos más trabas a los pocos proyectos que actualmente tenemos sobre la mesa y nos ayudarían en el futuro. Ver en L: La titánica tarea de invertir en el Perú

Se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. Por ejemplo en minería se requiere superar los siguientes trámites: En exploración (6), explotación (84), ambiente (47), agua (10), tributos (9) y cierre de minas (13), llegando a un total de 180 normas que hoy regulan la minería en 130 instancias distintas. Hemos pasado de 1 (una) norma en los 90’s a 180. Ver en L: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Es increíble que el “outsider” (Julio Guzmán) que pretende gobernar el Perú, no tenga una opinión formada sobre el impacto de la minería en el país, afirmando: “No estoy a favor ni en contra de la minería”. ¿Se imaginan ustedes al Presidente de Australia o al de Canadá diciendo algo similar? Agregando luego “que lo que necesitamos es una nueva minería” (lo mismo que decía Lerner de Primer Ministro). ¿Qué cree que es lo que tenemos? ¿La Cerro de Pasco Corporation? Además, dijo que “estábamos obsesionados con los grandes proyectos”.

Este “outsider técnico”,¿no entiende que si no aprovechamos nuestras capacidades y reservas productivas para crear riqueza lo más rápido posible, no vamos a tener los recursos para luchar contra la pobreza, hacer una mejora inmensa en educación, salud, infraestructuras e innovación? Con la tercera revolución industrial encima, si no nos ponemos al nivel de los países más desarrollados lo más pronto posible podemos condenar a nuestra población a la condición de “SUB-HUMANOS”. Ojalá que Guzmán haya tenido un traspie y no sea una nueva decepción para la política peruana. Una triste continuación del pensamiento de sus ex jefes en el Estado:Lerner, Burneo y Jimenez.

El Perú ya no llegará a la meta de producir 5 millones de toneladas anuales de cobre al 2021, como se preveía hasta el 2013, debido a la paralización de los proyectos mineros. Pero todavía podemos retomar el camino correcto, comenzando por otorgarle a Tía María la licencia de construcción que le corresponde, y que ha debido entegarse hace un año. Es un proyecto minero demasiado importante para el desarrollo del país y de la región Arequipa, como para que una cúpula que solo desea obstruir los avances de la Nación por evidentes intereses políticos, impida su ejecución. Ver en L: Tía María y economía peruana en UCI.

No podemos permitir que unos pocos radicales ‘anti-inversión’ y ´anti-progreso´ tengan secuestrado el desarrollo del país y de miles de millones en inversiones.Lampadia




La Economía de Mercado y el Sector Empresarial

La Economía de Mercado y el Sector Empresarial

Durante el año pasado el sector empresarial ha sufrido una serie de problemas, coronados con la falsa imputación de haber urdido la llamada “Ley Pulpín”, que han debilitado su performance y su imagen.

Ya antes de la aludida ley, las empresas peruanas han debido enfrentar el frenazo de la economía producido por la combinación de: la disminución de las exportaciones tradicionales; las trabas a los proyectos de inversión minera y energética que debieron concretarse hace rato; las dificultades de la tramitología y burocracia estatal que ha ido asfixiando paulatinamente todo tipo de inversión; la corrupción; la inseguridad ciudadana; el contagio de la destructiva politiquería de gobierno y oposición y; la pérdida de confianza, labrada a pulso por la debilidad del liderazgo nacional que incluye a la desprestigiada clase política y al mundo académico, gremial y mediático.

También ha ido calando en la imagen del sector empresarial, la constante prédica anti inversión. Algunos ejemplos: varios comentaristas radiales, (como en Radio Capital, para no hablar de las radios de provincias), repiten permanentemente que la multiplicación de los centros comerciales y las tarjetas de crédito son una maldición; la entrevistadora de El Comercio, Mariella Balbi, considera que los trabajos de los jóvenes en el sector de retail no son suficientemente dignos; un ex ministro de comercio, como Fernando Villarán que afirma: “La juventud no necesita más leyes inspiradas en la ideología del ´libre mercado´ que fomentan el capitalismo salvaje; ideología que está en retirada en muchos países por sus desastrosas consecuencias” (La República, 24 de diciembre 2014); en el mismo diario, Humberto Campodónico, escribe sobre las “grietas del modelo”, insinuando que la suspensión del crecimiento sería producto de haber mantenido las políticas económicas de los gobiernos anteriores, cuando desde el 2011, ha sido precisamente, este gobierno, el que ha debilitado el proceso de inversión y ha deteriorado nuestro clima institucional. Ciudadanos por el Cambio, fundadores del FRENAIZ (Frente Amplio de Izquierdas) acusa al Presidente de la República de haber traicionado su programa de la “Gran Transformación”, al que renunció expresamente para poder acceder al gobierno con la alternativa “Hoja de Ruta”.

A esto hay que sumar los efectos políticos y de imagen generados alrededor de la Ley Pulpín. Una tímida ley que va en la dirección correcta de flexibilizar nuestro sistema laboral, uno de los más rígidos del planeta, que tiene en la crisis europea un nítido ejemplo de su inconveniencia, especialmente para los jóvenes que en España alcanzan un 55% de desempleo, 25% en Francia, etc.

Lo curioso es que la oposición a esta ley, empezó con las movilizaciones de los jóvenes políticos que serían parte de Ciudadanos por el Cambio, como Jorge Rodríguez Ríos de la Coordinadora Juvenil por un Trabajo Digno (CJTD), quién confiesa que: “se están uniendo diversas luchas en una causa mayor”. Lo que está detrás de su protesta, señala, es “un cuestionamiento mayor al modelo. (…) Lo más importante en términos ideológicos y políticos, hay un avance en el cuestionamiento hacia el modelo” (La República, 4 de enero 2015). Esta pequeña llama, ha logrado arrastrar a la propia oposición que aprobó la ley en el Congreso, aprovechando las reacciones populistas acrecentadas en los medios, que, sin lugar a dudas, lograron ya contagiar las varias frustraciones de los jóvenes hacia una protesta oportunista y más amplia.

Es cierto que el gobierno tubo graves fallas de difusión y comunicación alrededor de esta medida. También es cierto que el sector empresarial, que calificó la ley como conveniente, permitió que le clavaran la autoría de la norma, sin haber sabido desmarcarse oportunamente. Esto ha afectado la imagen del sector, especialmente de las empresas más grandes, en un contexto de debilitamiento de CONFIEP con la salida de Adex y falta de desarrollo de las Fedecam, las agrupaciones empresariales de las regiones, que debieron asumir un importante liderazgo en el debate nacional.

Toda este desorden y vacíos, ad portas de una año electoral, exige una mayor presencia del sector empresarial y una vocación programática que asuma un mayor liderazgo y comunique una visión positiva de futuro. El sector empresarial no tiene por qué asumir los pasivos de un lustro sin lustre.

Las posibilidades de desarrollo integral, duradero y sostenible del Perú, son casi infinitas. Los peruanos, especialmente los jóvenes que ya renunciaron a emigrar del país, tienen muy claro que quieren una nación que logre transformar su potencial de desarrollo en oportunidades efectivas de vidas plenas que no tengan nada que envidiar a la de nuestros vecinos, o las de los mejores países emergentes.

Solo necesitamos mejor liderazgo. Empecemos recomponiendo la confianza en el sector empresarial, abocándonos a las propuestas de mejora que el país espera, poniendo encima de la mesa el gran menú de bienestar general que está al alcance de la mano de los peruanos. Lampadia




Cusco bate todos los records de crecimiento

Cusco bate todos los records de crecimiento

Cusco ha batido todos los records de crecimiento en lo que va del año y sigue manteniendo su liderazgo. Según un informe reciente del INEI, esta región se ubica en el primer lugar de crecimiento de su PBI con resultados realmente espectaculares: 17.5% en el 2013.

Cabe recordar que en un estudio del IPE publicado a mediados de este año, se afirma que el crecimiento acumulado del PBI de Cusco entre el 2001 y 2013 fue también impresionante. Después de China, se convirtió en la economía de mayor crecimiento del mundo, superando también a Panamá y la India. En el mismo período el crecimiento mundial acumulado fue de solo 55%, mientras que el Perú tuvo una expansión de 109% y el Cusco de 172%. Bolivia que el último año creció más que el Perú, solo acumuló un crecimiento de 61% en los últimos 13 años. Performance que no es suficiente para que ahora la izquierda pretenda descalificar nuestro modelo. 

Según el INEI, otras regiones del Perú han tenido un desempeño inverso. En el 2013, Pasco y Cajamarca, mientras Cusco creció en 17.5%, cayeron a -0.3% y -0.6%,  respectivamente.

Los motivos del crecimiento de Cusco se deben principalmente a la inversión privada, el gas de Camisea y el turismo. Las proyecciones de crecimiento de la Cámara de Turismo del Cusco (CARTUC) para el 2014 señalan una cifra  aproximada de cuatro millones de turistas que ingresarán a la región; con lo cual se prevé que siga este extraordinario avance del sector.(Ver en Lampadia (L): Cusco, te busco)

La explotación del gas natural de Camisea ha sido decisiva en el extraordinario crecimiento de Cusco. Este proyecto, que debió iniciarse a mediados de los años 80, se postergó 20 años en entrar en producción por la absurda oposición  de la izquierda. En especial de los cusqueños liderados por el entonces alcalde, Daniel Estrada, quien recibió el respaldo de Alan García (primer gobierno). Sí el proyecto se hubiera realizado en esa época las condiciones sociales y económicas de la región serían inmensamente mejores a las de hoy.Para muestra, las cifras del siguiente cuadro:

Camisea, además, cambió notablemente la matriz energética del país. En el 2001 el 58.5% de la energía eléctrica provenía del petróleo, pero hoy esa cifra se ha reducido porque el 43% de la energía proviene del gas natural.

Cusco recibió por regalías del gas US$ 1,304 millones en el 2013 y 101 millones de nuevos soles por canon minero.

Sin embargo, los beneficios no han conseguido desterrar aún del todo las  ideas anti inversiónde muchos cusqueños. Un ejemplo es la paralización de la inversión minera en Espinar, que pretendió boicotear las operaciones de Antapaccay. (Ver en L: Tierra y Libertad conspira en Espinar). Acaba de suspenderse el proceso de concesión del Teleférico de Choquequirao mediante una resolución judicial, producto delos celos regionalistas. Este proyecto habría generado inversiones de S/. 123 millones.

No se entiende esta actitud, lo ocurrido con el proyecto de Camisea, el cual tuvo que sortear una absurda demora de 20 años, demuestra que oponerse a inversiones de este tipo es en realidad un disparo al pie. Conga, de alguna manera, está sufriendo el mismo tipo de oposición que en su momento afectó a Camisea.

Este proyecto traería una inversión de US$ 5 mil millones, esperemos que no tome 20 años en viabilizarse. Lamentablemente hay algunos que todavía no quieren comprender y aceptar que el crecimiento se debe fundamentalmente a la inversión privada, y siguen deteniendo proyectos importantes. (Ver en L: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Si Cusco y el Perú quieren seguir creciendo como lo han hecho tan espectacularmente en los últimos años, deberán apostar por la inversión. Lampadia