En pleno desplome de las preferencias electorales de Donald Trump, vale la pena indagar qué implicaría para nuestra región un posible ascenso del demócrata Joe Biden a la presidencia de EEUU, de concretarse su victoria en noviembre de este año.

Al respecto The Economist presenta unas breves reflexiones (ver artículo líneas abajo) y muestra cómo, haciendo un balance en el ámbito económico y de relacionamiento exterior, América Latina tiene más de ganar que perder frente a si Trump permanece en el poder. Ello porque el background de Biden inducen a que su política ayude al re alocamiento de industrias estadounidenses de China hacia esta parte del mundo, además de tener un claro sesgo a favor de la inmigración latinoamericana. Ver en Lampadia: Atraer inversiones – Crisis y oportunidades.

Asimismo, ahondaría en explorar nuevas políticas para concretar la salida de Maduro del poder en Venezuela que, como se ha venido demostrando con la administración Trump, han quedado en sólo discurso y poca implementación hasta el momento.

Aunque aún no está todo dicho pues el descubrimiento de una vacuna en EEUU en los próximos meses – así como su rápida distribución – podría ayudar a Trump a remontar su baja aprobación, vale la pena ponerse en todos los escenarios posibles. Veamos el análisis de The Economist. Lampadia

Cómo Joe Biden podría cambiar la política hacia América Latina

Menos confrontación, más cooperación

The Economist
8 de agosto, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

“Por primera vez en la historia, realmente se puede imaginar un hemisferio occidental que sea seguro, democrático y de clase media, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, y en todas partes”. Así lo dijo Joe Biden en un discurso en la Universidad de Harvard en 2014. Mucho ha cambiado desde entonces, sobre todo la destrucción de vidas y medios de subsistencia provocada por la pandemia. Aun así, si Biden fuera elegido presidente de los EEUU en noviembre, para muchos latinoamericanos ofrecería una visión tranquilizadora y familiar en comparación con el sonido impredecible y la furia de Donald Trump.

Trump ganó en 2016 en parte porque prometió construir un muro para mantener alejados a los inmigrantes latinoamericanos, declarando que México “no era nuestro amigo”. Sin embargo, ha desarrollado relaciones relativamente buenas con los gobiernos más importantes de la región. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, utilizó el éxito de Trump como modelo para su propia campaña en 2018. Ha alineado estrechamente la política exterior de Brasil, normalmente independiente, con las opiniones de la administración Trump. Andrés Manuel López Obrador, en su único viaje al extranjero en 21 meses como líder de México, el mes pasado fue a Washington y elogió la “amabilidad y respeto” de Trump. Para mantener la frontera abierta al comercio, el gobierno de México ha colaborado cerrándola a los solicitantes de asilo.

Desconfiados de las amenazas de Trump de aranceles y sanciones, muchos gobiernos se han alineado “por necesidad y especialmente por miedo”, dice un funcionario latinoamericano. Los latinoamericanos comunes no están impresionados: el porcentaje que expresa una opinión favorable de EEUU cayó de los altos 60 en 2015 a alrededor de 45 en 2017, según el Pew Research Center.

La política latinoamericana de Trump se ha centrado en un intento fallido (hasta ahora) de derrocar lo que John Bolton, su ex asesor de seguridad nacional, llamó “la troika de la tiranía”: las dictaduras de izquierda en Venezuela, Cuba y Nicaragua. En sus memorias recientes, Bolton culpó al fracaso de la expulsión de Nicolás Maduro en Venezuela, a pesar de las drásticas sanciones, a la falta de constancia de Trump y a la tardanza dentro de la administración. Igual de importante, la administración subestimó la dificultad de apartar al ejército de Maduro. Sus críticos dicen que sus políticas latinoamericanas se basan en la necesidad del presidente de ganar Florida, hogar de grandes diásporas cubanas y venezolanas, en noviembre. “La política doméstica siempre figura en la política hacia América Latina, pero nunca antes en este grado”, dice Michael Shifter de Inter-American Dialogue, un think tank en Washington.

Si ganara Biden, sus prioridades serían la economía estadounidense y el trato con China. Pero América Latina podría no estar al final de su lista de tareas pendientes. Conoce la región mucho mejor que los presidentes recientes. En el segundo mandato de Barack Obama, el vicepresidente Biden asumió la responsabilidad de las Américas. “Le dedicó tiempo, se propuso conocerlo y conversó con mucha gente de la región”, dice el funcionario latinoamericano.

Juan González, quien asesoró a Biden sobre América Latina en ese entonces, enfatiza que la región y el mundo no son como eran en 2016. “Los desafíos son mucho mayores”, dice. Pero cree que hay oportunidades para EEUU en la región, no solo amenazas que manejar. Las empresas estadounidenses que traen cadenas de suministro de China podrían beneficiar a México y América Central [y ¿por qué no Perú?]. Biden ha apoyado durante mucho tiempo la reforma migratoria. Como presidente, es probable que reanude su política anterior en Centroamérica, con un programa de ayuda destinado a combatir la corrupción y disuadir la migración a través del desarrollo económico.

Sobre Venezuela, González dice que las sanciones deberían ser parte de una política más amplia que incluiría la búsqueda de negociaciones para elecciones libres. Una presidencia de Biden volvería a la política de Obama hacia Cuba, que consideraba que el compromiso era más probable que debilitara el régimen comunista que la intensificación de las sanciones de Trump. Presionaría a Bolsonaro por su incapacidad para proteger el Amazonas.

Un problema inmediato se refiere al liderazgo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Rompiendo con un entendimiento de 60 años de que su presidente es latinoamericano, la administración Trump quiere el puesto para Mauricio Claver-Carone, un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional y arquitecto de su política hacia Venezuela. Puede que lo consiga en una reunión de los gobernadores del banco el próximo mes. Una administración de Biden probablemente lo obligaría a optar por una figura menos polarizante. Para hacer eso, Biden debe ganar. Lampadia

Recientemente el gobierno de España viene compartiendo sus experiencias en el manejo de la pandemia con los líderes políticos de nuestra región, a la vez que ata cabos para unificar la ayuda internacional hacia esta parte del mundo, un imperativo muy necesario para nuestro país, donde los bonos y las colocaciones de préstamos del Reactiva aún no dan abasto a todo el universo de hogares y empresas más afectadas por la crisis.

Como publicó recientemente The Economist en un artículo que compartimos líneas abajo, la importancia de esta iniciativa no solo es grande por la alta fragilidad de los sistemas sanitarios e informalidad de las economías latinoamericanas sino porque estas se encuentran altamente fragmentadas a nivel político, sin un rumbo claro que permita generar consensos en torno a la lucha contra el covid.

Lamentablemente, como señala el popular medio británico estos esfuerzos también se ven limitados por factores ideológicos de la misma alianza socialista liderada por Pedro Sánchez, la cual se ha hecho muchas veces de la vista gorda con los abusos cometidos por el régimen dictatorial de Maduro en Venezuela. Por su parte, la presencia de un populista como AMLO en México, que exacerba los prejuicios entre ambos bloques alegando a un conflicto de hace medio milenio, tampoco ayudan a un buen relacionamiento.

Más allá de estos impasses igual consideramos que toda ayuda hacia la región por parte de países que llevan más tiempo lidiando con esta crisis son siempre positivas y bienvenidas. Esperamos pues que las disputas políticas no limiten a las autoridades españolas a demostrar todo el expertise que han aprendido en estos duros meses de pandemia, cuyo alcance no tiene límites en el mundo. Lampadia

La complicada relación de España con América Latina

El antiguo poder colonial quiere jugar un papel útil, pero socava su propia influencia

The Economist
11 de julio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Han ganado pocos titulares y apenas se han notado incluso en España. Pero en las últimas semanas, el gobierno español ha organizado seis reuniones ministeriales virtuales con sus homólogos en América Latina para compartir experiencias sobre cómo enfrentar la pandemia que ha afectado tanto a sus países. Estas reuniones culminaron en una reunión de video el 24 de junio en la que se unieron nueve presidentes a Pedro Sánchez, el primer ministro de España. Acordaron trabajar juntos para tratar de asegurar que las instituciones financieras internacionales tengan más dinero para prestar a América Latina mientras lucha por apoyar sus economías.

Este es un capítulo nuevo y útil en una relación que a menudo ha prometido más de lo que ha entregado. En muchos sentidos, España y América Latina están cerca. Comparten lazos de idioma, cultura e historia (aunque esto no se aplica en la misma medida al Brasil de habla portuguesa). Pero el diálogo político entre ellos ha tenido altibajos en los últimos 40 años. La transición de España a la democracia a fines de la década de 1970 influyó en América Latina, ya que también sacudió la dictadura. Felipe González, primer ministro socialista de España de 1982 a 1996, forjó lazos estrechos con los líderes de la región. Junto con México, en 1991, España lanzó la primera de las cumbres regulares “iberoamericanas”, que también incluyen a Portugal. Las empresas españolas se amontonaron en América Latina, a menudo comprando empresas privatizadas. En 2005, España estableció una secretaría iberoamericana (conocida como SEGIB) para implementar iniciativas acordadas en las cumbres.

Es un equipo discreto que hace cosas útiles, como organizar la portabilidad de los títulos profesionales y la seguridad social, y actúa como vehículo para proyectos de ayuda a pequeña escala por un valor de € 23 millones (US$ 26 millones) al año, a los que los países contribuyen como ellos desean. De una manera modesta, funciona.

Para América Latina, donde EEUU y China cobran gran importancia, los lazos con España son una forma de diversificar las amistades. El corazón de la oferta política de España a América Latina es presentarse como el defensor de la región en Bruselas, lo que aumenta su propio peso allí. De hecho, los grandes países como Brasil y Argentina a menudo no necesitan un intermediario. Pero España fue importante para aliviar los requisitos de visa para el área Schengen para los latinoamericanos y para cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque con base en Brasil y Argentina. En mayo, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, organizó con Josep Borrell, su predecesor que ahora es el jefe de política exterior de la UE, una exitosa conferencia de donantes para apoyar las necesidades de los migrantes venezolanos.

Pero el pasado arroja una sombra. Cuando el año pasado el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió que España se disculpara por su invasión de 1519, los españoles se enojaron mientras que muchos latinoamericanos vitorearon en privado. Diplomáticos latinoamericanos dicen que España tiende a dar por sentada la región. SEGIB a veces ha parecido un vehículo a través del cual externalizar la política hacia la región, o no tener una. Una vez un gran donante para América Latina, España recortó la ayuda al desarrollo después de su depresión económica de 2009-12. Algunas de sus compañías ahora se están retirando de América Latina.

El mayor fracaso diplomático de España ha sido la caída de Venezuela en la dictadura bajo Nicolás Maduro. Se dejó a Noruega tratar de negociar un acuerdo el año pasado entre el gobierno y la oposición. España se ve obstaculizada por los disparates de José Luis Rodríguez Zapatero, un ex primer ministro socialista, que afirma ser un mediador en Venezuela. La oposición del país lo considera un títere para Maduro. Gracias a Zapatero, España “ha perdido mucho prestigio”, dice un ex canciller latinoamericano. Podemos, el miembro de extrema izquierda de la coalición de Sánchez, también es amigable con el régimen de Maduro. Por lo tanto, la política interna socava la diplomacia española en uno de los temas más importantes en una región que, según afirma, es una prioridad.

Rebeca Grynspan, la jefa de SEGIB, señala que las cumbres iberoamericanas son el único lugar donde todos los gobiernos de América Latina se sientan juntos. Eso refleja una región que está más dividida que durante décadas, en la que los presidentes de Argentina y Brasil no se hablan entre sí y sobre lo que a López Obrador no le importa. Es un incumplimiento del deber que los líderes de América Latina no hayan logrado llegar a una posición conjunta sobre muchos de los problemas apremiantes de la región, comenzando por cómo obtener apoyo internacional para reconstruir sus economías. Para el crédito de España, al menos en eso, ha entrado en esta ruptura. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

La pandemia ha desempleado a 400 millones de personas a nivel mundial y ha disparado a 41 millones el número de desempleados en América Latina, según cifras conservadoras de la OIT de esta semana. En el Perú, se calcula que sólo en Lima se han perdido 2.3 millones de empleos a raíz de esta crisis. A nivel nacional, considerando la informalidad de nuestra economía y a los 800,000 venezolanos invisibles en las estadísticas oficiales, la cifra de personas desempleadas es sin duda mucho mayor. Basta ver nuestras calles…

Los que hemos sido críticos de las medidas del gobierno frente a la pandemia advertimos que estas iban a originar una grave crisis económica en el país, desempleo y quiebras, el incremento de la pobreza y que la cura sería peor que la enfermedad. Lamentablemente, no fuimos oídos.

Ahora que la OIT, que no puede ser acusada de “neoliberal” o “aprofujimorista”, señala que la “ola de desempleo” y “la cifra más alta de desocupación” ha sido causada por “las restricciones al comercio, a la vida laboral y el turismo para frenar el Covid 19” espero que se entienda la necesidad de cambiar el rumbo de las medidas económicas que han restringido la actividad productiva, incrementado los controles y regulaciones, castigado a las empresas de todo tamaño y a causa de ello, generado estos millones de desempleados y condenado a la pobreza a millones de peruanos.

¿Qué hacer ante la crisis? ¿caridad o empleo?

Para unos, dentro de los cuales está el gobierno, el aparato estatal nacional, la burocracia mundial y por supuesto el pensamiento intervencionista de izquierda que los alienta, la solución son bonos, subsidios, canastas familiares, todo lo cual no es otra cosa que caridad. Le pueden poner otro nombre políticamente correcto, pero es eso. Sin embargo, cuando la caridad no es filantropía privada basada en la libertad y la solidaridad que deriva de ella (tan necesaria en esta época) es simplemente asistencialismo, clientelismo que no saca a las personas de la pobreza. Esta es la receta de la izquierda, ya se probó en épocas de normalidad y fracasó. En épocas de crisis no será la excepción. Esta receta descuida lo elemental, “sin vacas que ordeñar, no hay leche que repartir”.

Para otros, entre los que me cuento, la filantropía es una expresión de la libertad y es imprescindible en tiempos de crisis como estos, pero es una medida temporal y no puede ser el eje de la política pública. Por esta misma razón, los bonos, subsidios y canastas deben ser temporales y debemos ir a la solución real del problema: tener inversión privada y generar empleo.

En la primera receta, el gobierno te da, tú le debes y le tienes que agradecer, normalmente con votos. Te da leche porque hay vacas.  Pero cuando no exista qué darte, se lo quitará a otros para darte. Cuando eso tampoco exista, habrás llegado a la meta: el paraíso socialista donde no hay pan, ni hay libertad. “Sin vacas que ordeñar, no hay leche que repartir”

En la segunda receta no le debes nada al gobierno. Te lo debes a ti mismo, a tu esfuerzo, a tu talento y a tu trabajo. El papel del gobierno no consiste en matar a las vacas para repartir su carne, sino dejar que haya muchas vacas y que haya mucha leche para repartir.  No tienes a quien agradecer, serás tú el dueño de tu futuro, por el cual no tienes que pagar ni con votos, ni con aplausos, ni con tweets ni con posts.

El Perú, debido a que la cura ha sido peor que la enfermedad, está en una hora crucial, en el momento en el cual tiene que optar entre la caridad pública o el empleo.

La hoja de ruta del gobierno, del Congreso y del establishment que nos gobierna ya está clara. Irán por la caridad y por los votos. Seguirán matando las vacas para repartir la carne, aunque ya no haya leche en el futuro. Lo harán cada día, con normas, reglamentos y leyes, en una competencia infame que la historia nacional nunca vio. Pedirles a ellos que creen una Vía Rápida, una iniciativa nacional para la inversión y el empleo es como pedirle peras al manzano. Ellos van por los votos y en el corto plazo se consiguen con bonos, subsidios, controles y show contra las empresas, sobre todo contra las más visibles y las más grandes.

El Perú tiene otra ruta en mente. La ruta del peruano que salió a trabajar en medio de la cuarentena arriesgándose para llevar el pan a sus hijos no es la del gobierno y sus aliados. Ese peruano quiere oportunidad y empleo.  La ruta del emprendedor que quería reconvertir su pollería en delivery y que no pudo hacerlo porque los municipales se lo impidieron, no es la del gobierno. La ruta del transportista que tenía que llevar sus productos desde la sierra hasta los mercados y tuvo que pagar cupos a policías y burócratas corruptos en la cuarentena, no es la del gobierno. La ruta que está en la mente del emprendedor que antes atendía turistas y que hoy desea vender productos orgánicos, pero no puede hacerlo porque tiene que cumplir con costosos protocolos, manuales y licencias, no es la del gobierno. La ruta del desempleado tampoco es la del gobierno, el no busca caridad, busca oportunidad y empleo, que sólo existe si hay inversión.

Una Iniciativa Nacional por la Inversión Privada  y el Empleo es lo que requiere el Perú devastado por la pandemia y el experimento socialista de Vizcarra y sus aliados para controlarla.

• Una Iniciativa donde invertir, arriesgar tu capital, tomar riesgo, crear empleo y generar oportunidades sea visto como un acto de patriotismo y no con desconfianza.
• Una Iniciativa donde el pequeño capital del emprendedor no se diluya en licencias, protocolos, trámites, coimas y sobre costos laborales, sino en puestos de trabajo.
• Una Iniciativa donde el mediano capital no sea devorado por tasas, tributos, contribuciones y aranceles antes de generar oportunidades.
• Una Iniciativa donde el gran capital pueda ser atraído para generar divisas, puestos de trabajo, transferencia tecnológica y tributos y no para atender las exigencias del chantaje social y ambiental patrocinado desde el Estado.
• Una Iniciativa donde nuestros empresarios y emprendedores, desde los más pequeños hasta los más grandes, no sean convertidos por la agenda política de los gobernantes en los enemigos del Perú.

Nada indica que una Iniciativa como esta sea atendida por los actuales gobernantes. Habrá que esperar al 2021 para ver quien levanta esta bandera y nos ofrece luz, al final de este túnel. Lampadia

La reciente quiebra de Avianca – considerada la segunda aerolínea con mayores vuelos internacionales de América Latina – así como su posterior acogida en el capítulo 11 del código de bancarrota de EEUU, ha sacado a relucir las cuantiosas pérdidas económicas que viene exhibiendo el sector aeronáutico en nuestra región en lo que viene del año por la pandemia del covid. Del mismo modo, Latam se acogió al capítulo 11 y su impacto, por la penetración de sus servicios, es aún mayor.

A diferencia de lo que sucede en los países más desarrollados – en donde los gobiernos se encuentran inyectando copiosas cantidades de liquidez a las grandes aerolíneas para evitar sus quiebras a consecuencia del cierre de fronteras – por esta parte del mundo, en donde el sector es aún más importante para la productividad del sector turismo por la complejidad geográfica de los territorios y la aún vasta brecha de infraestructura vial, recién se está esbozando cómo podría ofrecérseles apoyo financiero.

Como sugiere un reciente artículo publicado por The Economist, si bien esta sería una medida acertada – sobretodo a la luz de que la crisis no permitiría una rápida recuperación del sector por lo menos en un horizonte no menor de 3 años – urge diseñarla salvaguardando la competencia en este mercado – impulsada por ejemplo por las aerolíneas de bajo costo – una característica que ha permitido un mayor acceso de las clases medias de nuestra región a sobrevolar tierras locales e internacionales, algo impensable  3 o 4 décadas atrás.

Esperemos pues que las autoridades fiscales latinoamericanas puedan recoger las reflexiones que ofrece The Economist, de manera que puedan ayudar con premura a que una de las industrias que contribuye formidablemente a engarzar la cadena productiva de sus países pueda reactivarse en el menor tiempo posible sin dejar de irradiar esa variedad ofrecida de sus servicios a sus usuarios. Lampadia

Los cielos vacíos de América Latina
Las aerolíneas están en problemas. La región no puede prescindir de ellas

The Economist
4 de junio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

El pasado diciembre, en una época diferente, Avianca celebró su centenario. Con sede en Colombia, afirma ser la segunda aerolínea más antigua del mundo y la que ha volado continuamente durante más tiempo. Es el segundo mayor operador de América Latina por ingresos. Ahora, gracias al covid-19 y sus bloqueos asociados, los aviones de Avianca están estacionados y sus tripulaciones y personal de tierra suspendidos. El mes pasado solicitó alivio de los acreedores en un tribunal de Nueva York en virtud del Capítulo 11 del código de bancarrota estadounidense. Quince días después, LATAM, una aerolínea chileno-brasileña que es la más grande de la región, hizo lo mismo. El gobierno ecuatoriano ha liquidado a TAME, un operador estatal enfermo.

Esto plantea un dilema político. Los gobiernos de Europa y EEUU han canalizado miles de millones de dólares a las aerolíneas afectadas de sus países. Sus contrapartes en América Latina tienen menos efectivo disponible y diferentes prioridades. Deben ayudar a decenas de millones de ciudadanos que enfrentan pobreza y desempleo. Los viajes aéreos en la región han sido vistos históricamente como un lujo. Con sus precios a veces molestos e impuntualidad, las aerolíneas rara vez son amadas y son una fuente de emisiones de carbono. Hasta ahora, ningún gobierno latinoamericano les ha ofrecido ayuda financiera.

Volar importa en América Latina tal vez incluso más que en otras regiones, como lo atestigua la larga historia de Avianca. Esto se debe en parte a sus grandes distancias y obstáculos geográficos, características que atrajeron el interés de los pioneros del vuelo. Antoine de Saint-Exupéry, autor de “El Principito”, fue un piloto profesional entre las dos guerras mundiales. Sus trabajos incluían llevar el correo entre París, Buenos Aires y Chile. En una memoria, escribe vívidamente sobre volar sobre los Andes, donde “ráfagas violentas barren las estrechas paredes de … corredores rocosos y obligan al piloto a una especie de combate cuerpo a cuerpo”.

Como resultado, las alternativas al vuelo son a menudo laboriosas, incluso dentro de los países. El viaje desde Bogotá, la capital de Colombia, hasta Cali, su tercera ciudad, toma solo una hora por vía aérea, pero casi diez horas por carretera, atravesando dos cadenas andinas. Hoy en día hay pocos trenes de pasajeros en la región, y no hay trenes de alta velocidad. El resultado es que “la industria de las aerolíneas es un servicio público realizado por empresas privadas”, argumenta Eliseo Llamazares, de la oficina de Santiago de KPMG, una consultora.

Sirve cada vez más a un mercado masivo. A medida que crecía una nueva clase media baja, muchos de sus miembros salieron a los cielos por primera vez. Los pasajeros en Brasil comenzaron a reflejar el arco iris racial del país. Esta tendencia fue ayudada por la llegada de aerolíneas de bajo costo, que prestan servicios a cerca de la mitad del mercado interno de México y también se han mudado a Sudamérica. Si el costo de los vuelos internacionales sigue siendo alto, es porque más de la mitad del precio del boleto son impuestos.

Aunque la expansión en el número de pasajeros se desaceleró con el reciente estancamiento económico de América Latina, la región sigue siendo uno de los mercados de crecimiento mundial para el transporte aéreo. Eso llevó a las aerolíneas estadounidenses a mudarse, como parte de una reestructuración global de alianzas de aerolíneas. En octubre, Delta gastó US$ 1,900 millones en una participación en América Latina. United había tomado previamente el control de Avianca después de que su antiguo propietario tuvo dificultades financieras. Antes del virus, United planeó una alianza más amplia con Copa, de Panamá, la quinta aerolínea más grande de la región, y Azul, una aerolínea brasileña, en la que tiene una participación.

La consolidación ahora puede acelerarse. Entrar al Capítulo 11 es una forma en que las aerolíneas pueden negociar con los acreedores mientras aún operan, sin el riesgo de que sus aviones sean incautados, señala Llamazares. Él dice que incluso después de que los transportistas de América Latina vuelvan al cielo, tal vez desde el próximo mes, pueden pasar hasta el 2023 antes de que vuelvan a los números de pasajeros y la rentabilidad que tenían en 2019. Incluso Copa, que es financieramente fuerte y no planea buscar ayuda estatal, operará a solo alrededor del 40% de su capacidad en diciembre, según su jefe, Pedro Heilbron.

Hay dos razones por las cuales los gobiernos deberían preocuparse por todo esto. Primero, si las aerolíneas carecen de efectivo, eso puede en sí mismo retrasar la recuperación económica. Y segundo, la competencia puede verse distorsionada, ya que los transportistas extranjeros subsidiados engullen más tráfico internacional hacia y desde la región. Después de una respuesta inicial de laissez-faire, los gobiernos de Chile y Colombia están considerando proporcionar ayuda. Si lo hacen, debería venir con cadenas, como reducir las emisiones y tratar de estimular en lugar de restringir la competencia en el mediano plazo. América Latina necesita sus aerolíneas. No necesita mimarlos. Lampadia

Las cifras de contagio y defunciones por coronavirus en América Latina siguen creciendo a pasos acelerados. Inclusive Chile, un país que había logrado desacelerar considerablemente las infecciones, recientemente ha sufrido un fuerte rebrote provocando el retorno a la cuarentena en su ciudad capital.

Por su parte, el estado peruano ha extendido el estado de emergencia hasta fines de junio por el poco avance que se ha tenido en la contención del virus. Si bien prevalece la cuarentena, se ha dispuesto la liberación de varias actividades económicas arraigadas a los servicios además de la reactivación de numerosos proyectos de minería, vivienda e infraestructura productiva.

Sin duda estas acciones de política reflejan la imposibilidad de inducir el aislamiento social a una población, cuya proporción de trabajadores es mayoritariamente informal y sobre la que, tras dos meses de estricto bloqueo, resultaba imposible acatar con una cuarentena que no considerase su alta vulnerabilidad económica.

Resultó obvio pues que los bonos entregados por el gobierno y el paquete Reactiva Perú resultaron poco eficaces para paliar el batacazo que recibió la economía de los hogares en las últimas semanas. El primero por la no disponibilidad de padrones certeros para la adecuada identificación de la población pobre, además de las complicaciones logísticas que entrañó la baja bancarización de la población informal. El segundo porque no se llegó a entregar la ayuda a las empresas a las que se debía principalmente atender, esto es, el segmento de las MYPE. Muchas de ellas ya deben haber quebrado, relegando al desempleo a todos sus trabajadores.

¿Cómo han respondido a estos paquetes de ingresos de emergencia otros países de la región con menor solidez macroeconómica como México, Brasil o Colombia? ¿Qué medidas de política económica o más bien de búsqueda de financiamiento deben emprenderse para seguir propendiendo liquidez a las poblaciones más necesitadas?

Un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo ilustra esta situación y da algunos lineamientos de política que podrían explorarse al respecto para conseguir mayor financiamiento. Como sugiere el popular medio británico, de seguir prolongando la cuarentena o de retormarla cada cierto tiempo en los próximos meses, como es de esperar puesto que los rebrotes siempre son un riesgo (ver Lampadia: El mundo está parado), los países deberán acudir a los mercados financieros para tomar más deuda y  paliar su impacto negativo en los hogares. Aquí el Perú y Chile tienen una ostentosa posición puesto que pueden acceder a tasas menores producto de su buena calificación crediticia.

Sin embargo, debemos alertar que la mayor provisión de paquetes de ayuda deben estar limitados a cómo responderá la actividad económica en los próximos meses, ahora que se ha pasado a una etapa más de convivencia social con el virus y en el que el trabajo en varios sectores es posible con los cuidados sanitarios respectivos. Lampadia

La situación económica de América Latina está empeorando

Los gobiernos tienen un poder de fuego limitado para lidiar con el covid-19

The Economist
23 de mayo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

En São Paulo, el 91% de las camas de cuidados intensivos en los hospitales están ocupadas, no obstante, los casos de covid-19 se disparan. La ciudad ha declarado un feriado público de cuatro días para reducir los viajes. En las partes más pobres de Brasil, como Fortaleza y Manaus, los hospitales están aún más llenos. Lo mismo ocurre con Perú y México. En Chile, que parecía haber estado controlando el coronavirus, un aumento brusco de casos y muertes provocó que el gobierno encerrara a la gran Santiago y dejó al ministro de salud “muy preocupado”. Ante un aumento récord de casos esta semana, Argentina extendió su bloqueo. A medida que la pandemia se desacelera en Europa, está aumentando en las Américas.

Para América Latina, eso es decepcionante y preocupante. Advertidos, muchos países se apresuraron a imponer bloqueos hace dos meses. En una región donde un trabajador de cada dos está en la economía informal, estos son difíciles de mantener. Muchos países también han organizado pagos de emergencia para grandes segmentos de la población y otorgado garantías de crédito a las empresas. Pero los gobiernos latinoamericanos carecen del poder de fuego fiscal, así como de las instituciones efectivas, de sus contrapartes en Europa o EEUU. Como resultado, en lugar de tener una recuperación rápida, como algunos esperaban, la región corre el riesgo de ingresar a un valle oscuro en el que tanto la salud pública como los medios de vida sufren durante muchos meses. Los efectos ya están exacerbando la desigualdad en una región desigual.

Comience con la salud pública. Los bloqueos redujeron la propagación de la infección en abril, según Jarbas Barbosa, de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO). Pero las presiones económicas, y en Brasil y México mensajes mixtos de los presidentes, han llevado a muchas personas a ignorar los bloqueos. El tráfico en los países más grandes de la región ha vuelto a casi la mitad de lo normal, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los mercados callejeros son una fuente de contagio: en un mercado mayorista de frutas en Lima, casi el 80% de los vendedores dieron positivo por el coronavirus. La PAHO advierte que los pobres urbanos, muchos de los cuales viven en zonas densas, los pueblos indígenas de la Amazonía y los migrantes y prisioneros son especialmente vulnerables.

Varios países más pequeños, como Paraguay, Costa Rica y Jamaica, tienen tasas bajas de infección, al igual que Colombia. Algunos otros gobiernos simplemente han declarado la victoria y están abriendo sus economías nuevamente. Incluyen a México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirma que su país ha “domesticado” el virus. Pero incluso los datos oficiales especialmente sospechosos de México muestran que los casos siguen aumentando. “La mayoría de los países no pueden abrirse”, dice el Dr. Barbosa. “Sería una receta para el desastre”. Él piensa que si el distanciamiento social se adopta adecuadamente, los casos podrían comenzar a caer en la región en la primera quincena de junio.

Aunque los bloqueos son populares, conllevan un gran costo socioeconómico. Una encuesta de 17 países para el BID en abril sugirió que el 57% de las pequeñas empresas han cerrado temporalmente, mientras que casi el 45% de los encuestados dijo que un miembro del hogar había perdido un trabajo. Países como Brasil, Chile y Perú han implementado esquemas de ingresos de emergencia de tres meses. Pero llevar el dinero a los trabajadores informales es difícil (y a veces ha provocado que las multitudes propaguen infecciones fuera de los bancos).

Si se va a contener el virus, dichas políticas deberán continuar por más tiempo. También lo harán las garantías crediticias y la liquidez de emergencia para las empresas, si quieren impulsar la recuperación económica. Los gobiernos lucharán por encontrar el dinero. “No vivimos en una región ‘lo que sea necesario'”, dice Mauricio Cárdenas, un ex ministro de finanzas colombiano, refiriéndose a la postura del Banco Central Europeo. “Podemos hacer lo que podamos”, dijo en un seminario del Banco Mundial esta semana.

Solo los países financieramente más fuertes, como Perú y Chile, tienen ahorros públicos a los que recurrir. Muchos países latinoamericanos aún pueden recaudar dinero en los mercados financieros, pero ¿por cuánto tiempo? Intentar reprogramar las deudas, como lo está haciendo Argentina, lleva tiempo y conlleva costos. Y en lugar de limitar las salidas de capital a través de la condonación de la deuda, América Latina necesita entradas adicionales. Desde marzo, una docena de países de América Latina y el Caribe han recibido un total de US$ 4,000 millones en financiamiento de emergencia del FMI. Pero la demanda de su dinero excederá la oferta.

Cárdenas sugiere que el FMI debería establecer un fondo que emitiría bonos para que los bancos centrales de los países ricos los compren, con el dinero utilizado para ayudar a América Latina a capear la crisis. Eso puede ser un alto orden político. Pero la alternativa puede ser años de postración económica e inestabilidad política. Lampadia

Un reciente artículo publicado por The Economist, que compartimos líneas abajo, esboza un breve pero muy ilustrativo recuento histórico del liberalismo en América Latina, cuyo origen se remonta con los movimientos independentistas a fines del siglo XVIII.

Lo relevante del artículo recae sobre las dos principales hipótesis que plantea respecto a por qué en nuestra región el liberalismo, en todas sus facetas (política, civil y económica) – a pesar de haber triunfado frente a varios regímenes militares nacionalistas de antaño – sigue mostrando claras señales de debilidad frente al atractivo de las ideas estatistas que prevalecen en la hegemonía intelectual de los movimientos de izquierda. A continuación algunas reflexiones en torno a ellas.

Respecto a la primera hipótesis, esto es, su incapacidad para deslindarse de un concepto por demás despectivo -el “neoliberalismo” – y acuñado por sus detractores para un movimiento político que tuvo  lugar en la segunda mitad del presente siglo, consideramos que en parte ello se debe a que los liberales no han sabido constatar que dicho término no contiene ninguna rigurosidad académica además que no han sabido rebatirlo con la base filosófica que en verdad sostiene el pensamiento liberal.

Si bien hubo reformas promercado en nuestra región denostadas como “neoliberales” en años pasados, muchas de estas no entrañaron por completo el pensamiento liberal, por dejar de lado ámbitos tan importantes como el laboral, el de educación, la salud y entre otros. Además en muchos casos acrecentaban el clientelismo político en desmedro de la competencia empresarial, otra característica que hace que dichas reformas sean incompatibles con el liberalismo clásico. Probablemente Chile sea el único país que ha podido profundizar más reformas verdaderamente liberales, sin embargo, el resto de la región, incluido nuestro país, está muy lejos de un liberalismo pleno en todos los ámbitos anteriormente expuestos.

Respecto a la segunda hipótesis que tiene que ver con que el liberalismo se ha difundido y cultivado básicamente en las clases medias altas, esta reflexión es acertada y en nuestro país inclusive se podría decir que este impulso aún en las clases altas es débil. Las fundaciones y think tanks que difunden el pensamiento liberal son sumamente escasos y sus contribuciones se circunscriben a las grandes empresas, recibiendo poca participación de las pequeñas y medianas. Desde Lampadia, somos conscientes de esta complicación y por ello siempre hacemos llamados constantes a la sociedad civil para donaciones que puedan sostener nuestros esfuerzos en el tiempo. En un ideal, se debería poder constituir una red de think tanks, con aportes de todo tamaño de empresa y de personas naturales, como es el caso del Instituto Mises y organismos similares en EEUU (ver Lampadia: La batalla de las ideas), que puedan rebatir constantemente las ideas populistas y demagógicas que dominan la discusión de nuestros líderes políticos y proponer medidas que vayan más acorde a la filosofía liberal. Como muestra The Economist, muchos de los ideales liberales, de haberse implementado décadas atras, habrían servido para paliar el impacto económico de una pandemia como la que acontece actualmente con el covid 19.

Esperamos que este artículo sirva de reflexión para todos aquellos pensadores y difusores del pensamiento liberal en nuestra región, de manera que acondicionen sus discursos a estas críticas que hace The Economist. Ello ayudará a que sus voces calen más en la mente de las personas que son finalmente las que escogen a los líderes políticos que implementan las reformas en los gobiernos. Lampadia

La luz parpadeante del liberalismo en América Latina

¿Las ideas liberales sufren en la región porque son importadas?

The Economist
18 de abril, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

En “La luz que falló”, un influyente libro reciente, Ivan Krastev, un pensador político búlgaro, y Stephen Holmes, un profesor de derecho estadounidense, argumentan que el surgimiento de nacionalismos populistas en Europa central y oriental se debe en gran parte a la frustración con la forma en que se impuso el liberalismo en estos países después de la caída del Muro de Berlín en 1989. La práctica de copiar un modelo extranjero, presentado a los ciudadanos como si no hubiera otra alternativa, es humillante y niega las tradiciones e identidades nacionales, escriben. Para América Latina, su argumento plantea una pregunta interesante. También formó parte de la ola mundial de democratización en los años ochenta y noventa, y también ha visto un resurgimiento reciente de los nacionalismos populistas. Entonces, ¿los problemas del liberalismo en América Latina se deben a que es una importación extranjera, con pocas raíces locales?

La respuesta debe comenzar con la larga historia del liberalismo en América Latina, una región que ha visto olas de copia de ideas extranjeras y de su rechazo. Logró la independencia política hace dos siglos bajo las inspiraciones gemelas de la ilustración europea y el constitucionalismo y los valores republicanos del nuevo EEUU. Pero aquellos fundadores latinoamericanos que se propusieron construir naciones, devastadas por las guerras de independencia, sobre principios liberales, rápidamente se encontraron con crudas realidades locales de poder y desigualdad social y racial. Se rindieron ante los caudillos (hombres fuertes, a menudo militares), que encarnaban “la voluntad de las masas populares”, según Juan Bautista Alberdi, un teórico político argentino.

El liberalismo se hizo presente en la región desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930. Los gobiernos civiles, aunque a menudo elegidos fraudulentamente, se convirtieron en la norma. Suprimieron los privilegios de la iglesia y abrieron economías al mundo. Sin embargo, el liberalismo latinoamericano perdió su camino. En parte se transformó en positivismo, que exaltó la ciencia pero denigró la libertad, mientras que la industrialización planteó nuevos desafíos. Las nuevas sociedades de masas de la región se interesaron más en los derechos sociales que políticos o civiles. Líderes e intelectuales se embarcaron en la búsqueda de fórmulas nacionales “auténticas” que incorporaran culturas indígenas. Para México, el liberalismo europeo era “una filosofía cuya belleza era exacta, estéril y a la larga vacía”, se quejó Octavio Paz, poeta y pensador, en 1950.

El deseo de autenticidad nacional alcanzó su apogeo con la revolución cubana de 1959. Fidel Castro, su líder, afirmó estar en guerra contra el imperialismo estadounidense en nombre de la liberación nacional igualitaria. De hecho, para mantenerse en el poder se convirtió en el mayor imitador de todos, imitando servilmente a la Unión Soviética. Sus discípulos en otras partes se opusieron a dictadores militares de la derecha.

Los académicos desesperados comenzaron a argumentar que la herencia católica y corporativa de América Latina lo hizo impermeable al liberalismo. Sin embargo, el fracaso de las dictaduras, los nacionalistas y el castrismo trajeron a los liberales (que para entonces incluían a Octavio Paz) de regreso, con la democratización y las reformas económicas pro-mercado de los años ochenta. El logro liberal ha sido mixto y políticamente frágil. La democracia electoral y el gobierno constitucional generalmente se han mantenido. Pero la separación de poderes es a menudo más nocional que real. Los opositores del liberalismo en la izquierda han condenado sus recetas económicas, a menudo llamadas el “consenso de Washington”, como una importación extranjera, incluso si muchos han seguido siguiéndolas.

El liberalismo latinoamericano contemporáneo tiene dos debilidades. No ha logrado arrojar la caracterización condenatoria de que es un “neoliberalismo” despiadado. En parte, esto se debe a que algunos que se llaman a sí mismos “liberales” en América Latina (e Iberia) son de hecho conservadores, que se oponen a los esfuerzos para reducir las desigualdades inaceptables de las que se benefician. Segundo, el liberalismo genuino tiende a ser una reserva de una élite de clase media alta, con títulos de universidades extranjeras. No han logrado producir una nueva generación de líderes efectivos para reemplazar a aquellos que dirigieron la democratización.

Sin embargo, es el liberalismo el que está en mejores condiciones para proporcionar muchas de las cosas que los latinoamericanos quieren: sistemas de justicia que controlen a los poderosos; igualdad de oportunidades; el bien público en lugar de la protección del privilegio privado; mejores servicios públicos a un costo fiscal asequible; la defensa de los derechos y la tolerancia de las minorías frente a la intolerancia religiosa renovada; y ciencia en lugar de charlatanería ideológica. El covid-19 hace que todas estas cosas sean más urgentes. Esta debería ser la hora del liberalismo latinoamericano. Lampadia

A continuación compartimos un reciente artículo publicado en la revista Project Syndicate y escrito por dos economistas latinoamericanos – uno de ellos peruano – que radican en prestigiosas universidades en el extranjero, en el que muestran su visión respecto a qué políticas macroeconómicas deberían emprender los países de nuestra región para mitigar el impacto de la crisis social producto de la pandemia del coronavirus.

Si bien varias de las propuestas aquí presentadas, como las  transferencias condicionadas a los hogares y un mayor acceso al crédito por parte de las empresas con avales del fisco, ya se encuentran siendo implementadas en nuestro país acertadamente (ver Lampadia: El Perú enfrenta la crisis económica), vale la pena rescatar las reflexiones que hacen ambos economistas respecto a la importancia de que estas medidas se concreten sin vacilar y cómo el Perú es uno de los países privilegiados del continente porque cuenta con la capacidad para emprenderlas.

La realidad económica de América Latina, en la que coexisten estructuras productivas formales e informales, requiere políticas diferenciadas que permitan paliar una crisis para empresas y hogares con contextos muy distintos. Si bien resulta relativamente fácil llegar a las empresas y empleos formales por su alta bancarización, en la informalidad se necesitan de políticas más audaces, que probablemente requieran de una inyección de liquidez directa más potente de manera que se abarque a una mayor cantidad de unidades productoras, pymes en su mayoría, que dan empleo a los estratos más bajos de la distribución de ingreso. Aquí la solidez macroeconómica es fundamental, puesto que le permite al fisco no solo acceder a recursos vía deuda a bajas tasas de interés internacionales sino también al ahorro interno, como son las reservas internacionales,  acumuladas gracias a la política fiscal responsable en los buenos años.

Gracias a estos sólidos fundamentos, ausentes en otros países de la región, el Perú podrá inyectar, con todos sus recursos, 12 puntos del PBI  a la economía para evitar un rompimiento de la cadena de pagos, como ha sugerido recientemente la ministra de economía.

Es importante pues preservar el marco institucional que da forma a esta política ortodoxa y que rige nuestro modelo de desarrollo.Lampadia

El virus llega al sur

Project Syndicate
24 de marzo, 2020 
Roberto Chang & Andrés Velasco
Glosado por Lampadia

El COVID-19 ha llegado a América Latina, pero no así las medidas eficaces para enfrentar la pandemia –por lo menos no a todos los países–. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Jair Bolsonaro de Brasil, imitando al presidente estadounidense Donald Trump, todavía realizan actividades públicas y abrazan a sus seguidores, en un imprudente intento por reforzar sus credenciales de machos fuertes. América Latina merece una respuesta más seria, audaz y con metas claras para evitar que una crisis de salud pública se transforme en una catástrofe socioeconómica.

El COVID–19 ha abrumado a Italia, que tiene más médicos y camas de hospital per cápita que América Latina. En EEUU escasean los equipos para diagnosticar el coronavirus y en el Reino Unido faltan respiradores. Sería ingenuo pensar que estos mismos problemas no van a golpear a Latinoamérica, cuya trayectoria en el ámbito de enfrentar pandemias es deficiente: en la gripe asiática de 1957-1958, Chile encabezó la lista mundial con 9,8 muertes por cada diez mil habitantes.

América Latina tiene amplia experiencia en todo tipo de crisis, pero la actual es sin precedente. La primera prioridad es salvar vidas, de modo que todo peso gastado en la contención del virus es un peso bien gastado. Este no es un momento para ahorrar.

La índole y la gravedad del shock económico también son nuevas. Nunca antes se le había dicho a una proporción tal de la ciudadanía que dejara de trabajar. Incluso si el encierro no dura más de un par de meses, es posible que se produzcan contracciones de dos dígitos en el PBI anual.

De no existir una respuesta de política, este será solo el comienzo de la historia. Si las familias pierden sus ingresos, dejarán de gastar, lo que se traducirá en que otras personas también pierdan sus ingresos. Si las empresas no tienen ganancias, es posible que no puedan pagarles a sus proveedores ni cubrir el servicio de sus deudas. Si los bancos y otros acreedores no reciben pagos, es posible que aceleren sus préstamos y exijan que se los pague en su totalidad, aumentando así la contracción de liquidez de las compañías y los hogares. Y si colapsa el precio de los activos (acciones, bonos y, eventualmente, bienes raíces) todas las personas dispondrán de menores garantías y, por lo tanto, de menos capacidad para pedir préstamos. La iliquidez se extenderá por todo el sistema y dará origen a olas de quiebras.

El papel de la política macroeconómica es detener este círculo vicioso. Las políticas anticrisis deben ser rápidas y enormes.

En primer lugar, las autoridades deben evitar que los hogares pierdan sus ingresos. Esto significa cambiar la normativa laboral de modo que a los trabajadores se les remunere incluso cuando no estén trabajando a tiempo completo. En el Reino Unido y Dinamarca, el gobierno cubrirá de manera temporal el 80% y el 75%, respectivamente, del gasto salarial de las empresas que estén en aprietos. Es probable que esto sea inasequible para los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, pueden aplicarse estrategias más a la medida de cada país. El plan de Chile, por ejemplo, permite que las empresas pasen a jornadas parciales de trabajo y utilicen el fondo de seguro de desempleo para garantizar que sus trabajadores reciban por lo menos el 75% de su salario original.

Una de las dificultades que enfrenta América Latina es que gran parte de su fuerza laboral trabaja de manera independiente o informal, sin empleador que continúe remunerando o pueda proporcionar algún seguro. Por ello, los gobiernos no tienen más alternativa que efectuar transferencias en efectivo a los hogares que han perdido sus ingresos. En los países donde existen programas a gran escala de transferencias de efectivo (entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México) la implementación puede ser rápida y amplia. Otros países tendrán que superar mayores desafíos para llegar a un número suficiente de hogares, dado que muchos carecen de cuenta bancaria y de acceso a la Internet. En el caso de Perú, esto significa que el subsidio de 380 soles a los necesitados debe retirarse en persona en los lugares designados, y que se limita a hogares urbanos.

La política macroeconómica también debe ayudar a las empresas para que cumplan sus compromisos con sus propios trabajadores, proveedores y acreedores. Ello requiere asegurar el acceso al crédito mientras dure la emergencia. La reducción de las tasas de interés constituye un componente necesario pero insuficiente de este esfuerzo. Las autoridades monetarias y los reguladores financieros tienen que proporcionar fuertes incentivos a los bancos y a otros prestamistas para que los recursos sigan fluyendo hacia las compañías pequeñas y vulnerables, y hacia los sectores especialmente golpeados por el virus. Una combinación de líneas especiales de crédito y tolerancia normativa viene al caso. En algunos países, los bancos estatales pueden encargarse de otorgar créditos cuando los acreedores privados decidan no hacerlo.

Para poner fin al peligroso ciclo de deflación de los precios de los activos y destrucción de las garantías, los bancos centrales de América Latina deben aprestarse para comprar no solo bonos gubernamentales, sino también otros tipos de títulos privados. Y dado que la deuda externa suele estar denominada en dólares, los gobiernos y los bancos centrales que tienen reservas o acceso a liquidez en dólares no deberían vacilar en inyectar esos dólares en el mercado local. Las reservas de liquidez en moneda extranjera se crearon precisamente para tiempos como los que corren, y para evitar que una híper-depreciación de la moneda destruya el valor de las garantías.

La suma de estas medidas fácilmente puede costar varios puntos porcentuales del PBI. La respuesta a la emergencia es urgente, y ese costo es inevitable. ¿Qué pueden hacer las naciones latinoamericanas para financiarla? Unos pocos países –entre ellos, México, Perú y Chile, y tal vez Colombia y Uruguay– tienen margen para emitir más deuda pública en los mercados nacionales e internacionales, y deberían hacerlo.

Pero otros países no lo tienen. Y así como las tasas de interés a nivel mundial se han desplomado, se han duplicado los spreads de la deuda latinoamericana, en un momento en que caen en picada los precios de los commodities, al igual que los ingresos producto del turismo y de las remesas, que son cruciales para los países de Centroamérica y el Caribe. Por lo tanto, la mayor parte de los países de América Latina van a experimentar una aguda escasez de dólares, y su única fuente de financiamiento en esta moneda serán los organismos multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional ha dispuesto una línea de crédito flexible, una línea de liquidez cautelar y un servicio financiero de desembolso rápido (enfocado en los países de bajos ingresos). Este compromiso es útil, pero no se puede afirmar con certeza que estas fuentes serán suficientes o estarán disponibles con la suficiente rapidez.

Por ello, la ayuda de la Reserva Federal de EEUU resulta de importancia crítica. Esta entidad es la fuente original de todos los dólares que existen. En esta crisis, ha dado acceso a líneas de swaps en dólares a otros bancos centrales, pero solo a los de países que considera sistémicamente importantes, que en América Latina incluyen a México y Brasil. ¿Por qué no a países con grado de inversión, como Colombia, Perú y Chile? Otra alternativa es que la Reserva Federal compre bonos emitidos por el FMI, el cual a su vez podría prestar esos dólares a economías emergentes y de bajos ingresos (esta es una antigua propuesta, cuyo momento puede haber llegado finalmente).

Todo esto necesita suceder, y de manera rápida. América Latina tiene la “suerte” de ir unas pocas semanas atrás de Europa y Asia en el avance del virus. Es imperativo que emplee este tiempo de manera sabia y audaz.

Theodore Roosevelt afirmó que sin “la gran ocasión, no surge un gran estadista; si [Abraham] Lincoln hubiera vivido en tiempos de paz, ahora nadie sabría su nombre”. Hoy día, América Latina emprende una lucha contra el contagio, la depresión económica y la desesperación social. Por favor ¿pueden los Lincoln de la región dar un paso al frente? Lampadia

Traducción de Ana María Velasco

Roberto Chang es profesor distinguido de economía en la Rutgers University.

Andrés Velasco, ex candidato presidencial y ministro de finanzas de Chile, es decano de la Facultad de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

En un reciente artículo publicado por The Economist, que compartimos líneas abajo, se hace gala de las políticas de cuarentena emprendidas por los gobiernos de América Latina para frenar la propagación del covid 19, a la vez que hace una fuerte crítica al populismo de aquellos que, por evadir la gravedad del virus, han reportado varias defunciones que podrían haberse evitado con anticipados estados de emergencia.

En este espectro se encuentran México con AMLO y Brasil con Bolsonaro, ambos líderes políticos que, a pesar de contar con ideologías políticas antagónicas, han lidiado con esta crisis de la misma pésima manera: incitando a no parar ninguna actividad económica en plena pandemia y denigrando los protocolos de seguridad sugeridos por la OMS. De la misma manera, actuaron en su momento Donald Trump en EEUU y Boris Johnson en el Reino Unido, en los que el mismo contexto de crecientes contagios y muertes,  los obligó a dar un giro en sus políticas, generando un estado de emergencia por un lado y una cuarentena masiva por el otro.

Cabe resaltar que las medidas de cuarentena, si bien acertadas, no constituyen una solución definitiva a la ola de contagios, puesto que deben ser acompañadas de pruebas masivas para conocer la incidencia real del presente virus como hemos comentado en Lampadia: La factura del coronavirus la pagamos todos. Aún así consideramos que sí es una condición necesaria porque da tiempo a los gobiernos, en conjunto con el cierre de fronteras, para contenerlo en su etapa de incubación.

Esperemos que el gobierno de Vizcarra se siga mostrando a la altura frente a la presente crisis sanitaria en los próximos días del mes y de mayo, en los que se prevé llegarán unas 80,000 pruebas moleculares, de manera que estas puedan aplicarse con pericia y se evalúe, de cara a sus resultados, el levantamiento progresivo de la cuarentena. Esto ayudará también a que la salud económica de los peruanos, si bien atendida por las recientes medidas de reactivación económica emprendidas por autoridades fiscales y monetarias, pueda ser más llevadera en el resto del año. Lampadia

La sabiduría y el ingenio de las líderes de América Latina

Una recompensa, por ahora, para aquellos que han actuado decisivamente para combatir la pandemia

The Economist
4 de abril, 2020
Traducida  y comentada por Lampadia

Desde que asumió la presidencia de Perú hace dos años, Martín Vizcarra, un político indescriptible, no ha dejado de tomar decisiones audaces. Impulsó las reformas políticas mediante referéndum. Frente a un Congreso en serie obstructivo, el año pasado lo clausuró y convocó a una nueva elección legislativa. Característicamente, fue el primer líder latinoamericano en reaccionar ante el covid-19 imponiendo un bloqueo y toque de queda, el 15 de marzo, cuando su país solo tenía 71 casos reportados. Los peruanos aprecian esta restricción a sus libertades para el bien público. En una encuesta de Ipsos, su índice de aprobación aumentó del 52% al 87%.

Ese es el patrón en América Latina. En Argentina, Alberto Fernández, quien se hizo cargo de un país políticamente dividido en diciembre, ha visto aumentar su popularidad a más del 80% después de imponer una cuarentena y sellar las fronteras. En Colombia, la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, robó una marcha sobre un gobierno nacional vacilante cuando impuso un cierre de juicio de cuatro días. El chileno Sebastián Piñera, cuya presidencia parecía moribunda después de las protestas, desplegó pruebas y cerró zonas críticas. Su popularidad ha aumentado, del 10% en diciembre al 21%.

Este enfoque contrasta con el de los presidentes populistas de Brasil, Jair Bolsonaro y México, Andrés Manuel López Obrador, a menudo llamado AMLO. Ambos han dado prioridad a la protección de las economías débiles. Ambos pasaron semanas negando la gravedad del virus y negándose a respetar las medidas de distanciamiento social recomendadas por sus ministerios de salud.

En México, según Alberto Díaz-Cayeros, politólogo de la Universidad de Stanford, la cautela del gobierno se basaba en la confianza en la capacidad del servicio de salud para enfrentar la amenaza. Ese enfoque funcionó contra la gripe porcina en 2009. Subestimó el covid-19, que se propaga agresivamente, con muchos casos sin síntomas. El 24 de marzo, el gobierno giró, cerró las escuelas y prohibió las actividades no esenciales. Seis días después, con el virus fuera de control, declaró el estado de emergencia.

AMLO ha confundido el mensaje sobre el distanciamiento social. Bolsonaro fue más allá, saboteando activamente los esfuerzos para controlar el virus. En Brasil, los gobernadores estatales han impuesto bloqueos, incluso en São Paulo y Río de Janeiro. Estas medidas son populares. La falta de atención de Bolsonaro lo es menos. Los residentes de la ciudad organizaron protestas contra el presidente. Eso provocó un contraataque. Bolsonaro criticó a los gobernadores, emitió un video que proclamaba “Brasil no puede parar” e instó a los partidarios a organizar cabalgatas contra las cuarentenas. Solo el 31 de marzo, con 201 muertes en Brasil, reconoció (brevemente) la gravedad del virus y pidió un “pacto” en su contra “para salvar vidas sin dejar empleos”. Luego volvió a su retórica anterior.

¿Qué consecuencias políticas tendrán estas acciones? Aunque todavía es popular, el índice de aprobación de AMLO estaba disminuyendo antes del virus, debido a que no detuvo el crimen ni revivió la economía. Parece que esa tendencia continuará. En cuanto a Bolsonaro, algunos piensan que sus acciones merecen juicio político, por amenazar el derecho constitucional a la vida. Su estrategia parece apuntar a apuntalar su base. Las encuestas muestran que conserva el apoyo de un tercio de los encuestados. Eso debería ser suficiente para mantener su trabajo, dependiendo de cuántos brasileños mueran.

Quienes han actuado con decisión se están beneficiando del instinto del público de reunirse con sus líderes en un momento de peligro. Pero mantener las cuarentenas en una región donde muchos viven precariamente será difícil. Tomemos a Argentina, donde Fernández ya enfrentó una economía afectada. Su gobierno ha hecho algunas donaciones de emergencia de dinero y alimentos en las zonas pobres de la periferia de Buenos Aires, donde su movimiento político peronista lleva mucho tiempo trabajando. Aun así, los peronistas “están muy preocupados, temen una explosión social y perder el control”, dice Sergio Berensztein, un consultor político. Él piensa que el gobierno puede tener que hacer que la cuarentena sea más selectiva y flexible, con el riesgo de prolongar la epidemia. Lo mismo ocurre con el Perú.

El covid-19 golpeó a América Latina cuando sus líderes e instituciones cayeron en desprestigio, debido al estancamiento económico, la corrupción y los servicios públicos deficientes. El manejo de la pandemia requiere un gran esfuerzo para ayudar a los necesitados. También puede ofrecer una oportunidad de redención. Los líderes que imponen cuarentenas podrían salvar la vida de 2.5 millones de latinoamericanos, según los epidemiólogos del Imperial College de Londres. Tienen que encontrar formas de hacer que los ciudadanos lo recuerden, incluso cuando las dificultades económicas muerden. Lampadia

A poco más de un mes del referéndum que decidirá la creación de una nueva constitución en Chile (ver Lampadia: ¿Una nueva constitución en Chile?), The Economist brinda interesantes reflexiones sobre la pertinencia de esta decisión, a la luz de los logros del tan criticado modelo chileno y las demandas de las protestas que han vuelto a sacudir a nuestro vecino del sur en los últimos días.

Cabe resaltar de este análisis, la referencia que hace el popular medio británico respecto a cómo históricamente las izquierdas en América Latina han aprovechado este tipo de descontentos, cuyos orígenes están lejos del denostado “neoliberalismo”, para arremeter con nuevas cartas magnas e instaurar modelos fallidos con políticas trasnochadas en sus países.

Venezuela es el caso más emblemático al respecto, puesto que pasó de ser uno de los países más ricos de la región a finales de los años 90, a exhibir los peores índices de desarrollo humano a nivel mundial en gran parte por la constitución juramentada por Hugo Chávez, la cual ha posibilitado todas las nefastas políticas del actual régimen en las últimas dos décadas.

Como también enfatiza The Economist, si Chile toma este camino no solo se jugará este riesgo, sino también la posibilidad de contar con un equipo incompetente y sin la pericia suficiente para el diseño de una constitución que pueda ser si quiera viable en términos económicos y que sobretodo tome en cuenta los incentivos de los chilenos en temas tan importantes como el mercado laboral, las pensiones y el sistema de salud pública.

Como hemos comentado anteriormente y rescatando este análisis, la solución de Chile no pasa por cambiar su constitución, puesto que gran parte de las demandas de su gente está concentrada en la mala provisión de los servicios públicos y no en los marcos institucionales que rigen su economía de mercado. Estos últimos, por más que lo nieguen las izquierdas más recalcitrantes, han permitido todo el desarrollo de Chile experimentado en los últimos 30 años, cimentándolo como el país con mejores indicares económicos y sociales de la región, y con una clase media que abarca a por lo menos el 65% de la población, según recientes estimaciones del think tank chile Libertad y Desarrollo.

En tal sentido, se deben fortalecer las labores que competen al Estado y que en la actual constitución ya están claramente delimitadas como el brindar seguridad y salud pública de calidad.

Dicho esto, esperamos que estas reflexiones puedan calar en el electorado que irá al referéndum a llevarse a cabo el próximo 26 de abril y sopesen una vez más la idea de crear una nueva constitución. Podrían estar más cerca del socialismo de siglo XXI de lo que Chile nunca estuvo alguna vez. Lampadia

Una estrella empañada
Cómo reformar Chile

Una nueva constitución ofrece al país un camino para salir de la ira y el desorden

The Economist
14 de marzo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Durante gran parte de los últimos 30 años, Chile se ha destacado del resto de América Latina como un país que parecía estar haciendo la mayoría de las cosas bien. Combinaba una economía de mercado abierta con el estado de derecho, instituciones estables y una creciente provisión social. Las tasas de pobreza cayeron abruptamente y la mayoría de los chilenos se convirtieron en clase media por medidas oficiales. Por lo tanto, las protestas grandes, sostenidas y a veces violentas que han sacudido al país desde el pasado octubre han sido impactantes. Han cuestionado el éxito del “modelo chileno” y su futuro.

Lo que sucede ahora en Chile importa más allá de sus fronteras. Sus protestas, que se han reanudado este mes, son solo una manifestación del descontento que arrasa América Latina. Varios otros países también han visto protestas, aunque estas se han centrado principalmente más estrechamente. La elección de populistas contrastantes en Brasil y México en 2018 fue otra señal de ira. Así fueron las victorias de la oposición en las recientes elecciones presidenciales en toda la región.

No es difícil adivinar las causas de este descontento. América Latina ha experimentado un crecimiento económico escaso o nulo desde 2013. Sus nuevas clases medias temen tener menos oportunidades. La corrupción ha desacreditado a la clase política. Y existe una sensación generalizada de que la democracia no ha traído el mismo trato y el mismo acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos.

Varios de estos factores se aplican en Chile. La derecha identifica el problema como un crecimiento lento combinado con una clase media más exigente. Para la izquierda, las protestas son una rebelión contra la desigualdad y el “modelo neoliberal” impuesto por la dictadura del general Augusto Pinochet.

A primera vista, la queja de la izquierda es descabellada. Desde 1990, los gobiernos democráticos han hecho muchas reformas. Sin embargo, las principales quejas realmente se refieren a los legados de la dictadura: un sistema de pensiones privado que no ofrece seguridad en la vejez, un sistema de salud segregado y una sensación de impunidad para los ricos. Además, la violencia y el vandalismo han puesto en tela de juicio la capacidad del estado para mantener el orden público. La policía, una vez respetada y dejada para correr, se ha mostrado en los últimos años corrupta, brutal e incompetente. Necesitan ser completamente reformados.

En un esfuerzo por aplacar la ira popular, Sebastián Piñera, el presidente en conflicto, llegó a un acuerdo para celebrar un plebiscito el 26 de abril sobre si se debe organizar una asamblea para redactar una nueva constitución. Piñera, un ex empresario multimillonario, ha cambiado entre sonar duro y reconocer que Chile necesita grandes cambios. Como si estuviera regateando un acuerdo comercial, ofreció concesiones al margen en pensiones, subsidios de salud, etc. Se necesita un enfoque más audaz. Muchos chilenos quieren la promesa de un sistema de pensiones con una red de seguridad más fuerte y un sistema universal de salud pública. Eso significa permitir un seguro privado pero abolir los organismos de salud conocidos como Isapres, una invención de Pinochet, que drenan las contribuciones a un sistema privado de alto precio. También significa un compromiso para aumentar los impuestos, que son solo el 20% del PBI. Se deben pagar mejores servicios públicos.

¿Es esencial una nueva constitución para lograr estos cambios? Ha sido un mecanismo de la extrema izquierda en varios países latinoamericanos para tomar el control e imponer un modelo socialista (fallido). Pero a este respecto, Chile es diferente. Aunque muy enmendado, su constitución se califica de ilegítima por su origen bajo Pinochet. Las encuestas han demostrado durante mucho tiempo que dos tercios de los votantes están a favor de una nueva carta. La constitución existente es muy difícil de reformar. Las cuestiones de desacuerdo de rutina, como la atención médica y la educación, requieren una gran mayoría para cambiar.

Eso no es negar los riesgos. El 26 de abril, los chilenos votarán no solo sobre la creación de la convención constitucional, sino también sobre si esta debería ser totalmente elegida o compuesta en parte por legisladores existentes. El nuevo cuerpo puede sufrir de inexperiencia. Muchas constituciones latinoamericanas recientes han sido prolíficas y utópicas, repletas de “derechos” inasequibles y promesas de gastos. Pero Chile tiene salvaguardas. A menos que el nuevo documento sea aprobado por un voto de dos tercios de la asamblea y luego en un referéndum, la constitución existente permanecerá.

Sobre todo, la convención ofrece a Chile un camino para salir de su laberinto. La nueva constitución debería incorporar un nuevo contrato social. Debería eliminar los obstáculos para reformar la policía, brindar atención médica universal y regular las universidades privadas. Una población más sana y mejor educada sería más productiva. Una red de seguridad más fuerte alentaría a los trabajadores a ser más flexibles. Una nueva ley básica podría darle a Chile un nuevo comienzo, y a América Latina un nuevo modelo del cual aprender. Lampadia

A continuación, compartimos un reciente artículo publicado por The Economist en el que se aborda brevemente cómo es el tratamiento diferenciado hacia los delitos de feminicidio en América Latina y los pros y contras de adoptar este enfoque en la prevención de dichos delitos.

Lo interesante del artículo es la reflexión final que hace el popular medio británico en relación a las críticas. Como sugiere la evidencia disponible, que también aplica al Perú, el aplazamiento de penas, más allá de disuadir a los asesinos en la comisión de estos delitos, lo que ha generado es crear una sobrecarga a los fiscales, al punto de ser sumamente complejo emitir dictamen de sentencias relacionadas.

Además de este problema de sobrecarga legal que claramente vale la pena hacer hincapié que, desde el plano moral, la defensa del derecho a la vida no debería consentir diferencias de género y por ende tampoco diferencias en el tratamiento de delitos que violen este derecho fundamental. El principio de igualdad ante la ley, tanto para hombres como mujeres, que es además una de las bases de una sociedad libre, debería primar en los sistemas penales de nuestra región. Sin embargo, es muy importante destacar este tipo de crímenes abusivos que se han multiplicado tremendamente, pero evitando entrampamientos de todo tipo. Lampadia

Víctimas especiales
¿Por qué América Latina trata los “feminicidios” de manera diferente a otros asesinatos?

¿Tratar algunos asesinatos de mujeres como un crimen separado ayuda a llevar a los responsables ante la justicia?

The Economist
7 de marzo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Lidia Florencio Guerrero guarda un santuario a la luz de las velas para su hija, Diana, quien en 2017 fue violada y asesinada en Chimalhuacán, un pueblo mexicano. Ella tiene un archivo que documenta cómo la policía arruinó la investigación. No pudieron acordonar la escena del crimen ni usar guantes mientras manipulaban el cuerpo de Diana. Su ropa desapareció. Se tomaron fotos descuidadas del cadáver, dice la hermana de Diana, Laura. Guerrero no puede mirar. Ella usa la palabra “feminicidio” para describir la muerte de su hija.

La palabra tiene siglos de antigüedad, pero recientemente ha adquirido un significado particular: el asesinato de una mujer debido a su sexo. En América Latina, el feminicidio también tiene un significado legal. Desde 2007, 15 países lo han reconocido como una categoría distinta de asesinatos. La proporción de asesinatos de mujeres que se reconocen como feminicidios varía ampliamente. En México, donde los criterios incluyen lesiones “degradantes” o violencia sexual infligida a la víctima y una “relación sentimental” entre ella y el asesino, la proporción es aproximadamente una cuarta parte. Los países de otras regiones, como Francia, están debatiendo si adoptar leyes de feminicidio.

El concepto de feminicidio aumenta la conciencia pública sobre la violencia contra las mujeres, dice Martha Cecilia Reyes, directora del instituto de mujeres de Nuevo León, un estado en el norte de México. Se supone que ayuda a llevar a los responsables ante la justicia. En muchos países, las penas de prisión son más rígidas que por asesinato. El máximo para el feminicidio en Nuevo León es de 70 años, 30 años más que para otros asesinatos. Los tribunales mexicanos no requieren que los fiscales demuestren que un acusado de feminicidio tenía la intención de matar a su víctima. Eso hace que sea más difícil para los hombres que mataron a golpes a sus esposas escapar con una condena por homicidio involuntario, dice Estefania Medina, abogada.

Las instituciones específicas de feminicidio desarrollan experiencia. Guatemala tiene, en efecto, un sistema de justicia paralelo, con jueces y fiscales especializados. Los investigadores en las unidades de feminicidio a nivel estatal de México están capacitados para pensar de manera diferente sobre las escenas de asesinato, dice Griselda Núñez Espinosa, la fiscal de feminicidios de Nuevo León. Eso incluye aprender a buscar basura en los tejidos con rastros de semen. Los casos de feminicidio tienen más probabilidades que otros homicidios de terminar en una sentencia de cárcel, ya que muchos tienen un “sospechoso obvio” en forma de amante o familiar, dice Núñez.

Pero las leyes de feminicidio tienen críticas. Algunos abogados consideran absurdo que un esposo celoso que mata a su esposa tenga décadas más de cárcel que uno que mata a su amante. Los investigadores de casos de feminicidio no tienen más capacitación y recursos que otros, dicen algunos abogados, por lo que no tienen más éxito en ganar condenas.

Una encuesta de fiscales en Perú descubrió que muchos consideraban demasiado difícil probar que un asesino había sido motivado por la misoginia. Algunos clasificaron erróneamente los feminicidios como homicidios ordinarios porque pensaron que sería más fácil ganar condenas. El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, recientemente planteó la idea de derogar la ley que reconoce el feminicidio como un delito separado. Sugirió que crea trabajo adicional para los investigadores sobrecargados.

Guerrero no se enteró de la muerte de su hija durante una semana porque la policía la registró como hombre (deliberadamente, ella cree). Se niegan a clasificar su asesinato como feminicidio. Cambiar eso no traería justicia. Pero, dice Guerrero, reconocería que “Diana fue asesinada simplemente por ser una mujer”. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

El Perú no es un país de violadores como infelizmente dijo una ministra de este precario gobierno. Sin embargo, hay violadores y muchos. El Perú tampoco es un país de resentidos, sin embargo, los hay y muchos. Se trata entonces de evitar que estos males del ser nacional de incrementen.

La llegada de 861,500 compatriotas venezolanos hasta enero de 2020, según datos disponibles a la fecha, huyendo de la miseria y desesperación generada por el socialismo real del Siglo XX ha puesto a prueba nuestra sociedad y esta última, lejos de convertir la necesidad, esperanza y empeño de estos hermanos en un motor adicional para nuestra sociedad, los está desperdiciando, los está marginalizando y va a generar en el futuro no muy lejano, un gran número de resentidos más.

En “Los Venezolanos necesitan una mano”, publicada en la Navidad del 2018 en Medium[i] y reproducida por Lampadia, detallé algunas de las razones humanitarias, históricas, morales y hasta políticas que nos impelían a extender nuestra mano a estos compatriotas, para incorporarlos a nuestra sociedad, aprovechar su fuerza laboral, utilizar su formación universitaria o técnica. Nada de eso hemos hecho.

Los venezolanos siguen tributando como extranjeros por lo cual su formalización es difícil o por lo menos lenta; pese a sus calificaciones, sus títulos no son admitidos y no podemos usar sus conocimientos en los puntos remotos del país donde no competirían con peruanos que no quieren trabajar lejos de sus familias o de los centros laborales importantes. Al desperdiciar sus capacidades, oficios y talentos, los hemos puesto a competir por los ingresos y actividades de sobrevivencia con nuestros sectores marginales carentes de formación profesional y capacitación, haciendo que nuestros nacionales se sientan desplazados y generando su resentimiento.

Ante la delincuencia cometida por venezolanos, que nos ofende a todos, lejos de incrementar la sanción y castigar con severidad a quienes traicionan al país que los acogió, el gobierno ha hecho shows mediáticos con las deportaciones, para que luego, muchos de esos delincuentes retornen al país de manera irregular y pagando coimas a miembros de la misma institución que los expulsó con pompa y circunstancia. A los venezolanos que delinquen pena agravada y cárcel, no show.

En perspectiva, hizo bien PPK en abrir la puerta a los venezolanos que huían de la calamidad socialista, era un deber histórico y moral. Sin embargo, hizo mal al abrirla de manera indiscriminada y sin preparar nada para aquellos que venían.

La consecuencia de todo lo anterior es que vamos a convertir a los venezolanos, que fueron nuestros hermanos ricos de Sudamérica antes de que el socialismo y sus ideas destruyeran ese país, en los gitanos de América Latina, hermanos de la misma especie, del mismo continente, de la misma raza, a quienes por nuestra falta de visión vamos a marcar con la discriminación, el rechazo social y la marginación.

El Perú no necesita 861,500 resentidos más. De ninguna manera. Necesitamos 861,500 mentes, esperanzas y esfuerzos que hagan suyo este país, que trabajen por él, que lo levanten junto con nosotros con la misma fuerza por la que lucharon por nuestra libertad hace dos siglos. Sin embargo, no basta que ellos lo quieran, es imperativo que nosotros también lo queramos y actuemos así.

Estamos a tiempo. Lampadia

A continuación compartimos un reciente artículo escrito por The Economist que hace un breve recuento del contexto económico, político y social de lo que algunos llaman la segunda década “perdida” de América Latina, comprendida en los años 2010.

El análisis que hace el popular medio británico es muy ilustrativo por cómo descalifica toda comparación que puedan hacer los académicos o la prensa internacional de esta década con aquella de los años 80, siendo esta última mucho más crítica y generalizada en términos del devastador impacto económico que generó en los países, que hasta el día de hoy explicaría su nivel de desarrollo.

Por el contrario, la década del 2010, si bien estuvo caracterizada por profundos escándalos de corrupción y el fin del boom de los commodities, los marcos institucionales de tendencia liberal que dieron vida a una nueva América Latina a inicios de los años 90, exceptuando a Argentina, Nicaragua y Venezuela, han permitido netear estos vaivenes tanto internos como externos que afectan el desempeño de las economías.  Ello generó una suerte de estancamiento de la producción combinado con una lenta reducción de la desigualdad, ambos hechos que serían uno de los meollos que explicarían las actuales protestas en algunos países como Chile (ver Lampadia: Las causas de las protestas en la región) .

Pero como la evidencia para la región ha demostrado en la década de 2000 y aplica particularmente en el Perú (ver  Lampadia: Crecimiento, pobreza y desigualdad), ambas variables se retroalimentan entre sí, siendo el crecimiento económico un gran impulsor de la reducción de las brechas de desigualdad y de pobreza. Habiendo hecho esta última acotación, creemos que si bien esta década no es comparable con la de 1980 por las destrozas medidas económicas impulsadas, sí debiera llamar la atención a los políticos a encausar nuevas políticas que permitan retomar el crecimiento que tanta movilidad social ascendente generó en América Latina y que terminó por consolidar una clase media importante y resiliente en la década de los 2000, que supera las 180 millones de personas, según las últimas estimaciones del BID. Lampadia

La segunda “década perdida” de América Latina no es tan mala como la primera

Los años 2010 han visto estancamiento, pero no todo es triste

The Economist
12 de diciembre, 2019
Traducido y comentado por Lampadia

Piense en el comienzo de 2010, cuando América Latina estaba inundada de optimismo. La región superó la crisis financiera mundial con solo una breve caída económica y sin daños a sus bancos. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, preparándose para renunciar después de ocho años como presidente con un índice de aprobación del 75%, proclamó que su país había perdido su complejo de inferioridad. El auge de los commodities había sacado a decenas de millones de personas de la pobreza. La década de 2010, declaró Luis Alberto Moreno, del Banco Interamericano de Desarrollo, sería “la década latinoamericana”.

A medida que estos años llegan a su fin, los latinoamericanos podrían pensar que resultó ser una “década poco deshonesta”, para hacerse eco de la descripción de W.H. Auden de la década de 1930. Comenzó con una explosión, con un crecimiento económico del 5.9% para la región en 2010, que rápidamente se convirtió en un largo gemido. Desde 2013, el crecimiento ha promediado 0.8%, lo que significa que el ingreso por persona ha disminuido ligeramente. La ONU estima que el 31% de los latinoamericanos son pobres, la misma proporción que en 2010. La desigualdad de ingresos continúa disminuyendo, pero mucho más lentamente que antes de 2014. Luego están los descontentos políticos. Las encuestas muestran que los latinoamericanos ven a sus políticos como corruptos y cínicos. A más de una cuarta parte le gustaría emigrar, según Gallup, una empresa encuestadora. La ira popular ha estallado en protestas callejeras en media docena de países.

No es de extrañar que los años 2010 comiencen a ser denominados una “segunda década perdida” para América Latina. Sin embargo, una comparación con la década de 1980, la década perdida original, es instructiva. En 1982-83, los impagos de la deuda rebotaron en toda la región. Esto llevó a años de hiperinflación y austeridad. Para 1990, el ingreso por persona todavía era un 5% menor que en 1981, la tasa de pobreza había aumentado del 35% al 41% y, en términos reales, el salario mínimo era solo dos tercios de su nivel anterior. Políticamente, la década de 1980 fue traumática. La guerra de guerrillas se desencadenó en América Central, Colombia y Perú, mientras que los dictadores todavía estaban a cargo y los derechos humanos violan la norma en muchos lugares durante gran parte de la década.

De los problemas de la década de 1980, nació una mejor América Latina. Salió del estatismo y el proteccionismo y entró el Consenso de Washington orientado al mercado. Con todos sus defectos (cierto dogmatismo, privatización sin política de competencia y una tendencia a que los países tengan tasas de cambio sobrevaloradas) y omisiones (un descuido inicial de las redes de seguridad social), puso a la región en un curso más viable. El cambio a favor del mercado coincidió con una ola democrática que arrasó con los dictadores, todos excepto los Castro en Cuba. El gasto social aumentó, al igual que el acceso de las personas a la educación.

En la década de 1980, casi todos los países sufrieron caídas. En la década de 2010, el dolor se concentró en Venezuela, Brasil y Argentina, donde los gobiernos cometieron errores macroeconómicos. En otros lugares, las políticas son mucho más sólidas que en la década de 1980. Excepto en Argentina y Venezuela, la deuda es manejable. A pesar de las aberraciones de Venezuela y Nicaragua (así como de Cuba), la democracia ha mostrado resistencia. En medio de la recesión, Argentina vio esta semana una transferencia ejemplar de poder entre adversarios políticos.

En resumen, los años 2010 han visto un estancamiento, en lugar de una repetición del cataclismo de los años ochenta. Nada de esto es para minimizar la difícil situación de América Latina. Tiene que encontrar formas de volver al crecimiento en un mundo donde la economía se expande más lentamente, mientras toma medidas más audaces para reducir la desigualdad que la ha marcado desde mucho antes de la década de 1980. En la década que está comenzando, debe lidiar con un cambio demográfico en el que la fuerza laboral crecerá más lentamente que la población. En los países donde la agricultura y la pesca siguen siendo importantes, tendrá que hacer frente al cambio climático. Debe fortalecer el estado de derecho y reconstruir la confianza en la política democrática.

Quizás las mayores pérdidas en la década de 2010 fueron intangibles. La política latinoamericana ya no tiene héroes. En la década de 1980, para tomar dos ejemplos, Raúl Alfonsín en Argentina puso a juicio a dictadores militares y Luis Carlos Galán en Colombia desafió a los narcotraficantes, pagando con su vida. Hoy es difícil pensar en equivalentes. Lula, que podría haber sido uno, está empañado por casos de corrupción. Y hay un enorme déficit de nuevas ideas. El antagonismo con muerte cerebral entre el “neoliberalismo” (generalmente indefinido) y el populismo izquierdista aún es demasiado grande en el debate académico sobre la región. América Latina necesita mercados competitivos y estados más efectivos que redistribuyan mejor. En otras palabras, necesita un nuevo contrato social para una nueva década. Lampadia